Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00351-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00351-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-00351-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00351-01
Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
Demandado: Dirección Seccional de Administración Judicial Cundinamarca y
Amazonas – Comité de Convivencia Laboral de Cundinamarca
y Amazonas
Temas: Tutela protección del derecho al debido proceso en
procedimientos de queja por presunto acoso laboral.
Decisión: Revoca para en su lugar acceder al amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Comité de Convivencia Laboral de
Cundinamarca y Amazonas, en contra de la sentencia proferida el 19 de mayo de
2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, mediante la cual se decidió la solicitud de tutela de la referencia y negó el amparo
y exhortó.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Olga Lucía Galvis Soto promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, defensa,
contradicción y de petición, con ocasión del presunto desconocimiento de garantías
como la asistencia de un abogado, acceso y aporte de pruebas, y respuesta a las
solicitudes presentadas en el trámite del procedimiento de queja por acoso laboral
iniciado en su contra.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El 27 de marzo de 2026 fue citada por correo electrónico a audiencia
individual dentro de una queja por presunto acoso laboral interpuesta en su contra
1
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00351-01
Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
por Judith Nohemí Penagos Rodríguez, escribiente del Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Zipaquirá, despacho en el cual se desempeñaba como secretaria. La
diligencia fue programada para el día 13 de abril de 2026 a las 9:30 a. m.
2.2. Llegada la fecha de la diligencia, y antes de que esta iniciara manifestó que
contaba con apoderado y que deseaba estar asistida por él en ejercicio de su
derecho de defensa, sin embargo, los integrantes del Comité se negaron
rotundamente a permitir su acceso, bajo el argumento de que ello no era necesario
y de que se trataba de una audiencia confidencial. Dejó expresa constancia de su
inconformidad, pero la diligencia continuó sin la asistencia profesional que solicitó.
2.3. Durante la audiencia individual indicó con precisión las pruebas de las cuales
pretendía valerse para ejercer su defensa y demostrar la falta de sustento de la
queja promovida en su contra. No obstante, hasta la fecha en la que promovió esta
solicitud de tutela no se le permitió acceder de forma íntegra, material y descargable
a la grabación de esa diligencia ni a las demás actuaciones surtidas dentro del
trámite. Solo se le permitió observar la grabación, más no descargarla ni obtener
copia, razón por la cual solicitó su remisión por correo electrónico, sin que se le diera
respuesta de fondo.
2.4. El 7 de abril de 2026 solicitó por correo electrónico, a título de préstamo, los
libros o registros en los cuales el personal de vigilancia de la sede judicial de
Zipaquirá anota la hora de ingreso y salida de los servidores judiciales, prueba
relevante para su defensa. Esa solicitud tampoco le fue resuelta.
2.5. Durante la diligencia fue objeto de un trato que percibió como parcializado y
hostil por parte de uno de los integrantes del Comité, situación que incrementó su
sensación de indefensión y confirmó que el trámite no se estaba desarrollando bajo
condiciones mínimas de equilibrio, imparcialidad y respeto por sus garantías
fundamentales.
2.6. Con posterioridad, recibió citación para una audiencia de conciliación
programada para el 8 de mayo de 2026 a las 9:00 a. m., esto es, sin que previamente
se le garantizara el acceso pleno a las pruebas y actuaciones, sin dársele respuesta
a sus solicitudes y sin esclarecerse si podría comparecer asistida por abogado.
2.7. Se vulneraron sus derechos fundamentales ante la inminencia de esa
audiencia, en tanto se pretendió continuar un trámite administrativo lesivo sin
remover antes las barreras que hoy impiden el ejercicio real y efectivo de su defensa
y contradicción.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA. Que se tutelen en mi favor los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, contradicción y petición.
SEGUNDA. Que se ordene al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE
CUNDINAMARCA - AMAZONAS suspender la audiencia de conciliación programada
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00351-01
Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
para el 8 de mayo de 2026, hasta tanto se restablezcan plenamente mis garantías
fundamentales.
TERCERA. Que se ordene al accionado permitirme comparecer y participar en el trámite
asistida por abogado en ejercicio, si así lo decido, en pleno ejercicio de mi derecho de
defensa y contradicción.
