Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00514-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-00514-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2026-00514-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACUMULADO1
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral y otros
Temas: Tutela protección al debido proceso y participación en política.
Decisión: Confirma improcedencia y negar el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Robinson José Arroyo, Miguel
Ángel Umaña Galeano y Elda Restrepo Echavarría2, en contra de las sentencias
proferidas el 3 y 143 de julio de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante las cuales se decidió la
solicitud de tutela de la referencia, declaró la improcedencia respecto de algunas
pretensiones4 y negó el amparo en cuanto a otras5.
1
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C profirió al auto de 30 de junio de 2026 con el que resolvió acumular el presente asunto junto con
aquellos remitidos por otros despachos judiciales, los que se encontraban en el aplicativo Samai y
los que fueron asignados al despacho sustanciador. Archivo obrante en índice 154 del Samai
«524Autodecretando_20260051400TutelaAut(.pdf) NroActua 154».
2
A través de auto del 10 de agosto de 2026, el tribunal de primera instancia concedió la impugnación
de Elda Restrepo Echavarría, negó la interpuesta por Federico Jaramillo Hoyos y Natalia Chaparro
Castañeda al no hacer parte del presente asunto, así como la de Richard Harold Salazar por
corresponder al radicado 2026-00926-00.
3
En la medida en que el juez de primera instancia emitió auto admisorio con posterioridad al fallo de
primera instancia, es decir, el 7 de julio de 2026, además de que fueron acumuladas distintas causas,
se profirió providencia del 14 de igual mes y año en el que dispuso estarse a lo resuelto en la
sentencia del 3 de julio de 2026.
4
1. la custodia de las actas E – 14 y demás documentos que hicieron parte de las elecciones
presidenciales 2026; 2. Ordenar la suspensión de las bases electorales para evitar la alteración del
material electoral, y 3. las pretensiones relacionadas con no reconocer las elecciones presidenciales
2026, al considerar que hubo vulneración en su trámite, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
5
1. una auditoría técnica que permita verificar la integridad del software electoral; 2. la verificación
técnica de los formularios E – 14 en Colombia y en el exterior; 3. ordenar el recuento físico de votos;
4. la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil de remitir físicamente los votos emitidos
en el exterior; 5. ordenar que la información electoral se ponga a disposición de la ciudadanía; y 6.
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Susana López Aristizábal y otros promovieron solicitud de tutela con el fin
de que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, a la participación política, al acceso a la información, de petición y al
acceso a documentos públicos, con ocasión de presuntas irregularidades en el
proceso electoral presidencial de segunda vuelta celebrado el 21 de junio de 2026.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente6:
2.1. El proceso electoral presidencial de segunda vuelta celebrado el 21 de junio
de 2026 generó cuestionamientos sobre la transparencia, trazabilidad y
verificabilidad del escrutinio electoral, debido a la presunta ausencia de auditorías
técnicas al software electoral y de mecanismos de integridad digital que permitan
garantizar la inalterabilidad de la información electoral.
2.2. Los formularios E-14 constituyen el soporte principal del registro de votación
y que su digitalización, transmisión y consolidación dependen de mecanismos
técnicos de seguridad informática, respecto de los cuales considera que no existen
garantías suficientes de trazabilidad y control.
2.3. Se presentaron denuncias públicas relacionadas con presuntas
inconsistencias o modificaciones en formularios E-14 digitalizados y en los
mecanismos de verificación de integridad digital, lo que impide corroborar
plenamente la correspondencia entre los documentos físicos y la información
incorporada al sistema electoral.
2.4. En relación con el escrutinio del voto en el exterior señaló que la
consolidación de resultados se realiza a partir de actas y registros de transmisión,
sin que exista un mecanismo de verificación material directa de los sufragios
depositados, circunstancia que limitaría el control ciudadano sobre dichos
resultados.
2.5. Se solicitó a las autoridades electorales la verificación integral de los
resultados y la realización de recuentos de votos en circunscripciones donde
existirían inconsistencias entre los formularios E-14, los registros de transmisión y
la consolidación final, solicitudes que fueron negadas.
2.6. La ausencia de mecanismos accesibles de verificación, así como las
restricciones para el ingreso de ciudadanos, testigos y actores de control a los
escenarios de escrutinio, limitaron las posibilidades de observación, seguimiento y
control del proceso electoral.
ordenarle a las entidades accionadas de informar los mecanismos técnicos y digitales utilizados
durante el proceso electoral presidencial de 2026.
6
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
2
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
2.7. Los ciudadanos no contaron con mecanismos independientes suficientes
para contrastar integralmente la información física y digital utilizada en la
consolidación de los resultados electorales, situación que afecta el ejercicio efectivo
del control ciudadano sobre la integridad y transparencia del proceso electoral.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERA. Ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo
Nacional Electoral garantizar la conservación integral, custodia, inalterabilidad y
trazabilidad de toda la información electoral física y digital del proceso de elección
presidencial, incluyendo formularios E-14, actas de escrutinio, registros de transmisión,
bases de datos de consolidación, registros del voto en el exterior y logs del sistema
informático electoral, así como la preservación de los mecanismos de integridad digital
asociados a la huella criptográfica (hash), los sellos de tiempo (timestamp) y los registros
de auditoría.
SEGUNDA. Ordenar la suspensión de cualquier proceso de modificación, depuración,
recalibración o actualización de las bases de datos electorales mientras se decide de
fondo la presente acción constitucional, con el fin de evitar la alteración del material
necesario para la verificación judicial y ciudadana del proceso electoral.
TERCERA. Ordenar la realización de una auditoría técnica, independiente y forense del
sistema de transmisión y consolidación de resultados electorales, que permita verificar
la integridad del software electoral, la trazabilidad del procesamiento de la información,
la consistencia de las bases de datos y la integridad de los registros de auditoría del
sistema.
CUARTA. Ordenar la verificación técnica de los formularios E-14, a efectos de establecer
la correspondencia entre sus versiones físicas y digitalizadas, así como la consistencia
de los mecanismos de hash criptográfico y la correcta aplicación de sellos de tiempo que
garanticen su inalterabilidad y trazabilidad dentro del sistema electoral.
QUINTA. Ordenar la realización de recuento físico de votos en aquellas mesas en las
que se evidencien diferencias objetivas entre los formularios E-14 y los registros de
transmisión o consolidación, como mecanismo excepcional de verificación de la voluntad
expresada en las urnas.
SEXTA. Ordenar la verificación integral del escrutinio del voto en el exterior, garantizando
el acceso completo en físico a los E-14, las actas consulares, la trazabilidad del proceso
de transmisión y la consolidación desagregada de los resultados, de manera que permita
su control documental efectivo y su contraste verificable.
SÉPTIMA. Ordenar que toda la información electoral relevante sea puesta a disposición
bajo estándares de máxima publicidad, accesibilidad y verificabilidad ciudadana,
permitiendo su control por parte de la ciudadanía, observadores electorales y actores
políticos, como garantía del principio democrático y de la efectividad del derecho al
sufragio.
OCTAVA. Disponer que las anteriores órdenes se cumplan de manera inmediata y
preferente, en atención a la inminencia de la consolidación del resultado electoral, con
el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable y asegurar la eficacia real de
la eventual decisión de fondo del juez constitucional.
NOVENA. Ordenar a las autoridades accionadas informar de manera pública, completa
y verificable cuáles fueron los mecanismos técnicos de integridad digital utilizados
durante el proceso electoral presidencial de 2026, incluyendo sistemas hash, sellos de
tiempo, registros de auditoría, protocolos de transmisión y mecanismos de verificación
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
implementados para garantizar la inalterabilidad de la información electoral. […]» [sic].
1.2. Trámite procesal
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, profirió el auto del 23 de junio de 20267 con el que admitió el asunto, se ordenaron
las notificaciones de rigor y negaron las medidas provisionales solicitadas
relacionadas con la verificación técnica de los formularios E-14, preservación del
material electoral y conteo de votos en el exterior.
