Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-01493-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-01493-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-01493-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. primero (1.°) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2026-01493-01
Accionante: María Gertrudis Ardila de la Cruz y otros1
Accionado: Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia del 24 de
agosto de 20262 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Primera Subsección B, mediante la cual, se negaron las pretensiones de
la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1 Hechos
2. Del escrito de tutela3 y del expediente, se colige que la señora María
Gertrudis Ardila de la Cruz y otras 112 personas instauraron una demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el Departamento de Cundinamarca, con el fin de obtener
la reparación de los perjuicios derivados, de acuerdo con la parte accionante, de
la falta de pago de la prima territorial.
3. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá4 que, mediante auto de 16 de junio de 2025,
declaró su falta de competencia al considerar que la controversia versaba sobre
derechos laborales definidos mediante actos expresos o fictos y debía tramitarse
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Inconforme con lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de
reposición el 20 de junio de 2025, pero la autoridad judicial, mediante auto del 24
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Visibles en el índice 9 del aplicativo SAMAI, 11_RECIBEMEMORIAL_CONTRATOSDEMANDATOAR_0_20260811170756762
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Índice 18 del aplicativo SAMAI
3 Presentado el 5 de agosto de 2026
4 Dentro del expediente con radicado 11001-33-36-033-2025-00215-00
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Accionante: María Gertrudis Ardila de la Cruz y otros
de junio siguiente, mantuvo su decisión y ordenó remitir el expediente a la sección
segunda de los juzgados administrativos, al estimar que el daño alegado provenía
de actos administrativos particulares.
5. En consideración a lo expuesto, el proceso fue repartido el 15 de julio de
2025 al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá, que, mediante
providencia de 28 de noviembre de esa anualidad5, escindió la demanda, dispuso
repartir separadamente las pretensiones de 112 demandantes e inadmitió la
correspondiente a la señora María Gertrudis Ardila de la Cruz.
6. El apoderado de la parte actora formuló recurso de reposición el 4 de
diciembre de 2025, pues estimó procedente la acumulación subjetiva. No
obstante, el 30 de junio de 20266, el Juzgado Veinte no repuso la decisión, al
concluir que cada demandante contaba con una situación laboral, reclamación
administrativa, acto particular y soporte probatorio propios.
7. El 5 de agosto de 2026, los demandantes instauraron la presente acción de
tutela contra las providencias del 28 de noviembre de 2025 y del 30 de junio de
20267, solicitaron dejarlas sin efectos y ordenar al Juzgado Veinte emitir una
decisión de reemplazo que resolviera conjuntamente sobre la admisión o
inadmisión de la demanda respecto de las 113 personas.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte actora invocó la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la prevalencia del derecho sustancial y al acceso a la administración
de justicia al sostener que estos fueron vulnerados porque, en su sentir, el
Juzgado accionado escindió la demanda y descartó la acumulación subjetiva,
pese a la identidad que, desde su punto de vista, presentaban las reclamaciones.
9. En ese entendido, los accionantes alegaron configurado un defecto
sustantivo, porque consideraron que la autoridad accionada habría desconocido
los artículos 165 y 306 del CPACA y el 88 del CGP. Al respecto, afirmaron que
estas disposiciones permiten acumular pretensiones de varios demandantes
cuando concurra cualquiera de los presupuestos alternativos previstos por el
ordenamiento.
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El Despacho dispuso escindir la demanda instaurada por la señora María Gertrudis Ardila de la Cruz y otros, al concluir
que la acumulación subjetiva de pretensiones resultaba improcedente, pues la situación jurídica y los actos administrativos
de cada demandante exigían un examen individual. En consecuencia, ordenó remitir copia del expediente a la Oficina de
Apoyo para que las demandas de las otras 112 personas fueran sometidas a reparto entre los juzgados administrativos del
circuito de Bogotá, Sección Segunda, con respeto de la fecha inicial de presentación. Asimismo, inadmitió la demanda
correspondiente a la señora María Gertrudis Ardila de la Cruz y concedió a la parte actora el término de diez días para
adecuarla al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y subsanar las demás deficiencias señaladas en
la providencia. Índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-350-2020-2500264-00.
