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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00489-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00489-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de julio de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 17 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de octubre de 2020, radicación núm. 11001-03-28-000-2019-00042-00, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra. 19 Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997). 16 Radicación: 25000-23-15-000-2026-00489-01 Accionante: Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2026-00489-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2026-00489-01
Accionante: CORPORACIÓN JURÍDICA GUARDIANES DE LA
DEMOCRACIA
Accionado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Tema: ACCIÓN DE TUTELA. SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO.
Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad. Acto administrativo de trámite.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
3 de julio de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia - Corpojurídica GD, a
través de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, acceso a la información
pública, “[...] voto informado [...]”, a la defensa, contradicción, participación política
y de petición en conexidad con los principios de publicidad, transparencia,
motivación suficiente, confianza legítima, buena fe y prevalencia del derecho
sustancial, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Nacional Electoral, al considerar
que se desconocieron las garantías procesales durante el trámite de la actuación
administrativa adelantada para resolver la solicitud de revocatoria de la inscripción
de la candidatura del señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero a la Presidencia
de la República para el período constitucional 2026-2030.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo y el escrito de
complementación, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela
se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

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Accionante: Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia

2.1. Relató que presentó ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de revocatoria
de la inscripción de la candidatura del señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero
a la Presidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2030. Lo
anterior, al considerar que el candidato presuntamente había adquirido la
nacionalidad estadounidense y eventualmente habría realizado o realizaría el
juramento de naturalización ante los Estados Unidos de América.

2.2. Adujo que dicha solicitud fue radicada bajo el expediente núm. CNE-E-DG-2026-
021998, con el objetivo de que el Consejo Nacional Electoral verificara la situación de
nacionalidad del candidato y determinara las consecuencias jurídicas derivadas de la
eventual adquisición de una nacionalidad extranjera, en particular frente a la posible
configuración de una incompatibilidad constitucional, un conflicto jurídico de relevancia
electoral o una situación de riesgo institucional.

2.3. Señaló que, debido a la presentación de múltiples solicitudes con el mismo objeto,
el Consejo Nacional Electoral dispuso acumular varios expedientes al expediente con
radicado CNE-E-DG-2026-021536.

2.4. Agregó que, mediante la Resolución de Sala Plena núm. 2990 de 17 de junio de
2026, la autoridad administrativa incorporó al expediente diversos elementos
probatorios aportados por los solicitantes y recaudados de oficio y, sin correr previo
traslado, adoptó una decisión de fondo al negar la solicitud de revocatoria de la
inscripción de la candidatura. Allí precisó que el recurso de reposición podía
sustentarse hasta las 5:00 p.m. del primer día hábil siguiente a la notificación de la
decisión.

2.5. Indicó que la resolución le fue notificada por correo electrónico y que el término
concedido para sustentar el recurso de reposición resultaba manifiestamente
insuficiente, máxime cuando solo a través de esa misma decisión se dispuso la
remisión de copia íntegra del expediente, elemento que estimaba necesario para
ejercer su derecho de defensa y contradicción al momento de formular la impugnación.

2.6. Afirmó que, en su aclaración de voto, el magistrado Álvaro Echeverry Londoño
señaló que habría sido conveniente garantizar a los interesados la posibilidad de
conocer previamente el material probatorio recaudado antes de adoptar la decisión.

2.7. Igualmente, añadió que la magistrada Fabiola Márquez Grisales sostuvo, mediante
aclaración de voto, que la decisión mayoritaria partió de la premisa de que la condición
de colombiano por nacimiento excluía, por sí sola, la aplicación de las restricciones
derivadas de la doble nacionalidad en materia de candidatura presidencial. A su juicio,
el verdadero debate consistía en establecer si la excepción constitucional prevista para
quienes ostentan esa condición podía extenderse al régimen de inhabilidades
aplicable a la Presidencia de la República.

