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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-01492-01

Fecha
14 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-01492-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por las señoras Doris Matilde Talero Castro y María Cristina Mejía Zuluaga contra el Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2026-01492-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Catorce (14) de Septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-15-000-2026-01492-011
Accionantes : Doris Matilde Talero Castro y María Cristina Mejía Zuluaga
Accionado : Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá
Acción : Tutela
Tema : Mora judicial, falta de legitimación en la causa por activa
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por las accionantes contra el
fallo del Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B2, que
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por las accionantes frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. Las señoras Doris Matilde Talero Castro y María Cristina Mejía Zuluaga, quienes

actúan mediante apoderado judicial, interpusieron el presente recurso de amparo,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado
Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá.

3. Por consiguiente, solicitaron:

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
M. P. Henry Aldemar Barreto Mogollón.

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01492-01
Accionantes: Doris Matilde Talero Castro y otro
Accionado: Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá

SEGUNDA: ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Facatativá que, dentro de un término perentorio no superior a diez (10) días hábiles contados
a partir de la notificación del fallo de tutela, resuelva de fondo la solicitud de medidas cautelares
presentada el 11 de diciembre de 2024 dentro del proceso de acción popular radicado 25269-
33-33-002-2024-00026-00, con independencia del estado de notificación de los demandados,
en aplicación directa del artículo 25 de la Ley 472 de 1998.

TERCERA: PREVENIR al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Facatativá para que, en lo sucesivo, resuelva de manera oportuna las solicitudes de medidas
cautelares que se formulen dentro de procesos de acción popular, en los términos señalados
por la Corte Constitucional en la Sentencia T-003 de 2026.

CUARTA: ORDENAR que se oficie al Municipio de Facatativá para que, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación del fallo, informe a este Despacho qué medidas
administrativas de control y vigilancia ha adoptado o adoptará frente a la contaminación
auditiva denunciada, mientras se resuelve de fondo la solicitud cautelar en el proceso de
acción popular.

QUINTA: Como consecuencia de lo anterior, se sirva ADVERTIR al Juzgado accionado que el
incumplimiento del término aquí ordenado dará lugar a las medidas previstas en el artículo 27
del Decreto 2591 de 1991 y a la puesta en conocimiento de la autoridad disciplinaria
competente.

1.3 Hechos3

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

parte accionante, se puede evidenciar que, las señoras Doris Matilde Talero
Castro y María Cristina Mejía Zuluaga son demandantes dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos promovido por
habitantes del Conjunto Residencial Los Robles de Facatativá contra el municipio
de Facatativá y la Policía Nacional, por la contaminación auditiva que, según
afirmaron, generan bares y discotecas ubicados en las carreras 1.ª y 2.ª entre calles
11 y 15 de ese municipio.

5. De ese asunto conoció el Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá4. El

Once (11) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), las accionantes, por
intermedio de su apoderado judicial, presentaron memorial de adición de pruebas y
solicitaron el decreto de medidas cautelares. Posteriormente, en octubre de 2025,
allegaron unas declaraciones extraprocesales.

6. Aducen que, desde la presentación de la cautela, y hasta la fecha en que
instauraron la acción de tutela habían transcurrido aproximadamente 20 meses sin
que el juzgado accionado se hubiera pronunciado. Ante la falta de respuesta

3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
4
Proceso núm. 25269-33-33-002-2024-00026-00.

2

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01492-01
Accionantes: Doris Matilde Talero Castro y otro
Accionado: Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá

insistieron en obtener una decisión sobre su solicitud; sin embargo, afirmaron que
la autoridad judicial accionada guardó silencio.

7. De otro lado, señalaron que el Veinticinco (25) de Febrero de Dos Mil Veintiséis

(2026), la Procuradora Judicial 198 para la Conciliación Administrativa de
Facatativá requirió al juzgado información sobre el estado del proceso y el impulso
impartido. Ese mismo día, la autoridad judicial dio respuesta al requerimiento e
informó que, el expediente se encontraba al Despacho desde el Siete (7) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

8. Finalmente, agregaron que, si bien el proceso se encontraba en etapa de
notificación de algunos establecimientos de comercio vinculados al proceso de
protección de los derechos e intereses colectivos y se adelantaban actuaciones para
la designación de curador ad litem, esa circunstancia no justificaba la falta de
pronunciamiento sobre las solicitudes cautelares, pues, a su juicio, la Ley 472 de
1998 permite adoptar esa clase de medidas antes de la notificación de la demanda.
Por ello, consideraron vulnerados sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

1.4 Contestación de la acción

9. 1.4.1 El Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá5 reconoció que
se encontraba pendiente de decisión las solicitudes de medidas cautelares
presentadas el Once (11) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), pero aclaró
que el proceso no había permanecido inactivo, pues, durante su trámite se
adelantaron actuaciones encaminadas a integrar debidamente el contradictorio,
entre ellas el emplazamiento de algunos establecimientos de comercio y la
designación de curador ad litem. Asimismo, indicó que la solicitud cautelar requería
valorar un conjunto amplio de elementos probatorios aportados por las accionantes
y que, para el momento de rendir el informe, se encontraba proyectando la
providencia que la resolvería.

