Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00510-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-00510-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-00510-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00510-01
Accionante: Julio Roberto Palacios Rodríguez
Accionados: Consejo Nacional Electoral y otros
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a elegir y ser elegido y al debido proceso
Decisión: Confirmar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela
por incumplir el requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida el 25
de junio de 2026 por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró improcedente la
acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Julio Roberto Palacios Rodríguez afirmó que el entonces candidato
presidencial Abelardo Gabriel de la Espriella Otero tenía ciudadanía colombiana,
italiana y estadounidense. Esta última obtenida a través del proceso de
naturalización, en virtud del cual se sometió a juramento de lealtad «Oath of
Allegiance», el cual exige renunciar a la lealtad de otro país.
3. Adicionalmente, cuestionó que ni el Consejo Nacional Electoral ni la
Registraduría Nacional del Estado Civil efectuaron controles, directrices o
verificaciones frente a la incompatibilidad absoluta que existe entre el juramento
en cuestión y la exigencia de lealtad exclusiva que se requiere para aspirar al cargo
de presidente de la República, conforme a la Constitución Política.
4. Finalmente, sostuvo que ejerció su derecho y cumplió con su deber ciudadano
de votar, sin conocer que uno de los candidatos a la Presidencia de la República
ostentaba triple nacionalidad.
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Acción De Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00510-01
Accionante: Julio Roberto Palacios Rodríguez
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales a elegir
y ser elegido, al debido proceso y al principio de soberanía nacional, pues, a su
juicio, una persona que ha adquirido otra nacionalidad y ha prestado juramento de
lealtad a un Estado extranjero, en especial, de Estados Unidos, no puede ejercer
válidamente la Presidencia de la República, pues ello generaría un conflicto de
lealtades incompatible con las exigencias constitucionales del cargo previstas en
los artículos 95 y 191 de la Constitución.
6. En ese sentido, afirmó que, aunque la Constitución permite la doble
nacionalidad, el ejercicio de la Jefatura de Estado exige una lealtad exclusiva e
indivisible hacia Colombia. Por ello, sostuvo que el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil incumplieron su deber de verificar
previamente el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los aspirantes
presidenciales, al permitir el desarrollo de actividades proselitistas sin esclarecer
si determinados candidatos habían adquirido compromisos de fidelidad con
gobiernos extranjeros.
7. Finalmente, adujo que dicha omisión vulnera su derecho al voto útil y eficaz, al
exponerlo a respaldar una candidatura que eventualmente podría ser anulada por
carecer de las calidades constitucionales exigidas; afecta su derecho a participar
en un proceso electoral transparente y con plenas garantías; y quebranta la
confianza legítima en las instituciones democráticas, al permitir que persista la
incertidumbre sobre la elegibilidad de los aspirantes a la Presidencia y poner en
riesgo la legitimidad del proceso electoral.
2.3. Pretensiones
8. La parte accionante solicitó:
«1. ORDENAR al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil que, en el marco de sus competencias
constitucionales, se abstengan de aceptar, suspender o rechazar la
inscripción formal de la candidatura del señor Abelardo de la Espriella a la
Presidencia de la República de Colombia, hasta tanto la autoridad judicial
competente verifique de fondo la compatibilidad de su estatuto de
ciudadanía norteamericana y su Juramento de Lealtad extranjero frente a
las exigencias de los Artículos 95, 191 y 192 de la Constitución Política de
Colombia.
2. ORDENAR al Consejo Nacional Electoral (CNE) emitir una circular o
directriz general que obligue a todos los ciudadanos con doble nacionalidad
que pretendan inscribirse a cargos de alta dignidad del Estado (presidente,
vicepresidente, Magistrados y Congreso), a declarar bajo la gravedad de
juramento los términos exactos de los compromisos de fidelidad y renuncia
que hayan suscrito ante gobiernos extranjeros.