5. Con posterioridad, el despacho sustanciador del asunto en primera instancia
expidió el auto del 30 de junio de 20268 con el que decretó la acumulación de
solicitudes de tutela que hasta la fecha reposaban en el expediente digital y en el
aplicativo Samai. Asimismo, preciso que se entendían acumuladas en forma
automática, y hasta antes de dictarse sentencia, las sucesivas tutelas que se
interpusieran con ocasión de la denominada “tutelatón”, siempre que guardaran
identidad respecto de los hechos, pretensiones, autoridades demandas y derechos
fundamentales presuntamente vulnerados. Proveido adicionado con el auto del 30
de junio de 2026 en el sentido de ordenar que por la secretaría de subsección de
esa corporación se publicara la mencionada providencia en el micrositio del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la página web de la Rama Judicial, indicando
que se entendería surtida la notificación con esa comunicación.
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia del 3 de julio
de 20269 con la que declaró la improcedencia respecto de unas pretensiones y negó
en cuanto a otras. No obstante, después de notificar la referida providencia se
presentaron nuevas solicitudes de tutela que guardaban identidad respecto de los
hechos, pretensiones, autoridades accionadas y derechos fundamentales
invocados respecto a la causa inicial.
7. De tal manera, en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.3.1 del
Decreto 1834 de 2015, el despacho ponente en primera instancia emitió auto del 7
de julio de 202610 con el que avocó el conocimiento de las nuevas solicitudes de
tutela acumuladas a las que no les fue notificada la providencia proferida el 3 de
julio de 2026. Además, acumuló en forma automática y hasta antes de dictarse
sentencia, las sucesivas causas que se interpusieron con posterioridad a la
notificación de la providencia de esta fecha con ocasión de la denominada
"tutelatón".
8. En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, profirió la providencia del 14 de julio de 202611 en la que
resolvió «estarse a lo resuelto», las nuevas solicitudes de tutela que no les fue
notificada la providencia proferida el 3 de igual mes y año, las que se acumularon
7
Ver índice 5 de Samai.
8
Ver índice 154 de Samai.
9
Ver índice 239 de Samai.
10
Ver índice 382 de Samai.
11
Ver índice 530 de Samai.
4
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
mediante el auto proferido el 7 de julio de 2026 y en forma automática después de
notificado el auto antes mencionado.
1.3. Informes rendidos en el proceso
9. El Consejo Nacional Electoral12 solicitó declarar improcedente el amparo
con el argumento de que no vulneró los derechos fundamentales invocados y que
los hechos expuestos por la parte demandante correspondían en su mayoría a
apreciaciones subjetivas o afirmaciones sin respaldo probatorio. Esto debido a que
los escrutinios presidenciales se desarrollaron conforme a la Constitución, el Código
Electoral y demás normas aplicables por lo que se garantizaron los principios de
publicidad, transparencia, contradicción y el debido proceso, y que los formularios
electorales estuvieron disponibles para consulta pública. Asimismo, señaló que las
pretensiones de la tutela buscaban medidas relacionadas con la conservación,
auditoría y verificación del proceso electoral presidencial de 2026, pero estas
resultan improcedentes porque la elección ya fue declarada mediante la Resolución
E-3181 de 2026, acto administrativo amparado por la presunción de legalidad y
susceptible de control a través de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
mediante la nulidad electoral.
9.1. Por su parte, alegó falta de legitimación en la causa por activa de la parte
demandante pues quienes estaban facultados para presentar reclamaciones
durante el escrutinio eran los candidatos, apoderados y testigos electorales
debidamente acreditados, quienes ejercieron esos derechos y con posterioridad
desistieron de sus reclamaciones. Por último, sostuvo que la tutela incumple los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez, dado que existen mecanismos judiciales
ordinarios idóneos para controvertir el acto electoral y no se evidencia un perjuicio
irremediable que justifique la intervención del juez constitucional.
10. La Registraduría Nacional del Estado Civil13 pidió declarar improcedente
o negar el amparo para lo cual manifestó que las afirmaciones de la parte
demandante carecían de sustento técnico, jurídico y probatorio suficiente para
demostrar la existencia de irregularidades en el proceso electoral, de tal manera
explicó que los formularios E-14 son documentos físicos elaborados y firmados por
los jurados de votación, por lo que su autenticidad y validez jurídica derivan de ese
documento original y de los procedimientos electorales previstos en la ley, no de los
metadatos, sellos de tiempo o atributos técnicos de las copias digitalizadas
publicadas para consulta ciudadana. Además, indicó que no se eliminó ningún
mecanismo de seguridad, trazabilidad o integridad documental, sino que se
implementaron diferentes niveles de acceso y protección tecnológica para
garantizar la seguridad de la información electoral, manteniendo mecanismos de
auditoría, registros internos, controles institucionales y canales especializados para
partidos políticos, auditores acreditados, organismos de control y observadores
electorales.
10.1. Asimismo, argumentó que la parte activa no agotó mecanismos previos como
12
Ver índice 71, 80, 118 de Samai.
13
Ver índice 108, 187, 227, 524 de Samai.
5
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
el derecho de petición y que la tutela no cumplía los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez, pues existían otros medios de defensa y no se acreditó un perjuicio
irremediable. Finalmente, resaltó que el proceso electoral ya culminó con la
expedición de los formularios E-24 y E-26 y con la declaratoria oficial de elección
mediante la Resolución E-3181 de 2026, razón por la cual no existía vulneración
actual de derechos fundamentales ni fundamento para ordenar modificaciones a la
arquitectura tecnológica utilizada por la autoridad electoral.
11. El Departamento Administrativo de Presidencia de la República14
requirió su desvinculación y la improcedencia de la tutela al considerar que carecía
de legitimación por pasiva, en la medida en que no tenía funciones ni competencias
en la organización, dirección, vigilancia, auditoría o control de los procesos
electorales, atribuciones que corresponden en exclusiva a la Registraduría Nacional
del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, organismos que integran la
Organización Electoral. Sumado a esto indicó que no incurrió en ninguna acción u
omisión que pudiera vulnerar los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante y que las manifestaciones realizadas por el presidente de la República
sobre el proceso electoral solo estuvieron orientadas a promover el cumplimiento de
decisiones judiciales encaminadas a fortalecer la transparencia y trazabilidad
electoral. En consecuencia, sostuvo que cualquier inconformidad relacionada con
formularios E-14, software electoral, auditorías o escrutinios debía ser tramitada
ante las autoridades electorales competentes.
1.4. Sentencia de primera instancia15
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, en sentencia del 3 de julio de 2026 resolvió:
«[…] PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela respecto a 1. la
custodia de las actas E – 14 y demás documentos que hicieron parte de las elecciones
presidenciales 2026; 2. Ordenar la suspensión de las bases electorales para evitar la
alteración del material electoral, y 3. las pretensiones relacionadas con no reconocer las
elecciones presidenciales 2026, al considerar que hubo vulneración en su trámite,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparó de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, participación política, acceso a la información, petición y acceso a documentos
públicos de la señora SUSANA LOPEZ ARISTIZABAL y demás accionantes, relacionado
con 1. una auditoría técnica que permita verificar la integridad del software electoral; 2.
la verificación técnica de los formularios E – 14 en Colombia y en el exterior; 3. ordenar
el recuento físico de votos; 4. La negativa de la Regisraduría Nacional del Estado Civil
de remitir físicamente los votos emitidos en el exterior; 5. ordenar que la información
electoral se ponga a disposición de la ciudadanía; y 6. ordenarle a las entidades
accionadas de informar los mecanismos técnicos y digitales utilizados durante el proceso
electoral presidencial de 2026.
TERCERO: DESVINCULAR de la presente acción de tutela al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DARPE), al carecer de
legitimación en la causa por pasiva, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. […]» [sic].
14
Ver índice 167, 236, 562, 630 de Samai.
15
Ver índice 239 y 530 de Samai.
6
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
13. Lo anterior, con sustento en las siguientes consideraciones:
«[…] Expuesto lo anterior, la Sala entrará a resolver las pretensiones expuestas en la
presente acción de tutela:
Respecto a la pretensión primera, relacionada con la custodia de las actas E-14 y demás
documentos que hicieron parte de las elecciones presidenciales 2026, y frente a la
segunda pretensión, relativa a ordenar la suspensión de las bases electorales para evitar
la alteración del material electoral, el Tribunal precisa que la acción de tutela es
improcedente, debido a que los accionantes, si consideran que hubo adulteración en los
documentos, pueden interponer la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación,
a quien le corresponde investigar si se configuró o no un delito penal.
