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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2003-01005-03

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2003-01005-03

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2003-01005-03

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

21 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 250002324000 2003 01005 03
Demandante: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
Demandado: Ministerio de Comunicaciones1 (hoy Ministerio de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones) y Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones2 (hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones).
Tercero: ORBITEL S.A. E.S.P.

Asunto: Reiteración Jurisprudencial – El acto administrativo es nulo cuando se
fundamenta en una norma que se encuentra derogada al momento de proferirse
dicho acto administrativo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Comisión de Regulación
de Comunicaciones contra la sentencia proferida en primera instancia, el 25 de
octubre de 2018 por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda3

1. La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.4, en
adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Nación, representada
actualmente por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las

1
Cfr. Expediente físico. Carátula del Cuaderno núm. 1 del expediente de primera instancia 25000232400020050100501.
2
Cfr. Expediente físico. Carátula del Cuaderno núm. 7 de apelación de sentencia, expediente 25000232400020050100503.
3
Cfr. Expediente físico. Folios 1 a 54 Cuaderno núm. 1 del expediente de primera instancia 25000232400020050100501.
4
Mediante apoderado.
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2

Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en adelante la
parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19845, en
adelante, Código Contencioso Administrativo.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRETENSIONES PRINCIPALES:

Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución 756 del primero (1°) de julio de
dos mil tres (2003), proferida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES (CRT), por medio de la cual fue admitido y resuelto
negativamente el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 632
del veintisiete (27) de marzo de dos mil tres (2.003) emanada de la misma entidad.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución 632 del veintisiete (27) de
marzo de dos mil tres (2.003) proferida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES (CRT), por medio de la cual dicha entidad, entre otras,
resolvió fijar el dimensionamiento de la interconexión de las redes de Telefonía
Pública Básica Conmutada Local de ETB con la red de Telefonía Pública Básica
Conmutada de Larga Distancia de ORBITEL S.A. E.S.P., en 112 enlaces y su
distribución en los nodos de interconexión de ETB; ordenó el reconocimiento y pago
mensual por parte de ORBITEL a ETB de la “opción 2: Cargos de acceso máximo
por capacidad” contemplada en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución 463 de 2001,
para el grupo de empresas número 1, de forma retroactiva a su fecha de expedición,
esto es a partir del día dieciséis (16) de abril de dos mil dos (2002).

Tercera: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene en
abstracto a la NACIÓN - MINISTERIO DE COMUNICACIONES COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (CRT) a restablecer el derecho de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. consistente en
el pago efectivo de las sumas dinerarias actualizadas de acuerdo a la variación del
índice de precios al consumidor de carácter nacional (IPC), certificado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas o por quien haga sus veces,
desde el momento en que debieron haberle sido pagadas a ETB S.A. E.S.P. por
parte de ORBITEL S.A. E.S.P. hasta la fecha de proferido el fallo, correspondiente a
la diferencia entre lo que ha recibido y reciba ETB S.A. E.S.P. como pago mensual
por parte de ORBITEL S.A. E.S.P. por concepto de acceso y uso de su red de
Telefonía Pública Básica Conmutada Local, en cumplimiento de las Resoluciones de
las cuales se solicitó su declaratoria de nulidad en las pretensiones precedentes y la
suma dineraria que hubiese tenido que pagarle ORBITEL S.A. E.S.P. a ETB S.A.
E.S.P. si no hubiese nacido a la vida jurídica los actos administrativos mencionados
y por lo tanto le habrían tenido que pagarle los mencionados cargos de acceso en la
forma como venían siendo liquidados con a la expedición de dichas Resoluciones.

5
“[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.

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3

Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

Cuarta: Que se condene a la NACIÓN - MINISTERIO DE COMUNICACIONES -
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (CRT) al pago de
costas a favor de ETB S.A. E.S.P.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

De manera subsidiaria a las pretensiones precedentes, esto es en caso de no ser
decretada la nulidad total de la Resolución CRT 632 del veintisiete (27) de marzo de
dos mil tres (2.003) y de la Resolución CRT 756 del primero (1°) de julio de dos mil
tres (2003), solicito las siguientes declaratorias y condenas:

Primera: Que se declare la nulidad del parágrafo del Artículo 2o de la parte resolutiva
de la Resolución 632 del veintisiete (27) de marzo de dos mil tres (2.003), proferida
por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (CRT), por
medio del cual se dispuso: “Parágrafo: El valor establecido en el presente artículo
deberá pagarse desde el 16 de abril de 2002, fecha de radicación de la solicitud de
solución de conflicto presentada por ORBITEL S.A. E.S.P.”.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución 756 del primero (1o) de julio de
dos mil tres (2003), proferida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES (CRT), por medio de la cual fue admitido y resuelto
negativamente el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 632
del veintisiete (27) de marzo de dos mil tres (2.003) emanada de la misma entidad,
por ser procedente la revocatoria del parágrafo del Artículo 2o de la parte resolutiva
de la Resolución 632 del veintisiete (27) de marzo de dos mil tres (2.003).

Tercera: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene en
concreto a la NACIÓN - MINISTERIO DE COMUNICACIONES - COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (CRT) a restablecer el derecho de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. consistente en
el pago efectivo de la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS ($12.260.979.297.00) o la que se acredite, actualizada por instalamentos, de
acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor de carácter nacional (IPC),
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas o por quien
haga sus veces, desde el momento en que ETB S.A. E.S.P. le canceló por cada
instalamento que compone dicha suma a ORBITEL S.A. E.S.P., hasta la fecha de
proferido el fallo, suma que corresponde al valor que ETB debió cancelarle a
ORBITEL por aplicación de la "Opción 2: Cargos de Acceso por capacidad,
contemplada en el artículo 4.2.2.19 dela Resolución 463 de 2001, a partir del día
dieciséis (16) de abril de 2002, de que trata el parágrafo del Artículo 20 de la parte
resolutiva de la Resolución 632 del veintisiete (27) de marzo de dos mil tres (2.003),
hasta el primero (1°) de julio de dos mil tres (2003), fecha en que fue proferida la
Resolución 756 de la CRT.

Cuarta: Que se condene a la NACIÓN - MINISTERIO DE COMUNICACIONES -
COMISIÓN DE REGULACIÓN TELECOMUNICACIONES (CRT) al pago de costas
a favor de ETB S.A. E.S.P. […]”. (sic)

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4

Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

3.1. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P – en adelante
ETB- y ORBITEL S.A. E.S.P. -en adelante ORBITEL- suscribieron el contrato de
acceso, uso e interconexión núm. 98014017 el 21 de octubre de 1998, en cuya
Cláusula Décima Novena se estipuló: “[…] SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Las
partes acuerdan que en el evento que surjan diferencias entre ellas, relativas a la
Interpretación, ejecución, desarrollo, cumplimiento, terminación y liquidación del
presente contrato serán resueltas mediante el uso de los siguientes mecanismos:
[…] 19.3 MEDIACIÓN DE LA CRT: […] 19.4 TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO: […]”.

3.2. En la Cláusula Doce del Anexo Técnico Operacional del Contrato de acceso,
uso e interconexión No. 98014017, ORBITEL y ETB acordaron la metodología para
fijar el dimensionamiento de la interconexión de sus redes.

3.3. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), mediante la
Resolución núm. CRT 463 de 27 de diciembre de 20016, en el artículo 5.° ibidem
previó, en cabeza de todos los operadores telefónicos, la obligación de ofrecer a los
demás operadores de telecomunicaciones que demanden interconexión, al menos,
las opciones de cargos de acceso por minuto o, por capacidad, para remunerar el
uso de la misma7.

3.4. ORBITEL, mediante comunicación con radicado CRT número 301170 de 16
de abril de 2002, señaló que “[…] allegó documentos soporte que demuestran la
renuencia por parte de los operadores ETELL, EMCALI, ETB y EDT, respecto a la
migración sobre liquidación de cargos de acceso […]”; y solicitó la intervención de
dicha entidad, sin aludir a ninguna facultad de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones para efectos de la solución de conflictos.

6
“[…] Por medio de la cual se modifica el Título IV y el Título V de la Resolución 087 de 1.997 y se dictan otras disposiciones
[…]”.
7
Cfr. Expediente físico. Folios 85 del Cuaderno principal expediente en primera instancia 25000232400020050100501.
“[…] La citada Resolución en el artículo 5 estableció que: “…los operadores de TMC y TPBCLDI que así lo deseen, podrán
mantener las condiciones y valores vigentes en las interconexiones actualmente existentes a la fecha de expedición de la
presente resolución o acogerse en su totalidad, a las condiciones previstas en la presente resolución para todas sus
interconexiones” […]”.

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5

Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

3.5. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones “[…] bajo la referencia
“Solicitud de solución de conflicto ORBITEL S.A. E.S.P. -ETB por la aplicación de la
Resolución CRT 463 de 2001”, mediante oficio de 2 de mayo de 2002 inició dicha
actuación administrativa, de la cual corrió traslado a ETB para que se pronunciara
sobre el particular.

3.6. La ETB interpuso recurso de reposición contra la Resolución CRT 632 del 27
de marzo de 2003; el cual fue resuelto mediante Resolución CRT 756 de 1.° de julio
de 2003, “[…] habiéndose agotado la vía gubernativa […]”.

3.7. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, “[…] mediante las
Resoluciones 632 de 27 de marzo de 2003 y 756 del 1.° de julio de 2003 […]”,
resolvió el asunto sometido a su consideración, y desató negativamente el recurso
de reposición interpuesto por la ETB; señaló que para tramitar la actuación “[…]
siguió el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título IV de la Resolución
CRT 087 de 1997, “Régimen Unificado de Interconexión” […]”.