3. VINCULAR al presente trámite, en calidad de terceros interesados y para
que aporten las pruebas correspondientes, a la Presidencia de la República,
al Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y a la Embajada de los
Estados Unidos, para que la misma intervenga si así lo desea intervenga
con el fin de que haga prevalecer los derechos y obligaciones adquiridas por
el accionado Abelardo de la Espriella ante U.S.A., y de ser necesario llamar
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Acción De Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00510-01
Accionante: Julio Roberto Palacios Rodríguez
al contendor de campaña señor Iván Cepeda castro para que declare si a su
sentir existe vulneración en la inscripción del su contendiente .
Imponer medidas cautelares de suspensión a la segunda vuelta del voto
popular para la presidencia de Colombia hasta que exista un
pronunciamiento de fondo que garantice que se puede votar por el candidato
de la Espriella sin que exista duda razonable como las aquí manifestadas en
salvaguarda de todos los votantes independientemente de sus
inclinación[es] política[s]». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
9. Por medio del auto del 25 de junio de 2026, la Subsección A de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela y ordenó
notificar al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado
Civil como accionados y al señor Iván Cepeda Castro como tercero interesado en
el resultado del proceso.
10. El Consejo Nacional Electoral sostuvo que carece de competencia para
determinar la nacionalidad de los ciudadanos mediante apreciaciones subjetivas o
valoraciones políticas. Además, señaló que los artículos 191 y 179 de la
Constitución Política establecen que la prohibición derivada de la doble
nacionalidad no es aplicable a los colombianos por nacimiento, razón por la cual,
aun si el ciudadano Abelardo Gabriel De La Espriella Otero ostentara una segunda
nacionalidad, dicha circunstancia no configuraría una causal de inhabilidad para
aspirar a la Presidencia de la República. Asimismo, precisó que el numeral 7 del
artículo 40 de la Constitución no consagra una prohibición general para los
colombianos con doble nacionalidad.
11. De otra parte, informó que mediante la Resolución 2990 del 17 de junio de
2026 resolvió de fondo las solicitudes de revocatoria de la inscripción del
ciudadano Abelardo Gabriel De La Espriella Otero. A partir de ello, explicó que,
tras verificar su registro civil de nacimiento y el de sus padres, constató que es
colombiano por nacimiento, por lo que, conforme a los artículos 96, 179, 191 y 197
de la Constitución, la eventual existencia de una segunda nacionalidad no
constituye una causal de inelegibilidad. Finalmente, agregó que el régimen de
inhabilidades es de carácter taxativo y no admite interpretaciones extensivas
fundadas en hipotéticos conflictos de lealtad o compromisos con Estados
extranjeros.
12. En consecuencia, sostuvo que ejerció las competencias que le atribuye el
ordenamiento jurídico y que no incurrió en acción u omisión alguna que hubiera
vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, por lo que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela.
13. La Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que los requisitos para
aspirar a la Presidencia de la República se encuentran previstos en la Constitución
Política y en la legislación electoral, y que su verificación no está sujeta a
apreciación discrecional por parte de la entidad.
14. Asimismo, indicó que el término previsto para modificar o reemplazar
candidaturas revocadas no limita la facultad del Consejo Nacional Electoral de
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Acción De Tutela
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Accionante: Julio Roberto Palacios Rodríguez
revocar una inscripción cuando advierta una causal de inhabilidad,
incompatibilidad o la falta de requisitos para ejercer el cargo. En relación con ello,
agregó que esa autoridad también puede abstenerse de declarar la elección de un
candidato si determina que se encontraba inhabilitado. Finalmente, solicitó que se
negaran las pretensiones de la acción de tutela.
2.5. Sentencia impugnada
15. La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 9 de julio de 2026, declaró improcedente
la acción de tutela, al considerar incumplido el requisito de subsidiariedad, en la
medida en que, a su juicio, existe un mecanismo de defensa en sede administrativa
para cuestionar la inscripción de un candidato a la Presidencia de la República y
para solicitar la revocatoria de esa inscripción.
