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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2003-00411-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2003-00411-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el 26 de abril de 2012, en primera instancia, con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: INHIBIRSE para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, TELECOM PEREIRA, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de 26 de abril de 2012, en primera instancia, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para los fines señalados en el ordinal anterior y para que, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la demanda y la plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia procesal, la decisión de fondo respecto de los otros cargos de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Esta decisión de fondo deberá proferirse, conjuntamente con la orden de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49 Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01 (acumulado 250002324000 2003 00391 01) Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM CUARTO: RECONOCER personería jurídica al abogado Juan Carlos Jiménez Triana, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1015.407.639, y portador de la Tarjeta Profesional de abogado núm. 213.500 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe como apoderado de la parte demandada en este proceso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2003-00411-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 250002324000 2003 00411 01 (acumulado
250002324000 2003 00391 01)
Demandante: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM Y
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones1 (hoy Comisión de
Regulación de Comunicaciones).

Asunto: Reiteración Jurisprudencial – Contrato de Acceso, Uso e Interconexión.
Competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en la solución del
conflicto entre operadores por la aplicación de la opción de cargos de acceso por
capacidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P y
la Comisión de Regulación de Comunicaciones contra la sentencia proferida en
primera instancia, el 26 de abril de 2012 por la Sección Primera, Subsección A, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
Las demandas

Proceso con número único de radicación 250002324000 2003 00391 012

1
Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 010 Cuaderno tribunal original.pdf.
2
Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 010 Cuaderno tribunal original.pdf.

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2

Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

1. La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.3, en
adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Nación, representada
por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (hoy Comisión de
Regulación de Comunicaciones), en adelante la parte demandada, en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Decreto 01 de 2 de enero de 19844, en adelante, Código Contencioso
Administrativo.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] I. PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones N° 541 de septiembre 19 de
2002 y 584 de diciembre 17 de 2002, proferidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES (CRT), por la primera de las cuales se “…resuelve un
conflicto” entre la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.
E.S.P. y la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM, y por
la segunda se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la primera; por ser
violatorias de los artículos 370, 6°, 58, 113, 189-11 y 229 de la Constitución Política;
los artículos 14 numeral 18; 68; 73 inciso 1º y numeral 8°, y 74 numeral 3° literal b)
de la Ley 142 de 1994; los artículos 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto-Ley 01 de 1984), el artículo 1602 del Código Civil y el inciso 3º del artículo
18 de la Ley 153 de 1887.

2. Que como consecuencia del anterior pronunciamiento, se ordene:

A) El restablecimiento del derecho respecto de mi procurada, EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P., prescribiendo que las
condiciones contractuales inicialmente pactadas en el Contrato de Acceso, Uso e
Interconexión N° 0026, celebrado el 1º de junio de 1999 entre la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA. E.S.P. y la EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES TELECOM, vuelvan al estado en que se encontraban
antes de la intervención de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.

B) La reliquidación del valor de los cargos de acceso conforme fue pactado en el
referido Contrato, desde el 22 de marzo de 2002 y hasta la fecha de la Sentencia que
se profiera, con la correspondiente indexación de los valores y los intereses.

3. Que se condene en costas del proceso a la COMISION DE REGULACION DE
TELECOMUNICACIONES.

3
Mediante apoderado.
4
“[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.

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3

Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

3.1. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones -en adelante TELECOM- y la
Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P – en adelante TELECOM
PEREIRA suscribieron el contrato de acceso, uso e interconexión núm. 026-99 el
1.° de junio de 1999, en virtud del cual, las partes adquirieron las siguientes
obligaciones mutuas, especialmente, TELECOM se obligó a asumir el valor de las
inversiones, gastos de adquisición, mantenimiento de equipos y gastos de
infraestructura que a partir de la fecha de celebración del contrato se llegaren a
requerir para interconectar la red de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga
Distancia -en adelante TPBCLD- con la red de Telefonía Pública Básica Conmutada
-en adelante TPBC- de TELECOM PEREIRA.

3.2. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), mediante la
Resolución núm. CRT 463 de 27 de diciembre de 20015, en el artículo 5.° ibidem
previó, en cabeza de todos los operadores telefónicos, la obligación de ofrecer a los
demás operadores de telecomunicaciones que demanden interconexión, al menos,
las opciones de cargos de acceso por minuto o, por capacidad, para remunerar el
uso de la misma6.

3.3. TELECOM, mediante comunicación con radicado 001000000-000044, le
informó a TELECOM PEREIRA que a partir del 1.° de febrero de 2002 se acogería
al cargo de acceso por capacidad para la interconexión entrante y saliente,
indicando que requería una capacidad mínima de 36 E1s; por su parte, TELECOM
reiteró la capacidad requerida e informó que a partir del 15 de febrero de 2002,
cursaría el tráfico de interconexión por dicha capacidad.

5
“[…] Por medio de la cual se modifica el Título IV y el Título V de la Resolución 087 de 1.997 y se dictan otras disposiciones
[…]”.
6
Cfr. Expediente físico. Folios 85 del Cuaderno principal expediente en primera instancia 25000232400020050100501.
“[…] La citada Resolución en el artículo 5 estableció que: “…los operadores de TMC y TPBCLDI que así lo deseen, podrán
mantener las condiciones y valores vigentes en las interconexiones actualmente existentes a la fecha de expedición de la
presente resolución o acogerse en su totalidad, a las condiciones previstas en la presente resolución para todas sus
interconexiones” […]”.

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4

Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

3.4. CRT número 301170 de 16 de abril de 2002, señaló que “[…] allegó
documentos soporte que demuestran la renuencia por parte de los operadores
ETELL, EMCALI, ETB y EDT, respecto a la migración sobre liquidación de cargos
de acceso […]”; y solicitó la intervención de dicha entidad, sin aludir a ninguna
facultad de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para efectos de la
solución de conflictos.

3.5. En el Comité Mixto de Interconexión realizado el 12 de febrero de 2002, entre
las dos empresas, TELECOM PEREIRA indicó que solicitaría a la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones resolver la divergencia en cuanto al
dimensionamiento de la red de interconexión, en los términos previstos en el artículo
4.2.2.19 de la Resolución 087 de 5 de septiembre de 19977.

3.6. TELECOM PEREIRA, mediante solicitud presentada el 8 de marzo de 2002,
y TELECOM, mediante solicitud presentada en 19 de marzo de 2002, le pidieron a
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones resolver la mencionada
diferencia.

3.7. TELECOM PEREIRA, mediante comunicación radicada el 11 de junio de
2002 desistió de la mencionada solicitud, por considerar que la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones no era competente para dirimir el conflicto; no
obstante, dicha entidad asumió el conocimiento del conflicto y lo resolvió mediante
la Resolución núm. 541 de 19 de septiembre de 20028.

3.8. TELECOM y TELECOM PEREIRA interpusieron el recurso de reposición
contra la Resolución núm. 541, los cuales fueron resueltos por la Comisión de
regulación de Telecomunicaciones mediante la Resolución núm. 584 de 17 de
diciembre de 2002, en el sentido de confirmar el acto administrativo recurrido;
aclarar que la fecha a partir de la cual deberán pagarse los cargos de acceso por
capacidad es el 22 de marzo de 2002; y agotar la vía gubernativa.

Normas violadas y concepto de violación9

7
“[…] Por medio de la cual se regula en forma integral los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) en
Colombia […]”.
8
“[…] Por la cual se resuelve un conflicto […]”.
9
Cfr. Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 010 Cuaderno tribunal original.pdf..

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5

Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 6, 58, 113, 189 numeral 11, 229 y 370 de la Constitución Política.
• Artículos 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
• Artículos 14 numeral 18, 68, 73 inciso 1.° y numeral 8.°, así como el 74 numeral
3.°, literal b) de la Ley 142 de 11 de julio de 199410.
• Artículo 1602 del Código Civil.
• Artículo 18, inciso 3.° de la Ley 153 de 24 de agosto de 188711.

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló el cargo de violación de normas superiores y
explicó su concepto de violación, así:

Violación de normas constitucionales y legales

6. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones violó los artículos 6.°, 29
229 y 370 superiores porque extralimitó el ejercicio de sus funciones,
específicamente, el alcance de los artículos 73 numeral 8.°, y 74 numeral 3.°, literal
b), de la Ley 142, normas en las que fundamentó su competencia para dirimir el
supuesto conflicto.

7. En virtud de la cláusula contractual sobre solución de conflictos pactada por
las partes en el contrato de acceso, uso e interconexión núm. 026-99 de 1.° de junio
de 1999, aquellos derivados de la aplicación de actos administrativos proferidos por
dicha entidad deben resolverse en sede jurisdiccional, concretamente, por el
Tribunal de Arbitramento; máxime cuando en dicha cláusula compromisoria las
partes le otorgaron a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones la función
de resolución de conflictos, única y exclusivamente, cuando este no le corresponda
dirimirlo a otra autoridad administrativa.

8. Las resoluciones demandadas desconocieron el principio de legalidad, en la
medida en que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones tramitó la
actuación siguiendo las previsiones de la Resolución 087, pese a que el debido

10
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
11
“[…] Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887 […]”.

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6

Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

proceso constitucional impone que las actuaciones administrativas se ciñan al
procedimiento previsto por el legislador; en consecuencia, dicha entidad se arrogó
competencias que corresponden al legislador al crear dicho procedimiento, con lo
cual dejó de aplicar el previsto en el contrato, que es ley para las partes.

9. Los actos administrativos, de los cuales se solicita su declaratoria de nulidad,
vulneran el artículo 29 de la Constitución Política: i) por la falta de competencia de
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para dirimir conflictos de
naturaleza contractual y fijar efectos patrimoniales a la decisión que profirió para
dirimir el conflicto de interconexión, con lo cual se abroga competencias
jurisdiccionales; ii) por la aplicación de un procedimiento no previsto por el legislador
para tales efectos, el cual fue creado discrecionalmente por la propia entidad,
mediante resolución, y que, en todo caso, no sigue las previsiones del Código
Contencioso Administrativo ni de la Ley 142, aplicables; iii) por el desconocimiento
del principio de autonomía de la voluntad que rige los contratos, previsto en el
artículo 1602 del Código Civil, según el cual, el contrato es ley para las partes y no
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

10. Las resoluciones demandadas incurrieron en un “[…] gravísimo error de
derecho […]” al tomar como fundamento de la obligación que se le impone a
TELECOM PEREIRA la Resolución 463 de 27 de diciembre de 200112 expedida
por la demandada, dado que, dicha norma “[…] fue tácitamente derogada por la
Resolución 469 de 2002. Así, si se aduce que el fundamento de la decisión no es la
Resolución 463 de 2001, sino la Resolución 489 de 2002, igualmente se incurriría
en un grave error, dado que su aplicación retroactiva, como pretende la COMISIÓN
DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, CRT, la torna
inconstitucional […]”.

11. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones invadió órbitas propias
de la función jurisdiccional; pues, no obstante que las Resoluciones núms. 541 y
582 son actos administrativos, al pretender dirimir un conflicto de tipo patrimonial,
adoptan una decisión que no es diferente a las típicamente jurisdiccionales, violando
de paso el principio democrático de derecho en virtud del cual el juez no puede

12
“[…] Por medio de la cual se modifica el Título IV y el Título V de la Resolución o87 de 1.997 y se dictan otras disposiciones
[…]”.

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7

Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

tomar como fundamento de sus decisiones actos de contenido normativo que el
mismo ha expedido.

Proceso con número único de radicación 250002324000 2003 00411 0113

12. La EMPRESA NACIONAL DE TELECOM14, en adelante la parte
demandante, presentó demanda contra la Nación, representada por el Ministerio de
Telecomunicaciones (hoy Ministerio de Tecnología de la Información y
Comunicaciones) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (hoy
Comisión de Regulación de Comunicaciones), en adelante la parte demandada, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

Pretensiones

13. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] CAPÍTULO III. DECLARACIONES Y CONDENAS […] Solicito a la H. Sala
efectuar las siguientes declaraciones y condenas:

1. DECLARE la nulidad de la Resolución No. 541, expedida por la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones -CRT- el 19 de septiembre de 2002, por medio
de la cual resolvió el conflicto entre TELECOM y la Empresa de Telecomunicaciones
de Pereira S.A. E.S.P., por aplicación de la opción de cargos de acceso por capacidad
contemplada en la Resolución CRT 463 de 2001.