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La autoridad judicial accionada resolvió no reponer el auto de 28 de noviembre de 2025, mediante el cual escindió la
demanda instaurada por la señora María Gertrudis Ardila de la Cruz y otros, e inadmitió la correspondiente a la accionante.
Para sustentar esa determinación, concluyó que no procedía la acumulación subjetiva de pretensiones, pues los actos
administrativos cuestionados, las situaciones jurídicas y los vínculos laborales diferían respecto de cada actor. Asimismo,
precisó que las pretensiones carecían de causa, objeto y relación de dependencia comunes, y no podían sustentarse en
las mismas pruebas, dado que cada reclamación exigía un examen autónomo e individual. Finalmente, ordenó que, una
vez ejecutoriada la providencia y vencido el término concedido para subsanar la demanda, el expediente ingresara al
despacho con el fin de adoptar la decisión que en derecho correspondiera. Índice 9 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-
350-2020-2500264-00.
7 Proferidos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-350-2020-2500264-00.
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10. En particular, sostuvieron que las pretensiones provenían de una misma
causa y versaban sobre igual objeto, pues los 113 actores reclamaban perjuicios
relacionados con la prima territorial del 20% establecida en la Ordenanza 13 de
1947 y con la supuesta omisión en el trámite de saneamiento de esas acreencias.
11. También adujeron la existencia de un defecto fáctico, derivado de la
presunta valoración inadecuada de la demanda y del recurso de reposición, pues
expusieron que el Juzgado Veinte desatendió que las reclamaciones compartían
fundamentos fácticos y jurídicos, autoridades demandadas y pretensiones de
reparación semejantes.
12. Adicionalmente, endilgaron que se presentó un defecto procedimental,
pues la escisión habría impuesto la tramitación individual de 112 asuntos sin
considerar los principios de economía, celeridad, eficacia e igualdad.
13. Finalmente, la parte actora sostuvo que la decisión desconoció la
prevalencia del derecho sustancial y produjo una violación directa de la
Constitución, pero no profundizó en sus argumentos al respecto. Con fundamento
en lo anterior, solicitó dejar sin efectos las providencias cuestionadas y ordenar
un nuevo pronunciamiento sobre la admisión conjunta de la demanda.
2.3. Pretensiones
14. La parte accionante solicitó:
« 1.- TUTELAR los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º., fines
sociales del Estado; 29, debido proceso: 86, protección de los principios y derechos
constitucionales; 228, 229, acceso a la administración de justicia y prevalencia del
derecho sustancial y 230 amparar el sometimiento a la ley contenidos en la Carta
Política, economía procesal, celeridad, eficacia, entre otros, vulnerados por el
JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C., por cuanto, además de haber vulnerado derechos constitucionales
fundamentales de manera directa, ha incurrido en los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental al emitir la providencia de fecha 28 de noviembre de 2025 que
ordenó escindir la demanda, enviar copia del expediente a la Oficina de Apoyo para
los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, para que, la demanda
presentada por María Gertrudis Ardila de la Cruz y otras 112 personas, contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Cundinamarca –
Secretaría de Educación de Cundinamarca, sea sometida a reparto entre los
juzgados administrativos del circuito de Bogotá – sección segunda, teniendo en
cuenta para todos los efectos legales pertinentes que la fecha de presentación de
la demanda fue el 15 de julio de 2025, e inadmitir, y providencia de fecha 30 de
Junio de 2026 que resolvió el recurso de reposición y ordenó NO REPONER la
decisión proferida en auto de 28 de noviembre de 2025, dentro del proceso con
radicado No. 110013335020202500264-00.
2.- Como consecuencia de los derechos tutelados, SE ORDENE al JUZGADO 20
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.,
DEJAR SIN EFECTOS la providencia de fecha 28 de noviembre de 2025 que
ordenó escindir la demanda, y enviar copia del expediente a la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, para que, la demanda
presentada por María Gertrudis Ardila de la Cruz y otras 112 personas, contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Cundinamarca –
Secretaría de Educación de Cundinamarca, sea sometida a reparto entre los
juzgados administrativos del circuito de Bogotá – sección segunda, teniendo en
cuenta para todos los efectos legales pertinentes que la fecha de presentación de
la demanda fue el 15 de julio de 2025, e inadmitir, y la providencia de fecha 30 de
Junio de 2026 que resolvió el recurso de reposición y ordenó NO REPONER la
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decisión proferida en auto de 28 de noviembre de 2025, dentro del proceso con
radicado No. 110013335020202500264-00, por vulnerar derechos constitucionales
y legales del DEBIDO PROCESO Y LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE
GARANTÍA A LA APLICACIÓN DE LA LEY, LA IGUALDAD ANTE LA LEY,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ECONOMIA PROCESAL, EFICACIA,
CELERIDAD, entre otros, consagrados en la Constitución Política Nacional, que
han sido vulnerados por el Juzgado accionado.
