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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-15-000-2026-00292-01

Fecha
25 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-15-000-2026-00292-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia proferida el 5 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda- Subsección F y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho 22 Radicado: 25000-23-15-000-2026-00292-01 Accionante: Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará superado, respecto de los cargos elevados en contra de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo del 5 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F, en atención a las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-15-000-2026-00292-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

25 de agosto de 2026

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00292-01
Accionante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-15-000-2026-00292-01
Accionante: Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena
Rematado de Tubará
Accionado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Defecto sustantivo. Amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas por la parte accionante y la Procuraduría
General de la Nación contra la sentencia proferida el 5 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-subsección F.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El señor José Ramón Visbal IIlera, quien actúa en nombre propio y en representación de
la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará, y
de los 200 condueños de su comunidad, interpuso acción de tutela con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la propiedad
privada colectiva, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, al
mínimo vital y a la vida digna1. Consideró que el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Bogotá vulneró tales garantías con ocasión del auto del 7 de abril de 2026,
mediante el cual rechazó de plano la acción de cumplimiento promovida por el actor,
identificada con el radicado número 11001-33-35-009-2026-00130-00.

Adicionalmente, la parte actora atribuyó al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) la vulneración de sus derechos fundamentales, debido
a que, según afirmó, no resolvieron de fondo las solicitudes de registro de las sentencias
relacionadas con el subsuelo petrolero de Tubará, radicadas el 19 de noviembre de 2025
y el 10 de febrero de 2026, ni la petición de constitución en renuencia presentada el 24

1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado B4A40DD3C90801D4

2F2C602AE62FADD1 C92EE72374D73F8A 7F49BEF90E0D9B72, carpeta
“3_Expedientedigi_OneDrive_1_2142026zi_1_20260421125750226”, archivo “003TutelaAnexos”.

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00292-01
Accionante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará

de febrero de 2026, mediante la expedición de los actos administrativos
correspondientes.

De igual manera, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación transgredió sus
garantías constitucionales, porque omitió cumplir lo dispuesto en el parágrafo del artículo
2.2.1.2.1.2 del Decreto 1073 de 2015.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. El 19 de noviembre de 2025, el accionante radicó ante el Ministerio de Minas y
Energía y la Procuraduría General de la Nación escrito, en ejercicio del derecho de
petición, en el que solicitó:

“a)-El REGISTRO FORMAL y ACTUALIZADO de la Sentencia del 10 de octubre de
1942; conforme al “Art 1” de la Ley 10 de 1961 y a los “Arts 2.2.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.2
del Decreto 1073 de 2015; LA Cual HISTORICAMENTE, ha Estado INSCRITO en
Libro No. 2 de Sentencias y Avisos con No. 17, desde el 17 de octubre 1943; para
efectos legales.

b)-La “Exoneración” de multas; por la “falta de Registro” Oportuno”; ante el Ministerio
de Minas, y la configuración de “fuerza mayor “derivada de más de Veinte (20); años
de litigios; contra el Ministerio, que expidió dos(2) Resoluciones (el 10 de abril y 26
junio de 1996.); en donde “No Se Registro” el Nuevo administrador Ni se Registro, el
Nuevo Operador Extranjero, que las explotaría(Empresa ALLIEND Energy).

c)-Y La expedición de un “Acto Administrativo”; que reconozca formalmente la “fuerza
mayor” y los “derechos adquiridos.”; EMANADOS de las Sentencias de la Corte
Suprema de Justicia del Diez (10) de Octubre de 1942.

d)-SOLICITUD de La intervención obligatoria de la Procuraduría General en los
términos del PARÁGRAFO del “Art 2.2.1.2.1.2” del Decreto 1073 de 2015 y de sus
funciones constitucionales”2 (sic en toda la cita).

2.2. Mediante el Oficio 2-2025-061834 del 24 de diciembre de 2025, el Ministerio de Minas
y Energía informó que emitiría una respuesta de fondo a la solicitud, a más tardar, el 18
de febrero de 2026.

Posteriormente, el aquí accionante afirmó que el 10 de febrero de 2026 presentó una
nueva solicitud con el fin de aportar otras pruebas y argumentos adicionales.

2.3. A través del Oficio núm. 2-2026-003958 del 11 de febrero de 2026, el Ministerio de
Minas y Energía negó la actualización del registro de la sentencia del 10 de octubre de
1942. Como fundamento de su decisión, señaló que las sentencias del Consejo de Estado
del 16 de marzo de 2015 y del 18 de marzo de 2024 habían definido que la propiedad del
subsuelo de Tubará pertenecía al Estado.

2 Ibid.

2

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Accionante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará

Según el accionante, la entidad omitió pronunciarse sobre las demás solicitudes,
relacionadas con la exoneración de multas, el reconocimiento de la fuerza mayor y la
expedición del respectivo acto administrativo.

2.4. El 24 de febrero de 2026, el accionante presentó ante el Ministerio de Minas y Energía
una solicitud de constitución en renuencia, con fundamento en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997 y en el numeral 3.º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, con el propósito
de obtener el cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas. Esta petición se
incorporó al mismo expediente administrativo.

2.5. En respuesta a la solicitud de constitución en renuencia, el Ministerio de Minas y
Energía expidió el Oficio núm. 2-2026-006707 del 4 de marzo de 2026, en el que calificó
la petición como reiterativa y reprodujo los argumentos expuestos en su respuesta inicial.

2.6. Posteriormente, mediante el Oficio núm. 2-2026-007438 del 9 de marzo de 2026, el
Ministerio de Minas y Energía reiteró su negativa de registrar la sentencia del 10 de
octubre de 1942 y, según la parte actora, no dio trámite a las demás solicitudes
formuladas.

2.7. En atención a lo anterior, el 25 de marzo de 2026, la parte actora interpuso acción
de cumplimiento, identificada con el radicado núm. 11001-33-35-009-2026-00130-00,
cuyo conocimiento correspondió, por reparto, al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Bogotá.

Mediante ese mecanismo constitucional, pretendió que se ordenara al Ministerio de
Minas y Energía cumplir los mandatos previstos en el artículo 1.º de la Ley 10 de 1961 y
en los artículos 2.2.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1073 de 2015. Según el actor, tales
disposiciones imponían a la entidad el deber de registrar las sentencias relativas a la
propiedad privada del subsuelo del antiguo Resguardo Indígena de Tubará y de adoptar
las actuaciones administrativas correspondientes.

