Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-01441-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-01441-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-01441-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2026-01441-01
Accionante: LAUREANO CUBILLOS TRIANA
Accionados: JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. El amparo es improcedente porque no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
12 de agosto de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Laureano Cubillos Triana solicitó, en nombre propio, la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la seguridad social,
cuya vulneración le atribuyó a i) la providencia de 15 de mayo de 2025, proferida
por el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
11001-33-35-020-2024-00194-00 y ii) la negativa por parte de Colpensiones frente
a la reliquidación de su pensión.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió
que mediante Resolución SUB-214927 del 3 de septiembre de 2021,
Colpensiones le reconoció la pensión de vejez en cuantía de $11.572.576 con 2.152
semanas cotizadas, un IBL de $16.162.815 y una tasa de reemplazo del 71.60%,
condicionada al retiro del servicio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 25000-23-15-000-2026-01441-01
Accionante: Laureano Cubillos Triana
2.2. Sostuvoque su retiro como servidor público dependiente de la Procuraduría
General de la Nación se produjo a partir del 2 de mayo de 2023, fecha a partir de la
cual presentó su renuncia al cargo de Procurador 314 Judicial II Penal de Bogotá. Con
ocasión de lo anterior, Colpensiones, a través de la Resolución Núm. SUB-136920
del 25 de mayo de 2023, ingresó en nómina su prestación pensional, en cuantía de
$13.826.606, efectiva a partir del 2 de mayo de 2023, con un IBL de $19.310.902 y
una tasa de reemplazo del 71.60%.
2.3. Relató que interpuso recursos de reposición y apelación contra la anterior
resolución, los cuales fueron rechazados por Colpensiones, mediante Resolución
núm. SUB-249907 del 15 de septiembre de 2023 y, en el mismo acto, oficiosamente
modificó la resolución recurrida, ordenando la reliquidación de su pensión en cuantía
inicial de $15.755.560, con IBL de $22.215.962 y una tasa de reemplazo del 70.92%.
2.4. Indicó que posteriormente, formuló nuevamente recurso de apelación, solicitando
la aplicación de una tasa de reemplazo del 80% y Colpensiones, a través de
resolución núm. DPE-16214 del 20 de noviembre de 2023 desató el recurso y
confirmó el acto recurrido.
2.5. Comentó que presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 11001-33-35-020-2024-00194-00 contra la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad
de las Resoluciones SUB-136920 de 25 de mayo de 2023, SUB-249907 de 15 de
septiembre de 2023 y DPE 16214 de 20 de noviembre de 2023 y, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento, pago y reliquidación del valor
de la pensión de vejez, con el IBL reconocido para 2023 en $22.216.962 y una tasa
de reemplazo del 80%.
2.6. Señalóque el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que mediante sentencia de
15 de mayo de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
condenó a Colpensiones “[…] a reliquidar la pensión de vejez que devenga Laureano
Cubillos Triana, identificado con cédula de ciudadanía 3.235.854, a partir del 2 de
mayo de 2023 con el IBL reconocido para 2023 en $19.310.902 y una tasa de
reemplazo del 80%, por la suma de $15.448.722 y, pagar las diferencias resultantes
entre lo que venía sufragando y lo que corresponde pagar, una vez efectuado el
reajuste que aquí se ordena.[…]”.
2.7. Manifestó que solicitó al Juzgado la corrección del fallo “[…] para que le indicara a
Colpensiones que el IBL sobre el que debía aplicarse la tasa de reemplazo del 80%,
era sobre $22.215.692, reconocido en la Resolución SUB-249907 del 15 de
septiembre de 2023, confirmada en la Resolución DPE-16214 del 20 de noviembre
de 2023 y no sobre $19.310.902, consignados en la Resolución SUB-136920 del 25
de mayo de 2023 […]”.
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Radicación: 25000-23-15-000-2026-01441-01
Accionante: Laureano Cubillos Triana
2.8. Sostuvo que, mediante auto de 13 de marzo de 2026, se negó la solicitud de
corrección, decisión contra la cual interpuso los recursos de reposición y apelación,
los cuales fueron negados a través de providencia de 30 de junio de 2026.
2.9. Expuso que la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Administrativo del
Circuito de Bogotá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo
vital y a la seguridad social, por haber incurrido en los defectos fáctico y defecto
procedimental absoluto.
2.10. Respecto del defecto procedimental absoluto, indicó que el Juzgado accionado
“[…] ordenó erróneamente en el fallo del 15 de mayo de 2025 que se reliquidara su
pensión con el IBL reconocido para 2023 en $19.310.902 y una tasa de reemplazo
del 80%, por la suma de $15.448.722, cuando debió transcribirse en su lugar, las
Resoluciones SUB-249907 del 15 de septiembre de 2023 y DPE 16214 del 20 de
noviembre de 2023. […]”.
