RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2026-00299-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00299-01

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00299-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 19 Índice 80 de SAMAI del proceso ordinario. 20 Índice 85 de SAMAI del proceso ordinario. 9 Radicado: 25000-23-15-000-2026-00299-01 Accionante: Silverio Montaña Montaña Accionado: Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Cuatro (4) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, para, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y trabajo invocados por el señor Silverio Montaña Montaña, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2026-00299-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-15-000-2026-00299-011
Accionante : Silverio Montaña Montaña
Accionado : Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Mora judicial
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del Cuatro (4) de Mayo de Dos Mil veintiséis (2026) proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E2, que declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado en el trámite de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El señor Silverio Montaña Montaña, quien actúa por intermedio de apoderada

judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y trabajo, presuntamente vulnerados por el Juzgado Sesenta y Ocho (68)
Administrativo de Bogotá.

3. Por consiguiente, solicitó:

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
M. P. Patricia Victoria Manjarrés Bravo.

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00299-01
Accionante: Silverio Montaña Montaña
Accionado: Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia y al trabajo del señor SILVERIO MONTAÑA MONTAÑA.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se ORDENE al JUZGADO 68
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, SECCIÓN PRIMERA ORAL DE
BOGOTÁ D.C que resuelva, en un término prudencial, el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que cursa bajo radicado No., a efectos de obtener una
sentencia de fondo en el menor tiempo posible. (sic para toda la cita).

1.3 Hechos3

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el

accionante, se puede evidenciar que, el señor Silverio Montaña Montaña, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
demanda contra la Contraloría General de la República, con el fin de obtener la
nulidad de los autos núm. 0841 del Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil Dieciocho
(2018), proferido por la Contraloría Delegada Interseccional Núm. 15 y ORD-
80112-0178-2018 del Seis (6) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), expedido
por la Contraloría General de la República, por medio de los cuales, fue declarado
responsable fiscalmente por el detrimento patrimonial de los recursos de regalías
del municipio de Aquitania, Boyacá.

5. A título de restablecimiento del derecho, pidió la eliminación de los registros

negativos en el SIBOR y el SIRI, el reconocimiento de perjuicios morales y, en
caso de haberse efectuado cobro coactivo, el reintegro de las sumas pagadas.

6. La demanda fue presentada el Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Diecinueve

(2019), la cual, correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera4, que, mediante providencia del Veintiséis (26) de
Junio de Dos Mil Diecinueve (2019), declaró su falta de competencia para conocer
del asunto en razón a la cuantía y ordenó remitir el proceso a los Juzgados
Administrativos de Bogotá, siendo asignado al Juzgado Tercero (3) Administrativo
de Bogotá, Sección Primera5.

3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 3.
4
Proceso núm. 11001-33-34-003-2019-00221-00.
5
En auto del Trece (13) de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), dicha autoridad judicial dispuso remitir la demanda, por
competencia, a los Juzgados de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Posteriormente, el Primero (1) de Julio de Dos Mil Veinte
(2020), el Juzgado Primero (1) Administrativo de Sogamoso, declaró su falta de competencia y remitió el expediente al Tribunal
Administrativo de Boyacá. A su vez, mediante providencia del Nueve (9) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020), dicha
Corporación ordenó enviarlo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que, carecía de competencia por factor
territorial. Finalmente, esta última autoridad judicial dispuso estarse a lo resuelto en el auto del Veintiséis (26) de Junio de
Dos Mil Diecinueve (2019) y remitió el asunto al Juzgado Tercero (3) Administrativo de Bogotá.

2

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00299-01
Accionante: Silverio Montaña Montaña
Accionado: Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá

7. El Trece (13) de Mayo de Dos Mil Veintiuno (2021), la demanda fue admitida por

la mencionada autoridad judicial. Posteriormente, el accionante presentó
solicitudes de impulso procesal los días Veintiocho (28) de Junio y Dos (2) de
Diciembre de Dos Mil Veintidós (2022), con el fin de obtener celeridad en el trámite
y pronunciamiento respecto de la medida cautelar solicitada con la demanda.