2.8. Expresó que, según la referida aclaración de voto, el hecho de que el artículo 197
de la Constitución Política remita a determinadas causales previstas en el artículo 179
ibidem no implica que todas las excepciones contempladas para el régimen de

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inhabilidades de los congresistas resulten automáticamente aplicables al régimen de
inhabilidades presidenciales.

2.9. Manifestó que la presentación del recurso de reposición contra la mencionada
resolución no garantizó su derecho de defensa teniendo en cuenta la brevedad del
término concedido para sustentarlo, la ausencia de traslado previo del material
probatorio y la imposibilidad de acceder oportunamente al expediente administrativo
completo. Además, señaló que, dada la proximidad de la segunda vuelta presidencial
prevista para el 21 de junio de 2026, la presunta vulneración podría ocasionar un
perjuicio irreversible.

2.10. Finalmente, advirtió que el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución Sala
Plena núm. 3096 de 19 de junio de 20261 en la cual se confirmó la negativa de las
solicitudes de revocatoria de inscripción presentadas contra el candidato Abelardo
Gabriel de la Espriella Otero.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales de la Corporación
Jurídica Guardianes de la Democracia al debido proceso administrativo y
electoral, defensa, contradicción, petición, acceso a información pública,
participación política, voto informado y acceso efectivo a la administración de
justicia.

SEGUNDA. Declarar que el Consejo Nacional Electoral vulneró o amenazó los
derechos fundamentales de la Corporación al adoptar una decisión de alta
complejidad constitucional y electoral sin garantizar traslado previo, completo y
efectivo del material probatorio incorporado al expediente.

TERCERA. Declarar que el Consejo Nacional Electoral vulneró o amenazó los
derechos fundamentales de la Corporación al emitir una decisión cuya
fundamentación mayoritaria no resolvió suficientemente el debate constitucional
sobre la remisión del artículo 197 al numeral 7 del artículo 179 de la Constitución
Política.

CUARTA. Ordenar al Consejo Nacional Electoral remitir copia íntegra del
expediente administrativo, pruebas, anexos, acta, grabación, chat y constancias
de audiencia a los correos electrónicos corpojuridica.gd@gmail.com y
edwinamc@hotmail.es.

QUINTA. Ordenar al Consejo Nacional Electoral permitir a la Corporación
complementar la sustentación del recurso de reposición una vez reciba copia
completa del expediente.

SEXTA. Ordenar al Consejo Nacional Electoral resolver el recurso de reposición
mediante decisión motivada, congruente, completa y de fondo.

SÉPTIMA. Ordenar al Consejo Nacional Electoral pronunciarse expresamente
sobre la eventual relevancia constitucional del juramento de naturalización
extranjera frente al ejercicio de la Presidencia de la República.

1
“[…] por medio de la cual se decide no reponer la Resolución No. 2990 del 17 de junio de 2026 […]”.

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OCTAVA. Ordenar al Consejo Nacional Electoral pronunciarse expresamente
sobre si la excepción prevista para colombianos por nacimiento en el numeral 7
del artículo 179 de la Constitución se traslada o no automáticamente al régimen
presidencial del artículo 197 Superior.

NOVENA. Ordenar al Consejo Nacional Electoral precisar si la negativa de la
revocatoria constituye o no una definición material, definitiva y concluyente
sobre la situación jurídica del candidato, o si, por el contrario, el asunto requiere
un escenario procesal más amplio.

DÉCIMA. Ordenar al Consejo Nacional Electoral abstenerse de declarar
desierto, extemporáneo, insuficiente o improcedente el recurso de reposición
de la Corporación por razones derivadas de la falta de acceso previo y oportuno
al expediente completo.

DÉCIMA PRIMERA. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación ejercer
vigilancia preventiva electoral sobre el cumplimiento de las órdenes que se
profieran.

DÉCIMA SEGUNDA. Vincular al candidato Abelardo Gabriel De La Espriella
Otero, su fórmula vicepresidencial, el Grupo Significativo de Ciudadanos
“Defensores de la Patria”, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la
Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los
demás interesados relacionados en el expediente administrativo. […]”.

