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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2001-01245-02

Impedimento de consejero de estado: configurado por haber realizado actuación en instancia anterior

Fecha
21 de junio de 2018
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2001-01245-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR el impedimento elevado por el Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio. SEGUNDO: REVOCAR el numeral 1º de la sentencia de 21 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión para, en su lugar, acceder a las súplicas formuladas en las pretensiones 5º, 5º bis y 6º del escrito de demanda –Exp. 2001-01245–, con fundamento en los motivos expuestos en la parte considerativa de este proveído. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la Alcaldía Municipal de La Calera a devolver por concepto de perjuicios causados como consecuencia de la ilegalidad de la Resolución de 18 de julio de 2001 las siguientes sumas actualizadas en favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP: (i) $1.506.547.299 (MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS) por el pago de mayores costos en pesos. (ii) $279.764.424 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS) por el pago de mayores costos en dólares. (iii) $ 36.506.747 (TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE) por gastos procesales y honorarios de los miembros del Grupo de Conciliación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la providencia de 21 de noviembre de 2011 del Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C”. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2001-01245-02

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

21 de junio de 2018

IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO - Configurado por haber realizado actuación en instancia anterior / IMPEDIMENTO - Se declara fundado

El doctor Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó impedimento para resolver el asunto puesto a consideración de esta Sala de Decisión, ya que hizo parte de la Colegiatura que suscribió los autos de 25 de julio de 2002, a través del cual se admitió la demanda 2001–01245 y se denegó la solicitud de suspensión provisional, así como de 6 de noviembre de 2003, con el cual se decretaron y denegaron algunas pruebas. Así las cosas, el Consejero consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso –contenida en el pasado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil–. La Sala aceptó su impedimento y lo separó del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, pues, de conformidad con su alcance, esta se configura por “[h]aber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

LICENCIA DE CONTRUCCIÓN – No la requiere obra de infraestructura para el funcionamiento del sistema de acueducto de Bogotá y municipios aledaños

[L]ejos de constituirse en un asunto novedoso al interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la discusión jurídica en torno a la exigibilidad de licencia de construcción en lo que respecta al proyecto Túnel Alterno de Usaquén, ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial en el seno del Consejo de Estado. En efecto, la Sección Primera […] al conocer del recurso de apelación propuesto contra la providencia de 2 de diciembre de 2004, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el Oficio ALC–1158 de 10 de diciembre de 2001, en el que se fijaban el monto a cobrar por concepto de licencia de construcción en el Túnel Alterno de Usaquén. En esa oportunidad, la mencionada Judicatura expuso: “Las consideraciones expuestas permiten concluir que de acuerdo con las previsiones del artículo 7 de la Ley 56 de 1981 los municipios sí pueden cobrar a quienes construyen obras de acueducto los impuestos, las tasas, gravámenes, o contribuciones de carácter municipal en los términos allí previstos, pero no pueden cobrarles expensas por el trámite de licencias de construcción porque las normas que establecieron éstas (Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios) no se aplican respecto de las obras señaladas en la Ley 56 de 1981, entre ellas las cuales se cuentan los acueductos, por la razones anotadas.” Bajo esas consideraciones, la Sala estima que la anulación de las Resoluciones de 18 de julio de 2001, por medio de la cual se impone sanción de multa a la parte actora y se suspenden las obras del Túnel Alterno de Usaquén, y 1830 de 2002, a través de la cual se expidió licencia de construcción a favor de la EEAAB para la ejecución de los trabajos del referido proyecto, prescrita por el a quo, debe ser confirmada, pues lo cierto es que este requisito no resultaba obligatorio.

PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA - La conforman el acto inicial y los que deciden los recursos / RECURSO - Una vez interpuesto y decidido, entra a conformar y a hacer parte de la proposición jurídica / PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA – Si el acto definitivo es revocado, la decisión administrativa pasible, es aquella que contiene la determinación de revocación

El artículo 138 del CCA, relativo a la individualización de las pretensiones, consagra: “Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión.” De la prescripción normativa transcrita se desprende que las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho deberán dirigirse a cuestionar la legalidad o juridicidad de los actos administrativos definitivos junto a aquellos que lo modifican o confirman, cuando han sido objeto de recursos administrativos. De allí que la proposición jurídica completa, en la hipótesis que viene de ser explicada , estará conformada por el acto que decide directa o indirectamente el asunto puesto a conocimiento de la autoridad administrativa y las decisiones expedidas por la administración que resuelven los recursos de la vía gubernativa, en el sentido de modificar o confirmar el acto primigenio. No obstante, ello no ocurre así, luego de que el acto definitivo es revocado, situación en la que la decisión administrativa pasible de control a instancias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, es aquella que contiene la determinación de revocación.

ACUMULACIÓN DE PROCESOS – Procedencia / ACUMULACIÓN DE PROCESOS – Finalidad / ACUMULACIÓN DE PROCESOS - Efectos

[L]a acumulación de procesos se permite en las diferentes cuerdas procesales que distinguen el contencioso administrativo –ordinarios y ejecutivos–, a iniciativa de las partes o del juez, en los casos erigidos en la legislación procesal–civil. Fíjese que la remisión expresa que el CCA efectúa se limita a las hipótesis que se contienen en el CPC, sin que la integración normativa que se propone en el artículo en comento pueda ser extendida a otros aspectos. En punto a las circunstancias que pueden llevar a la acumulación de procesos, el artículo 157 del CPC consagra las que siguen: “1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda. 2. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos, salvo que aquéllas tengan el carácter de previas. 3. Cuando existan varios procesos de ejecución en los cuales se persiga exclusivamente la misma cosa hipotecada o dada en prenda. 4. Cuando en los procesos de que trata el numeral anterior, todos los acreedores que hayan concurrido convengan en que se acumulen a un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por otros acreedores.” Se decanta de lo anterior que, además de los casos en que las pretensiones de los procesos podían ser subsumidas en una misma demanda, la acumulación de procesos resulta procedente luego de que existe una identidad respecto de la parte demandada y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos supuestos fácticos. […] En punto a la teleología de esta figura jurídica –se hace referencia a la acumulación de procesos– la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el giro ordinario de sus negocios, ha podido sostener que con ella se pretende materializar los principios de economía y eficacia en materia judicial, así como el principio de congruencia, pues su puesta en marcha busca, igualmente, evitar contradicciones en el momento de proferir fallos, adjudicando la competencia en un mismo juez. Ahora bien, dentro de las implicaciones que supone la acumulación de procesos, además de que la decisión se encuentre contenida en una misma providencia para las diferentes demandas incoadas, la Sala puede identificar aquella que se refiere a la resolución de cada una de las pretensiones que se elevan en los escritos demandatorios, pues lo cierto es que la acumulación no puede traducirse en denegación de justicia. No de otra forma podría ser garantizada el acceso a la administración de justicia y, por consiguiente, el corolario que de allí se desprende, esto es, la tutela judicial efectiva, que encuentra positivización en el marco internacional en el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, de 2 de febrero de 2017, Radicación 13001-23-33-000-2016-00075-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

ACUMULACIÓN OBJETIVA DE PRETENSIONES – Procedencia / COMPETENCIA DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – Para conocer en primera instancia de acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos cuando las pretensiones superen 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Es la que procede cuando el daño que se reclama proviene de un acto administrativo cuya legalidad se discute / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Es la que procede cuando el daño se deriva de un acto legal

La acumulación objetiva de pretensiones exige entonces, a la luz de la normativa transcrita, la configuración de 3 tipos de requisitos de naturaleza conjuntiva, que ameritan ser evaluados en el sub–lite de cara a las particularidades del caso en concreto. En primer lugar, la prescripción jurídica establece que la procedencia de la acumulación de las súplicas dependerá de que el juez sea competente para conocer de cada una de ellas, presupuesto que se materializa en el sub–judice, pues por expresa disposición del artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de “…las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos…”. Dentro de los asuntos sometidos al escrutinio de los Tribunales Administrativos en primera instancia, la Sala resalta el conocimiento de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos expedidos por cualquier autoridad cuando las pretensiones superen los 300 SMLMV. Así las cosas, la Sala estima que en el caso sometido a su consideración se cumple con el primero de estos requisitos de acumulación de súplicas, ya que, teniendo en cuenta el valor de la pretensión mayor de la demanda, se sobrepasa el parámetro mencionado con anterioridad. En segundo lugar, el artículo 82 del CPC prescribe que la acumulación resultará procedente cuando las pretensiones propuestas no se excluyan entre sí, esto es, que la formulación de una no se convierta en la negación de otra, requisito adjetivo que es observado en debida forma en el asuntos de marras, por cuanto las peticiones consagradas en los numerales 5º y 6º del capítulo de pretensiones de la demanda 2001-01245, no conllevan la oposición lógica de las demás allí contenidas. Se trata en efecto de súplicas sucesivas, cuyo estudio dependerá de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de carácter particular demandados, característica connatural a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues es la anulación de la decisión administrativa unilateral la que lleva a reestablecer al demandante en sus garantías. Finalmente, huelga advertir que, además de reestablecer el derecho, la acción consagrada en el artículo 85 del CCA permite la reparación de los daños que puedan desprenderse de la ilegalidad del acto administrativo censurado, lo que la constituye igualmente en una vía judicial de naturaleza indemnizatoria. […] Se desprende de lo anterior que la desavenencia del acto demandado respecto del ordenamiento jurídico puede igualmente conllevar la producción de daños que deberán ser reparados al interior de la controversia judicial que suscita la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que para ello resulte menester acudir a la vía indemnizatoria por excelencia, a saber, la acción de reparación directa, pues por explícita autorización del legislador ello es posible. De allí que pueda admitirse que la reparación del daño deprecada por la parte actora en el asunto de la referencia pueda ser ventilada a través de esta acción y siguiendo el procedimiento ordinario contemplado en el CCA.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 141 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 82 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 157 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 357 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 85 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 129 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 132 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 134 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 138 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 145 / CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – ARTÍCULO 25

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-24-000-2001-01245-02 (ACUMULADO 25000-23-24-000-2002-00817-01)

Actor: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P

Demandado: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Fallo de Segunda Instancia

La Sala procede a resolver los recursos de apelación oportunamente interpuestos por las partes contra la sentencia de 21 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión, que accedió parcialmente a las súplicas de las demandas incoadas por la parte actora.

I.ANTECEDENTES

1. Demandas

La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP –en adelante EAAB– formuló, por conducto de apoderado judicial, demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones de 18 de julio de 2001, 093 de 21 de agosto de 2001 y 1830 de 2002.
Al respecto, la demandante elevó las siguientes pretensiones:

Proceso 2001-01245

“PRIMERA. - Que se declare la nulidad de la Resolución del dieciocho (18) de julio de 2001, expedida por el Secretario de Gobierno de la Alcaldía Municipal de la Calera, delegado por el Señor Alcalde mediante Decreto No. 135 de julio 17 de 2001 por medio de la cual "SE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DEL TÚNEL ALTERNO DE USAQUÉN (...)" y se imponen multas sucesivas equivalentes a "CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP y al consorcio ASOCIACIÓN TECHINT GEOMINAS. Como ejecutor de la obra indicada”.

SEGUNDA. – Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare, que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP-, no está obligada a tramitar licencia de construcción alguna para la obra Túnel Alterno de Usaquén y por lo mismo, no debe cancelar suma alguna por este concepto a la Alcaldía Municipal de La Calera, como lo pretende ese ente territorial, mediante la Resolución del dieciocho (18) de julio de 2001.

TERCERA. – Que, a título de restablecimiento de derecho, se ordene a la Alcaldía Municipal de La Calera, el pago a favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP, de todos los costos y gastos en que ha incurrido o llegue a incurrir con ocasión de la expedición de la Resolución del 18 de julio de 2001, en la cual se ordena la suspensión de la obra Túnel Alterno de Usaquén, ejecutada mediante diligencia realizada el día doce (12) de octubre de 2001.

CUARTA: Que se ordene a la Alcaldía Municipal de La Calera pagar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP., la suma de CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, debidamente actualizada más sus intereses, pagados por concepto de multas impuestas en virtud de la Resolución proferida el dieciocho (18) de julio de 2001.