3.- Ordenar por consiguiente, al JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C., que profiera auto de reemplazo en
el que se decida de manera favorable sobre la ADMISION y/o INADMISION DE LA
DEMANDA PARA TODOS LOS DEMANDANTES que son 113, en virtud a la
procedencia de la figura de la acumulación de pretensiones, sin que haya lugar, a
ESCINDIR la demanda, ni enviar copia del expediente a la Oficina de Apoyo para
los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, para que, la demanda
presentada por María Gertrudis Ardila de la Cruz y otras 112 personas, contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Cundinamarca –
Secretaría de Educación de Cundinamarca, sea sometida a reparto entre los
juzgados administrativos del circuito de Bogotá – sección segunda, dentro del
proceso con radicado No. 110013335020202500264-00 respecto a los
demandantes del Nro. 2 a 113. » (SIC en toda la cita) Negrillas de la Sala.
2.4. Intervenciones
15. La acción de tutela fue admitida8 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Primera Subsección B, mediante auto del 12 de agosto de
20269, a través del cual ordenó notificar Juzgado Veinte (20) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y vinculó al Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá.
2.4.1. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá10 solicitó negar
el amparo. Explicó que la escisión obedeció a la existencia de reclamaciones
administrativas y actos particulares que debían examinarse según las
circunstancias laborales y probatorias de cada demandante.
16. Afirmó que la falta de causa y objeto comunes impedía la acumulación, y
destacó que sus providencias fueron motivadas dentro del ámbito de autonomía
judicial. Informó, además, que el proceso estaba al despacho para estudiar la
subsanación presentada por María Gertrudis Ardila de la Cruz.
2.4.2. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá11
señaló que remitió el proceso a la Sección Segunda porque las pretensiones
involucraban derechos laborales definidos mediante actos administrativos
expresos o fictos. Indicó que su decisión fue recurrida y confirmada mediante auto
de 24 de junio de 2025.
17. El Despacho solicitó su desvinculación, pues la tutela no formuló un
reproche contra sus providencias y la inconformidad se dirigió exclusivamente
contra la escisión dispuesta por el Juzgado Veinte.
8 En una actuación preliminar mediante auto del 6 de agosto de 2026 la acción había sido inadmitida para que el apoderado de la
parte actora allegara los poderes correspondientes, los cuales fueron incorporados al expediente posteriormente y se pueden
visualizar en el índice 9 del aplicativo SAMAI, 11_RECIBEMEMORIAL_CONTRATOSDEMANDATOAR_0_20260811170756762
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2.4.3. No se presentaron más informes.
2.5. Sentencia Impugnada12
18. El a quo tuvo por satisfechos los requisitos generales de procedencia y al
abordar el fondo, reprodujo el artículo 88 del CGP y señaló que las condiciones
de los demandantes diferían respecto de su vinculación, cargo, tiempo de
servicio y gestión administrativa por lo que consideró que, por ello, cada
situación requería un análisis autónomo y unas pruebas particulares.
19. El Tribunal concluyó que el Juzgado Veinte había sustentado la escisión en
la existencia de reclamaciones administrativas, actos expresos o fictos y
situaciones jurídicas individuales. Al respecto, indicó que esa interpretación del
artículo 88 del CGP era razonable y se encontraba amparada por la autonomía
judicial.
20. Por consiguiente, el Tribunal descartó la configuración de los defectos
alegados, y negó las pretensiones del amparo invocado. La primera instancia
precisó que la similitud económica de las reclamaciones no demostraba, por sí
sola, una causa común que impusiera su conocimiento acumulado.