10. 1.4.2 Las accionantes6 presentaron memorial mediante el cual controvirtieron
las razones expuestas por el juzgado accionado para explicar la demora en resolver
la solicitud cautelar. Señalaron que, la propia autoridad judicial demandada

5
Índice 9 de SAMAI del proceso de primera instancia.
6
Índice 10 de SAMAI del proceso de primera instancia.

3

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01492-01
Accionantes: Doris Matilde Talero Castro y otro
Accionado: Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá

reconoció que la falta de notificación a los establecimientos demandados no
constituía un impedimento para adoptar la decisión correspondiente sobre la medida
solicitada, por lo que las actuaciones relacionadas con emplazamientos y
designación de curador ad litem no justificaban que la petición permaneciera
pendiente de resolución durante aproximadamente 20 meses. Asimismo,
consideraron que el anuncio que la providencia mediante la cual se resolvería la
cautela se encontraba en elaboración no superaba la vulneración alegada, pues,
aún no existía una decisión real.

1.5 Providencia impugnada7

11. Mediante sentencia del Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026),

la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al constatar que, el
Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá, mediante auto del Catorce (14)
de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026), resolvió la solicitud de medidas cautelares
presentada por las accionantes dentro del proceso de protección de los derechos e
intereses colectivos, decisión que fue notificada a las partes por estado del 18 del
mismo mes y año. En consecuencia, consideró satisfecha la pretensión que dio
origen al amparo y superada la presunta vulneración.

1.6 La impugnación8

12. Inconformes con esa determinación, las accionantes la impugnaron, para cuyo

propósito sostuvieron que, la expedición del auto del Catorce (14) de Agosto de Dos
Mil Veintiséis (2026), por parte del juzgado accionado dentro del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos, no era suficiente para declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado. Afirmaron que el Tribunal se limitó
a constatar que se había resuelto la solicitud de medidas cautelares, sin examinar
si las órdenes adoptadas resultaban suficientes para hacer cesar la afectación que,
según indicaron, continuaba generando la contaminación auditiva producida por los
establecimientos de comercio ubicados en el sector del Conjunto Residencial Los
Robles.

7
Índice 11 de SAMAI del proceso de primera instancia.
8
Índice 14 de SAMAI del proceso de primera instancia.

4

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01492-01
Accionantes: Doris Matilde Talero Castro y otro
Accionado: Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá

13. En particular, señalaron que la medida cautelar decretada únicamente impartió

órdenes al municipio de Facatativá y a la Policía Nacional para realizar labores de
inspección, vigilancia y control, pero no estableció obligaciones directas para los
establecimientos de comercio individualizados en la demanda de acción popular, a
los que atribuyen la generación del ruido; tampoco fijó un límite concreto de
decibeles ni dispuso un mecanismo de seguimiento que permitiera verificar el
cumplimiento de la decisión adoptada. Por esta razón, consideraron que lo resuelto
por la autoridad judicial demandada no permitía concluir que hubieran cesado
materialmente las afectaciones a la salud, a la intimidad, a la tranquilidad y al
descanso que alegan los residentes del sector.

14. Agregaron que, el auto expedido por el juzgado accionado tampoco se pronunció

sobre la totalidad de las solicitudes cautelares formuladas dentro del proceso
colectivo. Asimismo, reprocharon que la sentencia de tutela impugnada hubiera
declarado superado el objeto del amparo sin estudiar de manera independiente las
pretensiones encaminadas a prevenir al demandado para que resolviera
oportunamente futuras solicitudes cautelares.

15. Posteriormente, en escrito del 10 de septiembre del año en curso 9, manifestaron

que, pese a la medida cautelar decretada por el Juzgado Segundo (2.°)
Administrativo de Facatativá, la situación denunciada persistía, pues, los
establecimientos de comercio continuaban operando por fuera de los horarios
permitidos y excediendo los niveles de ruido. A su juicio, ello demostraba que la
medida adoptada no había hecho cesar la afectación alegada y que, por tanto, no
se configuraba la carencia actual de objeto por hecho superado.

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia

16. En virtud de los artículos 3210 del Decreto Ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo

80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)13, expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la

9
Visible a índice 4 de SAMAI del proceso de segunda instancia.
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

5

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01492-01
Accionantes: Doris Matilde Talero Castro y otro
Accionado: Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá

presente impugnación.