3.8. “[…] Con anterioridad a la expedición de la Resolución CRT 632 del 27 de
marzo de 2003 y en el recurso de reposición interpuesto en contra de la mencionada
resolución, ETB le manifestó a la CRT los fundamentos jurídicos en virtud de los
cuales sostiene la falta de competencia de la CRT para resolver el supuesto conflicto
planteado por ORBITEL de que trata el numeral cuarto (4°) de los hechos de esta
demanda […]”.

Normas violadas y concepto de violación8

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 6 y 29 de la Constitución Política.
• Artículos 3, 14, 28, 34, 35, 60 y 84 del Código Contencioso Administrativo.
• Artículos 39.4, 73.8 y 74.3, literal b; y 106 a 115 de la Ley 142 de 11 de julio
de 19949.
• Artículo 37, numeral 14, del Decreto 1130 de 29 de junio de 199910.

8
Cfr. Expediente físico. Folios 9 a 48 Cuaderno núm. 1 del expediente de primera instancia 25000232400020050100501.
9
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
10
“[…] Por el cual se reestructuran el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector administrativo de
comunicaciones y se trasladan funciones a otras entidades públicas […]”.

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6

Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

• Artículo 15 de la Ley 555 de 2 de febrero de 200011.
• Artículo 234 del Código de Procedimiento Civil12.

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

Primer cargo: falta de competencia la CRT para resolver el supuesto conflicto
surgido de la aplicación de la resolución CRT 463 de 2001; la controversia es
de carácter eminentemente contractual, circunscrita al contrato de acceso,
uso e interconexión suscrito entre ORBITEL y ETB; no es una controversia de
naturaleza administrativa; violación de los artículos 6.° y 29 de la Constitución

6. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones violó el artículo 6.°
superior porque extralimitó el ejercicio de sus funciones, específicamente, el
alcance de los artículos 73.8 de la Ley 142 y el numeral 14 del artículo 37 del
Decreto 1130, normas en las que fundamentó su competencia para dirimir el
supuesto conflicto.

7. En virtud de la cláusula contractual sobre solución de conflictos, aquellos
derivados de la aplicación de actos administrativos proferidos por dicha entidad
deben resolverse en sede jurisdiccional, concretamente, por el Tribunal de
Arbitramento; máxime cuando en dicha cláusula compromisoria las partes le
otorgaron a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, única y
exclusivamente, funciones de mediación y no de resolución de conflictos.

8. En consecuencia, los actos administrativos de los cuales se solicita su
declaratoria de nulidad, vulneran también el artículo 29 de la Constitución Política,
pues quebrantan el derecho al debido proceso como consecuencia de la falta de
competencia.

9. En todo caso, manifestó que si en gracia de discusión la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones fuera la competente para solucionar el conflicto,

11
“[…] Por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras disposiciones
[…]”.
12
Decreto Ley 1400 de 6 de agosto de 1970.

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7

Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

tampoco lo resolvió dentro del término correspondiente13, y, por ende, perdió
competencia por razón del factor temporal; en consecuencia, no estaba facultada
para proferir la Resolución CRT 632 de 2003, como se sigue de la derogatoria tácita
del inciso 2.° del artículo 60 del Código Contencioso Administrativo y del inciso 3.°
del artículo 40 ibidem, por virtud de los artículos 22 y 23 del Decreto Ley 2304 de
1989; y de la jurisprudencia14 del Consejo de Estado.

Segundo cargo: las Resoluciones CRT núms. 632 y 756 son nulas por
violación del debido proceso, por haberse tramitado la actuación
administrativa bajo la cuerda procesal distinta a la prevista en los artículos
106 a 115 de la ley 142.

10. “[…] El Capítulo II, De los Procedimientos Administrativos para Actos
Unilaterales; del Título VII, Organización y Procedimientos Administrativos; de la
Segunda Parte, Anexo Normativo; de la Ley 142 de 1994, en sus artículos 106 a
115 define las reglas que deben seguirse en todos aquellos procedimientos de las
autoridades que tengan el propósito de producir actos administrativos unilaterales,
a que de origen el cumplimiento de la Ley 142 de 1994, como lo es aquél por medio
del cual se resuelve un conflicto.

11. Basta con examinar el expediente, para hacer evidente que ese no fue el
procedimiento seguido por la CRT en el presente caso; el trámite que siguió fue un
híbrido entre el procedimiento establecido en la Ley 142 de 1994 y la Resolución
087 de 1997, hoy la Resolución 575 de 2002 expedidas por la misma CRT, cual si
la CRT pudiese modificar los procedimientos establecidos en la Ley 142 de 1994,
siendo que sus atribuciones deben ser ejercidas respetando la ley, el reglamento y
las directrices del gobierno. Este hecho se traduce en la nulidad de las Resoluciones
Impugnadas, por haberle impartido un trámite distinto al legalmente establecido
[…]”.

13
En síntesis, la parte demandante se refirió a que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones debió resolver la
solicitud de ORBITAL, dentro de los 45 días calendario contados a partir de la recepción de la solicitud, según lo previsto en
el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, la cual forma parte del orden jurídico
interno del país y es norma especial aplicable; en este caso la solicitud de ORBITEL se radicó el 16 de abril de 2002, y la
Resolución CRT 632 se profirió el 27 de marzo de 2003; en segundo lugar, señaló que de aplicarse: i) el término de 5 meses
previsto en el artículo 111 de la Ley 142 de 199413, los actos administrativos debieron proferirse a más tardar el 16 de octubre
de 2002; o ii) el término de 3 meses previsto en el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo, este venció el 16 de
abril de 2003; razón por la cual se configuró el silencio administrativo frente a la solicitud de ORBITEL, sin ninguna actuación
de su parte en sede administrativa o jurisdiccional, de manera que la Comisión no estaba facultada para proferir la Resolución
CRT 632 de 2003.
14
Se citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de mayo de 1999.
MP. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, expediente núm. 5267.

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8

Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

Tercer cargo: las resoluciones impugnadas violaron el debido proceso por
indebida motivación, al basar la decisión en un dictamen pericial que fue
practicado ilegalmente

12. “[…] el Código de Procedimiento Civil vigente para la época del decreto de
pruebas, en su artículo 234, establece que en los procesos de mayor cuantía la
peritación se hará por dos (2) peritos […]”.

13. […] Dada la magnitud económica del mal denominado conflicto por aplicación
de la Resolución 463 de 2001 entre ORBITEL y ETB, el dictamen pericial debió
haber sido rendido por dos (2) auxiliares de la justicia y si ello no pasó, la prueba no
está legalmente practicada, lo cual a la postre se traduce en ilegalidad de las
Resoluciones atacadas pues las decisiones tomadas se fundamentan en el
mencionado dictamen pericial […]”.

Cuarto cargo, subsidiario: las resoluciones son nulas por violación del
principio de enriquecimiento sin causa, al ordenar aplicar la opción de cargos
de acceso por capacidad de forma retroactiva a la fecha en que son expedidos
dichos actos administrativos […]”

14. “De manera subsidiaria, esto es en caso de que el Honorable Tribunal
considere que la CRT si era competente para proferir los actos administrativos
atacados, y que violó el principio del debido proceso, son ilegales dichos actos por
violación al principio de no enriquecimiento sin causa, según se pasa a exponer:

15. Indicó que el enriquecimiento sin causa se presenta como consecuencia de
los actos administrativos impugnados, proferidos por la CRT, a favor de ORBITEL
y en perjuicio de ETB, toda vez que la Comisión de Regulación, mediante la
Resolución CRT núm. 632, “[…] determina el dimensionamiento de la interconexión
y sin embargo ordena aplicar los precios de cargos de acceso por capacidad a partir
de la fecha en que supuestamente ORBITEL le solicitó solucionar el conflicto; con
lo cual, “[…] la CRT lo que ha hecho es darle efectos retroactivos a sus decisiones,
sin fundamento legal de ninguna naturaleza y en claro detrimento patrimonial de la
ETB […]”.

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9

Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

Quinto cargo: el parágrafo del artículo 2.° de la Resolución CRT núm. 632 es
nulo, porque aplicó la Resolución CRT núm. 463 durante un periodo en el cual
no se encontraba vigente

16. “[…] La Resolución 463 de la CRT fue expedida el 27 de diciembre de 2001,
ella incorporó a la Resolución 087 de 1997 de la CRT, el numeral 4.2.2.19. que hace
parte del título IV de esta última. Posteriormente, el 4 de enero de 2002, la
Resolución 469 de la CRT por medio del artículo 3º derogó de manera particular el
Título IV de la Resolución 087 de 1997. Es decir que derogó el numeral 4.2.2.19
que hacía parte del referido título IV […]”.

Contestación de la demanda

17. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

Ministerio de Comunicaciones15

17.1. En primer lugar, se opuso a las pretensiones de la demanda; consideró que
los actos administrativos demandados, proferidos por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, son ajustados a derecho; en segundo lugar se refirió a los cargos
de la demanda, así:

Sobre el primer cargo, por falta de competencia de la Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones para dirimir el conflicto entre ETB y ORBITEL, y la
violación de los artículos 6.° y 29 de la Constitución Política

17.2. Manifestó que, “[…] Como consecuencia de la facultad legal, cabalmente
aplicada en los actos demandados, la CRT no ejerció funciones judiciales ni se
atribuyó, por el hecho de la intervención en el conflicto, facultades de esta
naturaleza. La Comisión ejerció funciones "administrativas", que no resultan
incompatibles ni excluyentes, ni afectan o pueden afectar en su aplicación al caso
en particular, la instancia prevista en las cláusulas compromisorias de los contratos.,
en atención a que el conflicto no corresponde al ámbito de disponibilidad de las

15
Mediante apoderado. Cfr. Expediente físico. Folios 49-116 Cuaderno núm. 2 del expediente de primera instancia
25000232400020050100501.

