Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-00251-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-00251-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2026-00251-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00251-01
Accionante: Rosa María Gordo de Muñoz
Accionado: Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá - “Sección Tercera”
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 16 de
abril de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual negó las pretensiones de la acción de
tutela.
II. ANTECEDENTES
2. La señora Rosa María Gordo de Muñoz, actuando a nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá - “Sección Tercera”, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social, al mínimo vital, al habeas data y a la vida, por la
negativa de la autoridad judicial de dar apertura a un incidente de desacato dentro
de la acción de tutela con radicado 11001-33-43-63-2025-00377-00/01.
2.1. Hechos
3. Del escrito de tutela1 y del expediente se colige que la señora Rosa María
Gordo de Muñoz2 junto con su cónyuge, instauró una acción de tutela contra la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, solicitando la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la
salud y seguridad social, en el marco del reconocimiento de una prestación
pensional.
1
Presentado el 7 de abril de 2026.
2
Persona de 84 años sujeto de especial protección constitucional, quien está afiliada al SISBEN y expuso encontrarse en
condición de vulnerabilidad. Adicionalmente, la accionante presentó la epicrisis de un ingreso a un centro hospitalario por
una urgencia médica presentada en el mes de febrero de 2026.
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Acción de Tutela
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Accionante: Rosa María Gordo de Muñoz
4. La actora sostuvo que elevó una petición ante Colpensiones en febrero de
2025, solicitando la aplicación del precedente contenido en la sentencia SL138 de
20243; solicitud que fue resuelta mediante las resoluciones SUB226369 del 15 de
julio de 2025 y DPE 17819 del 15 de octubre de esa anualidad, en los que la
entidad negó lo pretendido.
5. Contra dicho acto administrativo, la tutelante interpuso un recurso de
apelación ante Colpensiones, el cual, según lo expuesto por la señora Gordo de
Muñoz, no fue resuelto oportunamente, circunstancia que motivó la interposición
de la tutela en contra de la administradora de pensiones referida en la que la parte
actora alegó la vulneración de su derecho fundamental de petición4.
6. El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia del 10 de octubre de 2025, tuteló el derecho de petición invocado,
ordenando a Colpensiones resolver el recurso interpuesto; no obstante, declaró
improcedente el amparo respecto de los demás derechos fundamentales
reprochados como vulnerados.
7. Una vez impugnada la anterior decisión, el conocimiento correspondió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Subsección C, el cual,
mediante sentencia del 21 de noviembre de 20255, revocó la decisión de primera
instancia y concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados,
ordenando a Colpensiones resolver de fondo la situación pensional de la
accionante conforme a los parámetros jurisprudenciales aplicables, en particular,
dando aplicación a la sentencia SL138 de 2024.
8. Del plenario se advierte que, en atención a la orden impartida,
Colpensiones emitió la Resolución SUB-2519 del 7 de enero de 2026 que dejó sin
efectos las resoluciones SUB226369 del 15 de julio de 2025 y DPE 17819 del 15
de octubre de esa anualidad y negó el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez de la accionante.
9. Ahora bien, en relación con la aplicación de la sentencia exigida por el ad
quem, la administradora de pensiones expuso lo siguiente:
«Que, la Historia Laboral aplicando la sentencia SL138, queda de la siguiente
manera:
Nombre o razón Desde Hasta Semanas
social
Industrias Valdiri L 15-11-1972 30-12-1972 6,57
Industrias Valdiri L 12-11-1973 18-01-1974 9,71
Industrias Valdiri L 08-05-1974 30-04-1976 103,43
Laboratorios Smart L 03-05-1976 19-05-1976 2,43
Schering Plough S.A. 06-06-1977 01-03-1978 38,43
3
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL138 de enero 31 de 2024, MP Luis Benedicto Herrera Díaz.
4
Así como su derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social.
5
Índice 5 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-43-063-2025-00377-01. – El ad quem revocó la decisión del juzgado y
amparó los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de la
accionante. Adicionalmente, dejó sin efectos la Resolución núm. SUB 226369 del 15 de julio de 2025 proferida por
Colpensiones y le ordenó que en el término de cinco (5) días hábiles, expidiera un nuevo acto administrativo
debidamente motivado, en el que estudiara la solicitud de reconocimiento de pensión de vejez de la señora Rosa
María Gordo, aplicando los parámetros señalados en la sentencia SL 138 de 2024, proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respecto al conteo de las semanas de cotización.
