Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00426-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00426-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-00426-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., nueve [9] de julio de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00426-01
Demandante: GERMÁN FRANCO BARBOSA
Demandados: JUZGADO SETENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OTROS
Temas: Tutela contra acto administrativo. Ausencia del requisito de
subsidiariedad. Confirma la improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Germán Franco Barbosa contra
la sentencia de 12 de junio de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor German Franco Barbosa, en nombre propio, presentó acción de tutela contra
el Juzgado Setenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la Secretaría de
Hacienda de Bogotá - Dirección Distrital de Cobro, y la Alcaldía Local de Kennedy, con
el fin que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, de
acceso a la administración de justicia y a la propiedad privada.
Dichas garantías superiores las encuentra vulneradas por las autoridades
demandadas, principalmente, por la Secretaría de Hacienda de Bogotá, al ejecutar las
decisiones y medidas cautelares contenidas en actos administrativos adoptados en el
curso del proceso de cobro coactivo identificado con el número
«202308108100078918», el cual se adelanta conta el señor Franco Barbosa, producto
de las sanciones que le fueron impuestas por infringir normas urbanísticas; decisiones
que actualmente se controvierten en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho distinguida con el radicado 11001-33-34-006-2022-00494-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Germán Franco Barbosa
Demandados: Juzgado Setenta Administrativo de Bogotá y otros
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00426-01
1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
Primera: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a
la administración de justicia, tutela judicial efectiva, y derecho a la propiedad del aquí
accionante señor German Franco Barbosa.
Segunda: SUSPENDER provisionalmente el Proceso Administrativo de Cobro Coactivo
No. 202308108100078918 adelantado por la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección
Distrital de Cobro, en contra del demandante, hasta tanto se profiera decisión definitiva
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad.
11001333400620220049400. Ejercicio desproporcionado de la potestad de cobro;
afectación grave de garantías constitucionales, riesgo de ineficacia de la jurisdicción
contenciosa.
Tercera: SUSPENDER diligencias de secuestro y remate. jurisdicción contenciosa.
Cuarta: Ordenar resolver de fondo las solicitudes de suspensión y levantamiento
cautelar.
Quinta: Ordenar abstenerse de ejecutar nuevas medidas hasta que exista
pronunciamiento judicial definitivo o decisión cautelar del Juez contencioso.
Sexta: LEVANTAR todas las medidas cautelares decretadas dentro del citado proceso
de cobro coactivo, incluyendo:
· Embargo y secuestro del inmueble Matrícula Inmobiliaria No. 50S-40317977 (Carrera
81J No. 56-86 Sur, Int. 9, Apto 504).
· Embargo de los bienes embargados de las matrículas inmobiliarias números 50S
40318028 y 50S-40318043, correspondientes a los apartamentos 604 y 601 de la
Carrera 81J No. 56-86 Sur, en desarrollo del proceso de cobro coactivo
Suspensión inmediata de la diligencia de secuestro programada para el día 4 de junio
de 2026 que se tiene programada para las matrículas inmobiliarias números 50S-
40318028 y 50S-40318043, correspondientes a los apartamentos 604 y 601 de la
Carrera 81J No. 56 86 Sur, en desarrollo del proceso de cobro coactivo ·
Cualquier otra medida cautelar vigente.
Séptima: ORDENAR a las entidades accionadas que, en el término de 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, procedan a comunicar el levantamiento de
las medidas a las autoridades de registro, entidades financieras y al secuestre
designado.
Octava: ADOPTAR la presente decisión como mecanismo transitorio, sin perjuicio de
que el demandante pueda acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para
obtener la nulidad de los actos demandados y el restablecimiento definitivo de sus
derechos.
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Demandante: Germán Franco Barbosa
Demandados: Juzgado Setenta Administrativo de Bogotá y otros
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Novena: ORDENAR al señor alcalde de la Localidad de Kennedy de cualquier vía que
vaya en contravía y desconocimiento de debido proceso como reportes negativos, llevar
diligencias administrativas, utilizar la fuerza de la Policía Nacional como fue la que se
llevó a cabo el día 28 de mayo de 2026, hasta tanto no se tenga un fallo definitivo de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho dentro del radicado Rad.
11001333400620220049400 que hoy cursa en el Juzgado Setenta 70 Administrativo Del
Circuito De Bogotá Sección Primera1.
