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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2026-00344-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2026-00344-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado y declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-15-000-2026-00344-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

26 de junio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: LUIS FERNANDO CALDERÓN CASTRO
Demandado: JUZGADO 58 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: MORA JUDICIAL PARA DAR TRÁMITE A UN INCIDENTE DE
DESACATO.

Síntesis del caso: la parte demandante considera que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión de decisión de no abrir el incidente de
desacato que presentó. La Sala confirmará la decisión que declaró improcedente y negó el amparo
invocado pues se evidenció que el juzgado accionado ya había dado respuesta a la solicitud.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de la sentencia de
25 de mayo de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela para ordenar la
corrección de la historia laboral del accionante.

SEGUNDO: NEGAR la protección a los derechos fundamentales de petición,
debido proceso, seguridad social y acceso a la administración de justicia del señor
Luis Fernando Calderón Castro, por los motivos expuestos en la presente
providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 8, primera instancia- negrillas y mayúsculas del original)

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 8 de mayo de 20261, el señor Luis Fernando Calderón Castro, a través de apoderado
judicial, promovió proceso de acción de tutela en contra del Juzgado 58 Administrativo del
Circuito de Bogotá, con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, petición, seguridad social y acceso a la administración
de justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

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Índice 1, Samai, primera instancia.

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales de petición, debido proceso,
seguridad social y acceso a la administración de justicia del señor LUIS
FERNANDO CALDERON CASTRO, vulnerados por el Juzgado 58 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 6 de marzo de 2026, el Auto del
18 de marzo de 2026, y el Auto del 10 de Abril de 2026, proferidos por el Juzgado
58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera, mediante los
cuales se negó la apertura del incidente de desacato y se rechazó el recurso de
reposición y el grado de consulta.

TERCERA: ORDENAR al Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
del presente fallo, abra el incidente de desacato contra el Director de Historia
Laboral de COLPENSIONES o quien actualmente ostente el cargo, por el
incumplimiento derivado de la respuesta del 23 de febrero de 2026, y lo tramite
conforme a los estándares constitucionales de la Sentencia SU-034 de 2018 y la
Sentencia SU-587 de 2016.

CUARTA: ORDENAR a COLPENSIONES que, dentro del término que fije el
juzgado en el trámite del incidente, incorpore en la historia laboral del señor LUIS
FERNANDO CALDERON CASTRO los períodos certificados por Brinks de
Colombia S.A. (07/12/1993 al 31/01/1994 y 01/11/1994 al 31/12/1994) y los
períodos patronales en la certificación laboral, toda vez que ninguna norma
establece esa exigencia y la propia COLPENSIONES tiene esa información en
sus sistemas.

QUINTA: ORDENAR a COLPENSIONES informar al accionante, con acuse de
recibo y en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, las gestiones concretas
realizadas ante Porvenir para obtener los aportes de los ciclos 1994/07 a 1994/12
y la fecha cierta en que se completará la actualización de la historia laboral.

SEXTA: VINCULAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES para que dentro del trámite de la presente tutela informe al
despacho sobre el estado actual de la historia laboral del señor CALDERON
CASTRO, las gestiones realizadas ante Porvenir y el contenido exacto de la
respuesta del 23 de febrero de 2026.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI, índice 2, primera instancia- negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá profirió sentencia el 20 de mayo de 2025, dentro
de la acción de tutela con radicación no. 11001-33-43-058-2025-00152-00, en la cual
amparó el derecho de petición del señor Luis Fernando Calderón Castro y ordenó a la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones que, dentro de las 48 horas
siguientes, respondiera de manera clara, precisa y de fondo la petición no. 2025_7627039
del 8 de abril de 2025 o que le informara los motivos por los cuales necesitaba más tiempo
para atender de fondo lo pedido.

2) Ante el incumplimiento de dichas órdenes, presentó incidente de desacato, para que
Colpensiones diera respuesta a la petición y se corrigiera historial laboral.

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

3) En auto de 18 de junio de 2025, el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá requirió al presidente y al director de historia laboral de Colpensiones para que
informaran el cumplimiento de la sentencia.

4) El 20 de junio de 2025, Colpensiones allegó informe de cumplimiento del fallo y acreditó
que dio respuesta a la petición mediante el oficio BZ 2025_12214738 del 18 de junio de
2025, razón por la cual, mediante auto del 2 de julio de 2025, se tuvo por cumplido el fallo
y no se abrió el incidente de desacato, pues el juzgado consideró que Colpensiones dio
respuesta de manera clara, precisa y de fondo a la petición del actor, en los términos
ordenados en la sentencia de amparo.

