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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-01489-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2026-01489-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 14 de agosto de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Rafael Enrique Cabrejo Mahecha. Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 11 Radicado: 25000231500020260148901 Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-15-000-2026-01489-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000231500020260148901
Accionante: Rafael Enrique Cabrejo Mahecha
Accionados: Contraloría General de la República - Comisión de Personal y
Consejo Superior de Carrera Administrativa - Universidad de
Antioquia

Tema: Derechos al debido proceso, igualdad, mérito, petición, defensa
y contradicción y acceso a cargos públicos. Concurso de méritos-
lista de elegibles. REVOCA SENTENCIA Y NIEGA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 14 de agosto de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a través de la cual declaró
improcedente el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

El señor Rafael Enrique Cabrejo Mahecha, pretende que se protejan sus derechos
al debido proceso, petición, igualdad, defensa y contradicción, acceso al
desempeño de funciones y cargos públicos por mérito, publicidad y aplicación
objetiva de las reglas del concurso, los cuales considera vulnerados por la
Contraloría General de la República y la Universidad de Antioquia, debido a
presuntos errores en la revisión individual, técnica y jurídica efectiva de las
preguntas y de la calificación del accionante.

HECHOS

1

Radicado: 25000231500020260148901

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que es servidor de la Contraloría General de la República con cargo en propiedad
de Profesional Universitario, Grado 01; actualmente desempeña, mediante encargo,
el empleo de Profesional Especializado grado 03 y mediante concurso aspira al
último cargo mencionado.

Que se inscribió en la convocatoria núm. 235-25 sede Bogotá y fue admitido. Que
presentó las pruebas escritas el 22 de marzo de 2026, las cuales superó y el 29 de
abril de 2026 presentó reclamación y solicitó acceso al material de ambas pruebas,
explicación de la fórmula de calificación y de sus parámetros, explicación del método
de puntuación comportamental, posibilidad de complementar la reclamación,
revisión del puntaje ante inconsistencias y publicación o suministro de información
consolidada de resultados.

Que el 10 de mayo de 2026 asistió a una jornada virtual de acceso y posteriormente
complementó la reclamación y que ello fue reconocido en la Resolución ORD-
81119-16036-2026. Que expuso dificultad de acceso al material, cuestionamientos
generales de ambigüedad, ausencia de opción correcta, posibles respuestas
concurrentes, falta de correspondencia con ejes temáticos y reclamaciones
específicas sobre los ítems 2, 22 y 30.

Que la Comisión de Personal expidió la Resolución Ordinaria ORD-81119-16036-
2026 a través de la cual negó las solicitudes y mantuvo los puntajes asignados.

Que existe una imposibilidad de verificar los componentes utilizados para calcular
la prueba funcional; ausencia de una matriz individual que permita comprobar la
lectura y puntuación de la prueba comportamental; la falta de registros individuales
sobre su acceso al material; y la respuesta dada frente a los ítems 2, 22 y 30, pues
considera que la entidad se limitó, en buena medida, a invocar criterios
psicométricos sin resolver suficientemente sus objeciones. Que la entidad se refirió
a la eliminación del ítem 100, pese a que no lo había cuestionado y que eso
evidencia una falta de revisión individual de su reclamación.

Dice que interpone acción de tutela en busca de una revisión técnica y jurídica real
de los ítems y de la calificación individual y que si se avizora algún error, se corrija
o elimine el ítem y se recalcule su puntaje, posición y estado dentro de la
Convocatoria 235-25.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se deje sin
efectos la Resolución Ordinaria ORD-81119-16036-2026 respecto de su caso y se
ordene una nueva revisión individual de los ítems 2, 22 y 30, de los cálculos de las

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pruebas funcional y comportamental, de la eliminación del ítem 100 y de los
registros de acceso y que si se avizora alguno de los errores expuestos se corrija o
elimine el respectivo ítem y se recalcule su puntaje y posición en el concurso.