2. Declare la nulidad de la Resolución No. 584, expedida por la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones-CRT- el 17de diciembre de 2002, por medio de
la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TELECOM y la Empresa
de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P., contra la Resolución No. 541 del 19
de septiembre de 2002.

3. Como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones Nos. 541 del
19 de septiembre de 2002 y 584 del 17 de diciembre de 2002, solicito el
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de mi representada, de la siguiente manera:

a) Establezca la cantidad de enlaces mínimos necesarios para atender el tráfico que
se cursa por la interconexión entre la red TPBCLD de TELECOM y la red TPBCL y
TPBCLE de ETP (sic), con un grado de servicio del 1%, de acuerdo con las pruebas
practicadas en virtud del presente proceso.

13
Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 011 Cuaderno tribunal pdf.
14
Mediante apoderado.

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Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

b) Establezca que la fecha a partir de la cual TELECOM deberá pagar a ETP (sic) el
valor de los cargos de acceso por capacidad, es el 12 de febrero de 2002, fecha en
la cual se generó el conflicto al negarse ETP (sic), en reunión del CMI del contrato de
interconexión, a aplicar la resolución 463 de 2001.
c) Se ordene a ETP (sic) a pagar (restituir) a TELECOM el valor correspondiente al
número de enlaces E1s que excedan a los indicados en el literal a) desde el 12 de
febrero de 2002 y hasta la fecha en que la interconexión entre TELECOM y ETP (sic)
se modifique o termine de acuerdo con la ley.

d) Se ordene a ETP (sic) al pago del reajuste monetario por la pérdida del poder
adquisitivo de la suma indicada en el literal anterior hasta la fecha en que se produzca
el pago efectivo […]”..

Presupuestos fácticos

14. La parte demandante expuso, en síntesis, los mismos hechos indicados por
la parte demandante del proceso con numero único de radicación 250002324000
200300391 01, para fundamentar sus pretensiones.

Normas violadas y concepto de violación15

15. La parte demandante invocó como vulnerado el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo.

Concepto de violación

16. La parte demandante explicó el cargo de falsa motivación de los actos
administrativos y explicó su concepto de violación, así:

17. Manifestó, en primer lugar, que la jurisprudencia y la doctrina han sido
uniformes y reiteradas al señalar los elementos de que deben reunir los actos
administrativos para ser válidos: órgano competente, objeto, procedimientos,
motivación y finalidad; en segundo lugar se refirió sucintamente al contenido de tales
conceptos; en segundo lugar, en lo atinente a la motivación de los actos
administrativos, indicó que “[…] es obligatoria aun cuando la misma pueda surgir
del texto de la decisión o de los antecedentes que dieron origen al mismo […]”.

15
Cfr. Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 011 Cuaderno Tribunal pdf.

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9

Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

18. Afirmó que las Resoluciones CRT núms. 541 y 584 “[…] incurren en errores
de hecho y de derecho que configuran una falsa motivación en ellas […]” , toda vez
que al analizar los motivos invocados por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones para decidir la dimensión de la interconexión existente entre
TELECOM Y TELECOM PEREIRA, en un número de 47 E1s., se evidencia que el
valor representativo anual que se toma para medir el tráfico de la interconexión,
según se indica, corresponde al periodo de tiempo de un año; sin embargo la
muestra que se utiliza para medirlo es de 13 meses; asimismo, según el dictamen
pericial, el tráfico que cursa TELECOM ha decrecido en el último año, gradual y
continuamente; no obstante, la decisión determina mayores costos para TELECOM,
sin consideración al menor tráfico cursado y a la menor ocupación de las rutas; en
consecuencia, se pone a TELECOM en una posición de desventaja competitiva, y
se desconoce la prueba practicada.

19. Conforme con lo anterior e independientemente del número de E1s que
determinó la Comisión de Regulación para dimensionar la interconexión, el tráfico
de larga distancia de TELECOM cursa a través de esta interconexión y aun cuando
no se incremente, pues se probó que viene decreciendo, con la decisión que tomó
la Comisión de Regulación en las resoluciones demandadas, dicha empresa
pagaría, en la práctica, un mayor valor por E1 del señalado por la Resolución 463
de 2001; lo anterior, en razón a que “[…] el mismo tráfico con el que TELECOM
dimensionó la interconexión y que podría cursarse por un número de 36 E1s,
remunera un monto superior por el mayor número E1s decretados por la
demandada […]”.

20. Afirmó que, atendiendo a lo anterior, se hace palmario el
sobredimensionamiento de la interconexión, generado por efectos de la baja del
tráfico; el cual no fue tenido en cuenta por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones; al cual, además, le agrega un factor de seguridad de 1.09 con
el fin de soportar los incrementos de tráfico, que solo es aplicable para el caso de
nuevas interconexiones o por expectativas de crecimiento del tráfico; de igual forma,
le adiciona un porcentaje de ocupación del 70%, tomando los picos más altos y sin
atender a los más bajos, con lo cual desconoce que la interconexión existente es
óptima para el tráfico cursante, pues esta viene decreciendo.

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10

Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

21. Indicó, en ese orden de ideas, que los actos demandados se apartan de la
filosofía de la Resolución 463 de 2001 de tener costos reales en la prestación del
servicio de acceso, que se traduce en beneficios al usuario final; lo cual evidencia,
por un lado, “[…] el desconocimiento por parte de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones de las circunstancias reales de tráfico […]”; y por el otro, “[…]
la tendencia a obtener un sobredimensionamiento de la interconexión, lo más
grande posible […]”.

22. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones incurrió en error al
establecer el 22 de marzo de 2002, como fecha para la aplicación de los cargos de
acceso por capacidad, pues interpretó que el conflicto solo se genera cuando se
presenta la solicitud para dirimirlo; cuando, en realidad, el conflicto entendido como
el desacuerdo entre dos empresas interconectadas para efectos de la aplicación del
mecanismo de remuneración por el uso de la red, se presente cuando una de ellas,
como en este caso TELECOM PEREIRA, el 12 de febrero de 2002 no aceptó o
condicionó la aplicación de este mecanismo, decidiendo acudir a dicha entidad para
que decidiera los puntos de diferencia, en desarrollo de lo previsto en el parágrafo
3º. del artículo 4.2.2.19 de la Resolución 463.

Contestación de la demanda

23. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones16

24. Se opuso a las pretensiones de la demanda; consideró que los actos
administrativos demandados, proferidos por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, son ajustados a derecho; se refirió a los cargos de la demanda,
así:

24.1. Manifestó que, si bien el conflicto entre los operadores surge en virtud de la
relación de interconexión, no constituye uno de carácter contractual sino
administrativo, propio de la intervención de la Comisión de Regulación de

16
Mediante apoderado. Cfr. Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 010 Cuaderno tribunal original.pdf. y Expediente
Digital 011 Cuaderno Tribunal.pdf

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Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

Telecomunicaciones, en virtud de claras y expresas competencias legales, previstas
en los artículos 73 y 74 de la Ley 142, pues la relación de interconexión es necesaria
para garantizar la prestación del servicio esencial de telecomunicaciones al usuario
y la sana competencia entre operadores; con lo cual, dicha entidad es la competente
para dirimir tales conflictos.

24.2. Aunque el contrato sea de naturaleza privada, las condiciones que pueden
establecerse están regladas en el ordenamiento, no siendo la interconexión uno
asunto de libre disposición para las partes del contrato; la intervención estatal,
concretamente la de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, resulta
necesaria y fue prevista por el legislador a efectos de garantizar que la interconexión
sea económicamente eficiente y sostenible, preservando la calidad a costos
eficientes.

24.3. Indicó que, la Resolución CRT núm. 463 fue proferida, igualmente, en virtud
de las competencias previstas para la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones la Ley 142, como manifestación de la intervención estatal en
el servicio esencial de telecomunicaciones, y con ella se modificaron aspectos que
fueron previstos en los contratos de interconexión y el marco jurídico que los rige,
que no son susceptibles de libre disposición por las partes de los contratos de
interconexión; asimismo, se previó una obligación de oferta mínima de dos opciones
para remunerar los cargos de acceso y un derecho de aceptación de esa oferta
entre dos opciones autorizadas; lo cual es coherente con las normas
constitucionales y legales que sustentan la intervención de la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, para garantizar la calidad y costo eficiencia del
servicio.

24.4. Aseveró que, la Resolución CRT núm. 463 no fue derogada, expresa ni
tácitamente con la expedición de la Resolución núm. 469 de 4 de enero de 200217;
esta última fue modificatoria de la Resolución CRT núm. 087 y pretendió la
expedición de un Régimen Unificado de Interconexión, mientras que la primera
adicionó el Capítulo II, Sección II, Obligaciones Tipo B de la Resolución CRT 087;
la Resolución CRT núm. 469 no reguló los cargos de acceso de interconexión
TPBC, TMC y PCS, ya que estos están contenidos en la Resolución CRT núm. 463;

“[…] por medio de la cual se modifica la Resolución CRT 087 de 1997 y se expide un Régimen Unificado de Interconexión,
17

Rudi […]”.

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

en consecuencia, la Resolución CRT 469 se limitó a producir efectos modificatorios
de la Resolución CRT núm. 463, y no pueden atribuírsele los efectos derogatorios
que pretendidos.

24.5. Sobre la ilegalidad de los actos administrativo como resultado de la aplicación
de un procedimiento administrativo no previsto por el legislador, creado por la propia
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones; indicó que el procedimiento
aplicado correspondió al previsto en los artículo 106 a 115 de la Ley 142, que es la
norma especial, y en los vacíos de esta, a la aplicación del Código Contencioso
Administrativo; en consecuencia, el procedimiento aplicado por la entidad deriva de
la aplicación de la integración normativa, ordenada en las normas y reiterada por la
jurisprudencia.

24.6. Manifestó oponerse a la inaplicación de las Resoluciones CRT núms. 469 y
489 por razones de inconstitucionalidad, pues los argumentos desarrollados no son
evidencia de que tales normas resulten abiertamente contrarias a las normas
constitucionales, sino que desarrollan la infracción de normas superiores como
cargo de la demanda, particularmente, los argumentos de la incompetencia de la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para dirimir el conflicto de
interconexión que se le puso en conocimiento, y para surtir la correspondiente
actuación administrativa para expedir los actos mediante los cuales resolvió dicho
conflicto.

24.7. Señaló, en cuanto al restablecimiento del derecho que se pretende en
términos económicos, que no hay lugar a este porque la Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones dirimió el conflicto en ejercicio de las competencias legales
que se le asignaron para tal efecto, efecto para el cual, aplicó las normas que rigen
la interconexión entre operadores sobre aspectos reglados que no son de libre
disposición; sobre esta base, luego de referirse al concepto de daño y de nexo
causal, aseveró que, en todo caso, en este asunto tanto el daño resarcible como el
nexo causal entre el hecho y el daño, son inexistentes.

Acumulación de procesos

25. Mediante auto proferido el 17 de junio de 2010, el magistrado sustanciador
ordenó la acumulación del proceso con número único de radicación

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Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

250002324000200300391 01, al proceso con número único de radicación
250002324000200300391 01.

Sentencia proferida en primera instancia

26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el
26 de abril de 201218, resolvió:

“[…] PRIMERO.- DECLÁRASE LA NULIDAD de los actos administrativos proferidos
por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES -CRT, por
haberse expedido sin competencia.

SEGUNDO.- NIÉGUESE el restablecimiento del derecho por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Por Secretaría, DEVUÉLVASE al actor el remanente de los gastos de
(sic) proceso, previa liquidación las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO.- No se impondrá costas del proceso, por la actuación proba de las partes.

QUINTO.- En firme la presente providencia previa la cancelación de la radicación,
ARCHÍVESE, previa ejecutoria […]”.

Consideraciones del Tribunal

27. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, sobre los cargos de la demanda, consideró:

27.1. El problema jurídico que debía resolverse estaba orientado a determinar si
“[…] ¿Son nulos los actos administrativos demandados, Resoluciones 541 de 19
de septiembre y 584 de 17 de diciembre, ambas de 2002 y emanadas de la
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES - CRT, a través de
las cuales dicha entidad resolvió un conflicto suscitado entre la EMPRESA
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- TELECOM y la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. ESP con ocasión del contrato de uso,
acceso, e interconexión 026 de 1999 entre ellas suscrito, debido a que
presuntamente están viciados por falsa motivación y violación de normas
superiores? […]”.

18
Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital 011 Cuaderno Tribunal.pdf.