5) El 26 de febrero de 2026, el actor solicitó que se abriera un nuevo incidente de desacato
frente a la nueva respuesta de Colpensiones del 23 de febrero de 2026 con radicación no.
BZ2026_1049028 del 23 de febrero de 20262, no obstante, el Juzgado 58 Administrativo de
Bogotá, mediante auto del 6 de marzo de 2026, decidió estarse a lo resuelto en el auto del
2 de julio de 2025.

6) El actor interpuso recurso de reposición contra el auto del 6 de marzo de 2026, el cual
fue rechazado por improcedente, mediante auto del 18 de marzo de 2026, por cuanto el
régimen de tutela no establece el recurso de reposición contra autos que declaran el
cumplimiento.

7) Solicitó que el rechazo del recurso de reposición fuera tramitado en grado de consulta;
no obstante, esa solicitud también se declaró improcedente mediante auto del 10 de abril
de 2026.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente.

Frente al defecto fáctico por indebida valoración probatoria en su modalidad omisiva,
precisó que el juzgado se negó a analizar los hechos nuevos y el material probatorio que

2 Oficio en el que Colpensiones le informó al actor que, a fin de incorporar en su historial laboral los ciclos

1994/07 a 1994/12 con Brinks de Colombia SA, era necesario que la AFP Porvenir le enviara un archivo con
el detalle de estos, el cual, a la fecha se encuentra en curso, sumado a que le solicitó enviar las tarjetas de
reseña, tarjetas de comprobación de derechos y soportes de afiliación que demuestren su vínculo laboral con
dicho empleador.

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

sustentaba la segunda solicitud de desacato, limitándose a remitirse al auto del 2 de julio
de 2025, a pesar de que se presentó una nueva respuesta de Colpensiones el 23 de febrero
de 2026, la cual contiene hechos nuevos no contemplados en el auto del 2 de julio de 2025,
específicamente la exigencia ilegal del número patronal y la negativa de incorporar los
períodos de Brinks; de haberse valorado ese material probatorio, el juzgado habría
concluido que la respuesta del 23 de febrero de 2026 no cumplió los estándares
constitucionales del derecho de petición y que persistía el incumplimiento de la orden de
tutela.

Respecto del defecto sustantivo indicó que el auto de 6 de marzo de 2026 aplicó
indebidamente el concepto de cosa juzgada al limitarse a "estarse a lo resuelto" en el auto
del 2 de julio de 2025, desconociendo que la segunda solicitud de desacato se fundaba en
hechos nuevos y posteriores, por lo que el efectivo cumplimiento no se agotó con el primer
auto de cumplimiento cuando el obligado incurrió en nuevos incumplimientos con
posterioridad.

De igual forma, alegó un defecto sustantivo por aplicación indebida de los requisitos del
derecho de petición en tanto las respuestas brindadas por Colpensiones no cumplen con
los requisitos del derecho de petición ni son congruentes, pues, no se analizó la certificación
laboral de Brinks que acreditaba vinculación continua durante los períodos reclamados y se
trasladó indefinidamente la carga de los ciclos 1994/08 a 1994/12.

Se vulneró directamente el artículo 23 de la Constitución al tener por satisfecho el derecho
fundamental de petición con respuestas que no atendieron de fondo las solicitudes
concretas y el artículo 48 de la Constitución por cuanto se desconocieron los periodos
laborales no incorporados en la historia laboral.

El juzgado incurrió en un desconocimiento del precedente en cuanto no tuvo en cuenta la
sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional que establece que el juez de desacato
debe circunscribir su análisis a verificar: i) a quién estaba dirigida la orden; ii) cuál fue el
término otorgado; y iii) el alcance de la misma, para determinar si fue cumplida de forma
oportuna y completa.

4. Actuación procesal

Mediante auto de 11 de mayo de 20263, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió el proceso de acción de tutela, negó la medida

3 Índice 3, Samai, primera instancia.

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

provisional solicitada, ordenó la notificación al Juzgado 58 Administrativo de Bogotá y
vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que
allegara un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
sentencia de 11 de mayo de 20264 negó el amparo invocado y lo declaró improcedente
frente a la solicitud de ordenar la corrección de la historia laboral del actor.

En primer lugar, el tribunal consideró que la acción de tutela no es procedente para ordenar
la corrección de la historia laboral del accionante, toda vez que su objeto principal consiste
en cuestionar la legalidad de los autos proferidos dentro de un trámite incidental de
desacato.