16. En gracia de discusión, puso de presente que Abelardo de la Espriella fue
elegido presidente de la República en segunda vuelta, por lo que, de admitirse la
procedencia de la acción de tutela, para ese momento ya se habría configurado la
carencia actual de objeto
17. De otro lado, en relación con la pretensión del accionante encaminada a que el
Consejo Nacional Electoral expidiera una circular o directriz dirigida a los
ciudadanos con doble nacionalidad que aspiraran a cargos de alta dignidad del
Estado, para que declararan su fidelidad exclusiva a Colombia o acreditaran la
renuncia a compromisos de lealtad asumidos frente a gobiernos extranjeros, la
autoridad judicial sostuvo que se trataba de una solicitud que debía formularse
previamente ante la autoridad competente mediante el ejercicio del derecho
fundamental de petición.
18. Explicó que dicho mecanismo constituye la vía ordinaria para solicitar a la
administración la expedición de actos, directrices o lineamientos dentro del ámbito
de sus competencias, por lo que no resultaba procedente acudir directamente a la
acción de tutela para obtener la emisión de documentos o instrucciones que no
habían sido previamente requeridos a la autoridad administrativa. En
consecuencia, concluyó que esa circunstancia también determinaba la
improcedencia de la acción de tutela.
2.6. Impugnación
19. La parte accionante interpuso recurso de impugnación contra la decisión judicial
anterior, al considerar que la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela
por incumplir el requisito de subsidiariedad al no solicitar previamente la
revocatoria de la inscripción de la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral
constituye un exceso de formalismo que ignora la jurisprudencia constitucional
sobre la idoneidad y eficacia de los medios de defensa.
20. Además, estimó que no se ha configurado la carencia actual de objeto por
hecho superado o daño consumado, en la medida en que el reproche radica en un
vicio de fondo y sustancial, esto es, la presunta incompatibilidad absoluta entre el
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juramento de lealtad y las exigencias de la Constitución Política, lo cual irradia en
la elección y posterior posesión.
21. Por otro lado, solicitó que ordene a los mecanismos de verificación judicial y
administrativa necesarios respecto a la compatibilidad del estatus de ciudadanía y
compromisos del ciudadano electo ante gobiernos extranjeros previo al acto formal
de posesión del 7 de agosto de 2026. Igualmente, solicitó que se decrete de forma
preferente y sumaria la instalación de la Comisión de Aclaración y Veeduría de
Lealtad Constitucional, o en su defecto, ordene al CNE suspender
provisionalmente los efectos de la investidura programada para el 7 de agosto de
2026 hasta tanto no se resuelva de fondo el debate sobre el estatuto de su
ciudadanía.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela de la referencia es procedente en el caso concreto,
especialmente si cumple con el requisito de subsidiariedad que no fue encontrado
satisfecho en primera instancia. En caso de encontrarse cumplido, deberá
establecerse si el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el ciudadano Abelardo de la Espriella vulneraron los derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso y a los principios de
soberanía nacional e incompatibilidad en el ejercicio de cargos públicos de alta
dignidad.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
24. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
3.4. Del requisito de subsidiariedad
25. Elinciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
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otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
26. En desarrollo del precepto constitucional, los artículos 6° y 8° del Decreto 2591
de 1991 disponen que, aun cuando existan otros recursos o medios de defensa
judicial, procede la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
27. Asimismo, la Corte Constitucional1 ha señalado que quien pretende la
protección de sus derechos fundamentales no puede desconocer los mecanismos
de defensa previstos por el ordenamiento jurídico, salvo que demuestre que estos
no son idóneos o eficaces para brindar una protección oportuna. No obstante, se
ha indicado que, de manera excepcional, la acción de tutela procede cuando los
mecanismos ordinarios resultan ineficaces para garantizar la protección inmediata
de los derechos fundamentales o cuando se requiere evitar la configuración de un
perjuicio irremediable.
28. Conforme a lo expuesto, la acción de tutela solo procederá cuando i) el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial o, aun cuando exista otro medio, ii)
este no sea eficaz en las circunstancias en que se encuentre el accionante y, iii)
cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable2.