Sin perjuicio de lo anterior, y conforme al Decreto Ley 2241 de 1986, la Sala estima que
los documentos expedidos con ocasión de las elecciones presidenciales del año 2026
tienen garantizada su trazabilidad, integridad y conservación durante un periodo de
cuatro años; situación que no fue desvirtuada por los accionantes.
En cuanto a la tercera pretensión, asociada con una auditoría técnica que permita
verificar la integridad del software electoral; pues los accionantes consideran que carece
de la función de detectar modificaciones en los formularios E – 14. El Tribunal no advierte
vulneración a los derechos fundamentales incoados en la acción de tutela, debido a que
los accionantes no acreditaron, siquiera sumariamente, las presuntas irregularidades;
situación que les correspondía probar.
[…]
Sobre la cuarta pretensión consistente en la verificación técnica de los formularios E -14
con el propósito de “establecer la correspondencia entre sus versiones físicas y
digitalizadas”, el Tribunal no avizora vulneración a los derechos fundamentales incoados
por los accionantes. Las supuestas inconsistencias entre dichos formularios debían ser
objeto de la reclamación regulada en el Decreto Ley 2241 de 1986. No obstante, tal como
se expuso en el parágrafo anterior, las reclamaciones presentadas por los testigos
electorales fueron desistidas, por lo que no existe controversia pendiente, ni elementos
probatorios que permitan inferir que existe lugar a ordenar la verificación técnica
solicitada.
Respecto a la quinta pretensión, orientada a ordenar el recuento físico de votos, la Sala
advierte que no se vulneraron los derechos invocados. Conforme al Decreto Ley 2241
de 1986, esta solicitud corresponde exclusivamente a los testigos electorales; por lo
tanto, al haberse desistido de las reclamaciones presentadas, no es viable ordenar dicho
reconteo a través de la acción de tutela.
En cuanto a la sexta pretensión relacionada con ordenar la verificación integral del
escrutinio del voto en el exterior, relacionada con las presuntas inconsistencias en los
formularios E – 14, tal como se explicó antes, el Tribunal no observa la transgresión a
los derechos invocados, ya que las inconsistencias que consideran ocurrieron en dichos
formularios debían reclamarse conforme lo establece el Decreto Ley 2241 de 1986 y los
testigos electorales desistieron de aquellas, por lo que no es viable ordenar la verificación
integral del escrutinio del voto en el exterior.
En lo que concierne a la sexta pretensión, relativa a ordenar la verificación integral del
escrutinio del voto en el exterior debido a supuestas inconsistencias en los formularios
E-14; y respecto de la confrontación y verificación de las actas provenientes del exterior
y las reclamaciones realizadas en el exterior, la Sala no advierte la transgresión de los
derechos fundamentales invocados. Tal como se expuso precedentemente, las
discrepancias alegadas en dichos formularios debieron realizarse a través de los
mecanismos de reclamación previstos en el Decreto Ley 2241 de 1986. Sin embargo, al
haber desistido los testigos electorales dichas reclamaciones, resulta inviable ordenar la
verificación solicitada por esta acción constitucional.
7
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
Respecto a la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil de remitir
físicamente los votos emitidos en el exterior, la Sala no advierte una vulneración de los
derechos fundamentales de los accionantes. Al respecto, el parágrafo 6° del artículo 1°
de la Ley 163 de 1994 establece, claramente, que los sufragios depositados en el
extranjero serán enviados a través de cualquier medio viable para la transmisión de
datos, sin que de dicha disposición se desprenda el deber legal de remitir el material
electoral de manera física.
Frente a la séptima pretensión dirigida a ordenar que la información electoral se ponga
a disposición de la ciudadanía, la Sala no advierte vulneración alguna de los derechos
fundamentales de los accionantes. Al respecto, se constata que la Registraduría
Nacional del Estado Civil dispone de una plataforma web institucional en la cual reposan
y se consolidan los resultados electorales, los cuales pueden ser consultados
públicamente a través del siguiente enlace: https://resultadoswapp.registraduria.gov.co/.
El Tribunal no se pronunciará sobre la octava pretensión, pues esta se limita a solicitar
que las órdenes requeridas sean cumplidas de manera inmediata, lo cual es inviable ante
la negativa de amparar los derechos incoados en la acción de tutela.
Con respecto a la novena pretensión relacionada con ordenarle a las entidades
accionadas de informar los mecanismos técnicos y digitales utilizados durante el proceso
electoral presidencial de 2026, la Sala estima que la acción de tutela es improcedente,
debido a que los accionantes pueden instaurar un derecho de petición para solicitar la
información que requieren, en forma física o por los medios electrónicos que dispongan
las entidades. […]» [sic].
14. En la medida en que el juez de primera instancia emitió auto admisorio con
posterioridad al fallo de primera instancia, es decir, el 7 de julio de 2026, además de
que fueron acumuladas distintas causas, se profirió providencia del 14 de igual mes
y año en el que dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia del 3 de julio de 2026
por considerar que dictar un nuevo fallo de fondo sobre unos hechos y pretensiones
idénticas implicaría que el juez constitucional actúe en abierta contradicción con su
decisión previa y en contra del principio de seguridad jurídica, pues ello conllevaría
a que la autoridad judicial desconozca la firmeza de sus propias decisiones ante una
situación fáctica ya superada.
1.5. Escritos de impugnación16
15. La parte demandada impugnó el fallo de primera instancia del 3 de julio de
2026 con el argumento de que no se pretendía sustituir los mecanismos electorales
ordinarios sino proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el
proceso democrático y en la transparencia del escrutinio electoral por lo que el
asunto tenía suficiente relevancia para estudiar el fondo de las pretensiones
planteadas.
16. Por su parte, Elda Sorel Restrepo Echavarría impugnó la sentencia del 14 de
julio de 2026 que dispuso estarse a lo resuelto en la providencia del 3 de igual mes
y año por lo cual solicitó que se revocara la decisión al considerar que no se
analizaron de manera individual los hechos, pretensiones, pruebas ni solicitudes
probatorias de su demanda y que fue incorporada de manera indebida a una
denominada “tutelatón”, pese a que, según sostuvo, su escrito de tutela carecía de
16
Ver índice 472, 509, 633 de Samai, impugnaciones presentadas por Robinson José Arroyo, Miguel
Ángel Umaña Galeano.
8
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
identidad con las demás al incluir un contexto fáctico propio basado en antecedentes
de nulidad electoral decididos por el Consejo de Estado en 2018, investigaciones
periodísticas sobre el sistema electoral, riesgos de alteración de resultados y la
necesidad de preservar la verdad electoral.
16.1. Argumentó que existían pretensiones específicas no resueltas, tales como
exigir informes técnicos sobre mecanismos de seguridad digital, auditorías al
software electoral, protocolos de cadena de custodia, verificación de formularios E-
14, análisis del impacto cuantificable de posibles delitos electorales y eventuales
reconteos de votos; además, afirmó que se omitió pronunciarse sobre varias de
estas solicitudes y sobre la protección de su derecho fundamental a elegir. También
cuestionó la negativa de la medida provisional, alegando que sí concurrían los
requisitos de apariencia de buen derecho, peligro en la demora y proporcionalidad
con sustento en precedentes judiciales que evidenciaron vulnerabilidades históricas
del sistema electoral y deficiencias en la custodia del material electoral, por lo que
insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la
conservación de las pruebas y la protección de la verdad electoral.
2. Consideraciones
17. En atención a los argumentos expuestos en los escritos de impugnación y a
las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a
consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones
previas; iii) delimitación del asunto a decidir; iv) procedencia de la solicitud de tutela
y marco normativo aplicable; v) problema jurídico; y vi) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 200017 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201918, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.