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto del 7 de abril de
2026, rechazó de plano la acción de cumplimiento. Consideró que las disposiciones
invocadas no contenían un mandato legal claro, expreso e inobjetable, pues su aplicación
exigía el análisis previo de cuestiones fácticas y jurídicas complejas. Por consiguiente,
concluyó que la controversia desbordaba el objeto de ese mecanismo constitucional y
rechazó la demanda con fundamento en el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997.

2.8. La parte actora manifestó que, para la fecha en que interpuso la acción de tutela, las
entidades accionadas no habían emitido una respuesta de fondo, clara, precisa y
congruente respecto de las solicitudes formuladas. También sostuvo que la Procuraduría
General de la Nación no había adelantado actuación alguna ni se había pronunciado
sobre el particular, pese a que tenía conocimiento de la situación.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

3

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00292-01
Accionante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la
Propiedad Privada Colectiva, a la Igualdad, a la Seguridad Jurídica, a la Confianza
Legítima, al Derecho de Petición, al Acceso a la Administración de Justicia y a la
Protección Especial de Comunidades con Origen Indígena, y los derechos conexos
al Trabajo, al Mínimo Vital y a la Vida Digna, de la Comunidad de Condueños del
Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará; Vulnerados por el Ministerio de
Minas y la Procuraduría General de la Nación; y a Resolver de fondo el Asunto, acorde
a sus funciones deferidas en las normas invocadas y en las pruebas aportadas, que
así le obligan al Estado de derecho, del Respeto a la cosa juzgada.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 7 de abril de 2026; proferido por el
Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, por constituir una vía de hecho judicial.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Noveno Administrativo que, en
el término de 48 horas, admita y tramite la Acción de Cumplimiento (Rad. 11001-33-
35-009-2026-00130-00), respetando la naturaleza sumaria del mecanismo y la
claridad del mandato legal.

CUARTO: De manera PRINCIPAL y SUBSIDIARIA (para evitar un perjuicio
irremediable), ORDENAR al MINISTERIO de MINAS y ENERGÍA y a la ANH que, en
el término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procedan a
RESOLVER de FONDO, COMPLETA y CONGRUENTEMENTE las peticiones de
registro de las sentencias sobre el subsuelo petrolero de Tubará, de fecha Desinueve
(19) de noviembre de 2025 y del 10 de febrero de 2026, y la petición de constitución
en renuencia que fue interpuesta el 24 de febrero de 2026, expidiendo los actos
administrativos correspondientes para:

(i)-El REGISTRO de la Sentencia del 10 de octubre de 1942, para poder
Registrar la SENTENCIA del 31 de agosto de 1944. De la Corte Suprema que
declaro la COSA JUZGADA, sobre derechos de propiedad privada al subsuelo
por la “comunidad” de condueños del Reagurdo de Tubara, desde el Remate
Judicial del 3 de febrero de 1886.

(ii)-La EXONERACIÓN de multas por no registro a tiempo, conforme el Art. 1
de la Ley 10 de 1961 y los “Arts. 2.2.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.2” y el PARÁGRAFO del
Decreto 1073 de 2015.

(iii)-El RECONOCIMIENTO de la Propiedad Privada del Subsuelo petrolero, en
los términos de los dos fallos de la Corte Suprema de Justicia del 10 de octubre
de 1942 y del 31 de agosto de 1944.

(iv)- La DECLARATORIA de la FUERZA MAYOR.

QUINTO: ORDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL de la NACIÓN que, en el
mismo término, cumpla con lo ordenado en el Parágrafo del Articulo 2.2.1.2.1.2 del
Decreto 1073 de 2015; Requiriendo a la Corte Suprema de Justicia; las copias de la
Sentencia del 10 de octubre de 1942 y del 31 de agosto de 1944, para allegarla al
Ministerio de Minas”3.

Como fundamento de la solicitud de amparo, el accionante sostuvo que el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá vulneró sus derechos fundamentales,
debido a que la providencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, en
desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución.

3 Ibid.

4

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Accionante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará

En concreto, afirmó que la autoridad judicial: (i) le impidió acceder a un mecanismo
judicial sumario y efectivo, con lo cual transgredió los artículos 229 de la Constitución
Política y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; (ii) exigió un análisis
complejo que no está previsto en la Ley 393 de 1997, pese a que, a su juicio, la normativa
invocada contiene un mandato claro, consistente en que el Ministerio de Minas y Energía
debe llevar un registro de las sentencias relativas a la propiedad privada del subsuelo;
(iii) omitió considerar el Concepto núm. 187 del 11 de julio de 1988, emitido por la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado; (iv) se apartó de la jurisprudencia del
Consejo de Estado que, según indicó, admite que mediante la acción de cumplimiento se
ordene el registro de decisiones judiciales, y (v) desconoció el artículo 87 de la
Constitución Política, que instituyó la acción de cumplimiento como un mecanismo para
garantizar la eficacia de las leyes y los actos administrativos. A partir de ello, manifestó
que las normas invocadas no podían interpretarse de manera arbitraria, sino de acuerdo
con la finalidad para la cual fueron expedidas.

Por otra parte, la parte actora señaló que el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos y la Procuraduría General de la Nación vulneraron su derecho
fundamental de petición, porque no respondieron las solicitudes presentadas el 19 de
noviembre de 2025 y el 10 y 24 de febrero de 2026.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 22 de abril de 20264, la magistrada ponente del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F admitió la acción de tutela; negó la
medida provisional solicitada; ofició al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Bogotá para que remitiera el expediente objeto de amparo; y ordenó notificar a los sujetos
procesales.

Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Ministerio de Minas y Energía5 se opuso a las pretensiones de amparo. Expuso
que, respecto a la solicitud de noviembre de 2025, se emitió respuesta formal mediante
el Oficio No. 2-2026-003958 del 11 de febrero de 2026, en la cual se atendió de fondo la
solicitud relativa al registro formal y actualizado de la sentencia de 1942 sobre la
propiedad del subsuelo petrolífero en Tubará, Atlántico. Adujo que, en dicho
pronunciamiento, se explicó de manera detallada que la pretensión de registro no es
jurídicamente viable toda vez que sobre el asunto existe cosa juzgada de conformidad
con las decisiones definitivas proferidas por el Consejo de Estado como órgano de cierre
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Precisó que la mencionada respuesta fue debidamente enviada al correo electrónico
suministrado por el peticionario (jrvisbal@rocketmail.com), lo que acredita que se
realizaron las gestiones necesarias para poner en conocimiento la actuación.

