Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00318-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2026-00318-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00318-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2026-00318-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00318-01
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón
Accionado: Consejo Nacional Electoral
Tema: Derechos al debido proceso, a elegir y ser elegido. Cosa juzgada.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 13 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela por la configuración del fenómeno de la cosa
juzgada constitucional.
ANTECEDENTES
El señor Luis Alfredo Castro Barón promovió acción de tutela con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser
elegido, que considera vulnerados con la decisión proferida por el Consejo Nacional
Electoral, mediante la cual se dispuso la exclusión del ciudadano Iván Cepeda de la
consulta interpartidista celebrada el 8 de marzo de 2026.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
El señor Luis Alfredo Castro Barón manifestó que el Consejo Nacional Electoral
profirió una decisión mediante la cual dispuso la exclusión del ciudadano Iván
Cepeda Castro de la consulta interpartidista celebrada el 8 de marzo de 2026. Indicó
que, para adoptar dicha determinación, el Consejo Nacional Electoral acudió a la
designación de conjueces, pese a tratarse de una figura de carácter excepcional
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00318-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
que exige un estándar reforzado de imparcialidad, independencia e- Archivo Central.
idoneidad.
Señaló que dentro de los conjueces designados fue incluido el abogado Gustavo
Martín Coral Verdugo, quien se ha desempeñado como defensor público adscrito a
la Defensoría del Pueblo.
Expuso que dicho profesional había actuado previamente como defensor público
del accionante dentro del proceso penal número 8671, adelantado ante el Juzgado
33 Penal, actuación que dio lugar a la presentación de quejas y a la apertura de
actuaciones disciplinarias por presuntas faltas gravísimas en el ejercicio de la
defensa técnica. Afirmó que, con ocasión de tales hechos, el 11 de diciembre de
2017 se llevó a cabo audiencia disciplinaria ante la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, con ponencia de la magistrada Martha Inés Montaña.
Agregó que actualmente cursa un proceso disciplinario contra el abogado Gustavo
Coral, dentro del expediente número 1164 de 2022, ante la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial, circunstancia que, a su juicio, comprometía la apariencia de
imparcialidad exigible para integrar el órgano decisor electoral. Sostuvo que dichos
antecedentes disciplinarios eran públicos y verificables, y que el Consejo Nacional
Electoral omitió adelantar un control reforzado de idoneidad e independencia, lo cual
viciaba la integración del órgano decisor.
Indicó que, aunque el conjuez presentó renuncia con posterioridad, el vicio
constitucional no se subsanó, puesto que la afectación al debido proceso se
configuró desde el momento mismo de la integración irregular del órgano.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados; se deje sin efectos
la decisión proferida por el Consejo Nacional Electoral que excluyó al ciudadano
Iván Cepeda Castro de la consulta interpartidista y, en consecuencia, se le ordene
«emitir nueva decisión con integración constitucionalmente válida».
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 4 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela; se vinculó a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá, a la Defensoría del Pueblo, a los señores Gustavo Coral
e Iván Cepeda Castro, como terceros con interés en el resultado del proceso; y se
ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo Nacional Electoral manifestó que la decisión mediante la cual se
dispuso la exclusión del ciudadano Iván Cepeda Castro de la consulta interpartidista
se adoptó dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, con
sujeción a los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
2
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00318-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Afirmó que la designación de conjueces se realizó conforme a los procedimientos
establecidos, sin que los antecedentes mencionados por el accionante desvirtúen
la idoneidad exigida ni configuren irregularidad alguna en la integración del órgano
decisor.
Indicó que no se acreditó una vulneración real, directa y actual de derechos
fundamentales, ni la configuración de un perjuicio irremediable que habilitara la
intervención del juez constitucional, y que la controversia planteada cuenta con otros
mecanismos judiciales de defensa.
Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá manifestó que no existe
actuación disciplinaria vigente que comprometa la idoneidad del abogado Gustavo
Martín Coral Verdugo, pues el trámite iniciado en el año 2017 culminó mediante
decisión de terminación, la cual adquirió firmeza al no haber sido recurrida.
El abogado Gustavo Martín Coral Verdugo expresó que los señalamientos
formulados por el accionante carecen de sustento fáctico y jurídico, que las
investigaciones disciplinarias referidas no desvirtúan su idoneidad profesional y que
cumple con los requisitos constitucionales y legales para ejercer como conjuez del
Consejo Nacional Electoral. Solicitó negar el amparo.
