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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2026-00516-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2026-00516-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026), proferida por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2026-00516-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: JAIME ENRIQUE ROMERO PALOMARES
Accionado: JUZGADO 4° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Negativa del amparo de pobreza /
Defecto procedimental absoluto no configurado / Carga argumentativa mínima.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la impugnación instaurada por
el accionante Jaime Enrique Romero Palomares contra la providencia del nueve (9)
de julio de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo consagrado en el artículo
86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Jaime Enrique Romero Palomares en nombre propio, promovió acción
de tutela contra el Juzgado Cuarto (4.°) Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Primera, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso efectivo a la administración de justicia.

Hechos relevantes

2. El señor Jaime Enrique Romero Palomares presentó una solicitud de amparo de
pobreza ante los juzgados administrativos de Bogotá, con el fin de promover una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría de
Movilidad . Bogotá D.C.

3. El reparto correspondió al Juzgado Cuarto (4.º) Administrativo del Circuito de
Bogotá, con el radicado 11001-33-34-004-2026-00059-00.1 Con esa solicitud el
accionante requirió que se le designara un profesional del derecho de la lista de
auxiliares de la justicia. Ese apoderado lo representaría en la demanda anunciada.
Con ella el actor pretende controvertir la legalidad del acto administrativo que

1
SAMAI Índice 00001 del expediente 11001-33-34-004-2026-00059-00.

Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: Jaime Enrique Romero Palomares
Accionado: Juzgado 4° Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

suspendió de forma permanente su licencia de conducción. La demanda no se ha
presentado.2

4. Lo anterior debido a que el accionante afirmó bajo gravedad de juramento que no
tiene recursos económicos ni ingresos, que pertenece al estrato uno (1) y que acude
a su progenitor para su sustento. Como soporte aportó su clasificación en el Sisbén
IV, Grupo B5, pobreza moderada.

5. El Juzgado Cuarto (4. °) Administrativo del Circuito de Bogotá negó el amparo de
pobreza mediante auto del cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)3.
Consideró que la clasificación en el Grupo B5 no permite concluir que el solicitante
carezca de medios para sufragar los gastos del proceso, agregó que el actor no
aportó elementos adicionales sobre cargas económicas significativas o gastos
necesarios.4

6. El actor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación y sostuvo que
el inciso segundo del artículo 152 del Código General del Proceso sólo exige la
afirmación juramentada, señaló que el juzgado exigió requisitos que el legislador no
previó.

7. El Juzgado Cuarto (4. °) Administrativo del Circuito de Bogotá no repuso la
decisión y mediante auto del nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)5 reiteró
que el solicitante debe acreditar la insuficiencia de recursos con una exposición
clara de las condiciones económicas y con los medios probatorios pertinentes.
Concedió la apelación en efecto suspensivo ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera.

8. Una vez fue remitido a dicha autoridad, mediante auto del veintidós (22) de junio
de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, rechazó la apelación por improcedente6. Explicó que el auto recurrido no está
comprendido en las causales taxativas del artículo 243 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Además, precisó que el escrito
de demanda no había sido instaurado y que el recurso no cuestionó el archivo del
expediente.

Pretensiones

9. El accionante solicitó lo siguiente:

“1. Mediante el presente escrito, solicito al señor Magistrado, se acceda a la
protección de los derechos fundamentales invocados por el accionante y se

2
El accionante indicó que el acto administrativo por el cual le suspendieron su licencia de conducción
fue la Resolución 262 del 01 de septiembre de 2019 de la secretaria de Movilidad de Cundinamarca.
3
SAMAI índice 00004 del expediente 11001-33-34-004-2026-00059-00.
4
En la misma providencia se abstuvo de imponer la multa del artículo 153 del Código General del
Proceso, porque no se probó mala fe, y ordenó archivar el expediente una vez ejecutoriada la
decisión.
5
SAMAI Índice 00010 del expediente 11001-33-34-004-2026-00059-00.
6
SAMAI Índice 00006 del expediente 11001-33-34-004-2026-00059-01.

Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: Jaime Enrique Romero Palomares
Accionado: Juzgado 4° Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

protejan los derechos a la Igualdad, Al Debido Proceso y al Acceso Efectivo a
la Administración de Justicia y se le ordene al Juzgado 04 Administrativo de
Bogotá Que, en el término de 48 horas siguiente a la comunicación del fallo
de tutela, deje sin efecto el auto del 05 de marzo de 2026 y conceda amparo
de pobreza y designe abogado dentro de la solicitud elevada por el señor
Jaime Enrique Romero Palomares identificado con Cedula de Ciudadanía No
3.199.124 en radicación No 11001 – 3334 – 004 – 2026 – 00059 – 00”.

Fundamentos de la demanda de tutela

10. El actor sostuvo que el juzgado accionado se apartó del procedimiento previsto
en el artículo 152 del Código General del Proceso. Afirmó que en el trámite de
amparo de pobreza basta con la afirmación juramentada sobre la escasez
económica para que el juez otorgue el amparo de plano.

11. El tutelante agregó que la negativa se fundó en exigencias inexistentes,
equivocadas, caprichosas e infundadas. Calificó esa conducta como un exceso
ritual manifiesto constitutivo de defecto procedimental absoluto.

12. El demandante añadió que la tutela es el único medio de defensa porque agotó
los recursos de reposición y apelación. Señaló que la actuación del juzgado le causa
un perjuicio irremediable en el acceso efectivo a la administración de justicia.

Trámite en primera instancia

13. Mediante auto del veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiséis (2026), ell
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió
la solicitud de amparo En esa misma providencia ordenó notificar personalmente al
Juez Cuarto (4.º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al Ministerio
Público. Asimismo, le solicitó a la autoridad demandada un informe sobre los hechos
de la demanda, con las pruebas pertinentes.

14. El 8 de julio de 20267, el magistrado Óscar Armando Dimaté Cárdenas manifestó
su impedimento. Para esto invocó el numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de
2004, aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991. Explicó que
había participado en el trámite ordinario, porque profirió el auto del veintidós (22) de
junio de dos mil veintiséis (2026) que rechazó la apelación.

15. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró fundado el impedimento mediante auto del 8 de julio de
20268, concluyó que el magistrado Dimaté Cárdenas participó en el proceso 11001-
33-34-004-2026-00059-00 al dictar la providencia que hace parte del objeto de
revisión de la acción de tutela.

7
SAMAI Índice 00011, expediente: 25000-23-15-000-2026-00516-00
8
SAMAI Índice 00015, Ibid.

Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: Jaime Enrique Romero Palomares
Accionado: Juzgado 4° Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Intervenciones

16. El Juzgado Cuarto (4.º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
remitió informe en el que confirmó los argumentos de los autos del cinco (5) de
marzo y del nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026). Solicitó negar las
pretensiones y sostuvo que el accionante pretende revivir el análisis jurídico del
proceso 11001-33-34-004-2026-00059-00 y convertir la tutela en una instancia
adicional.

17. El Ministerio Público guardó silencio.

La sentencia de primera instancia

18. A través de sentencia del 9 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, negó la solicitud de amparo.
Encontró satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.
Consideró que el asunto tiene relevancia constitucional y verificó que el actor agotó
los recursos disponibles, presentó oportunamente la solicitud de amparo y no la
dirigió contra una sentencia de tutela.

19. El Tribunal concluyó que no hubo vulneración. Sostuvo que el actor se limitó a
afirmar que el Juzgado Cuarto (4.º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
exigió requisitos inexistentes, sin demostrar de qué manera la providencia
desconoció el artículo 151 del Código General del Proceso ni cuál fue la exigencia
legal que se le aplicó.

20. La Sala indicó que la solicitud fue estudiada y resuelta de forma motivada.
Recordó que el Juzgado Cuarto (4.º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
valoró la clasificación del actor en el Sisbén IV, Grupo B5 y explicó por qué esa
prueba resultaba insuficiente. Precisó que la interpretación de los presupuestos del
amparo de pobreza pertenece al ámbito de la autonomía judicial protegido por los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política y que para el caso concreto no fue
manifiestamente arbitraria.

Impugnación

21. Contra la providencia precitada, el accionante Jaime Enrique Romero
Palomares interpuso impugnación. Sus reproches consistieron en señalar que: i) el
juez de primera instancia desconoció el artículo 151 del Código General del
Proceso; ii) hizo un indebido análisis de la jurisprudencia constitucional sobre la
concesión del amparo de pobreza; y iii) el estándar aplicable es el de la sentencia
T-339 de 2018 de la Corte Constitucional, cuyos apartes transcribió.

Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: Jaime Enrique Romero Palomares
Accionado: Juzgado 4° Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

II. CONSIDERACIONES

Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

23. El actor invocó los defectos fáctico, sustantivo y procedimental, y sustentó cada
uno de ellos en argumentos concretos. Los tres reproches parten de un mismo
supuesto: según sostiene el accionante, el juzgado le exigió acreditar su situación
económica mediante medios de prueba distintos de la afirmación bajo juramento,
pese a que el inciso segundo del artículo 152 del Código General del Proceso
establece dicha afirmación como la única carga exigible para acceder al amparo de
pobreza.

24. Ese reproche único se proyecta en los tres cargos. El fáctico, porque el juzgado
no habría valorado la prueba con la que el actor demostraba su situación, esto es,
su propia afirmación juramentada. El sustantivo, porque le habría exigido un soporte
probatorio que la ley no contempla. Y el procedimental, porque le habría impuesto
una carga procesal no prevista para acceder al beneficio. Los tres cargos comparten
fundamento y no pueden separarse sin repetir el mismo análisis, de modo que la
Sala los resolverá de manera conjunta.

25. El problema jurídico es el siguiente: ¿el Juzgado Cuarto (4.º) Administrativo del
Circuito de Bogotá incurrió en defecto fáctico, sustantivo, así como procedimental
absoluto y por exceso ritual manifiesto, al negar el amparo de pobreza con el
argumento de que la clasificación del solicitante en el Sisbén IV, Grupo B5, no
acreditaba su situación socioeconómica, pese a que, según el actor, el artículo 152
del Código General del Proceso no habilita exigir medios probatorios distintos de la
afirmación juramentada sobre la insuficiencia de recursos?

26. Para resolver el problema jurídico planteado la Sala abordará: i) el marco de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y su aplicación al
asunto; ii) el trámite del amparo de pobreza previsto en los artículos 151 a 153 del
Código General del Proceso, con especial énfasis en el estándar probatorio exigible
para su reconocimiento; y iii) el análisis del caso concreto.

Marco de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

27. La acción de tutela contra providencias judiciales procede de manera
excepcional. La Corte Constitucional fijó en la sentencia C-590 de 2005 los
requisitos generales de procedencia y las causales específicas de procedibilidad.9

9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. La doctrina se reiteró, entre otras, en las sentencias
SU-215 de 2022 y T-410 de 2024.

Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: Jaime Enrique Romero Palomares
Accionado: Juzgado 4° Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

28. La Corte Constitucional reiteró y ordenó esos requisitos generales en la
sentencia T-410 de 2024.10 Son los siguientes: i) la legitimación en la causa, por
activa y por pasiva; ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de
tutela; iii) el requisito de inmediatez; iv) la identificación clara, detallada y
comprensible de los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales,
alegados en el trámite procesal; v) el requisito de subsidiariedad; vi) la evidente
relevancia constitucional del asunto; y vii) cuando se plantee una irregularidad
procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión cuestionada.

29. Sobre el requisito de relevancia constitucional la Sala Plena unificó su doctrina
en la sentencia SU-215 de 2022.11 Ese requisito protege el carácter subsidiario del
amparo. Impide que la tutela se convierta en una instancia adicional para reabrir
discusiones legales o probatorias propias del juez natural.

30. Esos requisitos se cumplen en el caso concreto, así:

31. Legitimación en la causa. Por activa: El señor Romero Palomares actúa en
nombre propio. Es el titular de los derechos invocados. Por pasiva: El juzgado
accionado es la autoridad judicial que profirió la providencia cuestionada.

32. Relevancia constitucional. El asunto no se agota en la discusión legal sobre
los artículos 151 y 152 del Código General del Proceso. La negativa del amparo de
pobreza impide que quien afirma no poder pagar un apoderado obtenga la
designación de uno para acudir a la jurisdicción. La cuestión compromete el acceso
a la administración de justicia previsto en el artículo 229 de la Constitución Política.

33. Subsidiariedad. El actor interpuso reposición y, en subsidio, apelación contra
el auto del cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026). El actor no dispone de
otro mecanismo de defensa.

