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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-01447-01

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2026-01447-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 13 de agosto de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección D, y en consecuencia, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2026-01447-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-15-000-2026-01447-01
Accionante: Eugenio Bover Coba Gil
Accionado: Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Modifica
decisión de negar el amparo y declara su improcedencia por falta de relevancia
constitucional – Falta de carga argumentativa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 13 de agosto de 2026 por la Sección Segunda – Subsección
D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó la solicitud
de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 31 de julio de 2026, el señor Eugenio Bover Coba Gil instauró acción de tutela

contra el Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá, con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al “cumplimiento efectivo de
las sentencias de tutela”.

2. Solicitó que se dejaran sin efectos los autos de 30 de junio y 23 de julio de 2026,

mediante los cuales la autoridad judicial accionada se abstuvo de abrir incidente de
desacato, promovido contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), por el presunto incumplimiento del fallo de tutela1 proferido el 19 de
marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C.

3. Expuso que en esa decisión judicial se amparó su derecho fundamental de petición

y se ordenó a Colpensiones pronunciarse de fondo sobre su solicitud de
reconocimiento pensional o, de encontrarla incompleta, requerirlo de manera clara y

1 Radicado: 110013335-027-2026-00032-00/01

Radicación: 25000-23-15-000-2026-01447-01
Accionante: Eugenio Bover Coba Gil
Accionado: Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

precisa para que aportara la documentación necesaria y, una vez allegada, resolver
la petición.

4. Señaló que Colpensiones expidió las resoluciones SUB-80115 del 5 de marzo,

SUB-99250 del 19 de marzo y DRPE-5012 del 8 de abril de 2026. Sin embargo, esas
decisiones no cumplieron materialmente las órdenes impartidas en el fallo de tutela.

5. En consecuencia, promovió incidente de desacato ante el Juzgado 27
Administrativo del Circuito de Bogotá2. Manifestó que el incumplimiento de la
sentencia no radicaba en la ausencia de una respuesta administrativa, sino en que
su contenido no satisfacía las órdenes impartidas en el fallo que concedió el amparo.

6. Mediante auto 345 del 30 de junio de 2026, el juzgado accionado se abstuvo abrir

incidente de desacato, al considerar que Colpensiones había cumplido con el fallo
de tutela, al dar respuesta a la solicitud del actor. Contra esa decisión, el demandante
presentó recurso de reposición, que fue rechazado por improcedente mediante
proveído del 23 de julio de 2026.

7. La parte accionante alegó la configuración de un defecto procedimental absoluto

y exceso ritual manifiesto porque el juzgado desconoció la finalidad del incidente
de desacato y la prevalencia del derecho sustancial, acorde a lo dispuesto en el
artículo 228 de la Constitución. Sostuvo que se limitó a constatar la expedición de
las resoluciones de Colpensiones, sin confrontar su contenido con las órdenes
impartidas, ni verificar la protección efectiva del derecho amparado.

8.Alegó que, mediante el auto del 23 de julio de 2026, se rechazó por improcedente

el recurso de reposición sin examinar los argumentos con los que sustentó la
persistencia del incumplimiento y la necesidad de abrir el incidente. Actuación que
impidió la verificación judicial de la observancia del fallo.

9.Asimismo, manifestó que los autos objeto de tutela carecen de motivación, al

haber tenido por cumplida la sentencia sin explicar por qué las resoluciones
expedidas por Colpensiones satisfacían las exigencias fijadas por el Tribunal, ni
cómo habían superado la vulneración del derecho de petición. Cuestionó la ausencia
de un examen sobre la congruencia, integralidad, motivación y eficacia de la
respuesta administrativa, así como la falta de razones para desestimar sus
objeciones.

10. También alegó el desconocimiento del precedente contenido en las sentencias

T-086 de 2003 y SU-034 de 2018, de las cuales destacó que el desacato busca
asegurar el cumplimiento efectivo de las sentencias de tutela y el goce real del
derecho protegido. Afirmó que el juzgado se apartó de esa finalidad al considerar
suficiente la expedición de actos administrativos, pese a que la orden exigía un
pronunciamiento de fondo o, de ser necesario, un requerimiento documental claro,
concreto, específico y debidamente motivado.

2 Juez de primera instancia en el proceso de tutela.

Radicación: 25000-23-15-000-2026-01447-01
Accionante: Eugenio Bover Coba Gil
Accionado: Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11.Finalmente, adujo la violación directa de los artículos 2, 4, 29, 86, 228 y 229 de

la Constitución. Expresó que la falta de verificación material del cumplimiento privó
de eficacia al amparo concedido y le impidió obtener una decisión judicial que
abordara realmente la controversia planteada.