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

27.2. Interpretó la demanda en los siguientes términos: “[…] La Sala interpreta el
contenido de las demandas para señalar que la causal de nulidad de los actos
administrativos demandados no es otra que la de falta de competencia, en tanto se
afirma que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones no puede resolver
conflictos contractuales, pues esto es una función reservada a la función
jurisdiccional. // Las causales de anulación de los actos administrativos, conforme
lo consagra el artículo 84 del CCA son la falta de competencia, la violación directa
de la ley, la falta de motivación del acto administrativo, la falsa motivación, la
violación de las formalidades y la desviación del poder […]”.

27.3. Según lo previsto en los artículos 370 de la Constitución Política; 68, 69, 73
numeral 8.° y 74 numeral 3.° de la Ley 142, la facultad otorgada a la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, de resolver a petición de parte, “[…] los
conflictos que surjan entre empresas con ocasión de los contratos de interconexión
celebrados y que no corresponda resolver a otras autoridades, está limitada
únicamente a las siguientes materias: a) monopolios en la prestación de los
servicios públicos; b) promoción de la competencia entre quienes presten tales
servicios; c) abuso de la posición dominante; y d) producción de servicios de calidad,
en la medida en que todas ellas son funciones delegadas por el Presidente de la
República […]”..

27.4. De acuerdo con lo anterior, la función asignada a la Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones en el numeral 14 del artículo 37 del Decreto 1130 de 29 de
junio 199919, relativa a dirimir los conflictos de interconexión entre operadores, a
solicitud de parte, se entiende circunscrita, igualmente, a las cuatro materias
referidas supra, esto es: a) monopolios en la prestación de los servicios públicos; b)
promoción de la competencia entre quienes presten tales servicios; c) abuso de la
posición dominante; y d) producción de servicios de calidad, en la medida en que,
como ya se dijo, tratan de funciones delegadas por el Presidente de la República.

27.5. En el caso concreto, el conflicto de interconexión sometido a decisión de la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que interesa a este proceso, no
surgió con ocasión de alguno de los tópicos indicados anteriormente; sino que, dicha

19
"[…] Por el cual se reestructuran el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector administrativo de
comunicaciones y se trasladan funciones a otras entidades públicas […]".

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Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

controversia se generó como consecuencia de la expedición de la Resolución CRT
núm. 463 y su aplicación al contrato de interconexión celebrado entre TELECOM y
TELECOM PEREIRA el 1.° de junio de 1999.

27.6. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en consecuencia, actuó
sin competencia cuando dirimió el conflicto suscitado entre TELECOM Y TELECOM
PEREIRA a solicitud de parte, en la medida en que las normas a las que se ha
hecho referencia son claras al establecer que tal competencia está limitada a los
cuatro aspectos mencionados, “[…] atribuyéndose facultades que ni la Constitución
ni la ley le habían asignado, razón por la cual, con dicha actuación vulneró los
artículos 6.° y 29 Constitucionales, lo que conlleva a que, al haber sido desvirtuada
la presunción de legalidad que acompaña las resoluciones demandadas, se
declarará la nulidad de las mismas […]”.

27.7. Se relevó de estudiar los demás cargos de nulidad alegados en las
demandas de los procesos acumulados, así “[…] Ante la prosperidad de la primera
censura de legalidad expuesta por la parte actora, con la cual se desvirtúa la
presunción de legalidad que amparaban los actos demandados, la Sala se ve
relevada de examinar el mérito de las demás acusaciones formuladas por el
demandante […]”.

27.8. Con fundamento en la interpretación realizada de las demandas, aclaró que
la sentencia accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, por razón de
la prosperidad de la falta de competencia como causal de nulidad de los actos
administrativos.

27.9. Negó las pretensiones de restablecimiento del derecho formuladas por las
demandantes en los procesos acumulados, porque:

“[…] 1. La autoridad demandada no tiene competencia para dar solución a conflictos
contractuales.

2. La consecuencia de la declaración de nulidad de los actos demandados no puede
ser el restablecimiento del derecho de un conflicto contractual, esto es, son las partes
quienes deben resolverlos, o concurrir ante la autoridad competente para que dirima
la controversia contractual originada, todo dentro de las reglas generales de
competencia y caducidad.

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3. Nótese cómo las pretensiones de una y otras demandas procuran la declaración
de restituciones mutuas, que sólo podrían ser solucionadas por el juez, si la
controversia fuese entre las partes contractuales en conflicto.

En nuestro caso, el juez lo es del acto administrativo demandado, pero no del
contrato.

4. De igual manera, en lo que respecta a la reliquidación y a la devolución de las
sumas de dinero, en el expediente no se encuentra probado que se adeuden las
sumas de dinero a las que hace referencia una de las demandantes, por cuanto no
se allega soporte que demuestre que se adeuda una cantidad de dinero a título de lo
solicitado en las pretensiones de restablecimiento, por tanto, al no estar probado mal
haría el Tribunal en ordenar el pretendido pago […]” (sic).

Recursos de apelación20

Recurso presentado por la parte demandada

28. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (hoy Comisión de
Regulación de Comunicaciones) presentó recurso de apelación21 contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A el 26 de abril de 2012, en primera instancia, para lo cual,
reiteró los argumentos presentados en la contestación de la demanda, mediante los
cuales desarrolló las precisas competencias que le fueron asignadas en las leyes y
los reglamentos para dirimir los conflictos de interconexión que surjan entre los
operadores de servicios de telecomunicaciones, e identificó los siguientes yerros en
la sentencia:

28.1. Error en la contextualización de la controversia, porque la consideró como un
asunto de naturaleza contractual, pese a que dicha controversia surgió de la
aplicación de los cargos de acceso previstos en la Resolución CRT núm. 463; es
decir, de un asunto regulado que no es materia respecto de la cual, los operadores
puedan disponer voluntariamente.

28.2. Error por desconocimiento e interpretación restrictiva de las competencias
regulatorias conferidas a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones

20
Mediante auto de 19 de septiembre de 2012, la magistrada sustanciadora de la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió los recursos de apelación presentados por las partes demandantes y demandada. Cfr. Samai. Índice 00036.
Expediente Digital. 008 Cuaderno Principal.pdf; página 5 del archivo digitalizado.
21
Mediante apoderado; con escrito radicado el 22 de mayo de 2012. Cfr. Samai. Expediente Digital. 011 Cuaderno
Tribunal.pdf.; páginas 605-654 del archivo digitalizado.

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previstas en la Ley 142, especialmente las previstas en el artículo 73 y 74; al señalar
que la correspondiente a dirimir los conflictos que surjan entre operadores por razón
de la interconexión, solo procede en cuatro casos22.

28.3. Error por el uso equivocado del lenguaje jurídico, pues utilizó la expresión
abrogarse competencias, para señalar que la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones expidió los actos sin tener competencia para ello; cuando dicha
expresión hace relación a la acción derogatoria, siendo esta la única acepción
contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; de igual
forma, cuando utilizó la expresión organismo de control para referirse a la Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones, toda vez que esta entidad no tiene tal
naturaleza.

28.4. Error por ausencia del estudio de las pruebas para resolver el caso concreto,
particularmente, porque no hizo referencia alguna a la pericia que sirvió de base a
la Comisión de Regulación para dimensionar la interconexión entre TELECOM y
TELECOM PEREIRA.

29. De acuerdo con lo anterior, solicitó revocar el ordinal primero de la sentencia
proferida el 26 de abril de 2012, por el cual se declaró la nulidad de los actos
administrativos por falta de competencia, y en su lugar declarar conformes a
derecho la Resoluciones CRT núms. 451 y 584.

Recursos presentados por las demandantes

Empresa Nacional de Telecomunicaciones -TELECOM

30. TELECOM (hoy Colombia telecomunicaciones S.A. E.S.P) presentó recurso
de apelación23 contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el 26 de abril de 2012, en primera
instancia, para lo cual, en síntesis, consideró:

22
Estos casos son: “[…] a) monopolios en la prestación de los servicios públicos; b) promoción de la competencia entre
quienes presten tales servicios; c) abuso de la posición dominante; y d) producción de servicios de calidad, en la medida en
que, como ya se dijo, tratan de funciones delegadas por el Presidente de la República […]”.
23
Mediante apoderado; con escrito radicado el 22 de mayo de 2012. Cfr. Samai. Expediente Digital. 011 Cuaderno
Tribunal.pdf.; páginas 589-594 del archivo digitalizado.

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

30.1. La interpretación de los artículos 73 y 74 de la Ley 142 realizada por el
Tribunal, “[…] desconoce que la función de solucionar los conflictos de interconexión
entre operadores de telecomunicaciones, sobre cargos de acceso está fundada en
la necesidad de encontrar y mantener un equilibrio entre intereses legítimos
contrapuestos mediante el ejercicio de instrumentos para orientar las actividades
socio económicas reguladas hacia los fines del interés general señalados por el
constituyente y el legislador, sin impedir el acceso de las empresas a la justicia. Eso
fue lo que hizo la CRC al dirimir el conflicto existente con la Empresa de
Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP, promover la competencia mediante el
instrumento de solución de conflictos entregado […]”.

30.2. Dicha interpretación conlleva la no efectividad de las funciones de la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para promover la competencia,
con el fin de que los competidores sean más eficientes y produzcan servicios de
calidad; si la aplicación de la regulación que expide dicha comisión quedara sujeta
a la Interpretación de cada uno de los competidores, la regulación perdería todo
efecto útil y no se aseguraría la prestación de un servicio de calidad.

30.3. La función de dirimir los conflictos entre operadores por razón de las
interconexiones, es un desarrollo de la potestad regulatoria del Estado, para
establecer los ámbitos de una actividad específica, en un escenario en el que han
desaparecido los monopolios estatales; precisamente, la solución de conflictos
relativos a los cargos de acceso tiene como fin primordial asegurar la libre
competencia y determinar aspectos técnico-operativos que buscan asegurar la
prestación eficiente de los servicios.

31. Conforme con lo anterior, pidió “[ …] que se revoque la sentencia del Tribunal
y en su lugar, declare que la CRC si tiene competencia para dirimir un conflicto de
cargos de acceso, ya que mediante el ejercicio de esta función está promoviendo la
competencia entre quienes prestan servicios públicos, para que las operaciones de
los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no
impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad […]”, y
en consecuencia, que se acceda a las pretensiones de su demanda.

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Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P

32. TELECOM PEREIRA (hoy Une EPM Telecomunicaciones S.A.) presentó
recurso de apelación24 contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A el 26 de abril de 2012, en primera
instancia, para lo cual, en síntesis, expuso los siguientes argumentos:

33. En primer lugar, indicó que su inconformidad con la sentencia proferida en
primera instancia, se deriva de la denegación de su pretensión de restablecimiento
del derecho pese a que la falta de competencia que alegó como cargo en su
demanda, resultó próspero y dio lugar a la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones CRT núms. 451 y 584.

34. En segundo lugar, afirmó que aun cuando la pretensión de restablecimiento
del derecho que persigue implica la reliquidación del contrato con TELECOM, a ello
no habría lugar si la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones no hubiera
proferido los actos administrativos, respecto de los cuales se declaró su falta de
competencia; luego, el restablecimiento deriva de la expedición de dichos actos
administrativos; en esa medida, señaló que es razonable que se acceda al
restablecimiento del derecho, porque no existe otro medio para subsanar el
detrimento patrimonial que sufrió como consecuencia de las resoluciones proferidas
ilegalmente por dicha entidad.

35. El restablecimiento del derecho, en los términos en que lo solicitó, no implica
que deba ser la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones la que asuma el
resarcimiento económico, aun cuando el juez así puede declararlo; pero tampoco
resulta ser un asunto que deba definir el juez del contrato, como lo señaló el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pues la causa del detrimento patrimonial provino
de los actos administrativos que fueron declarados nulos; en consecuencia, la forma
de restablecer el derecho se circunscribe a que TELECOM le pague a TELECOM
PEREIRA las sumas que dejó de pagar con fundamento en lo resuelto en las
Resoluciones 451 y 584.

24
Mediante apoderado; con escrito radicado el 22 de mayo de 2012. Cfr. Samai. Expediente Digital. 011 Cuaderno
Tribunal.pdf.; páginas 589-594 del archivo digitalizado.