El propósito del incidente era verificar el cumplimiento del fallo de tutela previo, el cual,
únicamente ordenó a Colpensiones emitir una respuesta clara, congruente y de fondo a la
petición presentada, pero no dispuso la actualización o corrección de la historia laboral,
como pretende entenderlo el actor, de modo que este no es el escenario adecuado para
impartir órdenes dirigidas a modificar registros laborales o definir el reconocimiento de
aportes, pues tales aspectos exceden el alcance del fallo cuya ejecución se pretendía y
corresponden a controversias de índole administrativa o judicial que deben ventilarse ante
las autoridades competentes.

De igual forma, precisó que en el fallo del 20 de mayo de 2025 el Juzgado 58 Administrativo
de Bogotá le ordenó a Colpensiones emitir una respuesta clara y de fondo a la petición con
radicación no. 2025_7627039 del 8 de abril de 2025, no así la corrección inmediata de la
historia laboral ni la inclusión de periodos específicos, situación que se cumplió con la
respuesta del 18 de junio de 2025, la cual el Juzgado 58 Administrativo de Bogotá sí revisó
y emitió pronunciamiento de fondo para declarar el cumplimiento.

A su vez, precisó que la respuesta del oficio no. BZ2026_1049028 del 23 de febrero de
2026 fue producto de una nueva petición del actor con radicación no. 2026_1049028 del 21
de enero de 2026 en la que la parte actora incluyó argumentos diferentes que dan lugar a
otra actuación, los cuales no pueden ser valorados, pues corresponden a hechos
posteriores y a una actuación administrativa distinta que no fue objeto de la orden inicial de
tutela ni del incidente de desacato previamente promovido.

4 Índice 8, Samai, primera instancia.

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

En esos términos, evidenció que el incidente de desacato no puede convertirse en un
mecanismo indefinido o reiterativo para reabrir discusiones ya resueltas o para insistir en el
cumplimiento en términos distintos a los ordenados por el juez constitucional.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia, la cual
fue concedida en auto del 3 de junio de 20265.

En primer lugar, aclaró que no se ha dado cumplimiento al fallo de tutela del 20 de mayo
de 2025, pues en el mismo se ordenó a Colpensiones dar respuesta clara, precisa y de
fondo a la petición del actor, sin que en las respuestas del 18 de junio de 2025 o 23 de
febrero de 2026 se haya dado solución efectiva a las solicitudes, en tanto se tratan de
respuestas evasivas y contrarias a la jurisprudencia.

El incumplimiento persiste pues i) desde la petición inicial se solicitó la actualización de la
historia laboral, ii) la sentencia del 20 de mayo de 2025 ordenó la respuesta de fondo, clara
y precisa a la petición y, iii) Colpensiones en su respuesta exigió el número patronal y la
afiliación al ISS, requisitos inexistentes ante la ley, los cuales reposan en la base de datos
de Colpensiones y sin que a la fecha se actualice debidamente su historial laboral.

Por otro lado, indicó que las meras actuaciones parciales de cumplimiento no desvirtúan el
incidente de desacato, y que la falta de respuesta a su solicitud del 9 de febrero de 2026
constituye un uso desproporcionado de la autonomía judicial, la cual no puede ser usada
para excluir el control de constitucionalidad, sobre todo cuando se discute la posible omisión
de pronunciamiento frente a una solicitud concreta.

En virtud de lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, amparar sus
derechos fundamentales, dejar sin efectos las providencias del 6 de marzo, 18 de marzo y
10 de abril de 2026, ordenar al Juzgado 58 Administrativo de Bogotá abrir el incidente de
desacato y ordenar a Colpensiones que incorpore en la historia laboral del accionante los
períodos certificados por Brinks (07/12/1993 al 31/01/1994 y 01/11/1994 al 31/12/1994), sin
exigir más requisitos.

5 índice 13, Samai, primera instancia.

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Juzgado 58 Administrativo de Bogotá con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la decisión
de no abrir un nuevo incidente de desacato.

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
improcedente el amparo frente a la pretensión de ordenar la corrección de la historia laboral
y lo negó en lo restante.

La parte demandante en la impugnación insistió en que se debe valorar la respuesta de
Colpensiones del 23 de febrero de 2026 y abrir de forma inmediata el trámite del incidente
de desacato.