8. Mediante providencia del Veintitrés (23) de Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023),

el Juzgado conductor del proceso negó la medida cautelar, decisión contra la cual,
el tutelante presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación. El Nueve (9)
de Marzo del mismo año el proceso fue redistribuido6 al Juzgado Sesenta y Ocho
(68) Administrativo de Bogotá. Luego, el Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Veintitrés
(2023), el actor radicó un nuevo impulso procesal. El Diecinueve (19) de Octubre
siguiente, la autoridad judicial accionada resolvió desfavorablemente la reposición
y concedió la apelación7.

9. El Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023) el señor Montaña
Montaña solicitó ante la Contraloría General de la República la revocatoria directa
de los actos administrativos cuestionados; sin embargo, el Trece (13) de Junio de
Dos Mil Veinticuatro (2024), la Dirección de Cobro Coactivo de dicha entidad ordenó
reanudar el proceso de cobro coactivo en contra de los responsables fiscales, entre
ellos el accionante.

10. El Cinco (5) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), la Contraloría informó al

demandante que, accedía a la oferta de revocatoria directa y que dicho trámite se
surtiría en la audiencia inicial del proceso ordinario. El Veintinueve (29) de Julio de
Dos Mil Veinticinco (2025), el tutelante presentó un nuevo impulso procesal, al
considerar que, el trámite permanecía sin avanzar. Al respecto, manifestó que, han
transcurrido más de siete años desde la presentación de la demanda y más de tres
desde que el expediente fue repartido a la autoridad accionada, sin que, se hubiere
definido la controversia.

11. Finalmente, sostuvo que, la permanencia de los registros de responsabilidad

fiscal y la falta de decisión judicial han afectado a la sociedad Montaña Farmers

6
En virtud del Acuerdo PCSJA22-12026 de 15 de diciembre de 2022.
7
Aunque el accionante no lo refirió en el escrito de tutela, se advierte que, el recurso de apelación interpuesto contra el auto
que negó la medida cautelar fue resuelto mediante providencia del Veintiséis (26) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026),
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que confirmó lo decidido por el a
quo.

3

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00299-01
Accionante: Silverio Montaña Montaña
Accionado: Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá

S.A.S., de la cual, es representante legal, pues, terceros se han abstenido de
contratar con dicha empresa. Por lo anterior, afirmó que, la mora judicial alegada
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y trabajo.

1.4 Contestación de la acción

12. 1.4.1 El Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá 8 luego de

realizar un recuento de las actuaciones jurídico-procesales surtidas al interior del
proceso ordinario, aclaró que, la propuesta de revocatoria directa a la que hizo
referencia el accionante no había sido formulada dentro del proceso, pese a que,
era el escenario adecuado para resolver lo pertinente, de conformidad con el artículo
95 del CPACA. Por tal razón, señaló que, no se podía emitir pronunciamiento por
fuera del trámite.

13. Asimismo, indicó que, ya se habían adoptado las decisiones correspondientes,

tanto por el superior como por ese Despacho, razón por la cual estimó superada la
situación que el accionante consideraba vulneradora de sus derechos
fundamentales.

14. Finalmente, expuso que el Juzgado enfrenta una situación de congestión judicial,

pues, en el año 2023 recibió 1.013 expedientes y culminó con un inventario de 697;
en 2024 recibió 617 procesos por reparto y cerró con 805; en 2025 finalizó con 766
expedientes, y para el año en curso, cuenta con un inventario de 622 procesos. Por
ello, solicitó valorar dicha carga al momento de estudiarse la mora judicial alegada
por el tutelante.

1.5 Providencia impugnada9

15. Mediante sentencia del Cuatro (4) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado. Para ello, precisó que, el análisis
del asunto debía limitarse a las actuaciones desplegadas por el Juzgado accionado,
desde el momento en que asumió el conocimiento del proceso ordinario. Bajo esa
consideración, advirtió que, para la fecha de presentación de la acción de tutela (21

8
Índice 7 de SAMAI del expediente de primera instancia.
9
Índice 10 de SAMAI del expediente de primera instancia.