2.2. Cuestiones previas
19. Revisadas las actuaciones surtidas en primera instancia, se observa que
Elda Soler Restrepo solicitó la aclaración y adición del auto proferido el 7 de julio de
2026 con el que se avocó la acción constitucional de Gabriel Eduardo González
Villanueva y acumuló otras tutelas que tenían identidad respecto de los hechos,
pretensiones, autoridades demandadas y derechos fundamentales presuntamente
vulnerados con el radicado 25000-23-15-000-2026-00926-00 (25000-23-15-000-
2026-00514-00), entre ellas la de la mencionada.
17
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
18
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
9
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
20. Tal requerimiento se sustentó en que la solicitud de tutela que promovió no
guarda conexidad con los hechos, pretensiones o las entidades demandadas que la
del radicado 25000-23-15-000-2026-00926-00 (25000-23-15-000-2026-00514-00),
asimismo, en la acumulación no se incluyó el derecho a elegir y ser elegido y, además
de que debía reconsiderarse las medidas provisionales pedidas en el escrito de tutela.
No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, profirió el auto del 27 de julio de 2026 con el que resolvió de manera
desfavorable sus peticiones.
21. Ahora bien, Elda Sorel Restrepo Echavarría impugnó la sentencia del 14 de
julio de 2026 que dispuso estarse a lo resuelto en la providencia del 3 de igual mes
y año con similares argumentos a los expuestos en la solicitud mencionada de
manera previa, es decir, la diferenciación fáctica y las medidas provisionales
solicitadas, no obstante, debe resaltarse que tales reclamos fueron estudiados por
el juez de primera instancia en el auto del 7 de julio de 2026 con el que se avocó
conocimiento de aquellas tutelas en las que no les fue notificada a los demandantes
la sentencia emitida previamente, entre las que se encontraba la impugnante.
22. En este orden de ideas, no es posible estudiar las inconformidades
formuladas en esta oportunidad por cuanto tales cuestiones no fueron objeto de
estudio en la sentencia de primera instancia del 3 de julio de 2026 o de estarse a lo
resuelto del 14 de igual mes y año sino en el auto de avocar conocimiento del 7 de
julio de 2026 contra el cual no interpuso los recursos procedentes, pues, si bien
presentó solicitud de aclaración y adición, también lo es que, como lo resolvió el
tribunal, aquel no era la vía para cuestionar el sentido de tal decisión.
23. Sin embargo, en virtud de los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia su reclamo constitucional está sujeto al estudio integral
del asunto que se efectuará en segunda instancia como consecuencia de las demás
impugnaciones formuladas contra el pronunciamiento del a quo, en garantía del
principio de doble instancia y en virtud de los principios de coherencia, igualdad,
homogeneidad y economía procesal que orientan la figura de acumulación de
tutelas.
24. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, profirió el auto del 10 de agosto de 2026 con el que negó y concedió
algunas impugnaciones, además de remitir la comunicación del demandante, Luis
Ángel Veloza Jacquin en la que manifiesta desconocer la acción constitucional
promovida en su nombre y asevera que la firma consignada en los documentos
aportados no le pertenece, solicitud que el demandante reiteró. En consecuencia,
se tendrá por presentada aquella solicitud para su desvinculación, sin que ello afecte
el análisis de fondo de las pretensiones formuladas por los demás demandantes.
25. Por último, Daniel Sánchez Navarro presentó memorial de comparecencia y
reconocimiento como demandante acumulado al presente asunto, sin embargo,
revisadas las actuaciones surtidas en primera instancia, se observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, profirió el auto
del 14 de julio de 2026 con el que se resolvió, entre otras solicitudes de tutela, que
la promovida por aquel no guardaba identidad con las pretensiones expuestas en el
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
presente radicado, como consecuencia de ello, dispuso negar la acumulación. Con
posterioridad, a través de auto emitido el 17 de julio de 2026, en el radicado de
origen (25000-23-15-000-2026-00994-00) se dispuso devolver el proceso al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, por tal
motivo no es posible acceder a la solicitud realizada.
2.3. Delimitación del asunto a decidir
26. La Sala observa que la impugnación presentada no contiene una
controversia específica frente a las razones jurídicas y fácticas que llevaron al a quo
a declarar parcialmente improcedente la acción y a negar el amparo respecto de las
restantes pretensiones. En efecto, el recurrente se limita a reiterar la necesidad de
garantizar la transparencia, publicidad y verificabilidad del proceso electoral, en
especial, respecto a los votos emitidos en el exterior, así como a afirmar la presunta
vulneración de los derechos al debido proceso, participación política y sufragio, sin
desarrollar argumentos encaminados a desvirtuar las conclusiones del tribunal
sobre la subsidiariedad de la solicitud de tutela, la procedencia del medio de control
de nulidad electoral o la falta de acreditación de las irregularidades alegadas.
27. Por tal razón, el estudio de la Sala se circunscribirá a los reparos planteados
en la impugnación, sin perjuicio de verificar si la decisión recurrida se ajusta al
ordenamiento constitucional y legal, de tal manera el estudio de segunda instancia
se enmarca en el problema jurídico que se formulará a continuación.
2.4. Problema jurídico
28. La Sala deberá definir si: ¿debe revocarse la sentencia de primera instancia
del 3 de julio de 2026 que declaró parcialmente improcedente y negó parcialmente
el amparo solicitado, en atención a que la impugnación sostiene que tal
pronunciamiento desconoce la necesidad de garantizar la transparencia, la
publicidad y la verificabilidad del proceso electoral, en particular respecto del voto
emitido en el exterior?
2.3. Procedencia de la solicitud tutela
29. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la
solicitud de amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
30. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
11
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el dispositivo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
31. En virtud de la subsidiariedad que caracteriza a esta garantía de los derechos
fundamentales constitucionales, es dable afirmar que un amparo es improcedente
cuando el interesado no ejercitó los mecanismos ordinarios de defensa, sin
justificación alguna, y pretende, por vía de este mecanismo, revivir discusiones que
quedaron zanjadas ante la inactividad de quien debió ejercitar las vías
constitucionales y legales.
32. El perjuicio irremediable, a su turno, ha sido entendido como aquel que
presente las características de: inminente, esto es que amenaza o está por
suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación
del mismo aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave,
relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es
objetivamente [determinado o determinable] relevante para el afectado; e,
impostergabilidad, lo que determina que la tutela sea adecuada para el
restablecimiento del orden social justo en su integridad19. Además, el aludido
perjuicio debe ser valorado en concreto por el juez atendiendo a las circunstancias
en que se encuentre el demandante, a quien, de conformidad con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y de esta Sala, le compete la carga de probarlo.
33. Además, se recuerda que el aludido perjuicio debe ser valorado en concreto
por el juez atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el demandante, a
quien, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Sala, le compete la carga de probarlo.
34. Del mismo modo, la existencia real de un mecanismo de defensa debe ser
analizado de cara a las circunstancias del caso que se plantee, pues su sola
procedencia legal no lo hace eficaz e idóneo en todos los asuntos. Este aspecto,
también le corresponde ser valorado por el juez constitucional y determinar así los
efectos del fallo de tutela.
2.3.1. Del marco normativo y jurisprudencial aplicable
35. Del derecho a elegir y ser elegido. Con la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991 se introdujo un nuevo norte político y social para
Colombia dentro del cual se determinó que es un Estado Social de Derecho,
19
Al respecto, ver las Sentencias T- 300 de 2010, T-1316 de 2001; T.225 de 1993, entre otras. La
primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio
inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos
y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien
susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de
medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del
perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de
protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”.
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
organizado en forma de República unitaria, empero garantiza la descentralización,
la autonomía de sus entidades territoriales y la democracia participativa y pluralista;
lo anterior, sujeto al respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y
prevalencia del interés general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de
la norma superior.
36. Así, para dar aplicación a la consagración estatal enunciada previamente,
estableció el derecho fundamental a elegir y ser elegido como una forma de
efectivizar el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. De tal manera, el artículo 40 de la Constitución Política,
dice:
«[…] ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas
de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar
parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la
Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta
excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de la Administración Pública. […]».