CUARTA. Que se ordene al accionado permitirme acceder, consultar y descargar
íntegramente todas las pruebas, grabaciones, correos, actas, soportes y demás
actuaciones surtidas dentro del trámite adelantado en mi contra.
QUINTA. Que se ordene dar respuesta de fondo, clara, completa y oportuna a las
solicitudes que elevé respecto de la copia o descarga de la grabación y del acceso a los
libros o registros de ingreso y salida del personal judicial de la sede correspondiente.
SEXTA. Que se disponga que cualquier reprogramación de la audiencia solo pueda
efectuarse una vez se haya garantizado de forma real y efectiva el acceso a la
información, el derecho de defensa y la posibilidad de asistencia profesional. […]» [sic].
1.2. Informe rendido en el proceso
4. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y
Amazonas2 pidió declarar improcedente la tutela y exonerarla de responsabilidad
para lo cual argumentó que no existió vulneración de derechos fundamentales, pues
el procedimiento se desarrolló conforme a la normatividad aplicable, bajo la
naturaleza preventiva, confidencial y conciliatoria propia de los comités de
convivencia laboral. Expuso que la demandante fue citada y escuchada en
audiencia individual, conoció los hechos objeto de la queja presentada por Judith
Nohemí Penagos Rodríguez, tuvo oportunidad de aportar pruebas y recibió
explicación sobre la improcedencia de comparecer con apoderado, dado que no se
trataba de un proceso judicial o disciplinario. Asimismo, sostuvo que la negativa a
entregar la queja, las grabaciones y demás actuaciones obedecía al deber legal de
confidencialidad, que la audiencia de conciliación fue aplazada y aún no se realizó,
por lo que no existía una amenaza actual e inminente a los derechos invocados. En
consecuencia, concluyó que el Comité actuó dentro de sus competencias y respetó
las garantías de la demandante, razón por la cual solicitó negar las pretensiones de
amparo.
1.3. Sentencia de primera instancia3
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
en sentencia del 19 de mayo de 2026 negó la solicitud de tutela, al considerar que
no se acreditó una vulneración actual de los derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, contradicción y petición, en la medida en que el trámite por
presunto acoso laboral se encontraba aún en una etapa preliminar, además, la
demandante fue debidamente citada a la audiencia individual, tuvo la oportunidad
de conocer el contexto de la queja, exponer su versión de los hechos y anunciar las
pruebas que pretendía aportar, por lo que no evidenció una afectación consumada
de sus garantías procesales. Por último, observó que la audiencia de conciliación ni
siquiera se había realizado, pues fue aplazada, de manera que no existía una
2
Ver índice 7 de Samai.
3
Ver índice 9 de Samai.
3
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00351-01
Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
amenaza cierta e inmediata que justificara la intervención del juez constitucional. No
obstante, advirtió que en las etapas posteriores del procedimiento el Comité de
Convivencia Laboral debía garantizar el acompañamiento de abogado y el acceso
oportuno a las grabaciones de las diligencias, razón por la cual lo exhortó a respetar
esas garantías en adelante.
1.4. Escrito de impugnación4
6. La parte demandada presentó escrito de impugnación del numeral segundo
del fallo de primera instancia porque consideró que el exhorto que le ordenó permitir
el acompañamiento de abogado y garantizar el acceso a las grabaciones
desconoció la naturaleza preventiva, conciliatoria, informal y confidencial del trámite
de convivencia laboral, introdujo obligaciones que no están previstas en la Ley 1010
de 2006 ni en la regulación aplicable, y desnaturalizó el mecanismo al transformarlo
en un escenario de confrontación jurídica. Asimismo, sostuvo que las grabaciones
estaban protegidas por la reserva del procedimiento, que no existió vulneración del
debido proceso ni de derechos fundamentales y que, por tanto, resultaba
incongruente imponer cargas adicionales al Comité sin sustento fáctico o jurídico.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) delimitación del asunto a
decidir; iii) procedencia de la solicitud de tutela y marco normativo aplicable; iv)
problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20005 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20196, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.
