Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-01443-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2026-01443-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-01443-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-01443-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: MARÍA CAMILA ROSERO CORREA
Accionado: JUZGADO CINCUENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. El amparo es improcedente porque no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
10 de agosto de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora María Camila Rosero Correa, a través de apoderada judicial solicitó la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de
mayo de 2026, proferida por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del
Circuito de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 11001-33-42-057-2023-00395-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 11001-33-42-057-2023-
00395-00 contra el Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA - Canal Trece,
con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio de 30 de diciembre de 2016,
mediante el cual se informó la no renovación del contrato de prestación de servicios
suscritos con esa entidad, al considerar que dicha desvinculación fue irregular al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: María Camila Rosero Correa
desconocer su estado de embarazo; razón por la cual solicitó el reconocimiento de la
relación laboral, el reintegro y el pago de acreencias laborales.
2.2. Advirtió
que “[…] La demanda fue radicada inicialmente ante la jurisdicción
ordinaria laboral el día 9 de febrero de 2022 […]”.
2.3. Enfatizó que “[…] Durante el trámite judicial surgió conflicto de jurisdicción entre el
Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 57 Administrativo del Circuito
de Bogotá […]”.
2.4. Resaltó que “[…] Mediante Auto 897 del 15 de mayo de 2024, la Corte
Constitucional resolvió el conflicto de jurisdicción y declaró que la autoridad
competente para conocer del asunto era el Juzgado 57 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá […]”.
2.5. Sostuvo que el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante auto de 22 de agosto de 2025 inadmitió la demanda y el 27 de mayo de
2026 rechazó la demanda al no haberse subsanado correctamente dentro del
término concedido.
2.6. Manifestó que “[…] La decisión cuestionada tuvo como efecto la terminación
definitiva del proceso judicial promovido por la accionante, después de más de cuatro
años de actuaciones procesales, sin que exista decisión alguna sobre el fondo de las
pretensiones formuladas […]”.
2.7. Consideró que la providencia mencionada supra vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por haber
incurrido en un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto.
2.8. Señaló que “[…] al momento de decidir sobre la admisibilidad de la demanda, el
despacho accionado utilizó precisamente las modificaciones realizadas en
cumplimiento de la orden judicial para concluir que la controversia había cambiado
de naturaleza y que ya no se trataba de una reclamación orientada al
reconocimiento de una relación laboral encubierta, sino de una acción dirigida
exclusivamente a cuestionar la legalidad de la comunicación del 30 de diciembre
de 2016. Lo anterior evidencia una actuación contradictoria e irrazonable, pues la
accionante fue compelida por el propio juzgado a adecuar la demanda a las
exigencias del CPACA y, posteriormente, dicha adecuación fue utilizada como
fundamento para rechazarla […]”.
2.9. Indicó que “[…] La decisión cuestionada terminó sacrificando el estudio de fondo
de una controversia con evidente dimensión constitucional, privilegiando aspectos
puramente formales relacionados con la estructura técnica de la demanda sobre
los derechos sustanciales cuya protección se pretendía obtener […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
3
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: María Camila Rosero Correa
“[…] PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y prevalencia del
derecho sustancial de la señora María Camila Rosero Correa.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS el auto de fecha 27 de mayo de 2026
proferido por el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
dentro del expediente No. 11001-33-42-057-2023-00395-00.
TERCERA: ORDENAR al Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá que profiera una nueva decisión respetando los derechos
fundamentales de la accionante, valorando la subsanación presentada
conforme a los principios de acceso efectivo a la administración de justicia,
prevalencia del derecho sustancial y principio pro actione.