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Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

partes, ni se enmarca dentro de los presupuestos para ser considerado un conflicto
contractual en relación con el cual las partes, ex ante, pactaron someter a las
instancias alternativas de solución de conflicto.

17.3. Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, resulta claro que la
actuación de la CRT, requerida por el operador ORBITEL, se sujeta en un todo al
ordenamiento jurídico que le sirve de sustento y no extralimita las competencias que
le han sido atribuidas por normas superiores […]”.

Sobre el segundo cargo: violación del debido proceso, por haberse tramitado
la actuación administrativa bajo la cuerda procesal distinta a la prevista en
los artículos 106 a 115 de la ley 142.

17.4. Consideró que el cargo es inepto porque carece de precisión y sustento;
indicó que el procedimiento que la parte demandante califica como “híbrido”, sin
sustentar tal afirmación, no es otra cosa que el producto de la integración normativa,
ordenada en las normas y reiterada constantemente por la jurisprudencia: “[…] la
actuación se ajustó a lo dispuesto en el procedimiento especial, en la medida en
que las citaciones y comunicaciones se surtieron como este indica, la prueba se
decretó en oportunidad y los vacíos del procedimiento especial, que resultan
muchos, se atendieron con la aplicación supletiva del CCA […]”.

17.5. Adujo que, “[…] el procedimiento seguido por la CRT corresponde al que se
encuentra previamente establecido en la ley y en aquellos aspectos, también
desconocidos ante la insuficiencia del sustento del cargo, en los que el actor pudiere
haber estructurado su precepción de un ‘híbrido’, resulta claro que la actuación de
la entidad que represento se surtió dentro de lo que le es permitido como
consecuencia de la integración normativa prevista por la ley, la jurisprudencia y la
doctrina y los principios superiores del ordenamiento que la rigió […]”.

17.6. Sobre las consecuencias que se derivan del retardo en la decisión del
conflicto sometido a consideración de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, indicó “[…] El retardo no ocasiona consecuencias en términos de
competencia para actuar por parte de la administración […]”; manifestó que no
existe norma que así lo prevea, y que, según el inciso 4.° del artículo 3.° del Código
Contencioso Administrativo, dicho retardo es causal de sanción disciplinaria sin que

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la extemporaneidad exima o libere a la administración de resolver el asunto
sometido a su consideración; apoyó sus argumentos con transcripciones de algunas
sentencias16 de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Sobre el tercer cargo: violación del debido proceso por indebida motivación,
al basarse la decisión en un dictamen pericial que fue practicado ilegalmente

17.7. Afirmó que, en el presente asunto, la competencia de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones deriva de la ley, sin consideración de la cuantía,
pues el asunto que dirimido se refirió a la aplicación de la opción de cargos de
acceso escogido por ORBITEL, según lo previsto en la Resolución CRT núm. 463,
y el pronunciamiento en relación con las condiciones técnicas de la interconexión
en cuanto a su dimensionamiento; en consecuencia, la exigencia de que el dictamen
se practique por dos peritos, prevista en el artículo 234 del Código de Procedimiento
Civil, por razón de la cuantía, no es aplicable.

17.8. Indicó que, según el artículo 34 del Código Contencioso Administrativo “[…]
Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar
informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del
interesado […]”.

17.9. “[…] Como consecuencia, aun desconociendo que en virtud del CCA la
prueba en la actuación administrativa no está sujeta a términos ni requisitos
formales, no resulta cierto que el proceso en la actuación administrativa haya tenido
una cuantía ni hacerle exigible los presupuestos del artículo 238 CPC al dictamen
ordenado […]”.

Sobre el cuarto cargo: violación del principio de enriquecimiento sin causa,
por haberse ordenado la aplicación retroactiva de los cargos de acceso

17.10. Solicitó desestimar el cargo, en razón a que “[…] la CRT en su decisión se
limitó a declarar un derecho del operador ORBITEL que surgió de la resolución 463
de 2001 y no de los actos administrativos demandados […]”.

16
Cfr. Expediente físico. Folios 93-96 Cuaderno núm. 2 del expediente de primera instancia 25000232400020050100501.

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17.11. “[…] Es decir, fue la elección de ORBITEL la que consolido el derecho. Ahora
bien, constituido el derecho de ORBITEL a que ETB aplicara el sistema de acceso
de cargos por capacidad, la omisión de este último en cumplir su aceptación y, en
consecuencia, el mayor ingreso que por esta dilación pudo haberse derivado para
el operador nacional, sin título jurídico alguno, podría constituirse como un
enriquecimiento sin causa […]”.

17.12. Manifestó que, el dimensionamiento de la interconexión resulta irrelevante en
este caso, puesto que las resoluciones demandadas no modificaron sus
condiciones.

Sobre el quinto cargo: aplicación de la Resolución CRT núm. 463 durante un
periodo en el cual no se encontraba vigente

17.13. Aseveró que, la Resolución CRT núm. 463 no fue derogada, expresa ni
tácitamente; “[…] si bien la resolución 469 de 2002, modificatoria de la Resolución
87 de 1997, pretendió la expedición de un Régimen Unificado de Interconexión, no
reguló en su integridad la materia, dado que no incluyó la regulación, por ejemplo,
de las condiciones referidas a los cargos de acceso a las redes de telefonía
(OBLIGACIONES TIPO B), aplicables para la interconexión de operadores de
TPBC, Telefonía Móvil Celular TMC y PCS entre sí (sic), que sí contenía la
resolución 463 en sus artículos 4.2.2.23 y siguientes. Sin embargo, esto no se trató
de error, omisión o voluntad derogatoria de la CRT sino que derivó de la
circunstancia demostrable de que el tema en particular era objeto de una regulación
especial que, por lo demás, le confiere su preeminencia sobre las previsiones de la
resolución 469 […]”. (sic)

17.14. Indicó que se hace evidente la especialidad de la Resolución CRT núm. 463,
toda vez que: “[…] 1. La resolución 463 adiciona el capítulo II, sección II,
Obligaciones tipo B de la resolución 087. Los aspectos objeto de regulación son
especiales en la medida en que establece condiciones y cargos de acceso
específicamente aplicables para la interconexión entre si de los operadores de
TPBC, TMC y PCS, que no son objeto de la regulación general contenida en la
resolución 469 de 2002. 2. La resolución 469 se limita a producir sus efectos
modificatorios en la sección cuestionada en los aspectos anteriores a los nuevos
artículos introducidos por la resolución 463 […]”. (sic)

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17.15. Concluyó que, “[…] la materia objeto de regulación de la resolución 463 no
fue incluida dentro de la resolución 469 lo que no puede considerarse una
derogatoria tácita dado que ni resulta contradictoria con ésta ni la última adquiere la
condición de una regulación integral, que incluya la materia objeto de la norma
derogada. Así mismo, el contenido de la resolución 463 resulta claramente especial
y no hubo manifestación inequívoca de la CRT frente a su voluntad derogatoria de
esta disposición en virtud de la posterior. Por el contrario, resulta clara y evidente la
decisión de la CRT de regular de manera específica lo que resultó contenido en la
resolución 463 al punto de haber aprobado los textos de las dos normas en forma
simultánea. En consecuencia, el cargo y la petición subsidiaria del operador no
encuentran sustento alguno en la medida en que la resolución 463 no se encontraba
ni estuvo derogada en el curso de la actuación adelantada por la CRT y que
concluyó con la expedición de los actos demandados […]”. (sic)

Comisión de Regulación de Comunicaciones17

18. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (hoy Comisión de
Regulación de Comunicaciones) se opuso a las pretensiones de la demanda y, con
base en idénticos argumentos a los desarrollados por el Ministerio de
Comunicaciones, consideró que los actos demandados se ajustan al ordenamiento
jurídico; en consecuencia, solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda18.

Intervención de ORBITEL S.A. como tercero con interés

19. ORBITEL S.A.19, en su calidad de tercero con interés directo en el resultado
del proceso, en adelante tercero con interés, presentó escrito de “[…] impugnación
de la demanda […]”, en el cual se opuso a la totalidad de las pretensiones de la
demanda, esencialmente, con los mismos argumentos expuestos por el Ministerio
de Comunicaciones; como adicionales, en síntesis, señaló los siguientes20:

17
Mediante apoderado. Cfr. Expediente físico. Folios 556-652 Cuaderno núm. 3 del expediente de primera instancia
25000232400020050100501.
18
Cfr. Expediente físico. Folios 431- 496 del Cuaderno principal expediente en primera instancia 25000232400020050100501.
19
Por intermedio de apoderado. El escrito fue radicado el 16 de julio de 2004 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del término de fijación en lista, según constancia de la Secretaria de la Sección Primera de dicha Corporación. Cfr.
Folio 123 del cuaderno núm. 2 del expediente de primera instancia 25000232400020050100501.
20
Cfr. Expediente físico. Folios 674-722 del Cuaderno principal expediente en primera instancia 25000232400020050100501.
.

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19.1. Según la Ley 142, la fijación de los cargos de acceso no es asunto que pueda
discutirse y decidirse por los operadores en sus contratos, sino que su fijación
corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

19.2. No es la regulación sino la ley, la que restringió la autonomía de la voluntad,
de manera que, cuando el organismo regulador ejerce las facultades conferidas por
el legislador, interviene los contratos en ese aspecto y ello constituye causa legítima
para introducir variaciones en los mismos.