2.2. Delimitación del asunto a decidir
9. De acuerdo con las pretensiones de amparo elevadas por Olga Lucía Galvis
Soto se observa que, si bien aquella invocó la protección del derecho fundamental
de petición a causa de la falta de respuesta a sus solicitudes por parte del Comité
de Convivencia de Cundinamarca y Amazonas, lo cierto es que la vulneración
alegada no gira en torno a la garantía fundamental referida, sino al posible
desconocimiento del debido proceso en el marco de una queja presentada en su
contra por acoso laboral y es bajo tal perspectiva que se analizará el asunto.
4
Ver índice 12 de Samai.
5
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
6
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
4
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00351-01
Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
2.3. Procedencia de la solicitud tutela
10. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la
solicitud de amparo:
« […] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
11. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el dispositivo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.3.1. Debido proceso en el trámite de una queja por acoso laboral, y su
relación con el enfoque de género
12. El artículo 29 de la Constitución Política determinó que el debido proceso
debe regir todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en
trámites administrativos. En cuanto a estos últimos, debe anotarse que ese derecho
busca que todas las actuaciones y decisiones adoptadas por los funcionarios se
realicen con cumplimiento de las garantías propias del ejercicio de la administración
pública. En ese sentido, la Corte Constitucional, en uno de sus primeros
pronunciamientos sobre ese derecho7, dispuso que este debe ser desarrollado en
todas las manifestaciones de la administración pública y que los actos
administrativos deben ser dictados previo a los procedimientos y los requisitos
exigidos por la ley.
13. Igualmente, en la sentencia C-980 de 2010, el mencionado tribunal manifestó
que aquel es un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata en los
términos del artículo 29 de la Constitución Política y que está en armonía con los
artículos 6.° y 209 de la citada disposición sobre la responsabilidad de los servidores
públicos y los principios que rigen la actividad administrativa del Estado.
14. Por su parte, en reciente pronunciamiento la Corte Constitucional efectuó el
estudio de la garantía constitucional del debido proceso con enfoque de género en
los procedimientos adelantados por acoso laboral de la siguiente manera:
«[…] El debido proceso. En los procedimientos preventivo, correctivo y sancionatorio,
donde se conozcan quejas por acoso laboral, debe respetarse el derecho al debido
7
Sentencia T-1082 de 2012 de la Corte Constitucional.
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00351-01
Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
proceso.8 Esto implica reconocer a las partes la posibilidad de allegar todo el material
probatorio con que cuenten, reconocer al acusado la posibilidad de defenderse frente
a las imputaciones hechas y resolver con celeridad. El reconocer estas garantías
mínimas -previstas en el artículo 29 de la Constitución y aplicables a todo tipo de
proceso judicial o administrativo- permite, igualmente, limitar el poder de quien está
llamado a resolver una queja. Esta persona no podrá zanjar la discusión que le es
propuesta sobre la base de su propio y caprichoso criterio, sino atendiendo a una
valoración probatoria adecuada y razonable.
El debido proceso y el enfoque de género. De otro lado, esta Corte ha reconocido
que, a partir de lo dispuesto en los artículos 13, 43 y 53, las mujeres tienen derecho
a trabajar en lugares libres de violencia.9 Por ello, para esta Corporación, tanto los
particulares como las entidades del Estado deben cumplir “con la obligación de
prevenir, investigar, juzgar y sancionar la violencia y/o discriminación por motivos de
género”.10 Para lograr este propósito, deben aplicar “[…] la perspectiva de género
cuando tramiten casos o denuncias que involucren violencia contra ellas”.11
En los trámites internos que deben llevarse a cabo en las empresas, para dar
respuesta a una queja por acoso, los comités de convivencia laboral no pueden hacer
abstracción del enfoque de género. Este enfoque, ciertamente, les brindará
importantes herramientas para identificar aquellas circunstancias de acoso laboral
cometidas en contra de las mujeres, y a partir de allí establecer, por medio del
mecanismo conciliatorio previsto en la Ley 1010 de 2006, medidas que permitan
superar dichas situaciones.