4 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 54106882E116A09C 0AA3B0C0FCB6FD49
48181ABA19274709 2E522514C684140A.
5 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado 6D158CF244FD202C A50DC7470BB9C298

0427C5F5DBF8F60D 3BAC5BC5E4BD9816.

5

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Accionante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará

Afirmó que las solicitudes posteriores de febrero de 2026 han sido atendidas mediante
actos administrativos que ratifican la posición jurídica de la entidad frente a la
imposibilidad de revivir debates judiciales ya concluidos.

Adicionalmente, señaló que recibió las peticiones presentadas por el señor José Ramón
Visbal Illera los días 19 de noviembre de 2025, 10 y 24 de febrero de 2026, las cuales
fueron radicadas en su sistema de gestión documental. Indicó que dichas solicitudes
fueron atendidas mediante la Resolución No. 40103 del 30 de enero de 2026, el Oficio
No. 2-2026-003958 y las comunicaciones posteriores correspondientes. Asimismo,
precisó que las respuestas se sustentaron en la existencia de cosa juzgada y en el
carácter definitivo de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, en su condición
de órgano de cierre de la jurisdicción. Finalmente, expuso el marco normativo aplicable
al reconocimiento de la propiedad privada del subsuelo y explicó la situación técnica y
jurídica del registro histórico de la sentencia de 1942 en el municipio de Tubará. Por lo
tanto, consideró que se configuraba una carencia actual de objeto por hecho superado.

Por último, puso de presente que se observaba un ejercicio irrazonable del derecho de
petición por parte del accionante, pues la Comunidad de Condueños, a través de su
representante, ha acudido de manera sistemática y reiterativa ante esa Cartera Ministerial
para solicitar el registro de la sentencia de 1942, a pesar de que el ministerio, mediante
el Oficio 2-2026-003958 y la Resolución 40103 de 2026, ha resuelto de fondo la
inviabilidad de tal pretensión.

4.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá6 realizó un recuento
de las actuaciones surtidas al interior de la acción de cumplimiento en la que se emitió la
decisión objeto de amparo.

Indicó que, mediante auto del 7 de abril de 2026 se rechazó de plano la acción de
cumplimiento. Sostuvo que, al efectuar el estudio de la admisión de la acción, recordó
que este mecanismo desarrollado por la Ley 393 de 1997 está orientado exclusivamente
a hacer efectivo el cumplimiento de deberes contenidos en normas con fuerza material
de ley o en actos administrativos, siempre que estos consagren obligaciones claras,
expresas e inobjetables a cargo de la autoridad accionada.

Adujo que las disposiciones invocadas por la parte actora, relacionadas con el registro
de providencias judiciales sobre propiedad del subsuelo, no establecen, frente al caso
concreto, un mandato directo y exigible en los términos requeridos por la acción de
cumplimiento, pues su aplicación supone la verificación de diversos supuestos fácticos y
jurídicos que exceden el ámbito propio de esta acción.

Manifestó que en la decisión cuestionada se indicó que las providencias judiciales cuyo
registro se pretende no constituyen normas con fuerza material de ley ni actos
administrativos, sino decisiones judiciales, de manera que su alcance y efectos no
pueden ser determinados a través de este mecanismo. Adicionalmente, tales decisiones
no fueron allegadas en forma idónea al expediente, pues lo que se se allegaron una

6 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado A18D008910FDDFAA B02644A170BEC4B3
2D6F031492812A95 DA77C3165C7FC85A.

6

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Resguardo Indígena Rematado de Tubará

fotografía y documentos que no son los apropiados para su estudio, como tampoco se
acreditaron los elementos necesarios para verificar su contenido y condiciones de
aplicación.

Al respecto, advirtió que la Sección Quinta del Consejo de Estado 7 ha señalado que la
acción de cumplimiento está encaminada a la ejecución de deberes que emanan de un
mandato contenido en la ley o en un acto administrativo, imperativo, inobjetable y
expreso, y no al reconocimiento por parte de la administración de garantías particulares,
o el debate en sede judicial, del contenido y alcance de algunos derechos que el particular
espera le sean reconocidos. Asimismo ha destacado la importancia de este requisito a
efectos de verificar la prosperidad de la acción de cumplimiento.

4.3. La Agencia Nacional de Hidrocarburos8 afirmó que atendió los derechos de
petición elevados los días 19 de noviembre de 2025, 10 y 24 de febrero de 2026, por el
señor José Ramón Visbal Ilera, en representación de la Comunidad de Condueños del
Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará, a través de los oficios con radicados
de salida Nos. 2028183 de 10 de diciembre de 2025 y 2080164 de 3 de marzo de 2026,
los cuales fueron enviados al correo electrónico del accionante, jrvisbal@rocketmail.com.

4.4. La Procuraduría General de la Nación9 solicitó declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado. Indicó que el 19 de noviembre de 2025 recibió una solicitud
presentada por el señor José Ramón Visbal Illera, en calidad de administrador de la
Comunidad de Condueños del subsuelo del Antiguo Resguardo Indígena de Tubará,
mediante la cual requirió, entre otros aspectos, el registro de la sentencia del 10 de
octubre de 1942, el reconocimiento administrativo de los derechos de propiedad privada
del subsuelo, la exoneración de obligaciones derivadas de la falta de registro, la
declaratoria de fuerza mayor para la suspensión de términos de extinción por no
explotación y la intervención del Ministerio Público. Señaló que dicha petición fue
radicada bajo el No. E-2025-610003 y se encuentra asignada a la Procuraduría Regional
de Instrucción del Atlántico.