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción de
tutela se alegaron los defectos factico, sustantivo y desconocimiento del precedente, lo
cierto es que a partir de la lectura integral del escrito de amparo se advierte que todos esos
reparos, en realidad, tienen relación directa con la presunta falta de análisis de la respuesta
del 23 de febrero de 2026 como un hecho nuevo que abre la oportunidad a un nuevo
incidente de desacato y el hecho de que, según el actor, la sentencia de tutela también
conllevaba la necesidad de que se actualizara su historia laboral; por consiguiente, se
procederá a realizar el análisis únicamente frente al primero de los defectos mencionados
pues los argumentos relacionados con los otros también constituyen un defecto fáctico, por
lo que se valorarán desde esa óptica.

De igual manera, seguidamente se realizará el estudio de la violación directa de la
Constitución.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia y por razones metodológicas, la
Sala considera preciso dividir el estudio de los reparos para una mayor claridad sobre el
asunto puesto a consideración.

Para ello, en primer lugar, se analizará lo relativo al defecto fáctico por la ausencia de
análisis de la respuesta del 23 de febrero de 2026 en las providencias del 6 y 18 de marzo
de 2026 y 10 de abril de 2026.

Finalmente, se estudiará las peticiones respecto a su solicitud de que Colpensiones realice
las actualizaciones a su hoja de vida laboral respecto de los períodos certificados por Brinks
de Colombia SA.

3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro de un
incidente de desacato

En sentencia de unificación SU-034 de 3 de mayo de 2018, la Corte Constitucional precisó
que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que ponen fin al
trámite incidental de desacato es excepcional, y que dicha procedencia depende de si está
configurada una vulneración del debido proceso de las partes.

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Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

De lo anterior, la Corte dispuso que el juez constitucional que asuma el conocimiento de
una acción de tutela enfilada contra providencia dictada en el curso de un incidente de
desacato solo está autorizado para examinar la observancia del debido proceso al interior
del trámite y la adecuación de la decisión adoptada en virtud del mismo, mas no
puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de tutela y el alcance o contenido
sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la tutela primigenia, pues se trata de un
debate que ya fue zanjado y respecto del cual operó la cosa juzgada, de suerte que en el
ejercicio de sus atribuciones ha de ceñirse al trámite incidental objeto de estudio.

Asimismo, en dicho pronunciamiento la Corte Constitucional precisó las condiciones de
procedencia de la tutela contra el incidente de desacato y reiteró que: i) deben cumplirse
los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial; además,
exigió que ii) la parte actora debe alegar, por lo menos, la configuración de uno de los
defectos especiales.

A su vez, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad iii) la acción de
tutela solo puede interponerse contra la decisión que ponga fin al trámite, una vez esté
debidamente ejecutoriada.

Finalmente, enfatizó que iv) los argumentos planteados en la tutela deben ser consistentes
con lo alegado en el trámite del incidente de desacato, por ende, no resulta admisible
invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite incidental y tampoco solicitar nuevas
pruebas.

De conformidad con lo anterior, en suma, se advierte que la procedencia de la acción de
tutela contra las providencias proferidas en los trámites incidentales de desacato está sujeta
a los siguientes presupuestos: i) que la decisión dictada en el trámite de desacato se
encuentre ejecutoriada y en firme, ii) que se controvierta la decisión que finaliza el trámite,
iii) que no se aleguen nuevos argumentos o pruebas que no hicieron parte del desacato, iv)
que se cumpla con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias
judiciales y que se sustente la configuración de un defecto especial.

En virtud de lo anterior, en el sub examine la acción de tutela cumple los requisitos de
procedencia porque i) la providencia que negó la apertura del incidente de desacato se
encuentra ejecutoriada y en firme; ii) se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; se
cumplió con el requisito de la inmediatez6; no se atacó una sentencia de tutela y la parte

6 El ultimo auto fue notificado el 10 de abril de 2026 y la tutela fue presentada el 8 de mayo de 2026

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Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
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actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos que estimó transgredidos, además, se alegó los defectos fáctico, sustantivo,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente y, iii) no se plantearon
argumentos nuevos que dejaron de expresarse en el incidente de desacato, así como
tampoco se solicitó la práctica de nuevas pruebas que no fueran aportadas desde un
principio en el trámite incidental.

Superado lo anterior, se procederá a verificar si las providencias que negaron la apertura
del incidente de desacato incurrieron en los defectos aludidos.

3.1 Caracterización del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas que
tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico de acciones de
tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional7 ha reconocido que esta
tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) ignorar o
no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración por
completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya sea
(iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes
en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición
legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.