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Accionante: Rosa María Gordo de Muñoz
Confecciones Ret 15-11-1977 30-10-1980 139,14
Ltd
Confecciones Ret 06-07-1981 01-08-1986 264,71
Ltd
Creaciones Taty Ltda 23-09-1986 01-10-1986 1,29
Confecciones Ret 26-02-1987 01-10-1987 31,14
Ltd
Gordo de Muñoz 01-03-1995 31-03-1995 2,29
Rosa
Gordo de Muñoz 01-04-1996 30-04-1996 4,14
Rosa
Rosa María Gordode 01-07-1998 31-12-1998 4,43
Fondo Rotatorio Poli 01-08-2004 30-09-2004 6,14
Fondo Rotatorio Poli 01-10-2004 30-11-2004 8,71
Fondo Rotatorio Poli 01-12-2004 31-12-2004 4,43
Fondo Rotatorio Poli 01-02-2005 31-12-2005 47,71
Fondo Rotatorio Poli 01-01-2006 31-01-2006 1,14
Fondo Rotatorio Poli 01-02-2006 31-12-2006 47,71
Fondo Rotatorio Poli 01-01-2007 31-01-2007 0,29
Fondo Rotatorio Poli 01-02-2007 31-10-2007 39,00
Fondo Rotatorio de L 01-02-2008 31-12-2008 47,86
Fondo Rotatorio de L 01-02-2009 31-12-2009 47,71
Fondo Rotatorio de L 01-02-2010 31-12-2010 47,71
Fondo Rotatorio de L 01-02-2011 31-12-2011 47,71
Que, conforme a lo anterior, el interesado acredita un total de 953.86 semanas.» (SIC) Negrillas y subrayas de la Sala.
10. Inconforme con lo dispuesto en la resolución precitada, el 16 de febrero de
esta anualidad la accionante presentó un recurso de reposición ante Colpensiones
que fue resuelto en los siguientes términos:
«1. (...) amablemente le informamos que Colpensiones es respetuosa de las
providencias emitidas por los jueces de la República y en consecuencia sus fallos
son atendidas de acuerdo con su tenor literal frente a la ciudadana que actuó como
parte demandante dentro del proceso judicial referido, resultando entonces
inviable acceder a su petición sobre la aplicación a su caso concreto, de la
sentencia SL138 del 31 de enero de 2024 de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora bien, si usted requiere que su prestación económica sea nuevamente
estudiada en base a la sentencia SL138 del 31 de enero de 2024, usted tiene
derecho a solicitar la revisión de su pensión, lo anterior, puede realizarlo
mediante un Nuevo Estudio, adjuntando todos los documentos que respalden
su petición y/o demuestren lo que le está solicitando a la Entidad, en caso de
considerarlo necesario.» (SIC en toda la cita). Negrillas y subrayas de la Sala.
11. Posteriormente, en desacuerdo con lo anterior y al considerar incumplida
la orden, la parte actora presentó un incidente de desacato6, el cual fue negado
por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de Bogotá mediante auto del 23 de
enero de 2026. Al disentir de la decisión adoptada por la autoridad judicial, la
accionante presentó un escrito adicional el 2 de marzo de 2026. No obstante, el
juzgado decidió estarse a lo resuelto en su providencia anterior 7. Contra esta
última decisión la accionante interpuso un recurso de reposición8 el cual le fue
resuelto desfavorablemente mediante el auto del 12 de marzo de 20269.
2.2. Fundamento jurídico
12. La accionante sostuvo que las providencias del Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante las cuales negó la apertura del
incidente de desacato y se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, al impedirle acudir al mecanismo constitucional previsto
6
El día 18 de diciembre de 2025
7
Mediante auto de fecha 3 de marzo de 2026
8
El día 5 de marzo de 2026
9
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para exigir el cumplimiento efectivo del fallo de tutela que amparó de manera
expresa sus derechos fundamentales, lo cual, en su sentir, tornó inane la orden
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y prolongó en el tiempo
la afectación de su mínimo vital y seguridad social.