B. Sentencia de primera instancia

12. Mediante sentencia del 13 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó el amparo, tras considerar que no se configuraron los defectos
alegados. Señaló que el juzgado identificó la orden constitucional cuyo cumplimiento
debía verificar, examinó las actuaciones adelantadas por Colpensiones y, con
fundamento en ellas, concluyó que los actos administrativos expedidos por la entidad
contenían una respuesta de fondo sobre la procedencia del derecho pensional. De
igual manera, explicó las razones por las cuales consideró improcedente el recurso
de reposición formulado contra el Auto 345 de 30 de junio de 2026.

13.Asimismo, el Tribunal destacó que, en auto del 30 de junio de 2026, el Juzgado 27

Administrativo de Bogotá dejó constancia de que el accionante guardó silencio
respecto del informe de cumplimiento presentado por la administradora de
pensiones, hecho que ese operador judicial estimó constitutiva de carencia actual de
objeto.

14.Interpretó que parte de los reproches planteaban un defecto fáctico por indebida

valoración de las resoluciones de Colpensiones, el cual descartó porque la entidad
analizó el régimen aplicable, precisó las semanas cotizadas y explicó que el actor no
cumplía el requisito de edad para acceder a la prestación, bajo el régimen previsto
en el Acuerdo 049 de 1990, y descartó que fuera beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993. Destacó que el accionante no identificó un
aspecto concreto de su petición que hubiera quedado sin respuesta ni una prueba
determinante que el juzgado hubiese omitido valorar, sino que manifestó su
desacuerdo con las decisiones administrativas y con la conclusión sobre el
cumplimiento del fallo.

15.Por último, descartó el desconocimiento del precedente y la violación directa de la

Constitución, en atención a que el incidente de desacato tiene por finalidad asegurar
el cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela y no imponer sanciones como un
fin en sí mismo. Por ende, al verificar que se dio cumplimiento a la orden, la sanción
carecía de fundamento.

C. Impugnación

16. La parte accionante alegó que el juez de primera instancia, a pesar de que definió

correctamente el objeto del incidente de desacato, no aplicó los principios que lo
rigen, acorde a la jurisprudencia constitucional citada en el propio fallo.

Radicación: 25000-23-15-000-2026-01447-01
Accionante: Eugenio Bover Coba Gil
Accionado: Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

17.Expuso que el Tribunal, al igual que el juzgado accionado, redujo la orden de tutela

a la expedición de un acto administrativo que diera respuesta al demandante, a pesar
de que aquella implicaba más obligaciones para la entidad, específicamente, dar una
respuesta que asegurara la protección a su derecho de petición o, de ser necesario,
hacer un requerimiento documental adecuado. En ese orden de ideas, debió
examinarse el destinatario de la orden, el plazo para su cumplimiento y el alcance de
lo dispuesto, así como la prueba de un cumplimiento total o parcial y las razones de
ello; análisis que implicaba comparar la conducta de la entidad obligada con el
mandato judicial en sede de tutela y no simplemente constatar la emisión de una
respuesta.

18.Cuestionó que el Tribunal retomara el silencio que guardó respecto del informe de

cumplimiento y avalara la conclusión del juzgado accionado, según la cual esa
circunstancia configuraba una carencia actual de objeto dentro del incidente de
desacato. Afirmó que ello no era determinante para negar el amparo ni sustituir el
deber judicial de verificar objetivamente el cumplimiento de la sentencia.

19.De otro lado, indicó que se analizó indebidamente el defecto fáctico, pues no alegó

la falta de estudio de un medio de convicción específico, sino la indebida valoración
de las resoluciones expedidas por Colpensiones, documentos que constituían la
prueba central para establecer si la entidad había cumplido con la sentencia de
tutela.

20.También alegó una contradicción interna en la sentencia, pues aunque reconoció

que el juez del desacato debía determinar el alcance de la orden y verificar su
cumplimiento integral o parcial, concluyó que Colpensiones la había atendido, sin
analizar el contenido de las resoluciones que expidió negando el reconocimiento
pensional. Con todo, reiteró los argumentos de la demanda y aclaró que ni la tutela
ni la impugnación pretendían abrir una instancia adicional para discutir el
reconocimiento pensional o que el juez constitucional sustituyera a Colpensiones en
ese análisis.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

21. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

22. Esta Subsección modificará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de

amparo no acredita el cumplimiento del requisito general de relevancia

Radicación: 25000-23-15-000-2026-01447-01
Accionante: Eugenio Bover Coba Gil
Accionado: Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

constitucional, lo que conduce a su improcedencia e impide un pronunciamiento de
fondo sobre los reparos propuestos.