En enfoque de género reconoce que “[l]as mujeres como grupo han sido
tradicionalmente discriminadas en todas las esferas sociales, -económica, política,
laboral y educativa-”.12 A partir de este reconocimiento, tanto el Estado como los
particulares tienen el deber de actuar para que la discriminación contra la mujer se
revierta. En la Sentencia T-239 de 2018, esta Corte reconoció que “(…) la garantía de
igualdad material para las mujeres, que se deriva del artículo 13 de la Constitución y
del bloque de constitucionalidad, así como las obligaciones derivadas del deber de
erradicación de la discriminación contra la mujer, imponen la debida diligencia en la
prevención, investigación, sanción y erradicación de todas las formas de violencia
contra la mujer. Este deber no se reputa exclusivamente de las actuaciones estatales,
sino que se extiende a las actuaciones de particulares”.13 (Subrayas fuera de texto).
El enfoque de género, por su parte, impone a la autoridad que analiza una queja
estudiar de una manera determinada las pruebas que se aportan. Así, respetando la
imparcialidad y la independencia, los miembros de los comités de convivencia laboral
deberán tener en consideración que, normalmente, una mujer que dice haber sido
8
Cfr., Corte Constitucional. Sentencia T-141 de 2024. En esta providencia se ha sostenido lo
siguiente: “[e]stas actuaciones administrativas están sometidas al cumplimiento del debido proceso
y deben adelantarse de manera célere y sin dilaciones injustificadas. La Corte estima que, con base
en el artículo 29 de la Constitución, los procedimientos administrativos de investigación mediante los
cuales se tramitan quejas por acoso, discriminación y violencia, deben garantizar el debido proceso
de todas las partes involucradas: las presuntas víctimas y las personas investigadas. En virtud del
principio de celeridad se exige a las autoridades impulsar de manera oficiosa los procedimientos con
el fin de que “se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas”. En ese sentido, es exigible que los responsables dentro de una institución conozcan
el trámite previsto en el protocolo y la demás normativa aplicable para activar las rutas de protección.
Así mismo, es deber de la institución orientar y reconducir estas peticiones a la autoridad competente
y no justificar en ello la demora en el trámite”.
9
Por violencia contra la mujer debe entenderse, siguiendo lo dispuesto en la Ley 1257 de 2008 -
artículo 2-, “(…) cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público
o en el privado”.
10
Cfr., Corte Constitucional. Sentencia T-266 de 2024.
11
Ibidem.
12
Cfr., Corte Constitucional. Sentencia T-239 de 2018.
13
Ibidem.
6
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00351-01
Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
acosada, bajo cualquiera de las modalidades previstas en la Ley 1010 de 2006, no
siempre se encuentra en igualdad de armas con la persona (o personas) que han
podido, eventualmente, incurrir en alguna de esas prácticas de acoso. Los miembros
del comité de convivencia laboral deben, en consecuencia, aproximarse al caso
teniendo en cuenta esta desigualdad.
Para ello, los miembros del comité deben (i) analizar, de manera conjunta, todas las
pruebas que les hayan sido entregadas; (ii) dar valor a las pruebas indiciarias cuando
es evidente que aportar pruebas directas resulta sumamente complejo para la víctima;
y (iii) reclamar del presunto acosador una actitud más proactiva, requiriéndolo para
que explique la situación y señale por qué sus conductas no constituyen acoso laboral.