19.3. “[…] Lo que la Demandante pretende en realidad es impedir que la CRT
ejerza la facultad de resolver conflictos de Interconexión, para cuyo efecto la dotó
de competencia el propio legislador, con el falaz argumento de que los Cargos de
Acceso y, en especial, el dimensionamiento de la Interconexión, íntimamente
vinculado a los mismos, cuando se determinan por el sistema de capacidad, son
asuntos de índole contractual […]”.

19.4. La Comisión de Regulación de Comunicaciones no perdió su competencia
para proferir los actos demandados, pues el artículo 44 de la Ley 446 de 1998
derogó el inciso 3.° del artículo 60 del Código Contencioso Administrativo; por esta
razón sobre el acto administrativo ficto o presunto que resuelve un recurso, la acción
puede interponerse en cualquier tiempo; las normas que invocó la parte
demandante, tenían como finalidad brindar certeza jurídica a los particulares que
tuvieran interés en interponer recursos en vía gubernativa, o ejercer acciones
contencioso administrativas, contra los actos administrativos fictos, con lo cual no
puede servir de excusa para sustraer a los funcionarios del cumplimientos de sus
deberes y obligaciones; por último, resaltó que el silencio administrativo siempre
debe prohijarse en favor de los administrados y no de las autoridades.

19.5. El dictamen pericial que se realizó en la actuación administrativa no tuvo
como finalidad determinar la cuantificación de los cargos de acceso pagaderos, por
concepto de la utilización de la red de ETB; tampoco modificó la cantidad de enlaces
E1a con los que contaba la interconexión; por el contrario, concluyó que el
dimensionamiento de la red era adecuado para cursar el tráfico telefónico de larga
distancia, tanto entrante como saliente.

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15

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Demandante: ETB S.A. E.S.P.

19.6. “[…] Como la propia CRT lo demostró en la parte motiva de la Resolución
756 de 2.003, las reglas para el trámite de los conflictos de interconexión,
contenidas en el RUDI21, no modifican sino que simplemente desarrollan los
lineamientos generales establecidos por la Ley 142 de 1.994, razón por la cual la
acusación carece también de fundamento […]”.

19.7. “[…] No puede predicarse detrimento patrimonial alguno en la adopción e
instrumentación de esta política general consagrada en la ley y ordenada por los
tratados internacionales suscritos por el país, y mucho menos endilgar a la autoridad
reguladora un enriquecimiento sin causa proveniente de unos recursos que no
recibe ni la benefician de manera alguna […]”.

Sentencia proferida en primera instancia

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el
29 de enero de 200922, resolvió:

“[…] “[…] 1°) Declárase la nulidad de los actos administrativos contenidos en los
siguientes documentos:

a) Resolución No. 632 de 27 de marzo de 2003 expedida por la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones CRT, por la cual se resolvió una solicitud elevada
por la empresa Orbitel S.A. ESP.

b) Resolución No. 756 de 1° de julio de 2003 proferida igualmente por la misma
entidad, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición en el sentido de
confirmar el acto recurrido.

2º) Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

3°) Abstiénese de condenar en costas […]”.

Consideraciones del Tribunal

27. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, sobre los cargos de la demanda, consideró:

21
En referencia a la titulación y contenido de la Resolución CRT núm. 469 de 12 de enero de 2002.
22
Cfr. Expediente físico. Folios 648-694 del cuaderno 1 del expediente en primera instancia 25000232400020050100501.

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Primer cargo: “[…] Falta de competencia de la CRT para dirimir el conflicto
entre Orbitel y ETB y en consecuencia para proferir las resoluciones 632 del
27 de marzo de 2003 y 756 del 1 de julio de 2003. Violación de los artículos 6
y 29 de la Constitución Política […]”

“[…] 4) De igual forma, es del caso hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 37
del decreto No. 1130 de 1999 […], en cuanto establece que las funciones de la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT con la especificación de que
fueron atribuidas por la ley 142 de 1994 y el decreto No. 2167 de 1992, especialmente
a la función consagrada en el numeral 14 de este artículo, relacionada con la
atribución de dirimir conflictos sobre asuntos de interconexión, a solicitud de parte;
sin embargo, tal atribución se entiende también aplicada a las cuatro materias antes
referidas, esto es: a) monopolios en la prestación de los servicios públicos; b)
promoción de la competencia entre quienes presten tales servicios; b) abuso de la
posición dominante; y d) producción de servicios de calidad, en la medida en que,
como ya se dijo, tratan de funciones delegadas por el Presidente de la República.

5) Para el caso concreto, se tiene que el conflicto sometido a decisión de la Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones – CRT no surgió con ocasión de los temas
mencionados, sino que, se generó como consecuencia de la expedición de la
resolución No. 463 de 2001 y la aplicación de la misma al contrato celebrado por ETB
y ORBITEL.

En efecto, con ocasión de la expedición de la resolución No. 463 de 2001, la sociedad
ORBITEL S.A. informó a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. […] su
decisión de acogerse al sistema de cargos de acceso por capacidad, para lo cual,
esta última respondió de forma negativa, evento éste que llevó a ORBITEL a acudir
a la CRT para que dirimiera tal conflicto; situación ésta que fue resuelta por ese
organismo de control mediante la expedición de las resoluciones acusadas, a pesar
de no tratarse de un asunto referente a monopolios, promoción de la competencia,
abuso de la posición dominante o calidad eficiente de servicios públicos.

En consecuencia, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT actuó
sin competencia al momento de dirimir el conflicto suscitado entre la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. […] y ORBITEL S.A., en la medida en que las
normas a las que se ha hecho referencia son claras al establecer que tal competencia
está limitada a los cuatro aspectos mencionados.

[…]

7) Por todo lo anterior, la Comisión de Telecomunicaciones – CRT al dirimir, como
instancia de decisión, el conflicto suscitado entre la ETB y ORBITEL S.A., asumió
una competencia que no le correspondía, por cuanto se atribuyó facultades que ni la
Constitución ni la ley le habían asignado, razón por la cual, con dicha actuación
vulneró los artículos 6 y 29 Constitucionales, lo que conllevan a que, al haber sido
desvirtuada la presunción de legalidad que acompaña las resoluciones demandadas,
se declarara la nulidad de las mismas y no probadas las excepciones propuestas por
el apodera de ORBITEL S.A. […]”.

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Demandante: ETB S.A. E.S.P.

“[…] Los demás cargos de nulidad alegados con la demanda

“[…] Ante la prosperidad de la primera censura de legalidad expuesta por la parte
actora, con la cual se desvirtúa la presunción de legalidad que amparaban los actos
demandados, la Sala se ve relevada de examinar el mérito de las demás acusaciones
formuladas por el demandante […]”.

“[…] Restablecimiento del derecho […]”

“[…] Sin embargo, su bien se declara la nulidad de los actos administrativos
acusados, no podrá accederse a las pretensiones de restablecimiento del derecho,
por las siguientes razones:

1) En primer lugar, los pagos que han sido efectuados con ocasión de la expedición
de las resoluciones impugnadas, fueron hechos entre ETB S.A. ESP Y ORBITEL
S.A.
2) En ningún momento la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT
hizo parte de dichas transacciones, esto es, ni recibió ni pagó dinero referente al
conflicto suscitado entre aquellas dos empresas prestadoras de servicios de
telecomunicaciones.
3) Las pretensiones de restablecimiento del derecho están dirigidas, única y
exclusivamente, en contra de la Nación – Ministerio de Comunicaciones –
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, y en modo alguno frente a
ORBITEL S.A., empresa ésta que recibió o efectuó pagos concernientes al
cambio de sistema de acceso de cargos por capacidad, con ocasión del contrato
de interconexión […]

En consecuencia, por no ser la Nación – Ministerio de Comunicaciones – Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), la persona jurídica obligada al
reintegro o devolución de los dineros reclamados por la demandante a título de
restablecimiento del derecho, se denegarán esas precisas pretensiones […].”

Recursos de Apelación, y primer trámite en segunda instancia

Recurso presentado por la parte demandante

28. El recurso de apelación se presentó en escrito radicado el 26 de febrero de
200923, contra la sentencia de 29 de enero de 2009 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia; no obstante, mediante
escrito 20 de marzo de 2009, la parte demandante desistió del mencionado recurso
de apelación, el cual fue aceptado por el mencionado Tribunal, mediante auto de 16
de abril de 200924.

23
Cfr. Folio 704 del cuaderno 1 expediente en primera instancia 25000232400020050100501.
24
Cfr. Folios 711-713 del cuaderno 1 expediente en primera instancia 25000232400020050100501.

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Recurso presentado por la parte demandada

29. La Nación integrada por el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de
la Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y por la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, hoy Comisión de Regulación de
Comunicaciones, interpusieron en tiempo y por separado25. y sustentaron oportuna
y conjuntamente26, recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia, para lo cual, reiteraron los argumentos presentados en la contestación de
la demanda, y concluyeron:

“[…] 4. Con fundamento en las facultades legales otorgadas a la CRC, por la Ley 142
de 1994 [numeral 73.8 del artículo 73 y literal b del numeral 74.3 de la Ley 142], el
Decreto 1130 de 1999 y la Ley 555 de 2000, la CRC decide en instancia y mediante
actuación administrativa, los conflictos derivados de las interconexiones de las redes
de los operadores de telecomunicaciones, facultades ampliamente reiteradas por los
fallos jurisprudenciales enunciados en este escrito.

5. Con fundamento en esas facultades, la CRC expidió las Resoluciones CRT Nos.
1148 del 17 de febrero de 2005, y 1193 del 29 de abril del mismo año, cuya nulidad
fue declarada mediante el fallo aquí impugnado.