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

36. En este sentido, solicitó que se acceda al restablecimiento del derecho
solicitado por TELECOM PEREIRA, previa corroboración, con el texto del contrato
y lo decidido en los actos administrativos que fueron anulados, de que la suma que
debe cancelarle TELECOM a TELECOM PEREIRA asciende a la suma de
1.335´549.156.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

37. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de diciembre de 201425,
corrió traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presentaran sus
alegatos de conclusión; y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

Partes demandantes

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P.

38. TELECOM PEREIRA (hoy Une EPM Telecomunicaciones S.A.), mediante
escrito de 17 de febrero de 201526, presentaron los alegatos de conclusión27; reiteró
su solicitud de revocatoria del ordinal 2.° de la sentencia proferida el 26 de abril de
2012, así como los argumentos del recurso de apelación; en complemento, realizó
las siguientes solicitudes:

“[…] a) A título de Restablecimiento del Derecho, condene en abstracto a TELECOM
a pagarle a la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A., la suma de dinero
que se establezca en el incidente de liquidación, o en su defecto el valor de
$1.335'549.156, según todo lo expuesto en el presente memorial;

b) En defecto de lo pedido en el literal anterior, se declare la responsabilidad de la
Nación representada en la Comisión de Regulación de Comunicaciones y en
consecuencia se le condene al restablecimiento del derecho, a manera de
indemnización de perjuicios en favor de ETP, en la misma cuantía y en las mismas
condiciones originalmente reclamadas a TELECOM.

c) Se nieguen las súplicas de la demanda instaurada por TELECOM […]”.

25
Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 008 Cuaderno Principal.pdf; página 17-28 del archivo digitalizado.
26
Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 008 Cuaderno Principal.pdf; páginas 17-28 del archivo digitalizado.
27
Mediante apoderado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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21

Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

Empresa Nacional de Telecomunicaciones

39. TELECOM no intervino en esta oportunidad procesal.

Parte demandada

Comisión de Regulación de Comunicaciones

40. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, antes Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, mediante escrito presentado el 17 de febrero
de 201528 alegó de conclusión; reiteró los argumentos presentados en el recurso de
apelación y la solicitud de que se revoque el ordinal 1.° de la sentencia proferida el
26 de abril de 2012.

Concepto del Ministerio Público

41. El Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad procesal.

Interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el trámite de la segunda instancia

42. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de septiembre de 201529,
envió a Interpretación Prejudicial ante el Tribunal Andino de la Comunidad Andina
el presente asunto, y suspendió el proceso en espera de la Interpretación Prejudicial
solicitada.

43. El Tribunal de Justicia de la Comunidad profirió la interpretación prejudicial
núm. 189-IP-2016 de 14 de noviembre de 201830, en adelante la Interpretación
Prejudicial, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicando lo
siguiente:

“[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de la Decisión 462 de la
Comisión de la Comunidad Andina - Normas que Regulan el Proceso de, Integración

28
. Mediante apoderado. Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 008 Cuaderno Principal.pdf; páginas 29-47 del archivo
digitalizado.
.
29
Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 008 Cuaderno Principal.pdf; páginas 29-47 del archivo digitalizado.
30
Cfr. Folios 588-596 del cuaderno 3 expediente de segunda instancia 25000232400020050100502.

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
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y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad
Andina; Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina; Decisión 285
de 1991; Decisión 608 de 2005 de la Comisión de la Comunidad Andina y Decisión
638 de 2006 de la Comunidad Andina; Artículos 2, 7 y 8 de la Resolución 432 de
2000 de la Secretaria General de la Comunidad Andina, sobre normas comunes de
interconexión; 4, 33, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina; 121, 122, 123, 124, 125, 127 y 128 del Estatuto contenido en la
Decisión 500 de 2001.

Procede únicamente la Interpretación Prejudicial del Artículo 32 de la Decisión 462
de la Comisión de la Comunidad Andina, y

Artículo 17 literal f) de la Resolución 432 de la Secretaria General de la Comunidad
Andina, por resultar pertinentes para dilucidar la controversia materia del proceso
interno.

No procede la interpretación de las Decisiones 439, 285, 608 y 638, por cuanto no
son materia de controversia en el presente caso, los asuntos referidos a la
liberalización del comercio de servicios en la Comunidad Andina; las distorsiones en
la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia; la
protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina; ni los
lineamientos para la Protección al Usuario de Telecomunicaciones de la Comunidad
Andina.

Tampoco procede la interpretación de los Artículos 4, 33, 35 y 36 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ni los Artículos 121, 122,
123, 124, 125, 127 y 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
contenido en la Decisión 500 de 2001, ni el artículo 30 de la Decisión 462 de la
Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto dichas normas comunitarias no están
relacionadas con el objeto de la controversia planteada en el presente caso.

[…]

1. La autoridad nacional competente para resolver conflictos de interconexión. La
protección de la libre competencia y los servicios de telecomunicaciones

1.1. En el proceso interno se discute lo relacionado a la competencia para resolver
conflictos de interconexión; consecuentemente, se estima pertinente determinar cuál
es la autoridad competente para resolver conflictos derivados de los acuerdos de
interconexión en el caso de desacuerdo entre las partes.

1.2. En primer lugar, debe tenerse presente que de conformidad con lo establecido
en el Artículo 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, si un
proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de actuaciones que
violan las normas o los principios de Interconexión o de la libre competencia, recurrirá
ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales
resolverán de acuerdo con su normativa nacional.

1.3. Queda claro, a partir de dicho artículo, que las actuaciones que impliquen
violaciones de las normas o los principios de interconexión, así como las violaciones
a la libre competencia, son de competencia de las autoridades nacionales

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respectivas. Y esto es así porque corresponde a las autoridades administrativas
competentes salvaguardar, mediante el ejercicio de sus potestades públicas, las
normas y principio de orden público y la protección de los intereses generales.

1.4 El literal f) del Artículo 17 de la Resolución 432 establece que tanto los Acuerdos
de Interconexión Negociados con las Ofertas Básicas de Interconexión deben
contener una cláusula relativa a los mecanismos para la resolución de controversias
relacionadas con la interconexión.

1.5 De esta manera, el Tribunal modula la jurisprudencia anterior manifestación
que, si en la relación contractual surgen controversias relacionadas con
derechos disponibles o de libre disponibilidad, como aquellos que pueden ser
objeto de renuncia, cesión, modificación o extinción, debidamente permitidos
por la ley y conforme la voluntad de las partes podrán resolverlas mediante los
mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato y aprobados
por la autoridad competente, de conformidad con literal f) del Artículo 17 de la
Resolución 432, entre ellos el arbitraje.

1.6 En cambio, las controversias relacionadas con derechos no disponibles,
como las materias de orden público, derecho de imperio del Estado y las
potestades regulatorias de la Autoridad de Telecomunicaciones, no pueden ser
materia de arbitraje, por lo que, ellas tendrán que ser resueltas por la autoridad
administrativa nacional competente.

1.7 En conclusión, la normativa comunitaria confiere a la autoridad competente una
línea coherente de regulación en el sector de las telecomunicaciones, lo que implica
armonía en todos los aspectos, inclusive en la solución de conflictos. […]” (subrayas
del original) (negrilla fuera de texto).

II. CONSIDERACIONES

44. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) competencia; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial; iv) el análisis el análisis del caso concreto; y v) las conclusiones.

Competencia

45. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo31, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos

31
Cfr. “[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. […]”.

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del artículo 30832 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201133, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

46. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad sin que se
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, la Sala procede
a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

47. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las partes demandantes y demandada en los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia proferida el 26 de abril de 2012 por la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; de
conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012,
norma aplicable al presente caso en virtud de lo previsto en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.

El problema jurídico

48. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar, por un lado, si le asiste la razón a la parte demandada y
a la parte demandante, TELECOM, en cuanto a que la Comisión de Regulación
Comunicaciones es la autoridad competente para expedir los actos administrativos
demandados, por lo que, el fallo apelado deberá ser revocado al sustentarse
únicamente en la falta de competencia de la demandada para declarar la nulidad de
los mismos, y si en consecuencia, se deberá pronunciar, o no, sobre la causal de
nulidad invocada por la parte demandante, TELECOM, respecto de los actos
demandados, con el fin de decidir si son retirados o no del ordenamiento jurídico.

32
Cfr. “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
33
Cfr. “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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49. Por el otro, determinar, como consecuencia de lo anterior, si procede a
inhibirse respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
TELECOM PEREIRA, en materia del restablecimiento del derecho.

50. En consecuencia, resuelto lo anterior la Sala determinará si hay lugar a
confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida en primera instancia.

Marco normativo aplicable y desarrollo jurisprudencial

51. El examen de legalidad de los actos demandados se efectuará con
fundamento en las siguientes normas: i) la Decisión 462 de 25 de mayo de 1999,
expedida por la Comisión de la Comunidad Andina34,en especial el artículo 32; ii) la
Resolución 432 de 2 de octubre de 2000 expedida por la Secretaria General de la
Comunidad Andina35, en especial el literal f) del artículo 17; iii) los artículos 113,
116, 189 (numeral 22), 228, 229 y 334 de la Constitución Política, respecto de la
separación de poderes públicos y la dirección de la economía a cargo del Estado;
iv) los artículos 29, 58 y 209 de la Constitución Política, en materia de debido
proceso y los principios de la función administrativa; v) los artículos 3, 35, 50, 51,
52, 60, 62 (numeral 2), 69 y 136 (numeral 29) de Código Contencioso
Administrativo36; vi) los artículos 174 y 187 del Código de Procedimiento Civil37; vii)
los artículos 39.4, 68, 69, 73.8 y 74.3 (letra b), 106 a 109, y 111 de la Ley 142 de 11
de julio de 199438; viii) el artículo 15 de la Ley 550 de 2 de febrero de 200039; ix) el
artículo 37 (numeral 14) del Decreto 1130 de 29 de junio de 199940; x) el artículo
4.4.1, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6 a 4.4.10 de la Resolución CRT núm. 087 de 5 de septiembre
de 199741; xi) el artículo 4.2.2.19 y 5 de la Resolución CRT núm. 463 de 27 de
diciembre de 200142; xii) el artículo 3 de la Resolución CRT núm. 469 de 4 de enero
de 200243; xiii) el artículo 4.2.219 de la Resolución CRT núm. 489 de 12 de abril de

34
“[…] Normas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en
la Comunidad Andina […]”.
35
“[…] Normas Comunes sobre Interconexión […]”.
36
Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
37
Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970, “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil […]”.
38
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
39
“[…] Por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras disposiciones
[…]”.
40
“[…] Por el cual se reestructuran el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector administrativo de
comunicaciones y se trasladan funciones a otras entidades públicas […]”.
41
“[…] Por medio de la cual se regula en forma integral los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada
(TPBC) en Colombia […]”.
42
“[…] Por la cual se modifica el Título IV y el Título V de la Resolución 087 de 1997 y se dictan otras disposiciones Res.
Carácter General […]”.
43
“[…] Por la cual se modifica la Resolución CRT 087 de 1997 y se expide un Régimen Unificado de Interconexión -RUDI-
Res. Carácter General […]”.

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200244; y xiv) el artículo 1.1.2.4, 4.2.2.19 y 14.1.1 de la Resolución CRT núm. 575
de 9 de diciembre de 200245; entre otras normas concordantes.

52. El control de legalidad de los actos administrativos demandados se efectuará
de manera descendente; esto es, verificando el marco normativo comunitario andino
y constitucional para luego, acudir al marco legal y reglamentario.

La competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para
expedir los actos administrativos demandados, de conformidad con la
normativa comunitaria andina y nacional

53. La Sala analizará el argumento expuesto por la parte demandada y la parte
demandante, TELECOM, en sus recursos apelación sobre la competencia de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones para expedir los actos administrativos
demandados, para lo cual precisará, en primer lugar, el marco normativo
comunitario andino, de conformidad con lo indicado en la Interpretación Prejudicial,
y, en segundo, el marco normativo y jurisprudencia nacional y su aplicación, en
armonía con el marco comunitario, para indicar, en el caso concreto, que dicha
Comisión es la autoridad nacional competente para expedir tales actos y resolver,
a través de los mismos, la controversias suscitadas entre operadores con ocasión
de los aspectos que no son de libre disposición por estos, en los contratos de
interconexión suscritos entre ellos.