QUINTA: Que se ordene a la Alcaldía Municipal de La Calera pagar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP. la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS moneda legal ($749.349.797 m/l) más sus intereses y actualización, a partir del veintitrés (23) de octubre del año 2002. Esta es la suma en pesos que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP, debió reconocer al contratista, CONSORCIO ASOCIACIÓN TECHINT GEOMINAS, por concepto de mayores costos generados por suspensión de las obras del Túnel Alterno de Usaquén, decretada en la Resolución de dieciocho (18) de julio de 2001.
QUINTA. (Sic) Que se ordene a la Alcaldía Municipal de La Calera pagar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP. la suma de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (US46.739) convertida a pesos al momento del pago, debidamente actualizada a la fecha de pago más los intereses causados a partir del día veinticuatro (24) de noviembre de 2002. Esta es la suma en dólares que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP, debió reconocer al contratista, CONSORCIO ASOCIACIÓN TECHINT GEOMINAS, por concepto de mayores costos generados por suspensión de las obras del Túnel Alterno de Usaquén, decretada en la Resolución de dieciocho (18) de julio de 2001.

SEXTA: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Alcaldía Municipal de la Calera pagar a LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP, la suma de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($17.893.600 m/l), debidamente actualizada al momento del pago más los intereses causados a partir del veintiocho (28) de mayo de 23002. Esta es la suma que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP debió pagar al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por concepto de honorarios del grupo conciliador y de los costos procesales, con ocasión de la conciliación convocada para resolver la solicitud de mayores costos presentada por el contratista, CONSORCIO ASOCIACIÓN TECHINT GEOMINAS, debido a la suspensión de las obras del portal de Entrada del Túnel Alterno de Usaquén, en virtud de los actos administrativos expedidos por la Alcaldía Municipal de la Calera.

SÉPTIMA. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Alcaldía Municipal de La Calera pagar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($2.919.488 m/l) por concepto del valor de la prima de la garantía bancaria constituida a favor del Tesoro Nacional en virtud de auto de veinticuatro (24) de mayo de 2002.

OCTAVA. Que se ordene a la Alcaldía Municipal de La Calera el pago de las costas y gastos procesales correspondientes a la presente demanda.”

Proceso 2012-00817-01

“PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 1830 de 2002 expedida por el Secretario de Planeación Municipal de La Calera mediante la cual se expide "licencia de construcción para el proyecto denominado "Túnel Alterno de Usaquén y obras anexas".

SEGUNDA. Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP no está obligada a tramitar licencia de construcción alguna para la ejecución de las obras del Túnel Alterno de Usaquén.

TERCERA. Que se ordene al Municipio de La Calera reembolsar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP, el valor de la licencia de construcción que se liquidó en el Oficio ALC-1168, y que se pagó en virtud del acuerdo de pago suscrito el 21 de diciembre de 2001, esto es, la suma de MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($1.099.882.267,90), suma que debe ser actualizada al momento de la sentencia y sobre la cual se causaran los intereses legalmente previstos desde el momento en que fue efectivamente pagada.

CUARTA. En caso de no ser declarada la nulidad de la licencia de construcción del Túnel Alterno de Usaquén, se ordene al Municipio de La Calera reintegrar a la Empresa de Acueducto de y Alcantarillado de Bogotá la suma de ochocientos cuarenta y un millones trescientos cincuenta y un mil pesos m/l ($841.351.000), por concepto de mayor valor pagado en virtud de la errónea liquidación de las expensas de la licencia de construcción del Túnel Alterno de Usaquén.

QUINTA. Que se ordene al Municipio de La Calera el pago de las costas y gastos procesales correspondientes a la presente demanda.”

1.2. Hechos

En apoyo de sus pretensiones, el representante judicial de la accionante señaló, en síntesis, los siguientes:

1.2.1. La EEAB es una empresa industrial y comercial del Estado, encargada de la prestación del servicio de acueducto en el Distrito Capital y municipios circunvecinos.

Con el propósito de reducir la vulnerabilidad del sistema de acueducto y evitar racionamientos en el suministro de agua, la EAAB construyó el embalse de San Rafael en un predio de utilidad pública y reserva forestal ubicado en el municipio de La Calera.

Dentro de las obras complementarias a la edificación de la presa, la EAAB ejecuta la obra del Túnel Alterno de Usaquén “que interconecta el Embalse de San Rafael con todo el sistema de acueducto de Bogotá”, para lo cual suscribió contrato de obra el 22 de diciembre de 1999 con el Consorcio Asociación TECHINT–GEOMINAS.

1.2.2. La construcción del proyecto Túnel Alterno de Usaquén es una obra pública que forma parte del programa denominado Santa Fe I, amparado por la licencia ambiental única, contenida en las Resoluciones 0692 de 1997 y 1917 de 2002, expedidas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

1.2.3. La excavación del portal de entrada del mencionado túnel se inició en la jurisdicción de La Calera, el 28 de diciembre de 2000, trabajos que estuvieron precedidos de procedimientos de concertación entre las autoridades municipales y la EAAB.

1.2.4. El 26 de julio de 2001, el Alcalde de La Calera expidió auto, con el que abrió investigación administrativa, a fin de establecer si las obras del Túnel Alterno de Usaquén contaban con licencia de construcción y fijó el 12 de julio de 2001, como fecha para adelantar diligencia de inspección ocular en aras de determinar el estado de la obra.

1.2.5. El 12 de julio de 2001, el burgomaestre de esa entidad territorial llevó a cabo la diligencia de inspección ocular –posteriormente suspendida– y dictó acto administrativo, en el que concedió un término de 3 días a la parte actora para acreditar la obtención de licencia de construcción o el desarrollo del trámite para ello, de conformidad con el Acuerdo 043 de 2000 –POT de La Calera– y la Ley 388 de 1997.

1.2.6. El 16 de julio de 2001, la EAAB presentó memorial de descargos en el que explicó que, habida cuenta de la naturaleza de la obra que se pretendía adelantar –gran obra de acueducto– ésta no requería de licencia de construcción, por lo que no resultaban aplicables las disposiciones de las Leyes 388 y 400 de 1997.

1.2.7. El 18 de julio de 2001, con la presencia del Secretario de Gobierno de La Calera se reanudó la diligencia ocular, que finalizó con la expedición de Resolución, a través de la cual se impuso sanción de multa en contra del Consorcio TECHINT–GEOMINAS y de la EAAB, en suma equivalente a 400 SMLMV. Igualmente, se ordenó la suspensión de las obras y concedió un plazo de 60 días para acreditar la licencia respectiva.

El apoderado de la EAAB interpuso el recurso de reposición en contra de la referida decisión, el que fue resuelto en el contexto de la diligencia ocular, en el sentido de modificar los numerales 1º y 2º de la parte resolutiva del acto administrativo censurado.

Igualmente, la demandante formuló recurso de apelación, que fue concedido y enviado a la Gobernación de Cundinamarca.

1.2.8. El 21 de agosto de 2001, el Secretario Jurídico de la Gobernación expidió la Resolución 093, por la cual rechazó el recurso de apelación por improcedente.

1.2.9. El 25 de septiembre de 2001, el Alcalde Municipal de ese ente territorial resolvió dar cumplimiento a la Resolución de 18 de julio de 2001, en el sentido de suspender las obras desarrolladas en el proyecto Túnel Alterno de Usaquén, a partir del 29 de septiembre siguiente a las 8 AM.

1.2.10. Contra la orden de suspensión de 25 de septiembre de 2001, la EAAB presentó acción de tutela como mecanismo transitorio para proteger el derecho fundamental al debido proceso administrativo, trámite constitucional en el que el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera accedió a decretar la medida provisional deprecada por la actora –en auto admisorio de 28 de septiembre de 2001– en el sentido de suspender la interrupción prescrita por el funcionario municipal.

No obstante, el 9 de octubre de 2001, la referida Judicatura negó el amparo solicitado y, por consiguiente, levantó esa medida cautelar.

1.2.11. El 12 de octubre de esa misma anualidad, el Despacho de la Alcaldía de La Calera, mediante acto de aposición de sello suspendió la construcción del proyecto Túnel Alterno de Usaquén, dando de esa forma cumplimiento a la Resolución de 18 de julio 2001.

1.2.12. La sentencia de tutela de primera instancia fue oportunamente impugnada y su trámite y decisión correspondió al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá que, por auto de 15 de noviembre de 2001, accedió a suspender la medida del Alcalde accionado consistente en la suspensión de las obras del Túnel Alterno de Usaquén.

Empero, con fallo de 4 de diciembre de 2001, el citado Despacho Judicial confirmó integralmente la providencia del Juzgado Promiscuo de La Calera y, por contera, revocó la medida de cautela decretada.

1.2.13. Como consecuencia de la suspensión de la obra entre el 12 de octubre y el 19 de noviembre de 2001, el Consorcio Asociación TECHINT–GEOMINAS elevó solicitud de mayores costos ocasionados por la interrupción de los trabajos, que fue negada por la EAAB, motivo por el que el contratista acudió al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para efectuar la reclamación, de conformidad con la cláusula 50 del contrato de obra SF-1-01-7000-851-1999.

El 20 de agosto de 2002, el mencionado Centro de Conciliación “…determinó que la EAAB–ESP debía reconocer al contratista la suma de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($737.639.280), más NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US 95.510), por concepto de los mayores costos y gastos ocasionados por la suspensión de las obras que tuvo lugar en virtud de los actos administrativos expedidos por la Alcaldía Municipal de La Calera.”

1.2.14. La EAAB se vio compelida a iniciar trámite para la obtención de licencia de construcción, con el propósito de evitar los perjuicios causados por la paralización de la obra, actuación administrativa que culminó con la expedición de la Resolución 1830 de 17 de abril de 2002. Como expensas para el otorgamiento de la citada licencia, la demandante sufragó en beneficio de la entidad territorial demandada la suma de $ 1.099.882.267.90.

1.2.15. La Corte Constitucional, con sentencia T-860 de 10 de octubre de 2002, revisó las decisiones proferidas por los Juzgados Promiscuo de La Calera y Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, providencia en la que manifestó que la obra denominada Túnel Alterno de Usaquén no requería de la licencia de construcción que le fue exigida.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora adujo la violación de los artículos 1º, 2º, 6º, 29, 84, 121 y 123 de la Constitución Política; 1º de la Ley 56 de 1981; 63, 99 de la Ley 9 de 1989; 59 de la Ley 99 de 1993; 104 de la Ley 388 de 1997; 3 y ss. de la Ley 400 de 1997; y, finalmente, 132 del Decreto 2150 de 1995.

Para el efecto, la demandante propuso los siguientes cargos:

1.3.1. Violación del debido proceso, del principio de legalidad y del Estado de Derecho

El quebrantamiento de las garantías constitucionales se desprende del hecho de que, para la construcción del Túnel Alterno de Usaquén, no se requería de licencia de construcción, al tenor de lo dispuesto en la Ley 56 de 1981, que regula las grandes obras de acueducto.

De esta manera, la autoridad demandada infringió el debido proceso administrativo de la parte actora, pues, además de exigir un requisito que no resultaba necesario –licencia de construcción–, aplicó al caso en concreto disposiciones normativas que no guardaban relación con la naturaleza del proyecto, a saber, la Ley 388 de 1997, el Decreto 1052 de 1998 y el Acuerdo 43 de 2000.

1.3.2. Violación directa de la Ley 56 de 1981

El artículo 7º de la Ley 56 de 1981 consagra:

“Artículo 7º.- Las entidades propietarias, pagarán a los municipios los impuestos, tasas, gravámenes o contribuciones de carácter municipal diferentes del impuesto predial, únicamente a partir del momento en que las obras entren en operación o funcionamiento…

(…)

Parágrafo.- Las entidades públicas propietarias de las obras de que aquí se trata no estarán obligadas a pagar compensaciones o beneficios adicionales a los que esta Ley establece con motivo de la ejecución de dichas obras.” (Negrilla fuera de texto)

De la disposición normativa transcrita se desprende, con meridiana claridad, que el pago de los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones del nivel municipal será obligatorio a partir del momento en que las obras entren en funcionamiento –carácter posterior–.

Este mandato legal se contrapone al carácter previo de las expensas que deberán ser sufragadas por concepto de licencia de construcción, por lo que resultan incompatibles con las obras públicas reguladas en la Ley 56 de 1981.

Por otro lado, el parágrafo de la norma en cita prescribe que las autoridades municipales no podrán exigir el pago de compensaciones o beneficios adicionales a los establecidos en ese cuerpo normativo, por lo que no es preciso obligar a las entidades públicas propietarias de las obras a pagar el monto equivalente a la licencia de construcción, por cuanto la Ley 56 de 1981 nada dice al respecto.