2.11. Sobre el defecto fáctico comentó que incurrieron en este, tanto el despacho
judicial accionado como Colpensiones “[…] toda vez que al haberse citado por parte
del Juzgado en sus sentencia, de manera equivocada la Resolución 136920 del 15
de mayo de 2023 (ya revocada), a cambio de la SUB-249907 del 15 de septiembre
de 2023, confirmada en segunda instancia por la DPE-16214 del 20 de noviembre
de 2023, modificando sustancialmente el IBL, ello provocó un deterioro significativo
en mi mesada pensional, equivalente a $2.905.060.00, lo que se pide corregir a
través de la sentencia de tutela […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] “1. Que se ordene al JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE
BOGOTÁ, corregir la sentencia de fecha 15 de mayo de 2025, exclusivamente
en lo que hace relación a citación correcta de las RESOLUCIONES SUB-
249907 del 15 de septiembre de 2023 y DPE 16214 del 20 noviembre de
2023 e IBL equivalente a $22.215.962, a cambio de la Resolución 136920 del
15 de mayo de 2023, las que deben ser tenidos en cuenta por
COLPENSIONES para la Reliquidación de la mesada pensional, a partir del 2
de mayo de 2023, inclusive, con una tasa de reemplazo del 80%, incluyéndose,
perentoriamente los intereses e indexación que correspondan.
2. ORDENAR A COLPENSIONES que, de manera inmediata proceda a la
Reliquidación de mi mesada pensional, conforme lo por ella definido en las
RESOLUCIONES SUB-249907 del 15 de septiembre de 2023 y DPE 16214
del 20 noviembre de 2023, a partir del 2 de mayo de 2023, inclusive, con una
tasa de reemplazo del 80%, incluyéndose, perentoriamente los intereses e
indexación que correspondan, junto con el retroactivo que corresponda, por
más de 40 meses de pago irregular […]”. [Negrilla y subrayado del texto].
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Radicación: 25000-23-15-000-2026-01441-01
Accionante: Laureano Cubillos Triana
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 3 de agosto de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca admitió la acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas, se allegaron los
siguientes informes:
5.1. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Segunda
solicitó negar las pretensiones de la acción constitucional pues no se evidenció
vulneración alguna de los derechos invocados por el accionante. Precisó que contra
la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 no se presentó recurso de apelación.
Asimismo, indicó que los recursos interpuestos con posterioridad frente a
decisiones incidentales derivadas de la solicitud de corrección de la sentencia
carecen de la capacidad jurídica para reabrir la discusión sobre el fondo de la
providencia o modificar su condición de decisión ejecutoriada.
5.2. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela al considerar que el Juzgado accionado
no incurrió en vulneración de derechos fundamentales ni en defecto alguno, y que
este mecanismo no puede emplearse como una instancia adicional para
controvertir decisiones judiciales.
5.3. Asimismo, solicitó negar el amparo respecto de Colpensiones por configurarse
la cosa juzgada, por incumplirse los requisitos de procedibilidad previstos en el
Decreto 2591 de 1991 y por no evidenciarse actuación alguna contraria a derecho
por parte de la entidad. De manera subsidiaria, pidió decretar la nulidad de lo
actuado desde la notificación del auto admisorio, con el fin de que se remitiera copia
íntegra de la demanda de tutela y sus anexos, y se otorgara un nuevo término para
ejercer adecuadamente el derecho de defensa y contradicción.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 12 de agosto de 2026, la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de nulidad
de lo actuado por indebida notificación del auto admisorio de la tutela, elevada por
Colpensiones y declaró improcedente la acción de amparo por incumplimiento del
requisito general de subsidiariedad, al concluir que “[…] no existe vulneración o
amenaza a sus derechos fundamentales: el fallo que se cuestiona en esta
oportunidad no fue apelado. No puede admitirse acudir al mecanismo constitucional
sin agotar los medios de defensa dentro de la actuación procesal, en este caso, sin
acudir al recurso ordinario de apelación contra sentencia, mediante el cual
evidentemente el accionante pudo haber elevado los reproches que aquí se ponen
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Radicación: 25000-23-15-000-2026-01441-01
Accionante: Laureano Cubillos Triana
de presente y menos, para tratar de sanear una omisión o descuidos propios, a
través de la solicitud de corrección de dicho fallo. […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
7. El accionante impugnó el fallo de primera instancia por considerar que el a quo
no valoró las razones expuestas respecto de la falta de interposición del recurso de
apelación contra la sentencia cuestionada y que esta circunstancia obedeció a que
dicha providencia accedió favorablemente a sus pretensiones. Precisó que su
inconformidad no recaía sobre el sentido de la decisión, sino sobre el error de
transcripción en que habría incurrido el juzgado al momento de su expedición.
8. Sostuvo que la sentencia impugnada “[…] dio paso a formalismos propios del
sistema procesal administrativo, antes que atender al quebranto del derecho
sustancial y violación de mis derechos fundamentales, protagonizado por las
entidades accionadas […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Y, si ello es
así, se deberá:
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
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Accionante: Laureano Cubillos Triana
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
7
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01441-01
Accionante: Laureano Cubillos Triana
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
19. El señor Laureano Cubillos Triana solicitó, en nombre propio, la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la seguridad social,
cuya vulneración le atribuyó a i) la providencia de 15 de mayo de 2025, proferida
por el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
11001-33-35-020-2024-00194-00 y ii) la negativa por parte de Colpensiones frente
a la reliquidación de su pensión.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de subsidiariedad.