CUARTA: SUBSIDIARIAMENTE, en caso de que ese Despacho Constitucional
considere que las circunstancias particulares del presente asunto
comprometen las garantías de imparcialidad objetiva, confianza legítima y
tutela judicial efectiva de la accionante, solicito que se adopten las medidas
constitucionales necesarias para garantizar el conocimiento del proceso por un
despacho judicial diferente, si ello resulta procedente conforme a las
competencias constitucionales y legales, con el fin de asegurar que la nueva
decisión sobre la admisibilidad de la demanda sea proferida con plena
observancia de los principios de debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y principio pro
actione
La presente solicitud no pretende cuestionar la independencia o autonomía de
la función judicial, sino garantizar la confianza de la accionante en la
administración de justicia, teniendo en cuenta que el despacho accionado,
después de más de cuatro años de trámite, interpretó el escrito de subsanación
en un sentido que terminó convirtiendo el cumplimiento de las órdenes
impartidas en la causa misma del rechazo de la demanda. En esas condiciones,
resulta razonable solicitar que, de estimarlo constitucional y legalmente
procedente, se adopten las medidas necesarias para asegurar que el asunto
sea nuevamente analizado bajo criterios acordes con la jurisprudencia
constitucional y con plena garantía de los derechos fundamentales
comprometidos […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 3 de agosto de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca admitió la acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la accionada, se allegó el siguiente informe:
5.1. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, en la medida que “[…] la accionante
acudió directamente al juez constitucional sin haber agotado el mecanismo
ordinario de defensa judicial expresamente previsto por el ordenamiento […]”. Para
tal efecto, señaló:
4
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: María Camila Rosero Correa
“[…] En el asunto sub examine, la providencia objeto de reproche corresponde
al auto que rechazó la demanda. Frente a dicha decisión, el artículo 243 del
CPACA prevé de manera expresa el recurso de apelación. Se trataba,
entonces, de un mecanismo idóneo y eficaz mediante el cual la demandante
podía obtener un examen integral de la decisión adoptada por este despacho,
incluyendo todos los aspectos que hoy presenta como supuestas vulneraciones
de derechos fundamentales.
Particularmente, el juez de segunda instancia habría podido pronunciarse
sobre:
• La interpretación del objeto real de la controversia.
• El alcance jurídico de la subsanación presentada.
• El cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA.
• La procedencia de las causales de rechazo.
• La configuración del fenómeno de la caducidad.
Sin embargo, la accionante optó por no ejercer dicho recurso, consintiendo la
ejecutoria de la providencia y acudiendo posteriormente a la acción de tutela
para obtener una revisión que correspondía promover ante el juez natural de
segunda instancia […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 10 de agosto de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la
acción de amparo. Al respecto consideró:
“[…] De conformidad con las precisiones realizadas y al verificar la ausencia de
los requisitos de procedencia de la acción de tutela en contra del auto
enjuiciado, la Sala procederá a DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo
solicitado por la señora María Camila Rosero Correa, porque tuvo la
oportunidad de debatir la decisión de rechazo de la demanda mediante el
recurso de apelación, sin embargo no accionó para ejercer el recuso (sic) en
tiempo, circunstancia que imposibilita al juez constitucional hacer la revisión del
caso, cuando esto es una facultad que acorde con la naturaleza del proceso
correspondía al superior funcional del accionado, en este caso al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que estudiase si la decisión en el medio de
control se encontraba o no ajustada en derecho, pero como no interpuso el
recurso de apelación, tampoco es factible al juez en sede de tutela entrar a
determinar asuntos de pleno derecho como lo es el rechazo de la demanda.
[…]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
7. La accionante impugnó el fallo de primera instancia y señaló que “[…] El no
agotamiento del recurso de apelación no puede erigirse en este caso como barrera
insalvable frente a una vulneración ostensible de derechos fundamentales. Esta
apoderada reconoce, con la lealtad procesal que corresponde ante esta
jurisdicción, que el recurso de apelación previsto en el artículo 243 del CPACA no
fue interpuesto dentro del término de ejecutoria del auto de rechazo del veintisiete
(27) de mayo de dos mil veintiséis (2026). No se pretende controvertir dicho hecho,
ni construir la presente impugnación sobre una premisa distinta a la realidad
procesal del expediente […]”.
5
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: María Camila Rosero Correa
8. Indicó que “[…] la jurisprudencia constitucional ha admitido de manera reiterada
que el requisito de subsidiariedad no opera de forma absoluta ni automática, y que
su exigencia debe ponderarse frente a la entidad y gravedad de la vulneración
alegada, especialmente cuando lo que se cuestiona no es la corrección de la
interpretación normativa del juez, sino una actuación que, prima facie, se presenta
como contradictoria consigo misma: el mismo despacho que ordenó a la parte
demandante adecuar su demanda a unas exigencias formales específicas, utilizó
posteriormente el cumplimiento de esa misma orden como fundamento para
rechazarla […]”.
9. Manifestó que “[…] Exigir en este momento el agotamiento estricto del recurso
ordinario, sin ponderar la afectación que la prolongación indefinida del litigio genera
sobre derechos de sujetos de especial protección constitucional, comporta el riesgo
de perpetuar la vulneración en lugar de remediarla. Por ello se solicita a la Sala
examinar la procedencia de la tutela, al menos como mecanismo transitorio,
mientras se define la situación de fondo […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Y, si ello es
así, se deberá:
1 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2 “[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3 “[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela
[…]”.