37. En este orden de ideas, en Sentencia T-232 de 2014 la Corte Constitucional
sostuvo que el referido bien ius fundamental tiene una doble connotación que
constituye su núcleo esencial de la siguiente manera:
«[…] Partiendo del supuesto anterior, el derecho a elegir y ser elegido es, entonces, un
derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al ciudadano concurrir
activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a postular su nombre para que sea
elegido a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la primera connotación
es sinónimo de la libertad individual para “acceder a los medios logísticos necesarios e
informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en una
doble dimensión de derecho-función20”21. En el mismo sentido, la segunda característica,
que podríamos llamar pasiva, “consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como
representante de los votantes en un cargo determinado”22. […]».
38. A su vez, previamente el máximo tribunal constitucional señaló que el
derecho al sufragio tiene unos elementos que conforman su núcleo esencial, los
cuales son23:
«[…] El núcleo esencial del derecho al sufragio comprende tres elementos. El primero
de ellos hace alusión a la libertad política de escoger un candidato. El segundo se refiere
20
“Sentencia T-324 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.
21
Sentencia T-510 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
22
Sentencia C-955 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
23
Sentencia T-324 de 1994 de la Corte Constitucional.
13
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
al derecho que tienen los ciudadanos a obtener del Estado los medios logísticos e
informativos para que la elección pueda llevarse a término de manera adecuada y libre.
Finalmente, el tercer elemento hace relación al aspecto deontológico del derecho, esto
es, al deber ciudadano de contribuir con su voto a la configuración democrática y
pluralista de las instituciones estatales. El derecho al sufragio es un derecho fundamental
de aplicación inmediata; en consecuencia, su componente prestacional no lo convierte
en un derecho de carácter programático cuya efectividad se encuentre librada a
contingencias económicas o a decisiones políticas futuras. […]».
39. La democracia participativa y los derechos políticos. Ahora bien, la forma de
gobierno adoptada por la República de Colombia va más allá de una democracia
representativa en la que los ciudadanos se limitan a ejercer su derecho al voto para
materializar su derecho a elegir, sino que en el escenario estatal prima la
connotación de democracia participativa, en la que la población cuenta con unos
instrumentos, denominados derechos políticos, que les otorgan mayor injerencia en
la toma de decisiones, estructura y procesos políticos, a través de diferentes
mecanismos. Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-077 de 2018,
consideró:
«[…] Los derechos políticos son instrumentos con los que cuentan los ciudadanos para
incidir sobre la estructura y el proceso político de los cuales hacen parte. Son potestades
que surgen en razón de su calidad de ciudadanos. Como señala la doctrina, los derechos
políticos son las “titularidades de las que se desprenden los mecanismos por medio de
los cuales la ciudadanía se ejerce.”24
El alcance de los derechos políticos depende, entre otros aspectos, de la forma de
gobierno adoptada por cada Estado. Conforme a una de las definiciones más
tradicionales y aceptadas en la ciencia política, los derechos políticos en los sistemas
democráticos deben permitir, como mínimo, que los ciudadanos elijan a sus gobernantes
en elecciones periódicas y competitivas.25 No obstante, ésta es una definición
minimalista de democracia que pretende distinguir entre democracias y regímenes
autoritarios, que no da cuenta de que en realidad existen distintos tipos de democracia,
a los cuales corresponde ámbitos más o menos amplios de protección de los derechos
políticos.26
Por un lado, en las democracias representativas los ciudadanos ejercen sus derechos
políticos depositando su voto periódicamente para entregar un mandato a una persona
que gestionará sus intereses en elecciones competitivas. En ese escenario es
especialmente relevante el derecho al voto porque es la vía para manifestar su voluntad
en torno a las personas que van a ejercer su representación en el gobierno.
Históricamente este derecho corresponde a una serie de conquistas sociales que se han
ido dando gradualmente, y que aún hoy son objeto de debate, incluso en democracias
consolidadas.27
Por otro lado, en las democracias participativas los derechos políticos permiten que los
ciudadanos tengan mayor injerencia en el proceso de toma de decisiones en diversos
escenarios públicos, más allá de la elección de sus gobernantes. En este tipo de
democracia, los ciudadanos ejercen el control no sólo sobre las personas que los
24
Picado, Sonia. 2007. Derechos Políticos como Derechos Humanos. En Tratado de derecho
electoral comparado de América Latina — 2ª ed. — México : FCE, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 2007. Pág. 48.
25
Dahl, Robert. 1972. Poliarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.
26
Collier, David y Steven Levitsky. 1997. “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in
Comparative Research”. En World Politics 49:3 pp. 430-451.
27
Ver Brunell, Thomas. 2008. Redistricting and Representation: Why Competitive Elections are Bad
for America. Routledge.
14
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
gobiernan sino sobre las decisiones mismas de estos gobernantes, y participan
activamente en los procesos de toma de decisiones públicas, a través del ejercicio de
diversos mecanismos de participación y control.
[…]
No obstante, el énfasis en la participación y el control en una democracia participativa no
pretende restar importancia al ejercicio del derecho a elegir a sus gobernantes, ni a los
demás derechos derivados de la representación política. Por el contrario, el objetivo del
constituyente al caracterizar nuestra democracia con el adjetivo de “participativa” fue,
entre otras, el de darle efectividad a la representación que los gobernantes ejercen.
Con ese propósito, la Constitución creó una serie de mecanismos para controlar a estos
representantes y garantizar que los gobernantes no se aparten del mandato y de la
confianza que los ciudadanos les confieren. Al respecto, la Corte ha precisado que “[c]on
esta nueva mirada, no puede entenderse que el derecho político a elegir a los miembros
de las Corporaciones públicas de decisión se agote únicamente con el ejercicio al voto.”28
En una democracia participativa, el ciudadano “está llamado a tomar parte en los
procesos de toma de decisiones en asuntos públicos”29. Por lo tanto, es indispensable
que existan mecanismos adecuados para permitir que efectivamente la ciudadanía
manifieste su opinión política, de tal modo que ésta sea tenida en cuenta por las
autoridades públicas. De lo contrario, si no existen canales adecuados para que los
ciudadanos puedan expresarse y garantizar la efectividad de su mandato, no será
posible sostener el postulado de democracia participativa, pues su capacidad para tener
injerencia sobre el gobierno seguirá limitada únicamente a la facultad para depositar su
voto para elegir a sus gobernantes.
Los derechos políticos pueden clasificarse de múltiples formas, pero para efectos de la
participación política, que es el tema que ocupa la atención de la Sala, es posible
encontrar derechos de participación directa (iniciativa legislativa, referendos, entre
otros), de acceso a la función pública y derecho al sufragio.
En todo caso, los derechos políticos permiten que haya una participación activa por parte
de los ciudadanos, indispensable para la consolidación de una democracia participativa
que se nutre de las manifestaciones políticas de los sujetos que la conforman. Los
derechos políticos son, por lo tanto, garantías encaminadas a permitir que los
ciudadanos incidan sobre el ejercicio del poder político, los cuales se ejercen en cada
caso concreto a través de procedimientos o mecanismos de participación específicos.
Vale la pena resaltar que la configuración legislativa y reglamentaria debe estar
estructurada de tal manera que el derecho respectivo pueda ejercerse de manera
efectiva. En esa medida, resultaría contrario al principio de democracia participativa que
el Legislador o las autoridades administrativas impusiesen cargas desproporcionadas u
obstáculos irrazonables, que de otra manera hiciesen nugatorio el ejercicio de sus
derechos políticos.
Estos obstáculos desincentivan la participación e impiden a la ciudadanía incidir sobre
los procesos de toma de decisiones públicas. Además, generan consecuencias
indeseadas para el sano funcionamiento de una democracia, pues cuando se margina a
la ciudadanía de los procesos de toma de decisiones los asuntos públicos suelen no ser
debatidos suficientemente, lo cual puede llegar a hacerlos arbitrarios.