23. Aunque la parte actora invocó la ocurrencia de distintos defectos, la Sala advierte

que todos estos están relacionados entre sí y se refieren a un reproche general: que
el Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá tuvo por cumplida la sentencia
de tutela del 19 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en razón a que expidió distintas resoluciones donde presuntamente
dio respuesta a su petición de reconocimiento pensional; sin verificar la
correspondencia del contenido de esos actos administrativos con lo ordenado por el
juez constitucional. No obstante, la Sala advierte que el actor omitió precisar qué
aspecto de la solicitud pensional permaneció sin respuesta o qué contenido de esas
decisiones desatendió las exigencias del fallo, por lo que se considera que la
argumentación que sustenta la solicitud de amparo es insuficiente e impide
identificar concretamente la vulneración que atribuye a las providencias
cuestionadas.

24.Para explicar esa insuficiencia, debe recordarse que en la referida sentencia se

amparó el derecho de petición del señor Coba y se ordenó a Colpensiones
pronunciarse sobre la procedencia del reconocimiento pensional o, de encontrar
incompleta la solicitud, hacer un requerimiento documental claro, específico, y
concreto. La protección concedida no impuso el deber de reconocer la prestación
social, sino que se atendiera la solicitud en las condiciones establecidas en esa
providencia.

25.En ese contexto, mediante la resolución SUB-80115 del 5 de marzo de 2026,

Colpensiones señaló que, según la revisión de la historia laboral del demandante,
este acreditó un total de 1.582 semanas de cotización. Además, advirtió que había
nacido el 8 de abril de 1966, por lo que actualmente tiene 59 años. Explicó que el
estatus de pensionado se adquiría al reunir los requisitos mínimos de edad y tiempo
cotizado para el año correspondiente y concluyó que no satisfacía las condiciones
previstas en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, negó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez.

26.El 13 de marzo de 2026, el señor Coba presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación. Colpensiones profirió Resolución SUB-99250 el 19 de marzo de
2026, en la cual concluyó que el actor no era beneficiario del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no tenía 40 años de edad
o más, al 1 de abril de 1994. Posteriormente, mediante Resolución DPE 5012 del 8
de abril de 2026, Colpensiones se pronunció sobre el recurso de apelación. En esta
decisión administrativa se mencionó expresamente la orden de tutela contenida en
sentencia del 19 de marzo de 2026 y manifestó que, en cumplimiento de lo allí
señalado, estudiara de fondo la posibilidad de reconocer la prestación solicitada.

Radicación: 25000-23-15-000-2026-01447-01
Accionante: Eugenio Bover Coba Gil
Accionado: Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

27.En lo referente a la solicitud de corrección de historia laboral para determinados

empleadores, indicó que el demandante debía suministrar documentos probatorios
que demostraran el vínculo laboral durante los períodos reclamados.

28.
El actor promovió incidente de desacato contra Colpensiones por el presunto
incumplimiento del fallo de tutela del 19 de marzo de 2026. Petición que sustentó, de
manera general, en que “la respuesta emitida no constituye cumplimiento material
de la orden judicial”.

29.
El 28 de abril de 2026, el Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá requirió
a la entidad incidentada para que informara si había cumplido la sentencia o, en caso
de no haberlo hecho, informara las razones de su conducta omisiva.

30.
El 29 de abril de 2026, Colpensiones rindió el informe de cumplimiento, en el que
afirmó haber acatado el fallo mediante las Resoluciones SUB-80115 y DPE 5012 de
2026. De dicha respuesta se dio traslado al accionante, a fin de que expusiera y
ampliara las objeciones que estimara pertinentes, pero guardó silencio.

31.
A través de auto del 30 de junio de 2026, el juzgado accionado se abstuvo de abrir
incidente de desacato, con fundamento en el reproche formulado y la información
aportada por Colpensiones. Respecto a los actos administrativos, advirtió que en la
Resolución SUB-80115 negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y que
en la Resolución DPE-5012 resolvió la apelación y confirmó aquella decisión. Añadió
que en esta última se explicó al interesado el trámite para corregir su historia laboral,
incluidos los formatos y los canales virtuales y presenciales disponibles.