4. En escrito de 19 de junio de 20262, la parte actora solicitó ampliar las pretensiones
de la acción de tutela en el sentido de incluir el análisis de la vulneración de
derechos fundamentales en la Resolución Sala Plena núm. 3096 de 19 de junio de
20263.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

5. Mediante auto de 19 de junio de 2026, el Despacho sustanciador de la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela, negó la solicitud de
medida provisional y vinculó en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso al señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y a los demás
relacionados en el expediente administrativo que se instruyó para resolver la
solicitud de revocatoria de inscripción que concluyó con la Resolución núm. 2990
de 2026 expedida por el Consejo Nacional Electoral.

6. Enescrito de 9 de julio de 2026, la parte actora allegó una respuesta de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en la cual se indicó que la inscripción de
candidaturas presidenciales corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil o
al Registrador Delegado en lo Electoral, previa verificación del cumplimiento de los
requisitos formales previstos en el ordenamiento jurídico; y se señaló que cualquier

2
Cfr. Expediente digital de primera instancia, índice 9 de SAMAI.
3
“[…] Por medio de la cual se decide NO REPONER la Resolución No. 2990 del 17 de junio de 2026 a través de la cual se
negaron las solicitudes de revocatoria de inscripción presentadas contra el candidato ABELARDO GABRIEL DE LA
ESPRIELLA OTERO, inscrito para participar en la elección de Presidencia de la República de Colombia, periodo 2026-2030,
por el Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “DEFENSORES DE LA PATRIA”, con ocasión de las elecciones a
celebrarse el 21 de junio de 2026 – segunda vuelta, dentro del expediente identificado con el radicado CNE-E-DG-2026-
021536 y acumulados. […]” [negrilla del texto].

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cuestionamiento relacionado con el cumplimiento de las calidades constitucionales
o legales del candidato, así como con la procedencia de su inscripción, corresponde
al Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus competencias dentro del
procedimiento de revocatoria de inscripción.

V. INTERVENCIONES

7. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegó el siguiente informe:

7.1. El Consejo Nacional Electoral efectuó un recuento de las actuaciones surtidas
dentro del procedimiento administrativo, identificado con radicación principal CNE-
E-DG-2026-021536. Destacó que el trámite se llevó dentro de los términos propios
de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que este procedimiento no tiene
regulación propia y el asunto exige una respuesta célere y oportuna.

7.2. Añadióque la última solicitud analizada en los actos administrativos que
definieron el asunto fue radicada nueve días antes de la segunda vuelta
presidencial, lo cual imponía el deber de tomar una decisión definitiva antes de dicha
fecha.

7.3. Además, adujo que no se incurrió en ninguna omisión y que la Resolución núm.
2990 de 2026 explicó que la competencia de la entidad se ciñe a verificar la
existencia de causales de inhabilidad sin que le corresponda realizar juicios
abstractos de conveniencia institucional, valoraciones de carácter político ni
pronunciamientos sobre eventuales conflictos hipotéticos.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

8. Mediante fallo de tutela de 3 de julio de 2026, la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad teniendo en cuenta
que el ordenamiento establece que la nulidad electoral es el mecanismo idóneo para
controvertir los actos administrativos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y
autoridades públicas de todo orden.

9. Advirtió que no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable ni que la
parte actora se encontrara en una situación de debilidad manifiesta, razones que
acreditan el incumplimiento del mencionado requisito.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia y solicitó su
revocatoria para, en su lugar, se concediera el amparo constitucional. Adujo que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confundió el objeto de la presente acción
de tutela con el control de legalidad propio del medio de control de nulidad electoral,

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debido a que la controversia no estaba dirigida a obtener la declaratoria de
inelegibilidad del candidato, sino a establecer si el Consejo Nacional Electoral
vulneró sus derechos fundamentales al incorporar elementos probatorios al
expediente sin garantizar las exigencias propias del debido proceso administrativo.