En este orden de ideas, los derechos políticos constituyen garantías indispensables para
la efectividad de la democracia constitucional, pues sólo si aquellos son eficaces es
posible concretar y materializar esta fórmula política. Dicho en otros términos, aunque
existen múltiples y disímiles conceptos de democracia, es uniforme aceptar que ésta es
empírica y normativamente cierta si: i) el régimen constitucional asegura que los
ciudadanos, directamente o por intermedio de sus representantes, se gobiernan a sí
mismos y gozan de recursos, derechos e instituciones para hacerlo, ii) los gobernados
28
Ibídem.
29
Corte Constitucional, sentencia C-041 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
15
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
pueden ejercer control político o judicial de los actos de los gobernantes, iii) el sistema
garantiza pluralismo, equilibrio de poderes y tolerancia por la diferencia y, iv) los
ciudadanos tienen derecho a expresar libremente sus ideas en la contienda electoral y
la vida política de la sociedad, sin peligro a represalias30. […]»
40. De tal manera, la Constitución Política, en su artículo 103 estableció las
formas de participación democrática y los mecanismos idóneos, dejando a la Ley su
reglamentación, de la siguiente manera: «Son mecanismos de participación del pueblo
en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el
cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.
[…]».
2.4. Análisis de la Sala
41. Visto lo anterior, Susana López Aristizábal y otros promovieron solicitud de
tutela contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, con el fin
de proteger sus derechos fundamentales, los cuales consideraron vulnerados,
porque: i) deben custodiarse los documentos que fueron proferidos con ocasión de
las elecciones presidenciales del año 2026; ii) el software electoral carece de la
función para auditar o detectar modificaciones en los formularios E-14; iii) la
digitalización de los formularios E-14 limita “la reconstrucción objetiva de la cadena
de custodia digital de la información electoral”; iv) el proceso de escrutinio en el
exterior no cuenta con un sistema de auditoría física que permita validar la
autenticidad de los votos emitidos; v) Se denegó la solicitud de verificación integral
de los resultados y recuento de votos frente a las presuntas inconsistencias en los
formularios E-14.
42. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral contestó la solicitud constitucional
con los siguientes argumentos: i) los escrutinios presidenciales se realizaron
conforme a lo establecido en el Decreto 2241 de 1986, Ley 1475 de 2011 y la Ley
163 de 1994; ii) los ciudadanos tienen acceso a los formularios E-14 nacional y
extranjeros a través de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil:
https://resultadoswapp.registraduria.gov.co/; y iii) sólo permitieron el ingreso de
ciudadanos que acreditaran la calidad de testigo electoral, candidato y o apoderado
judicial.
43. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil, señaló que: i) la parte
demandante no acreditó haber agotado los mecanismos de defensa con los que
contaba, esto es, instaurar derechos de petición, queja disciplinaria ante la
Procuraduría General de la Nación o acción de cumplimiento; ii) no existe
reglamentación la cual precise que la autenticidad o validez de las actas E – 14
dependan de la publicación de metadatos específicos; por el contrario, son
documentos electorales físicos, elaborados y diligenciados por los jurados de
votación al culminar el escrutinio; iii) la discusión de la solicitud de tutela versa sobre
la arquitectura tecnológica utilizada para la publicación digital de documentos
electorales; iv) la trazabilidad del proceso electoral no depende de las imágenes
30
En cuanto a los significados, condiciones y “mínimos” de la democracia, se consultó: Del Águila, Rafael. 2009.
Manual de Ciencia Política. Sexta Edición. Editorial Trotta.
16
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
digitalizadas, sino del respaldo de los documentos originales, las firmas de los
jurados de votación, los procedimientos de escrutinio previstos en la ley, las
comisiones escrutadoras, los testigos electorales, los auditores acreditados y los
diferentes mecanismos de control institucional y ciudadano previstos por el
ordenamiento jurídico; v) al culminar las actividades postelectorales (escrutinios), se
procede al resguardo y custodia de los archivos generados en el marco del proceso
electoral, mediante diligencia formal en la que participan los auditores de sistemas
de las diferentes organizaciones políticas acreditados por el Consejo Nacional
Electoral y la Procuraduría General de la Nación, garantizando la trazabilidad,
integridad y conservación de la información durante la vigencia del periodo
constitucional (4 años); y vi) está agotado el proceso de escrutinio y la declaratorio
de elección, con la expedición de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026,
proferido por el Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se declaró la elección
del Presidente de la República.
2.4.1. Carácter subsidiario de la solicitud de tutela en controversias
electorales
44. Así pues, se reitera que la solicitud de tutela es un mecanismo judicial de
naturaleza residual y subsidiaria, instituido para la protección inmediata de los
derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una autoridad pública o, excepcionalmente, de particulares. En
razón de su carácter subsidiario, su ejercicio está condicionado a la inexistencia de
otros medios de defensa judicial idóneos y eficaces para la protección de los
derechos invocados o, aun existiendo tales mecanismos, a la necesidad de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. Por ello, la tutela no fue concebida como
una instancia alternativa o paralela a los procedimientos ordinarios previstos por el
legislador ni como un instrumento destinado a sustituir las competencias asignadas
a las distintas autoridades judiciales.
45. En materia electoral, ese principio adquiere especial relevancia, pues el
ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos específicos para resolver las
controversias relacionadas tanto con el desarrollo de los procesos electorales como
con la legalidad de los actos expedidos por las autoridades electorales. En efecto,
el diseño institucional colombiano atribuye al Consejo Nacional Electoral
competencias relacionadas con la vigilancia y control de los procesos electorales,
al tiempo que reserva a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo el
conocimiento de las controversias orientadas a cuestionar la legalidad de las
elecciones y de los actos de declaratoria de elección, a través del correspondiente
medio de control de nulidad electoral.
46. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha
sostenido de manera uniforme que la solicitud de tutela no constituye el mecanismo
judicial idóneo para controvertir resultados electorales, obtener la nulidad de actos
de elección o reemplazar los procedimientos especialmente diseñados para el
trámite de reclamaciones y escrutinios. Ello obedece a que tales controversias
involucran cuestiones de legalidad cuya definición corresponde a las autoridades y
procedimientos expresamente previstos por el ordenamiento jurídico, los cuales
17
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
cuentan, además, con garantías probatorias y procesales adecuadas para el
examen integral de las irregularidades que eventualmente se aleguen.
47. De igual forma, la existencia de mecanismos administrativos y judiciales
especializados en asuntos electorales responde a la necesidad de preservar los
principios de seguridad jurídica, autonomía de la organización electoral y respeto
por la distribución constitucional de competencias. Admitir que las controversias
electorales puedan ser definidas, por regla general, mediante la solicitud de tutela
supondría desconocer el carácter excepcional de este mecanismo constitucional y
desnaturalizar los procedimientos instituidos para la protección del orden jurídico
electoral.
48. La Sección Quinta del Consejo de Estado también ha precisado que los
reparos relacionados con escrutinios, formularios electorales, reclamaciones de
testigos o apoderados, consolidación de resultados y declaratorias de elección
deben ventilarse por las vías específicamente previstas en el ordenamiento electoral
y, posteriormente, mediante el medio de control de nulidad electoral cuando haya
lugar a ello, pues tales materias suponen un juicio de legalidad que excede el ámbito
propio de la acción de tutela.
49. En el asunto bajo examen, se observa que varias de las pretensiones
formuladas por los demandantes están orientadas, directa o indirectamente, a
cuestionar la validez, transparencia y confiabilidad del proceso electoral presidencial
de 2026 e, incluso, los resultados oficialmente declarados por la autoridad
competente. Sin embargo, para controvertir la legalidad de esos actos y
actuaciones, el ordenamiento jurídico prevé el medio de control de nulidad electoral,
mecanismo judicial especializado que permite debatir la regularidad de la elección,
solicitar la práctica de pruebas, promover las medidas cautelares que resulten
procedentes y obtener, en caso de prosperar las pretensiones, la anulación de los
actos electorales correspondientes.
50. Así mismo, el expediente no evidencia circunstancia alguna que permita
concluir que los referidos medios de defensa judicial carezcan de idoneidad o
eficacia para la protección de los derechos invocados. Tampoco se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención excepcional del
juez constitucional como mecanismo transitorio. Por el contrario, las
inconformidades planteadas por los demandantes recaen sobre aspectos que, por
su naturaleza, demandan un examen de legalidad propio de las autoridades
electorales y del juez contencioso administrativo, escenario en el cual pueden ser
ampliamente debatidos los cuestionamientos relacionados con el escrutinio, los
formularios electorales, los sistemas de transmisión de datos, la auditoría de los
procedimientos electorales y la validez de la declaratoria de elección.