1.3.3. Violación por indebida interpretación y aplicación del artículo 99 de la Ley 388 de 1997

El artículo 99 de la Ley 388 de 1997 establece en punto a las licencias de construcción:

“LICENCIAS. Se introducen las siguientes modificaciones y adiciones a las normas contenidas en la Ley 9ª de 1989 y en el Decreto-ley 2150 de 1995 en materia de licencias urbanísticas:

1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andrés y Providencia o los curadores urbanos, según sea del caso.

2. Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento.”

De conformidad con la prescripción normativa en comento, la licencia de construcción resulta obligatoria en los siguientes supuestos: (i) ejecución de obras consistentes en construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones; (ii) urbanización y parcelación de terrenos urbanos, expansión urbana y rurales; (iii) loteo o subdivisión de predios en toda clase de suelos; (iv) ocupación del espacio público.

De cara a las hipótesis contenidas en la norma, la construcción del Túnel Alterno de Usaquén no encuadra en ninguna de ellas, razón por la que la Alcaldía de La Calera no podía someter el desarrollo de ese proyecto a la obtención de licencia de construcción.

1.3.4. Incompetencia de la autoridad que expidió la Resolución de 18 de julio de 2001

Si la edificación del proyecto Túnel Alterno de Usaquén no requería de licencia de construcción, la entidad territorial demandada, a través del Alcalde, era incompetente para exigir el cumplimiento de esta obligación.

Es de advertir la naturaleza del referido proyecto, pues se trata de una obra pública de naturaleza supramunicipal, por lo que su ejecución no podía depender exclusivamente de la voluntad del Municipio de la Calera.

1.3.5. La licencia ambiental lleva implícita la licencia de construcción

A las voces de los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la licencia ambiental ampara el cúmulo de actividades necesarias para el desarrollo de los proyectos, lo que incluye la construcción de obras que sean inherentes a su infraestructura, como vías de acceso, campamentos para quienes laboran allí, que no requieren por consiguiente de la obtención de licencia de construcción.

El proyecto Túnel Alterno de Usaquén se encuentra cobijado por la licencia ambiental única expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –Resoluciones 0692 de 1997 y 1917 de 2002-, por lo que no era exigible la licencia de construcción en el asunto de marras.

1.3.6. Cristalización de desviación de poder

El trámite de licencia de construcción al que fue compelida la autoridad demandante buscó el saneamiento de las cuentas que el Municipio de La Calera con la EAAB por la prestación del servicio de acueducto, por cuanto las expensas causadas por el trámite de esa autorización fueron deducidas de las sumas adeudadas por la entidad territorial a la accionante, razón por la que la finalidad perseguida no fue la regulación del uso del suelo, sino “…conseguir cuantiosos recursos con métodos espurios."

2. Admisión de las demandas

2.1. Proceso 2001–01245

A través de auto de 1º de marzo de 2002, el libelo introductorio fue inadmitido por el Despacho sustanciador al interior del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “B”, subsanado el 1º de abril de esa misma anualidad, por lo que se admitió mediante auto de 25 de julio de 2002.

Dentro del término de fijación en lista, la parte actora formuló escrito de corrección de demanda, admitida por auto de 22 de mayo de 2003.

2.2. Proceso 2002–00817

Con providencia de 24 de octubre de 2002, el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “A” inadmitió la demanda. Posteriormente, el escrito introductorio fue admitido, mediante auto de 6 de febrero de 2003.

Con memorial de 16 de junio de 2003, la parte actora corrigió el libelo introductorio, el cual fue admitido a través de decisión de 21 de agosto de 2003.

3. Contestaciones de las demandas

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones elevadas por la accionante en cada una de las demandas, bajo el siguiente derrotero argumentativo:

3.1. Proceso 2001–01245

3.1.1. A pesar de la medida correctiva de suspensión de la obra Túnel Alterno de Usaquén, la demandante nunca la acató, por lo que la construcción del proyecto nunca fue suspendido. Esta circunstancia se corrobora en el acta de visita de 16 de noviembre de 2001 suscrita por diferentes autoridades municipales.

3.1.2. Por lo anterior, el acuerdo conciliatorio por mayores costos firmado por la EAAB y el contratista TECHINT–GEOMINAS debe tenerse como temerario, pues se reconocen sumas exorbitantes.

En ese sentido, refirió que debe demostrarse la legalidad del pago efectuado por concepto de mayores costos, “…dada la irregularidad del acto de conciliación y decisión proferida por los árbitros y/o conciliadores a que hace referencia la entidad demandante en su escrito adición y corrección de demanda.”

3.1.3. La pretensión consistente en la devolución de la suma cancelada por concepto de pago de multa es infundada, ya que tal sanción de orden pecuniario no se hizo efectiva por mandato expreso de la Ley 388 de 1997.

3.1.4. El cargo de la presunta vulneración al debido proceso en el contexto del trámite administrativo cuestionado, fue desestimado por el Juzgado Promiscuo de La Calera y el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, en el marco de la acción de tutela interpuesta por la demandante contra la entidad territorial accionada.

3.1.5. Por otro lado, la autoridad demandada formuló las siguientes excepciones:

3.1.5.1. Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, por cuanto las súplicas elevadas en el libelo introductorio son de diversa naturaleza, habida cuenta de que se solicita la indemnización de perjuicios de carácter contractual, que resultan imputables exclusivamente a la parte actora, al ser la entidad que incumplió con los requisitos previos al desarrollo del contrato de obra del proyecto Túnel Alterno de Usaquén.

3.1.5.2. Pleito pendiente, pues, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera conoce en la actualidad de demandas de nulidad y restablecimiento de derecho, por medio de las cuales se ventilan los mismos hechos y circunstancias que se traen colación con la presente acción. Hizo referencia en particular a los expedientes 020331, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, y 2002–00817, M.P. William Giraldo Giraldo.

3.1.5.3. Legalidad del trámite de orden policivo–administrativo, pues éste se desarrolló de conformidad con las disposiciones de orden legal, policivo y administrativo vigentes al momento del pronunciamiento enjuiciado.

3.1.5.4. Falta de competencia, ya que el asunto que se discute corresponde a la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues las sanciones impuestas a la demandante como el pago de las expensas por concepto de licencia de construcción son deudas fiscales a favor del Tesoro Público de la entidad territorial accionada.

3.1.5.5. “Exceptio pacti conventi”, por cuanto las partes suscribieron acuerdo el 21 de diciembre de 2001, por medio del cual se efectuó un cruce de cuentas entre los réditos adeudados por la entidad demandante y los valores que por concepto de venta de agua en bloque debe el Municipio de La Calera a la EAAB.

3.1.5.6. Temeridad y mala fe, pues los perjuicios reclamados por la parte actora, consistentes en el reconocimiento del monto que sufragó al consorcio contratista por mayores costos en la obra –producto de la suspensión– desconoce el hecho de que las labores nunca fueron suspendidas, pues la entidad ejecutora del pacto contractual desconoció la medida de suspensión decretada.

3.1.5.7. Inepta demanda por indebida integración del contradictorio, pues la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debió estar dirigida en contra de las diferentes autoridades que de una u otra forma participaron el trámite administrativo que se censura.

3.1.5.8. Inexistencia de los perjuicios, ya que los mayores costos por la presunta suspensión de la obra que la entidad actora pagó al contratista –consorcio TECHINT–GEOMINAS– no encuentran justificación alguna, pues la medida de suspensión decretada por la Alcaldía de La Calera no fue respetada por ellas en el periodo 12 de octubre de 2001 a 18 de noviembre de esa misma anualidad.

3.1.5.9. Falta de legitimación ad procesum por pasiva, pues la Alcaldía de La Calera no está llamada a responder por el acto contenido en la Resolución 093 de 21 de agosto de 2001, por medio del cual se rechazó por improcedente el recurso de apelación propuesto en contra de la Resolución de 18 de julio de 2001, ya que fue expedido por la Secretaría Jurídica del Departamento de Cundinamarca.

3.1.5.10. Caducidad, por cuanto, entre la notificación de la Resolución de 18 de julio de 2001 y la presentación del escrito de corrección de demanda –13 de diciembre de 2002– transcurrieron más de 4 meses, por lo que, en el asunto de autos, operó el fenómeno de la caducidad de la acción.

3.2. Proceso 2002-00817

3.2.1. Las expensas de la licencia de construcción, contenida en la Resolución 1830 de 2002, fueron liquidadas de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo 56 de 1996, emitido por el Concejo Municipal de La Calera, así como de las características del bien propiedad de la entidad demandante, certificadas por la Oficina de la Tesorería Municipal de La Calera.

3.2.2. La Resolución 1830 de 2002 quedó en firme, sin que la autoridad demandante interpusiera el recurso de reposición procedente.

3.2.3. La Secretaría de Planeación municipal fue respetuosa del procedimiento legal y reglamentario erigido para la determinación del valor de la licencia de construcción, pues observó las prescripciones normativas contempladas en la Ley 388 de 1997.

3.2.4. La autoridad demandada presentó las siguientes excepciones:

3.2.4.1. Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, pues la vía gubernativa no fue agotada respecto de la Resolución 1830 de 2002, habida cuenta de que el recurso de reposición procedente no fue formulado. Igualmente, la referida excepción tendría lugar, por cuanto se depreca la devolución del dinero que por concepto de expensas pagó la demandante.

3.2.4.2. Caducidad de la acción, ya que entre la fecha de expedición de la Resolución 1830 de 2001 –17 de abril– y la presentación del memorial de corrección de demanda –16 de junio de 2003– transcurrieron más de 4 meses.

3.2.4.3. En relación con las excepciones de pleito pendiente, falta de competencia, “exceptio pacti conventi”, inepta demanda por indebida integración del contradictorio, la parte demandada replicó, grosso modo, los argumentos expuestos en la contestación de la demanda 2001–01245, previamente resumidos.

4. Acumulación de procesos

Por auto de 9 de marzo de 2006, la magistrada ponente al interior del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “B” dispuso acumular los procesos 2001–01245 y 2002–00817, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil.

5. Alegatos de conclusión en primera instancia

Por auto de 12 de abril de 2007, el Despacho sustanciador del proceso al interior de la Sección Primera – Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó correr traslado a las partes con el propósito de que presentaran sus alegatos de conclusión, los que fueron allegados oportunamente.

En lo que concierne la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en su demanda.

En cuanto a la demandada sostuvo que la actora omitió solicitar dentro de las pretensiones de las demandas la nulidad del acuerdo de pago referente a las expensas de la licencia de construcción, suscrito por las partes el 12 de diciembre de 2001, por lo que en el asunto de marras se generó lo que la doctrina de lo contencioso administrativo conoce como proposición jurídica incompleta.

Al respecto, explicó: “(…) La Empresa de Acueducto (…) demandó las resoluciones administrativas, pero omitió demandar el Acuerdo de Pago, esto es, el documento con el que se había puesto punto final a la situación administrativa surgida entre la EAAB y el Municipio.”

6. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público se abstuvo de emitir su concepto en esa instancia del proceso.

7. Fundamentos de la sentencia recurrida

Por medio de sentencia de 21 de noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión decidió:

“PRIMERO. DECLÁRASE probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones, respecto de los numerales quinto, sexto y séptimo relacionado en el acápite de pretensiones del libelo de la demanda, por las razones antes relacionadas.

SEGUNDO. DECLÁRASE inhibido para pronunciarse respecto de la Resolución Nº. 093 del 21 de agosto de 2001 emitida por la Secretaría Jurídica del Departamento de Cundinamarca, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución del 18 de julio de 2001 expedida por el Secretario de Gobierno de la Alcaldía de La Calera mediante la cual se ordena la suspensión de las obras del Túnel Alterno de Usaquén y la Resolución No. 1830 del 17 de abril de 2002, emitida por el Secretario de Planeación Municipal de La Calera, mediante el cual se expide una licencia de construcción para el proyecto denominado “Túnel Alterno de Usaquén”.

CUARTO. A título de restablecimiento del derecho se ordena al Municipio de La Calera proceda a ordenar el reembolso de la suma de cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes pagados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por concepto de multas impuestas en virtud de la Resolución proferida el 18 de julio de 2001, así como el valor de la caución constituida en virtud del auto del 24 de mayo de 2002 proferido dentro de este proceso, debidamente actualizados desde el momento en que se realizaron dichos pagos y hasta la ejecutoria de esta sentencia. Desde ese momento devengará los intereses a que se refiere el artículo 177 del CCA.

QUINTO. NIÉGASE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO. ABSTIÉNSE de condenar en costas.”

7.1. Pronunciamiento frente a las excepciones

7.1.1. En relación con la indebida acumulación de pretensiones, el Tribunal sostuvo disponía de vocación de prosperidad, por cuanto, las súplicas elevadas en el asunto de autos “…ya que no existe entre ellas una misma causa o un mismo objeto…”.