34. Inmediatez. La providencia cuestionada es del cinco (5) de marzo de dos mil
veintiséis (2026). La tutela se presentó el veintitrés (23) de junio siguiente.
Transcurrieron tres (3) meses y diecinueve (19) días. El término es razonable. El
actor esperó a que se agotaran los recursos, cuyo trámite concluyó el veintidós (22)
de junio de dos mil veintiséis (2026).

35. Tutela contra tutela. La acción se dirige contra un auto proferido en un trámite
ordinario y no contra una sentencia de tutela.

Causales específicas de procedibilidad invocadas

36. Los defectos que el actor invocó se caracterizan de la siguiente manera:

Defecto Configuración Carga argumentativa
exigible

10
Corte Constitucional, sentencia T-410 de 2024, párrafo 69. M.P. Natalia Ángel Cabo.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 del dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022),
magistrada ponente Natalia Ángel Cabo.

Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: Jaime Enrique Romero Palomares
Accionado: Juzgado 4° Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Procedimental El juez actúa por completo al margen del Identificar la regla de
absoluto procedimiento establecido o desconoce el procedimiento omitida y la
trámite que la ley prevé para la actuación. actuación concreta que se
apartó de ella.
Procedimental por El juez aplica una forma procesal con un Precisar la forma aplicada
exceso ritual rigor tal que sacrifica el derecho sustancial con rigor excesivo y el
manifiesto y desconoce el artículo 228 de la derecho sustancial que
Constitución Política. No se trata de resultó sacrificado.
apartarse del procedimiento, sino de
anteponer la forma al derecho que el
procedimiento sirve.
Sustantivo La decisión se funda en una norma Señalar la norma aplicada o
inexistente, inaplicable o interpretada de dejada de aplicar y explicar
manera irrazonable, o existe una por qué la lectura del juez
contradicción evidente entre los natural resulta irrazonable.
fundamentos y lo decidido.
Fáctico El juez omite decretar o practicar pruebas
Individualizar la prueba
indispensables, desconoce el acervo omitida o mal valorada y
probatorio determinante o lo valora dedemostrar su incidencia
manera irracional o arbitraria. determinante en el sentido de
la decisión.
Cuadro 1. Caracterización de los defectos invocados, conforme a las sentencias C-590 de
2005 y T-410 de 2024

El trámite del amparo de pobreza y el estándar probatorio para acceder a esa
figura

37. El artículo 151 del Código General del Proceso dispone que el amparo de
pobreza se concede a quien no está en capacidad de atender los gastos del proceso
sin menoscabo de lo necesario para su subsistencia y la de las personas a quienes
por ley debe alimentos. La figura se aplica en esta jurisdicción por remisión del
artículo 306 del CPACA.

38. El artículo 152 del Código General del Proceso regula la oportunidad y los
requisitos. El amparo puede pedirse antes de la presentación de la demanda o
durante el curso del proceso. El solicitante debe afirmar bajo juramento que se
encuentra en las condiciones del artículo anterior. El artículo 153 ordena resolver la
solicitud en el auto admisorio cuando se presenta con la demanda.

39. La ley no reguló cómo se acredita la situación económica alegada. Tampoco
enumeró los medios de prueba pertinentes. Esa indeterminación no es un vacío que
el juez deba llenar con la sola afirmación del solicitante. Se trata de un margen de
apreciación que el legislador dejó en cabeza del juez de conocimiento, quien debe
verificar si concurren las condiciones objetivas del artículo 151.

40. La Corte Constitucional precisó el alcance de ese margen. Sostuvo que la
declaración juramentada no es suficiente para conceder el amparo. Señaló que el
juez debe contar con un parámetro objetivo para determinar si el otorgamiento tiene
justificación válida. Exigió dos presupuestos: que el amparo se solicite de forma
personal y motivada por el interesado, y que se acredite la situación socioeconómica
que lo hace procedente.12

12
Corte Constitucional, sentencias T-114 de 2007, M.P: Nilson Pinilla Pinilla y T-339 de 2018, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: Jaime Enrique Romero Palomares
Accionado: Juzgado 4° Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

41. Esta Corporación acogió dicho estándar y lo ha aplicado de manera reiterada,
como se evidencia en las siguientes decisiones:

42. La sentencia de tutela de la Sección Quinta del cinco (5) de noviembre de dos
mil veinte (2020).13 Allí se fijó la regla de que la labor del juez consiste en determinar
si el solicitante reúne las condiciones objetivas de reconocimiento, esto es, la
solicitud motivada del directamente interesado y la acreditación de la situación
socioeconómica. El amparo se concedió porque el juez ordinario había ignorado
tres pruebas concretas que obraban en el expediente, no porque hubiera exigido su
aporte.