Asimismo, manifestó que, en ejercicio de sus funciones preventivas, el 23 de abril de
2026 requirió al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos
para que informaran sobre la situación jurídica del área y las actuaciones adelantadas
frente a las reclamaciones relacionadas con derechos de propiedad privada sobre el
subsuelo. Agregó que esta actuación fue comunicada al accionante el 24 de abril de 2026
y que, al momento de rendir el informe, se encontraba pendiente la respuesta de las
entidades requeridas.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F en sentencia

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de octubre de 2003,

radicación 25000-23-24-000-2003-1071-01(ACU).
8 Índice 00014 del expediente digital de primera instancia, certificado C77247753E4899B9 AA7BAEE806AC4B37

3A2E5DD871635DC7 BD460A53DEF17F83.
9 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado F93D16B2CB91EA3F E48A2A0CA9E88097

654ECB3A5F45FB3B C17A493AD99A25F7.

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Accionante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará

del 5 de mayo de 202610 resolvió:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de la Comunidad de Condueños del
Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia emitida el 7 de abril de 2026,
por el Juzgado Noveno (9.º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que
rechazó de plano por improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por
la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena Rematado de
Tubará.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Noveno (9.º) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, proceda a emitir un nuevo pronunciamiento en
el que tenga en cuenta las consideraciones de esta providencia, esto es, que
las únicas causales de rechazo de la demanda en la acción de cumplimiento
son las contempladas en los artículos 12 y 28 de la Ley 393 de 1997.

CUARTO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la Comunidad de
Condueños del Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará respecto a
la Procuraduría General de la Nación y denegar la protección respecto del
Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

QUINTO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría
Regional de Instrucción del Atlántico, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente decisión, comunique la
respuesta del 24 de abril de 2026 al correo electrónico
jrvisbal@rocketmail.com.”

En relación con la tutela promovida contra la providencia del 7 de abril de 2026 proferida
por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, concluyó que se
configuró un defecto sustantivo, por cuanto dicha autoridad rechazó de plano la acción
de cumplimiento con fundamento en una causal de improcedencia no prevista en la Ley
393 de 1997, pese a que el rechazo únicamente procede en los eventos taxativamente
establecidos en los artículos 12 y 28 de esa normativa. En consecuencia, estimó
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, dejó sin efectos el referido auto y ordenó al juzgado emitir un nuevo
pronunciamiento sobre la admisión de la demanda, con observancia de las
consideraciones expuestas en la providencia.

De otra parte, negó el amparo del derecho fundamental de petición frente al Ministerio de
Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al considerar que ambas
entidades habían emitido respuestas de fondo, claras y congruentes a las solicitudes
formuladas por el accionante. Sin embargo, concedió la protección respecto de la
Procuraduría General de la Nación, al advertir que, aunque esta dio respuesta a la
petición, la comunicación fue remitida a una dirección de correo electrónico distinta de la
informada por el actor, lo que impidió su conocimiento efectivo.

Finalmente, denegó el amparo de los derechos a la propiedad privada colectiva, la
igualdad, el trabajo, el mínimo vital y la vida digna, al concluir que no se encontraba

10 Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 289751FA5E05BFE7 72A1CC7E049751DC
6A877597CC6A8358 FF3EB053E8F4F83D.

8

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Resguardo Indígena Rematado de Tubará

acreditada una amenaza o vulneración cierta, actual o inminente de tales garantías
fundamentales.

6. Impugnaciones

6.1. La parte actora11 presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de
primera instancia y solicitó revocarla parcialmente.

Sostuvo que el a quo incurrió en un error al confundir el derecho de petición con el deber
legal objetivo de registro. Agregó que en la decisión se afirmó que el Ministerio de Minas
y Energía y la ANH dieron respuesta expresa, de fondo, clara y congruente, sin embargo,
explicó que si esto hubiera sido así debían haber expedido el registro en los libros
correspondientes acorde a la Ley 10 de 1961 y el Decreto 1073 de 2015, situación que
no ha ocurrido.

Indicó que el núcleo de lo solicitado por la comunidad no recae en una simple consulta,
sino que es una exigencia que se cumpla con el trámite administrativo requerido del
registro de sentencias del subsuelo y se expida el correspondiente acto administrativo.

Adujo que el juez constitucional de primera instancia desconoce la cosa juzgada y los
derechos adquiridos por parte de la comunidad.

Añadió que el tribunal desconoció el precedente del Consejo de Estado establecido en el
concepto 187 del 11 de julio de 1988, en el que se concluyó que “la Comunidad de
Tubará, "No REQUIERE" Tener que demostrar "Un Yacimiento descubierto"; porque SUS
DERECHOS “Son PREEXISTENTES”, a la expedición de la Ley 20 de 1969”12.

Cuestionó que no se hayan valorado las pruebas de fuerza mayor cuya declaración
solicita, derivada de los 25 años de litigio con el Ministerio de Minas y Energía.

Expuso que la comunidad que representa se compone de más de 200 familias, que hacen
parte y han dependido de los ingresos generados por los contratos de arriendo suscritos
con compañías extranjeras, para su legal explotación del subsuelo. Por lo que la
paralización forzada desde 1996 ha generado desempleo y pobreza, dado que la falta de
registro actualizado impide celebrar contratos, lo que constituye, en su sentir, una
expropiación de facto.

Finalmente, señaló que “el Tribunal “No Ordenó” el cumplimiento del deber especial
contenido en el Parágrafo del “Art 2.2.1.2.1.2” del Decreto 1073 de 2015, que establece:
"La PROCURADURÍA GENERAL de la Nación, a solicitud del Ministerio de Minas y
Energía o de oficio, requerirá a la Corte Suprema de Justicia las COPIAS de las
SENTENCIAS (...) y emitirá concepto sobre las mismas para efectos de su registro." Esta
función no se ha cumplido, a pesar de haber sido invocada en los derechos de petición
del 19 de noviembre de 2025, 10 de febrero de 2026 y 24 de febrero de 202613”.

11 Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado B477078F5A499E30 FB388C2BF38127A9
14F36FC3D3F8FFFB 147AB7617EFA9AFB.
12 Ibid.
13 Ibid.

9

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Resguardo Indígena Rematado de Tubará

6.2. La Procuraduría General de la Nación14 impugnó la sentencia de primera instancia
en la medida en que el día 23 de abril de 2026 se procedió a desplegar actuación
preventiva primaria a través de requerimientos Oficio consecutivo general No. 240 dirigido
al Ministerio de Minas y Energía, así como oficio consecutivo general No. 241 dirigido a
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a efectos de que se sirva indicar un informe sobre
la situación jurídica actual del área referida y las actuaciones adelantadas con relación a
las reclamaciones relacionadas con derechos de propiedad privada sobre el subsuelo en
el área objeto de consulta. Actuación comunicada efectivamente el día 24 de abril de
2026 al accionante a través de correo electrónico suministrado jrvisbal@rocketmail.com
y jevisbal@rocketmail.com indicándole en estos el inicio de la actuación preventiva y el
trámite realizado.