Normativa comunitaria que regula la interconexión en materia de servicios de
telecomunicaciones

54. Visto el artículo 2 de la Decisión 462, sobre definiciones, para los efectos de
la mencionada Decisión, la interconexión es “[…] Todo enlace con los proveedores
que suministran redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con
objeto que los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de
otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor
respecto de los que se contraigan compromisos específicos. […]”; esta norma regula

44
“[…] Por medio de la cual se expide el régimen general de protección a los suscriptores y usuarios de los servicios de
telecomunicaciones y se compilan los títulos I, IV, V y VII de la Resolución 087 de 1997 de la CRT […]”.
45
“[…] Por la cual se modifica la numeración de la Resolución CRT 087 de 1997 y se actualizan sus modificaciones en un
solo cuerpo resolutivo […]”.

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la figura de la interconexión y sus principios, con el fin de garantizar el acceso y
utilización de redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones.

55. Vista la Resolución 432 de 2 de octubre de 2000 expedida por la Secretaria
General de la Comunidad Andina46, en adelante la Resolución 432, aprobó las “[…]
Normas Comunes sobre Interconexión […]”, considerando lo siguiente:

“[…] Que las Administraciones juegan un papel importante en garantizar una
interconexión adecuada de las redes con vistas a facilitar un desarrollo
auténtico de las telecomunicaciones en la Subregión Andina;
Que la interconexión debe garantizar unas comunicaciones satisfactorias para
los usuarios, el fomento y desarrollo justo y adecuado de un mercado
competitivo de telecomunicaciones armonizadas, el establecimiento y
desarrollo de redes, así como la interoperabilidad de los servicios y el acceso
a dichas redes;
Que de acuerdo al artículo 30 de la Decisión 462 todos los proveedores de
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones deben interconectar
obligatoriamente sus redes en los términos y condiciones que el mismo
artículo establece;
Que, el artículo 33 y la Segunda Disposición Transitoria de la Decisión 462
determinan, respectivamente, que los Países Miembros de la Comunidad
Andina propendan a la armonización de los requisitos, procedimientos y
normas relativos a la interconexión, así como que el Comité Andino de
Autoridades de Telecomunicaciones proponga las Normas Comunes de
Interconexión, las cuales serán aprobadas mediante Resolución de la
Secretaría General de la Comunidad Andina […]”.

56. De esta forma, la Decisión 462 está referida, de manera general, a los modos
de prestación de servicios y la Resolución 432 regula de manera específica las
condiciones para lograr una correcta liberalización del servicio de
telecomunicaciones, en aras de consolidar un mercado común andino de
telecomunicaciones, con el ánimo de: (i) eliminar restricciones y obstáculos al libre
comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones, conforme al cronograma
previsto en la norma; (ii) propiciar la armonización de las normas necesarias para la
conformación del mercado común andino de telecomunicaciones; (iii) proponer
definiciones comunes de los servicios de telecomunicaciones en los países
miembros de la CAN; y (iv) propiciar la inversión en los servicios de
telecomunicaciones en los países miembros, de modo que, como lo que se persigue
es la liberalización del sector de las telecomunicaciones dentro del marco del
mercado común andino, las anotadas condiciones deben ser aplicadas en relación

46
En la Interpretación Prejudicial se precisa: “[…] Este último fue sustituido mediante la Resolución 1922 de 18 de abril de
2017, la misma no afecta el análisis de la presente Interpretación Prejudicial. […]”.

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con todas las medidas que afecten al servicio de telecomunicaciones, “[…]
independientemente de si los operadores son de un mismo país o no, ya que lo que
se busca es generar con esta norma una integración andina en telecomunicaciones
y, por lo tanto, se debe aplicar a cualquier asunto en relación con el sector antes
mencionado […]”.

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

57. Precisado lo anterior, esta Sala recuerda que en el Derecho Comunitario
Andino las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de
primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.

58. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos
unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente47 sobre las normas internas de
los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento
para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.

59. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la
Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio 48 del derecho
comunitario andino.

60. Por último, en relación con el principio de la aplicación y de efecto directos49
las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una
fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo
dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto
expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado
Miembro.

47
El concepto de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, aparece formalmente
enunciado la declaración de los integrantes de la Comisión plenipotenciarios de los Países Miembros, aprobada en los
siguientes términos durante el XXIX período de sesiones ordinarias, de 28 de mayo de 1980: "[…] El ordenamiento jurídico
del Acuerdo de Cartagena prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan
oponerse a él medidas o actos unilaterales de los países miembros […]". Este principio se incluyó inicialmente en el artículo
5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer
que los Estados Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento
de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar
ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”.
48
Ver Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
49
Positivizados inicialmente, en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el artículo
del mismo número de su protocolo modificatorio.

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61. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las
decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como
destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas
jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir íntegramente la
normativa comunitaria, toda vez que, en esas circunstancias puede dar lugar a que
se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o de los
sujetos del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible
solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la
organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina50

62. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.51

63. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales52 de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos53 de cada
uno de los Estados Miembros.

64. La Sección Primera considera que “[…] en todos los procesos en los que la
sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá

50
El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo
suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980
y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte
Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue
promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos
jurídicos respecto de nuestro Estado.
51
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación
prejudicial.
52
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial,
al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países
miembros […]”.
53
“[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas
que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal
acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad
de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. (Cfr. Artículo
33 de la Sección III del Capítulo III del Protocolo.)

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el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la
interpretación del Tribunal […]”54. En adición a lo anterior “[…] El Tribunal no podrá
interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia
del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea
indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”55. Finalmente, “[…] el
juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del
Tribunal […]”56.

65. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró, en la
Interpretación Prejudicial, que para el presente caso debían ser interpretadas las
siguientes normas comunitarias: el artículo 32 de la Decisión 462 y el literal f) del
artículo 17 y el artículo 32 de la Resolución 432, “[…] por estar en controversia la
competencia de la Autoridad Nacional para resolver conflictos sobre interconexión
de redes de telefonía pública […]”.

66. El texto de las normas supra es el siguiente:

• Decisión 462:

“[…] Artículo 32.- Condiciones entre proveedores

Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de
actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o
de la libre competencia, recurrirá ante las Autoridades Nacionales
respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo
con su normativa nacional. […]” (Destacado de la Sala).

• Resolución 432:

“[…] Artículo 17.- Los acuerdos de interconexión suscritos entre los
operadores de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas de
interconexión deberán contener cláusulas relativas a los siguientes aspectos:

[…]

f) Los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con
la interconexión. […]” (Destacado de la Sala).

“[…] Artículo 32.- Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento
jurídico andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de la
interconexión se tratará de resolver entre las partes. En el caso que éstas no

54
Artículo 33 inciso 2º. Ibidem
55
Artículo 34 Ibidem.
56
Artículo 35 Ibidem.

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Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

logren un entendimiento que ponga fin a la controversia, la misma deberá
ser sometida a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones
competente del país donde se realiza la interconexión, por cualquiera de
las partes. La Autoridad de Telecomunicaciones competente deberá decidir
dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados
a partir de la recepción de la consulta. […]” (Destacado de la Sala).

67. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina57 concluyó:

“[…] 2.4 El literal f) del Artículo 17 de la Resolución 43258 establece que tanto los
Acuerdos de Interconexión Negociados con las Ofertas Básicas de Interconexión
deben contener una cláusula relativa a los mecanismos para la resolución de
controversias relacionadas con la interconexión.

2.5 De esta manera, el Tribunal modula la jurisprudencia anterior manifestación
que, si en la relación contractual surgen controversias relacionadas con
derechos disponibles o de libre disponibilidad, como aquellos que pueden ser
objeto de renuncia, cesión, modificación o extinción, debidamente permitidos
por la ley y conforme la voluntad de las partes podrán resolverlas mediante los
mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato y aprobados
por la autoridad competente, de conformidad con literal f) del Artículo 17 de la
Resolución 432, entre ellos el arbitraje.

2.6 En cambio, las controversias relacionadas con derechos no disponibles,
como las materias de orden público, derecho de imperio del Estado y las
potestades regulatorias de la Autoridad de Telecomunicaciones, no pueden ser
materia de arbitraje, por lo que, ellas tendrán que ser resueltas por la autoridad
administrativa nacional competente.

2.7 En conclusión, la normativa comunitaria confiere a la autoridad competente una
línea coherente de regulación en el sector de las telecomunicaciones, lo que implica
armonía en todos los aspectos, inclusive en la solución de conflictos. […]”
(Subrayados del original) (Destacados de la Sala).

68. Sin perjuicio de lo anterior, la Sección Primera precisa que la aplicación de lo
indicado en la Interpretación Prejudicial en el caso sub examine sirve para
establecer, exclusivamente, si la parte demandada era o no competente para
resolver el conflicto entre los operadores, en sede administrativa, mediante los
actos administrativos demandados59.

57
Ese mismo Tribunal se ha manifestado en idéntica forma en casos similares al presente, como por ejemplo, en la
interpretación prejudicial 293-IP-2016 la cual fue adopta por esta Sala en la sentencia del 24 de mayo de 2018 proferida por
la Sección Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm.
único de radicación: 25000-23-24-000-2004-00684-01, en donde la parte demandante es la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá S.A. E.S.P., anteriormente ETELL S.A. E.S.P. y la parte demandada es la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
58
59
La Sección Tercera de esta Corporación ha proferido múltiples y variados pronunciamientos respecto de recursos de
anulación de laudos presentados respecto de laudos arbitrales que decidieron conflictos entre operadores por concepto de
cobros de acceso en contratos de interconexión, celebrados en vigencia de la Resolución CRT 087 de 1991, y la aplicación

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Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

El marco normativo y jurisprudencial nacional y su aplicación, en armonía con
el marco comunitario, sobre la competencia de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones para expedir los actos administrativos demandados

69. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, en la sentencia apelada, declaró la nulidad de los actos demandados al
considerar que existió falta de competencia de la parte demandada para expedirlos,
por las razones que se indicaron en el acápite de antecedentes de esta providencia,
sin entrar analizar los demás cargos de nulidad propuestos por la parte demandante.

70. Por dicha razón, la parte demandada y la parte demandante, TELECOM,
respectivamente, centran sus recursos de apelación en desvirtuar la falta de
competencia considerada en la sentencia para declarar la nulidad de los actos
demandados, efecto para el cual desarrollaron los argumentos que fueron
destacados en el acápite de antecedentes de esta providencia y que, a su vez,
dieron lugar a la Interpretación Prejudicial.

71. La Sala observa que las comisiones de regulación, en nuestro ordenamiento
jurídico, son unidades administrativas especiales, sometidas al derecho público en
su actuación administrativa y, por ende, facultadas por el legislador a expedir actos
administrativos en ejercicio de sus funciones, tal y como lo han advertido la Corte
Constitucional60 y esta Corporación, en diversos pronunciamientos61.

72. Así las cosas, la Sección Primera considera y reitera que la función de
resolución de conflictos de las comisiones de regulación de servicios públicos es
administrativa y no judicial como lo afirmó la parte demandante, TELECOM
PEREIRA, en la demanda.

de la Resolución CRT 436 de 2001 a dicho cobro, esto es, en situaciones similares al caso presente pero en los eventos que
los operadores decidieron acudir a la cláusula compromisoria y no a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. V. gr.
Sentencia de 23 de septiembre de 2015, núm. único de radicación: 11001-03-26-000-2015-00018-00, Consejero Ponente:
Carlos Alberto Zambrano Barrera; Auto de 1 de marzo de 2008, núm. único de radicación: 11001-03-26-000-2007-00009-00,
Consejero Ponente; Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia 9 de agosto de 2012, núm. único de radicación:
110010326000201200013 00, Consejero Ponente; Mauricio Fajardo Gómez; sentencia 21 de mayo de 2008, núm. único de
radicación: 10001-03-26-000-2007-00008-00; Consejera Ponente: Myriam Guerrero de Escobar.
60
V. gr. Corte Constitucional, Sentencia C-1162 de 6 de septiembre de 2000, expediente núm. D-2863, Magistrado ponente:
Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
61
V. gr. Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 27 de marzo de 2008, núm. único de radicación: 11001-03-26-000-
2007-00010-01, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 24 de julio de
2003, núm. único de radicación: 25000-23-25-000-2003-0821-01(AC), Consejera Ponente: María Nohemí Hernández Pinzón.