1.3. Hechos
Del expediente de tutela se encuentran los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor German Franco Barbosa fue sancionado por la Alcaldía Local de Kennedy
mediante la resolución 167 de 18 de junio de 2021, en el sentido de imponerle una
multa equivalente a $234.369.000 por infringir normas urbanísticas al realizar unas
obras sobre un inmueble sin contar con la correspondiente licencia de construcción, y
se le ordenó la demolición.
Con las resoluciones 121 de 16 de marzo de 2022 y 410 de 2 de junio del mismo año,
se resolvieron de manera negativa los recursos de reposición y de apelación.
En acto administrativo de 20 de enero de 2023, la referida entidad inició un proceso de
cobro persuasivo y el 20 de abril siguiente dio por finalizada esta etapa, razón por la
cual la Alcaldía dispuso enviar el asunto a la Oficina de Gestión de Cobro de la
Secretaría Distrital de Hacienda a través del comunicado 20235830834431 de 16 de
mayo de 2023, dependencia que, por resolución DCO-083394 de 15 de septiembre de
2023 ordenó: (i) librar mandamiento de pago en contra del señor Germán Franco
Barbosa por la suma correspondiente a la referida multa, entre otras cantidades; (ii) y
ordenó el embargo y secuestro de todos los bienes reportados a su nombre.
El 30 de septiembre de 2025, en comunicado 2025EE699483O1, la Oficina de Gestión
de Cobro de la Secretaría de Hacienda de Bogotá informó al demandante que
mediante resolución DCO258329 de 30 de septiembre de 2025 se ordenó el
levantamiento de las medidas de embargo y secuestro de los inmuebles de matrícula
inmobiliaria 50S-43550 y 50C-1230867, por considerar que los demás bienes
embargados, eran suficientes para respaldar la obligación.
De acuerdo con el acta de diligencia de secuestro del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 50S-40317977, adelantada el 27 de mayo de 2026 en las horas
1 Transcripción del texto original con énfasis y posibles errores.
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de la tarde, la medida no se pudo ejecutar porque en la vivienda no había nadie, por
lo tanto, se reprogramó para el 4 de junio de 2026.
Frente a lo anterior, el 12 de diciembre de 2025 el accionante solicitó el levantamiento
y/o suspensión de todas las medidas cautelares por considerar que los actos emitidos
por la administración carecen de poder de ejecución en atención a que se encuentra
en trámite el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que ejerció
desde el 11 de octubre de 2022, asunto que le correspondió en primera instancia al
Juzgado Setenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá2, y que se identifica con
el radicado 11001-33-34-006-2022-00494-00.
La solicitud de levantamiento de las medidas fue negada en auto de 9 de junio de 2026
al concluirse lo siguiente:
En síntesis, la medida cautelar solicitada no cumple los presupuestos de procedencia
previstos en los artículos 230 y 231 del C.P.A.C.A., toda vez que no guarda una relación
directa y necesaria con las pretensiones formuladas en la demanda y se dirige a
cuestionar actuaciones desarrolladas dentro de un procedimiento administrativo distinto
al que constituye el objeto del presente medio de control.
Adicionalmente, el régimen especial contenido en los artículos 100 y 101 de la Ley 1437
de 2011 regula de manera expresa las hipótesis de suspensión del procedimiento de
cobro coactivo y excluye, en los supuestos allí previstos, el levantamiento de las medidas
cautelares decretadas dentro de dicho trámite. En el caso concreto no se acredita
ninguna de las circunstancias legalmente establecidas para la suspensión del
procedimiento de cobro ni existe fundamento normativo que habilite la adopción de la
medida solicitada.
Por consiguiente, al no reunirse los requisitos legales para su procedencia, el Despacho
negará la medida cautelar solicitada por la parte demandante.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora sostuvo que, a su juicio, las medidas cautelares de embargo y
secuestro dictadas en vía administrativa son improcedentes por cuanto el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió se encuentra en curso,
por ende, está pendiente de que se defina la legalidad de los actos demandados, razón
por la cual no es posible ejecutar las órdenes impartidas por la administración en virtud
de lo estipulado en el artículo 1013 de la Ley 1437 de 2011.
2 Inicialmente el asunto le correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
y luego, en atención a medidas de descongestión, fue reasignado al Juzgado Setenta Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá.