Sobre esto último, debe recordarse que, en la mayoría de los casos, la persona que
es acusada está en una mejor posición para demostrar que ha actuado conforme a la
ley, y que no ha agredido a quien formula la queja.14
En el trámite de estas quejas, los empleadores -y, por supuesto, los comités de
convivencia laboral- tienen el deber de actuar con eficiencia, ofreciendo a sus
empleadas presuntamente acosadas “(…) una ruta clara, célere y confiable de
atención y acompañamiento, con una respuesta efectiva a sus denuncias para no
nutrir estigmas sociales ni redoblar la discriminación de violencia”.15 Esto con el objeto
de “frenar la reproducción de estereotipos machistas y patriarcales, equilibrar las
asimetrías de poder existentes en la cosmovisión imperante, visibilizar los obstáculos
que estaba llamada a superar la denunciante e impedir su revictimización”.16
La Corte ha indicado que el empleador desconoce el derecho de las mujeres a trabajar
en un espacio libre de violencia, cuando actúa con indiferencia o neutralidad frente a
sus quejas. En un pronunciamiento reciente, la Corte resaltó que:
“(…) existe el derecho de las mujeres a trabajar en entornos libres de violencia que
debe ser garantizado por los empleadores, tanto privados como públicos. Una de sus
obligaciones es contar con procedimientos internos que aseguren un mecanismo
confidencial, conciliatorio y efectivo para tramitar aquellas denuncias o quejas de
acoso laboral y sexual en el espacio laboral. Asimismo, los empleadores deben aplicar
la perspectiva de género ya que si se muestra indiferente o neutral ante los actos de
violencia contra la mujer vulnera gravemente sus derechos, porque se abstiene de
cumplir con su obligación de asesorarla sobre las rutas de atención con las que
cuenta”.17 […]».
14
Cfr., Corte Constitucional. Sentencia T-198 de 2022. En esta sentencia se analiza la práctica
probatoria judicial, con enfoque de género. El trámite de una queja ante el Comité de Convivencia
Laboral no es, claramente, un proceso judicial. Empero, no existen razones para sostener que el
trámite de una queja debe llevarse a cabo con abstracción del enfoque de género. Máxime cuando,
como se ha reconocido en esta providencia, tanto las autoridades del Estado, como los particulares,
tienen el deber constitucional de emprender acciones tendientes a eliminar la discriminación contra
la mujer. Por su parte, en la Sentencia T-266 de 2024, la Corte se pronunció así: “El artículo 7 [de la
Ley 1010 de 2006] definió conductas, o hechos indicadores, que, de desplegarse de manera
reiterada y pública, se presume que existe acoso laboral, con la posibilidad de desvirtuarse si hay
prueba en contrario. Como lo explicó la Sentencia T-198 de 2022, respecto de las conductas que
ocurran en privado, no existe esta presunción. Por lo que, a través de los medios de prueba
reconocidos en la ley procesal civil, la parte interesada debe convencer a la autoridad de que sí
ocurrió el acoso laboral. Sin embargo, quien investiga estos hechos, especialmente cuando se trata
de una mujer víctima de violencia, debe flexibilizar la carga de la prueba, sin desconocer las garantías
mínimas de la otra parte. Así, debe privilegiar los indicios sobre la prueba directa porque permite
hacer interpretaciones sistémicas de la realidad. Lo anterior, debido a que, en muchos escenarios,
la declaración de la mujer víctima es con la única prueba con la que cuenta”.
15
Cfr., Corte Constitucional. Sentencia T-266 de 2024.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
7
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00351-01
Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
2.4. Problema jurídico
15. La Sala deberá definir si: ¿el Comité de Convivencia Laboral de
Cundinamarca y Amazonas vulneró los derechos fundamentales de Olga Lucía
Galvis Soto presuntamente al no permitirle comparecer a las actuaciones asistida
por apoderado judicial y negarle el acceso al expediente, grabaciones o enlaces de
las diligencias surtidas dentro del procedimiento?
16. La Sala deberá definir si: ¿es procedente exhortar u ordenar al Comité de
Convivencia Laboral de Cundinamarca y Amazonas para que, en adelante, permita
el acompañamiento de abogado a la demandante si así lo solicita y garantice su
acceso oportuno a las grabaciones?
2.5. Análisis de la Sala
17. Para mayor claridad del asunto, y en aras de desatar los cargos propuestos
por la demandante, en esta oportunidad es relevante referir algunas actuaciones
adelantadas en el marco del procedimiento adelantado por queja de acoso laboral
en su contra en el Comité de Convivencia Laboral de Cundinamarca y Amazonas
de la siguiente manera:
18. El 16 de marzo de 2026 se presentó queja por presunto acoso laboral contra
la demandante, de tal manera, mediante oficio 020 del 27 de igual mes y año, fue
citada por el Comité de Convivencia Laboral de Cundinamarca y Amazonas a una
audiencia individual, diligencia que fue realizada el 13 de abril de igual anualidad.