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

73. En efecto, la Ley 142 prevé las funciones y facultades generales de las
comisiones de regulación, así:

“[…] ARTÍCULO 73. FUNCIONES Y FACULTADES GENERALES. Las comisiones
de regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los
servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los
demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios
públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean
económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y
produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las siguientes funciones y
facultades especiales:

[…]

73.8. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que
surjan entre empresas, por razón de los contratos o servidumbres que existan
entre ellas y que no corresponda decidir a otras autoridades administrativas.
La resolución que se adopte estará sujeta al control jurisdiccional de
legalidad.

[…]

ARTÍCULO 74. FUNCIONES ESPECIALES DE LAS COMISIONES DE
REGULACIÓN. Con sujeción a lo dispuesto en esta ley y las demás disposiciones
que la complementen, serán además, funciones y facultades especiales de cada
una de las comisiones de regulación las siguientes:

[…]

74.3. De la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones:

[…]

b. Resolver los conflictos que se presenten entre operadores en aquellos
casos en los que se requiera la intervención de las autoridades para
garantizar los principios de libre y leal competencia en el sector y de
eficiencia en el servicio. […]” (Destacados de la Sala)

74. La Corte Constitucional, en sentencia C-1120 de 200562, declaró exequibles
los artículos 73 (numerales 73.8 y 73.9) y el artículo 74 (numeral 74.3, literal b), de
la Ley 142 de 1994, considerando lo siguiente respecto del artículo 73.8 y 7.4 (literal
b):

“[…] Señala el actor que materialmente se trata de funciones judiciales, y no
administrativas, y que como tales deben ser ejercidas por los jueces, o por

62
Corte Constitucional, sentencia de 1° de noviembre de 2005, expediente D-5754, Magistrado ponente: Jaime Araujo
Rentería.

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Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
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autoridades administrativas en virtud de atribución expresa por parte del legislador
de conformidad con lo previsto en el Art. 116 de la Constitución.

[…]

9. Del examen de las funciones de resolución de conflictos entre las empresas de
servicios públicos domiciliarios, a cargo de las Comisiones de Regulación, de que
tratan las normas demandadas, resulta que:

[…]

ii) Por otra parte, las decisiones que deben adoptar las Comisiones de Regulación en
la solución de los mencionados conflictos tienen carácter de actos
administrativos que ponen fin a la actuación administrativa y están sometidas
al control de legalidad por parte de la jurisdicción, como expresamente lo
señalan los numerales acusados 73.8 y 73.9 del Art. 73 de la Ley 142 de 1994, y
aunque en el Art. 74, Num. 74.3, Lit. b), de la misma ley no se hace el mismo
señalamiento, debe entenderse así conforme a las reglas generales contenidas
en el Código Contencioso Administrativo.

De lo anterior se concluye que las funciones de resolución de conflictos de que
tratan las normas acusadas son de naturaleza administrativa, no sólo desde el
punto de vista formal u orgánico sino también material, y por ende no son de
naturaleza judicial. Esta actividad de la Administración Pública o de órganos
administrativos corresponde a la denominada función arbitral de los mismos, en cuyo
ejercicio actúan como árbitros de los conflictos entre particulares o entre éstos y otro
órgano administrativo.

Por consiguiente, los apartes normativos impugnados no establecen un trato
diferente entre las empresas de servicios públicos domiciliarios y las demás
personas, respecto de la administración de justicia, por no ser los conflictos entre las
primeras objeto de una decisión judicial, sino de una decisión administrativa
reguladora de la prestación de dichos servicios. Ello significa que el trato otorgado
por el legislador a dichas empresas en relación con la resolución de los mencionados
conflictos es distinto porque su situación es distinta de la de las personas que no
prestan esos servicios, por lo cual no es procedente efectuar el examen de igualdad
conforme a la jurisprudencia constitucional.

En este orden de ideas, tales disposiciones no vulneran tampoco el principio del juez
natural, que forma parte integrante del principio del debido proceso judicial, ni el
derecho de acceso a la administración de justicia. […]” (Destacados de la Sala)

75. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-186 de 2011, consideró que
es válido que el legislador restrinja la libertad que tienen los proveedores de redes
y servicios de telecomunicaciones de acudir al arbitraje, en ciertos casos, para
entregarle la función de resolver ciertos conflictos a un organismo administrativo,
pues tal posibilidad constituye una de las formas de intervención del Estado, en los
términos del artículo 334 de la Constitución Política, así:

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35

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
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“[…] Precisamente, con ocasión del examen de constitucionalidad de los artículos
73.8 , 73.9 y 74 de la Ley 142 de 1994, el último de los cuales atribuía de manera
específica a la extinta Comisión de Regulación de Telecomunicaciones la facultad de
‘resolver los conflictos que se presenten entre operadores en aquellos casos en los
que se requiera la intervención de las autoridades para garantizar los principios de
libre y leal competencia en el sector y de eficiencia en el servicio’, esta Corporación
concluyó que se trataba de una función de regulación en la prestación de un
servicio público a su vez que correspondía a una función de intervención
estatal en la economía autorizada por el artículo 334 constitucional.

[…]

Igualmente en la misma providencia precisó que las decisiones proferidas en ejercicio
de esta facultad tienen el carácter de actos administrativos que ponen fin a una
actuación administrativa y, por lo tanto, están sometidas al control de legalidad por
parte de la jurisdicción, de conformidad con las reglas generales contenidas en el
Código Contencioso Administrativo.

[…]

Ahora bien, como antes se precisó (sic) la ley también puede establecer límites
a la autonomía de la voluntad privada para acceder a mecanismos de solución
de conflictos tales como el arbitramento, y en este caso concreto lo que habría
que indagar es si la limitación establecida en el precepto acusado se ajusta a
la Constitución.

“Cabe recordar que en la sentencia C-1120 de 2005 se indicó que la facultad de
resolver conflictos debe entenderse como una función de regulación y de
intervención en la economía, que supone la expedición de actos
administrativos pues no tiene naturaleza jurisdiccional. […]” (Destacados de la
Sala).

76. En criterio de la Corte Constitucional, la facultad de las comisiones de
regulación, como lo es la parte demandada, para dirimir los conflictos sobre asuntos
de interconexión entre operadores, a solicitud de parte, es una función
administrativa, que conforme a los preceptos superiores, como expresión de las
funciones de intervención del Estado en las actividades económicas, según lo
dispuesto en el artículo 334 de la Constitución63, aplicable a este caso, y, por lo
mismo, no son de naturaleza judicial.

63
“[…] Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley,
en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad
fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En
cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva,
que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios
básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. […]”.

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77. El legislador ha deslindado claramente las funciones contenidas en los
numerales 73.8 y 73.9 del artículo 73 de la Ley 142, que señalan que dicha
atribución de resolver los conflictos que surjan entre las empresas, debe ser de
aquellos “[…] que no corresponda decidir a otras autoridades administrativas […]”,
o lo que es igual, ratifica que no se trata de una función judicial sino de una atribución
meramente administrativa.

78. Por su parte, los artículos 14 y 15 de la Ley 555 disponen que:

“[…] Artículo 14. Régimen de interconexión, acceso y uso. Todos los
operadores de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de sus
redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro
operador de telecomunicaciones que lo solicite, de acuerdo con los términos
y condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, para asegurar los siguientes objetivos:

a) Trato no discriminatorio;
b) Transparencia;
c) Precios basados en costos más una utilidad razonable;
d) Promoción de la libre y leal competencia.
Parágrafo. Las contravenciones a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas
por el Ministro de Comunicaciones, sin perjuicio de las competencias legales
asignadas a otras autoridades.
[…]

Artículo 15. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. La CRT será el
organismo competente para promover y regular la competencia entre los
operadores de los Servicios de Comunicación Personal, PCS, entre sí y con
otros operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, fijar el régimen
tarifario, regular el régimen de interconexión, ordenar servidumbres en los casos
que sea necesario, expedir el régimen de protección al usuario y dirimir en vía
administrativa los conflictos que se presenten entre los operadores de PCS, o entre
estos y otros operadores de servicios de telecomunicaciones.

La CRT expedirá las normas que regulan la interconexión teniendo en cuenta los
principios de neutralidad y acceso igual-cargo igual. […]” (Destacados de la Sala).

79. Lo anterior es desarrollado por el artículo 37 (numerales 3 y 7) del Decreto
1130 de 29 de junio de 1999:

“[…] Artículo 37. Las siguientes funciones conferidas a la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones por la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2167 de 1992, o atribuidas
al Ministerio de Comunicaciones por normas anteriores al presente Decreto, serán
ejercidas por dicha Comisión:

[…]

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37

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3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias
relacionadas con el régimen de competencia; el régimen tarifario; el régimen de
interconexión; el régimen de protección al usuario; los parámetros de calidad de los
servicios; criterios de eficiencia e indicadores de control de resultados; y las
inherentes a la resolución de conflictos entre operadores y comercializadores de
redes y servicios.

[…]

7. Regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de
interconexión de redes y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos
y soportes lógicos necesarios para la efectividad de interconexiones y conexiones,
así como con la imposición de servidumbres de interconexión o de acceso y uso de
tales bienes, respecto de aquellos servicios que la Comisión determine. […]”.

80. De esta forma, el alcance de la facultad que se le reconoce a la parte
demandada para dirimir conflictos sobre asuntos de interconexión es una función
administrativa, habida cuenta de que a la parte demandada no le está dado
arrogarse funciones jurisdiccionales que expresamente no estén autorizadas por la
Constitución Política y la Ley, de conformidad con el inciso tercero artículo 116 de
la Constitución Política.

81. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación
prejudicial recogida por la Sección Tercera, en sentencia de 23 de septiembre de
201564, llegó a una consideración similar a la expuesta en la presente providencia,
así:

“[…] Como quiera que conforme a lo establecido en la citada Resolución 432, los
cargos de acceso son parte esencial e integral de la interconexión, se entiende
por tanto, que toda controversia derivada de éstos queda enmarcada en la
ejecución de dicha interconexión, razón por la cual, también le son aplicables
las normas comunitarias en materia de solución de controversias.

Conforme a lo ordenado por la Resolución 432 tantas veces mencionada, con apoyo
en la 255-IP-2013, la competencia para conocer de las controversias que surjan en
ejecución de una interconexión son de conocimiento exclusivo y excluyente de la
Autoridad (sic) Nacional (sic) Competente (sic), CRC, y por consiguiente, este
Tribunal decidirá no ser competente para conocer de la controversia aquí sometida a
su decisión.

“Vista la legislación nacional, encontramos que la facultad para resolver la
controversia en el caso concreto, en la actualidad recae en cabeza de la CRC en
desarrollo de lo previsto en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009,
norma que, por demás (sic) ha sido declarada exequible conforme la (sic) Sentencia

64
núm. único de radicación: 11001-03-26-000-2015-00018-00

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
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(sic) C-186-2011, facultad que antes de la expedición de dicha ley recaía en la
antigua CRT en desarrollo de lo previsto en el (sic) artículo (sic) 73 numeral 8 y
74 numeral 3 literal b de la Ley 142 de 1994 […]” (Destacados de la Sala)

82. Posición que fue reiterada, en interpretación prejudicial el 13 de mayo de
2014 dentro del proceso 181-IP-2013, acogida por la Sección Tercera de Consejo
de Estado, en providencia de 7 de diciembre de 201765, en los siguientes términos:

“[…] El TJCA rindió su interpretación prejudicial el 13 de mayo de 2014 dentro del
proceso 181-IP-2013, recibo por el Tribunal de Arbitramento el 11 de junio del mismo
año (fl. 273, c. pruebas 12), el cual ya fue citado dentro de esta providencia en el
numeral 1.7.2.2., razón por la cual la Sala se permitirá resumir lo más relevante de
esa decisión y remitir en los demás al citado numeral y a los folios en los que obra en
el presente proceso (fls. 274 a 304, c. pruebas 12), así:

El TJCA concluyó que el artículo 32 de la Decisión 462 de la CAN dispuso que en el
evento que un proveedor considere que existen actuaciones atentatorias a las
normas o principios de interconexión o libre competencia debía recurrir a la autoridad
nacional competencia para que resuelva de acuerdo a la norma nacional. En esos
términos, consideró que la voluntad del legislador comunitario era clara, en tanto la
resolución de conflictos en materia de interconexión está en cabeza de la autoridad
de telecomunicaciones competente, que en el caso colombiano es la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones (CRT), hoy denominada Comisión de Regulación
de Comunicaciones (CRC).