3.4.1. Análisis del caso concreto
29. Comoquiera que la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca concluyó que en el presente asunto no se
acreditó el requisito de subsidiariedad, corresponde a esta Sala determinar si dicho
presupuesto de procedencia de la acción de tutela se encuentra satisfecho.
30. En el caso concreto, la parte accionante sostuvo que el señor Abelardo Gabriel
de la Espriella Otero, colombiano por nacimiento y titular de la nacionalidad
estadounidense, no puede ejercer válidamente la Presidencia de la República, por
cuanto prestó juramento de lealtad a los Estados Unidos de América, circunstancia
que, a su juicio, resulta incompatible con las exigencias previstas en los artículos
95 y 191 de la Constitución Política para el ejercicio de dicho cargo.
31. En esa línea, sostuvo que, si bien la Constitución Política admite la doble
nacionalidad, el ejercicio de la jefatura de Estado exige una lealtad exclusiva e
indivisible hacia Colombia. Por ello, afirmó que el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil incumplieron el deber de verificar
previamente el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los aspirantes a
la Presidencia de la República, al permitir el desarrollo de actividades proselitistas
sin esclarecer si determinados candidatos habían adquirido compromisos de
fidelidad con gobiernos extranjeros.
1 Sentencias T-399 de 2020, T-300 de 2025 y T-035 de 2025.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-035 de 2025.
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32. Asimismo, adujo que dicha omisión vulneró sus derechos fundamentales a
elegir, al exponerlo a respaldar una candidatura que eventualmente podría ser
anulada por carecer de las calidades constitucionales exigidas; y al debido
proceso, al cercenar la posibilidad de participar en un proceso electoral
transparente y con plenas garantías. Asimismo, afirmó que se quebrantó la
confianza legítima en las instituciones democráticas, al mantener incertidumbre
sobre la elegibilidad de los aspirantes a la Presidencia de la República y poner en
riesgo la legitimidad del proceso electoral.
33. No obstante, tal como lo señaló el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
parte accionante contaba con un mecanismo eficaz e idóneo para cuestionar la
inscripción de la candidatura que consideraba contraria al ordenamiento jurídico.
En efecto, la revocatoria de inscripción de candidaturas constituye el
procedimiento previsto para que el Consejo Nacional Electoral determine si un
aspirante cumple los requisitos constitucionales y legales para participar en el
proceso electoral o si se encuentra incurso en alguna causal que impida su
candidatura.
34. En consecuencia, el accionante podía solicitar ante el Consejo Nacional
Electoral la revocatoria de la inscripción de la candidatura del ciudadano Abelardo
de la Espriella, por considerar que carecía de las calidades exigidas para el cargo,
se encontraba incurso en una inhabilidad o se configuraba cualquiera de las
causales previstas en la Ley 1475 de 2011. Sin embargo, optó por acudir
directamente a la acción de tutela, pese a su carácter residual y subsidiario.
35. Por lo anterior, resulta imprescindible determinar si en el caso concreto se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que le permitan a esta Sala tener
por acreditado el requisito de subsidiariedad y proceder al estudio de fondo de los
planteamientos expuestos por el señor Palacios Rodríguez. La Corte
Constitucional3 ha establecido que para su configuración se deben cumplir los
siguientes presupuestos: «i) la inminencia del perjuicio, lo que implica que el daño
‘está por suceder en un tiempo cercano’; ii) la urgencia de las medidas para evitar
la afectación de los derechos fundamentales; iii) la gravedad del perjuicio; y iv) el
carácter impostergable de las órdenes por proferir».
36. En el presente asunto, la parte accionante no acreditó la inminencia de un
perjuicio irremediable, pues, para la fecha de esta decisión, el señor Abelardo de
la Espriella ya fue elegido presidente de la República como resultado del proceso
electoral, recibió la correspondiente credencial y su posesión se encuentra
próxima, sin que se hubiera demostrado la existencia de irregularidades en dicho
proceso. En consecuencia, no se advierte una amenaza cierta e inminente de
vulneración de los derechos fundamentales invocados, ni la gravedad de un
perjuicio que haga necesaria la intervención del juez constitucional. Tampoco se
evidencia la necesidad de impartir órdenes urgentes e impostergables.