3.2 Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

1) En su escrito de tutela, el actor alegó un defecto fáctico por indebida valoración probatoria
en su modalidad omisiva, pues supuestamente no se analizó la respuesta de Colpensiones
del 23 de febrero de 2026, la cual contiene hechos nuevos no contemplados en el auto del
2 de julio de 2025.

7 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-041 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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2) Así las cosas, la Sala procederá a realizar un estudio de las providencias cuestionadas
con el fin de verificar si la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico por
dejar de valorar el hecho nuevo de la respuesta de Colpensiones de 23 de febrero de 2026
y no abrir el nuevo incidente de desacato.

3) En esos términos, la Sala resalta que el incidente de desacato, regulado en el artículo
52 del Decreto 2591 de 1991, tiene como finalidad verificar el cumplimiento de una orden
de tutela, no reabrir el debate sustancial; la Corte Constitucional ha señalado que el
desacato no es un nuevo escenario para discutir el fondo del asunto decidido en tutela.

4) Así, se tiene que el Juzgado 58 Administrativo de Bogotá en sentencia de 20 de mayo
de 2025 ordenó al director de historia laboral de Colpensiones emitir una respuesta clara,
precisa y de fondo a la petición con radicación no. 2025_7267039 del 8 de abril de 2025,
sin que en dicha providencia se ordenara el sentido de la decisión, la corrección de la
historia laboral o mucho menos que la entidad debía acceder a la totalidad de las peticiones.

5) En acatamiento de esa decisión, Colpensiones respondió la solicitud del actor a través
del Oficio BZ 2025_12214738 del 18 de junio de 2025, en la cual le indicó que, tras revisar
los archivos del ISS y la historia laboral, no proceden los cobros de los periodos entre
diciembre de 1993 y enero de 1994 porque el empleador reportó retiro desde el 6 de
diciembre de 1993, siendo dichos reportes la base de derechos y obligaciones en pensión;
asimismo, indicó que entre septiembre de 1994 y abril de 2016 el afiliado estuvo vinculado
al régimen de ahorro individual (RAIS), por lo que la responsabilidad sobre recaudo, cobro
y actualización de aportes durante ese tiempo corresponde a los fondos privados, motivo
por el cual en providencia de 2 de julio de 2025 el Juzgado 58 Administrativo de Bogotá
declaró el cumplimiento de la sentencia.

6) Sin embargo, el 26 de febrero de 2026, el actor solicitó que se abriera un nuevo incidente
de desacato con ocasión de la respuesta de Colpensiones del 23 de febrero de 2026 a una
nueva solicitud suya; no obstante, en providencia del 6 de marzo de 2026 el Juzgado 58
Administrativo de Bogotá decidió estarse a lo resuelto con la providencia del 2 de julio de
2025 que tuvo por cumplido el fallo, pues el objeto de la tutela consistía en responder la
petición radicación no. 2025_7267039 del 8 de abril de 2025, situación que se cumplió con
la respuesta de Colpensiones desde el 18 de junio de 2018, así:

“En decisión del 2 de julio de 2025, el Despacho concluyó que la respuesta de
Colpensiones, debidamente notificada, guardaba relación con la solicitud del
señor Calderón Castro en tanto le informó que:

• No era procedente la corrección de la historia laboral solicitada para los ciclos
1993/12/07 hasta 1994/01/30.

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Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

• La normalización de la historia laboral frente al periodo 1994/08 hasta 1994/12
correspondía al fondo de pensiones Protección, en el cual el ciudadano se
encontraba afiliado.

• Los aportes del ciclo 2010/10 fueron trasladados por Colfondos e incluidos
exitosamente en la historia laboral del accionante.

Así las cosas, el Despacho se estará a lo resuelto en el auto del 2 de julio de
2025.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI –
negrillas de la Sala).

7) De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, la autoridad judicial demandada
estimó que ya se dio el cumplimiento a la sentencia del 20 de mayo de 2025 con la
respuesta clara, de fondo y debidamente notificada de Colpensiones, sin que la misma deba
ser favorable a cada una de las solicitudes del actor; la entidad le informó de manera clara
y precisa los periodos del traslado y las razones por las que no eran procedentes otros
periodos y el actor fue notificado de esa decisión, a tal punto que reconoce su existencia.

8) A pesar de ello, la parte actora interpuso recurso de reposición contra esa determinación
del juzgado, el cual se rechazó por improcedente, mediante auto del 18 de marzo de 2026,
confirmado en auto del 10 de abril de 2026 ante una nueva solicitud del demandante.

