RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2026-00435-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00435-01

Fecha
27 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00435-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito 23 Artículo 86 de la Carta Política. 10 Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01 Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá de relevancia constitucional; para precisar que esto se da por no cumplir el requisito de subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2026-00435-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-15-000-2026-00435-011
Accionantes : Lucía Martínez de Nuttin y otros2
Accionado : Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, auto que rechazó demanda de
reparación directa por caducidad por perjuicios generados en
proceso de extinción de dominio, subsidiariedad
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte accionante contra el

fallo del Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la
improcedencia de la acción, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por

la parte accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. Lucía Martínez de Nuttin, Stephanie Nuttin Martínez, Catherine Nuttin Martínez y Emile

Albert Nuttin Martínez, actuando a través de apoderado judicial, interpusieron el presente
recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, que
consideran vulnerados por el Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá.

1
Expediente digital disponible en SAMAI.
2
Stephanie Nuttin Martínez, Catherine Nuttin Martínez y Emile Albert Nuttin Martínez.

Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01
Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros
Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá

4. Por consiguiente, solicitaron:

[…] SEGUNDA (PRINCIPAL): Se deje sin efectos el Auto de 14 de abril de 2026, proferido por el
Juzgado 58 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. – Sección Tercera, dentro del expediente
No. 11001334305820250047400, mediante el cual se rechazó la demanda de reparación directa
por caducidad, y en su lugar se ordene la admisión de la demanda.

TERCERA (SUBSIDIARIA): En subsidio de la pretensión anterior, se ordene al Juzgado 58
Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. – Sección Tercera, que rehaga la actuación a partir de
la notificación del auto de rechazo, incluyendo en la providencia la indicación expresa de los
recursos que proceden contra la misma, a fin de que la parte accionante pueda ejercer su derecho
de impugnación.

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la parte

accionante en la tutela, se puede evidenciar que, el Nueve (9) de Diciembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), los accionantes, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, instauraron demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con
fundamento en que, se vieron afectados por las cautelas de un proceso de extinción de
dominio adelantado contra el señor Pedro Antonio Bermúdez Suaza, pese a que,
finalmente se declaró la improcedencia extraordinaria frente a sus bienes, por ser
terceros de buena fe exenta de culpa.

6. Previa presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, el Veintiséis (26) de

Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), que fue declarada fallida el Cuatro (4) de
Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), el conocimiento del proceso judicial
correspondió al Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá, Sección
Tercera (radicado núm. 11001-33-43-058-2025-00474-00) que, mediante auto del
Catorce (14) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), rechazó la demanda por haber
operado la caducidad del medio de control.

7. Con fundamento en el literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,

la autoridad judicial sostuvo que la providencia del Cinco (5) de Octubre de Dos Mil
Veintitrés (2023) atacada —que quedó ejecutoriada el Once (11) de Octubre de Dos
Mil Veintitrés (2023)— puso fin a la afectación derivada del error judicial, por lo que el
término de caducidad debía computarse a partir del Doce (12) de Octubre de Dos Mil
Veintitrés (2023).

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2.
2

Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01
Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros
Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá

8. Así, si bien la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término hasta el

Veintiuno (21) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), la demanda se presentó
por fuera de aquel. El auto de rechazo, que no indicó los recursos que procedían contra
él, fue notificado por estado el Quince (15) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), sin
que los demandantes lo impugnaran.

9. En su tutela, los accionantes sostuvieron que el Juzgado Cincuenta y Ocho (58)
Administrativo de Bogotá incurrió en defecto procedimental porque omitió indicar los
recursos que procedían contra el auto de rechazo, lo que impidió el ejercicio oportuno
del recurso de apelación. Agregaron entonces que esa decisión vulneró sus derechos
fundamentales porque desconoció que, la presentación tardía de la demanda obedeció
a que su apoderado, Denis Andrés Mahecha Chaparro, «se encontraba gravemente afectado
en su salud durante los meses de noviembre y diciembre de 2025». Afirmaron que esta situación

se evidenció en la intervención quirúrgica a la que fue sometido el abogado el Doce
(12) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026).

1.2. Contestaciones de la acción

10. 1.2.1. El Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá 4 remitió copia

del expediente electrónico y manifestó que, la acción de tutela resulta improcedente
porque

[…] la parte accionante no agotó los mecanismos judiciales ordinarios de defensa previstos por el
ordenamiento jurídico para controvertir la providencia cuestionada, toda vez que no interpuso
recurso alguno contra la decisión adoptada por este Despacho. Asimismo, aunque en el escrito de
tutela se hace referencia a dificultades de salud, no se observa que dicha circunstancia hubiera
sido puesta oportunamente en conocimiento de la autoridad judicial ni que se hubiera presentado
solicitud o justificación alguna encaminada a explicar la imposibilidad de ejercer los medios de
impugnación procedentes.

1.3. Providencia impugnada5

11. Mediante sentencia del Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. Expuso que, aunque la parte actora afirmó que sus derechos al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva fueron vulnerados

4
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12.
5
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 13.
3

Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01
Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros
Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá

por la juez accionada, del análisis de las pruebas allegadas no se evidenció, prima facie,
la afectación alegada.