2.5. Impugnación13
21. La parte accionante reiteró que el artículo 88 del CGP establece
presupuestos alternativos para la acumulación subjetiva y que basta la
concurrencia de uno de ellos, sin que resulte exigible compartir las mismas
pruebas.
22. Insistió en que las pretensiones tenían causa y objeto comunes, pues los
113 actores reclamaban perjuicios asociados a la prima territorial y a la supuesta
omisión administrativa. Señaló además que la escisión desconoció los artículos
165 y 306 del CPACA, así como los principios de economía, celeridad, eficacia e
igualdad.
23. Finalmente, afirmó que el fallo no examinó integralmente los defectos
invocados y que las providencias cuestionadas vulneraron directamente la
Constitución. Por ello, pidió conceder el amparo y ordenar un pronunciamiento
conjunto sobre la admisión de la demanda, así como revocar la decisión del a quo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
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Acuerdo 080 de 201914 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la providencia objeto de estudio en sede constitucional
25. En consideración a que la providencia del 30 de junio de 2026 que decidió
no reponer el auto del 28 de noviembre de 2025 es la última decisión susceptible
de control en esta sede constitucional, será la única que se analizará, sin perjuicio
de revisar el contexto de la decisión que fue objeto del recurso ordinario.
3.2.2. Del estudio de los cargos alegados
26. Antes de abordar el posible estudio de fondo, la Sala estima necesario
delimitar el alcance de los cuestionamientos formulados por el accionante, toda
vez que la parte actora atribuyó a las providencias del 28 de noviembre de 2025 y
del 30 de junio de 2026 los defectos sustantivo, fáctico y procedimental, así como
una violación directa de la Constitución.
27. No obstante, esta Subsección advierte que todos los cargos convergen en
un mismo cuestionamiento: la interpretación y aplicación del artículo 88 del CGP
que condujo a la escisión de las pretensiones formuladas por los 113
demandantes.
28. En ese entendido, el defecto sustantivo se sustentó en el presunto
desconocimiento de los artículos 165 y 306 del CPACA y 88 del CGP, pues, según
los accionantes, la autoridad judicial accionada exigió la concurrencia de
presupuestos previstos de forma alternativa.
29. A su vez, el reproche sobre el presunto defecto fáctico cuestionó que no se
reconociera la identidad de causa y objeto alegada en la demanda y el recurso,
mientras que el alegado defecto procedimental no se fundó en la pretermisión de
una etapa esencial ni en el desconocimiento absoluto de las formas propias del
juicio, sino en la escisión derivada de las reglas sobre acumulación.
30. Por ello, los reparos asociados a los presuntos defectos fáctico y
procedimental pueden reconducirse al defecto sustantivo, pues controvierten, en
esencia, la calificación jurídica efectuada por el juez natural.
31. De igual manera, la alegada violación directa de la Constitución carece de
fundamento autónomo, dado que se hizo derivar de esa misma escisión y de sus
efectos sobre la economía, celeridad, igualdad y acceso a la administración de
justicia.
32. En consecuencia, la Sala examinará conjuntamente los cargos, desde la
perspectiva del defecto sustantivo, sin determinar si la acumulación subjetiva
constituía la solución procesal más adecuada ni sustituir al juez natural en la
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aplicación del artículo 88 del CGP, por lo que, en ese entendido, el análisis se
limitará a establecer si el a quo acertó al concluir que las providencias
cuestionadas respondieron a una interpretación jurídicamente razonable o si, por
el contrario, esta resultó manifiestamente arbitraria y habilita la intervención
excepcional del juez constitucional.
3.3. Problema jurídico
33. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá con ocasión
de la providencia del 30 de junio de 2026 que decidió no reponer el auto del 28 de
noviembre de 2025 que escindió la demanda, dispuso repartir separadamente las
pretensiones de 112 demandantes e inadmitió la correspondiente a la señora
María Gertrudis Ardila de la Cruz, incurrió en un defecto sustantivo, y con este, en
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la prevalencia
del derecho sustancial y al acceso a la administración de justicia de la señora
María Gertrudis Ardila de la Cruz y otros.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
34. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
35. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
36. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
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37. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
38. En el presente asunto, la Sala coincide con la primera instancia en que se
encuentran cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, asunto que, además, no fue objeto de
impugnación, razón por la cual se procede a resolver el fondo de la controversia
desde la óptica del defecto sustantivo.