51. Bajo este contexto, la Sala comparte la conclusión del juez de primera
instancia según la cual la solicitud de tutela resulta improcedente respecto de
aquellas pretensiones encaminadas a controvertir actuaciones y decisiones propias
del proceso electoral, pues los demandantes cuentan con mecanismos judiciales
específicos, idóneos y eficaces para la defensa de sus intereses. En consecuencia,
18
Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
la intervención del juez constitucional no puede extenderse a asuntos que el
constituyente y el legislador reservaron al conocimiento de las autoridades
competentes dentro de los cauces ordinarios establecidos para el control
jurisdiccional de la actividad electoral.
2.4.2. Falta de acreditación de las irregularidades alegadas
52. Sumado a esto, la Sala recuerda que la solicitud de tutela fue concebida
como un mecanismo de protección efectiva de derechos fundamentales frente a
amenazas o vulneraciones ciertas, actuales y comprobables. En consecuencia, no
basta la formulación de inquietudes, sospechas, inconformidades o apreciaciones
subjetivas sobre la actuación de las autoridades públicas para que proceda el
amparo constitucional, sino que corresponde al demandante demostrar, al menos
sumariamente, la existencia de hechos objetivos que permitan inferir la afectación
real de un derecho fundamental.
53. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que, aunque este
mecanismo constitucional se caracteriza por un régimen probatorio flexible, ello no
releva a la parte demandante de aportar los elementos mínimos que permitan
establecer la ocurrencia de la vulneración alegada. La informalidad propia de
solicitud de tutela no exonera a quien la promueve de acreditar los hechos en los
cuales fundamenta sus pretensiones, pues la protección constitucional no puede
sustentarse sobre afirmaciones genéricas, conjeturas o meras percepciones
subjetivas.
54. En el presente asunto, los demandantes sostienen que durante el proceso
electoral presidencial se habrían presentado irregularidades relacionadas con la
elaboración y consolidación de formularios electorales, el funcionamiento del
software utilizado por la organización electoral, la transmisión de resultados, la
contabilización de los sufragios emitidos en el exterior y la confiabilidad general del
escrutinio. Con fundamento en tales afirmaciones solicitaron, entre otras medidas,
la realización de auditorías técnicas, verificaciones especiales de formularios E-14,
recuentos físicos de votos, inspecciones sobre bases de datos electorales y
diversas actuaciones dirigidas a revisar integralmente el proceso electoral.
55. No obstante, una revisión integral del expediente permite concluir que tales
afirmaciones carecen de respaldo probatorio suficiente que permita establecer
siquiera de manera indiciaria la existencia de una vulneración actual de los derechos
fundamentales invocados. En efecto, los demandantes no aportaron estudios
técnicos, informes periciales, auditorías independientes, decisiones de las
autoridades competentes ni otros elementos objetivos que demostraran
alteraciones, manipulaciones o modificaciones irregulares de los resultados
electorales o de los sistemas tecnológicos utilizados durante la jornada electoral.
56. Por el contrario, las pretensiones de amparo se edifican principalmente sobre
apreciaciones generales acerca de la necesidad de verificar la transparencia del
proceso electoral y sobre la existencia de dudas respecto de ciertos aspectos
operativos del escrutinio. Sin embargo, la sola manifestación de desconfianza frente
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Demandante: Susana López Aristizábal y otros
a los resultados electorales o frente a las actuaciones adelantadas por las
autoridades competentes no constituye, por sí misma, una vulneración de derechos
fundamentales susceptible de protección mediante tutela.
57. La Sala observa igualmente que las entidades demandadas suministraron
explicaciones acerca del funcionamiento de los mecanismos institucionales de
control, verificación y auditoría existentes dentro del proceso electoral, así como
sobre los procedimientos utilizados para la consolidación de la información electoral
y la conservación de la documentación correspondiente. Tales actuaciones
evidencian que las autoridades electorales desplegaron las competencias que les
fueron asignadas por la Constitución y la ley para garantizar el adecuado desarrollo
del proceso electoral, sin que en el expediente repose prueba alguna que permita
concluir razonablemente que esas actuaciones resultaron arbitrarias, caprichosas o
contrarias al ordenamiento jurídico.
58. Asimismo, resulta significativo que, pese a la magnitud de las irregularidades
denunciadas, los demandantes no lograron identificar de manera concreta cuál fue
la incidencia real de los hechos alegados sobre el resultado electoral ni de qué forma
específica se produjo la supuesta afectación de sus derechos fundamentales. Las
solicitudes formuladas se encuentran dirigidas a obtener nuevas verificaciones y
auditorías con el propósito de establecer si eventualmente pudieron existir
inconsistencias, lo que evidencia que la supuesta vulneración no surge de hechos
demostrados sino de hipótesis cuya ocurrencia no fue acreditada dentro del
proceso.
59. En relación con los derechos al sufragio y a la participación política, tampoco
se encuentra demostrada una restricción concreta al ejercicio de tales prerrogativas
constitucionales. Ninguno de los demandantes acreditó o alegó que se le impidiera
ejercer el derecho al voto, excluido injustificadamente del censo electoral, objeto de
alguna actuación discriminatoria por parte de las autoridades electorales o sufrir una
afectación individualizable derivada de decisiones adoptadas durante el proceso
electoral. Por el contrario, los planteamientos expuestos se orientan a cuestionar de
manera general la transparencia y confiabilidad del certamen electoral, asunto que,
por su naturaleza, corresponde al ámbito de control propio de las autoridades
electorales y de la jurisdicción contencioso administrativa.
60. De igual manera, la vulneración del derecho al debido proceso no aparece
acreditada, pues los demandantes no identifican una actuación administrativa o
judicial específica adelantada en su contra respecto de la cual se desconocieran las
garantías que integran tal derecho fundamental. Al contrario, se reitera sus reparos
recaen sobre el desarrollo general del proceso electoral y sobre la forma en que las
autoridades electorales ejercieron las competencias que les atribuye el
ordenamiento jurídico, circunstancia que no permite configurar, por sí sola, una
afectación del debido proceso en los términos exigidos por la jurisprudencia
constitucional.
61. En cuanto a los cuestionamientos relacionados con los votos emitidos en el
exterior, la Sala advierte que estos tampoco se encuentran respaldados por
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Demandante: Susana López Aristizábal y otros
elementos objetivos que permitan inferir la existencia de irregularidades concretas
en la recepción, transmisión, consolidación o escrutinio de dichos sufragios. La
impugnación se limita a reiterar la necesidad de garantizar mayores niveles de
publicidad, transparencia y verificabilidad, sin identificar hechos específicos que
demuestren una alteración real del proceso electoral o una afectación efectiva de
derechos fundamentales.
62. En tales condiciones, la Sala concluye que las pretensiones de amparo se
sustentan en afirmaciones generales y en inconformidades frente al desarrollo del
proceso electoral, mas no en hechos demostrados que permitan acreditar la
existencia de una amenaza o vulneración cierta, actual y concreta de los derechos
fundamentales invocados. En consecuencia, al no encontrarse satisfecho el
presupuesto material indispensable para la procedencia del amparo constitucional,
no hay lugar a impartir las órdenes solicitadas por los demandantes, razón por la
cual se confirmará la decisión adoptada por el juez de primera instancia.
2.4.3. Reclamaciones electorales y voto en el exterior
63. La Sala advierte que una parte importante de los cuestionamientos
formulados por los demandantes se encuentra relacionada con la supuesta
ausencia de garantías suficientes para verificar la corrección de los resultados
electorales, en particular en lo concerniente a los votos depositados por ciudadanos
colombianos residentes en el exterior. Sobre este aspecto, resulta necesario
recordar que el ordenamiento jurídico electoral colombiano contempla
procedimientos específicos para la formulación, trámite y resolución de las
reclamaciones que surjan durante las distintas etapas del escrutinio, mecanismos
que constituyen la vía natural e idónea para debatir posibles inconsistencias o
irregularidades relacionadas con la contabilización de votos y la consolidación de
resultados.