11. Señaló que la acción de tutela también pretendía que se determinara si la
notificación tardía del acto administrativo y el término excepcionalmente breve
concedido para sustentar el recurso de reposición constituían actuaciones lesivas
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa.

12. Expuso que el tribunal desnaturalizó el objeto de la acción de tutela al trasladar
el examen de las presuntas vulneraciones de derechos fundamentales ocurridas
dentro de una actuación administrativa al ámbito propio del medio de control de
nulidad electoral, cuyo propósito consiste en verificar la legalidad del acto de
elección.

13. Sostuvo que la subsidiariedad fue analizada con base en circunstancias
sobrevinientes a la presentación de la tutela teniendo en cuenta que para ese
momento no se había celebrado la segunda vuelta presidencial, no existía un acto
declaratorio de elección susceptible de control mediante el medio de control de
nulidad electoral y el recurso de reposición presentado contra la Resolución núm.
2990 de 2026 permanecía pendiente de decisión, razón por la cual tampoco había
sido expedida la Resolución núm. 3096 de 2026.

14. Indicó que el medio de control de nulidad electoral no es idóneo para la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo. Además, señaló
que el perjuicio irremediable no depende de la pertenencia del accionante a un
grupo de especial protección constitucional, sino de la naturaleza irreversible de la
afectación, dado que los efectos derivados del proceso electoral no podrían
restablecerse una vez consumados.

15. Destacó lo expuesto por la magistrada Fabiola Márquez Grisales en su aclaración
de voto, según lo cual la controversia planteada desbordaba el ámbito propio del
procedimiento administrativo de revocatoria de inscripción, por estimar que este
carecía de las garantías procesales necesarias para la protección efectiva de los
derechos comprometidos.

16. Añadió que el tribunal omitió analizar si el recurso de reposición constituía un
mecanismo idóneo para subsanar la ausencia de contradicción previa del material
probatorio y tampoco requirió el expediente administrativo completo antes de
adoptar la decisión de fondo, pese a que una de las irregularidades denunciadas
consistía, precisamente, en la falta de acceso oportuno a dicho expediente.

17. Explicó que no fue notificado en debida forma del auto admisorio de la acción de
tutela ni tuvo acceso a los informes rendidos por la autoridad accionada, conforme
informó mediante memorial. Igualmente, indicó que la respuesta identificada con el
radicado RNEC-S-2026-0112982, expedida por la Registraduría Nacional del

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Estado Civil y allegada con posterioridad a la sentencia de primera instancia, precisó
que la actuación de esa entidad durante el trámite de inscripción de la candidatura
se limitó a la verificación de los requisitos formales, documentales y
procedimentales, sin que le correspondiera efectuar verificaciones materiales
relacionadas con una eventual nacionalidad extranjera del candidato.

18. Indicó que, mediante la comunicación identificada con el radicado RNEC-S-2026-
0112983, la Registraduría Nacional del Estado Civil trasladó parcialmente al
Consejo Nacional Electoral las solicitudes relacionadas con la revisión material de
los requisitos de la candidatura, la eventual nacionalidad estadounidense, la
naturalización y el presunto juramento de ciudadanía extranjera, únicamente
después de haberse expedido las Resoluciones núm. 2990 y 3096 de 2026, agotada
la actuación administrativa y ordenado el archivo del expediente. En su criterio,
dicha actuación tardía no subsanó las irregularidades denunciadas.

19. Adicionalmente, formuló una solicitud probatoria para que fuera resuelta en
segunda instancia.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

20. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20257, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20249.

VIII.2. Cuestiones previas

21. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse sobre la presunta indebida notificación del auto
admisorio y la solicitud probatoria formulada en segunda instancia, planteamientos
expuestos por la parte actora en el escrito de impugnación contra la sentencia de
primera instancia.