3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
39. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el
campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo
en los siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»15.
40. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de
las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
15
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
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(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no
es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»16.
41. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
4. Análisis del caso concreto
42. Conforme a la cuestión previa, la Sala examinará los reproches fáctico y
procedimental bajo la óptica del defecto sustantivo, pues todos recaen sobre la
interpretación del artículo 88 del CGP. Ahora bien, como se advirtió en el numeral
3.2.2., el estudio del defecto no definirá si procedía la acumulación, sino si la
decisión del juez natural fue arbitraria, irrazonable o contraria al ordenamiento.
43. Descendiendo al análisis del asunto, esta Subsección pudo establecer que
el 28 de noviembre de 2025, el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de
16
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Acción de Tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2026-01493-01
Accionante: María Gertrudis Ardila de la Cruz y otros
Bogotá adecuó el trámite de la demanda interpuesta por la parte actora
inicialmente como de reparación directa, al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, escindió la demanda respecto de 112 actores e
inadmitió la promovida por la señora María Gertrudis Ardila de la Cruz. Para tal
fin, examinó la naturaleza de las pretensiones y las reclamaciones administrativas
referidas en el escrito inicial.
44. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
reposición el 4 de diciembre de 2025, en el cual sostuvo que los 113 demandantes
compartían la misma causa y objeto, pues reclamaban perjuicios asociados a la
prima territorial del 20 % y la supuesta omisión de las entidades respecto del
procedimiento de liquidación, validación, certificación y aprobación de esa
acreencia.
45. Mediante auto de 30 de junio de 2026, el Juzgado confirmó su decisión
respecto a la escisión, pues precisó que cada reclamación debía examinarse a
partir del acto expreso o ficto correspondiente, la vinculación laboral, el cargo, el
tiempo de servicio y las pruebas particulares, circunstancias que impedían
predicar identidad de causa, objeto, dependencia o comunidad probatoria17.
46. En esta sede constitucional, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia de 24 de agosto de 2026, negó el amparo invocado al concluir
que la interpretación adoptada encontraba respaldo en el artículo 88 del CGP,
estaba suficientemente motivada y correspondía al margen de autonomía del juez
natural, sin que se acreditaran los defectos sustantivo, fáctico y procedimental
alegados.
47. En la impugnación, la parte actora insistió en que los presupuestos de la
acumulación subjetiva son alternativos y que basta la concurrencia de uno de
ellos. Asimismo, adujo que el a quo privilegió la diversidad probatoria y omitió
reconocer la identidad de causa y objeto derivada de la prestación reclamada, las
entidades demandadas y la omisión administrativa atribuida.
48. Ahora bien, la Sala comparte que la expresión “en cualquiera de los
siguientes casos”, contenida en el artículo 88 del CGP, no exige acreditar
simultáneamente identidad de causa, objeto, dependencia y comunidad
probatoria. No obstante, esa regla no impone admitir toda acumulación que
presente elementos temáticos comunes ni releva al juez natural de verificar
materialmente alguno de esos supuestos.
49. Así las cosas, contrario a lo afirmado por los accionantes en su
impugnación, el Juzgado no fundó la escisión únicamente en la ausencia de
pruebas comunes, sino que también examinó la causa y el objeto de las
pretensiones, y concluyó que ambos estaban determinados por reclamaciones,
actos administrativos y situaciones laborales individualizables, cuyo contenido
17
Auto del 30 de junio de 2026- «Estas reclamaciones debieron haber concluido con un acto administrativo que resolvió el
pedimento, o con un acto administrativo ficto, situación que el despacho no puede pasar por alto, por el contrario, tiene el
deber de entrar a estudiar por cuanto cada acto administrativo es la causa de la vulneración alegada».
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Accionante: María Gertrudis Ardila de la Cruz y otros
debía precisarse respecto de cada demandante18.
50. En ese entendido esta Subsección considera que tal entendimiento no
resulta manifiestamente irrazonable, teniendo en cuenta que, una vez encauzada
la controversia por nulidad y restablecimiento del derecho, era jurídicamente
admisible considerar que la causa de cada pretensión se vinculaba con el acto
particular, expreso o ficto, y que su objeto comprendía tanto el juicio de legalidad
como el restablecimiento individual solicitado19.