Agregó que el 2 de junio de 2026, desde el despacho de la Procuraduría Regional de
Instrucción del Atlántico se procedió a comunicar al ciudadano a través del correo
electrónico jrvisbal@rocketmail.com el resultado de la actuación preventiva y la
comunicación de cierre y/o finalización correspondiente en la que se indicó que no se
evidenció omisiones actuales en el trámite de sus solicitudes que ameriten la continuidad
de la actuación preventiva, razón por la cual se procedía al cierre de la misma.

En consecuencia, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la tutela y
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción.

Mediante auto del 5 de junio de 202615, la magistrada ponente de la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió la
impugnación interpuesta por la parte accionante y la Procuraduría General de la Nación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque José
Ramón Visbal IIlera, quien actúa en nombre propio y en representación de la Comunidad
de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará es el titular de las
garantías constitucionales que afirma fueron vulneradas, en su condición de accionante
dentro de la acción de cumplimiento identificada con el radicado núm. 11001-33-35-009-
2026-00130-00.

14 Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado 72EADC5CDDD4D46E EB83FF8E0C5263E3

9016D90A54320A3B 4506CF672953330A.
15 Índice 00025 del expediente digital de primera instancia, certificado DE4C94B054A087CB 4C74AE187366C24E

257C8DBBF307CB56 41742174AAD41F0F.

10

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Resguardo Indígena Rematado de Tubará

Asimismo, se encuentra acreditada tal calidad, en la medida que el aquí accionante
presentó las peticiones ante las autoridades accionadas, respecto de las cuales solicita
se emita pronunciamiento de fondo.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá fue la autoridad que profirió la decisión que,
según la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales.

Igualmente, porque el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos-ANH y la Procuraduría General de la Nación fueron las autoridades a las
que la parte actora les endilgó la vulneración de sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
5 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección F, que amparó parcialmente los derechos de la parte actora.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200516 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela17 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto18.

16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
18 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en

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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”19.

5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

5.1. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra a
resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano
de cierre sobre la materia20.

En el presente asunto, la Sala observa que el actor no se limitó a manifestar su
desacuerdo con el sentido de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Bogotá. Por el contrario, identificó de manera expresa los derechos
fundamentales que consideró vulnerados, particularmente el debido proceso y la
igualdad, y atribuyó dicha afectación a la configuración de un defecto sustantivo, por la
presunta indebida aplicación de una norma.

La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de encontrarse
configurado el defecto, prosperaría la pretensión de amparo de ordenar a la autoridad
accionada emitir una nueva providencia en la que tenga en cuenta el contenido del
artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

5.2. El accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios
para la protección de los derechos fundamentales que consideró vulnerados, pues de
conformidad con el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 las providencias que se dicten en
el trámite de la acción de cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de
recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual
admite el recurso de reposición. En consecuencia, como la decisión del 7 de abril de 2026

cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

«La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» lo
que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma
o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa
mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de
derechos fundamentales».

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corresponde a un auto que rechazó de plano la acción, contra este no procede recurso
alguno.

5.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la providencia que
profirió el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá es del 7 de abril de 2026
y fue notificada en la misma fecha por mensaje de datos, y el escrito de tutela se presentó
el 17 de abril de 202621, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecido por la
jurisprudencia constitucional22 y del Consejo de Estado23 como razonable.

5.4. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, sin que de tales planteamientos pueda advertirse una posible
irregularidad procedimental. Finalmente, la providencia reprochada no fue una
sentencia emitida dentro de un trámite de tutela.

5.5. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad y continúa con el estudio de la causal específica en los términos
planteados por la parte actora.

6. Defecto sustantivo

La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se
presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad material
con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado24.

De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la acción
de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una
norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre
diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el
ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución
Política.

Así entonces, el alto tribunal constitucional se pronunció sobre la limitación del principio
de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

“(…) Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e

21 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado B4A40DD3C90801D4

2F2C602AE62FADD1 C92EE72374D73F8A 7F49BEF90E0D9B72, carpeta
“3_Expedientedigi_OneDrive_1_2142026zi_1_20260421125750226”, archivo “001RecibidoCorreo”.
22 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
24 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-649 del 19 de octubre de 2017, proceso con radicado T 3.402.625.

M.P. Alberto Rojas Ríos.

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independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
(…)”25.

En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los jueces
para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a su estudio
no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del parámetro de la
efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución, que
pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con su inaplicación y con
la aplicación de un precepto inexistente.

Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior)26.

7. Caso concreto

7.1. Cargos expuestos en contra de la providencia expedida el 7 de abril de 2026
por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá

Del análisis del escrito de tutela, la Sala advierte que la parte actora atribuyó a la
providencia cuestionada la configuración de los defectos sustantivo y fáctico, el
desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución.

En concreto, sostuvo que la autoridad judicial rechazó indebidamente la acción de
cumplimiento y, con ello: (i) restringió su derecho de acceso a la administración de
justicia; (ii) exigió requisitos no previstos en la Ley 393 de 1997; (iii) desconoció el
Concepto núm. 187 de 1988 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado; (iv) se apartó de la jurisprudencia relativa a la procedencia de la acción de
cumplimiento para obtener el registro de decisiones judiciales, y (v) interpretó el alcance
de ese mecanismo constitucional de manera contraria al artículo 87 de la Constitución
Política.

La Sala examinará conjuntamente los reparos formulados, debido a que todos se
sustentan en un mismo cuestionamiento: la aplicación indebida de la disposición con
fundamento en la cual el juzgado accionado rechazó de plano la acción de cumplimiento.

25 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-284 del 5 de abril de 2006, proceso con radicado T-

1.244.552. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; criterio reiterado en: Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión,
sentencia T-450 del 19 de noviembre de 2018, proceso con radicado T-6.388.862. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
26 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-050 del 2 de febrero de 2017, proceso con radicado T 5.375.361.