8) Ahora bien, la Sala aclara que, si bien el actor considera que no se valoró la respuesta
de Colpensiones del 23 de febrero de 2026, lo cierto es que, como lo explicó la primera
instancia, la misma fue producto de un nuevo derecho de petición presentado por el actor
con radicación no. 2026_1049028 del 21 de enero de 2026, en la cual este formuló nuevos
hechos y pretensiones, sin que el incidente de desacato sea la oportunidad para controvertir
aspectos relacionados con hechos posteriores que ni siquiera fueron objeto de la acción de
tutela.

9) En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por la parte actora, el juez del incidente
de desacato sí realizó un análisis del cumplimiento de la sentencia de 20 de mayo de 2025,
sin que resulte procedente la revisión de la respuesta de Colpensiones del 23 de febrero
de 2026, en tanto, se insiste, esta fue producto de un nuevo derecho de petición que
constituye un acto administrativo autónomo.

10) En consecuencia, resulta razonable la decisión del juzgado accionado de estarse a lo
resuelto en la providencia de 2 de julio de 2025, pues Colpensiones ya emitió y notificó la
respuesta al derecho de petición radicación no. 2025_7267039 del 8 de abril de 2025, en
los términos establecidos en la sentencia del 20 de mayo de 2025.

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

11) En esa medida, la Sala considera que la providencia proferida el 6 de marzo de 2026
por el Juzgado 58 Administrativo de Bogotá no incurrió en el defecto fáctico invocado, pues
estuvo soportada en un estudio razonable y fiel de los hechos, las pruebas documentales
allegadas al proceso, así como la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

12) Por consiguiente se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

5. Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del texto
del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas hagan
uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la situación
que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja el uso
indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia
judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas judiciales que
el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias
no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado,
procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.

En suma, la acción de tutela se encuentra condicionada a la inexistencia de otro medio de
defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para evitar la
vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo transitorio
para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

5.1 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto a su
solicitud de que Colpensiones realice las actualizaciones a su hoja de vida laboral

1) La parte actora en sus pretensiones solicitó que se ordenara a Colpensiones que
incorpore en su historia laboral los periodos certificados por Brinks de Colombia SA y los
periodos trasladados por Porvenir, sin exigir requisitos adicionales.

2) No obstante, la Sala advierte que si lo que pretende la demandante es atacar el contenido
del Oficio no. BZ2026_1049028 del 23 de febrero de 2026, como se explicó en precedencia,
la acción de tutela es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6
del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de
derechos fundamentales, la parte activa no agotó todos los medios de defensa judicial que
tenía a su alcance y tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional intervenga y adopte medidas
urgentes, improrrogables y suficientes en orden a evitar su inminente materialización o
mitigarlo.

3) En esa medida, para la Sala resulta forzoso concluir que por reprocharse el contenido
de un acto administrativo de carácter particular y concreto el demandante tiene a su
disposición los mecanismos judiciales de defensa para cuestionarlos, esto es, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual puede plantear los
argumentos que invoca por esta vía e inclusive solicitar medidas provisionales de urgencia.

4) En ese escenario el interesado puede debatir la presunta vulneración de sus derechos
de petición y acceso a la administración de justicia por la presunta exigencia ilegal del
número patronal y la negativa a incorporar en su historia laboral la periodos
cuestionados, ante un mecanismo judicial idóneo y eficaz para alegar lo que por esta vía
pretende como lo es la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, motivo por el
cual la acción de tutela resulta abiertamente improcedente ante el desconocimiento de su
carácter residual y subsidiario.

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

5) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia alguna situación que torne procedente
la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues, a partir del análisis del acervo
probatorio no es posible establecer que la parte demandante se encuentre en una situación
de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables,
improrrogables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

6) La acción de tutela no fue concebida como instrumento alterno o paralelo a los medios
ordinarios de defensa judicial ni puede erigirse en vía sustitutiva del juez natural en
controversias de contenido administrativo y patrimonial, máxime cuando no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que torne impostergable la intervención del juez
constitucional, pues la actora se encuentra actualmente gozando de la sustitución de la
asignación de retiro.

7) En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela frente a estos reparos por el incumplimiento del requisito
de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado y declaró
improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia y
remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

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Expediente: 25000-23-15-000-2026-00344-01
Demandante: Luis Fernando Calderón Castro
Acción de tutela

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) Ausente con excusa

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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