3 «ARTÍCULO 101. Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos
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Al respecto, citó los siguientes apartes de algunas providencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado:
Sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 23341 del 12/12/2018, C.P.,
Julio Roberto Piza Rodríguez, Sentencia Exp. 23918 del 06/11/2019. Sentencia T-628
de 2008 (Corte Constitucional – M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra): "La Administración
vulnera el debido proceso si inicia un proceso de cobro coactivo sin contar con un título
ejecutivo en firme, especialmente cuando existen dudas sobre la legalidad del acto".
Sentencia T-917 de 2008 (Corte Constitucional – M.P. Clara Inés Vargas Hernández):
"La acción de tutela procede transitoriamente para suspender el proceso de cobro
coactivo y ordenar el levantamiento de medidas cautelares cuando existe un perjuicio
irremediable y los actos administrativos que sirven de fundamento han sido
demandados".
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta (12 de diciembre de 2018, Exp. 23341
y 6 de noviembre de 2019, Rad. 23198): "El acto administrativo que sirve de fundamento
al cobro coactivo no tiene fuerza ejecutoria mientras transcurre el término para demandar
o existe un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en curso sin decisión
definitiva".
Sentencia C-379 de 2004 (Corte Constitucional): "Las medidas cautelares son
preventivas y no pueden ser permanentes o inmutables si se afecta el debido proceso".
Agregó que esta acción se presenta como mecanismo transitorio por cuanto las
medidas cautelares impuestas por la administración le generan un perjuicio
irremediable ante la «pérdida del bien familiar»; el mecanismo ordinario es ineficaz al
continuar la ejecución; y existen diligencias programadas para ejecutar el secuestro.
En ese orden, en síntesis, el señor Franco Barbosa procura que a través de este
mecanismo constitucional se disponga: (i) la suspensión del proceso de cobro coactivo
administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la
ejecución y los que liquiden el crédito.
La admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título ejecutivo no
suspende el procedimiento de cobro coactivo. Únicamente habrá lugar a la suspensión del
procedimiento administrativo de cobro coactivo:
1. Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido
provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y
2. A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o el que ordene seguir
adelante la ejecución, según el caso, esté pendiente el resultado de un proceso contencioso
administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Esta
suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el decreto y práctica de
medidas cautelares.
PARÁGRAFO. Los procesos judiciales contra los actos administrativos proferidos en el procedimiento
administrativo de cobro coactivo tendrán prelación, sin perjuicio de la que corresponda, según la
Constitución Política y otras leyes para otros procesos».
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«202308108100078918», hasta que se profiera decisión en el proceso ordinario; (ii) la
suspensión de las diligencias de secuestro; (iii) la expedición de la decisión de fondo
sobre las solicitudes de levantamiento de medidas cautelares; (iv) el levantamiento de
las órdenes de embargo de sus bienes, entre otros, del inmueble de matrícula
inmobiliaria 50S-40318043; y (v) ordenar a la Alcaldía Local de Kennedy abstenerse
de adelantar cualquier gestión hasta que se produzca una decisión en la jurisdicción
contencioso administrativa.
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 1. ° de junio de 2026, el magistrado ponente de primer grado admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar en calidad de demandados al
Juzgado Setenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Secretaría de
Hacienda de Bogotá y a la Alcaldía Local de Kennedy.
Finalmente, negó las medidas provisionales solicitadas luego de concluir que lo
argumentos planteados por el actor no justificaban los enfoques de necesidad y
urgencia requeridos en esta etapa de la acción de tutela, para que el juez constitucional
ordenara la suspensión de los efectos jurídicos de los actos administrativos que
actualmente gozan de legalidad.
1.6. Contestaciones
1.6.1. La Alcaldía Local de Kennedy solicitó que se declare la improcedencia de la
presente acción de tutela por no haberse demostrado la vulneración de los derechos
fundamentales y por la existencia de otros mecanismos ordinarios de defensa.
Ello, luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el cauce del proceso
administrativo y advertir que carece de legitimación en la causa por pasiva, habida
cuenta de que su competencia respecto a lo pretendido por el actor, se limitó al trámite
y decisión del proceso contravencional, al cabo del cual, correspondió a otras
autoridades gestionar el cobro de lo pertinente, entre otras, a la Secretaría Distrital de
Hacienda.
Al respecto, aclaró que, por tratarse de una censura de actos administrativos de
carácter sancionatorio, al demandante le correspondía adelantar los mecanismos
ordinarios ante la jurisdicción contenciosa.