13. Afirmó que las decisiones cuestionadas adolecían de un defecto
procedimental absoluto, en la medida en que el despacho judicial se abstuvo de
dar apertura al incidente de desacato pese a la existencia de una orden clara,
vigente y presuntamente incumplida, cerrando de manera anticipada el trámite
constitucionalmente previsto para verificar su obedecimiento y sin adelantar
actuación alguna de contraste fáctico.
14. Adujo igualmente la configuración de un defecto sustantivo, al considerar
que la autoridad judicial accionada desconoció el carácter obligatorio e inmediato
de los fallos de tutela y la finalidad coercitiva del incidente de desacato, al limitar
su análisis a la verificación formal del cumplimiento de la orden impartida por el
Tribunal, sin examinar si esta había sido acatada materialmente conforme a lo
dispuesto por el ad quem, en particular respecto de la aplicación de la sentencia
SL138 del 31 de enero de 2024, por lo que alegó que las decisiones de la autoridad
judicial le restaron eficacia al amparo concedido y desatendieron sus reparos con
respecto al que adujo como un plausible incumplimiento de la orden.
15. Asimismo, alegó la existencia de un defecto fáctico, al considerar que la
autoridad judicial accionada dio por acreditado el cumplimiento del fallo de tutela
sin valorar de manera suficiente la prueba obrante en el expediente, en particular
frente a la supuesta omisión de períodos de cotización y a las inconsistencias que,
en su criterio, se desprendían del contenido de la Resolución SUB-2519 del 7 de
enero de 2026 y de la respuesta posterior emitida por Colpensiones. Sostuvo que
dicha valoración incompleta condujo a una conclusión errónea sobre el
cumplimiento material de la orden judicial.
16. En conexidad con lo anterior, reprochó que se presentó además una
violación directa de la Constitución, por cuanto la negativa a activar el incidente
de desacato desconoció el artículo 86 superior y el principio de eficacia de la
acción de tutela, al impedir la materialización de la protección judicial previamente
concedida y despojar al fallo del Tribunal de toda fuerza vinculante.
17. Finalmente, adujo que las providencias censuradas omitieron aplicar un
enfoque diferencial y de protección reforzada, pese a su condición de mujer de la
tercera edad, sin ingresos económicos y con afectaciones de salud, lo cual, en su
criterio, impuso cargas desproporcionadas e irrazonables para la defensa de sus
derechos fundamentales y agravó el escenario de vulnerabilidad que el fallo de
tutela buscaba mitigar.
2.3. Pretensiones
18. La parte accionante solicitó:
«1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
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administración de justicia, seguridad social, mínimo vital, habeas data y vida en
condiciones dignas.
2. Dejar sin efectos las decisiones proferidas por el JUZGADO SESENTA Y TRES
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN
TERCERA, mediante las cuales: o Se negó la apertura del incidente de desacato
y/o acción de cumplimiento. o Se resolvió negativamente el recurso de reposición
interpuesto contra dicha decisión.
3. Ordenar al JUZGADO SESENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN TERCERA que, dentro de un término
perentorio, proceda a: o Admitir y dar trámite al incidente de desacato, o Analizar
de fondo el incumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, o Adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento
efectivo.
4. Como consecuencia de lo anterior, ordenar las actuaciones necesarias para
asegurar el cumplimiento integral del fallo de tutela del 21 de noviembre de 2025,
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera,
Subsección C.
5. Como medida provisional, en atención a mi estado de vulnerabilidad, edad
avanzada y afectación en mi salud, se ordene de manera inmediata el cumplimiento
del fallo del Tribunal Administrativo, por lo cual se actualice y corrija mi historia
laboral, a fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable.» (SIC en toda
la cita)
2.4. Intervenciones
19. La acción de tutela fue admitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante auto del 7 de abril de
202610, a través del cual ordenó notificar al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá - “Sección Tercera”, vinculó como tercero
interesado a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y negó
la medida cautelar solicitada por la accionante.
2.4.1. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones 11 sostuvo
que carecía de legitimación en la causa por pasiva, al no tener competencia
respecto de la decisión judicial reprochada, por lo que solicitó su desvinculación
del trámite. Adicionalmente indicó que no se encontraba ninguna petición reciente
presentada por la accionante ante esa entidad donde manifestara o requiriera
algún tipo de acción por parte de esa entidad.