Lo anterior, ya que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, no podía implicar para el ente territorial responsabilidad alguna respecto del contrato de obra suscrito entre la demandante y el Consorcio Asociación TECHINT – GEOMINAS.

Ello, por cuanto, “…en el caso de declararse la nulidad de los actos demandados, esto es la anulación de la licencia y de la suspensión de la obra, el restablecimiento del derecho conlleva la continuación del contrato de construcción del Túnel Alterno de Usaquén y la terminación de la obra contratada con el contratista.”

De allí que la reclamación de los perjuicios causados “por la suspensión de la obra o por la dificultad para continuarla” deba adelantarse por la vía de la reparación directa.

7.1.2. En relación con la excepción de pleito pendiente, el a quo señaló que debía ser despachada negativamente, pues el proceso 2002–00817, se tramitaba de forma acumulada con el trámite distinguido con el número de radicado 2001-01245, en el contexto de esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

En lo atinente al proceso 2002-00331, el fallador de primera instancia consideró que los asuntos discutidos allí –Legalidad del Oficio ALC–1158 de 2001, por medio de la cual el municipio de La Calera informó a la E.A.A.B la liquidación de las expensas por concepto de licencia de construcción– distaban de aquellos ventilados en este trámite, a pesar de la relación que existe entre los dos, pues los actos censurados eran distintos.

7.1.3. En lo que refiere a la falta de competencia, sustentada en que el estudio de este asunto correspondía a la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el sentenciador de primer grado adujo que “no es de recibo, pues la inconformidad de la parte actora no se origina en actos relativos a impuestos, tasas y contribuciones, sino a la legalidad de las decisiones del municipio de La Calera tendientes a la suspensión de la obra denominada Túnel Alterno de Usaquén por considerar que la misma requería de licencia de construcción.”

7.1.4. En lo atinente a la excepción de falta de jurisdicción fundada en que las pretensiones de la demanda son de orden contractual, el Tribunal afirmó que no prosperaba, pues los actos demandados no disponen de las características de aquellos cuya fiscalización se realiza a través de la acción contractual, “pues las partes del presenta proceso no suscribieron un contrato estatal y las pretensiones de la demanda no se circunscriben a declarar su existencia o su nulidad…”

7.1.5. Respecto de la excepción denominada “exceptio pacti conventi”, el a quo refirió que su decreto no era procedente, pues el cruce de cuentas entre las partes de este proceso para el pago de las expensas de la licencia de construcción no impedía valorar la legalidad de los actos acusados.

7.1.6. En lo que atañe a la excepción de inepta demanda por indebida integración del contradictorio, el fallador de primera instancia la desestimó, ya que de los hechos de la demanda se desprende que la autoridad pública que debe responder por la suspensión del contrato de obra es el municipio de La Calera.

7.1.7. Respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva, sustentada en el hecho de que la Alcaldía municipal de La Calera no debía responder por el acto contenido en la Resolución 093 de 21 de agosto de 2001, emitida por la Secretaría Jurídica del Departamento de Cundinamarca, el sentenciador sostuvo que no estaba llamada a prosperar, por cuanto, a través suyo el órgano departamental rechazó por improcedente el recurso de apelación propuesto en contra de la Resolución de 18 de julio demandada, lo que lo hacía inane, “pues el que resuelve la situación jurídica de la suspensión de la obra del Túnel Alterno de Usaquén es el acto emitido el 18 de julio de 2001…”.

Por estos motivos, el Tribunal se declaró inhibido para pronunciarse de fondo respecto de la Resolución 093 de 21 de agosto de 2001.

7.1.8. En tratándose de la excepción de caducidad de la acción, el a quo manifestó que no disponía de prosperidad, ya que entre la notificación de la Resolución 093 de 21 de agosto de 2001 –edicto desfijado el 17 de septiembre de 2001– y la presentación de demanda –16 de noviembre de 2001–, habían transcurrido menos de 4 meses.

El Tribunal manifestó que la presentación del libelo introductorio interrumpía el término de presentación oportuna establecido en el artículo 136 del CCA, sin importar la formulación posterior de escrito de corrección y adición de demanda.

7.1.9. El fallador de primera instancia refirió que las demás pretensiones –legalidad del trámite, temeridad o mala fe e inexistencia de perjuicios–, al estar ligadas con las pretensiones de la demanda, serían resueltas al abordar el fondo del asunto.

7.2. Pronunciamiento frente a los cargos

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión manifestó que la multiplicidad de cargos propuestos en la demanda contaba con un denominador común relativo a la prohibición legal de exigir licencia de construcción sobre obras públicas como el Túnel Alterno de Usaquén, motivo por el que emprendería un análisis conjunto de los cuestionamientos.

El a quo trajo a colación algunos conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así como las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia T–860 de 10 de octubre de 2002, y concluyó que, habida cuenta de la naturaleza del proyecto en referencia, no le resultaban aplicables las previsiones normativas que sobre licencias de construcción establecía la Ley 388 de 1997.

El sentenciador de primera instancia arguyó que este tipo de obras estaban reguladas por la Ley 56 de 1981, en la que no se establecía la obligación de licencia de construcción, motivo por el que declaró la nulidad de las resoluciones demandadas.

En cuanto al restablecimiento del derecho deprecado en la demanda, el Tribunal dispuso que la parte demandante no estaba obligada a tramitar licencia de construcción para la ejecución de la obra “Túnel Alterno de Usaquén”.

No obstante, se abstuvo de ordenar el reembolso de la suma de dinero pagada por este concepto, pues esa devolución había sido prescrita en la sentencia de 2 de diciembre de 2004, en la que la Sección Primera – Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al declarar la nulidad del oficio ALC 1158 de 10 de diciembre de 2001 expedido por el Alcalde de La Calera, que contenía la liquidación de las expensas de la licencia de construcción de la obra.

El a quo negó el reconocimiento de costos y gastos en los que incurrió la parte actora, como consecuencia de la suspensión, pues en el libelo introductorio no se especificaron cuáles fueron.

Finalmente, el fallador ordenó la devolución de los 400SMLMV sufragados por la entidad demandante por concepto de multas impuestas en virtud de la Resolución de 18 de julio de 2001, “así como el valor de la caución constituida en virtud del auto de 24 de mayo de 2002, proferido dentro de este proceso, debidamente actualizados desde el momento en que se realizaron dichos pagos y hasta la ejecutoria de esta sentencia.”

8. Fundamentos del recurso de apelación

Con escritos de 13 de diciembre de 2001 y 19 del mismo mes y año, las partes propusieron recursos de alzada en contra de la decisión del a quo. En síntesis, formularon los siguientes argumentos:
8.1. De la alzada de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP

La autoridad demandante deprecó la revocación de los numerales primero y quinto de la sentencia de 21 de noviembre de 2011, por medio de los cuales se declaró probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones respecto de los numerales quinto, sexto y séptimo relacionados en el acápite de súplicas de la demanda, y negó las demás pretensiones del escrito introductorio.

En ese sentido, la parte demandante sostiene:

El ad quem debe desatar las súplicas de cada uno de los procesos acumulados, por cuanto la acumulación fue de procesos y no de pretensiones, por lo que éstos deben fallarse independientemente.

Se equivoca el Tribunal luego de que da por probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones respecto de las súplicas contenidas en los numerales 5, 6 y 7, pues lo cierto es que éstas guardan una relación directa con la declaratoria de nulidad de la Resolución de 18 de julio de 2011.

Para sustentar este punto, la recurrente aduce que en el contexto de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, la anulación del acto administrativo implica volver las cosas al estado inicial del acto, esto es, dejar indemne por todo concepto al sujeto pasivo de dicho acto, lo que supone el pago de los perjuicios causados, sin importar su naturaleza, por ejemplo, contractual.

Adujo que someter la reclamación de los perjuicios irrogados por la ilegalidad de los actos declarados nulos al trámite de la reparación directa, desconoce los presupuestos de esta vía procesal, la que no deberá ser utilizada cuando medie acto administrativo.

En el contexto de la acción contenida en el artículo 85 resulta admisible demandar la reparación de los daños causados como consecuencia de la ilegalidad de los actos administrativos, además del restablecimiento de los derechos del demandante.

Por lo anterior, resulta “ilógico” que el Tribunal haya negado, en el numeral 5 de la sentencia recurrida, las demás pretensiones de las demandas relativas a la indemnización de los daños percibidos por la demandante.

Con fundamento, en todo lo que precede la EAAB insiste en la condena en costas en contra de la demandada.

8.2. De la alzada del municipio de La Calera

La representante judicial manifiesta que, a la manera como lo hizo su representada en los alegatos de conclusión allegados en primera instancia, la demanda propuesta por la parte actora adolece de ineptitud sustantiva, puesto que, además de la nulidad del acto administrativo, por medio del cual se suspendieron las obras del “Túnel Alterno de Usaquén”, debió igualmente demandarse el acuerdo de pago al que llegaron las partes de este proceso por concepto de licencia de construcción.

Al respecto, sostiene: “Es lo que la jurisprudencia ha venido señalando bajo la noción de proposición jurídica incompleta cuando el actor acusa de nulidad determinado acto administrativo, pero dejando de judicializar otro u otros que son absolutamente complementarios, en donde al omitir hacerlo deja esos actos revestidos de legalidad.”

9. Trámite en segunda instancia

El recurso propuesto fue admitido por la Sección Primera, Despacho del Dr. Guillermo Vargas Ayala, mediante auto de 30 de octubre de 2012, en el que ordenó notificar la providencia, de conformidad con el inciso 3º del artículo 212 del CCA.

10. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La EAAB presentó memorial de alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos expuestos en su recurso de alzada.
11. Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia

En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer de los recursos de apelación propuestos por las partes contra la sentencia de 21 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión, en los términos del artículo 129 del C.C.A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.

2. Actos demandados

La EAAB persigue la declaratoria de nulidad de las Resoluciones de 18 de julio de 2001 y 093 de 21 de agosto de 2001, mediante las cuales se le impuso sanción de multa y se ordenó la suspensión de las obras del proyecto “Túnel Alterno de Usaquén”, por presunta infracción de normas urbanísticas.

Igualmente, la parte actora solicita la anulación de la Resolución 1830 de 2002, “[p]or medio de la cual se expide una licencia de construcción para el proyecto denominado “Túnel Alterno de Usaquén y obras anexas”.

3. Cuestión previa

El doctor Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó impedimento para resolver el asunto puesto a consideración de esta Sala de Decisión, ya que hizo parte de la Colegiatura que suscribió los autos de 25 de julio de 2002, a través del cual se admitió la demanda 2001–01245 y se denegó la solicitud de suspensión provisional, así como de 6 de noviembre de 2003, con el cual se decretaron y denegaron algunas pruebas.

Así las cosas, el Consejero consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso –contenida en el pasado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil–.

La Sala aceptó su impedimento y lo separó del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, pues, de conformidad con su alcance, esta se configura por “[h]aber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

4. Problema jurídico

Se contrae a determinar si la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión debe ser confirmada, modificada o revocada.

La Sala recuerda que, en virtud del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la competencia del superior jerárquico no encuentra limitaciones, “cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso.”

Con el propósito de absolver el cuestionamiento propuesto en precedencia, esta Judicatura abordará los siguientes asuntos: (i) de la corrección de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados; (ii) de los reproches formulados en los recursos de alzada.

4.1. De la corrección de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados

La lectura detallada de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas contra las resoluciones censuradas, permiten develar la existencia de un cargo central de ilegalidad: la puesta en marcha de los trabajos para la edificación del Túnel Alterno de Usaquén no requerían de la obtención de licencia de construcción, pues se trataba de una obra pública a la que no resultaban aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 388 de 1997, ya que su regulación especial se encontraba en la Ley 56 de 1981, que no exigía ese presupuesto.

Con fundamento en las elucubraciones efectuadas por la Corte Constitucional, en sentencia T–860 de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión estimó que, a la manera como lo había planteado la parte actora, la licencia de construcción para el desarrollo del referido proyecto de infraestructura no resultaba obligatoria a la luz de las prescripciones normativas de la Ley 56 de 1981.

En ese sentido, el a quo ordinario concluyó que “…el municipio de La Calera no estaba facultado para suspender la ejecución de las obras del Túnel Alterno de Usaquén debido a la ausencia de la licencia de construcción, ni parta requerir que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (…) tramitara dicha licencia”, motivo por el que decretó la nulidad de los actos cuestionados.