4
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
5
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
6
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
7
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
8
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
9
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.

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VIII.2.1. Sobre la indebida notificación en esta acción de tutela

22. En el escrito de impugnación, la parte actora afirmó que no fue notificada del auto
admisorio de la presente acción de tutela, que no recibió el informe rendido por la
autoridad accionada y que no tuvo acceso al expediente digital antes de que se
profiriera la sentencia de primera instancia.

23. Al respecto, la Sala advierte que el auto admisorio fue notificado electrónicamente
el 19 de junio de 202610 a la dirección de correo electrónico
corpojuridica.gd@gmail.com, la cual fue informada por la parte actora para efectos
de recibir notificaciones dentro del presente trámite constitucional.

24. De igual manera, en relación con el acceso al expediente digital antes de la
expedición de la sentencia de primera instancia, la Sala advierte que el acuse de
envío de la notificación del auto admisorio remitido a la dirección electrónica de la
parte actora contenía el expediente digital como archivo adjunto, un enlace para
consultar el expediente electrónico y un video instructivo con las indicaciones
necesarias para acceder a este en caso de presentarse alguna dificultad, en los
siguientes términos:

25. En cuanto a la alegada falta de remisión del informe rendido por el Consejo
Nacional Electoral, es necesario tener en cuenta el trámite célere que caracteriza a
la acción de tutela (artículos 3 y 29 del Decreto 2591 de 1991), por lo que en armonía
con el deber que le asiste a las partes de ejercer una diligente vigilancia sobre las
actuaciones y comunicaciones que se surtan a través de los canales electrónicos
habilitados para tal efecto, no hay lugar al reparo propuesto frente a las actuaciones

10
Cfr. Expediente digital de primera instancia, índice 8 de SAMAI.

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surtidas, más aún si se tiene en cuenta que como se expuso supra, se habilitó un
enlace para que las partes consultaran el expediente electrónico.
26. En consecuencia, la Sala concluye que no se configura ninguna de las
irregularidades alegadas por la parte actora en relación con la notificación del auto
admisorio, el acceso al expediente digital o la remisión del informe presentado por
la autoridad accionada.

VIII.2.2. Sobre la solicitud probatoria en segunda instancia

27. En el escrito de impugnación, la parte actora solicitó incorporar y valorar los
siguientes documentos:

“[…] 1. La Sentencia No. 170-06-2026 AT del 3 de julio de 2026.

2. La aclaración de voto de la magistrada Fabiola Márquez Grisales frente a la
Resolución No. 2990 del 17 de junio de 2026.

3. La Resolución Sala Plena No. 2990 del 17 de junio de 2026.

4. La Resolución Sala Plena No. 3096 del 19 de junio de 2026.

5. La respuesta RNEC-S-2026-0112982 del 7 de julio de 2026 y sus anexos.

6. El traslado por competencia RNEC-S-2026-0112983 del 7 de julio de 2026.

7. Los memoriales radicados por el suscrito durante el trámite de tutela. […]”.

28. Asimismo, solicitó decretar como pruebas el requerimiento de i) la copia íntegra
del expediente administrativo CNE-E-DG-2026-021536 y acumulados; y ii) una
certificación de las piezas procesales y probatorias que fueron remitidas al Consejo
Nacional Electoral con la fecha, dirección de correos receptores y constancia de su
entrega.

29. Al confrontar las solicitudes probatorias formuladas en el escrito inicial de tutela
con las presentadas en la impugnación, la Sala observa que estas últimas
reproducen, en esencia, las primeras, con la única adición de la incorporación de la
respuesta emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, identificada con el
radicado RNEC-S-2026-0112982.

30. En dicha comunicación, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó, en
síntesis, lo siguiente:

31. Indicó que las candidaturas a la Presidencia de la República deben inscribirse
ante el Registrador Nacional del Estado Civil o el Registrador Delegado en lo
Electoral, quienes verifican el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por
la ley para la inscripción.