2.4.2. El Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá12
señaló que no vulneró los derechos fundamentales invocados, por cuanto verificó
el cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia del 21 de noviembre de 2025, la cual se
circunscribió a la expedición de un nuevo acto administrativo motivado con
aplicación de la sentencia SL-138 de 2024.
20. Sostuvo que Colpensiones dio cumplimiento a dicha orden mediante la
Resolución SUB-2519 del 7 de enero de 2026, en la que dejó sin efectos los actos
10
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administrativos anteriores y realizó un nuevo estudio de la situación pensional de
la accionante, concluyendo que la señora Gordo de Muñoz acreditó 953,86
semanas de cotización, insuficientes para el reconocimiento de la pensión de
vejez.
21. Indicó que antes de decidir sobre la apertura del incidente de desacato, el
despacho requirió a Colpensiones para que informara acerca de las actuaciones
desplegadas en cumplimiento del fallo y que dicha solicitud fue atendida
oportunamente por la administradora de pensiones. La autoridad judicial expuso
que, con fundamento en esa verificación, mediante auto del 23 de enero de 2026
negó la apertura del incidente de desacato y posteriormente confirmó su decisión
al resolverse desfavorablemente el recurso de reposición mediante el auto del 12
de marzo de 2026.
22. Precisó que la inconformidad de la accionante no recaía sobre la
inexistencia del acto ordenado en sede de tutela, sino sobre el contenido de este
y el número de semanas registradas en su historia laboral, controversia que, a
juicio del despacho, debía ventilarse a través de los mecanismos administrativos
de corrección correspondientes y no mediante el incidente de desacato, el cual no
está concebido para controvertir el fondo de los actos administrativos.
2.4.3. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia Impugnada
23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, decidió negar el amparo solicitado, al concluir que la acción de tutela instaurada
contra el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo de Bogotá no acreditó la
configuración de ninguno de los defectos específicos que habilitan la intervención
del juez de tutela, en tanto las providencias cuestionadas fueron proferidas por la
autoridad competente, estuvieron debidamente motivadas y se fundamentaron en
elementos probatorios objetivos que demostraban el cumplimiento de la orden
impartida en la sentencia de tutela del 21 de noviembre de 2025.
24. La primera instancia consideró acreditado que Colpensiones expidió la
Resolución SUB-2519 del 7 de enero de 2026, mediante la cual dejó sin efectos
los actos anteriores y reestudió la situación pensional de la accionante aplicando
los parámetros fijados en la sentencia SL-138 de 2024, razón por la cual el juzgado
accionado concluyó razonablemente que no se configuraba incumplimiento que
diera lugar a la apertura del incidente de desacato.
25. Finalmente, el Tribunal determinó que la inconformidad de la accionante se
dirigía contra el contenido del acto administrativo expedido por Colpensiones y, en
particular, contra el número de semanas reconocidas, aspecto que indicó, excede
el ámbito del incidente de desacato y debe ser ventilado por las vías
administrativas o judiciales ordinarias, sin que ello implique vulneración de
derechos fundamentales atribuible a la autoridad judicial demandada.
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2.6. Impugnación
26. La parte actora reiteró, en esencia, los mismos cargos formulados en su
escrito de tutela, al sostener que el Tribunal incurrió en error al considerar
cumplido el fallo del 21 de noviembre de 2025 con la simple expedición de la
Resolución SUB-2519 del 7 de enero de 2026, sin diferenciar entre cumplimiento
formal y cumplimiento material de la orden judicial.
27. Insistió en que Colpensiones desconoció el contenido sustancial de la
orden impartida, pues afirmó aplicar la sentencia SL-138 de 2024 mientras que,
en respuesta al recurso, negó expresamente su aplicabilidad al caso concreto y
omitió contabilizar el periodo comprendido entre enero de 1999 y junio de 2000,
circunstancia que, en su sentir, evidenciaba un incumplimiento de la orden
impartida en sede de tutela por el Tribunal que hacía procedente el incidente de
desacato.