19. No obstante, antes de iniciar la audiencia manifestó que contaba con
apoderado y deseaba ser asistida por él, pero el Comité de Convivencia Laboral
negó su ingreso con sustento en la confidencialidad de las actuaciones, pese a la
constancia de inconformidad dejada por la demandante.
20. Durante la diligencia, señaló las pruebas que pretendía hacer valer; no
obstante, no se le permitió acceder de manera íntegra, material y descargable a la
grabación ni a las actuaciones del trámite, pues la entidad solo accedió a su
visualización sin posibilidad de copia, pese a la solicitud formal elevada sin
respuesta de fondo.
21. El 7 de abril de 2026 solicitó el obtener respuesta a sus requerimientos y,
durante la audiencia percibió un trato parcializado por parte de un integrante del
referido Comité; con posterioridad, fue citada a una audiencia de conciliación para
el 8 de mayo de igual anualidad sin pronunciamiento alguno respecto a sus
pedimentos, se garantizara el acceso al expediente o aclarado si podía asistir con
abogado.
22. Por su parte, la demandada rindió informe en el que explicó que el 13 de abril
de 2026 escuchó primero a la denunciante, quedando su intervención registrada en
el archivo “AUDIENCIA INDIVIDUAL CASO No. 2026-001-20260413_083652”.
Posteriormente, a las 9:49 a.m. de ese día, se inició la audiencia individual de la
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00351-01
Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
aquí demandante, quien solicitó ingresar con abogado, frente a lo cual la entidad le
informó que no era necesario por tratarse de un trámite preventivo y conciliatorio,
no judicial, orientado al mejoramiento del clima laboral, se le expusieron las
conductas denunciadas, se formularon preguntas para esclarecer los hechos y se
dejó constancia de un correo enviado por el abogado de la demandante, frente al
cual el Comité decidió no pronunciarse por provenir de un tercero ajeno al trámite;
diligencia que quedó registrada en el archivo “AUDIENCIA INDIVIDUAL CASO No.
001-20260413_094940”.
23. El 15 de abril de 2026, la demandante solicitó el link de la audiencia individual,
pero la respuesta —emitida el 8 de mayo de 2026— reiteró que, por razones de
confidencialidad, no era posible compartir ni la queja ni la grabación de la diligencia
realizada con la denunciante.
24. Por último, el Comité de Convivencia Laboral de Cundinamarca y Amazonas
confirmó que la audiencia de conciliación prevista para el 8 de mayo de 2026 no se
llevó a cabo, pues la quejosa solicitó su aplazamiento por motivos de salud, y la aquí
demandante remitió una solicitud de aplazamiento minutos antes de la diligencia,
por lo tanto, la reprogramación quedó pendiente, a la espera de que la quejosa se
encuentre en condiciones de asistir y de que Olga Lucía Galvis Soto cuente con el
tiempo necesario para su realización.
25. Así pues, es pertinente acudir a la normatividad aplicable con el objeto de
determinar si las actuaciones surtidas pudieron vulnerar derecho fundamental
alguno, para lo cual debe recordarse que la Ley 1010 de 2006 estableció un conjunto
de medidas preventivas y correctivas orientadas a superar las situaciones de acoso
laboral, para lo cual impuso a los empleadores el deber de incorporar en sus
reglamentos de trabajo «un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo
para superar las [conductas de acoso] que ocurran en el lugar de trabajo», mecanismo
que debe desarrollarse a través del Comité de Convivencia Laboral, instancia
encargada de promover el diálogo entre las partes y la corrección temprana de las
conductas denunciadas.
26. En desarrollo de la mencionada Ley, el entonces Ministerio de la Protección
Social expidió la Resolución 2646 de 2008, cuyo artículo 6 definió las funciones de
los comités de convivencia laboral, además de establecer que el referido
procedimiento debe garantizar que el proceso se lleve a cabo con la debida
diligencia y sin demoras injustificadas, enmarcado siempre dentro de los principios
de «celeridad, eficacia, imparcialidad, confidencialidad y no discriminación».
27. Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA23-
12077 de 23 de junio de 2023 «Por el cual se reglamenta la conformación y
funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral de la Rama Judicial y se dictan otras
disposiciones» que, en el artículo 16 reitera el carácter confidencial y conciliatorio del
procedimiento para el reporte y gestión de quejas por acoso laboral de la siguiente
manera: «[…] Artículo 16. Procedimiento para el reporte y gestión de quejas. El
procedimiento de la gestión de las quejas formuladas por los servidores judiciales por
conductas presuntamente constitutivas de acoso laboral, independientemente en la
modalidad que se encuentren laborando (virtual y presencial) será confidencial y
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00351-01
Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
conciliatorio […]».
28. En concordancia con lo expuesto por el juez de tutela de primera instancia y
el criterio fijado por la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos, es preciso
concluir que la finalidad preventiva, conciliadora y reservada de los procedimientos
que se adelantan ante los Comités de Convivencia Laboral no debe implicar una
limitación excesiva o injustificada de las garantías fundamentales del debido
proceso de la persona denunciada, pues, aunque la Ley 1010 de 2006 y la
Resolución 2646 de 2008 establecen que estos mecanismos tienen un carácter no
sancionatorio, ello no libera a la administración de la obligación de garantizar que
quien es señalado por presunto acoso laboral reciba información clara y suficiente
sobre los hechos que se le imputan, pueda ejercer plenamente su derecho de
defensa, cuestionar las afirmaciones realizadas en su contra y presentar las pruebas
o elementos que considere pertinentes para sustentar su posición.
29. Bajo este entendido, la Corte Constitucional ha sostenido de manera
reiterada que las garantías esenciales del debido proceso conservan plena vigencia
incluso en actuaciones que no tienen carácter sancionatorio, como aquellas que se
desarrollan ante los Comités de Convivencia Laboral18. Entre tales garantías se
encuentran el acceso a la información necesaria para ejercer adecuadamente la
defensa y la posibilidad de recibir acompañamiento jurídico cuando la persona
involucrada estime pertinente hacerlo.
30. Así las cosas, en la etapa inicial en la que se encuentra el procedimiento y
con fundamento en los elementos probatorios que obran en el expediente, si bien
no se evidencia que las actuaciones adelantadas hasta el momento se materializara
la vulneración de las garantías básicas del debido proceso de la demandante, en
tanto se suspendieron las actuaciones subsiguientes, también lo es que, aun
cuando se le brindó la oportunidad de intervenir en la audiencia individual, conocer
de manera general el contenido de la queja presentada en su contra, manifestar su
posición frente a los hechos expuestos y señalar los medios de prueba que
pretendía aportar antes del desarrollo de la fase conciliatoria, impedir el
acompañamiento de un abogado de confianza y el acceso a las pruebas constituye
una restricción injustificada al ejercicio efectivo del derecho de defensa que
desconoce el alcance que la Constitución y la jurisprudencia han reconocido a este
derecho fundamental en toda actuación administrativa e incluso conciliatoria como
las que desarrollan los Comités de Convivencia Laboral.
31. En consecuencia, atendiendo a que el trámite se encuentra circunscrito a la
realización de la audiencia individual inicial, no se observa, por ahora, una
vulneración materializada del derecho al debido proceso. Sin embargo, resulta
necesario advertir que, en las etapas posteriores, la entidad demandada deberá
garantizar plenamente el ejercicio de los derechos de la demandante, permitiéndole
acceder y descargar las grabaciones de las actuaciones en las que participe, así
como contar con la asistencia de un profesional del derecho si así lo considera
18
Corte Constitucional, Sentencias T-031 de 2018, M. P.: José Fernando Reyes Cuartas, T-478 de
2015, M. P.: Gloria Stella Ortiz Delgado y T-212 de 2012, M. P.: María Victoria Calle Correa, entre
otras.
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Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
conveniente, en tanto dichas prerrogativas constituyen expresiones fundamentales
del derecho de defensa.