12. Además, precisó que, si bien la parte actora sostuvo que el auto atacado no indicó los

recursos procedentes, lo cierto es que la Ley 1437 de 2011 establece de manera clara e
inequívoca, en sus artículos 242 y 243, cuáles pueden presentarse contra auto que
rechaza la demanda. A ello se suma que, la parte actora acudió directamente a la
solicitud de amparo, sin exponer ante el juez natural ninguna de las circunstancias de
salud de su apoderado judicial que solo vino a alegar en sede de tutela.

13. Agregó que, se decretaron pruebas con el fin de dilucidar las reales circunstancias de

salud del apoderado de los actores dentro del citado medio de control, y que, de la
historia clínica aportada se desprende que, el Doce (12) de Enero de Dos Mil Veintiséis
(2026), fue intervenido quirúrgicamente por la especialidad de otorrinolaringología y que,
a partir de esa fecha, le fueron otorgados quince (15) días de incapacidad, sin que obrara
prueba de atenciones médicas en los meses de noviembre ni diciembre de 2025.

1.4. La impugnación6

14. Inconformes con la decisión, los accionantes impugnaron el fallo del Dieciocho (18)

de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026). Manifestaron entonces que, el debate trasciende
la esfera meramente legal o económica y, por tanto, goza de relevancia constitucional,
porque está en juego el acceso a la «reparación por más de once años de afectación patrimonial,
moral y de salud causados por una acción de extinción de dominio indebidamente iniciada en su contra»
y teniendo en cuenta que la decisión atacada se profirió sin indicar los recursos que
procedían en su contra.

15. Adicionalmente, precisaron que, la situación de salud del apoderado durante los
meses de noviembre y diciembre de 2025 fue indebidamente desestimada, más aún
cuando, la cirugía otorrinolaringológica debió reprogramarse a causa de un cuadro
respiratorio agudo. Eso demostraría que, durante ese período, el abogado estuvo
afectado por una condición médica que justificaba flexibilizar el término de caducidad.

16. Finalmente, adujeron la existencia de un perjuicio irremediable que justifica la
procedencia excepcional de la tutela, en tanto la firmeza del auto de rechazo genera la

6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 16.
4

Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01
Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros
Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá

extinción material de la única vía judicial disponible para obtener la reparación
reclamada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

17. En virtud de los artículos 327 del Decreto Ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo 80 del

Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)10 expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.

2.2. La acción

18. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

2.3. Problema jurídico

19. Se contrae a determinar si resulta procedente la acción de tutela y, en caso afirmativo,

si es dable examinar si el auto del Catorce (14) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026),
mediante el cual el Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá rechazó la
demanda de reparación directa por haber operado el fenómeno de la caducidad, adolece
del defecto procedimental y, por consiguiente, es violatorio de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial
efectiva.

7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al
superior jerárquico correspondiente».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte
el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
10
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5

Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01
Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros
Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá

2.4. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

20. El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la

Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos de defensa

judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe recurrir a ellos
antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el constituyente buscó
que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa previstos en la
correspondiente regulación común11.

21. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar

la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o
judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico 12. Esto
porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos ordinarios
de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario que conoce
de un determinado asunto radicado bajo su competencia13.

22. Si no fuera así, ha manifestado la Corte Constitucional que:

[…] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos
fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese
cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que
le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo 14.

23. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del

afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo
o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.

24. El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la
respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite

11
Ver sentencia T-680 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
12
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de
los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
13
Corte Constitucional, sentencias T-705 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub) y SU-026 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
14
Cfr. Sentencia T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6

Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01
Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros
Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá

resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por
lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito
de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez
de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones
de índole formal15.

25. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto,

considerando las características procesales del mecanismo, las circunstancias del
peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que, un medio judicial
excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el
derecho fundamental invocado16.

26. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,

cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio
judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez constitucional es
necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable
se caracteriza:

(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii)
por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona
sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar
que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad 17.

2.5. Caso concreto

27. Sea lo primero aclarar que, contrario a lo dicho por el a quo, la Sala encuentra que el

asunto sí reviste de relevancia constitucional, por cuanto se alega que el Juzgado habría
declarado la caducidad del medio de control sin tener en cuenta la situación de salud del
apoderado de los demandantes, que le impidió ejercer oportunamente la acción; lo cual,
de comprobarse, vulneraría los derechos fundamentales de la parte actora. Ahora bien,
analizados los hechos y argumentos presentados en la acción constitucional, se tiene
que, resulta improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad en la tutela contra
providencias judiciales, de acuerdo con las razones que se pasan a exponer.

28. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela no resulta

15
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
16
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
17
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
7

Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01
Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros
Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá

procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de los
derechos. En efecto, si el sistema normativo dispone de otras herramientas jurídicas para
el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, o de lo contrario la acción de tutela procede de
manera transitoria18.