1.6.2. El Juzgado Setenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó
desestimar la presente acción de tutela por carecer de fundamento y no haberse
acreditado la vulneración de derecho fundamental alguno.
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Advirtió que ese despacho fue creado mediante el Acuerdo PCSJA25-12372 de 29 de
diciembre de 2025 y, en virtud de la redistribución dispuesta en el Acuerdo CSJBTA26-
5 de 6 de febrero de 2026, se le asignó el conocimiento de 177 procesos ordinarios,
de los cuales, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 11001-33-34-006-2022-00494-00 inició su trámite con el auto de 21 de
abril de 2026, por medio del cual se avocó el conocimiento. Posteriormente, en
proveído de 9 de junio de 2026, se negó el decreto de las medidas cautelares
solicitadas por el señor Franco Barbosa.
Destacó que en el referido medio de control se ha venido imprimiendo el trámite
procesal correspondiente de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011
y, advirtió que, en todo caso, en la solicitud de amparo no se formuló reparo alguno en
punto a su gestión en la causa ordinaria que tiene bajo su conocimiento.
Entonces, bajo la claridad de que lo pretendido por el actor está orientado a cuestionar
actuaciones administrativas ajenas a sus competencias jurisdiccionales, acotó que
existen mecanismos ordinarios de defensa previstos por el ordenamiento jurídico para
dilucidar ese tipo de pretensiones.
1.6.3. La Secretaría Distrital de Hacienda, luego de hacer un recuento de las
actuaciones administrativas, pidió que se declare la improcedencia de esta acción con
fundamento en que no cumple con los requisitos de relevancia constitucional al
plantearse un debate propio del juez ordinario; y de subsidiariedad, en tanto el proceso
ordinario se encuentra en curso. En ese sentido, precisó que no se advierte la
vulneración alegada por la parte actora.
1.7. Fallo impugnado4
Mediante providencia de 12 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo de la referencia luego de concluir que no supera el análisis del
requisito de subsidiariedad en atención a que se encuentra en curso el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del cual se solicitaron medidas
cautelares que fueron negadas, decisión frente a la cual procede el recurso de
apelación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5. ° del artículo 243 de la Ley
1437 de 2011.
Agregó que lo anterior no implica que la parte accionante no pueda solicitar
nuevamente el decreto de otras medidas cautelares que considere necesarias para la
4 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 12 de junio de 2026.
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protección de sus derechos, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia que
deba dictarse en él, tal como lo dispone el inciso 1. ° del artículo 229 de la norma
ejusdem.
En ese sentido, precisó que el proceso ordinario resulta ser el mecanismo idóneo y
eficaz para ejercer la defensa de los derechos del señor Germán Franco Barbosa.
Finalmente, accedió a las solicitudes de desvinculación del Juzgado Setenta
Administrativo de Bogotá y de la Alcaldía Local de Kennedy.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente el 16 de junio de 2026 la parte accionante solicitó
que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se conceda el amparo
de sus derechos fundamentales, se ordene la suspensión del proceso coactivo, el
levantamiento de las medidas cautelares, la abstención de ejecutar cualquier actuación
material de cobro y vincular nuevamente al Juzgado Setenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y a la Alcaldía Local de Kennedy.
1.8.1. Como sustento de lo anterior, indicó que, contrario a lo señalado por el a quo
constitucional, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta ser el
mecanismo idóneo y eficaz por cuanto el ejercicio de la demanda no suspende de
manera automática la ejecutoriedad del acto administrativo cuando se trata de
obligaciones no tributarias.
Agregó que el recurso de apelación contra el auto que le negó las medidas cautelares
tampoco es suficiente para evitar el perjuicio irremediable5 en tanto se concede en el
efecto devolutivo y en ese sentido se mantiene la decisión del juez así como la
diligencia de secuestro de sus bienes mientras se resuelve la alzada, máxime, si se
tiene en cuenta que la mencionada diligencia estaba programada para el 4 de junio del
corriente y que la solicitud de levantamiento de las órdenes cautelares se encuentra al
despacho desde el mes de diciembre de 2025.
En su criterio, en este evento se entiende configurado el perjuicio irremediable debido
a la inminencia y la gravedad ante la diligencia de secuestro de sus bienes del 4 de
junio de 2026; la urgencia derivada de la naturaleza de la medida y la fecha de su
ejecución; y la impostergabilidad del secuestro y remate de sus haberes en relación
con la espera de un fallo definitivo en la jurisdicción contencioso administrativa.