64. En efecto, el sistema electoral prevé la intervención de los partidos,
movimientos políticos, candidatos, apoderados y testigos electorales en las
diferentes fases del escrutinio, con el fin de asegurar la publicidad, contradicción y
transparencia de las actuaciones adelantadas por las autoridades electorales.
Aquellos actores cuentan con facultades para formular observaciones y
reclamaciones cuando adviertan circunstancias susceptibles de afectar la fidelidad
de los resultados electorales, las cuales deben ser examinadas por las
correspondientes comisiones escrutadoras dentro de los procedimientos legalmente
establecidos.
65. La existencia de estos instrumentos responde a las disposiciones realizadas
por el legislador para garantizar la corrección y confiabilidad del proceso electoral,
permitiendo que las irregularidades sean debatidas inicialmente ante las propias
autoridades electorales y, posteriormente, cuando ello resulte procedente, ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo mediante los mecanismos judiciales
previstos para tal fin. De esta manera, el ordenamiento jurídico estableció los
mecanismos específicos tanto en sede administrativa como judicial para controvertir
actuaciones relacionadas con formularios electorales, mesas de votación,
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Demandante: Susana López Aristizábal y otros
escrutinios, consolidación de resultados y declaratorias de elección, sin que
corresponda al juez de tutela sustituir esos procedimientos especializados.
66. En el expediente obra información que demuestra que durante el proceso
electoral existió participación de testigos electorales y representantes acreditados
ante las autoridades competentes, quienes ejercieron los mecanismos de control y
vigilancia previstos por la legislación electoral. Igualmente, se encuentra
demostrado que fueron presentadas reclamaciones dentro del escrutinio nacional,
las cuales posteriormente fueron objeto de desistimiento por quienes las formularon,
circunstancia valorada por el juez de primera instancia al momento de concluir que
no existía una controversia electoral pendiente que justificara la adopción de las
órdenes solicitadas mediante la presente acción constitucional.
67. Tal circunstancia resulta particularmente relevante, pues evidencia que los
mecanismos ordinarios de control previstos por el ordenamiento electoral fueron
activados por los sujetos legitimados para ello. En consecuencia, no puede
afirmarse que las autoridades demandadas impidieran el ejercicio de los
instrumentos de contradicción y verificación establecidos por la ley, ni que los
demandantes fueran privados de los recursos establecidos para cuestionar la
legalidad del escrutinio.
68. Ahora bien, en lo que respecta específicamente a los votos emitidos por
ciudadanos colombianos en el exterior, la Sala observa que la impugnación insiste
en la necesidad de garantizar una mayor verificabilidad de los resultados y en la
conveniencia de adoptar controles adicionales que permitan fortalecer la confianza
pública en el proceso electoral. No obstante, tales planteamientos no permiten
inferir, por sí solos, la existencia de una vulneración actual y concreta de derechos
fundamentales.
69. Debe recordarse que el sufragio en el exterior se encuentra reglamentado
por disposiciones especiales que reconocen las particularidades logísticas y
operativas derivadas de su realización en sedes diplomáticas y consulares ubicadas
fuera del territorio nacional. Dentro de ese marco normativo se prevén mecanismos
de recepción, consolidación y transmisión de la información electoral orientados a
garantizar la incorporación de los votos al escrutinio nacional.
70. En ese contexto, el tribunal concluyó que la normatividad vigente permite la
transmisión de los resultados mediante mecanismos de datos considerados
confiables por la organización electoral y que del ordenamiento aplicable no se
desprende una obligación jurídica consistente en remitir físicamente la totalidad de
los votos emitidos en el exterior para efectos de la consolidación de los resultados
nacionales. Tal conclusión no fue desvirtuada por la parte impugnante que se limitó
a expresar una inconformidad general frente al modelo de verificación adoptado por
las autoridades electorales, sin demostrar que este fuera aplicado de manera
irregular o contraria a la ley.
71. Así las cosas, la Sala concluye que no se encuentra acreditada una
vulneración concreta de los derechos fundamentales invocados con ocasión de las
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reclamaciones formuladas respecto del escrutinio electoral ni del procedimiento
aplicado para la contabilización de los votos emitidos en el exterior. Por el contrario,
el material probatorio permite constatar que existieron mecanismos institucionales
de control, espacios para la formulación de reclamaciones y procedimientos
legalmente establecidos para debatir cualquier eventual inconformidad relacionada
con el proceso electoral. En consecuencia, no hay lugar a impartir las órdenes
pretendidas por la parte demandante, razón adicional que conduce a confirmar la
decisión adoptada por el juez de primera instancia.
2.4.4. Inexistencia del perjuicio irremediable
72. Por último, debe resaltarse que la eventual inconformidad de los
demandantes con la forma en que se desarrolló el escrutinio o con las decisiones
adoptadas por las autoridades electorales no constituye, por sí misma, un perjuicio
irremediable. La jurisprudencia ha precisado que la tutela no procede como
mecanismo transitorio cuando lo que se pretende es anticipar o reemplazar el
debate propio de los medios ordinarios de control o sustituir las competencias
atribuidas a las autoridades y jueces especializados. Admitir lo contrario supondría
desconocer el carácter residual de la solicitud de tutela y vaciar de contenido los
mecanismos preceptuados para resolver las controversias electorales.
73. En ese contexto, la Sala concluye que los demandantes no demostraron la
concurrencia de los elementos del perjuicio irremediable ni la necesidad de una
intervención urgente e impostergable del juez constitucional. Por el contrario, las
controversias planteadas pueden ser sometidas a consideración de las autoridades
competentes mediante los recursos establecidos para el control de la actividad
electoral. En consecuencia, no se configura ninguna de las hipótesis excepcionales
que permitirían flexibilizar el requisito de subsidiariedad de la solicitud de tutela.
3. Conclusión
74. Así las cosas, las razones expuestas en la impugnación no desvirtúan los
fundamentos de la sentencia recurrida del 3 de julio de 202631, pues la controversia
planteada se relaciona con asuntos propios del control de legalidad del proceso
electoral y de los actos administrativos expedidos por las autoridades electorales,
materias para las cuales el ordenamiento jurídico prevé mecanismos judiciales
específicos, además, no se acreditó la existencia de una vulneración actual de
derechos fundamentales ni de un perjuicio irremediable que justifique la intervención
excepcional del juez constitucional por lo que esta Sala de decisión confirmará el
pronunciamiento del a quo.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
31
Así como la sentencia del 14 de julio de 2026 con la que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia
del 3 de igual mes y año.
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-00514-01 ACU
Demandante: Susana López Aristizábal y otros
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 3 de julio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que resolvió:
«[…] PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela respecto a 1. la
custodia de las actas E – 14 y demás documentos que hicieron parte de las elecciones
presidenciales 2026; 2. Ordenar la suspensión de las bases electorales para evitar la
alteración del material electoral, y 3. las pretensiones relacionadas con no reconocer las
elecciones presidenciales 2026, al considerar que hubo vulneración en su trámite,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparó de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, participación política, acceso a la información, petición y acceso a documentos
públicos de la señora SUSANA LOPEZ ARISTIZABAL y demás accionantes, relacionado
con 1. una auditoría técnica que permita verificar la integridad del software electoral; 2.
la verificación técnica de los formularios E – 14 en Colombia y en el exterior; 3. ordenar
el recuento físico de votos; 4. la negativa de la Regisraduría Nacional del Estado Civil de
remitir físicamente los votos emitidos en el exterior; 5. ordenar que la información
electoral se ponga a disposición de la ciudadanía; y 6. ordenarle a las entidades
accionadas de informar los mecanismos técnicos y digitales utilizados durante el proceso
electoral presidencial de 2026.
TERCERO: DESVINCULAR de la presente acción de tutela al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DARPE), al carecer de
legitimación en la causa por pasiva, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. […]». (sic)
Lo anterior, en la solicitud de tutela presentada por Susana López Aristizábal y otros
contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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