51. Así las cosas, aunque los actores invocaron la misma prima territorial,
atribuyeron la conducta a las mismas entidades y formularon pretensiones
económicas semejantes, tales coincidencias no obligaban al juez natural a
reconocer identidad jurídica de causa u objeto20. Por otro lado, la Sala debe
recordar, que la acción de tutela no permite sustituir esa valoración por otra
igualmente posible solo porque resulte más favorable a los intereses de la
parte actora.
52. Adicionalmente, tampoco los reparos sobre los principios de economía,
celeridad y eficacia conducen a una conclusión distinta, toda vez que, si bien estos
orientan la actividad judicial, no desplazan las reglas procesales ni convierten la
acumulación en un imperativo cuando el juez competente advierte que el examen
conjunto puede desdibujar las particularidades de cada relación jurídica y de los
actos controvertidos21.
53. Asimismo, la invocación abierta de providencias que admitieron la
acumulación subjetiva no demuestra, por sí sola, el desconocimiento del
precedente pues la parte actora debía acreditar una regla jurisprudencial aplicable
a supuestos fácticos y jurídicos equivalentes, así como un apartamiento
injustificado, y no limitarse a trasladar conclusiones adoptadas en otros asuntos
sobre la procedencia general de aquella figura.
54. Finalmente, adquiere especial relevancia que la escisión no cerró el
acceso a la jurisdicción ni impidió que las pretensiones fueran examinadas
por el juez natural pues la providencia preservó su trámite separado y la fecha
de presentación de la demanda; por ello, sus consecuencias prácticas no revelan
una afectación constitucional autónoma, sino los efectos propios de una
determinación procesal motivada.
18
Ibidem - «En consecuencia, al encontrar que el perjuicio alegado deviene de diversos actos administrativos de carácter
particular por cuanto resuelven solicitudes individuales, se advierte que el presente asunto no cuenta con una causa común;
ahora bien, el objeto de reclamación evidentemente difiere para cada uno de los demandantes, puesto que a pesar de que
lo reclamado son prestaciones laborales, todas ellas encuentran su análisis en circunstancias diferentes que la
administración debió haber estudiado para cada caso en concreto, por lo que tampoco se encuentra que la presente
demanda verse sobre un objeto común».
19
Auto del 30 de junio de 2026 - «[...] al tratarse del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
demandante debe cuestionar la legalidad de uno o varios actos administrativos con los que la administración resolvió una
situación jurídica, por ello, al tratarse de docentes que reclaman prestaciones laborales, debe determinar concretamente
cuales son esos actos administrativos que negaron las prestaciones reclamadas [...]».
20
Ibidem. - «En cuanto a la relación de dependencia, ocurre la misma situación ya que cada caso debe analizarse de
manera individual e independiente puesto que los demandantes a pesar de ser todos docentes cuentan con circunstancias
individuales, ya que de ninguna manera el caso de un demandante depende del otro por lo que el despacho encuentra que
no existe relación de dependencia, cada vínculo laboral con la administración se debió hacer de manera individual».
21
Ibidem. - «Aunado a lo anterior, los procesos de cada demandante no se sirven de las mismas pruebas, puesto que el
expediente y el acto administrativo atacado cobija y explica circunstancias que atañen a cada demandante por separado,
por tanto, las mismas pruebas no son susceptibles de las mismas valoraciones de conducencia, pertinencia y utilidad, lo
que desestructura la posibilidad de acceder a la acumulación de pretensiones [...]».
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Radicado: 25000-23-15-000-2026-01493-01
Accionante: María Gertrudis Ardila de la Cruz y otros
55. En consecuencia, la controversia planteada se circunscribe a una
discrepancia en torno a la interpretación y aplicación del artículo 88 del CGP, sin
que se advierta una decisión caprichosa, contraevidente o carente de fundamento
jurídico.
56. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de 24 de agosto de 2026, que
negó el amparo solicitado, pues la acción de tutela contra providencias judiciales
comporta un juicio de validez y no de corrección, por lo que no constituye una
instancia adicional para controvertir interpretaciones jurídicamente razonables
adoptadas por el juez natural.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 24 de agosto de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes y terceros vinculados en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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