TRÁMITE PROCESAL

El 4 de agosto de 2026 se admitió la acción, se negó la medida provisional, se
dispuso vincular como terceros con interés a los participantes del concurso de
méritos núm. 235-25 de la Contraloría General de la República y se ordenó notificar
a las partes.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

La Comisión de Personal y el Consejo Superior de Carrera Administrativa de
la Contraloría General de la República expuso que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante y que la reclamación de las pruebas fue tramitada
conforme a las reglas del Concurso Abierto de Méritos 2024-2026. Que el señor
Cabrejo tuvo oportunidad de reclamar, acceder al material de las pruebas y
complementar su reclamación y que posteriormente recibió respuesta mediante la
Resolución ORD-81119-16036-2026.

Que la modificación de la fecha de presentación de las pruebas fue informada de
manera oportuna, clara y pública a todas y todos los aspirantes, mediante
comunicado publicado el 21 de agosto de 2025 y se informó que la fecha de
aplicación sería el 8 de febrero de 2026, decisión adoptada conforme a las reglas
de concurso y comunicada a través de los canales oficiales previstos. No obstante,
dando cumplimiento a un fallo de tutela del Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Bogotá, se realizó en una única jornada el 22 de marzo de 2026.

Que la Resolución cuestionada contiene una respuesta amplia, técnica, suficiente e
individualizada, en la cual se explica la metodología utilizada para calcular las
pruebas funcionales y comportamentales, incluido el modelo estadístico y la
proporción de referencia. Que el desacuerdo del accionante no conduzca a un
aumento de su puntaje no significa que exista vulneración de derechos como el de
petición y que la metodología fue aplicada uniformemente a los concursantes.

Que se respetó el debido proceso, pues el accionante: (i) presentó oportunamente
su reclamación; (ii) accedió al material de las pruebas el 10 de mayo de 2026; (iii)
tuvo oportunidad de complementar la reclamación; y (iv) obtuvo una decisión de
fondo.

Que la Resolución no vulneró el derecho fundamental de petición pues la misma fue
clara, precisa, congruente y motivada y explicó la metodología, fórmula y criterios
técnicos empleados en la calificación.

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Que tampoco existe afectación a la igualdad y mérito, porque la misma metodología
estadística y los mismos criterios psicométricos fueron aplicados a todos los
participantes, sin que exista evidencia de un tratamiento particular o discriminatorio
contra el accionante.

Que no se acredita el requisito de subsidiariedad, pues la tutela no es el mecanismo
judicial procedente para controvertir la legalidad de la actuación administrativa, pues
el accionante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que
no acreditó un perjuicio irremediable.

Que la Comisión de Personal era competente para resolver la reclamación y que la
Resolución ORD-81119-16036-2026 se sustentó en el análisis técnico realizado por
la Universidad de Antioquia, operador del concurso.

Finalmente, solicita que se niegue el amparo por la inexistencia de vulneración de
los derechos fundamentales invocados y que las actuaciones desarrolladas dentro
del concurso se ajustaron a las reglas previamente establecidas.

En otro memorial enviado por la Contraloría General de la República
complementaron la contestación y comentaron que, al inscribirse, aceptó las reglas
de la convocatoria, incluida la Resolución OGZ-0858 de 2024, el Anexo de Términos
y Condiciones y las guías expedidas para el concurso.

Que existe una regla según la cual, durante el acceso al material, los aspirantes
podían tomar únicamente “notas sucintas”, pero no transcribir preguntas o
respuestas y que dicha restricción es legítima y proporcional porque protege la
reserva de pruebas, igualdad entre participantes y transparencia del concurso.

Que la reclamación fue resuelta de fondo, en especial las preguntas 2, 22 y 30 y
que fueron construidas y validadas por profesionales expertos. Que la tutela busca
realmente volver a discutir la valoración técnica efectuada dentro del concurso.

Que no se tutelen los derechos y que se declare improcedente la tutela,
subsidiariamente que se nieguen las pretensiones.

La Universidad de Antioquia dijo que la calificación de competencias funcionales
se efectuó mediante un modelo estadístico de ajuste proporcional, aplicado
uniformemente a los aspirantes, mientras que las competencias comportamentales
se calificaron mediante puntuación directa. Sostuvo que el resultado de 61.980
puntos en competencias funcionales se obtuvo a partir de 58 aciertos sobre 90 ítems
calificados y que los 85.470 puntos en competencias comportamentales
correspondieron igualmente a la aplicación de la metodología prevista.