32.
El juzgado también destacó que, mediante auto del 16 de junio de 2026, había
puesto en conocimiento del señor Coba Gil la respuesta de Colpensiones, y vencido
el plazo concedido guardó silencio, lo cual configuraba, una carencia actual de
objeto, teniendo en cuenta que se acató lo ordenado en la citada providencia.

33.
Contra la anterior decisión judicial, el demandante interpuso recurso de reposición.
Alegó que se había confundido el cumplimiento formal de la orden con su satisfacción
material, pues se declaró cumplida la sentencia del 19 de marzo de 2026 con la sola
expedición de las resoluciones SUB-80115 y DPE-5012, sin verificar si resolvieron
de fondo la solicitud pensional, ni si los requerimientos formulados por Colpensiones
cumplían las condiciones fijadas por el Tribunal.

34.
También alegó la falta de análisis sobre el régimen pensional aplicable ni el
eventual carácter de alto riesgo de la labor de vigilancia. En su criterio, esas
omisiones vulneraron el debido proceso y el deber de motivación, porque no se
explicó por qué se consideró superada la afectación. Con todo, solicitó dejar sin
efectos el archivo y proferir una nueva decisión que, a partir de una valoración
integral de las pruebas, determinara si las resoluciones constituían el cumplimiento
material de la orden o si procedía declarar su desacato.

Radicación: 25000-23-15-000-2026-01447-01
Accionante: Eugenio Bover Coba Gil
Accionado: Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

35.
Mediante auto del 23 de julio de 2026, el juzgado rechazó el recurso por
improcedente. Recordó que su decisión de no abrir el incidente se sustentó en que
Colpensiones había resuelto la solicitud pensional y los recursos formulados por el
actor. Sumado a lo anterior, advirtió que el actor guardó silencio sobre el informe de
cumplimiento allegado por la entidad, lo que configuraba una carencia actual de
objeto por hecho superado dentro del incidente.

36.
Finalmente, con fundamento en los artículos 86 de la Constitución y 52 del Decreto
2591 de 1991, así como en el Auto 601 del 30 de abril de 2025 proferido por la Sala
Plena de la Corte Constitucional, aseveró que la providencia que resuelve el trámite
incidental no admite recursos y que la consulta solo procede cuando se impone una
sanción. Por consiguiente, rechazó la reposición.

37.
A partir de lo expuesto, la Sala advierte que el accionante identificó los asuntos
sobre los cuales recae su inconformidad, pero no explicó qué aspecto de las
respuestas de Colpensiones desatendió la orden de tutela ni cómo esa circunstancia
fue ignorada por el juzgado. Se limitó a mencionar el régimen pensional aplicado y
las semanas reconocidas, así como a transcribir el mandato judicial, sin desarrollar
un contraste que permitiera identificar qué cuestión permaneció sin respuesta o qué
exigencia del fallo no fue atendida debidamente.

38.
El actor alegó la configuración de los defectos procedimental absoluto y exceso
ritual manifiesto dada la negativa a abrir el incidente y el rechazo de la reposición,
por el supuesto desconocimiento de la finalidad del desacato y la adopción de una
visión formalista del cumplimiento de la orden de tutela, contraria al artículo 228 de
la Constitución. Esos planteamientos no explican cómo las decisiones cuestionadas
incurrieron en las irregularidades propias de tales defectos, lo que denota la
insuficiencia de su sustento argumentativo.

39.
Recuérdese que el primero de ellos ocurre cuando el juez actúa completamente al
margen del procedimiento legal establecido y desconoce las normas procesales
esenciales del juicio. En este caso, el actor expresa su descontento con lo decidido,
pero no identifica qué reglas fueron desatendidas ni qué actuación u omisión habría
apartado al juzgado del trámite que debía seguir

40.
El exceso ritual manifiesto, por su parte, supone una aplicación rígida de las
normas que sacrifica el derecho sustancial y las garantías fundamentales de las
partes. Sobre este punto, el accionante afirma que la negativa a abrir el incidente y
el rechazo de la reposición obedecieron a una lectura formalista de la orden. No
obstante, no confronta las razones del juzgado, sino que insiste en la necesidad de
un nuevo pronunciamiento sobre el cumplimiento, sin precisar qué formalidad habría
impedido proteger su derecho de petición.