[…]

7. El contrato de interconexión, siendo un contrato que se rige por el derecho privado,
no es un contrato celebrado bajo total libertad de la autonomía de la voluntad, pues
las condiciones relacionadas con el funcionamiento de la interconexión así como la
fijación de los cargos de acceso o interconexión de las redes, son regulados y no
pueden las partes fijar valores que no cumplan con el mandato regulatorio.

8. La CRC nunca se ha abrogado funciones jurisdiccionales dentro de los trámites
que dieron origen a las Resoluciones CRT Nos. 1148 del 17 de febrero de 2005, y
1193 del 29 de abril del mismo año, pues tales decisiones no reemplazan el juez del
contrato acordado por las partes, sino que dirimen, en instancia administrativa, el
conflicto generado por la determinación del dimensionamiento técnico de la conexión
y, en consecuencia, de los valores correspondiente a los cargos de acceso y uso de
las redes, los cuales como ya se han explicado, son regulados en cumplimiento de
normas de rango constitucional y legal que se establecen para garantizar la eficiente
prestación de los servicios públicos y la promoción de la competencia […]”. (sic).

25
Cfr. Expediente físico. 700-704 del cuaderno 1 expediente en primera instancia 25000232400020050100501. Mediante sus
apoderados, con escritos radicados el 25 y 26 de febrero de 2009. Los recursos fueron concedidos mediante auto de 12 de
marzo de 2009, proferido por el magistrado sustanciador de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B.
26
Mediante apoderado conjunto. Cfr. Folio 701 expediente en primera instancia 25000232400020050100501. Mediante auto
de 10 de agosto de 2009,la magistrada sustanciadora de la Sección Primera del Consejo de Estado corrió traslado, a la parte
demandad, para que sustentara el recurso de apelación. Cfr. Folio 4 del cuaderno 3 expediente de segunda instancia
25000232400020050100502. Mediante auto de 27 de noviembre de 2009, se admitieron los recursos

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Alegatos de conclusión en segunda instancia

38. El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de julio de 2012 27, corrió
traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presentaran sus
alegatos de conclusión; y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

Parte demanda

39. La parte demandada, integrada por el Ministerio de Comunicaciones, hoy
Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y por la Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones, hoy Comisión de Regulación de
Comunicaciones, mediante escrito de 15 de agosto de 201228, presentaron los
alegatos de conclusión; reiteraron los argumentos del recurso de apelación, y los
complementaron, en síntesis, de la siguiente manera:

39.1. Señaló que, en el presente caso, era procedente “[…] la interpretación
prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad andina y la aplicación de
disposiciones supranacionales vinculadas a la interconexión […]”; y solicitó “[…]
suspender el proceso y dar trámite a la solicitud de interpretación prejudicial , según
el artículo 125 de la Decisión 500 de 2001 de la CAN […]”.

39.2. Indicó que “[…] las modificaciones regulatorias en materia de tarifa de
interconexión fueron aceptadas por las partes en forma libre al celebrar el contrato
e incluir que la tarifa de interconexión era la que estableciera la CRT de acuerdo
con las normas vigentes a la celebración del contrato o aquellas que las llegaran a
modificar; tal y como se cita en el fallo que se impugna en la cláusula décimo
séptima del contrato celebrado […] (sic); de manera que, las modalidades de fijación
del cargo de acceso aplicada en las Resoluciones núms. CRT 632 y CRT 756,
demandadas, con fundamento en la Resolución 463, no modificaron el contrato,
pues simplemente se aplican en ejecución de lo pactado en el mismo; en
consecuencia, esta es la norma constitutiva del derecho, mientras que las
resoluciones que dirimieron el conflicto no lo son: con ellas, simplemente se
reconoció o declaró la existencia de un derecho que ya está vigente y existía con
antelación.

27
Cfr. Folios 323 del cuaderno 3 expediente de segunda instancia 250002324000200501005202.
28
Cfr. Folios 339-369 del cuaderno 3 expediente de segunda instancia 250002324000200501005202.

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20

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39.3.

• “[…] Sobre el restablecimiento del derecho en relación con el daño
[…]”

“[…] En relación con este aspecto solicitó al despacho que en caso de
considerar que debe confirmarse la nulidad de las normas
demandadas, también se confirme la sentencia de primera instancia en
el sentido de denegar la pretensión indemnizatoria de la demandan ya
que la misma fue instaurada contra las autoridades indicadas y éstas
no han recibido beneficios o pago alguno como producto de los actos
demandados […]”.

Comisión de Regulación de Comunicaciones

40. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, antes Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, mediante escrito de 15 de agosto de 201229,
presentó los alegatos de conclusión; reiteró los presentados en el recurso de
apelación, y los complementó, así:

40.1. Señaló que, en el presente caso, era procedente “[…] la interpretación
prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad andina y la aplicación de
disposiciones supranacionales vinculadas a la interconexión […]”; y solicitó
suspender el proceso y a dar trámite a la solicitud de interpretación prejudicial ,
según el artículo 125 de la Decisión 500 de 2001 de la CAN […]”.

40.2. Indicó que “[…] las modificaciones regulatorias en materia de tarifa de
interconexión fueron aceptadas por las partes en forma libre al celebrar el contrato
e incluir que la tarifa de interconexión era la que estableciera la CRT de acuerdo
con las normas vigentes a la celebración del contrato o aquellas que las llegaran a
modificar; tal y como se cita en el fallo que se impugna en la cláusula décimo
séptima del contrato celebrado […] (sic); de manera que la modalidad de fijación del
cargo de acceso aplicada en las Resoluciones núms. CRT 632 y CRT 756, con
fundamento en la Resolución 463, no modificaron el contrato, pues simplemente se
aplican en ejecución de lo pactado en el mismo; en consecuencia, esta es la norma
constitutiva del derecho, mientras que las resoluciones que dirimieron el conflicto no
lo son: con ellas, simplemente se reconoció o declaró la existencia de un derecho
que ya está vigente y existía con antelación.

29
Cfr. Folios 333 a 375 del cuaderno 3 expediente en segunda instancia 25000232400020050100501.
.

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21

Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

40.3. Solicitó que, en caso de confirmarse la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones CRT núms. 632 y CRT 756, de igual manera se confirme la decisión
sobre el restablecimiento del derecho en el sentido de denegar la pretensión
indemnizatoria de la demanda, ya que la misma fue propuesta contra las
autoridades demandadas y éstas no han recibido beneficios o pago alguno,
producto de los actos demandados.

El tercero con interés

41. El tercero con interés30, mediante escrito del 15 de agosto de 201231,
presentó alegatos de conclusión, mediante los cuales aclaró:

41.1. ETB y la, entonces ORBITEL, hoy UNE EPM TELCO S.A., celebraron un
contrato de transacción donde decidieron, con efectos de cosa juzgada, el conflicto
que dio lugar a la solicitud de mediación de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones y la consecuente expedición de las Resoluciones 632 de 27 de
marzo y 756 del 1º de julio de 2003, en los términos que se transcriben continuación:

“[…] Cláusula primera. Transacción y efectos. Las partes acuerdan transigir de
manera definitiva, los efectos económicos de todos los asuntos relacionados con la
aplicación del sistema de cargos de acceso por capacidad (...) esta transacción
produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, en los términos del artículo
2483 del Código Civil.

En consecuencia, una vez perfeccionada esta transacción, ETB renuncia a cualquier
pretensión económica que se pudiere deriva de la demanda promovida en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
Resoluciones CRT 632 de 2003 y CRT 756 de 2003, proceso que cursa en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado no
25000232400020030100501 (...)

EBT renunciar a cualquier pretensión económica que se pudiere derivar de procesos
administrativos o jurisdiccionales posteriores relacionados directa o indirectamente
con el conflicto por la aplicación de los cargos de acceso por capacidad […]” (sic)
(negrilla del texto original).

41.2. Conforme con lo anterior, concluyó que “[…] ETB renunció a reclamar
cualquier derecho derivable del juicio de legalidad de las Resoluciones 632 y 756

30
La empresa ORBITEL S.A. E.S.P fue absorbida por la sociedad UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., siendo esta
última la que presentó los alegatos de conclusión, en segunda instancia.
31
Cfr. Folios 324-338 del cuaderno 3 expediente de segunda instancia 25000232400020050100502.

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Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

de 2003 acusadas de nulidad, lo que ratifica que la sentencia proferida en el
presente proceso independiente de su contenido, no genera consecuencias
económicas para ETB S.A. E.S.P. ni UNE EPM TELCO S.A. […]”.

Concepto del Ministerio Público

42. El Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad procesal.

Interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el trámite de la segunda instancia

43. El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de enero de 201532, se
pronunció sobre la solicitud planteada por la parte demandada, en el escrito de
alegatos de conclusión, ordenando “[…] enviar a Interpretación Prejudicial ante el
Tribunal Andino de la Comunidad Andina […] y suspendiendo“[…] el proceso en
espera de la Interpretación Prejudicial solicitada […]”.

44. El Tribunal de Justicia de la Comunidad profirió la interpretación prejudicial
núm. 143-IP-2016 de 17 de noviembre de 201733, en adelante la Interpretación
Prejudicial, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicando lo
siguiente:

“[…] La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Resolución 432 de la Secretaría
General de la Comunidad Andina; el Artículo 27 de la Decisión 439 de la Comisión
de la Comunidad Andina; el Artículo 30 de la Decisión 462 de la Comisión de la
Comunidad Andina; y las Decisiones 285 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
608 y 638 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede únicamente la interpretación del Artículo 32 de la resolución 432 de la
Secretaria General de la Comunidad Andina, el mismo que fue sustituido mediante
Resolución 1922 de 19 de abril de 2017, circunstancia que no afecta el análisis de la
presente Interpretación Prejudicial.