5 Citó la sentencia T-450 de 2010.
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1.8.2. Adicionó que el a quo no valoró la necesidad de acudir a la acción de tutela con
ocasión de la mora del Juzgado Setenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
judicatura que se tardó «casi» seis meses en resolver la solicitud de medidas
cautelares, lo cual constituye un defecto procedimental al advertir la violación de su
derecho al debido proceso.
1.8.3. Reprochó que la Secretaría Distrital de Hacienda ejecuta un cobro coactivo con
fundamento en actos administrativos cuya legalidad se encuentra en vilo ante el juez
ordinario, lo cual configura una vía de hecho por cuanto: (i) el título ejecutivo no tiene
fuerza ejecutoria mientras se debate en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho; (ii) la administración actúa como juez y parte al expedir el acto sancionatorio
e iniciar el cobro coactivo e imponer medidas cautelares sin que exista decisión judicial
al respecto; y (iii) la ejecución del cobro torna nugatoria la decisión del juez si se logra
el secuestro y remate de los bienes antes de que se dicte sentencia.
1.8.4. Aseguró que la desvinculación del Juzgado Setenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y de la Alcaldía Local de Kennedy con sustento en que carecen de
legitimación en la causa por pasiva es desacertada, habida cuenta que: (i) el despacho
judicial conoce actualmente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
el cual está en mora de resolver la solicitud del levantamiento de las medidas
cautelares dispuestas por las administración y podría ser objeto de órdenes en esta
instancia; y (ii) la Alcaldía no solo expidió los actos sancionatorios, sino que ha
adelantado gestiones para reportarlo negativamente ante otras entidades, por lo que
es claro que representa un rol activo en la presunta transgresión de sus derechos.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Germán Franco Barbosa contra la providencia 12 de junio de 2026 dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 20216, así como el Acuerdo 080 de 20197 de la Sala Plena de
esta corporación.
6 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
7 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.2. Cuestiones previas
2.2.1. En este punto del debate, la Sala precisa que, en relación con el cargo
sustentado en la presunta mora del Juzgado Setenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá en resolver la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares
impuestas en el proceso administrativo, es un argumento nuevo expuesto solo hasta
la impugnación, en ese orden, al no haberse planteado en el escrito inicial de tutela,
es un aspecto frente al cual la parte accionada no pudo ejercer su derecho de defensa
y contradicción, razón por la cual esta colegiatura no se pronunciará con el fin de
proteger, además, se garantía al debido proceso.
2.2.2. En relación con la decisión del a quo constitucional, a partir de la cual desvinculó
al Juzgado Setenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Alcaldía Local
de Kennedy, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuncia que revocará el ordinal
«SEGUNDO» de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia dictada el 12
de junio de 2026.
Ello, en atención a que dichas entidades presentan la calidad de terceros con interés
en la tutela de la referencia, habida cuenta de que, por un lado, la Alcaldía es la entidad
que expidió los actos administrativos demandados y se encuentra en la etapa de
ejecución del cobro respectivo; y, en cuanto al juzgado, es la autoridad que
actualmente conoce el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Franco Barbosa contra el mencionado ente local, el cual se
puede ver afectado con las decisiones que se llegaren a adoptar en esta instancia
constitucional.
Así las cosas, frente al Juzgado Setenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
y la Alcaldía Local de Kennedy, se mantiene su vinculación a esta solicitud de amparo
en los términos del auto admisorio de 1. ° de junio de 2026.
2.3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 12 de junio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, a través de la cual
declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
Para el efecto se estudiará: (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) la naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos
administrativos; y (iii) el caso concreto.
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00426-01
2.4 Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como un
mecanismo constitucional, cuyo objeto es obtener la protección inmediata de derechos
fundamentales, vulnerados por acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos previstos por el Decreto 2591 de 1991, "Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
El ejercicio de dicha acción está supeditado a la inexistencia de otros mecanismos de
defensa judicial, salvo que se acredite un perjuicio irremediable, exigencia que se
mantuvo ampliamente en el artículo 6º del decreto antes señalado, bajo los siguientes
términos:
ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que
el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que
comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un
perjuicio irremediable
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo
cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos.
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «esta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial»,
precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
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derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a
las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia8.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.