43. La decisión de esta Subsección del veintidós (22) de junio de dos mil veintidós
(2022).14 Los solicitantes afirmaron que eran víctimas de la violencia y que percibían
ingresos inferiores a un salario mínimo mensual. La Subsección constató que la
petición era motivada, pero que la situación económica alegada no se acreditó con
medio de prueba alguno. Por esa razón negó el amparo. No impuso la multa del
artículo 153 del Código General del Proceso.

44. El auto de esta Subsección del doce (12) de enero de dos mil veinticuatro
(2024).15 El solicitante manifestó que se encontraba en una situación que no le
permitía tener una vida económica digna. No aportó pruebas que respaldaran esa
afirmación. La Subsección negó el amparo por esa razón.

45. La Corte Constitucional constató expresamente una diferencia de criterios. En
la Sentencia C-426 de 2024 concluyó que la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado exigen requisitos distintos para conceder el amparo de pobreza.
Precisó que la primera corporación, en ciertas ocasiones, solo exige la solicitud
personal con la manifestación juramentada, mientras que la segunda exige además
que el solicitante acredite la situación económica alegada.16

46. Esa constatación resulta relevante para el presente asunto. La Corte declaró la
exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 153 del Código General
del Proceso, en el entendido de que la multa solo puede imponerse una vez
comprobada la mala fe del solicitante. De igual forma, advirtió que la Corte Suprema
de Justicia y el Consejo de Estado han aplicado criterios distintos sobre la
acreditación exigible para conceder el amparo de pobreza y reseñó que esta
Corporación requiere, además de la solicitud juramentada, la acreditación de la
situación económica alegada. No obstante, la Sentencia C-426 de 2024 no definió
cuál de esas interpretaciones debía prevalecer ni reprochó alguna, pues su objeto
de control se circunscribió a la imposición de la multa prevista en el artículo 153 del
Código General del Proceso.

13
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del cinco (5) de noviembre de dos mil veinte (2020),
radicado 68001-23-33-000-2020-00743-01 (AC), consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio.
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, decisión del veintidós (22) de junio de dos
mil veintidós (2022),
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del doce (12) de enero de dos mil
veinticuatro (2024).
16
Corte Constitucional, sentencia C-426 de 2024, magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez Najar,
párrafos 111 a 135.

Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: Jaime Enrique Romero Palomares
Accionado: Juzgado 4° Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

47. De lo anterior se desprende la regla que gobierna este caso. La afirmación
juramentada del inciso segundo del artículo 152 del Código General del Proceso es
la carga formal que habilita la solicitud. Esa afirmación no se sustenta a sí misma
como prueba de la situación socioeconómica invocada. El juez de conocimiento
conserva un margen de apreciación para establecer, con los medios de convicción
que obren en el expediente, si el solicitante reúne las condiciones objetivas del
artículo 151.

48. Ese margen encuentra límites en los derechos de acceso a la administración de
justicia e igualdad. El juez no puede exigir un estado de pobreza extrema ni derivar
automáticamente capacidad económica de un único indicador; debe valorar
integralmente los elementos que obren en el expediente y motivar por qué permiten
o no establecer las condiciones previstas en el artículo 151 del CGP.

Análisis del caso concreto

49. Ninguno de los tres (3) defectos se configura. La Sala lo explica enseguida.

50. El juzgado accionado se sujetó al trámite legal. Recibió la solicitud personal y
juramentada. La resolvió mediante providencia motivada. Se abstuvo de imponer la
multa del artículo 153 al no encontrar mala fe, en línea con lo dispuesto por la
sentencia C-426 de 2024. Admitió el recurso de reposición, lo decidió y concedió la
apelación subsidiaria. El actor no señala una sola regla de procedimiento que el
juzgado hubiera omitido.