32. Así pues, el Comité de Convivencia Laboral de Cundinamarca y Amazonas
deberá permitir a la demandante el acompañamiento de abogado cuando así lo
solicite y garantice su acceso oportuno a las grabaciones de las actuaciones surtidas
en el trámite de la queja. Tal determinación no supone la creación de una
prerrogativa ajena al ordenamiento jurídico ni una modificación de las competencias
legales del comité demandado, sino la concreción de las garantías constitucionales
de debido proceso, defensa y acceso a la información que deben observarse en
toda actuación administrativa. La Corte Constitucional ha destacado que en los
procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios relacionados con
denuncias de acoso laboral deben garantizarse a las partes oportunidades reales
de defensa, contradicción y aporte de pruebas, en estricto respeto del artículo 29 de
la Constitución Política.
33. En efecto, la Ley 1010 de 2006 tiene por finalidad prevenir, corregir y
sancionar conductas que afecten bienes jurídicos de especial relevancia
constitucional, tales como la dignidad humana, la honra, la intimidad, la salud mental
y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Precisamente por la
naturaleza sensible de los conflictos que se ventilan en sede de convivencia laboral,
resulta razonable que tanto quien afirma ser víctima de acoso como contra quien se
interpone la queja puedan contar con el acompañamiento de un profesional del
derecho que le permita comprender el alcance de las actuaciones adelantadas,
ejercer adecuadamente sus derechos y participar de manera efectiva en el
procedimiento.
34. Debe resaltarse, además, que ni la Ley 1010 de 2006 ni las normas que
regulan el funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral establecen una
prohibición expresa respecto del acompañamiento de abogado por parte de quien
presenta una queja de acoso laboral o contra quien se dirige. En ese contexto, una
interpretación conforme con la Constitución impone privilegiar el ejercicio efectivo
de los derechos fundamentales antes que introducir restricciones que carecen de
sustento legal expreso. Por consiguiente, permitir la asistencia jurídica solicitada por
la demandante aparece como una medida orientada a fortalecer, y no a
desnaturalizar, el procedimiento preventivo de convivencia laboral.
35. De igual forma, la garantía de acceso oportuno a las grabaciones de las
sesiones o diligencias relacionadas con la queja constituye una manifestación
concreta de los principios de publicidad, transparencia y contradicción. El
conocimiento de tales registros permite a la interesada verificar el desarrollo de las
actuaciones, ejercer observaciones frente a su contenido, controvertir eventuales
interpretaciones inexactas de lo ocurrido y, en general, desplegar una defensa
material efectiva. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el debido
proceso en las actuaciones relacionadas con acoso laboral exige que las partes
puedan conocer y controvertir los elementos probatorios y las decisiones que
inciden en sus derechos.
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Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
3. Conclusión
36. En este orden de ideas, la Sala considera que se debe revocar el
pronunciamiento de primera instancia que negó el amparo invocado para, en su
lugar, acceder, en la medida en que, si bien no se materializó la vulneración que
alega la demandante, pues no se suspendieron las actuaciones del procedimiento
por acoso laboral y ha tenido conocimiento y acceso a las diligencias realizadas
hasta el momento, también lo es que persiste una amenaza del derecho
fundamental al debido proceso por permitir el acompañamiento de abogado si así
lo solicita, así como negar el acceso oportuno a las grabaciones de las diligencias
en las que participe.
37. En consecuencia, se ordenará al Comité de Convivencia Laboral de
Cundinamarca y Amazonas que permita la asistencia del profesional del derecho y
la obtención de las grabaciones de las audiencias que solicitó la demandante para
evitar que posteriormente sí se materialice la vulneración alegada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 19 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que negó las
pretensiones de la demanda para, en su lugar acceder al amparo del derecho
fundamental al debido proceso de Olga Lucía Galvis Soto, en la solicitud de tutela
presentada contra la Dirección Seccional de Administración Judicial Cundinamarca
y Amazonas – Comité de Convivencia Laboral de Cundinamarca y Amazonas
Segundo: Ordenar al Comité de Convivencia Laboral de Cundinamarca y
Amazonas para que, en adelante, permita el acompañamiento de abogado a la
demandante si así lo solicita y garantice su acceso oportuno a las grabaciones de
las diligencias en las que participe, en cumplimiento de los estándares
constitucionales de debido proceso y derecho de defensa.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Demandante: Olga Lucía Galvis Soto
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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