2.6. Caso concreto
En este asunto, la Sala pone de presente que los argumentos expuestos por la parte
accionante, a partir de los cuales sustentó la presunta vulneración de sus garantías
superiores, están dirigidos a cuestionar los actos administrativos a partir de los cuales
la administración, en el marco del proceso de cobro coactivo, decretó medidas
cautelares de embargo y secuestro de algunos de sus bienes y ha continuado con las
actuaciones conducentes a lograr la ejecución de esas medidas, incluso, estando en
curso el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
11001-33-34-006-2022-00494-00.
Lo anterior, en atención a que se limitó a plantear que, a su juicio, la administración no
está facultada a continuar con la ejecución del cobro por cuanto existe una demanda
ordinaria en la cual se debate la legalidad de esas decisiones administrativas, lo que
en su criterio implica que el título no se encuentra en firme.
Finalmente, aseguró que este mecanismo constitucional se promovió transitoriamente
con el fin de evitar un perjuicio irremediable, en atención a que considera que el medio
8 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones».
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de control ordinario no es idóneo y eficaz para efectos de suspender el secuestro y
remate de sus haberes.
Acogiendo el criterio de esta Sala expuesto en líneas precedentes, se advierte que la
solicitud de amparo de la referencia es improcedente, debido a que la controversia
planteada en esta sede se circunscribe a establecer sí la Alcaldía Local de Kennedy
se encuentra habilitada para continuar con la ejecución del proceso de cobro coactivo
que adelanta contra el señor Germán Franco Barbosa, mientras se surte el proceso
ordinario en el cual se debate la legalidad de los actos demandados, lo cual, en
consonancia con lo señalado por el a quo constitucional, escapa del conocimiento del
fallador de tutela por ser un asunto exclusivo de la esfera funcional del juez de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En otras palabras, el actor cuenta con los mecanismos previstos por la ley en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la
acción u omisión que considere vulneradora de sus garantías constitucionales9; marco
en el cual, a efectos de evitar la consumación o agravación del daño que alega, puede
solicitar, en cualquier estado del proceso, que se decreten medidas cautelares de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 229 a 241 CPACA.
Incluso, tal como se indicó en primera instancia, contra el auto que niega el
levantamiento de medidas cautelares procedía el recurso de apelación, de
conformidad con lo señalado en el numeral 5. ° del artículo 243 de la Ley 1437 de
2011, mecanismo que resultaba idóneo y eficaz a efectos de controvertir la providencia
de 9 de junio de 2026, a partir de la cual el Juzgado Setenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá determinó que lo pedido por el señor Franco Barbosa no presentaba
relación con el objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, ante la posible afectación de derechos o la urgencia de la protección
deprecada, actualmente cuenta, en nuestra legislación, con la existencia de
mecanismos ordinarios en el curso de la acción ordinaria, lo cual deja en evidencia que
la nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo para lograr una tutela judicial
efectiva, tornando innecesaria la intervención del juez constitucional para la protección
transitoria de los derechos fundamentales, cuando se trata de asuntos que se deben
debatir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Así las cosas, le corresponde al juez natural de la causa garantizar los principios que
rigen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tales como: los derechos de las
9 Ver antecedente de la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado; sentencia de 4 de
noviembre de 20222; expediente 05001-23-33-000-2022-01021-01.
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personas -sean estos de carácter fundamental o legal- y la preservación del orden
jurídico, como lo estipula el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.
Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco resulta procedente
cuando se están reclamando derechos de carácter económico, pues una interpretación
contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar
las competencias ordinarias, lo que desnaturalizaría este mecanismo que es
eminentemente protector de derechos fundamentales.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que:
[…] conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el
medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello
están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese
escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […].
Por ello, para la Sala no se está en presencia de un perjuicio irremediable que amerite
la intervención del juez constitucional para hacer procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio, toda vez que el hecho de que los actos proferidos por la
administración, que gozan de presunción de legalidad, se encuentren demandados
ante el juez contencioso, no implica que la ejecución de las decisiones coactivas sean
contrarias a derecho o transgresoras de los derechos fundamentales del señor
Germán Franco Barbosa.
Así las cosas, no se advierte la existencia de un peligro de tal magnitud que afecte con
inminencia y de manera grave la subsistencia del actor, y que, en tal sentido, se
requiera una medida impostergable por parte de esta judicatura para neutralizar dicha
afectación.
2.7. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 12 de junio de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela, excepto el ordinal
«SEGUNDO» que será revocado.
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia de 12 de junio de 2026.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión de 12 de junio de 2026 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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