51. El reproche del actor tampoco corresponde a lo ocurrido. Su escrito sostiene
que el juzgado inadmitió la solicitud y le exigió correcciones. Se apoya en
jurisprudencia relativa a la inadmisión reiterada de una demanda.17 La solicitud no
fue inadmitida ni sometida a requerimiento alguno. Fue resuelta de fondo y de
manera desfavorable.

52. Tampoco se configura el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Ese
defecto supone que el juez aplique una forma procesal con un rigor tal que sacrifique
el derecho sustancial. El juzgado no aplicó forma alguna con rigor. Verificó un
presupuesto de fondo del beneficio, que es la acreditación de la situación
socioeconómica.

53. El juzgado tampoco impuso una carga probatoria ajena al expediente. Valoró el
único elemento que el actor aportó, esto es, la clasificación en el Sisbén IV, Grupo
B5. Expuso el significado metodológico de ese grupo. Concluyó que la clasificación,
por sí sola, no permitía inferir la carencia de recursos. Esa conclusión se apoya en
el material disponible y no en una exigencia externa.

54. Con ello queda descartado el defecto fáctico. El actor sostiene que la prueba
desatendida fue su propia afirmación juramentada. Esa afirmación no fue ignorada.
Fue el punto de partida del examen. Lo que ocurrió es que el juzgado no la tuvo por

17
El actor transcribe apartes de la sentencia T-828 de 2008 de la Corte Constitucional, referidos a
la calificación de la demanda y a la prohibición de inadmitirla varias veces.

Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: Jaime Enrique Romero Palomares
Accionado: Juzgado 4° Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

suficiente, que es cosa distinta de no valorarla. El actor tampoco individualizó
ninguna otra prueba que el juzgado hubiera dejado de apreciar.

55. La premisa del actor es que la afirmación juramentada agota el examen judicial
y obliga al juez a conceder el amparo de plano. Esa premisa corresponde a la línea
que en ocasiones ha seguido la Corte Suprema de Justicia. No corresponde a la
que aplica esta jurisdicción. El juzgado accionado se ajustó al criterio del Consejo
de Estado, que la Corte Constitucional reseñó sin censurarlo.

56. El propio recurso confirma esta conclusión. La sentencia T-339 de 2018 que el
actor transcribe en la impugnación, y la providencia de la Sección Quinta que aportó
como prueba, contienen precisamente la regla que reprocha. Ambas condicionan el
reconocimiento del amparo a la acreditación objetiva de la situación económica del
solicitante.

57. La interpretación del juzgado accionado es razonable. Se apoya en el texto de
los artículos 151 y 152 del Código General del Proceso, en la jurisprudencia
constitucional y en el criterio reiterado de esta corporación. Pertenece al ámbito de
autonomía judicial protegido por los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
La tutela contra providencias judiciales es un juicio de validez y no un juicio de
corrección de la decisión del juez natural.18

58. Con ello queda descartado el defecto sustantivo. El juzgado no decidió con base
en una norma inexistente, inconstitucional o inaplicable al caso. Tampoco existe
contradicción entre sus fundamentos y lo decidido.

59. La Sala añade que la negativa no cerró el acceso a la administración de justicia.
El artículo 152 del Código General del Proceso permite solicitar el amparo antes de
la demanda o durante el curso del proceso. El archivo del expediente no impide
presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. El actor puede
elevar una nueva solicitud con el soporte que echó de menos el juez natural.

60. La regla del caso concreto es la siguiente: no incurre en defecto fáctico,
sustantivo ni procedimental por exceso ritual manifiesto el juez que niega el amparo
de pobreza tras valorar las pruebas aportadas por el solicitante y concluir que no
acreditan la situación socioeconómica exigida por el artículo 151 del Código General
del Proceso, porque la afirmación juramentada del artículo 152 habilita la solicitud
pero no la demuestra.

61. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

18
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, magistrada ponente Cristina Pardo Schlesinger.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca la citó en la sentencia impugnada.

Radicación número: 25000-23-15-000-2026-00516-01
Accionante: Jaime Enrique Romero Palomares
Accionado: Juzgado 4° Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del nueve (9) de julio de dos mil veintiséis
(2026), proferida por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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