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32. Sostuvo que remitía copia de los principales documentos correspondientes al
trámite de inscripción de la candidatura del señor Abelardo Gabriel de la Espriella
Otero11.
33. Precisó que sus funciones se limitan a la verificación de los requisitos formales,
documentales y procedimentales de la inscripción, por lo que no le corresponde
efectuar verificaciones de carácter material relacionadas con la nacionalidad, la
doble nacionalidad, la naturalización extranjera, las inhabilidades, las
incompatibilidades o las demás calidades constitucionales de los candidatos.

34. Finalmente, añadió que cualquier controversia relacionada con el cumplimiento
de las calidades constitucionales, la configuración de inhabilidades o la procedencia
de la inscripción de una candidatura corresponde al conocimiento del Consejo
Nacional Electoral, a través de los mecanismos constitucionales y legales previstos
para tal efecto.

35. En ese contexto, la Sala considera que la prueba solicitada no satisface el
requisito de utilidad previsto en el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012 y, en virtud
del artículo 22 del Decreto 2591, no se considera un elemento necesario para la
decisión que corresponde adoptar en esta acción constitucional.

VIII.3. Problemas jurídicos

36. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado12, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, de ser así, se deberá determinar:

b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por
la accionante, con ocasión del presunto desconocimiento de las garantías
procesales durante el trámite de la actuación administrativa adelantada para
resolver la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura del
señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero a la Presidencia de la República
para el período constitucional 2026-2030.

37. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela; para, posteriormente,
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

11
Los documentos señalados fueron: el Formulario E-6P sobre la inscripción y aceptación de candidatura, el Formulario E-
8P con la lista definitiva de candidatos inscritos, el acta de inscripción del comité inscriptor, la certificación de cumplimiento
del número de firmas requeridas y la certificación expedida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
sobre las calidades constitucionales del candidato.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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VIII.4. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

38. De acuerdo con el artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.

39. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

40. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas. Así
las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de tutela:
la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.

VIII.5. El caso concreto

41. LaCorporación Jurídica Guardianes de la Democracia - Corpojurídica GD, a
través de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, acceso a la información
pública, “[...] voto informado [...]”, a la defensa, contradicción, participación política
y de petición en conexidad con los principios de publicidad, transparencia,
motivación suficiente, confianza legítima, buena fe y prevalencia del derecho
sustancial, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Nacional Electoral, al considerar

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que se desconocieron las garantías procesales durante el trámite de la actuación
administrativa adelantada para resolver la solicitud de revocatoria de la inscripción
de la candidatura del señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero a la Presidencia
de la República para el período constitucional 2026-2030.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de subsidiariedad en el caso sub
examine

42. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

43. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]”.

44. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza13), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

45. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que

13
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.

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quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”14.

46. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”15.

47. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

48. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

49. En el caso objeto de estudio, la Sala observa que la controversia consiste en
establecer si, en el trámite de la actuación administrativa adelantada para decidir
sobre la solicitud de revocatoria de la inscripción de una candidatura presidencial,
el Consejo Nacional Electoral vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante.

50. Del material probatorio obrante en el expediente se advierte que la parte actora
promovió ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de revocatoria de la
inscripción de la candidatura del señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero a la
Presidencia de la República para el período constitucional 2026-2030, la cual fue
acumulada al expediente identificado con el radicado CNE-E-DG-2026-021536.

51. Deltrámite surtido en dicha actuación administrativa, la Sala destaca las
siguientes actuaciones relevantes:

14
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-
580 de 26 de julio de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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52. El 10 de junio de 2026, el despacho sustanciador requirió a la Registraduría
Nacional del Estado Civil para que remitiera información relacionada con la situación
registral y la acreditación de la nacionalidad del candidato.