La Defensoría del Pueblo propuso falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que las actuaciones cuestionadas no le son atribuibles ni guardan
relación con sus funciones constitucionales y legales.
La Registraduría Nacional del Estado Civil sostuvo que la acción resulta
improcedente, en la medida en que las decisiones cuestionadas corresponden de
manera exclusiva al Consejo Nacional Electoral, y que se configura, además, un uso
reiterado del mecanismo constitucional frente a una controversia ya decidida.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de dicha entidad, en tanto las
inconformidades expuestas por el accionante se dirigen exclusivamente contra
actuaciones del Consejo Nacional Electoral, sin que se atribuya conducta alguna a
esa corporación.
El señor Iván Cepeda Castro indicó que existe identidad de partes, hechos y
pretensiones con una acción de tutela promovida con anterioridad por el mismo
accionante, razón por la cual solicitó que se declare la improcedencia de la acción
por la configuración de la cosa juzgada constitucional.
3
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00318-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
SENTENCIA IMPUGNADA - Archivo Central.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 13 de mayo de 2026, declaró improcedente la acción de
tutela, al considerar que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Sostuvo que la acción de tutela promovida por el señor Luis Alfredo Castro Barón
reproducía de manera íntegra otra solicitud de amparo presentada con anterioridad,
identificada con el radicado 25000-23-15-000-2026-00061-00, decidida mediante
sentencia del 20 de febrero de 2026, frente a la cual no se evidenció variación
sustancial en los hechos, las pretensiones ni las partes.
Indicó que las pretensiones formuladas en ambos trámites coincidían, en cuanto
buscaban dejar sin efectos la decisión del Consejo Nacional Electoral que dispuso
la exclusión del ciudadano Iván Cepeda Castro de la consulta interpartidista, y
ordenar la expedición de una nueva determinación con integración válida del órgano
decisor.
Señaló que los fundamentos fácticos invocados resultaban idénticos, al sustentarse
en la designación del abogado Gustavo Martín Coral Verdugo como conjuez del
Consejo Nacional Electoral y en los antecedentes disciplinarios que, a juicio del
accionante, comprometían la imparcialidad objetiva del órgano.
Agregó que, aunque en el nuevo trámite se dispuso la vinculación de otras
autoridades, el reproche constitucional se dirigió de manera principal y directa contra
el Consejo Nacional Electoral, razón por la cual se configuró la identidad de partes
relevante para efectos de la cosa juzgada.
Concluyó que al concurrir la identidad de objeto, causa y partes, no resultaba
procedente un nuevo pronunciamiento del juez constitucional, en aras de
salvaguardar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, motivo por el cual
declaró la improcedencia de la acción de tutela.
IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la sentencia, al considerar que la decisión incurrió en un error
al declarar la improcedencia de la acción de tutela por la configuración de la cosa
juzgada constitucional.
Reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela y sostuvo que no se
configuraba el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por cuanto la decisión
cuestionada ameritaba un nuevo pronunciamiento del juez de tutela, dada la
relevancia constitucional de los derechos políticos comprometidos y la
trascendencia del proceso electoral involucrado.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia impugnada y conceder las
4
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00318-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
pretensiones. - Archivo Central.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) la temeridad y la cosa juzgada
en la acción de tutela y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
La temeridad y la cosa juzgada en la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente frente a la temeridad
en la acción de tutela:
«(…) ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar (…)».
Esta disposición normativa pretende proteger el principio de buena fe consagrado
constitucionalmente, que se ve perjudicado en el evento en que se presentan
varias acciones de amparo idénticas, sin motivo justo expresamente probado y sin
que medie un hecho nuevo que justifique acudir nuevamente a la administración
de justicia.
Así las cosas, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se
concreta en la indebida utilización de este mecanismo de protección, y la
jurisprudencia constitucional ha determinado que, para que se configure una
actuación de este tipo deben concurrir los siguientes elementos: i) identidad fáctica
en relación con otra acción de tutela; ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
5
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00318-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; iii)
identidad del sujeto demandado; y iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción.