Indicó que los ítems 2, 22 y 30 ya habían sido objeto de revisión técnica, jurídica,
psicométrica y cualitativa durante el trámite de reclamación, sin que se encuentren

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razones para modificar su clave, admitir respuestas alternativas o eliminarlos.
Aclaró, además, que el ítem 100 sí fue excluido de la calificación, por lo que su
eliminación ya estaba incorporada en el resultado definitivo. También descartó
errores en las fórmulas o en el procesamiento de las calificaciones y sostuvo que
no procedía habilitar una nueva jornada individual de acceso al material, pues el
accionante había presentado una reclamación complementaria en la que cuestionó
específicamente varios ítems, lo que evidenciaba que pudo ejercer su derecho de
contradicción. En consecuencia, consideró que la resolución cuestionada respondió
de fondo las reclamaciones y se encontraba suficientemente motivada.

Finalmente, alegó la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, dado que las controversias sobre la legalidad de actos
administrativos expedidos dentro de concursos de méritos deben plantearse ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que se hubiera acreditado un
perjuicio irremediable o alguna circunstancia excepcional.

Como pruebas y anexos, aportó la Resolución Organizacional OGZ-0858-2024; el
Contrato Interadministrativo CGR-815-2024, sus especificaciones técnicas y acta
de inicio; el Anexo de Términos y Condiciones; los cronogramas del concurso; las
guías de presentación de pruebas, reclamaciones y acceso al material; la
reclamación inicial y su complemento y la Resolución ORD-81119-16036-2026.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

Todos los participantes del concurso de méritos núm. 235-25 de la Contraloría
General de la República guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 14 de agosto de 2026 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B declaró improcedente el amparo solicitado.

Determinó que la Contraloría sí dio respuesta a la reclamación. Que explicó la
metodología y fórmula de calificación, informó sobre la exclusión del ítem 100 y
señaló que las preguntas 2, 22 y 30 habían sido objeto de revisión técnica, jurídica,
metodológica, psicométrica y cualitativa, sin encontrar razones para modificarlas o
anularlas. Que no identificó concretamente qué preguntas no pudo consultar ni
acreditó una falla técnica que le hubiera impedido reclamar y, de hecho, presentó
posteriormente el complemento de su reclamación.

Que el asunto debía discutirse por los mecanismos ordinarios, pues: (i) existen
medios judiciales idóneos y eficaces ante la jurisdicción contencioso-administrativa;
(ii) no se acreditó un perjuicio irremediable; y (iii) no se configuró ninguna de las
excepciones que permiten excepcionalmente la tutela en concursos de méritos. En

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consecuencia, declaró improcedente la acción por falta del requisito de
subsidiariedad.

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia al considerar que las conclusiones a las que
arribó el a quo desconocen los hechos acreditados en el expediente, omiten valorar
integralmente los argumentos expuestos y realizan un análisis abstracto del
requisito de subsidiariedad. Planteó diversos cargos como razones de
inconformidad.

En primer lugar, expuso que el fallo no menciona ni analiza las excepciones
definidas por la Corte Constitucional sobre el carácter subsidiario y residual de la
acción de tutela. Que la tutela puede proceder excepcionalmente en concursos de
méritos cuando existe un perjuicio irremediable o cuando se plantea un problema
constitucional que desborda el simple control de legalidad. Que no pretende que el
juez constitucional determine cuáles son las respuestas correctas del examen, sino
que establezca si la administración respetó el debido proceso al resolver su
reclamación, pues considera que no recibió una respuesta clara, integral y
suficientemente motivada frente a sus cuestionamientos sobre las preguntas 2, 22
y 30, entre otros aspectos.