4

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00299-01
Accionante: Silverio Montaña Montaña
Accionado: Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá

de abril de 2026), sí existía vulneración de los derechos invocados por el actor,
pues, desde el Diecinueve (19) de Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), cuando se
concedió en efecto devolutivo el recurso de apelación contra la decisión que negó
la medida cautelar, la autoridad judicial accionada podía continuar con el trámite del
proceso, sin que dicho recurso implicara su suspensión.

16. Sin embargo, el Tribunal encontró que, mediante auto del Veinticuatro (24) de
Abril del presente año, el accionado reactivó de manera efectiva la continuidad del
trámite ordinario, al prescindir de la audiencia inicial, negar el decreto de algunas
pruebas, fijar el litigio y correr traslado a las partes para alegar de conclusión. Lo
anterior, con el fin de proferir sentencia anticipada. En consecuencia, estimó que, la
situación que motivó la acción de tutela fue superada.

1.6 La impugnación10

17. Inconforme con esa determinación, el demandante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que, no se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues, el auto del Veinticuatro (24) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
proferido por el Juzgado no garantizó la protección efectiva de sus derechos
fundamentales. Indicó que, dicha providencia solo impulsó formalmente el proceso,
al prescindir de la audiencia inicial, negar pruebas y correr traslado para alegar de
conclusión, pero, no aseguró que el medio de control fuera resuelto de fondo en un
término razonable.

18. Adicionalmente, afirmó que, la mencionada decisión, al presidir de la audiencia

inicial, afectó sus derechos, pues, dicho momento procesal era relevante para
resolver, entre otras cosas, la revocatoria directa de los actos demandados, pues,
la Contraloría General de la República había manifestado su disposición de abordar
lo pertinente en la audiencia inicial.

19. Finalmente, cuestionó que, se negara la práctica de pruebas testimoniales
solicitadas en la demanda ordinaria, al estimar que no se cumplían los presupuestos
para dictar sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA.
Agregó que, la mora judicial no cesa con la expedición de un auto de trámite, sino
con una actuación que garantice la resolución definitiva del proceso.

10
Índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia.

5

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00299-01
Accionante: Silverio Montaña Montaña
Accionado: Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

20. En virtud de los artículos 3211 del Decreto Ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

21. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico

22. Se contrae a determinar si el Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de

Bogotá incurrió en mora judicial injustificada al no haber adoptado una decisión
definitiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-
33-34-003-2019-00221-00 y, en consecuencia, si ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el accionante.

2.4 La acción de tutela frente a la mora judicial

23. El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la

facultad de toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de
resolver las controversias que vulneran o amenazan sus derechos.

11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
14
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

6

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00299-01
Accionante: Silverio Montaña Montaña
Accionado: Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá

24. Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en
funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una
pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de
adoptar las medidas coercitivas previstas en el sistema normativo.

25. Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los términos

fijados en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un
«[…] fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia, pero que muchas veces una buena parte de la misma es
el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos»15.

26. No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho

fundamental, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por parte de los
funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible de
protección a través de la solicitud de amparo.

27. Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 16 ha

indicado que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite
de los procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de autonomía
judicial. Sin embargo, cuando se evidencia que, la tardanza no obedece a
cuestiones relacionadas con carga de trabajo, problemas estructurales o
complejidad de los asuntos que se conocen, la acción de tutela resulta procedente
para proteger el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

28. Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de

mora judicial, se deben analizar las particularidades de cada situación en concreto
con el fin de determinar si el retardo es justificado o no.

2.5 Caso concreto

29. En el caso bajo estudio, el señor Silverio Montaña Montaña acudió al mecanismo

de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales, al
considerar que, la autoridad judicial accionada incurrió en mora judicial injustificada

15
Corte Constitucional, Sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
16
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

7

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00299-01
Accionante: Silverio Montaña Montaña
Accionado: Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá

por cuanto no ha decidido de fondo el proceso de nulidad y restablecimiento núm.
11001-33-34-003-2019-00221-00.