M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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7.2. Fundamentos de la providencia objeto de tutela

Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Bogotá se advierte que, en la providencia proferida el 7 de abril de 2026,
dicha autoridad arribó a la siguiente conclusión:

“Ahora bien, si bien del material probatorio allegado se advierte que la parte
accionante elevó solicitudes ante las entidades demandadas orientadas, entre otros
aspectos, al registro de la sentencia de 10 de octubre de 1942, lo cierto es que tales
requerimientos no se limitan a exigir el cumplimiento de un mandato legal concreto,
sino que incorporan pretensiones adicionales relacionadas con la exoneración de
multas, la declaratoria de fuerza mayor, el reconocimiento de derechos adquiridos y
la expedición de actos administrativos.

En ese contexto, lo pretendido por el accionante desborda el ámbito propio de la
acción de cumplimiento, en tanto no se dirige a hacer efectivo un deber claro, expreso
e inobjetable, sino a obtener decisiones de fondo por parte de la administración, lo
cual implica el ejercicio de funciones administrativas y la valoración de situaciones
jurídicas complejas.

Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, la presente acción
resulta improcedente, en la medida en que el asunto planteado no corresponde a la
finalidad de este mecanismo judicial, sino que debe ser ventilado a través de los
medios ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico”27.

En síntesis, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó de
plano la acción de cumplimiento promovida por José Ramón Visbal Ilera, en
representación de la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena
Rematado de Tubará, mediante la cual se pretendía que el Ministerio de Minas y Energía
y la Procuraduría General de la Nación dieran cumplimiento al artículo 1 de la Ley 10 de
1961 y a los artículos 2.2.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1073 de 2015, relacionados
con el registro de providencias judiciales que reconocen la propiedad privada del
subsuelo.

Como fundamento de su decisión, el despacho señaló que la acción de cumplimiento solo
procede para hacer efectivos mandatos claros, expresos e inobjetables contenidos en
normas con fuerza material de ley o en actos administrativos, siempre que no exista otro
mecanismo judicial idóneo. A partir de esa premisa, concluyó que las disposiciones
invocadas no contenían un deber concreto y directamente exigible en el caso planteado,
pues su aplicación requería verificar diversas circunstancias fácticas y jurídicas, entre
ellas, la existencia, la ejecutoria y el eventual registro de las providencias judiciales a las
que se refería la solicitud.

Asimismo, indicó que esas decisiones judiciales no constituían normas con fuerza
material de ley ni actos administrativos y que las pretensiones relativas a la exoneración
de multas, el reconocimiento de derechos adquiridos y la declaratoria de fuerza mayor
excedían el objeto de la acción de cumplimiento. Por ello, consideró que no se acreditó
la existencia de un deber legal claro e inobjetable incumplido por las entidades
demandadas y que la controversia debía ventilarse a través de los mecanismos ordinarios

27 Índice 00004 del expediente de la acción de cumplimiento con radicado 11001-33-35-009-2026-00130-00 en el

aplicativo SAMAI, certificado 0F637EEA62BB0F04 337E5C948785FE79 A450AA18218613B2 4E7338FBD92CAA57.

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previstos en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, rechazó de plano la demanda
por improcedente.

7.3. Consideraciones de la Sala respecto del defecto invocado

Los artículos 12 y 28 de la Ley 393 de 1997 regulan expresamente los eventos en los que
procede el rechazo de la acción de cumplimiento. El primero dispone que el juez decidirá
sobre la admisión o el rechazo de la demanda dentro de los tres días siguientes a su
presentación. Asimismo, prevé que solo podrá rechazarla cuando el demandante no
subsane las deficiencias advertidas dentro del término concedido o cuando no aporte la
prueba de la constitución en renuencia, salvo la excepción prevista en el artículo 8.º de
la misma ley. Por su parte, el artículo 28 establece que el rechazo también procede ante
una actuación temeraria, esto es, cuando la misma acción sea promovida, sin
justificación, por una persona o por su representante ante varios jueces.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, al examinar la exequibilidad de esas
disposiciones en la Sentencia C-319 de 2013, precisó que el legislador estableció
únicamente tres causales de rechazo de la acción de cumplimiento: (i) la falta de
subsanación de la demanda; (ii) la ausencia de acreditación de la constitución en
renuencia, salvo la excepción legal, y (iii) la actuación temeraria. De este modo, la Corte
determinó que el régimen de inadmisión y rechazo de dicho mecanismo tiene carácter
excepcional y taxativo, dada su naturaleza de instrumento judicial destinado a garantizar
la eficacia del ordenamiento jurídico y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Tal entendimiento resulta acorde con la estructura procesal prevista en la Ley 393 de
1997. En efecto, las causales de rechazo corresponden al examen preliminar de
admisibilidad de la demanda. En contraste, la existencia de un mandato claro, expreso e
inobjetable, la procedencia de la acción y la acreditación de los presupuestos materiales
para impartir una orden de cumplimiento son asuntos propios del estudio de fondo de la
controversia. Por tanto, la fase inicial del proceso tiene por objeto verificar la concurrencia
de los presupuestos formales establecidos por el legislador, sin anticipar un juicio
definitivo sobre la prosperidad de las pretensiones.

En el asunto bajo examen, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá
rechazó de plano la acción de cumplimiento con fundamento en el artículo 9.º de la Ley
393 de 1997. Para tal efecto, consideró que el mecanismo resultaba improcedente,
debido a que las disposiciones cuyo cumplimiento se pretendía no contenían un mandato
concreto y exigible y su aplicación requería verificar diversas circunstancias fácticas y
jurídicas.

La Sala comparte la conclusión del juez constitucional de primera instancia, según la cual
esa decisión comportó una aplicación indebida del régimen procesal establecido en la
Ley 393 de 1997. En efecto, el artículo 9.º ibidem no consagra una causal que habilite al
juez para rechazar in limine la demanda. Por el contrario, las razones expuestas por el
juzgado se referían al análisis material de la procedencia de la acción y a la viabilidad de
las pretensiones, asuntos que debían examinarse después de la admisión de la demanda
y una vez surtido el correspondiente trámite contradictorio.

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En consecuencia, la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, pues
fundamentó el rechazo de la demanda en una causal que no forma parte del catálogo
taxativo previsto en los artículos 12 y 28 de la Ley 393 de 1997.