Pues bien, la Sala advierte que, lejos de constituirse en un asunto novedoso al interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la discusión jurídica en torno a la exigibilidad de licencia de construcción en lo que respecta al proyecto Túnel Alterno de Usaquén, ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial en el seno del Consejo de Estado.

En efecto, la Sección Primera tuvo la oportunidad de referirse a ello, en sentencia de 20 de mayo de 2010, al conocer del recurso de apelación propuesto contra la providencia de 2 de diciembre de 2004, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el Oficio ALC–1158 de 10 de diciembre de 2001, en el que se fijaban el monto a cobrar por concepto de licencia de construcción en el Túnel Alterno de Usaquén.

En esa oportunidad, la mencionada Judicatura expuso:

“Las consideraciones expuestas permiten concluir que de acuerdo con las previsiones del artículo 7 de la Ley 56 de 1981 los municipios sí pueden cobrar a quienes construyen obras de acueducto los impuestos, las tasas, gravámenes, o contribuciones de carácter municipal en los términos allí previstos, pero no pueden cobrarles expensas por el trámite de licencias de construcción porque las normas que establecieron éstas (Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios) no se aplican respecto de las obras señaladas en la Ley 56 de 1981, entre ellas las cuales se cuentan los acueductos, por la razones anotadas.” (Negrilla en el texto)

Bajo esas consideraciones, la Sala estima que la anulación de las Resoluciones de 18 de julio de 2001, por medio de la cual se impone sanción de multa a la parte actora y se suspenden las obras del Túnel Alterno de Usaquén, y 1830 de 2002, a través de la cual se expidió licencia de construcción a favor de la EEAAB para la ejecución de los trabajos del referido proyecto, prescrita por el a quo, debe ser confirmada, pues lo cierto es que este requisito no resultaba obligatorio.

La naturaleza de la obra a desarrollar –infraestructura para el funcionamiento del sistema de acueducto de Bogotá D.C. y municipios aledaños– conllevaba la aplicación de las disposiciones compiladas en la Ley 56 de 1981, cuerpo normativo en el que no se erigía este requisito.

Precisada la corrección de la declaratoria de nulidad pronunciada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión, la Sala efectuará el estudio de los cargos elevados en cada uno de los recursos de apelación propuestos.

4.2. Del análisis de los reproches formulados en los recursos de apelación

Tanto la parte demandante como la demandada elevaron recursos de alzada en contra de la decisión de 21 de noviembre de 2011, por medio de la cual el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas por la EAAB contra el Municipio de La Calera.

En ese contexto, la Sala analizará los escritos de impugnación de forma independiente, tal y como sigue:

4.2.1. De la alzada del Municipio de La Calera

La entidad territorial solicita la revocación del fallo impugnado, pues como lo expuso en los alegatos de conclusión ofrecidos en el trámite de la primera instancia, las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho de la empresa actora adolecen del defecto de proposición jurídica incompleta, pues en ninguna de ellas se cuestionó la legalidad del Acuerdo de Pago de 12 de diciembre de 2001 –suscrito por los sujetos procesales en contienda– en relación con las expensas de la licencia de construcción expedida a favor de la EAAC, mediante Resolución 1830 de 2002.

Por lo anterior, el municipio recurrente considera que “por no haberse judicializado en este proceso el acuerdo de pago, las partidas que fueron pagadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado al Municipio de La Calera, directamente relacionadas con el debate sub–judice, legitimadas mediante el tantas veces mencionado acuerdo, están revestidas de legalidad.”

El anterior panorama supone hilvanar algunas ideas en lo que concierne la figura de la proposición jurídica incompleta a fin de explicar el por qué, en el asunto de autos, ésta no tiene configuración.

El artículo 138 del CCA, relativo a la individualización de las pretensiones, consagra:

“Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión.” (Negrilla fuera de texto)

De la prescripción normativa transcrita se desprende que las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho deberán dirigirse a cuestionar la legalidad o juridicidad de los actos administrativos definitivos junto a aquellos que lo modifican o confirman, cuando han sido objeto de recursos administrativos.

De allí que la proposición jurídica completa, en la hipótesis que viene de ser explicada, estará conformada por el acto que decide directa o indirectamente el asunto puesto a conocimiento de la autoridad administrativa y las decisiones expedidas por la administración que resuelven los recursos de la vía gubernativa, en el sentido de modificar o confirmar el acto primigenio.

No obstante, ello no ocurre así, luego de que el acto definitivo es revocado, situación en la que la decisión administrativa pasible de control a instancias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, es aquella que contiene la determinación de revocación.

A la luz de estos postulados, la Sala estima que el argumento del municipio de La Calera expuesto en el recurso de alzada, no dispone de la entidad jurídica suficiente para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión, por las siguientes consideraciones:

(i) En relación con la Resolución de 18 de julio de 2001, el Acuerdo de 12 de diciembre de esa misma anualidad no confirma, modifica o revoca el acto administrativo al que se hace referencia, por lo que no podía entreverse la configuración de una proposición jurídica entre estos.

En efecto, la Sala recuerda en este punto que el agotamiento de la vía gubernativa de la Resolución de 18 de julio de 2001 se materializó con la formulación y posterior decisión de los recursos de reposición y apelación por parte de la empresa demandante, este último resuelto –se hace referencia a la alzada– a través de la Resolución 093 de 21 de agosto de 2001, expedida por el Secretario Jurídico de la Gobernación de Cundinamarca.

(ii) A igual conclusión se arriba respecto de la Resolución 1830 de 2002, pues lo cierto es que el Acuerdo de 12 de diciembre de 2001 –que en sentir de la parte actora debió haber sido objeto de demanda– no implicó reforma o alteración alguna en lo que concierne ese acto administrativo, lo que impide cristalizar la existencia del instituto de la proposición jurídica.

Se trata así de actos que disponen de autonomía –desde la perspectiva de su pervivencia– cuya fiscalización judicial podía efectuarse de forma independiente, tal y como ocurrió.

En ese orden, la Sala despacha negativamente el cuestionamiento esbozado en el recurso de apelación por parte del Municipio de La Calera.

4.2.2. De la alzada de la EAAB

Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la empresa accionante solicita la revocación de los numerales 1º y 5º de la sentencia de 21 de noviembre de 2011, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión accedió parcialmente a las súplicas de las demandas presentadas.

Como argumentos para sustentar su petición, la parte actora refirió 4 tipos de argumentos que serán analizados bajo el siguiente derrotero argumentativo:

4.2.2.1. El ad quem debe desatar cada una de las súplicas de los procesos acumulados

La recurrente sostiene que, en el asunto de marras, se experimentó una acumulación de procesos y no de pretensiones, razón que debe conllevar al superior jerárquico a pronunciarse en relación con todas y cada una de las súplicas formuladas en los procesos 2001–01245 y 2002–00817.

Sea lo primero advertir que en lo que refiere al instituto de la acumulación de procesos, el artículo 145 del Decreto–Ley 01 de 1984 consagra:

“En todos los procesos contencioso administrativos procederá la acumulación de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, así como la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos establecidos por el mismo código.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

De conformidad con la norma reproducida, la acumulación de procesos se permite en las diferentes cuerdas procesales que distinguen el contencioso administrativo –ordinarios y ejecutivos–, a iniciativa de las partes o del juez, en los casos erigidos en la legislación procesal–civil.

Fíjese que la remisión expresa que el CCA efectúa se limita a las hipótesis que se contienen en el CPC, sin que la integración normativa que se propone en el artículo en comento pueda ser extendida a otros aspectos.

En punto a las circunstancias que pueden llevar a la acumulación de procesos, el artículo 157 del CPC consagra las que siguen:

“1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.

2. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos, salvo que aquéllas tengan el carácter de previas.

3. Cuando existan varios procesos de ejecución en los cuales se persiga exclusivamente la misma cosa hipotecada o dada en prenda.

4. Cuando en los procesos de que trata el numeral anterior, todos los acreedores que hayan concurrido convengan en que se acumulen a un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por otros acreedores.”

Se decanta de lo anterior que, además de los casos en que las pretensiones de los procesos podían ser subsumidas en una misma demanda, la acumulación de procesos resulta procedente luego de que existe una identidad respecto de la parte demandada y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos supuestos fácticos, lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio por acreditado en el asunto de marras.

Al respecto, el a quo precisó:

“Teniendo en cuenta la disposición y las pretensiones antes transcritas, la Sala considera que se dan los presupuestos consagrados en los numerales 1º y 2º del artículo 157 del CPC, por lo tanto, se acumularán los procesos con radicación Nºs. 2001-01245. (…) al 2002-00187, los cuales se encuentran en la misma etapa procesal, es decir, en la etapa probatoria.”

En punto a la teleología de esta figura jurídica –se hace referencia a la acumulación de procesos– la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el giro ordinario de sus negocios, ha podido sostener que con ella se pretende materializar los principios de economía y eficacia en materia judicial, así como el principio de congruencia, pues su puesta en marcha busca, igualmente, evitar contradicciones en el momento de proferir fallos, adjudicando la competencia en un mismo juez.

Ahora bien, dentro de las implicaciones que supone la acumulación de procesos, además de que la decisión se encuentre contenida en una misma providencia para las diferentes demandas incoadas, la Sala puede identificar aquella que se refiere a la resolución de cada una de las pretensiones que se elevan en los escritos demandatorios, pues lo cierto es que la acumulación no puede traducirse en denegación de justicia.

No de otra forma podría ser garantizada el acceso a la administración de justicia y, por consiguiente, el corolario que de allí se desprende, esto es, la tutela judicial efectiva, que encuentra positivización en el marco internacional en el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

De allí que, a la manera como lo plantea la empresa recurrente, la Sala deba verificar si con la decisión de 21 de noviembre de 2001, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca absolvió cada una de las súplicas formuladas en los expedientes 2001–01245 y 2002–00817, lo que se presentará en el siguiente cuadro:

Proceso 2002–00817
Pretensión
Consideración del Tribunal
Observación de la Sala
Declárese la nulidad de la Resolución 1830 de 2002, por la cual se expide una licencia de construcción para el proyecto Túnel Alterno de Usaquén
“De conformidad con lo expuesto la Sala procederá a declarar la nulidad (…) de la Resolución 1830 de 2002…”
La pretensión es efectivamente despachada por el a quo.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP no está obligada a tramitar licencia de construcción alguna para la ejecución de las obras del Túnel Alterno de Usaquén.
“Respecto del restablecimiento del derecho, la Sala declarará que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (…) no está obligada a tramitar la licencia de construcción para la ejecución de la obra “Túnel Alterno de Usaquén…”
La pretensión es efectivamente despachada por el a quo.
El reembolso del valor sufragado por concepto de licencia de construcción, establecido en el Oficio ALC–1158
“Respecto del restablecimiento del derecho, la Sala (…) se abstendrá de ordenar el reembolso de la suma que haya sido pagada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por concepto de licencia de construcción, por cuanto ésta devolución se ordenó en la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2004 mediante la cual se declaró la nulidad del Oficio ALC 1158 de 10 diciembre de 2001…”.

La pretensión fue despachada negativamente.
En caso de no ser declarada la nulidad de la licencia de construcción del Túnel Alterno de Usaquén, se ordene al Municipio de La Calera reintegrar a la Empresa de Acueducto de y Alcantarillado de Bogotá la suma de ochocientos cuarenta y un millones trescientos cincuenta y un mil pesos m/l ($841.351.000), por concepto de mayor valor pagado en virtud de la errónea liquidación de las expensas de la licencia de construcción del Túnel Alterno de Usaquén.

N/A

Pretensión subsidiaria que perdió valía con la declaratoria de nulidad del acto administrativo contentivo de la licencia de construcción.
Que se ordene al Municipio de La Calera el pago de las costas y gastos procesales correspondientes a la presente demanda
“La Sala se abstendrá de condenar en costas, por cuanto la conducta procesal de las partes no está teñida de mala fe, dado que no es constitutiva de abuso del derecho, ni puede calificarse como temeraria, maliciosa ni malintencionada…”

La pretensión fue despachada negativamente.

Del análisis pormenorizado de las pretensiones elevadas en el escrito de demanda, al que se acuñó el número de radicación 2002-00817, la Sala encuentra que, contrario a lo sostenido por la parte actora, el Tribunal decidió todas y cada una de las súplicas allí plasmadas.