30. La Sala no desconoce que ha transcurrido un tiempo considerable desde la

radicación de la demanda (Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Diecinueve
(2019), la cual, correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera) y, luego de varias remisiones por competencia
entre distintas autoridades judiciales, fue admitida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Bogotá el Trece (13) de Mayo de Dos Mil Veintiuno (2021).
Asimismo, el Veintitrés (23) de Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023) ese despacho
negó la medida cautelar, decisión contra la cual, el accionante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, apelación.

31. El Nueve (9) de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023), el proceso fue redistribuido

al Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá. Dicha autoridad resolvió
no reponer la decisión recurrida y concedió la apelación. Luego, a través de
providencia del veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil veintiséis (2026), el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, confirmó lo
resulto por el a quo.

32. Ahora bien, revisadas las últimas actuaciones surtidas en el proceso ordinario17

en SAMAI, la Sala observa que, mediante auto del Veinticuatro (24) de Abril de Dos
Mil veintiséis (2026)18, el Juzgado accionado decidió prescindir de la audiencia
inicial, negar el decreto de unas pruebas, fijar el litigio y correr traslado a las partes
para presentar sus alegatos de conclusión, con el fin de dictar sentencia anticipada.

33. Frente a lo anterior, el accionante sostuvo en la impugnación que, dicha
providencia solo impulso el proceso, pero, no garantizó que el medio de control fuera
resuelto de fondo en un término razonable. Además, afirmó que, la mora judicial no
cesa con la expedición de un auto de trámite, sino, con una actuación que asegure
la resolución definitiva de la controversia.

34. No obstante, la Sala no comparte ese reparo. Si bien, la mencionada providencia

no resolvió de fondo el litigio, sí constituyó una actuación procesal necesaria para
que la autoridad judicial accionada pueda dictar la sentencia que en derecho

17
11001-33-34-003-2019-00221-00, índice 73 de SAMAI.
18
Índice 73 de SAMAI del proceso ordinario.

8

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00299-01
Accionante: Silverio Montaña Montaña
Accionado: Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá

corresponda.

35. Además, contra dicha decisión el mismo señor Montaña Montaña presentó
recurso de reposición y, en subsidio, apelación19. En consecuencia, mediante
providencia del Quince (15) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)20 la autoridad
accionada resolvió no reponer el auto del Veinticuatro (24) de Abril de Dos Mil
veintiséis (2026) y concedió el recurso de apelación ante el superior, el cual, se
encuentra pendiente de resolución.

36. En ese contexto, no puede afirmarse que, el proceso permanece actualmente

inactivo o que, el hecho que no se haya proferido sentencia obedezca a una omisión
injustificada del Juzgado demandado. Por el contrario, el trámite se encuentra sujeto
a la resolución del recurso de apelación interpuesto por el accionante.

37. Así las cosas, aunque el proceso ha tenido una duración prolongada, lo cierto es

que, esta Sala no encuentra una mora judicial injustificada, pues, la autoridad
judicial accionada reactivó el trámite, adoptó decisiones orientadas para proferir
sentencia y resolvió los recursos que estaban a su cargo. Además, actualmente, el
proceso se encuentra pendiente la decisión del superior frente al recurso de
apelación concedido, decisión frente a la cual, no es dable a la Sala pronunciarse,
habida cuenta que, fue proferida en el trámite de esta tutela y, por tanto, no fue
objeto de controversia en primera instancia.

III. DECISIÓN

38. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto la parte

actora no acreditó que la autoridad judicial accionada haya incurrido en mora judicial
injustificada, por tal motivo, se revocará el fallo impugnado que declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado. Para en su lugar, negar el amparo deprecado.

39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

19
Índice 80 de SAMAI del proceso ordinario.
20
Índice 85 de SAMAI del proceso ordinario.

9

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00299-01
Accionante: Silverio Montaña Montaña
Accionado: Juzgado Sesenta y Ocho (68) Administrativo de Bogotá

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Cuatro (4) de Mayo de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado, para, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y trabajo invocados por el
señor Silverio Montaña Montaña, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.