En segundo lugar, afirmó que el fallo omitió analizar de manera integral el perjuicio
irremediable expuesto en la tutela. Que el concurso continúa avanzando y aporta
como hecho nuevo que, publicados los resultados de antecedentes, su puntaje total
ponderado lo ubica en segundo lugar, para una convocatoria con una sola vacante.
Por ello, sostuvo que no se encuentra ante una expectativa meramente abstracta,
pues una eventual modificación de las preguntas cuestionadas podría incidir
directamente en el orden de mérito y la posibilidad de ocupar el cargo.

Que concurren los elementos del perjuicio irremediable: la inminencia, porque el
concurso está en trámite; la gravedad, porque están comprometidos el debido
proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos por mérito; la urgencia, por la
necesidad de preservar y revisar oportunamente los soportes técnicos; y la
impostergabilidad, porque una decisión posterior a la conformación de la lista de
elegibles y los nombramientos podría perder eficacia material.

En tercer lugar, expone que el fallo desconoció la necesidad de efectuar un análisis
material y no meramente formal de la subsidiariedad. Critica que el fallo se limitara
a señalar la existencia de la nulidad y restablecimiento del derecho y de medidas
cautelares, sin analizar si ese mecanismo resulta realmente eficaz dadas las
circunstancias concretas y el estado actual del concurso.
Que el fallo desconoció que el perjuicio irremediable se encuentra soportado en
datos objetivos del concurso y no en una expectativa abstracta y que se dio una
omisión en la respuesta a la petición. Que su puntaje total es 70,0290 (segundo

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lugar) y solicita una revisión efectiva, individualizada y verificable de las preguntas
cuya calificación fue cuestionada mediante la reclamación administrativa y respecto
de las cuales se plantearon argumentos técnicos concretos.

En consecuencia, solicita revocar el fallo de tutela de primera instancia y, en su
lugar, declarar que en el caso concreto se encuentra acreditada la subsidiariedad,
conceder el amparo y se dé trámite a lo solicitado en el acápite de pretensiones del
escrito de tutela.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia excepcional de la
acción de tutela contra actos dictados en los concursos de méritos; y, iii) análisis del
caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos
expedidos en los concursos de méritos

Toda persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, el
restablecimiento de sus derechos fundamentales mediante la acción de tutela,
siempre que no cuente con otro medio judicial de protección; la acción se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o existiendo otro
medio judicial de protección, este no resulte idóneo para la defensa de los derechos
presuntamente conculcados, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución
Política y 6.° del Decreto 2591 de 1991.

Así las cosas, cuando lo que se pretende es discutir actos administrativos expedidos
en el marco de un concurso de méritos, la acción de tutela es procedente
únicamente cuando la determinación que se busque discutir no esté contenida en
un acto definitivo, toda vez que, en ese caso, debe acudirse a los medios que para
tales fines existen en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido a la
naturaleza subsidiaria que rige esta acción de origen constitucional, salvo que se

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encuentren reunidos los elementos que permitan evidenciar la probable
configuración de un perjuicio irremediable o que el medio con el que se cuenta no
sea idóneo o eficaz, según las particularidades del asunto, aspecto que deberá
definir el juez en cada caso concreto.

Análisis del caso concreto

Debe verificar esta Subsección si el análisis y la conclusión a la que arribó la
sentencia de primera instancia resulta acertada. Solo de llegarse a una conclusión
contraria, sería procedente realizar otro tipo de análisis.

En ese contexto, la Sala constata que, contrario a como lo expresó la primera
instancia, sí se encuentra superado el requisito de subsidiariedad.

La Corte en la Sentencia SU-067 de 2022 parte de que la tutela es, por regla
general, improcedente contra actos administrativos, incluidos los expedidos en
concursos de méritos, porque su control corresponde a la jurisdicción contencioso-
administrativa, que además dispone de medidas cautelares. No obstante, reconoce
tres excepciones que se pasan a estudiar:

(I) Que no exista un mecanismo judicial para proteger el derecho fundamental:

Contrario a lo considerado por el a quo, estima la Sala que el accionante no puede
acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que la Resolución que
resuelve la reclamación debe ser considerada como un acto de trámite y no como
un acto definitivo y por ende se debió realizar el examen sobre si era un acto
susceptible o no de control judicial autónomo.