53. El11 de junio de 2026, se dispuso la acumulación de los expedientes
correspondientes.

54. El 17 de junio de 2026, la Sala Plena resolvió la actuación administrativa mediante
la Resolución núm. 2990, en la cual negó la solicitud de revocatoria de la inscripción
de la candidatura. Esta decisión fue notificada en estrados durante la audiencia
pública virtual, ocasión en la que varios de los intervinientes manifestaron su
intención de interponer recurso de reposición.

55. El 18 de junio de 2026, fueron presentadas las sustentaciones de los recursos,
incluido el formulado por la parte accionante.

56. El19 de junio de 2026, la Sala Plena resolvió los recursos de reposición
interpuestos mediante la Resolución núm. 3096, por medio de la cual confirmó la
anterior decisión.

57. Para resolver el asunto sometido a consideración, resulta necesario precisar la
naturaleza jurídica del acto administrativo que decide una solicitud de revocatoria
de la inscripción de un candidato a un cargo de elección popular. Sobre este
aspecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado16 ha señalado lo siguiente:

“[…] Los actos de trámite o preparatorios son aquellos que se producen en el
trayecto de un procedimiento administrativo y que conducen al acto definitivo;
por regla general, no son recurribles en vía administrativa, ni judicial […] Por
su parte, los actos definitivos, son aquellos que resuelven directamente el
fondo del asunto, en tanto con este se termina la controversia, sin embargo, el
acto de trámite puede tornarse definitivo, cuando imposibilita continuar la
actuación, en la medida que produce indefensión o perjuicio irreparable a los
derechos subjetivos del interesado.

[…]

Ahora bien, en punto al carácter definitivo o de trámite del acto que se
pronuncia sobre la inscripción efectuada ante la autoridad electoral, debe
señalarse que su naturaleza varía, según se trate de si se acepta la inscripción
o se rechaza o simplemente no se acepta. Si el acto administrativo acepta
la inscripción del aspirante, este debe ser considerado un acto de trámite
o preparatorio, porque simplemente le da impulso a la actuación, y
posibilita participar del certamen electoral. En cambio, el que la rechaza,
deniega o revoca es un acto definitivo porque con él se hace imposible para
el candidato afectado, continuar con el procedimiento.

[…]

Ahora bien, según los lineamientos de la jurisprudencia de esta Sección, el
acto que pone fin a una actuación administrativa, es el que debe demandarse
ante el juez, lo que no significa que los actos de trámite estén exentos de

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de octubre de 2020, radicación
núm. 11001-03-28-000-2019-00042-00, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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control o que sobre ellos se cierna un manto de impunidad. Lo que ocurre es
que estos últimos no son demandables de forma directa o autónoma sino
a través del acto definitivo con fundamento en los vicios que pudieron
presentarse en un acto de trámite o preparatorio o en alguna
irregularidad presentada en cualquier etapa previa al acto definitivo […]”.
[Negrilla fuera del texto]

58. De conformidad con lo expuesto, las presuntas irregularidades del acto aquí
cuestionado podrán formularse a través del medio de control de nulidad electoral,
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201117. En ese
escenario, previo al cumplimiento de los requisitos legales, se podrá poner de
presente ante el juez de lo contencioso administrativo los “[…] vicios que pudieron
presentarse en un acto de trámite o preparatorio o en alguna irregularidad
presentada en cualquier etapa previa al acto definitivo […]”18.

59. Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta lo pretendido por la accionante, para
la Sala la acción de tutela es improcedente por no cumplir con el requisito general
de subsidiariedad, puesto que la parte accionante dispone del medio judicial idóneo
para cuestionar las presuntas irregularidades alegadas una vez sea expedido el acto
definitivo susceptible de control jurisdiccional. Además, en el asunto de la referencia
no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable19.

60. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el fallo
impugnado, pero por las razones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de julio de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

17
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de octubre de 2020, radicación
núm. 11001-03-28-000-2019-00042-00, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
19
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).

16

Radicación: 25000-23-15-000-2026-00489-01
Accionante: Corporación Jurídica Guardianes de la Democracia

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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