No procede la interpretación de las normas contenidas en las Decisiones 439 de la
Comisión de la Comunidad Andina; 462 de la Comisión de la Comunidad Andina; 285
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 608 y 638 de la Comisión de la Comunidad
Andina, pues no son pertinentes al caso concreto, que se refiere a la competencia y
forma de solución de las controversias por la interconexión de redes de telefonía
pública.

32
Cfr. Folios 470-474 del cuaderno 3 expediente de segunda instancia 25000232400020050100502.
33
Cfr. Folios 588-596 del cuaderno 3 expediente de segunda instancia 25000232400020050100502.

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Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

De oficio se interpretarán el Artículo 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la
Comunidad Andina y el Literal f) del Artículo 17 de la Resolución 432 de la Secretaria
General de la Comunidad Andina, por resultar pertinentes para dilucidar la
controversia materia del proceso interno ya que las mismas versan sobre el servicio
público de telecomunicaciones, las condiciones de interconexión, los acuerdos y la
resolución de controversias relacionadas con la interconexión.

[…]

2. La autoridad nacional competente para resolver conflictos de interconexión. La
protección de la libre competencia y los servicios de telecomunicaciones

2.1 En el caso sometido a consulta se debate sobre las facultades de la Autoridad
nacional competente en materia de telecomunicaciones para resolver conflictos de
interconexión, por lo que corresponde desarrollar la temática indicada.

2.2. En primer lugar, debe tenerse presente que de conformidad con lo establecido
en el Artículo 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, si un
proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de actuaciones que
violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá
ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales
resolverán de acuerdo con su normativa nacional.

2.3 Queda claro, a partir de dicho artículo, que las actuaciones que impliquen
violaciones de las normas o los principios de interconexión, así como las violaciones
a la libre competencia, son de competencia de las autoridades nacionales
respectivas. Y esto es así porque corresponde a las autoridades administrativas
competentes salvaguardar, mediante el ejercicio de sus potestades públicas, las
normas y principios de orden público y la protección de los intereses generales.

2.4 El literal f) del Artículo 17 de la Resolución 432 establece que tanto los Acuerdos
de Interconexión Negociados con las Ofertas Básicas de Interconexión deben
contener una cláusula relativa a los mecanismos para la resolución de controversias
relacionadas con la interconexión.

2.5 De esta manera, el Tribunal modula la jurisprudencia anterior manifestación
que, si en la relación contractual surgen controversias relacionadas con
derechos disponibles o de libre disponibilidad, como aquellos que pueden ser
objeto de renuncia, cesión, modificación o extinción, debidamente permitidos
por la ley y conforme la voluntad de las partes podrán resolverlas mediante los
mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato y aprobados
por la autoridad competente, de conformidad con literal f) del Artículo 17 de la
Resolución 432, entre ellos el arbitraje.

2.6 En cambio, las controversias relacionadas con derechos no disponibles,
como las materias de orden público, derecho de imperio del Estado y las
potestades regulatorias de la Autoridad de Telecomunicaciones, no pueden ser
materia de arbitraje, por lo que, ellas tendrán que ser resueltas por la autoridad
administrativa nacional competente.

2.7 En conclusión, la normativa comunitaria confiere a la autoridad competente una
línea coherente de regulación en el sector de las telecomunicaciones, lo que implica
armonía en todos los aspectos, inclusive en la solución de conflictos. […]” (subrayas
del original) (negrilla fuera de texto).

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Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

Primera sentencia proferida en segunda instancia

45. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida, en
segunda instancia, el 6 de septiembre de 201834, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de enero de 2009 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, con
fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para los fines señalados
en el ordinal anterior y para que, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la
demanda y la plena observancia de los principios de economía, celeridad, eficiencia
y eficacia procesal, la decisión de fondo respecto de los otros cargos de la demanda,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Esta decisión de fondo
deberá proferirse, conjuntamente con la orden de obedecimiento, dentro de los
cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente […]”.

Consideraciones de la Sección Primera

46. La Sección Primera, sobre los cargos de las apelaciones, consideró:

Sobre la competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para
expedir los actos administrativos demandados, de conformidad con la
normativa comunitaria andina y nacional

47. La Sección Primera consideró, en primer lugar, que el alcance de la facultad
que se le reconoce a la parte demandada para dirimir conflictos sobre asuntos de
interconexión es una función administrativa cuya competencia esta asignada a la
Comisión de Regulación de Comunicaciones35.

48. En segundo orden, consideró que el contrato de interconexión si bien es de
naturaleza privada, no es un contrato de disposición de bienes propios, toda vez
que de por medio esta la garantía del servicio público de comunicaciones, en
especial, la regulación especializada que ha previsto la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, en ejercicio de sus funciones reglamentarias técnicas, en materia

34
Cfr. Expediente físico. Folios 609-635 del cuaderno 3 expediente de segunda instancia 25000232400020050100502.
35
Para tal efecto consideró las normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la materia, especialmente, los
artículos 116 y 334 de la Constitución Política; los artículos 73 y 74 de la Ley 142; los artículos 14 y 15 de la Ley 555; el
artículo 37 del Decreto 1130; el artículo 1.2 de la Resolución CRT núm. 087 de 5 de septiembre de 1997; y la Resolución
CRT 463; así como la jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia del Consejo de Estado, y la Interpretación Prejudicial,
emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso.

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Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

de cobros de cargos de acceso para Servicio de Telefonía Pública Básica
Conmutada Local (TPBLC), los cuales no están sometidos a al arbitrio de las partes,
pues su fuente es, en este caso, la Resolución CRT núm. 087.

49. En tercer lugar, atendiendo a las cláusulas del contrato de interconexión,
consideró que este se celebró en desarrollo de la Ley 142 y de la Resolución CRT
núm. 087, diferenciando aquellas cláusulas que podía modificarse por acuerdo entre
las partes, de aquellas legales que no podían modificar por su voluntad, porque
dependen de lo dispuesto por la autoridad competente, como es el caso de los
cargos de acceso por interconexión que los operadores cobran.

50. Conforme con todo lo anterior, consideró que la Comisión de Regulación era
competente para resolver el conflicto suscitado entre ORBITEL Y ETB, pues este
giró, principalmente, “[…] sobre el régimen jurídico aplicable a la forma y/o
metodología como debe determinarse la cuantía de esta obligación contractual
(respecto del cual las partes contratantes no tienen la libre disposición) y, de manera
subsiguiente, los efectos económicos que la aplicación de la misma genera respecto
de los operadores durante la ejecución del contrato de interconexión.consideró que
las Resoluciones CRT […]”.

51. […] Por esta razón, la Sala no comparte el fundamento expuesto por el a quo
en la sentencia impugnada para declarar la nulidad de los actos demandados por
falta de competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, puesto
que la Sala prohíja y reitera lo indicado por ella en sentencia de 24 de mayo
de 201836 y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tanto en este caso
como en los que han sido de conocimiento de la Sección Tercera, en cuanto la parte
demandada es la competente para dirimir, en sede administrativa, este tipo de
controversias y, por ende, si es la competente para expedir los actos demandados.
[…]”. (negrilla del texto original).

52. En consecuencia, la Sección Primera revocó la sentencia proferida el 29 de
enero de 2009, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

36
Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2018, C.P.:
Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2004-00684-01, en donde la parte demandante fue
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.P.S., anteriormente ETELL S.A. E.S.P., y la parte demandada fue la
Comisión de Regulación.

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Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

53. La Sección Primera, para garantizar el debido proceso, especialmente, la
doble instancia, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia,
ordenó devolver la actuación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, para que se pronunciara de fondo respecto de las
pretensiones de la demanda en lo concerniente a los cargos que fueron objeto del
debate procesal, pero no de pronunciamiento en la sentencia que profirió el 29 de
enero de 2009, en primera instancia.

Segunda sentencia de primera instancia

54. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el
25 de octubre de 201837, resolvió:

“[…] Primero: Obedézcase y cúmplase lo resuelto por la Sección Primera del
Consejo de Estado en sentencia de seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho
(2018), mediante la cual revocó la sentencia de 29 de enero de 2009 y se ordenó
proferir una decisión de fondo respecto de todos los cargos de nulidad propuestos
por la parte actora, en consecuencia dispónese;

1) Declárase la nulidad de la Resolución no. 632 de 27 de marzo de 2003 y 756 de
1° de julio de 2003 proferidas por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
(CRT).

2) Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

4) Abstiénese de condenar en costas a la parte demandada.

Segundo: Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo
173 del Código Contencioso Administrativo (Decreto-ley 01 de 1984).

Tercero: Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente previas las
constancias secretariales de rigor […]”.

Consideraciones del Tribunal

55. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, sobre los cargos de la demanda que no fueron resueltos en la sentencia que
profirió el 29 de enero de 2009, en primera instancia, consideró:

37
Cfr. Expediente físico. Folios 640-703 del cuaderno 3 expediente 25000232400020050100501.

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Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

55.1. El problema jurídico a resolver estaba orientado a determinar “[…] a) Si la
entidad demandada motivó indebidamente las resoluciones acusadas. b) Si se
vulneró el debido proceso por aplicación de un procedimiento que no correspondía.
c) Si los actos administrativos acusados fueron expedidos en forma ilegal […]”.

55.2. Frente al cargo referido a la falta de competencia de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones para proferir los actos administrativos
demandados, mediante los cuales se dirimió el conflicto suscitado entre ETB y
ORBITEL, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, obedeció lo resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado
en la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2018, en segunda instancia, y lo
tuvo resuelto.