En lo que respecta, el proceso distinguido con el consecutivo de radicación 2001-01245, esta Judicatura encuentra:

Proceso 2001–01245
Pretensión
Consideración del Tribunal
Observación de la Sala
Declárese la nulidad de la Resolución de 18 de julio de 2001
“De conformidad con lo expuesto la Sala procederá a declarar la nulidad de la Resolución de 18 de julio de 2001…”
La pretensión es efectivamente despachada por el a quo.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP no está obligada a tramitar licencia de construcción alguna para la ejecución de las obras del Túnel Alterno de Usaquén.
“Respecto del restablecimiento del derecho, la Sala declarará que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (…) no está obligada a tramitar la licencia de construcción para la ejecución de la obra “Túnel Alterno de Usaquén…”
La pretensión es efectivamente despachada por el a quo.
Que, a título de restablecimiento de derecho, se ordene a la Alcaldía Municipal de La Calera, el pago a favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP, de todos los costos y gastos en que ha incurrido o llegue a incurrir con ocasión de la expedición de la Resolución del 18 de julio de 2001, en la cual se ordena la suspensión de la obra Túnel Alterno de Usaquén, ejecutada mediante diligencia realizada el día doce (12) de octubre de 2001.
“Tampoco se ordenará lo solicitado en la pretensión tercera del libelo de corrección y adición de la demanda, por cuanto la demandante no especifica cuáles fueron los costos y gastos en que incurrió con ocasión de la expedición de la Resolución del 18 de julio de 2001, mediante la cual se suspendió la ejecución de la obra del Túnel Alterno de Usaquén.”

La pretensión es efectivamente despachada por el a quo.
Que se ordene a la Alcaldía Municipal de La Calera pagar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP., la suma de CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, debidamente actualizada más sus intereses, pagados por concepto de multas impuestas en virtud de la Resolución proferida el dieciocho (18) de julio de 2001.
“CUARTO. A título de restablecimiento del derecho se ordena al Municipio de La Calera proceda a ordenar el reembolso de la suma de cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes pagados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por concepto de multas impuestas en virtud de la Resolución proferida el 18 de julio de 2001…”

La pretensión es efectivamente despachada por el a quo.
Pretensiones quinta, quinta (bis) y sexta relativas a la indemnización de perjuicios como consecuencia de la suspensión de la obra.
“PRIMERO. DECLÁRASE probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones, respecto de los numerales quinto, sexto y séptimo relacionado en el acápite de pretensiones del libelo de la demanda, por las razones antes relacionadas.”

La pretensión fue despachada negativamente.
Se ordene el pago de la caución judicial conferida. Pretensión séptima.
“CUARTO. A título de restablecimiento del derecho se ordena al Municipio de La Calera proceda a ordenar el reembolso de la suma (…) así como el valor de la caución constituida en virtud del auto del 24 de mayo de 2002 proferido dentro de este proceso, debidamente actualizados desde el momento en que se realizaron dichos pagos y hasta la ejecutoria de esta sentencia. Desde ese momento devengará los intereses a que se refiere el artículo 177 del CCA.”

La pretensión fue efectivamente despachada.
Que se ordene a la Alcaldía Municipal de La Calera el pago de las costas y gastos procesales correspondientes a la presente demanda.
“La Sala se abstendrá de condenar en costas, por cuanto la conducta procesal de las partes no está teñida de mala fe, dado que no es constitutiva de abuso del derecho, ni puede calificarse como temeraria, maliciosa ni malintencionada…”.

La pretensión fue despachada negativamente.

Así las cosas, esta Judicatura desestima el cargo propuesto por la parte actora, pues la acumulación de los procesos 2001-01245 y 2002-00817 no implicó, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión, la desatención de las pretensiones propuestas en cada uno de estas cuerdas procesales.

Por lo anterior, el cuestionamiento se decide desfavorablemente.

4.2.2.2. El Tribunal yerra al declarar probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones

La EAAB manifiesta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión incurrió en equívoco al decretar la excepción de indebida acumulación de pretensiones en relación con las súplicas elevadas en los numerales 5º, 6º y 7º del libelo introductorio que dio origen al proceso ordinario identificado con el número 2001–01245.

Ello, por cuanto, grosso modo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se presenta como el escenario judicial propicio para reclamar la reparación de los perjuicios causados como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de los actos demandados, sin importar la naturaleza contractual de aquellos.

En ese orden, la Sala deberá determinar si, en el asunto que ocupa su atención, se materializan los presupuestos de la acumulación de pretensiones a fin de establecer la corrección jurídica de la decisión adoptada por el a quo.

No obstante en este punto, la Sala se permite manifestar que, aunque el fallador de primera instancia dio por probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones respecto del numeral 7º de las súplicas contenidas en la demanda 2001–01245, lo cierto es que, como quedó demostrado en el acápite que precede, dicha pretensión fue despachada favorablemente, luego de que reconoció en la parte resolutiva de su providencia, lo que se transcribe a continuación:

“CUARTO. A título de restablecimiento del derecho se ordena al Municipio de La Calera proceda a ordenar el reembolso de la suma de cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes pagados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por concepto de multas impuestas en virtud de la Resolución proferida el 18 de julio de 2001, así como el valor de la caución constituida en virtud del auto del 24 de mayo de 2002 proferido dentro de este proceso, debidamente actualizados desde el momento en que se realizaron dichos pagos y hasta la ejecutoria de esta sentencia. Desde ese momento devengará los intereses a que se refiere el artículo 177 del CCA.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

De allí que la incorrección que alega el demandante –se decretó indebidamente la excepción de indebida acumulación de pretensiones– no pueda extenderse a la súplica contenida en el numeral 7º, ya que el Tribunal accedió a ésta, como se demostró precedentemente.

Precisado ello, la acumulación de pretensiones, por remisión expresa del mencionado artículo 145 del CCA, se rige en materia contencioso administrativa por las prescripciones del CPC.

Al respecto, el artículo 82 del Estatuto Adjetivo Ordinario proclama:

“El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.”

La acumulación objetiva de pretensiones exige entonces, a la luz de la normativa transcrita, la configuración de 3 tipos de requisitos de naturaleza conjuntiva, que ameritan ser evaluados en el sub–lite de cara a las particularidades del caso en concreto.

En primer lugar, la prescripción jurídica establece que la procedencia de la acumulación de las súplicas dependerá de que el juez sea competente para conocer de cada una de ellas, presupuesto que se materializa en el sub–judice, pues por expresa disposición del artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de “…las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos…”.

Dentro de los asuntos sometidos al escrutinio de los Tribunales Administrativos en primera instancia, la Sala resalta el conocimiento de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos expedidos por cualquier autoridad cuando las pretensiones superen los 300 SMLMV..

Así las cosas, la Sala estima que en el caso sometido a su consideración se cumple con el primero de estos requisitos de acumulación de súplicas, ya que, teniendo en cuenta el valor de la pretensión mayor de la demanda, se sobrepasa el parámetro mencionado con anterioridad.

En segundo lugar, el artículo 82 del CPC prescribe que la acumulación resultará procedente cuando las pretensiones propuestas no se excluyan entre sí, esto es, que la formulación de una no se convierta en la negación de otra, requisito adjetivo que es observado en debida forma en el asuntos de marras, por cuanto las peticiones consagradas en los numerales 5º y 6º del capítulo de pretensiones de la demanda 2001-01245, no conllevan la oposición lógica de las demás allí contenidas.

Se trata en efecto de súplicas sucesivas, cuyo estudio dependerá de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de carácter particular demandados, característica connatural a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues es la anulación de la decisión administrativa unilateral la que lleva a reestablecer al demandante en sus garantías.

Finalmente, huelga advertir que, además de reestablecer el derecho, la acción consagrada en el artículo 85 del CCA permite la reparación de los daños que puedan desprenderse de la ilegalidad del acto administrativo censurado, lo que la constituye igualmente en una vía judicial de naturaleza indemnizatoria.

En ese punto, el referido artículo 85 consagra:

“Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.” (Negrilla fuera de texto)

Se desprende de lo anterior que la desavenencia del acto demandado respecto del ordenamiento jurídico puede igualmente conllevar la producción de daños que deberán ser reparados al interior de la controversia judicial que suscita la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que para ello resulte menester acudir a la vía indemnizatoria por excelencia, a saber, la acción de reparación directa, pues por explícita autorización del legislador ello es posible.

De allí que pueda admitirse que la reparación del daño deprecada por la parte actora en el asunto de la referencia pueda ser ventilada a través de esta acción y siguiendo el procedimiento ordinario contemplado en el CCA.

En consonancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión yerra al dar por probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones respecto de los pedimentos elevados en los numerales 5º y 6º de la demanda 2001–01245, pues como se vio se cumplen con los presupuestos que determinan la procedencia de este instituto jurídico en materia contencioso administrativo.

Ahora bien, la Sala procederá a determinar si asisten razones para reconocer la indemnización de perjuicios deprecada por la parte actora, como sigue:

Lo que solicita el demandante en los numerales 5º y 6º de la demanda que dio origen al proceso ordinario 2001–01245

La EAAB solicita que, como consecuencia de la declaratoria de la ilegalidad de la Resolución de 18 de julio de 2001, expedida por el Secretario de Gobierno del Municipio de La Calera, por medio de la cual se impuso sanción de multa en su contra y se suspendieron los trabajos del proyecto Túnel Alterno de Usaquén, se ordene a la autoridad demandada el pago de los valores que por concepto de mayores costos sufragó en beneficio del contratista ejecutor de esa obra, producto de la suspensión decretada por el referido ente territorial.

Al respecto, la demandante deprecó:

(i) El pago de setecientos cuarenta y nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos –$749.349.797–, más sus intereses y actualización a partir del 23 de octubre de 2002, suma en pesos que la EAAB debió reconocer a su contratista por concepto de mayores costos en la ejecución del contrato, producto de la suspensión decretada por la Alcaldía de La Calera.

(ii) El pago de cuarenta y seis mil setecientos treinta y nueve dólares – US46.739–, convertida a pesos al momento del pago, más sus intereses y actualización a partir del 24 de noviembre de 2002, suma en dólares que la accionante reconoció a su contratista por concepto de mayores costos en la ejecución del contrato, producto de la suspensión decretada por la Alcaldía de La Calera.

(iii) El pago de diecisiete millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos pesos –$17.893.600– debidamente actualizada al momento del pago más los intereses causados a partir del veintiocho (28) de mayo de 2002, suma que corresponde al valor de los honorarios del grupo conciliador y de los costos procesales, con ocasión de la conciliación convocada para resolver la solicitud de mayores costos presentada por el contratista, CONSORCIO ASOCIACIÓN TECHINT GEOMINAS, debido a la suspensión de las obras del portal de Entrada del Túnel Alterno de Usaquén, en virtud de los actos administrativos expedidos por la Alcaldía Municipal de la Calera.

La imputabilidad de los daños deprecados a la autoridad administrativa demandada

Se tiene que con la Resolución de 18 de julio de 2001, la Alcaldía municipal de La Calera decretó la suspensión de las obras ejecutadas para la construcción del Túnel Alterno de Usaquén, por cuanto, en su sentir, dicho proyecto había sido ejecutado sin la obtención previa de licencia de construcción, como lo mandaba el artículo 99 de la Ley 388 de 1997.

La medida suspensiva ordenada en el acto administrativo referido entró a operar a partir del 12 de octubre de 2001, fecha en la cual se suspendieron los trabajos del proyecto, mediante aposición de sellos, como se desprende la literalidad del acta suscrita por las partes intervinientes en la diligencia:

“En la Calera, a los doce (12) días del mes de Octubre de dos mil uno (2001), siendo las ocho de la mañana fecha y hora señalada para la práctica de la diligencia de cumplimiento a la orden de suspensión de la obra de construcción Túnel Alterno de Usaquén en lo que hace referencia al territorio del Municipio de La Calera, de acuerdo a Resolución de fecha julio 18 de 2001, mediante la cual se ordenó la suspensión de la obra en mención.”