Igualmente, explicó que si bien el literal f) del artículo 17 de la Decisión 432 de la
CAN dispuso que en los contratos de interconexión deberían plasmarse cláusulas
sobre los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la
interconexión, lo cual sería contradictorio con el artículo 32 de la misma Decisión, el
TJCA interpretó que esa antinomia debía resolverse por el principio de especialidad
del último artículo en mención, así:

38. El Tribunal entiende que en cuestiones de ejecución de la interconexión, estamos
frente a una antinomia en el mismo cuerpo normativo. Esto se resuelve a la luz del
principio de especialidad, el artículo 32 de la Resolución 432 se encuentra en el
capítulo IV, denominado “Solución de Controversias”, mientras que el artículo 17
literal f) se encuentra en el capítulo l, denominado “Generales”. Como el artículo 32
es especial frente al 17 literal f), evidentemente el aplicable es el primero, esto quiere
decir que todo lo relacionado con conflictos que surjan en la “ejecución de la
interconexión”, es de competencia exclusiva de la Autoridad de Telecomunicaciones
respectiva (…). Las controversias anteriores a dicha ejecución pueden solucionarse
de conformidad con el mecanismo que las partes adopten.

En consecuencia, el TJCA concluyó que la CRT, hoy CRC, tiene la competencia
exclusiva y excluyente para solucionar los conflictos de interconexión, para lo
cual enfatizó que “esto quiere decir que todo lo relacionado con conflictos que
surjan en la “ejecución de la interconexión”, es de competencia exclusiva de la

65
Consejo de Estado, Sección Tercera, núm. único de radicación: 11001-03-26-000-2014-00172-00, Consejero ponente:
Ramiro Pazos Guerrero.

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39

Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

Autoridad de Telecomunicaciones” (fl. 291, c. pruebas 12). Igualmente, precisó
que sin perjuicio de ejercitar la acción pertinente de impugnación de actos
administrativos nacional, previa interpretación prejudicial andina, la acción
pertinente resultaba ser la de cumplimiento ante el TJCA, específicamente de
considerarse que la autoridad administrativa al decidir el conflicto había
desconocido el ordenamiento andino.

Con base en las anteriores interpretaciones concluyó que “el Tribunal de arbitramento
consultante no goza de competencia para resolver el asunto particular” (fl. 292, c.
pruebas 12).

[…]

De todo lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal de Arbitramento
desconoció la interpretación del TJCA del 13 de mayo de 2014, recibido por el
primero de los mencionados el 11 de junio del mismo año (fl. 273, c. pruebas 12),
toda vez que se consideró competente para resolver sobre los asuntos
contractuales derivados de la ejecución contractual, así fueran del tema de
interconexión, que no de los regulatorios, cuando el TJCA, tal como lo advirtió
la Vista Fiscal en el trámite del presente recurso extraordinario, no distinguió
esos aspectos sino que interpretó que las normas andinas contenidas en los
artículos 17, literal f), y 32 de la Decisión 462 de la CAN disponían que la
competencia integral de los temas de interconexión eran de la autoridad
regulatoria nacional. […]” (Destacados de la Sala)

83. En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico vigente al momento de
expedir los actos demandados, le confirió competencias a la parte demandada para
resolver, en ejercicio de funciones administrativas (no jurisdiccionales), los
conflictos entre operadores derivados de sus contratos de interconexión, siempre y
cuando no corresponda decidir a otras autoridades administrativas.

84. Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta la naturaleza de contrato de
interconexión66, que, como lo ha indicado la parte demandada y la parte

66
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia 19 de febrero de 2015, núm.
único de radicación 11001-03-24-000-2002-00194-01, C.P.: María Claudia Rojas Lasso, ha indicado lo siguiente:
“[…] De lo anterior resulta que si bien dichos contratos, por mandato legal, se rigen por regla general por el derecho privado,
por mandato expreso del legislador están exceptuados del régimen general de derecho privado en virtud de la intervención
del Estado en la economía, especialmente en el campo de los servicios públicos, por lo cual no se genera la inmutabilidad
propia de los contratos en el derecho privado.
Por consiguiente, el marco general del régimen de la interconexión forma parte de la ley del contrato, pues corresponde a
aspectos que son de la misma naturaleza de este contrato especial, por lo que los contratos que celebran los operadores de
los servicios de telecomunicaciones para regular las condiciones de interconexión, en virtud del ordenamiento jurídico, no solo
se gobiernan por el derecho privado sino que corresponden en su naturaleza al régimen jurídico de los servicios públicos
domiciliarios.
En consecuencia, las partes del contrato de interconexión, no solo están ligadas por lo que han pactado, sino por lo que se
deriva de la naturaleza de estos contratos especiales, en la medida en que la disponibilidad de las partes contratantes depende
no solamente de su voluntad sino de su naturaleza y del marco jurídico del acuerdo, que debe establecer la previa existencia
de limitaciones a la capacidad negocial de los contratantes y de eventuales posibilidades de alteración de las condiciones
pactadas en los mismos.
Corolario de lo expuesto es que si bien la relación contractual regula derechos y obligaciones particulares de los operadores,
que se rigen particularmente por el derecho privado, la interconexión se ha considerado dentro del marco jurídico que rige
este tipo de contratos como indispensable en garantía de los principios de interés general con efectos directos e inmediatos
en la prestación del servicio y en el costo de los usuarios. […]” (Destacados de la Sala).

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Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

demandante, TELECOM, no es un contrato de disposición de bienes propios, sino
que de por medio está la garantía del servicio público de comunicaciones, en
especial, la regulación especializada que expedido la misma parte demandada, en
ejercicio de sus funciones reglamentarias técnicas, en materia de cobros de cargos
de acceso para Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local , en adelante
TPBLC, que restringe la libertad negocial de los operadores para pactar libremente
el valor de dicho cobro y, por ende, la metodologías o fórmulas aplicables para
establecer el respectivo valor67.

85. En efecto, el artículo 1.2 de la Resolución CRT núm. 087 de 5 de septiembre
de 1997 definió el Contrato de Acceso, Uso e Interconexión, así:

“[…] ARTÍCULO 1.2 DEFINICIONES. Para los efectos de la interpretación de la
presente resolución, se adoptan las siguientes definiciones, las contenidas en las
demás normas legales reglamentarias y regulatorias, y las que señale la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT):

[…]

Contrato de Acceso, Uso e Interconexión: Es el negocio jurídico que establece los
derechos y obligaciones de los operadores solicitante e interconectante con respecto
al acceso, uso e interconexión de sus redes de telecomunicaciones y las condiciones
de carácter legal, técnico, comercial, operativo y económico que gobiernan el acceso,
uso e interconexión. Hacen parte del contrato de acceso, uso e interconexión sus
anexos, adiciones, modificaciones o aclaraciones”.

86. Al respecto y conforme con el marco normativo y jurisprudencial señalado
anteriormente, la Sección Primera ha considerado68, al decidir asuntos de similares
contornos fácticos y jurídicos al que ahora se estudia, que el alcance de la facultad
que se le reconoce a la parte demandada para dirimir conflictos sobre asuntos de
interconexión es una función administrativa cuya competencia esta asignada a la
Comisión de Regulación de Comunicaciones69.

67
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 16 de marzo de 2012, núm. 25000-23-24-000-00811-01, Consejera
Ponente: María Elizabeth García González.
68
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 16 de marzo de 2012, núm. 25000-23-24-000-00811-01, Consejera
Ponente: María Elizabeth García González; sentencia de 19 de febrero de 2015. MP. María Claudia Rojas Lasso; expediente
11001-03-24-000-2002-00194-01; sentencia de 6 se septiembre de 2018. MP. Hernando Sánchez Sánchez, expediente
25000-23-24-000-2003-01005-02; sentencia de 19 de julio de 2018. MP. Hernando Sánchez Sánchez, expediente 25000-23-
24-000-2005-01152-01; sentencia de 20 de noviembre de 2020. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente 25000-23-
24-000-2004-00310-01.
69
Para tal efecto consideró las normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la materia, especialmente, los
artículos 116 y 334 de la Constitución Política; los artículos 73 y 74 de la Ley 142; los artículos 14 y 15 de la Ley 555; el
artículo 37 del Decreto 1130; el artículo 1.2 de la Resolución CRT núm. 087 de 5 de septiembre de 1997; y la Resolución
CRT 463; así como la jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia del Consejo de Estado, y la Interpretación Prejudicial,
emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso.

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

87. De igual forma, que el contrato de interconexión si bien es de naturaleza
privada, no es un contrato de disposición de bienes propios, toda vez que de por
medio está la garantía del servicio público de comunicaciones, en especial, la
regulación especializada que ha previsto la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, en ejercicio de sus funciones reglamentarias técnicas, en materia
de cobros de cargos de acceso para Servicio de Telefonía Pública Básica
Conmutada Local (TPBLC), los cuales no están sometidos al arbitrio de las partes,
pues su fuente es, como en este caso, la Resolución CRT núm. 087.

Análisis del caso en concreto

88. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

89. El contrato de interconexión C-0026-99 y sus anexos, allegado como prueba
documental al presente proceso70, evidencia que es un contrato privado suscrito
entre TELECOM Y TELECON PEREIRA, en adelante los suscriptores; asimismo,
que en dicho contrato, los suscriptores hicieron distinción, entre las cláusulas
contractuales que podían modificarse de acuerdo entre ellas y aquellas cláusulas
legales que no podían modificar por su voluntad porque dependen de lo dispuesto
por la autoridad competente71, como es el caso de los cargos de acceso que los
operadores cobran, los cuales no están sometidos a su arbitrio.

90. En efecto, así lo dispuso el contrato, cuya modificación por parte de la parte
demandada, mediante los actos administrativos acusados, es el motivo de conflicto
en el presente caso, porque la parte demandante considera que se alteraron las
condiciones del contrato en lo referido a los cargos de acceso y el dimensionamiento
de la interconexión, lo que le ocasionó un perjuicio; y que no se cumplió el
procedimiento contractual establecido para la solución de controversias.

91. En ese orden de ideas, los suscriptores eran conscientes de que el contrato
de interconexión fue celebrado en desarrollo de la Ley 142 y de la Resolución CRT

70
Cfr. Samai. Índice 00036. 010 Cuaderno Tribunal original.pdf., páginas 40-71 del archivo digitalizado.
71
Parágrafos primero y tercero de la Cláusula Décimo Primera del Contrato C-0026-99. Cfr. Índice 00036. 010 Cuaderno
Tribunal original.pdf., páginas 40-71 del archivo digitalizado.

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

núm. 087 de 5 de septiembre de 1997, que regulan la interconexión entre las redes
de comunicación y que el cargo de acceso había sido fijado por esta última
disposición72.

92. El conflicto73 entre los suscriptores se presentó con motivo de la expedición
de la Resolución CRT núm. 463 de 27 de diciembre de 2001, que a su vez motivó
los actos administrativos acusados, que en materia de cargos de acceso dispuso
que los operadores telefónicos tenían el deber de ofrecer a los operadores que les
demandaran interconexión, por lo menos dos opciones de cargos de acceso: por el
sistema de uso o de minutos cursados o por cargos de acceso máximo por
capacidad.

93. Con la expedición de la Resolución CRT núm. 463 de 27 de diciembre de
2001, se modificaron los Títulos IV y V de la Resolución CRT núm. 087 de 1997, en
el sentido de adicionar a la sección II del capítulo II del Título IV de la Resolución
CRT núm. 08787 de 1997 (Obligaciones tipo B), los artículos 4.2.2.19 a 4.2.2.26.

94. Por lo anterior, TELECOM le informó a la parte demandante74 que, de
acuerdo con la Resolución CRT núm. 463, elegía la opción de cargos de acceso por
capacidad pasando de 90 E1s a 36 E1s (puntos de enlace), a lo cual se opuso esta
última.