55.3. Respecto del cargo de la demanda, consistente en la violación del debido
proceso por haberse tramitado la actuación administrativa bajo una cuerda
procesal distinta a la prevista en los artículos 106 a 115 de la Ley 142, según
el cual “[…] con la expedición de las resoluciones acusadas se adoptó un
procedimiento híbrido entre lo establecido en la Resolución no. 087 de 1997 y lo
referido en los artículos 106 a 115 de la Ley 142 de 1994 […]”, negó su prosperidad.

55.4. Consideró, en primer lugar: que la Cláusula séptima38 del Contrato de
acceso, uso e interconexión suscrito entre ORBITEL y ETB, previó el régimen legal
del contrato, concretamente, las partes estipularon que dicho contrato se rige por
la Ley 142 y la Resolución CRT núm. 087; por lo que “[…] el trámite de expedición
de los actos administrativos unilaterales, debió ceñirse a lo previsto en el Capítulo
IV del Título IV de la Ley 142 de 1994, que regula todo el trámite de expedición de
estos […]; y, en segundo lugar: que los actos acusados fueron expedidos según el
trámite fijado en la Ley 142 de 1994, concretamente en los artículos 106 a 115, sin
que exista evidencia de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
realizara un híbrido entre la Resolución 087 de 1997 y la referida ley.

38
“[…] “CLÁUSULA SÉPTIMA: RÉGIMEN LEGAL E INTERPRETACIÓN. - El presente contrato se rige por el Decreto
1900, la Ley 142 de 1.994, la Resolución 087 de 1997, las disposiciones expedidas por la CRT y demás que regulen la
materia objeto del mismo. En lo no regulado por disposiciones específicas, el contrato se regirá por las normas del derecho
privado. Las normas que le son aplicables son las vigentes al momento de su celebración, sin perjuicio de lo que disponga la
CRT en cuanto al valor de los cargos de acceso y uso de la red entre otros. Los principios que contiene el capítulo primero
de la Ley 142 de 1.994, se utilizarán para resolver cualquier dificultad de interpretación del presente contrato o para suplir los
vacíos de las normas que sobre el servicio de TPBC dicte la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones […]”. (negrilla
de texto original de la sentencia proferida el 25 de octubre de 2018, en primera instancia).

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Demandante: ETB S.A. E.S.P.

55.5. Consideró, por último, que sin perjuicio de lo anterior y según lo estipulado
en el contrato mencionado supra, “[…] dentro del régimen legal aplicable se
encontraba incluida la Resolución 087, no obstante pese a que la actuación
administrativa se desarrolló con fundamento en la norma especial, esto es, la Ley
142 de 1994, tal situación no le impedía a la CRT aplicar la referida resolución […]”.

55.6. De igual forma, desestimó, por ausencia de mérito, el cargo relacionado con
la violación del debido proceso por indebida motivación, según el cual, los
actos administrativos demandados se fundaron en un dictamen pericial ilegalmente
practicado: fue rendido por un perito, cuando el artículo 234 del Código de
procedimiento Civil, que es la norma aplicable, exige para los procesos de mayor
cuantía, como el presente, que el dictamen sea rendido por dos peritos.

55.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca arribó a dicha conclusión luego
de hacer el recuento y estudio de las actuaciones que la Comisión de Regulación
de Comunicaciones llevó a cabo para proferir las resoluciones demandas,
relevantes39 a la cuestión planteada; así como de su confrontación con el
procedimiento previsto en los artículos 106 a 115 de la Ley 14240; a partir de lo
anterior, verificó que: i) el procedimiento administrativo surtido por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones se ajustó a dichas normas, especialmente en lo
que hace referencia al periodo probatorio; y ii) ninguna de esas normas prevé que
de la cuantía del conflicto que debe dirimirse, dependa la competencia de la
mencionada Comisión para conocer el caso concreto; reiteró que se trata de una
facultad especial otorgada por el legislador en las leyes 142 y 555.

39
“[…] a) Por auto de 18 de noviembre de 2002 se decretó como prueba un dictamen pericial con el propósito de determinar
la cantidad de enlaces que garantizarán el óptimo funcionamiento de la interconexión entre la red de Orbitel y ETB (fls.93 a
94 cdno. antecedentes administrativos). b) El 9 de enero de 2003 el perito rindió el dictamen pericial (fis. 119 a 140 ibidem )
decretado por la CRT en el cual se hizo un análisis del estado actual de interconexión que existe entre las redes, así como
de los métodos de medición utilizados y del método de dimensionamiento aplicable al conflicto suscitado. c) El 15 de enero
de 2003 se fijó en lista el traslado del dictamen para que las partes se pronunciaran al respecto, de ahí que la sociedad
ORBITEL descorrió traslado del dictamen, no obstante no solicitó aclaración ni complementación del mismo. d) Por auto de
29 de enero de 2003 (fl. 238 cdno. antecedentes) se solicitó la ampliación del dictamen en el sentido de determinar en cuánto
variaba el dimensionamiento de interconexión entre la red de ORBITEL y ETB en el caso de que una de las rutas principales
quede fuera de servicio por un tiempo prolongado, además se señaló que la ETB no hizo pronunciamiento alguno del
dictamen en el término legal previsto […]”.
40
“[…] 3) En lo que concierne al procedimiento administrativo preceptuado por la Ley 142 de 1994 se tiene que el mismo se
compone, en síntesis, de las siguientes etapas: a) citación o comunicación de la actuación administrativa; b) periodo
probatorio; c) práctica de pruebas; d) impedimentos; e) oportunidad para decidir, f) notificaciones y, g) recursos. 4) En ese
sentido precisa la Sala que la disposición que reglamenta el periodo probatorio en ninguno de sus apartes y normas determina
que la práctica de estas se sujetará a la cuantía del conflicto y mucho menos que cuando se trata de un proceso de mayor
cuantía se requiera la elaboración de dos dictámenes, en efecto la norma prevé lo siguiente: “ARTÍCULO 108. PERÍODO
PROBATORIO, Dentro del mes siguiente al día en que se haga la primera de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído
a los interesados, si existen diferencias de información o de apreciación sobre aspectos que requieren conocimientos
especializados, la autoridad decretará las pruebas a que haya lugar […]”.

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55.8. Consideró, además, que “[…] los procesos administrativos no requieren
determinación de la cuantía para ser tramitados por la autoridad correspondiente
pues, la ley no contempla ni establece ese tipo de clasificación o diferenciación para
su trámite y menos aún para la práctica de las pruebas que sean necesarias; si bien
es cierto la norma del artículo 234 del CPC contiene tal distinción para la práctica
de la prueba pericial esta solo es viable y aplicable en los procesos de naturaleza
jurisdiccional regulado por dicho estatuto procesal mas no en los procedimientos
administrativos en los que se ejerce función administrativa y no jurisdiccional […]”;
de manera que, en el sentido indicado, el conflicto resuelto mediante las
resoluciones demandadas carece de cuantía.

55.9. Asimismo, negó el cargo formulado como subsidiario de los anteriores,
referido a la ilegalidad de las Resoluciones CRT núm. 632 y CRT núm. 756, por
violación del principio de enriquecimiento sin causa al ordenar aplicar la
opción de cargos de acceso por capacidad de forma retroactiva a la fecha en
que fueron expedidos dichos actos administrativos

55.10. Lo anterior, en consideración a que, de lo previsto en el numeral 8 del artículo
73 de la Ley 142, la facultad conferida a la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, circunscrita a resolver un conflicto jurídico entre las partes del
contrato de interconexión, solo la ejerce desde el momento en que tiene
conocimiento de este y con el único objeto de dirimir esa controversia; de ahí que,
como ORBITEL formuló la solicitud de Resolución de conflicto el 16 de abril de
2012, consecuentemente, la Resolución CRT núm. 632 de 27 de marzo de 2003
resolviera, en el parágrafo del artículo segundo, que el valor de los cargos de
acceso se cancelaran desde la fecha de radicación de la solicitud de resolución del
conflicto, sin que ello constituya efecto retroactivo alguno, “[…] máxime cuando
desde el 31 de enero de 2002 ORBITEL solicitó a la ETB acogerse a los cargos de
acceso por capacidad sin que esta última accediera a dicha solicitud […]”, siendo
esta circunstancia la que originó el conflicto que fue resuelto por la Comisión.

55.11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró, en lo atinente al
quinto cargo de la demanda, consistente en la nulidad del parágrafo del artículo
2° de la Resolución CRT núm. 632 por la aplicación de la Resolución CRT núm.
463 durante un período en el cual no se encontraba vigente, que la norma que
sirvió de base a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para resolver el
conflicto de interconexión entre ETB y ORBITEL, fue la Resolución CRT núm. 463,

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la cual, para el momento en que se profirieron las Resoluciones CRT núm. 632 y
CRT núm. 756, había sido derogada expresamente por la Resolución CRT núm.
469 de 12 de enero de 200241, conforme lo previó su artículo 3.°, según el cual, “[…]
La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas
las normas expedidas con anterioridad a la misma que le sean contrarias, en
particular el Título IV de la Resolución 087 de 1997 y los artículos 3.7 y 19.4 del
Decreto 2542 de 1997 […]”.

55.12. En consecuencia, consideró que los actos administrativos violaron las
normas superiores, concretamente, el artículo 29 de la Constitución Política, porque
se sustentaron en una norma que no estaba vigente; lo cual viola ostensiblemente
el principio de legalidad; por esta razón declaró la nulidad de las Resoluciones 1148
y 1193.