Los actos administrativos de trámite, como regla no son susceptibles de control ante
la jurisdicción contenciosa. Por ello, excepcionalmente pueden controvertir
mediante la acción de tutela como mecanismo definitivo, pero solo cuando se
cumplen determinadas condiciones, estas son:

• La actuación administrativa todavía no ha concluido: la Resolución no
pone fin a la Convocatoria 235-25, no conforma la lista de elegibles y no
excluye al accionante -de hecho superó la prueba funcional y continúa
concursando- y tampoco impide que la actuación administrativa siga
adelante. Lo que hace es resolver su reclamación contra los resultados de
una de las etapas y mantener su calificación. El concurso continúa hacia
antecedentes, resultados consolidados y finalmente la lista de elegibles.

• El acto de trámite define una situación especial y sustancial que se
proyecta sobre la decisión final: Es un acto con una incidencia especial y
sustancial sobre la decisión final, porque el resultado de esa etapa se
proyectaba sobre quienes continuarán y, finalmente, sobre la lista de
elegibles. Fija el puntaje con el cual el accionante continua -que se indica es

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segundo lugar- y que posteriormente incidirá en su posición en el orden de
mérito.

• Existe una amenaza o vulneración real de un derecho fundamental: en
el presente caso existe, al menos, una amenaza aparente sobre los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso al desempeño de
cargos públicos por mérito, pues la Resolución mantiene definitivamente el
puntaje de 61,980 pese a los cuestionamientos sobre la corrección y validez
de determinadas preguntas. Dicho puntaje, aunque no lo excluye del
concurso porque superó la prueba eliminatoria, incide directamente en su
posición dentro del proceso de selección y, eventualmente, en el orden de
mérito.

Ahora bien, esto demuestra que existe una afectación constitucional plausible que
permite superar el examen de procedencia, más no significa que se encuentre
comprobada una vulneración, que es justamente el análisis que procede realizar.

Al encontrarse acreditada esta excepción de tutela contra actos administrativos
expedidos en concursos de méritos, no es necesario entrar a analizar las otras dos
excepciones, que en todo caso son: (i) que sea necesario para evitar un perjuicio
irremediable o (iii) que se plantee un problema propiamente constitucional que
desborde el control de legalidad del juez administrativo.

Pasando al examen de fondo, a efectos de verificar si existe o no vulneración de
derechos fundamentales, el accionante cuestiona los siguientes puntos:

1. La imposibilidad de verificar los componentes utilizados para calcular la
prueba funcional.
2. La ausencia de una matriz individual que permita comprobar la lectura y
puntuación de la prueba comportamental.
3. La falta de registros individuales sobre su acceso al material.
4. La respuesta dada frente a los ítems 2, 22 y 30, pues considera que la entidad
se limitó a invocar criterios psicométricos sin resolver suficientemente sus
objeciones sobre ambigüedad, existencia de respuestas concurrentes y falta
de correspondencia con los ejes temáticos.
5. Que la entidad se refirió a la eliminación del ítem 100, pese a que no lo había
cuestionado, lo que a su juicio evidencia una falta de revisión individual de
su reclamación.

De las pruebas obrantes en el expediente se advierte que el accionante contó con
las oportunidades previstas dentro del concurso para controvertir los resultados
obtenidos. En efecto, presentó oportunamente reclamación contra los resultados de
las pruebas escritas, asistió a la jornada de acceso al material realizada el 10 de
mayo de 2026 y posteriormente complementó su reclamación, oportunidad en la
cual formuló cuestionamientos generales sobre la prueba y objeciones específicas
respecto de los ítems 2, 22 y 30. Por último, la Comisión de Personal resolvió su

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reclamación mediante la Resolución Ordinaria ORD-81119-16036 del 7 de julio de
2026.

Ahora bien, el hecho de que la respuesta obtenida no hubiese acogido las
solicitudes del accionante no permite concluir, por sí mismo, que sus derechos
fundamentales fueron vulnerados.