28. Finalmente, alegó los mismos defectos invocados en la tutela y reiteró que
el juez constitucional omitió valorar su condición de mujer de la tercera edad, en
situación de vulnerabilidad económica y de salud, solicitando nuevamente la
revocatoria del fallo de primera instancia para que se ordenara la apertura del
incidente de desacato y se garantizara la protección efectiva de sus derechos
fundamentales.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201913 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la providencia objeto de análisis en sede constitucional
30. Antes de formular el problema jurídico y de abordar el examen de los
defectos alegados, la Sala considera necesario precisar el objeto específico del
control constitucional en el presente asunto. Si bien la parte actora cuestionó un
conjunto de decisiones adoptadas por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá dentro del trámite del incidente de desacato, lo
cierto es que dichas actuaciones se encuentran estrechamente relacionadas y
conforman una secuencia decisoria que culmina con la providencia mediante la
cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por la
accionante.
13 Reglamento interno del Consejo de Estado
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31. En ese entendido, el auto del 23 de enero de 202614 negó la apertura del
incidente de desacato; la providencia del 3 de marzo de 202615 se limitó a reiterar
dicha determinación frente a un nuevo escrito presentado por la actora, y,
finalmente, mediante auto del 12 de marzo de 202616 el despacho judicial decidió
no reponer esa última decisión, agotando así la actuación judicial cuestionada y
consolidando de manera definitiva la posición del juzgado frente al cumplimiento
del fallo de tutela.
32. En ese orden de ideas, aun cuando las providencias anteriores resultan
relevantes para comprender el contexto fáctico y procesal del caso, la Sala
advierte que la providencia del 12 de marzo de 2026 constituye el acto judicial
definitivo que produjo los efectos jurídicos alegados como vulneradores de los
derechos fundamentales invocados, en la medida en que resolvió el medio de
impugnación disponible y cerró la posibilidad de un nuevo pronunciamiento en
sede del incidente de desacato.
33. Con fundamento en esta precisión, el análisis constitucional se
circunscribirá a la providencia del 12 de marzo de 2026, sin perjuicio de valorar
las decisiones precedentes como actuaciones concatenadas que permiten
explicar el alcance y la racionalidad de la determinación final adoptada por la
autoridad judicial accionada.
3.2.2. Del alcance del estudio en sede constitucional respecto a las
providencias dictadas dentro de un incidente de desacato
34. La Sala estima necesario realizar una aclaración introductoria orientada a
delimitar el alcance del análisis que corresponde efectuar en sede constitucional
cuando la acción de tutela se dirige contra actuaciones adoptadas dentro del
trámite de un incidente de desacato.
35. En ese entendido, las decisiones proferidas en el escenario procesal citado
se adoptan en un contexto particular, distinto de aquel en el que se define el fondo
del derecho inicialmente debatido. Ello obedece a que el incidente de desacato
no tiene por finalidad reabrir la controversia principal ni sustituir la decisión
adoptada por el juez natural, sino constatar si la orden impartida en una
sentencia de tutela ha sido atendida por la autoridad obligada.
36. Por esta razón, el examen que se adelanta en esta sede respecto de las
providencias judiciales objeto de reproche debe atender a la naturaleza y finalidad
propias del trámite incidental, sin desconocer que tales actuaciones
jurisdiccionales gozan de autonomía e independencia, y solo pueden ser objeto
14
Índice 29 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-43-63-2025-00377-00. Por medio del cual se negó la solicitud de darle
apertura del incidente de desacato promovido por la señora Rosa María Gordo de Muñoz en contra del presidente y de la
directora de Prestaciones Económicas de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones.
15
Índice 33, ibidem. En el que, en respuesta a un escrito presentado por la parte actora el 2 de marzo de la presente
anualidad, la autoridad judicial se estuvo a lo resuelto en la providencia del 23 de enero de 2026 y reiteró la decisión de
negar la apertura del incidente de desacato promovido por la señora Rosa María Gordo de Muñoz.
16
Índice 40, ibidem. A través del cual el juzgado decidió no reponer el auto del 3 de marzo de 2026 recurrido por la
accionante mediante escrito del día 5 del mismo mes y anualidad.
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de corrección constitucional cuando se configure alguno de los defectos definidos
por la jurisprudencia para habilitar la intervención del juez de tutela.