Allí mismo se dejó constancia que la colocación de los sellos que garantizarían el cumplimiento de la suspensión de la obra tendría como punto de referencia la abscisa 1.056 kilómetros por el frente de entrada de la obra:

“…Se hace claridad que de acuerdo a la bitácora llevada por la Empresa Contratista y según lo constatado por el personal adscrito a la Secretaría de Obras Públicas Municipal, arroja un avance de obra de 1.056 Kilómetros. El sellamiento aplicado fue verificado, en la totalidad de la pared que aparece como separación o punto de explotación…”

La suspensión de los trabajos adelantados en el proyecto Túnel Alterno de Usaquén motivaron al Consorcio Asociación TECHINT – GEOMINAS la elevación de pedimento a instancias de la EAAB, en el que solicitó el pago de los mayores costos causados por la medida adoptada por la entidad municipal, en los siguientes términos:

“En estas condiciones, la suspensión de las obras y trabajos dispuestas por la Alcaldía de La Calera, debido a la falta de licencia de construcción de la parte del Proyecto por ejecutar en territorio del citado Municipio, es consecuencia del incumplimiento de una obligación contractual a cargo de la EMPRESA, de manera que los perjuicios ocasionados al CONSORCIO por efecto de dicha suspensión deben serle reparados íntegramente, en cumplimiento de los mandatos de los artículos 1.602, 1.608, 1.613, 1.614, 1.615 y 1.616 del Código Civil Colombiano y de la estipulación contenida en el numeral 2º de la Cláusula 48.1 de las citadas de Condiciones Generales del Contrato CGC.”

La solicitud presentada por el contratista ejecutor de los trabajos fue negada por la EAAB, por cuanto, entre otros motivos, no resultaba cierto que hubiese incumplido con las obligaciones originadas en el contrato de obra, ya que la ejecución del Túnel Alterno de Usaquén no requería de licencia de construcción.

Esta circunstancia llevó a convocar al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Sociedad Colombiana de Ingenieros con el propósito de dirimir el conflicto que subyacía a la reclamación del contratista, de conformidad con la cláusula 50 del contrato SF-1-01-7000-851-1999.

En el auto admisorio de la solicitud de convocatoria del Grupo Conciliador se dispuso:

“4. Que las partes tendrán 15 días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto para efectuar la consignación requerida en porcentajes iguales al 50 %.”

Monto que correspondía a la suma de $17.893.600, habida cuenta del valor global a sufragar por las partes –$35.787.200–.

Ahora bien, en su decisión de 20 de agosto de 2002, el Grupo Conciliador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros dispuso que la EEAB debía reconocer al consorcio peticionario las sumas de $737.639.280 y US 95.510 por mayores costos producidos en el frente de entrada del Túnel Alterno de Usaquén por 39 días de suspensión.

Dentro de las consideraciones desplegadas para arribar a esa conclusión, el Grupo Conciliador expresó:

“El Grupo Conciliador, por su parte, para adoptar la decisión respecto de la conciliación tramitada tiene presente que:

A) El Municipio de La Calera (dentro de las diligencias relativas a la obra, expediente Nº. 073-01), dispuso la suspensión de la obra en el sector del “Portal de Entrada” del Túnel Alterno de Usaquén, suspensión que se extensión por 39 días;

B) Como consecuencia de dicha suspensión, el Consorcio tuvo (como adelanta se indica) que paralizar equipos despedir personal y soportar mayores costos y erogaciones económicas…

(…)

E) Por otra parte, la actuación administrativa de suspensión de parte de la obra por el Municipio de La Calera, no estuvo dirigida contra el consorcio, o debido a la ejecución del contrato, sino que resulta ostensible, la intención de dirigirla contra la dueña de la obra, vale decir la EAAB;

(…)

G) Por consiguiente, es indiferente para las relaciones entre el Consorcio y la EAAB que la licencia de construcción estuviera o no exigida legalmente, por el Municipio de la Calera, sobre todo si se toma en cuenta que como ya se dijo que el contrato excluye, del todo, la obtención de licencias por parte del Consorcio, y que, por el contrario, sitúa dicha responsabilidad exclusivamente en cabeza de la EAAB, es decir que abarca toda clase de licencias para la obra, sin exclusión alguna.”

Del recuento que precede se colige que la imposición de la obligación impuesta a la EAAB de sufragar los valores establecidos por parte del Grupo de Conciliadores de la Sociedad Colombiana de Ingenieros a favor del Consorcio TECHINT–GEOMINAS, tiene como principal explicación la suspensión decretada por la Alcaldía Municipal de La Calera, en la Resolución de 18 de julio de 2001, que como se demostró en acápites previos, resulta ser ilegal, pues lo cierto es que la parte actora no debía tramitar y obtener licencia de construcción para el desarrollo de las obras del Túnel Alterno de Usaquén.

La suspensión se constituye entonces en la causa eficiente de los perjuicios reclamados por la EAAB, en el contexto de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que deben conllevar su reparación, sin que la conclusión a la que aquí se arriba pueda ser desvirtuada por la argumentación que en la contestación de la demanda esbozó la autoridad municipal accionada.

En efecto, el Municipio de La Calera sostuvo que la indemnización de perjuicios solicitada por la EAAB por concepto de mayores costos, producto de la suspensión del contrato de obra suscrito con el consorcio TECHINT–GEOMINAS, era temeraria, toda vez que la medida de suspensional había sido desatendida por la empresa demandante, como podía constatarse en la literalidad del acta de 16 de noviembre de 2001, en la que se realizó visita a la obra.

Contrario a lo sostenido por la entidad territorial en su memorial de contestación, la Sala observa que, de conformidad al material probatorio allegado al Plenario, la suspensión de los trabajos para la construcción del proyecto Túnel Alterno de Usaquén, fue respetada en debida forma por la EAAB, como puede colegirse de algunas de las actas de visitas suscritas por servidores de la Alcaldía Municipal de La Calera.

En efecto, en acta de 31 de octubre de 2001, firmada, entre otros, por el Jefe de Planeación del Municipio, puede leerse lo que se transcribe a continuación:

“En la parte interna y/o lugar de excavación o perforación se encontró: Que efectivamente las obras de perforación se encuentran suspendidas, en el kilómetro 1+0.5680, igualmente todas las otras actividades complementarias en la construcción del túnel está suspendidas.”

De igual forma, en acta de 8 de noviembre de 2001, elevada por el Alcalde del Municipio de La Calera, se dejó constancia del avance de obra, referenciando siempre la abscisa 1.056 kilómetros, como punto de referencia para determinar el cumplimiento de la medida de suspensión, impresión que fue corroborada por el informe técnico allegado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, autoridad a la que se le había encomendado la resolución de interrogatorio que permitiera absolver la solicitud de reanudación de trabajos para la estabilización de la obra por parte de la EAAB.

En ese sentido, se expresó:

“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El TAU es una obra importante de carácter supramunicipal y necesaria dada su objeto. El tramo visitado entre el portal de entrada y el K1 + 056, suspendido desde el pasado 12 de octubre, se ha construido de manera aceptable, cumpliendo los estándares internacionales comúnmente solicitado en este tipo de obras.” (Negrilla fuera de texto)

Por otra parte, la Sala considera que la reanudación de trabajos en el Portal de Entrada del Túnel Alterno de Usaquén, plasmada en el acta de 16 de noviembre de 2001, en la que se expresó que los sellos impuestos en la abscisa 1.056, habían sido violentados y la perforación y excavación continuada, corresponde a la medida provisional adoptada por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito, quien conoció de la impugnación del fallo de 4 de octubre de 2001, proferido por el Juzgado Promiscuo de La Calera.

En ese orden, el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito decretó la suspensión de la medida de suspensión de obra, materializada el 12 de octubre de 2001, mediante auto de 15 de noviembre de esa misma anualidad, como puede leerse en el texto mismo de la sentencia de 4 de diciembre de 2001, en el que la referida Judicatura confirmó la negativa respecto de la solicitud de amparo elevada por la EAAB. Allí se manifestó:

“Resuelve:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente el fallo de 9 de octubre de 2001, emitido por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera.

SEGUNDO: ORDENAR cancelar la suspensión decretada en auto que data al 15 de noviembre de 2001.”

Esta situación fue puesta en conocimiento por parte del apoderado de la empresa demandante en el contexto del procedimiento administrativo, al tenor de lo consagrado en el acta de 7 de diciembre de 2001, suscrita, entre otros, por el Alcalde Municipal de La Calera:

“…se encuentra presente el apoderado de la EAAB, ESP, (…) Solicita el uso de la palabra el apoderado de la EAAB, ESP (…) quien manifiesta: E primer lugar debo dejar constancia que la EAAB, ESP, ha cumplido debidamente con las decisiones del Despacho de la Alcaldía Municipal de La Calera, y solo ha ejecutado obras en los intervalos de tiempo que han autorizado las decisiones judiciales como el auto de fecha 15 de noviembre de 2001 del Juzgado 36 Civil del Circuito que ordenó la suspensión de la medida proferida por el señor Alcalde el 18 de julio de 2001, sin levantar los sellos que dieron cumplimiento a la medida antes de esa fecha por lo cual no se entiende la constancia dejada en el acta del 16 de noviembre de 2001, ni esta Entidad tiene responsabilidad alguna en relación con esa constancia. La EAAB, ESP, venía ejecutando obras dentro del túnel alterno de Usaquén por el portal de entrada ubicado en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, y solo con posterioridad al 15 de noviembre de 2001, fecha en la cual se expidió el auto del Juzgado 36 Civil del Circuito, según se me informa, por la parte técnica, se realizaron nuevas obras por el portal de entrada ubicado en la jurisdicción del Municipio de La Calera.”

Así las cosas, la Sala desestima las consideraciones propuestas por la autoridad demandada en su escrito de contestación y precisa, paralelamente que las erogaciones sufragadas por la demandante por concepto y convocación deben ser indemnizadas, siempre y cuando se encuentren acreditados los pagos en el Plenario.

De la probanza del daño en el expediente ordinario

La Sala emprende el análisis independiente de cada una de las pretensiones:
(i) Pretensión 5: el pago de setecientos cuarenta y nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos –$749.349.797–, más sus intereses y actualización a partir del 23 de octubre de 2002.

A folio 209 del expediente ordinario 2001-01245, se encuentra comprobante de pago por concepto de: “…GRUPO CONCILIADOR DE LA SOCIEDAD COL. DE ING. POR LA PARALIZACIÓN OBRA PORTAL DE ENTRADA TÚNEL ALTERNO DE USAQUÉN”, por valor de $749.349.797, monto al que le fue deducido, como lo expresa la EAAB en su escrito de demanda, el Impuesto de Valor Agregado y la retención en la fuente, por lo que el contratista recibió la suma de $688.652.463.

Esta Judicatura estima que, de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, está acreditado el monto sufragado por la entidad demandante por concepto de mayores costos producto de la suspensión de la obra Túnel Alterno de Usaquén, en valor de $749.349.797.

(ii) Pretensión 5 (Bis): el pago de cuarenta y seis mil setecientos treinta y nueve dólares – US46.739–, convertida a pesos al momento del pago, más sus intereses y actualización a partir del 24 de noviembre de 2002

En lo que concierne esta súplica, la Sala encuentra que, además del monto sufragado en pesos, la EAAB se vio compelida a pagar a favor del contratista una suma en dólares –US 46.739– equivalente a $140.217.000, que fue efectivamente cancelada, como se desprende del comprobante visible a folio 210 del expediente.

El concepto de pago correspondió a “…SUMA ACORDADA GRUPO CONCILIADOR SCI POR PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN EL TÚNEL ALTERNO DE USAQUÉN PORCIÓN DÓLARES.”

De allí que la Sala deba tener por probado el valor pagado y peticionado en la demanda por la EAAB, esto es, $140.217.000.

(iii) Pretensión 6: El pago de diecisiete millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos pesos –$17.893.600– debidamente actualizada al momento del pago más los intereses causados a partir del veintiocho (28) de mayo de 2002, suma que corresponde al valor de los honorarios del grupo conciliador y de los costos procesales

Esta Judicatura encuentra que el valor pagado por concepto de honorarios del grupo conciliador y los costos procesales que implicó la resolución de la reclamación presentada por el consorcio a la empresa demandante están probados dentro del plenario, como puede observarse a folio 212 del expediente.

Por lo anterior, la Sala revocará el numeral 1º de la sentencia de 21 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para en su lugar, acceder a las pretensiones indemnizatorias contenidas en los numerales 5º, 5º bis y 6º del escrito de demanda –Exp. 2001-01245–, cuya actualización para el caso en concreto se amparará en la aplicación de la siguiente fórmula:

Ca= Ch * IPC final/IPC inicial

Donde:

Ca: Capital actualizado.

Ch: Capital histórico.

IPC final: Índice de precios al consumidor para el momento de la sentencia.

IPC inicial: Índice de precios al consumidor para el momento del pago de la suma a devolver.

De la materialización de la fórmula para cada una de las pretensiones

A. Pretensión 5

Ca= Ch * IPC final/IPC inicial

Ca= $749.349.797 * 142.06 /70.66

Ca= $1.506.547.299

(MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS)

B. Pretensión 5 (BIS)

Ca= Ch * IPC final/IPC inicial

Ca= $140.217.000 * 142.06/71.20

Ca= $279.764.424.