2.2 La acción

17. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico

18. Se contrae a determinar si la acción de tutela de la referencia satisface los
requisitos de procedibilidad y, en caso afirmativo, establecer si el Juzgado Segundo
(2.°) Administrativo de Facatativá incurrió en mora judicial injustificada al no resolver
oportunamente la solicitud de medidas cautelares presentada por las accionantes
dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos y,
por consiguiente, vulneró los derechos fundamentales invocados.

2.4 Legitimación en la causa por activa

19. El artículo 86 de la Constitución Política reconoce la facultad que tiene toda

persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales.

20. Acorde con lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991, al referirse a

la legitimidad e interés para incoar la acción de tutela, dispone:

[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.

6

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01492-01
Accionantes: Doris Matilde Talero Castro y otro
Accionado: Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá

21. La norma que antecede establece que, la acción de amparo puede ser
presentada: 1. Directamente por la persona que estime vulnerados o amenazados
sus derechos fundamentales, 2. Por el representante legal, 3. Por apoderado
judicial, 4. Por agente oficioso y 5. Mediante el defensor del pueblo y los personeros
municipales.

22. Así las cosas, se tiene que, a pesar que una de las características que identifica

la tutela radica en su informalidad, su ejercicio está sujeto al cumplimiento de unos
requisitos mínimos de procedibilidad, que surgen de su propia naturaleza jurídica y
de los elementos especiales que la distinguen. Entre tales exigencias se encuentra
la legitimación en la causa por activa o titularidad para promoverla, con la cual, se
busca garantizar que la persona que acude a ella tenga un interés directo y particular
respecto de la solicitud de amparo que formula ante el juez constitucional, de
manera que, pueda establecerse sin dificultad, que lo reclamado es la protección de
un derecho fundamental del afectado y no de un tercero14.

2.5 Caso concreto

23. En el asunto sub judice, las señoras Doris Matilde Talero Castro y María Cristina

Mejía Zuluaga acudieron a la acción de tutela por intermedio del abogado David
Ballesteros Rivera, quien manifestó actuar como su apoderado judicial y, en tal
condición, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, ante la presunta mora judicial del Juzgado
Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá en resolver la solicitud de medidas
cautelares presentada dentro del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos adelantado por aquellas.

24. No obstante, revisados los documentos aportados con la solicitud de amparo, la

Sala advierte que, el profesional del derecho no allegó poder especial que lo
facultara para promover la presente acción constitucional en nombre de las señoras
Talero Castro y Mejía Zuluaga. En efecto, el mandato aportado al expediente
corresponde al conferido para representarlas dentro del referido proceso de
protección de los derechos e intereses colectivos, circunstancia que, incluso, fue
expresamente indicada en el acápite de pruebas del escrito de tutela.

14
Corte Constitucional, sentencia T-176 de 14 de marzo de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

7

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01492-01
Accionantes: Doris Matilde Talero Castro y otro
Accionado: Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá

25. En esas condiciones, el hecho que la controversia constitucional tenga origen en

una actuación surtida dentro de la acción popular no permite extender el alcance
del mandato otorgado para ese proceso al ejercicio de la acción de tutela. De
conformidad con la jurisprudencia constitucional, cuando el amparo se promueve
mediante apoderado judicial es necesario que la representación comprenda
específicamente la actuación constitucional, de manera que pueda establecerse
que el titular de los derechos autorizó al profesional del derecho para reclamar su
protección por esta vía.

26. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha precisado que:

[…] el tema de la especificidad en los poderes toma importancia, pues el cumplimiento de este
principio hace posible que un apoderado judicial interponga una acción de tutela a nombre de
su poderdante, ya que de la estructura del poder depende que el juez de tutela identifique con
claridad si existe o no legitimación en la causa por activa15.

27. Así las cosas, el poder otorgado para actuar dentro del medio de control de

protección de los derechos e intereses colectivos no acredita, por sí solo, la facultad
del abogado David Ballesteros Rivera para adelantar el presente trámite
constitucional en representación de las accionantes. La relación existente entre
ambos asuntos tampoco suple esa exigencia, pues, una cosa es la representación
judicial conferida para intervenir en el proceso colectivo y otra la habilitación
necesaria para reclamar, mediante acción de tutela, la protección de derechos
fundamentales que se estiman vulnerados con ocasión de ese trámite. En
consecuencia, no se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del
referido profesional del derecho para representar a las tutelantes en este
mecanismo constitucional.

III. DECISIÓN

28. Por las razones expuestas, la Sala revocará el fallo impugnado, que declaró la

carencia actual de objeto por hecho superado y, en su lugar, se declarará
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

15
Corte Constitucional. Sentencia T-1025 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

8

Radicado: 25000-23-15-000-2026-01492-01
Accionantes: Doris Matilde Talero Castro y otro
Accionado: Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por las señoras Doris Matilde Talero Castro y María Cristina Mejía
Zuluaga contra el Juzgado Segundo (2.°) Administrativo de Facatativá, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

9

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