37. Con base en estas consideraciones, esta Subsección procederá a analizar
de manera individual los cargos propuestos por la accionante, con el propósito de
determinar si el auto que resolvió el recurso de reposición, de manera
desfavorable a la solicitud de la accionante, desbordó el ámbito propio del
incidente de desacato o vulneró de manera directa los derechos fundamentales
invocados.
3.3. Problema jurídico
38. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Juzgado
Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Tercera al
proferir el auto del 12 de marzo de 2026, mediante el cual resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la negativa de dar
apertura al incidente de desacato promovido por la señora Rosa María Gordo de
Muñoz dentro del trámite de la acción de tutela identificada con radicado 11001-
33-43-63-2025-00377-00/01, incurrió en los defectos procedimental absoluto,
sustantivo y por violación directa de la Constitución, y si con ello, vulneró los
derechos fundamentales invocados por la señora Rosa María Gordo de Muñoz.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
39. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
40. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
41. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
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medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
42. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
el 7 de abril de la presente vigencia se realizó dentro de un lapso «razonable y
proporcionado», toda vez que la última providencia judicial cuestionada, fue
proferida el 12 de marzo de 2026 y notificada en la misma fecha.
3.4.1.4. El asunto por resolver reviste relevancia constitucional, en la medida en
que se orienta a establecer la posible vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social,
al mínimo vital, al habeas data y a la vida, invocados por la accionante. Lo anterior
además adquiere especial trascendencia si se considera que la señora Rosa
María Gordo de Muñoz es sujeto de especial protección constitucional, y que los
cargos formulados se encuentran razonablemente sustentados en la presunta
configuración de los defectos procedimental absoluto, sustantivo, fáctico y por
violación directa de la Constitución.
3.4.1.5. Finalmente, la acción de tutela no se interpone en contra de una decisión
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proferida en el marco de otra de la misma naturaleza.
43. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto procedimental absoluto como causal de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial
44. En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez
o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al
margen del procedimiento judicial establecido17. La jurisprudencia constitucional
ha precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i)
defecto procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto18.
45. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administradores(es) de
justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el
trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 19 o porque
iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no
permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con
la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación
a los derechos fundamentales”20 […]».
46. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que se trate de
un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa
con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que
no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales21.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto procedimental
absoluto en el caso concreto
47. En relación con el defecto procedimental absoluto invocado por la
accionante, la Sala observa que dicho reproche se fundamenta en la negativa del
Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá a dar apertura al
incidente de desacato promovido dentro de la acción de tutela de origen. No
obstante, del examen integral de las actuaciones cuestionadas, no se advierte que
17
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
19
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
21
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
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el despacho judicial haya actuado al margen del procedimiento legalmente
establecido ni que haya suprimido etapas esenciales del trámite constitucional.
48. En ese entendido, el incidente de desacato no se activa de manera
automática con la simple manifestación de inconformidad de la parte accionante,
sino que exige la verificación previa, por parte del juez de tutela, de la existencia
de una orden clara, vigente e incumplida. En el caso concreto, el juzgado
accionado adelantó dicha verificación, requirió a la entidad obligada y recaudó la
documentación pertinente antes de adoptar la decisión de no abrir el trámite
incidental, actuación que se ajusta plenamente a los parámetros fijados por el
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional.
49. Adicionalmente, las providencias proferidas los días 23 de enero, 3 y 12 de
marzo de 2026 se encuentran debidamente motivadas y dan cuenta de las
razones fácticas y jurídicas que llevaron al despacho a concluir que la orden
impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, había sido cumplida mediante la expedición del nuevo acto
administrativo exigido, razón por la cual no se configuraba el supuesto necesario
para la apertura de un incidente de naturaleza sancionatoria.
50. Así las cosas, esta Subsección concluye que la negativa a iniciar el
incidente de desacato no constituye un defecto procedimental absoluto, en
tanto no se evidenció una actuación arbitraria, caprichosa o apartada del trámite
legal, sino el ejercicio razonado de la competencia atribuida al juez de tutela para
evaluar, en cada caso concreto, la procedencia del mecanismo incidental. En
consecuencia, este primer cargo no está llamado a prosperar.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
51. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico» 22.
52. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad
de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias
judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la
22
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por
el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual
Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en
una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque
ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque
ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la
cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos
a los expresamente señalados por el legislador»23.
53. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
3.6.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto
54. En cuanto al defecto sustantivo alegado, la accionante sostuvo que las
providencias cuestionadas desconocieron el contenido y alcance de la orden
impartida en la sentencia de tutela del 21 de noviembre de 2025, al considerar
cumplida dicha directriz con la sola expedición del nuevo acto administrativo, pese
a que, en su sentir, Colpensiones no aplicó de manera estricta los parámetros
fijados en la sentencia SL-138 de 2024.
55. Sin embargo, la Sala advierte que el juzgado accionado no fundó su
decisión en normas inexistentes, inaplicables o abiertamente incompatibles con la
Constitución, ni efectuó una interpretación irrazonable del fallo cuyo cumplimiento
se debatía. Por el contrario, delimitó correctamente el contenido de la orden
23
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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impartida por el Tribunal, la cual exigía la expedición de un nuevo acto
administrativo debidamente motivado, sin imponer un resultado específico ni fijar
un número determinado de semanas a reconocer.
56. Debe resaltarse que el defecto sustantivo no se configura por la simple
discrepancia respecto de la interpretación que el juez realiza del alcance de una
orden judicial, siempre que dicha interpretación se mantenga dentro de los
márgenes razonables del texto de la providencia y no vacíe de contenido la
protección concedida. En el caso concreto, el juzgado accionado explicó de
manera suficiente por qué estimó que el mandato había sido atendido, a partir de
la expedición del acto administrativo exigido.
57. Así las cosas, la Sala concluye que la decisión de no abrir el incidente de
desacato no obedeció a una aplicación indebida del derecho ni a una
desnaturalización del fallo de tutela, sino a una valoración jurídica razonable sobre
el alcance de la orden impartida, circunstancia que impide predicar la
configuración del defecto sustantivo invocado.
3.7. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
58. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional24 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa25, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
b. Una dimensión positiva26, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar.
59. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones
de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito
su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de
los elementos probatorios»27. Negrillas de la Sala.
60. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
24
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de
1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
25
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
26
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen
61. Frente al defecto fáctico alegado, la accionante sostuvo que el Juzgado
accionado habría incurrido en una indebida valoración probatoria al dar por
acreditado el cumplimiento del fallo de tutela del 21 de noviembre de 2025, sin
analizar la presunta omisión de períodos de cotización ni la contradicción señalada
entre el contenido de la Resolución SUB-2519 del 7 de enero de 2026 y la
respuesta ofrecida por Colpensiones al recurso interpuesto.
62. No obstante, del examen del expediente no se desprende que la autoridad
judicial haya fundamentado su decisión en una valoración arbitraria, irrazonable o
ausente de respaldo probatorio. Por el contrario, el Juzgado accionado apoyó sus
conclusiones en prueba documental objetiva, consistente en el nuevo acto
administrativo expedido por Colpensiones y en los informes allegados por dicha
entidad tras el requerimiento efectuado, elementos que daban cuenta de la
expedición del acto ordenado y de su motivación.
63. Debe precisarse que el defecto fáctico no se configura por la sola
discrepancia de la parte accionante con el alcance o el resultado de la valoración
probatoria realizada por el juez, ni por la existencia de interpretaciones alternativas
del material aducido. En el caso concreto, la decisión cuestionada no desconoció
pruebas relevantes, ni dejó de valorar elementos obrantes en el expediente, ni se
sustentó en supuestos fácticos inexistentes o manifiestamente contrarios a la
realidad procesal.
64. En consecuencia, la Sala concluye que el desacuerdo de la accionante se
dirige, en esencia, contra las conclusiones derivadas del nuevo acto administrativo
expedido por Colpensiones y no contra una falla constitucionalmente relevante en
la apreciación probatoria realizada por el juez accionado. Por ello, no se configura
el defecto fáctico alegado, motivo por el cual este cargo tampoco está llamado a
prosperar.
3.7. Del defecto por violación directa de la Constitución
65. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto
que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por
el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según
el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»28
66. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este
defecto se configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental
necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional,
(b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones
28
SU-336 de 2017, Corte Constitucional
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vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con
la Constitución29”.
67. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica
de procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a
una disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de
la excepción de inconstitucionalidad30.