29. La inconformidad de los actores se origina en el auto del Catorce (14) de Abril de Dos

Mil Veintiséis (2026), mediante el cual, el Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo
de Bogotá rechazó la demanda de reparación directa por haberse configurado la
caducidad de la acción, lo que, a su juicio, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, pues, les cerró la
única vía judicial disponible para obtener la reparación de los perjuicios derivados del
proceso de extinción de dominio indebidamente adelantado en su contra, y pese a que la
presentación tardía de la demanda obedeció a que su apoderado, Denis Andrés Mahecha
Chaparro, «se encontraba gravemente afectado en su salud durante los meses de noviembre y diciembre
de 2025».

30. Ahora, en referencia al análisis de procedibilidad, la Corte Constitucional definió que

las acciones de tutela dirigidas a cuestionar providencias judiciales deben cumplir una
serie de requisitos de procedibilidad generales y otros especiales19, que ya fueron
referidos en la parte considerativa de la presente actuación. Sin embargo, se observa
que, la parte accionante no agotó todos los mecanismos judiciales que ofrece el
ordenamiento jurídico para controvertir la providencia objeto de estudio.

31. En ese sentido, los accionantes disponían del recurso de apelación consagrado en el

artículo 24320 del CPACA, el cual, establece que, el auto mediante el cual se rechaza la
demanda es susceptible de dicho recurso, esto es, la posibilidad de acudir ante el superior
jerárquico para estudiar la decisión y determinar si se ajusta a derecho, o si, por el
contrario, debe de revocarse lo decidido por el a quo.

32. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el ordenamiento jurídico estipula de

manera expresa que la decisión que rechaza la demanda en asuntos contencioso-
administrativos es susceptible de ser controvertida a través del recurso de apelación, por
ende, los accionantes antes de haber acudido a la tutela debieron agotar el referido

18
Corte Constitucional, sentencia C-132 del 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20
«ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma
instancia: 1. El que rechace la demanda […].». (negrillas fuera del texto).
8

Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01
Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros
Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá

mecanismo, el cual, resulta idóneo para cuestionar la providencia acá atacada.

33. En escenarios análogos, la Corte Constitucional ha sido clara al determinar que la

tutela no puede utilizarse como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los recursos
ordinarios cuando la parte afectada dejó vencer los términos para interponerlos sin una
justificación válida. Al respecto, indicó:

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo,
permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el
reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría
hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio
judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional21.

34. En ese mismo orden, no se puede pretender que a través de este medio se reabran

etapas procesales que se encuentren debidamente resueltas por no haber presentado a
tiempo el respectivo recurso en el desarrollo del proceso ordinario22. Además, aunque el
auto de rechazo no haya indicado qué recursos procedían contra el mismo, la ignorancia
de las leyes no sirve de excusa para no exigirle a los actores haber agotado la apelación
antes de acudir a la tutela.

35. De otra parte, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que

haga procedente la acción de tutela, pues, los demandantes no sustentaron alguna
condición de vulnerabilidad que hubiese posibilitado flexibilizar el análisis de
procedibilidad del mecanismo de amparo.

36. Si bien los actores expusieron que, en noviembre y diciembre de 2025, su apoderado

atravesó graves problemas de salud que le impidieron presentar oportunamente el medio
de control, lo cierto es que, conforme lo constató el a quo con fundamento en la historia
clínica aportada al trámite, de aquella se desprende que el abogado fue intervenido
quirúrgicamente por la especialidad de otorrinolaringología el Doce (12) de Enero de Dos
Mil Veintiséis (2026) y que, a partir de esa fecha, le fueron otorgados quince (15) días de
incapacidad, sin que obre prueba de atenciones médicas en meses previos.

37. Así, la condición de salud alegada no quedó acreditada respecto del período en que,

según se afirma, debía presentarse la demanda para tenerse por oportuna y, menos aún,

21
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9

Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01
Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros
Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá

respecto del término para impugnar el auto de rechazo, notificado por estado el Quince
(15) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), esto es, con amplia posterioridad al vencimiento
de la referida incapacidad. Máxime, cuando estas circunstancias no fueron alegadas en
el trámite del proceso ordinario y sin que la acción de tutela pueda ser utilizada para
revivir etapas que no fueron utilizadas por las partes, ni para subsanar omisiones
procesales de los interesados.

38. En tales condiciones (la existencia de otro medio de defensa), es aplicable la
preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que guarda
estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a la cual la
acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» 23.

39. Finalmente, destaca la Sala, que el ejercicio de la acción de tutela no habilita al juez

constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en ellos, a
menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al debido proceso,
lo que no fue acreditado en este asunto, situación que impide asumir que el medio
ordinario de defensa resulta ineficaz para proteger los derechos de los accionantes y
evitar un daño inminente.

III. DECISIÓN

40. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, aunque el asunto

sí reviste de relevancia constitucional, la parte accionante no acreditó el cumplimiento
del requisito de subsidiariedad de la acción, por lo que, modificará el fallo impugnado que
declaró la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional para, en su
lugar, precisar que es por no haber agotado el recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito

23
Artículo 86 de la Carta Política.
10

Acción de tutela 25000-23-15-000-2026-00435-01
Accionantes: Lucía Martínez de Nuttin y otros
Accionado: Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo de Bogotá

de relevancia constitucional; para precisar que esto se da por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(En permiso)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.