95. Así las cosas, el conflicto sometido por parte de TELECOM a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones giró principalmente sobre la aplicación de las tarifas
de cargo por acceso y su correspondiente incidencia en el dimensionamiento de la
interconexión conforme a lo previsto en la Resolución CRT. núm. 463, aspectos

72
La Resolución CRT 087 de 5 de septiembre de 1997, en su artículo 1.3.5 definió los cargos de acceso y uso de las redes
como: “[…] el peaje pagado a los operadores de TPBCL, TPBCLE y TMR, por parte de otros operadores de los servicios de
TPBC y TMC, por concepto de la utilización de sus redes, en sentido entrante o saliente, por minuto o proporcionalmente por
fracción de llamada completada […]”. Igualmente, dicha Resolución disponía: “[…] ARTICULO 4.4.12.MODIFICACION
FORZADA DE LOS CONTRATOS.
La CRT puede obligar a las partes firmantes de un contrato de interconexión a la modificación del mismo, cuando contenga
acuerdos o prácticas contrarios a la libre competencia, implique discriminación o cuando la modificación sea precisa para
garantizar el interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de los servicios.
ARTICULO 4.4.13. INTERVENCIÓN DE LA CRT EN LA EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN. Durante
el período de ejecución de los contratos de acceso, uso e interconexión o la vigencia del acto administrativo que impuso la
servidumbre, previa petición de parte interesada, la CRT puede revisar o modificar las condiciones existentes e imponer
nuevas obligaciones a las partes, previo cumplimiento del trámite previsto para la negociación directa.
ARTICULO 4.4.15 COMITÉ MIXTO DE INTERCONEXIÓN –CMI. En los contratos de interconexión o en los actos
administrativos de imposición de servidumbre de acceso, uso e interconexión, se establecerá la conformación de un comité
Mixto de interconexión que tendrá la función de vigilar el desarrollo de la interconexión y de servir de mecanismo de arreglo
directo de conflictos. El Comité Mixto de interconexión estará compuesto paritariamente por representantes de ambos
operadores. // Sólo cuando dicho Comité no llegue a acuerdos directos, los cuales deben discutirse dentro de un plazo de
treinta (30) días calendario, los representantes legales de los operadores pueden solicitar la intervención de la CRT. En cada
reunión del Comité Mixto de que trata el presente artículo, se levantarán actas sobre los temas tratados […]”.
73
Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 007 Anexo.pdf. de “antecedentes administrativos”.
74
Cfr. Samai. Índice 00036. Expediente Digital. 007 Anexo.pdf. de “antecedentes administrativos”.

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(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

respecto de los cual las partes contratantes no tienen la libre disposición y, de
manera subsiguiente, los efectos económicos que la aplicación de esa regulación
genera respecto de los operadores durante la ejecución del contrato de
interconexión.

96. Por esta razón, la Sección Primera considera que no tiene asidero jurídico el
fundamento expuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
sentencia impugnada para declarar la nulidad de los actos demandados por falta de
competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, toda vez que
prohíja y reitera lo indicado por ella en sentencia de 24 de mayo de 2018 75 y por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tanto en este caso como en los que
han sido de conocimiento de la Sección Tercera y de la Sección Primera, en cuanto
la parte demandada es la competente para dirimir, en sede administrativa, este tipo
de controversias y, por ende, es la competente para expedir los actos demandados.

97. En consecuencia, la Sala procederá a revocar la sentencia la sentencia de
26 de abril de 2012 proferida por el Tribunal.

Garantía de la doble instancia respecto de los demás cargos de la demanda y
que fueron objeto del debate procesal en el trámite en primera instancia

98. La Sección Primera considera que se deberá devolver el expediente al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, con el
fin de que se pronuncie sobre los demás cargos de la demanda y que fueron objeto
del debate procesal durante el trámite en primera instancia, en atención a que la
sentencia se centró exclusivamente en uno de ellos, sin analizar los restantes, para
con ello garantizar el derecho fundamental de las partes al debido proceso y a la
segunda instancia respecto de tales cargos.

99. Para ello, la Sala se hace extensivo, en lo pertinente, al caso sub examine lo
considerado por esta Sección en sentencia de 26 de abril de 201376:

75
Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2018, C.P.:
Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2004-00684-01, en donde la parte demandante fue
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.P.S., anteriormente ETELL S.A. E.S.P., y la parte demandada fue la
Comisión de Regulación.
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril de 2013. C.P.: María
Elizabeth García González. Expediente No. 2006-01004-01.

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“[…] Cabe advertir que esta Corporación, al estudiar en segunda instancia los
recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera por los
Tribunales Contencioso Administrativos, en las cuales no se ha resuelto el fondo del
asunto -ello ha sido considerado injustificado-, en su lugar, ha procedido a proferir la
providencia de mérito que corresponda, en aplicación del último inciso del artículo 357
del C. de P.C., el cual prevé:

“Cuando se hubiere apelado una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste
deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.

Sin embargo, la Sala observa que esta norma resulta incompatible con el texto
de los artículos 29 y 31 de la Carta Política, que consagran el principio de la
doble instancia.

Sobre este principio, la Corte Constitucional en sentencia C-095 de 2003 (Expediente
D-4172, Magistrado ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil), precisó:

“… 6.3. De la doble instancia, del debido proceso y del acceso a la
administración de justicia.

4. El principio de la doble instancia está previsto en el artículo 31 de la Constitución
Política, a cuyo tenor: "Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley", en armonía con el artículo 29 del mismo
ordenamiento, que consagra que toda persona tiene derecho a "... impugnar la
sentencia condenatoria...".

Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los artículos 29 y 31 de la Carta
Fundamental, sino que también aparece consagrado en las normas de derecho
internacional humanitario, concretamente, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, los cuales le otorgan el carácter de garantía judicial y de
mecanismo de protección, destinado a hacer efectivos los derechos consagrados en
el ordenamiento jurídico y a velar por la recta actuación de la administración, máxime
en aquellos casos en los cuales a partir del ejercicio de sus funciones puede imponer
sanciones (v.gr. en los procesos penales).

Así, en torno al desarrollo del procedimiento penal, el artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), dispone que: "Garantías
judiciales. (...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el
proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas: (...) h) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior". A su vez, el
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: "
(...)5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior,
conforme a lo prescrito por la ley (...).

Luego, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera
genérica y en relación con todo tipo de procedimientos, determina que: "Artículo 25.

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Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en
que se haya estimado procedente el recurso".

Es claro que a partir de la interpretación armónica y sistemática de la Constitución
Política y de los tratados internacionales de derechos humanos, el principio de la
doble instancia se erige en una garantía esencial para preservar el debido proceso y,
además, para mantener incólume la integridad de los derechos e intereses de los
asociados.

En esta medida, el principio de la doble instancia se convierte en una garantía
constitucional que informa el ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus
manifestaciones, no sólo cuando se trata de la aplicación del derecho penal por los
órganos judiciales sino también en el derecho administrativo sancionatorio y,
específicamente, en tratándose del desarrollo y práctica del derecho disciplinario1.

5. La doble instancia surgió ante la necesidad de preservar el principio de legalidad y
la integridad en la aplicación del derecho, ya que asegura la posibilidad de corregir
los errores en que pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de una decisión
judicial o administrativa, y permite enmendar la aplicación indebida que se haga por
parte de una autoridad de la Constitución o la ley. Con este propósito, el citado
principio - según lo expuesto -, se constituye en una garantía contra la arbitrariedad,
y en mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en que
pueda incurrir una autoridad pública.

6. Es, entonces, indudable que en el origen de la institución de la doble instancia
subyacen los derechos de impugnación y de contradicción. En efecto, la garantía del
derecho de impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión, exigen la
presencia de una estructura jerárquica que permita la participación de una autoridad
independiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa,
sea porque los interesados interpusieron el recurso de apelación o resulte forzosa la
consulta.

La Corte, en relación con el tema, ha determinado que: "[t]radicionalmente se ha
aceptado que el recurso de apelación forma parte de la garantía universal de
impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para
intervenir en la causa, con el fin de poder obtener la tutela de un interés jurídico propio,

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previo análisis del juez superior quien revisa y corrige los defectos, vicios o errores
jurídicos del procedimiento o de la sentencia en que hubiere podido incurrir el a-
quo..."2

7. Por otra parte, el citado principio permite hacer efectivo el derecho de acceso a la
administración de justicia, ya que éste por su esencia, implica la posibilidad del
afectado con una decisión errónea o arbitraria, de solicitarle al juez o autoridad
competente la protección y restablecimiento de los derechos consagrados en la
Constitución y la ley3. Así mismo, la doble instancia tiene una relación estrecha con
el derecho de defensa, ya que a través del establecimiento de un mecanismo idóneo
y efectivo para asegurar la recta administración de justicia, garantiza la protección de
los derechos e intereses de quienes acceden al aparato estatal4.

Por consiguiente, mediante la ponderación y aplicación armónica de estos derechos,
se logra comprometer a las autoridades públicas en el logro de los fines propios del
Estado Social de Derecho, entre los cuales, se destacan la efectividad de los
principios y derechos consagrados en la Constitución, la vigencia de un orden justo y
el respeto de la dignidad humana (artículo 2 C.P.)…”.

Como quiera que el asunto a que se contrae la sentencia dictada en el proceso de la
referencia, no está considerado dentro de los casos que deban ventilarse en única
instancia, resolver de fondo la controversia en la segunda instancia, implica
reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la demanda que no realizó y
equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida del
derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado
al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia.[…]” (negrilla y
subrayas fuera de texto).

100. De conformidad con lo anterior y para garantizar la doble instancia, el debido
proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia, se impone
la revocatoria de la sentencia recurrida y se dispone, además, que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se pronuncie de fondo respecto de las
pretensiones de la demanda en lo concerniente a los cargos que no estudió.

101. Para los fines anteriores, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la
demanda y la plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia
y eficacia procesal, la decisión de fondo deberá emitirse conjuntamente con la orden
de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del
expediente.

Decisión inhibitoria respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, TELECOM PEREIRA

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102. En el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, denegó
el restablecimiento del derecho, razón por la cual, la parte demandante, TELECOM
PEREIRA, interpuso el recurso apelación, únicamente, contra dicha decisión,
puesto que considera se ha debido acceder a esta como consecuencia directa de
la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados.

103. La Sección Primera considera que debe inhibirse de resolver el mencionado
recurso de apelación, por cuanto, no es posible pronunciase de fondo sobre la
inconformidad manifestada por la parte demandante, al estar pendiente que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca decida, en garantía de la doble instancia,
sobre los otros cargos de nulidad de los actos administrativos demandados como
se expuso en el acápite supra.

104. Por último, la sección Primera considera que, en todo caso, el caso sub
examine, se subsume en la hipótesis prevista en el inciso 2.° del artículo 287 del
CGP, que prevé “[…] El juez de segunda instancia deberá complementar la
sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado;
pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado,
le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria […]”; lo
anterior, toda vez que la demanda presentada por TELECOM fundó la pretensión
de nulidad de los actos administrativos, exclusivamente en la falsa motivación; lo
cual no fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia
de 26 de abril de 2012.

Conclusión

105. La Sala concluye que la parte demandada es competente para expedir las
Resoluciones CRT núms. 541 y 582, conforme a lo expuesto en esta providencia, y
procederá a revocar la sentencia la sentencia de 26 de abril de 2012 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

90. La Sección Primera procederá a devolver el expediente Tribunal Administrativo
de Cundinamarca para que, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la
demanda y la plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia
y eficacia procesal, la decisión de fondo respecto de los otros cargos de las

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Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

demandas que presentaron TELECOM PEREIRA y TELECOM, que no fueron
objeto de pronunciamiento de la sentencia que se revoca en la presente
providencia. Esta decisión de fondo deberá proferirse, conjuntamente con la orden
de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del
expediente.

91. Por último, la Sala se inhibe para decidir de fondo el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, TELECOM PEREIRA, sin perjuicio de que se
le garantice su derecho a la doble instancia respecto de la decisión que adopte el
Tribunal en cumplimiento a lo indicado en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el 26 de abril de 2012, en primera
instancia, con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: INHIBIRSE para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante, TELECOM PEREIRA, contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de 26
de abril de 2012, en primera instancia, de acuerdo con los argumentos expuestos
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para los fines
señalados en el ordinal anterior y para que, teniendo en cuenta la fecha de
radicación de la demanda y la plena observancia de los principios de economía,
celeridad, eficiencia y eficacia procesal, la decisión de fondo respecto de los otros
cargos de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. Esta decisión de fondo deberá proferirse, conjuntamente con la orden
de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del
expediente.

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Núm. único de radicación: 250002324000 2003 00411 01
(acumulado 250002324000 2003 00391 01)
Demandantes: TELECOM PEREIRA S.A. E.S.P. Y TELECOM

CUARTO: RECONOCER personería jurídica al abogado Juan Carlos Jiménez
Triana, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1015.407.639, y portador de
la Tarjeta Profesional de abogado núm. 213.500 expedida por el Consejo Superior
de la Judicatura, para que actúe como apoderado de la parte demandada en este
proceso.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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