3.7.1. Análisis de la presunta violación a la Constitución Política
68. Finalmente, frente al cargo de violación directa de la Constitución, la
accionante adujo que la negativa a abrir el incidente de desacato vulneró
directamente sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la eficacia del fallo de tutela, máxime teniendo en
cuenta su condición de sujeto de especial protección constitucional.
69. No obstante, la Sala advierte que las providencias cuestionadas no
desconocieron de manera directa mandato constitucional alguno ni privaron
arbitrariamente a la accionante del acceso a los mecanismos de protección
judicial. Por el contrario, el juzgado accionado examinó la solicitud elevada, valoró
el cumplimiento de la orden judicial y expuso las razones por las cuales consideró
improcedente la apertura del incidente, sin impedir el ejercicio de otros medios de
defensa previstos en el ordenamiento.
70. Adicionalmente, si bien la especial situación de vulnerabilidad de la
accionante otorga relevancia constitucional al asunto y exige un análisis
cuidadoso, no puede conducir, por sí sola, a la apertura automática de un incidente
de desacato ni a la sustitución de los criterios jurídicos que rigen dicho mecanismo
pues la protección reforzada no exonera del cumplimiento de los presupuestos
normativos exigidos para la configuración del incumplimiento de una orden
judicial.
71. Así las cosas, la Sala concluye que no se acreditó una violación directa de
la Constitución, toda vez que las decisiones adoptadas por el Juzgado Sesenta y
Tres Administrativo del Circuito de Bogotá fueron resultado de una actuación
motivada, razonable y respetuosa del marco constitucional y legal aplicable, sin
que se evidencie la afectación inmediata y directa de los derechos fundamentales
invocados.
72. Visto lo anterior, lo que se observa es que la decisión cuestionada se ajustó
al ordenamiento jurídico y no se configuró vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados en esta sede constitucional.
73. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la negativa del amparo
constitucional reclamado por la parte accionante.
74. Ahora bien, sin perjuicio de las conclusiones previamente expuestas, la
Sala considera necesario resaltar que la señora Rosa María Gordo de Muñoz es
29
Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-809 de 2010.
30
Sentencia SU-198 de 2013.
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una persona de la tercera edad, en condición de especial protección
constitucional, cuya situación de salud, carencia de ingresos y prolongada
expectativa frente al reconocimiento de su prestación pensional demandan una
aproximación judicial ponderada, sensible y acorde con los principios de dignidad
humana y protección reforzada que informan el Estado Social de Derecho.
75. En ese sentido, la decisión de confirmar el fallo impugnado no desconoce
la legitimidad de las inquietudes formuladas por la accionante ni resta importancia
a las dificultades que ha enfrentado en la materialización de sus derechos.
76. No obstante, ello no implica que la accionante carezca de mecanismos
eficaces para procurar la protección de sus derechos. En particular, la Sala pone
de presente que el ordenamiento jurídico prevé procedimientos administrativos
específicos para la corrección de la historia laboral, orientados a depurar la
información relativa a las semanas efectivamente cotizadas. Una vez adelantado
dicho trámite, la interesada podrá solicitar un nuevo estudio pensional ante
Colpensiones, con fundamento en una historia laboral actualizada y completa.
77. Adicionalmente, atendiendo la situación de vulnerabilidad acreditada, la
Sala exhortará a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a
brindar a la accionante una orientación clara, prioritaria y adecuada en relación
con los trámites administrativos mencionados, de modo que estos puedan
adelantarse de manera ágil, accesible y sin cargas desproporcionadas,
garantizando así una atención efectiva y acorde con su condición de persona
mayor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la providencia del 16 de abril de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante la cual negó las pretensiones de la acción de tutela, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva.
Segundo: Exhortar a la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones para que, en atención a la condición de persona mayor de la
accionante, le brinde una orientación clara, prioritaria y adecuada respecto de
los trámites administrativos relacionados con la corrección de su historia laboral y
el eventual nuevo estudio de su situación pensional, de manera que dichos
procedimientos puedan adelantarse de forma ágil, accesible y sin cargas
desproporcionadas, garantizando una atención efectiva y acorde con su
situación de especial protección constitucional.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
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Accionante: Rosa María Gordo de Muñoz
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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