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS)

C. Pretensión 6

Ca= Ch * IPC final/IPC inicial

Ca= $17.893.600 * 142.06/69.63

Ca= $ 36.506.747

(TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE)
El cumplimiento de la condena deberá llevarse a cabo en los precisos términos de los artículos 176 y 177 del CCA.

4.2.2.3. No debieron negarse las demás pretensiones de la demanda

Como se explicó en acápites previos, el actor manifiesta que debió accederse a la pretensión consistente en el reconocimiento de “todos los costos y gastos en que ha incurrido o llegue a incurrir con ocasión de la expedición de la Resolución del 18 de julio de 2001”, que fue negada en el numeral 5º de la parte resolutiva del fallo de 21 de agosto de 2001.

En este punto, la Sala recuerda que el derecho de acceso a la administración de justicia comporta el cumplimiento de cargas por parte de quienes someten la resolución de sus conflictos al conocimiento de los órganos judiciales, al tenor del artículo 954 constitucional.

Por lo anterior, la Sala despacha negativamente el argumento propuesto en la apelación, pues lo cierto es que la EAAB omite especificar los valores que, a título de perjuicio, tuvo que soportar por la expedición del acto administrativo contenido en la Resolución de 18 de julio de 2001.
Lo anterior adquiere más valía si se tiene en cuenta el carácter rogado de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Por lo anterior, el cargo se niega.

4.2.2.4. El a quo debió condenar en costas a la autoridad demandada

El artículo 171 del CCA prescribe en relación con la condena en costas:

“ARTÍCULO 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.”

De conformidad con la prescripción jurídica reproducida, el juez podrá condenar en costas a la parte vencida según los comportamientos desarrollados por éstas.

A la luz de esta premisa, la Sala encuentra que no existen razones de peso que permitan imponer condena en costas en contra del Municipio de La Calera, pues su actuar dentro del proceso no se mostró como temerario o incorrecto. El cargo se despacha negativamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento elevado por el Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral 1º de la sentencia de 21 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C” en descongestión para, en su lugar, acceder a las súplicas formuladas en las pretensiones 5º, 5º bis y 6º del escrito de demanda –Exp. 2001-01245–, con fundamento en los motivos expuestos en la parte considerativa de este proveído.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la Alcaldía Municipal de La Calera a devolver por concepto de perjuicios causados como consecuencia de la ilegalidad de la Resolución de 18 de julio de 2001 las siguientes sumas actualizadas en favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP:

(i) $1.506.547.299 (MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS) por el pago de mayores costos en pesos.

(ii) $279.764.424 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS) por el pago de mayores costos en dólares.

(iii) $ 36.506.747 (TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE) por gastos procesales y honorarios de los miembros del Grupo de Conciliación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la providencia de 21 de noviembre de 2011 del Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “C”.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folios 289-300. Exp. 2001-01245.
Folio 40. Exp. 2001-01245.
Acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A
Expedida por el Secretario de Gobierno de la Alcaldía Municipal de La Calera, mediante la cual “Se ordena la suspensión de las obras del Túnel Alterno de Usaquén…” y se imponen multas sucesivas en contra de la EAAB equivalentes a “Cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales.” Acto administrativo demandado bajo el radicado 2001-01245-01.
Expedida por el Secretario Jurídico de la Gobernación de Cundinamarca, “Por medio de la cual se decide sobre la procedencia de un recurso de apelación en un proceso policivo por contravención común de suspensión de obra.” Acto administrativo demandado bajo el radicado 2001-01245-01.
Expedida por el Secretario de Planeación del Municipio de La Calera, “Por medio de la cual se expide una licencia de construcción para el proyecto denominado “Túnel Alterno de Usaquén y obras anexas”. Acto administrativo demandado bajo el radicado 2002-00817-01.
Folios 133-134. Las pretensiones corresponden al escrito de corrección de demanda debidamente presentado por la parte actora. Exp. 2001-01245.
Folios 252-253 expediente 2002–0817. Las pretensiones corresponden al escrito de corrección de demanda presentado por la parte actora.
El resumen de los hechos se funda en aquellos presentados en el escrito de corrección de la demanda, obrante en el expediente Exp. 2001-01245.
Lo que incluye al municipio de La Calera.
Folio 135. Exp. 2001-01245.
Contrato número SF-1-01-7000-851-1999
A través de la cual se modificó la Resolución 0692 de 1997, en el sentido de aclarar que la mencionada licencia se da para ejecutar el programa Santafé I, “en la comprensión territorial de los municipios de la Calera, Sopó, Chía, Tocancipá y Cajicá…”
En ese sentido, se explicó que “…la sanción no se imponía a personas naturales –como consignaba originalmente el acto impugnado– sino al Consorcio ASOCIACIÓN TECHINT–GEOMINAS como ejecutor de la obra y a la EAAB–ESP como propietaria de la misma.”
28 de septiembre de 2001.
Se hace referencia al Juzgado Promiscuo de La Calera.
Fecha en que quedó ejecutoriado el auto de 15 de noviembre proferido por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, con el que suspendió la decisión administrativa del Alcalde de La Calera.
El valor inicial de la solicitud fue de $1.549.904.619 más US 247.744.
Folio 138. Exp. 2001-01245.
Las demandas formuladas por la empresa demandante guardan identidad en lo que concierne el concepto de violación, razón por la que su síntesis será presentada de forma conjunta.
Lo que implicó igualmente la vulneración del artículo 84 constitucional.
Plan de Ordenamiento Territorial de la entidad territorial demandada.
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 29 de mayo de 1997. Rad. 974. C.P. Augusto Trejos Jaramillo.
Folio 156.
Folios 85 a 88.
Folio 239.
Folio 157. Exp. 2002-00817.
Folio 174. Exp. 2002-00817.
Folio 237. Exp. 2002-00817.
Folio 259. Exp. 2002-00817.
Folios 260 a 292. Exp. 2001-01245.
Folio 264. Exp. 2001-01245.

Hizo referencia a la CAR – Cundinamarca, Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca, Juzgado Promiscuo de La Calera, Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, Personería Municipal de La Calera, entre otras.
Folios 261 a 292. Exp. 2002–00817.
Folio 476. Exp. 2001-01245.
Folio 501. Exp. 2001-01245.
Folio 562.
Folio 551 cuaderno 1.
Ibídem.
Folio 552 cuaderno 1.
Ibídem.
Folio 262 cuaderno 1.
Folio 564 cuaderno 1.
Folio 4 cuaderno 2
Folios 8-17 Cdno. 2.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.”
Expedida por el Secretario de Gobierno de la Alcaldía Municipal de La Calera, mediante la cual “Se ordena la suspensión de las obras del Túnel Alterno de Usaquén…” y se imponen multas sucesivas en contra de la EAAB equivalentes a “Cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales.” Acto administrativo demandado bajo el radicado 2001-01245-01.
Expedida por el Secretario Jurídico de la Gobernación de Cundinamarca, “Por medio de la cual se decide sobre la procedencia de un recurso de apelación en un proceso policivo por contravención común de suspensión de obra.” Acto administrativo demandado bajo el radicado 2001-01245-01.
Mediante escrito suscrito el 18 de junio de 2018. Obrante a folio 74 del cuaderno 2.
Aplicable por remisión expresa del artículo 267 del C.C.A.
Art. 357 CPC.
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica y acueductos, sistemas de regadío y otras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras.”
Fallo por medio del cual la Sala Novena de Revisión del Alto Tribunal Constitucional determinó la corrección de las sentencias de tutela del Juzgado Promiscuo de La Calera –4 de octubre de 2001– y del Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá –4 de diciembre de 2001–, promovido por la EAAB contra el Municipio de La Calera por la suspensión de las obras del Túnel Alterno de Usaquén a falta de autorización previa de construcción.
Folio 560. Exp. 01245-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 110010324000200290331-01. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
Sección Primera. Subsección “B”. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Folio 565. Exp. 2001-01245.
Puede afirmarse que el inciso puesto en negrilla hace referencia a la nulidad y restablecimiento del derecho, acción judicial, mediante la cual se fiscaliza la juridicidad, en principio, de los actos administrativos de carácter particular, que son pasibles de recursos administrativos.
Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.
Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.
“PRIMERO. DECLÁRASE probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones, respecto de los numerales quinto, sexto y séptimo relacionado en el acápite de pretensiones del libelo de la demanda, por las razones antes relacionadas.”
“QUINTO. NIÉGASE las demás pretensiones de la demanda.”

Con ello se evitan antinomias normativas, pues, por ejemplo, mientras la acumulación de procesos puede ser elevada, de conformidad con el CCA, por las partes y el juez, en el Código de Procedimiento Civil, dicha facultad se restringe a las partes: “Podrán acumularse dos o más procesos especiales de igual procedimiento o dos o más ordinarios, a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos, siempre que se encuentren en la misma instancia:…” Art. 157 CPC. Folio 432. Exp. 2001-01245. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 13001-23-33-000-2016-00075-01. 13001-23-33-000-2016-00076-01. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 2 de febrero de 2017. “La acumulación de procesos busca la economía procesal, en la medida que permite adelantar en un mismo expediente varias demandas, esto equivale a que solo se requiera de una decisión para adelantar el trámite de varios procesos, esto sin dejar a un lado que procura por evitar decisiones contradictorias ya que al ser falladas por un mismo juez no se presentarían fallos en sentidos contrarios derivados de diversas interpretaciones.”
“1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
Folio 560. Ibídem. Folio 561. Exp. 2001-01245. Folio 560. Ibídem. Ibídem. Folio 562. Exp. 2001-01245. Ibídem. Ibídem. Ibídem. En este punto se recuerda que el contenido de las pretensiones 5º, 6º y 7º se relacionan con el reembolso de los pagos que la EAAB realizó al consorcio contratista por concepto de mayores costos, producto de la suspensión del contrato de obra del Túnel Alterno de Usaquén. La que se diferencia de la acumulación subjetiva de pretensiones regulada en el antepenúltimo inciso del artículo 82 del CPC. Ver artículo 132 del CCA. Se recuerda en este punto que a las voces del artículo 134 E, la determinación de la cuantía se hará de conformidad con los numerales 1º y 2º del artículo 20 del CPC, numeral este último del que se colige que luego de que se acumulan varias pretensiones la cuantía estará determinada por el valor de la pretensión mayor. Esta disposición normativa que se encontraba vigente para la época de presentación de la demanda. De la lectura de las pretensiones de la demanda que dio origen al proceso 2001-01245, puede concluirse que el valor de la pretensión mayor es de $749.349.797, que dividida por el valor del salario mínimo vigente para la fecha en que fue elevada –2002; $309.000–, arroja un resultado de 2425 SMLMV. Folio 42. Exp. 2002-00817. Se precisa que la construcción de un túnel puede ser desarrollada por dos frentes, a saber, aquel de entrada, y aquel de salida. Folio 44. Exp. 2002-00817. El 30 de abril de 2002. Cláusula 31.3 de las Condiciones Generales del Contrato: “La EMPRESA se obligó a “obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a ocupación de propiedades públicas o privadas, los permisos sobre vías públicas y las licencias de construcción…”
Folio 212. Exp. 2001-01245. Folio 196. Exp. 2001–01245. Folios 183–184. Exp. 2001-01245. Folio 339. Cuaderno de pruebas.

Acta suscrita en el contexto de la diligencia en la que se pretendió absolver la solicitud de algunos funcionarios de la EAAB, consistente en la reanudación de trabajaos al interior del proyecto a fin de estabilizar la construcción. Folio 383. Cuaderno de pruebas. Informe técnico de 13 de noviembre de 2001. Folio 87. Cuaderno de pruebas
Folio 318. Folios 206 a 209. Exp. 2001-01245. Último certificado por el DANE en la serie de empalme correspondiente a mayo de 2018. La fecha de realización del pago según los soportes obrantes en el plenario fue el 23 de octubre de 2002. Ver folio 207. Exp. 2001-01245. Último certificado por el DANE en la serie de empalme correspondiente a mayo de 2018. La fecha de realización del pago según los soportes obrantes en el plenario fue el 24 de noviembre de 2002. Ver folio 210. Exp. 2001-01245. Último certificado por el DANE en la serie de empalme correspondiente a mayo de 2018. Corresponde a la fecha de pago de la suma, efectuado el 28 de mayo de 2002. Folio 212 Exp. 2001-01245.

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