Por otro lado, ha dicho la Corte Constitucional que la presentación sucesiva o
múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y,
además, comprometer el principio de cosa juzgada constitucional y que constituye
un ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la capacidad
judicial del Estado como también los principios de economía procesal, eficiencia y
eficacia.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de la cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa. Al efecto, un fallo de tutela queda
amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que
la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal.
Por otra parte, la Corte Constitucional considera que la actuación no es temeraria
si la acción se fundamenta: a) en la ignorancia o indefensión del actor; b)
el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; c) por el sometimiento
del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho y no por mala fe; d) la consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en
el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como
base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger
los derechos fundamentales del demandante; y e) se puede interponer una nueva
acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha
sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión1.
Análisis del caso concreto
Esta Subsección advierte que la sentencia de primera instancia declaró
improcedente la acción de tutela por la configuración del fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, razón por la cual, lo primero que debe verificar esta Sala es
si el análisis y la conclusión a la que arribó esa instancia resulta acertada. Solo de
llegarse a una conclusión contraria, sería procedente realizar otro tipo de análisis.
1
Corte Constitucional, Sentencia SU 027 de 2021
6
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00318-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
En ese contexto la Sala constata que, tal como lo expresó la primera instancia, se
configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en tanto el accionante
promovió con anterioridad otra acción de tutela en la que cuestionó la misma
decisión del Consejo Nacional Electoral que dispuso la exclusión del señor Iván
Cepeda Castro de la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, con
fundamento en idénticos supuestos fácticos y jurídicos.
En efecto, se verifica la identidad de partes, objeto y causa, pues en la acción de
tutela decidida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, actuaron como accionantes Luis Alfredo Castro
Barón, Darío Alberto Arbeláez Cifuentes, Fabio Andrés Salazar Luna y Álvaro
Palomino Mancilla, y como accionados el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
En la oportunidad anterior, como en la presente, las pretensiones se dirigieron a
controvertir la validez de la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral y
los fundamentos fácticos se sustentaron en los mismos hechos relacionados con la
designación de un conjuez y los antecedentes disciplinarios invocados para
cuestionar la imparcialidad objetiva del órgano decisor.
La Corte Constitucional en la Sentencia T 427 de 2017 precisó lo siguiente sobre el
análisis de la existencia de la cosa juzgada:
«(…) En efecto, algunas alteraciones parciales a la identidad no necesariamente
excluyen la cosa juzgada, ya que, de lo contrario, accionar a una persona más
o una menos puede significar, en todo caso, una identidad de sujetos. De igual
modo, una variación de los hechos o un nuevo elemento que no tiene incidencia
en las pretensiones ni en la decisión, tampoco puede ser razón per se para
afirmar que no hay identidad de pretensiones, pues, agregar un hecho nuevo
que no tenga incidencia en la decisión no puede justificar reabrir una
controversia que ha cumplido el correspondiente trámite. Finalmente tener un
mismo objetivo y pretensión no significa que deba existir una redacción idéntica
de las pretensiones de las dos acciones, sino, en cambio, que el juez pueda
verificar que materialmente existe una pretensión equivalente».
La Sala advierte que los argumentos formulados en la impugnación no se orientaron
a desvirtuar la cosa juzgada, sino a reiterar el desacuerdo con la decisión
administrativa, aspecto que ya fue objeto de pronunciamiento constitucional previo
y, adicionalmente, el actor dio a entender que tratándose de un tema electoral se
justificaba un nuevo examen, sin más razonamientos sobre el asunto.
Ahora, si bien la acción de tutela anterior, 25000-23-15-000-2026-00061-00 y la
presente tiene identidad de partes, de hechos y pretensiones, no es posible declarar
la cosa juzgada dado que la primera tutela no está ejecutoriada, debido a que no se
encuentra acreditado que la Corte Constitucional haya revisado o excluido de
revisión el fallo, sin embargo, esta circunstancia genera la improcedencia de un
nuevo pronunciamiento al respecto.
7
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00318-01
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo
Por otro lado, pese a la identidad tripartita que estructura la cosa juzgada y a queCentral.
el
accionante no rebate de ninguna manera tal estructuración, sino que su único
argumento es que se trata de un tema relevante por el derecho fundamental a elegir
y ser elegido; de donde considera que es procedente un nuevo examen del asunto;
es claro que se presenta el elemento de la ignorancia que descarta la temeridad.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia del 13 de mayo de 2026 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
que declaró improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de mayo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, a
través de la cual declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.