La resolución explicó la metodología utilizada para calificar las pruebas funcionales
y comportamentales y suministró los parámetros correspondientes a su resultado
individual. En particular, respecto de la prueba funcional indicó que obtuvo 58
aciertos sobre 90 ítems calificados, identificó la proporción de referencia utilizada —
0,625922— y explicó la forma en que esta se determina. En cuanto a la prueba
comportamental, señaló el sistema de asignación de valores a cada respuesta y
precisó que el accionante obtuvo un puntaje directo de 100 sobre 117 ítems
calificados.

Si bien el actor cuestiona que no fueron suministrados todos los datos que
permitirían auditar de manera independiente la construcción de la proporción de
referencia ni la matriz individual de puntuación de la prueba comportamental, tales
circunstancias no permiten establecer, por sí solas, la existencia de un error en la
lectura, procesamiento o calificación de sus respuestas. De hecho, respecto de la
prueba funcional, la información suministrada permite reproducir la operación que
conduce al puntaje publicado y la pretensión de contar con información adicional
para verificar la totalidad del procedimiento técnico de calificación no equivale a la
demostración de que este se hubiera aplicado incorrectamente en su caso.

Una conclusión semejante se impone respecto de los ítems 2, 22 y 30. Aunque el
accionante sostiene que sus objeciones sobre ambigüedad, existencia de más de
una respuesta válida y correspondencia con los ejes temáticos no fueron
suficientemente atendidas, se encuentra acreditado que tales preguntas fueron
objeto de revisión y que la decisión administrativa expuso las razones por las cuales
no resultaba procedente modificar las claves, reconocer respuestas diferentes o
eliminar los ítems.

Además, la Universidad de Antioquia manifestó que la revisión no se circunscribió
a los indicadores de dificultad y discriminación, sino que comprendió aspectos
técnicos, jurídicos, psicométricos y cualitativos relacionados con la redacción,
comprensión y pertinencia de las preguntas. En esas condiciones, la discrepancia
del accionante con las conclusiones técnicas alcanzadas por el evaluador no
evidencia, sin un elemento objetivo que demuestre arbitrariedad, error o falta de
respuesta material, una vulneración del debido proceso.

Tampoco la referencia al ítem 100 permite arribar a una conclusión diferente. Las
accionadas explicaron que dicha pregunta fue excluida del proceso de calificación
por no superar los criterios técnicos de validación y que tal eliminación fue
incorporada en el cálculo definitivo. Por tanto, aun cuando el accionante cuestiona
que no había formulado una reclamación particular sobre ese ítem, no se encuentra

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acreditado que su exclusión hubiera sido aplicada incorrectamente o hubiese
producido una alteración desfavorable de su puntaje. La sola inclusión de esa
explicación en la resolución no permite inferir que la decisión carezca de análisis
individualizado.

Finalmente, en cuanto a las dificultades presentadas durante la jornada de acceso
al material, si bien se reconoce que existió una contingencia técnica y el actor afirma
que ingresó después de las 9:30 a. m. y que no pudo visualizar algunas páginas, no
se acreditó cuáles preguntas concretas quedaron fuera de su consulta ni de qué
manera esa circunstancia le impidió ejercer materialmente su derecho de
contradicción.

Por el contrario, después de la jornada presentó el complemento de su reclamación
y formuló objeciones específicas frente a los ítems que consideró cuestionables. En
consecuencia, no se advierte que las dificultades alegadas hubieran tenido una
incidencia efectiva en el ejercicio de su derecho de defensa.

Así las cosas, aunque la acción de tutela resulta procedente para examinar la
posible afectación de los derechos fundamentales del accionante, del estudio de
fondo no se acredita su vulneración.

La Administración permitió el ejercicio de la reclamación y contradicción, emitió una
decisión expresa y motivada, explicó la metodología aplicada y se pronunció sobre
los cuestionamientos formulados, sin que obre prueba de un error objetivo en la
calificación o de una actuación arbitraria que hubiera desconocido las reglas del
concurso.

En consecuencia, la sala revocará la sentencia del 14 de agosto de 2026 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B
y, en su lugar, negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 14 de agosto de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Rafael Enrique
Cabrejo Mahecha.

Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Radicado: 25000231500020260148901

Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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