Radicación: 25000-23-15-000-2026-01447-01
Accionante: Eugenio Bover Coba Gil
Accionado: Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

41.
En relación con la presunta falta de motivación, mencionó que no se explicó por
qué las resoluciones dieron respuesta completa, congruente y suficientemente
motivada, a lo ordenado por el Tribunal en sede de tutela. Sin embargo, la Sala
considera, una vez más, que al actor le faltó mencionar las cuestiones concretas que
se dejaron sin explicación frente a las razones judiciales y administrativas reseñadas
en las providencias cuestionadas. La reiteración de las condiciones que debía reunir
la respuesta por parte del Colpensiones, sin exponer concreta e individualmente
como fueron desatendidas, impide identificar qué aspecto exigía un análisis adicional
y las razones por las cuales era relevante para verificar la observancia de la orden.

42.
El señor Coba pasa por alto que era su deber exponer en la demanda de tutela
cómo se incumplió el fallo, mediante el contraste entre la orden y las resoluciones,
señalando los puntos omitidos o decididos en contravía de aquella. No bastaba con
que afirmara que el juez debía realizar esa revisión. Se advierte que este examinó
las actuaciones de Colpensiones y expuso las razones por las cuales consideró
atendido el mandato. Respecto a ello, el accionante mantuvo sus objeciones en
términos generales y no aprovechó el traslado del informe para precisar los aspectos
que estimaba desatendidos.

43.
En lo referente al defecto fáctico, es cierto que el actor no alegó la omisión de una
prueba en específico, sino una valoración inadecuada de las resoluciones expedidas
por Colpensiones. Aunque alegó que debió revisarse el conteo del número de
semanas cotizadas, el régimen aplicable y la calificación dada a la actividad de
vigilancia, no explicó cómo las respuestas suministradas sobre esos asuntos
evidenciaban un incumplimiento del mandato judicial.

44.
Sobre el desconocimiento del precedente, invocó las sentencias T-086 de 2003 y
SU-034 de 2018, a fin de enfatizar que el desacato busca lograr el cumplimiento
efectivo de las decisiones de tutela, y ello fue ignorado por el juez accionado.
Empero, no concretó de qué forma el despacho judicial accionado desconoció esa
regla, pues reiteró que minimizó el cumplimiento de la orden de tutela a la expedición
formal de actos administrativos, sin precisar qué obligación quedó pendiente de
verificación.

45.
A igual conclusión se llega respecto a la presunta violación de la Constitución por
desconocimiento de sus artículos, 2, 4, 29, 86, 228 y 229. El cargo reproduce el
descontento del actor con la negativa a abrir el incidente y el rechazo de un recurso
no previsto por el legislador, pero no explica por qué las resoluciones desatendieron
el mandato judicial. Según lo expuesto con antelación, la orden exigía responder de
fondo la solicitud pensional o, de resultar necesaria documentación adicional,
formular el requerimiento correspondiente, sin que el actor precisara cuál de esas
exigencias permaneció insatisfecha.

46.
Ahora bien, en cuanto al argumento expuesto en el escrito de impugnación,
referente a que su silencio respecto al informe de cumplimiento presentado por

Radicación: 25000-23-15-000-2026-01447-01
Accionante: Eugenio Bover Coba Gil
Accionado: Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Colpensiones no podía equipararse a aceptar el cumplimiento de la sentencia del 19
de marzo de 2026, se considera que también carece de la suficiente carga
argumentativa, pues -como se expuso- el juzgado no se apoyó exclusivamente en
esa circunstancia para no iniciar el incidente de desacato, sino también en el
contenido de las resoluciones sobre la petición y los recursos, así como en las
indicaciones para corregir la historia laboral. Sobre esas razones, el actor no precisó
qué objeción concreta quedó excluida del examen.

47.En esas condiciones, se concluye que los cargos no plantean una controversia

constitucional concreta en relación con las providencias cuestionadas, pues reiteran
la necesidad de verificar el cumplimiento material de la sentencia sin precisar qué
obligación permaneció insatisfecha, ni cómo las decisiones del juzgado
desconocieron esa circunstancia.

48. En ese orden de ideas, se impone a esta Subsección modificar la decisión de la

Sección Segunda – Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de
negar el amparo, y declarará la improcedencia de la acción de tutela dada su falta
de relevancia constitucional.

49. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 13 de agosto de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección D, y en
consecuencia, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE3
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

3 VF

Radicación: 25000-23-15-000-2026-01447-01
Accionante: Eugenio Bover Coba Gil
Accionado: Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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