4 “[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho […]”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: María Camila Rosero Correa
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
7
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: María Camila Rosero Correa
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
20. La señora María Camila Rosero Correa, a través de apoderada judicial solicitó
la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de
mayo de 2026, proferida por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del
Circuito de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicación 11001-33-42-057-2023-00395-00.
21. Precisadolo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de subsidiariedad.
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito de procedencia de subsidiariedad
22. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
8
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: María Camila Rosero Correa
23. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
24. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza12], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
25. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”13. [subrayado fuera del texto]
26. En ese sentido, “[…] la jurisprudencia constitucional ha identificado tres causales
que conllevan a la improcedencia de la acción de tutela contra una providencia
judicial, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Estas son: “(i) el asunto
12 Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
13 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente:
Dr. Jorge Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa.
9
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: María Camila Rosero Correa
está en trámite14; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios15; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron
de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico16”17[…]”18.
[Subrayado fuera del texto].
27. Esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril de 2019, al respecto expuso
lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de
los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean
idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o
cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable […]”19.
28. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
29. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
14 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
15 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
16 “En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la misma resulta improcedente cuando se pretende
emplear para reabrir un asunto litigioso que por negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra
debidamente resuelto (…)Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en
la medida que se convertiría en un mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se
desnaturalizaría el propósito mismo de la acción constitucional de protección de los derechos fundamentales.”.
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En la sentencia T-396 de 2014
se declaró la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se cumplió el requisito de subsidiariedad, en
el análisis del caso concreto se afirmó: “Bajo esas condiciones, esta Sala de Revisión confirmará el fallo
mencionado teniendo en cuenta que la acción presentada por el señor Emen Quinayas incumple el requisito
de subsidiariedad en la medida en que no fue presentado el recurso de apelación contra la sentencia que
resolvió la acción popular, lo que es suficiente para declarar la improcedencia de la tutela contra providencia
judicial” Corte Constitucional, Sentencia T-396 de 2014, M.P. Esta subregla también fue aplicada en la
sentencia T-006 de 2015, en la que la se afirmó: “la acción de tutela es improcedente, ya que por negligencia
o descuido del actor no puede pretender que a través de este medio se reabran etapas procesales que se
encuentran debidamente resueltas por no haber presentado a tiempo los respectivos recursos en el desarrollo
del proceso ordinario laboral. Así, al no cumplir la tutela con uno de los requisitos generales de procedibilidad,
relativo al agotamiento de los medios ordinarios de defensa judicial, la Sala se abstendrá de emitir
pronunciamiento alguno respecto de los demás criterios generales y específicos de procedibilidad”.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 16 de enero de 2017, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de
2019, expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
10
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: María Camila Rosero Correa
30. En el caso objeto de estudio, se observa que la controversia consiste en verificar
la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante con
el auto de 27 de mayo de 2026, mediante el cual el Juzgado Cincuenta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-42-057-2023-00395-00.
31. En el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque la
accionante tenía a su disposición el recurso de apelación.
32. En efecto, el numeral 1° del artículo 243 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 20
señala lo siguiente:
“[…] Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los
siguientes autos proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o
parcialmente el mandamiento ejecutivo […]”.
33. A su vez, el numeral 3° del artículo 244 ibidem, señala:
“[…] Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión
del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:
[…] 3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y
sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la
reposición […]”.
34. La parte accionante afirmó que “[…] el recurso de apelación previsto en el
artículo 243 del CPACA no fue interpuesto dentro del término de ejecutoria del auto
de rechazo […]”.
35. Al respecto, la Corte Constitucional señaló en la sentencia SU-062 de 7 de junio
de 2018:
“[…] Tratándose de una acción contra providencias judiciales, la Corte ha
sostenido que es necesario que el accionante agote todos los recursos ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial para que la acción de tutela cumpla con este
requisito. En palabras de esta Corte, “el amparo constitucional no resulta
procedente cuando, a través de este medio, se pretende reabrir etapas
procesales que se encuentran debidamente cerradas porque no se presentaron
los recursos respectivos, ya sea por negligencia, descuido o distracción de las
partes”. […]”.
36. En virtud de lo expuesto, se considera que la accionante disponía de otro medio
de defensa para la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, por lo que la presente acción de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad. Además, no se encuentra probado un
perjuicio irremediable.
20 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
11
Radicación: 25000-23-15-000-2026-01443-01
Accionante: María Camila Rosero Correa
37. Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta lo pretendido por la accionante, la
Sala confirmará lo resuelto en primera instancia, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de agosto de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.