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito de procedencia de subsidiariedad
21. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 25000-23-15-000-2026-01441-01
Accionante: Laureano Cubillos Triana
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
22. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
23. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza12], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
24. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”13.
25. En ese sentido, “[…] la jurisprudencia constitucional ha identificado tres causales
que conllevan a la improcedencia de la acción de tutela contra una providencia
12
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
13
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
9
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01441-01
Accionante: Laureano Cubillos Triana
judicial, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Estas son: “(i) el asunto
está en trámite14; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios15; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en
donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico16”17[…]”18. [Negrilla fuera del texto].
26. Esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril de 2019, al respecto expuso
lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de
los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean
idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o
cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable […]”19.
27. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
28. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
29. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
“[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
14
La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de
2013, T-103 de 2014, entre otras.
15
Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue
aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
16
“En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la misma resulta improcedente cuando se pretende emplear para
reabrir un asunto litigioso que por negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto
(…)Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un
mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción
constitucional de protección de los derechos fundamentales.”. Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio. En la sentencia T-396 de 2014 se declaró la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se
cumplió el requisito de subsidiariedad, en el análisis del caso concreto se afirmó: “Bajo esas condiciones, esta Sala de
Revisión confirmará el fallo mencionado teniendo en cuenta que la acción presentada por el señor Emen Quinayas incumple
el requisito de subsidiariedad en la medida en que no fue presentado el recurso de apelación contra la sentencia que resolvió
la acción popular, lo que es suficiente para declarar la improcedencia de la tutela contra providencia judicial” Corte
Constitucional, Sentencia T-396 de 2014, M.P. Esta subregla también fue aplicada en la sentencia T-006 de 2015, en la que
la se afirmó: “la acción de tutela es improcedente, ya que por negligencia o descuido del actor no puede pretender que a
través de este medio se reabran etapas procesales que se encuentran debidamente resueltas por no haber presentado a
tiempo los respectivos recursos en el desarrollo del proceso ordinario laboral. Así, al no cumplir la tutela con uno de los
requisitos generales de procedibilidad, relativo al agotamiento de los medios ordinarios de defensa judicial, la Sala se
abstendrá de emitir pronunciamiento alguno respecto de los demás criterios generales y específicos de procedibilidad”.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 16 de enero de 2017, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 25000-23-15-000-2026-01441-01
Accionante: Laureano Cubillos Triana
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados
[…]”.20
30. Además de lo anterior, esta Sección21 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso
donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto, señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en
el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos,
y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el
curso del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho
a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios
judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice
por cuanto, el medio de control aún está en trámite […]”. [Subrayado fuera del
texto].
31. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si la
presente solicitud de amparo cumple o no el requisito general de procedibilidad
atinente a la subsidiariedad.
32. En el caso objeto de estudio, se observa que la controversia consiste en verificar
la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante con
la sentencia de 15 de mayo de 2025, mediante la cual el Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
33. En el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque el
accionante tenía a su disposición el recurso de apelación.
34. En efecto, el numeral 1° del artículo 243 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 20
señala lo siguiente:
20
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P.
doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.
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Accionante: Laureano Cubillos Triana
“[…] Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los
siguientes autos proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o
parcialmente el mandamiento ejecutivo […]”.
35. A su vez, el numeral 3° del artículo 244 ibidem, señala:
“[…] Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión
del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:
[…] 3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y
sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la
reposición […]”.
36. La parte accionante afirmó que “[…] fue por razón de esa respuesta positiva de
justicia, frente a la tasa de reemplazo reclamada, que se hizo inapropiado APELAR
DE LA SENTENCIA […]”.
37. Al respecto, la Corte Constitucional señaló en la sentencia SU-062 de 7 de junio
de 2018:
“[…] Tratándose de una acción contra providencias judiciales, la Corte ha
sostenido que es necesario que el accionante agote todos los recursos
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial para que la acción de tutela
cumpla con este requisito. En palabras de esta Corte, “el amparo constitucional
no resulta procedente cuando, a través de este medio, se pretende reabrir
etapas procesales que se encuentran debidamente cerradas porque no se
presentaron los recursos respectivos, ya sea por negligencia, descuido o
distracción de las partes”. […]”.
38. En virtud de lo expuesto, se considera que el accionante disponía de otro medio
de defensa para la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, por lo que la presente acción de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad. Además, no se encuentra probado un
perjuicio irremediable.
39. Finalmente, frente al reparo propuesto contra la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones, la Sala advierte que este hace parte del objeto del
proceso ordinario cuestionado, respecto del cual como se advirtió supra la acción
de tutela es improcedente.
40. Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta lo pretendido por el accionante, la
Sala confirmará lo resuelto en primera instancia, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta decisión.
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Accionante: Laureano Cubillos Triana
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de agosto de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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