37. De otra parte, el señor Palacios Rodríguez solicitó que se ordenara al Consejo
Nacional Electoral expedir una circular o directriz para que los ciudadanos con
doble nacionalidad que aspiren a cargos de alta dignidad del Estado declaren su
3 Sentencia T-381 de 2022.
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fidelidad o renuncia a gobiernos extranjeros. Al respecto, la Sala advierte que se
trata de una solicitud igualmente improcedente, toda vez que la acción de tutela
no constituye el mecanismo idóneo para obtener la expedición de actos
administrativos, circulares o directrices y la parte accionante, ni siquiera presentó
ante la autoridad competente petición con anterioridad en tales términos. Además,
no explicó por qué la ausencia de ese trámite le ocasionaba un perjuicio
irremediable que justificara la intervención inmediata del juez constitucional.
38. Ahora bien, al momento de proferirse la sentencia de primera instancia, el señor
Abelardo de la Espriella ya había sido elegido presidente de la República para el
periodo constitucional 2026-2030. Por tal motivo, el Tribunal en primera instancia
consideró que, aun en el evento de que la acción de tutela resultara procedente,
se configuraría el fenómeno de la carencia actual de objeto. Frente a ese
argumento, el accionante indicó en el escrito de impugnación que la controversia
no se circunscribía al acto de inscripción de la candidatura, sino que el supuesto
conflicto de lealtades se extendía a los actos posteriores de elección y posesión
del presidente electo.
39. Con fundamento en ello, solicitó que se ordenara la adopción de mecanismos
de verificación judicial y administrativa respecto de la compatibilidad del estatus de
ciudadanía y de los compromisos asumidos por el ciudadano electo frente a
gobiernos extranjeros, antes del acto de posesión previsto para el 7 de agosto de
2026. Igualmente pidió que se dispusiera de manera preferente y sumaria, la
instalación de una Comisión de Aclaración y Veeduría de Lealtad Constitucional o,
subsidiariamente, que se ordenara al Consejo Nacional Electoral suspender
provisionalmente los efectos de la investidura hasta tanto se resolviera de fondo el
debate relacionado con su ciudadanía.
40. No obstante, se le recuerda al accionante que la autoridad judicial accionada
declaró improcedente la acción de tutela por falta de subsidiariedad y consideró
que, en gracia de discusión, aunque se cumpliera dicho requisito, tampoco
procedería por carencia actual de objeto. Por ende, el comentario de la parte
accionante frente a este último fenómeno resulta apartado de la decisión adoptada.
41. En todo caso, esta Subsección considera que dichas solicitudes recaen sobre
hechos y pretensiones distintos de los planteados en la acción de tutela. Si bien
guardan relación con la inscripción de la candidatura del ciudadano Abelardo de la
Espriella, corresponden a circunstancias sobrevivientes que no fueron sometidas
al conocimiento de la autoridad judicial de primera instancia. En consecuencia, su
estudio en esta sede vulneraría el debido proceso de las partes, pues implicaría
emitir un pronunciamiento en segunda instancia respecto de asuntos que no fueron
objeto de decisión inicial y frente a los cuales no existiría posibilidad de
impugnación. Además, dichos argumentos tampoco se sustentan en la
acreditación de un perjuicio irremediable que justifique apartarse de las reglas que
rigen el trámite de la acción de tutela.
42. En síntesis, la Sala concluye que la parte accionante no acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable que justificara el desplazamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa judicial; no demostró la inminencia de una afectación cierta
a sus derechos fundamentales, ni la urgencia, gravedad o el carácter
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impostergable de la intervención del juez constitucional. En consecuencia, al no
encontrarse satisfecho el requisito de subsidiariedad, se confirmará la sentencia
proferida el 25 de junio de 2026, mediante la cual se declaró improcedente la
acción de tutela.
43. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2026, mediante
la cual se declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con los
argumentos expuestos en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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