La aplicación indebida de la figura del rechazo también vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte
actora, porque impidió el desarrollo del trámite judicial y la adopción de una decisión de
mérito sobre las pretensiones formuladas. De este modo, el accionante quedó privado de
obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la controversia planteada.

Este asunto adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el artículo 16 de la Ley
393 de 1997 dispone que, dentro del trámite de la acción de cumplimiento, únicamente
son susceptibles de recurso la sentencia y el auto que deniega la práctica de pruebas. La
Corte Constitucional declaró exequible esta restricción en la Sentencia C-319 de 2013, al
considerar que responde al propósito de dotar de celeridad y eficacia a dicho mecanismo
judicial. En similar sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha precisado que el
rechazo de plano pone fin al trámite de manera definitiva, sin que proceda recurso alguno
contra esa determinación.

Así las cosas, al aplicar una causal de rechazo no prevista por el legislador, el juzgado
accionado no solo impidió que la parte actora accediera al trámite de la acción de
cumplimiento, sino que también la privó de la posibilidad de obtener una sentencia
susceptible del recurso de apelación. Con ello desconoció las garantías propias del
debido proceso y el principio de doble instancia respecto de la decisión de mérito que
correspondiera adoptar.

De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia; dejó sin efectos el auto del 7 de abril de 2026, y ordenó al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Bogotá emitir una nueva decisión sobre la admisión de la
demanda, con observancia de que el rechazo in limine solo procede en los eventos
expresamente previstos en los artículos 12 y 28 de la Ley 393 de 1997.

Esta determinación no comporta un pronunciamiento anticipado sobre la prosperidad de
la acción de cumplimiento ni condiciona la decisión de fondo que deba adoptar el juez
natural. Por tanto, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá conserva
plena autonomía para resolver la controversia, después de surtir el trámite legal
correspondiente y valorar integralmente los argumentos y las pruebas aportadas por las
partes. Las consideraciones expuestas en esta providencia tampoco podrán interpretarse
como una orden de decidir el asunto en un sentido determinado, pues deben preservarse
los principios de independencia y autonomía judicial.

7.4. Cargos relativos al derecho de petición

De manera preliminar, la Sala advierte que la parte actora atribuyó al Ministerio de Minas
y Energía, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Procuraduría General de la
Nación la vulneración de su derecho fundamental de petición.

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7.4.1. Solicitudes formuladas ante el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia
Nacional de Hidrocarburos

En el expediente se acreditó que el 19 de noviembre de 2025, el señor José Ramón
Visbal Illera presentó una petición ante el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos y la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual
solicitó el registro de la sentencia proferida el 10 de octubre de 1942 por la Sala de
Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2026, el actor amplió dicha petición y aportó nuevos
argumentos y elementos de juicio. El Ministerio de Minas y Energía respondió la solicitud
mediante el Oficio núm. 2-2026-003958 del 11 de febrero de 2026, en el cual se
pronunció sobre cada uno de los requerimientos formulados.

El 24 de febrero de 2026, el accionante presentó una solicitud de constitución en
renuencia, en la que requirió el cumplimiento del artículo 1.º de la Ley 10 de 1961 y de
los artículos 2.2.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1073 de 2015. En esa oportunidad,
reiteró sus pretensiones relativas al registro de la sentencia de 1942, la exoneración de
multas, el reconocimiento de los derechos sobre el subsuelo y la declaratoria de fuerza
mayor.

Mediante los oficios del 4 y del 9 de marzo de 2026, el Ministerio de Minas y Energía
indicó que esas solicitudes tenían carácter reiterativo, debido a que ya habían sido
resueltas mediante la respuesta del 11 de febrero de 2026. Por tal razón, reprodujo los
argumentos expuestos en aquella comunicación. Además, la Sala constató que el
accionante tuvo conocimiento de esos oficios, pues los aportó con el escrito de tutela.

Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos informó, mediante oficio del 10 de
diciembre de 2025, que el Ministerio de Minas y Energía era la autoridad competente
para resolver la solicitud, puesto que las funciones de aquella entidad se circunscriben a
la administración de las reservas y de los recursos hidrocarburíferos de la Nación. Luego,
a través de oficio del 3 de marzo de 2026, reiteró esa respuesta frente a las nuevas
peticiones formuladas por el actor, por cuanto reproducían sustancialmente la solicitud
inicial. Asimismo, se acreditó que ambas comunicaciones fueron remitidas a la dirección
electrónica informada por el accionante -jrvisbal@rocketmail.com-, conforme con las
respectivas constancias de envío y entrega.

En el escrito de impugnación, el accionante cuestionó que el juez constitucional de
primera instancia hubiera negado el amparo frente al Ministerio de Minas y Energía y a
la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En su criterio, las entidades no adelantaron la
actuación que pretendía obtener mediante las solicitudes formuladas.

Al respecto, conviene recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
reiterada, el derecho de petición no comprende la garantía de obtener una decisión
favorable a los intereses del solicitante. La protección constitucional recae sobre el
derecho a recibir una respuesta oportuna, de fondo, clara, precisa, congruente y
efectivamente comunicada, sin que ello implique que la autoridad deba acceder a lo
solicitado.

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Por consiguiente, la inconformidad del peticionario con el sentido de la respuesta no
configura, por sí sola, una vulneración del derecho de petición. Esta se presenta cuando
la autoridad omite responder; emite una contestación evasiva, incongruente o
incompleta, o no la comunica de forma efectiva al interesado. Así, una respuesta negativa
satisface las exigencias derivadas del artículo 23 de la Constitución Política y de la Ley
1755 de 2015, siempre que se encuentre debidamente motivada, resuelva integralmente
la solicitud y sea puesta en conocimiento del peticionario.

En el presente asunto, las entidades resolvieron las solicitudes formuladas por el
accionante y le comunicaron sus respectivas respuestas. El hecho de que no hubieran
accedido a las pretensiones formuladas ni adelantado las actuaciones reclamadas no
comporta, por sí mismo, la vulneración del derecho fundamental invocado.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de negar el amparo respecto del
Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

7.4.2. Solicitud formulada ante la Procuraduría General de la Nación

En relación con los reparos dirigidos contra la Procuraduría General de la Nación, el juez
constitucional de primera instancia consideró que, en principio, podría configurarse la
carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que esa entidad atendió la
solicitud del actor durante el trámite de la acción de tutela, mediante una comunicación
remitida el 24 de abril de 2026.

No obstante, advirtió que la respuesta se había enviado a una dirección distinta de la
indicada expresamente por el señor Visbal Illera. Por esta razón, estimó procedente
amparar el derecho fundamental de petición y ordenó al Ministerio Público remitir la
contestación a la dirección electrónica jrvisbal@rocketmail.com. Para sustentar su
decisión, señaló que ese derecho no se satisface con la sola emisión de una respuesta,
sino que también exige que esta sea efectivamente comunicada al peticionario.

En la impugnación, el Ministerio Público afirmó que, el 24 de abril de 2026, comunicó al
accionante el inicio de la actuación preventiva y el trámite impartido a su solicitud. Para
tal efecto, remitió la información a las direcciones electrónicas jrvisbal@rocketmail.com
y jevisbal@rocketmail.com.

Asimismo, manifestó que, el 2 de junio de 2026, la Procuraduría Regional de Instrucción
del Atlántico comunicó al actor, a través de la dirección electrónica
jrvisbal@rocketmail.com, el resultado y el cierre de la actuación preventiva. En esa
comunicación explicó que no advirtió omisiones actuales en el trámite de las solicitudes
que justificaran la continuidad de la intervención preventiva y que, por tal motivo, dispuso
su finalización.

Una vez revisados los documentos aportados por la entidad accionada, la Sala constata
que el 24 de abril de 2026, la profesional universitaria, grado 17, de la Procuraduría
Regional de Instrucción del Atlántico remitió, desde la dirección electrónica
icfranco@procuraduria.gov.co, una comunicación al correo jrvisbal@rocketmail.com. En

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ella informó al accionante acerca del inicio de la actuación preventiva en los siguientes
términos:

Sin perjuicio de lo anterior, al analizar el documento obrante a índice 00023 del
expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI28, se observa que, el 2 de
junio de 2026, la misma funcionaria remitió al correo jrvisbal@rocketmail.com
comunicación al aquí accionante en la que le informó sobre el cierre de la actuación
preventiva E2025-610003. En los siguientes términos:

28 Índice 00023 del expediente digital de primera instancia, certificado 72EADC5CDDD4D46E EB83FF8E0C5263E3

9016D90A54320A3B 4506CF672953330A.

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En consecuencia, esta judicatura denota la ocurrencia de un hecho superado, en la
medida en que, después de la interposición de la acción de tutela y antes de que se
profiriera fallo, la Procuraduría General de la Nación comunicó al accionante sobre la
respuesta otorgada respecto del inicio y la finalización de la actuación preventiva E2025-
610003.

Por lo tanto, dado que la autoridad accionada llevó a cabo la actuación que el accionante
consideraba omitida y que las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales han desaparecido, la solicitud de amparo presentada ha
perdido su finalidad como mecanismo extraordinario de protección judicial. En
consecuencia, cualquier orden que emita el juez de tutela resultaría ineficaz.

Por ende, se revocarán los numerales cuarto y quinto de la sentencia de primera
instancia, por los cuales se amparó el derecho fundamental de petición de la parte actora
y se ordenó a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de
Instrucción del Atlántico, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente decisión, comunique la respuesta del 24 de abril de 2026 al
correo electrónico jrvisbal@rocketmail.com, para, en su lugar, declarar la carencia actual
por hecho superado.

7.5. Por último, la Sala advierte que varios de los argumentos expuestos por la parte
actora en el escrito de impugnación no son de recibo, pues desbordan el objeto de la
presente acción de tutela y no corresponden a los cargos formulados contra la
providencia judicial cuestionada.

El recurrente planteó reparos relacionados con: (i) el presunto incumplimiento del deber
de registrar las sentencias relativas al subsuelo; (ii) la expedición del acto administrativo

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correspondiente; (iii) la existencia de derechos adquiridos y de cosa juzgada; (iv) la
configuración de una situación de fuerza mayor y la valoración de las pruebas aportadas
para demostrarla; (v) las consecuencias económicas derivadas de la falta de explotación
del subsuelo, y (vi) el supuesto incumplimiento de las funciones atribuidas a la
Procuraduría General de la Nación por el parágrafo del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto
1073 de 2015.

Estos planteamientos se refieren al debate material que constituye el objeto de la acción
de cumplimiento promovida por el actor y no a la controversia constitucional planteada
contra la providencia que rechazó de plano ese mecanismo judicial. Por tanto, no le
corresponde al juez de tutela pronunciarse sobre la existencia ni sobre el alcance de los
deberes cuyo cumplimiento se reclama, pues tales asuntos deben ser resueltos por el
juez natural de la acción de cumplimiento, con observancia del trámite previsto en la Ley
393 de 1997.

En el escrito de tutela, el accionante circunscribió sus reparos contra el auto del 7 de abril
de 2026 a la presunta configuración de los defectos sustantivo y fáctico, el
desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución, debido al
rechazo de plano de la acción de cumplimiento. Sin embargo, no formuló cargos
autónomos contra esa providencia por el supuesto desconocimiento de la cosa juzgada
o de los derechos adquiridos; la omisión de un pronunciamiento acerca de la fuerza
mayor; la falta de valoración de determinadas pruebas, o la ausencia de órdenes
relacionadas con las funciones de la Procuraduría General de la Nación.

En consecuencia, tales cuestionamientos constituyen argumentos nuevos, formulados
únicamente en sede de impugnación, respecto de los cuales la Sala no puede emitir un
pronunciamiento de fondo. Una actuación en sentido contrario alteraría el marco fáctico
y jurídico de la controversia constitucional, impediría que las autoridades accionadas
ejercieran adecuadamente sus derechos de defensa y contradicción y desconocería el
principio de congruencia que rige el trámite de la acción de tutela.

Por consiguiente, el estudio de la Sala se limitará a los reparos oportunamente planteados
en la demanda de tutela y a aquellos que guardan relación directa con la decisión
impugnada, sin extenderse a cuestiones propias del proceso de acción de cumplimiento,
cuya resolución corresponde al juez natural de ese mecanismo judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia proferida el 5 de
mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección F y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho

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superado, respecto de los cargos elevados en contra de la Procuraduría General de la
Nación, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo del 5 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F, en atención a las
razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF

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