55.13. Por último, negó el restablecimiento del derecho solicitado por la parte
demandante, para lo cual se consideró:

“[…] No obstante, si bien se declara la nulidad de los actos administrativos acusados,
no podrá accederse a las pretensiones de restablecimiento del derecho, por las
siguientes razones:

5) En primer lugar, los pagos que han sido efectuados con ocasión de la expedición
de las resoluciones impugnadas, fueron hechos entre ETB S.A. ESP Y ORBITEL
S.A. ESP.
6) En ningún momento la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT
hizo parte de dichas transacciones, esto es, ni recibió ni pagó dinero referente al
conflicto suscitado entre aquellas dos empresas prestadoras de servicios de
telecomunicaciones.
7) Las pretensiones de restablecimiento del derecho están dirigidas, única y
exclusivamente, en contra de la Nación – Ministerio de Comunicaciones –
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, y en modo alguno frente a
ORBITEL S.A., empresa ésta que recibió o efectuó pagos concernientes al
cambio de sistema de acceso de cargos por capacidad, con ocasión del contrato
de interconexión […]

En consecuencia, por no ser la Nación – Ministerio de Comunicaciones – Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), la persona jurídica obligada al
reintegro o devolución de los dineros reclamados por la demandante a título de
restablecimiento del derecho, se denegarán esas precisas pretensiones […].”

Recurso de Apelación, y segundo trámite en segunda instancia

41
“[…] Por medio de la cual se modifica la Resolución CRT 087 de 1997 y se expide un Régimen Unificado de
Interconexión, Rudi.[…]”.

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Núm. único de radicación: 25000232400020031005 03
Demandante: ETB S.A. E.S.P.

56. La parte demandada, Comisión de Regulación de Comunicaciones, interpuso
y sustentó oportunamente42, recurso de apelación43 contra la sentencia proferida el
25 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, en primera instancia, con fundamento en los siguientes
argumentos:

“[…] La validez de fondo de los actos administrativos […]

57. En primer lugar, indicó que el sustento regulatorio básico de la decisión
proferida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones se encuentra en el
artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT núm. 087 de 1997, modificado por el artículo
1.º de la Resolución núm. CRT 463 de 2001, que fija el valor de la opción de
remuneración escogida por ORBITE; lo anterior, en razón a que las tres decisiones
que se profirieron con los actos administrativos demandados fueron las siguientes:

57.1. Una de orden técnico, sobre el dimensionamiento de la interconexión de las
redes telefónicas y sustentada en el dictamen pericial rendido por un perito.

57.2. Otra, referida al mecanismo de remuneración de la interconexión, este es, el
cargo de acceso por capacidad, y el momento a partir del cual debe pagarse (16 de
abril de 2002); cuya base fue la Circular CRT núm. 40 de 15 de marzo de 2002,
según la cual, “[…] la fecha a partir de la cual se aplican los cargos de acceso por
capacidad previstos en la Resolución CRT 463 de 2001 no es la fecha de entrada
en vigencia de tal acto administrativo ni la fecha de ejecutoria del acto administrativo
que resuelve el conflicto, sino la fecha en que se presentó a la CRC la solicitud de
solución del conflicto que es precisamente el 16 de abril de 2002 […]”.

57.3. La tercera, relacionada con que el valor mensual que debe pagar ORBITEL
a ETB en virtud de su relación de interconexión, es el previsto en el artículo 4.2.2.19
de la Resolución CRT núm. 087, modificado por el artículo 1.° de la Resolución CRT
núm. 463.

42
El magistrado sustanciador del proceso, en primera instancia, concedió el recurso mediante auto de 10 de diciembre de
2018. Expediente Físico. Cfr. Folio 712-713 del cuaderno 3 del expediente 25000232400020050100501.
43
Mediante apoderado. Cfr. Expediente físico. Folios 705-710 del cuaderno 3 del expediente 25000232400020050100501.

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Demandante: ETB S.A. E.S.P.

58. En segundo lugar, afirmó que la Resolución CRT núm. 463 estaba vigente
cuando se profirieron las Resoluciones CRT núms. 632 y 756, porque: i) el texto del
artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT núm. 463 fue reproducido en la Resolución
CRT núm. 489 de 12 de abril de 2002, "Por medio de la cual se expide el régimen
general de protección a los suscriptores y usuarios de los servicios de
telecomunicaciones y se compilan los títulos I, IV, V y VII de la Resolución 087 de
1997 de la CRT"; norma que se encontraba vigente cuando se profirieron los actos
administrativos, y también lo estaba para el 16 de abril de 2002, fecha a partir de la
cual operaba la remuneración de la interconexión, por cargos de acceso por
capacidad.

59. Manifestó que, en todo caso, como el contenido material de la norma en que
se fundaron los actos administrativos se encontraba vigente por virtud del artículo
4.2.2.19 de la Resolución CRT núm. 489, la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones CRT núms. 632 y 756 resulta contraria al principio de prevalencia de
lo sustancial, previsto en los artículos 228 de la Constitución; 11 del Código General
del Proceso; y 1.° de la Ley 270 de 7 de marzo de 199644.

60. Aseveró que la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado el 21 de agosto de 2008, citada como fundamento de la sentencia apelada,
declaró la nulidad de la expresión “a partir del primero de enero de 2002” contenida
en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT núm. 489, pero dejó vigente el resto de
la norma, particularmente, el cuadro de precios que ordenó aplicar la Comisión de
Regulación de Comunicaciones en las Resoluciones CRT núms. 632 y 756.

“[…] La imposibilidad de imponer una condena en contra de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones […]”.

45.1. El recurso señaló que, en caso de mantenerse la decisión de declarar la
nulidad de las resoluciones CRT núms. 632 y 756, de igual manera debe hacerse
respecto del restablecimiento del derecho, porque la parte demandante dirigió dicha
pretensión exclusivamente contra la Nación, representada por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
entidades que no están obligadas al pago de lo reclamado, pues no participan en la
relación económica que se deriva de los contratos de interconexión, y los actos

44
“[…] estatutaria de la Administración de Justicia […]”.

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administrativos demandados fueron proferidos en ejercicio de la función
administrativa que le corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
referida a la solución de los conflictos que en esta materia se susciten entre los
operadores.

Alegatos de conclusión

61. El Magistrado sustanciador, vencido el término probatorio y mediante el auto
proferido el 29 de marzo de 201945, resolvió correr el traslado a las partes, y al
Ministerio Público, para que alegaran de conclusión.

62. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.

63. La parte demandada, Comisión de Regulación de Comunicaciones, presentó
los alegatos de conclusión46, mediante los cuales reiteró los argumentos en los que
fundó el recurso de apelación.

64. El Ministerio Público guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES

65. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) competencia; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo de los cargos de
acceso por interconexión de las comunicaciones; iv) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial sobre el principio de congruencia en las providencias judiciales, y, v)
el análisis del caso concreto.

Competencia

66. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo47, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos

45
Cfr. Expediente físico. Folio 8 y 8 anverso del cuaderno de segunda instancia 250002324000200501005-03.
46
Cfr. Expediente físico. Folios 11-14 del cuaderno del cuaderno de segunda instancia 250002324000200501005-03..
47
Cfr. “[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. […]”.

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del artículo 30848 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201149, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

67. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad sin que se
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, la Sala procede
a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

68. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 25 de octubre de 2018 por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los
artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, norma aplicable al
presente caso en virtud de lo previsto en el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales
se contrae dicho recurso.

El problema jurídico

69. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar si el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT núm. 463, que
sirvió de fundamento a las Resoluciones CRT núms. 632 y 756, se encontraba
derogado al momento en que fueron proferidos dichos actos administrativos; o si
por el contrario, se encontraba vigente.

70. En consecuencia, resuelto lo anterior la Sala determinará si hay lugar a
confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida en primera instancia.

Marco normativo sobre los cargos de acceso por interconexión de las
comunicaciones

48
Cfr. “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
49
Cfr. “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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71. Vistos los artículos 14 y 15 de la Ley 555, “[…] Por la cual se regula la
prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras
disposiciones […]”, la interconexión de los operadores de telecomunicaciones es un
derecho que se ejerce de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, correspondiéndole a esta, entre
otras competencias, las de fijar el régimen tarifario, regular el régimen de
interconexión, así como dirimir en vía administrativa los conflictos que se presenten
entre los operadores.

72. Vista la Resolución CRT núm. 087 de 15 de septiembre de 1997, “[…] “Por
medio de la cual se regula en forma integral los servicios de Telefonía Pública
Básica Conmutada (TPBC) en Colombia […]”, se tiene que en sus artículos IV y V
fue adicionada a través de la Resolución CRT núm. 463 de 2001.

73. Visto el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT núm. 463 de 29 de diciembre
de 200150 “[…] Por medio de la cual se modifica el Título IV y el Título V de la
Resolución 087 de 1.997 y se dictan otras disposiciones […]”, los operadores
telefónicos deben ofrecer, por lo menos, las opciones de cargos por minuto o cargos
por capacidad, para el acceso a las redes por parte de los operadores que
demanden interconexión, en las condiciones, forma y valor previstos en la misma
norma.

74. Visto el artículo 5.° de la Resolución CRT núm. 463, “[…] Los operadores
TMC y TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las condiciones y valores
vigentes en las interconexiones actualmente existentes a la fecha de expedición de
esta resolución, o acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en esta
resolución para todas sus interconexiones […]”.

75. Visto el artículo 3.° de la Resolución CRT núm. 469 de 12 de enero de 200251,
Por medio de la cual se modifica la Resolución CRT 087 de 1997 y se expide un
Régimen Unificado de Interconexión, Rudi […]: “[…] La presente resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas expedidas con
anterioridad a la misma que le sean contrarias, en particular el Título IV de la
Resolución 087 de 1997 y los artículos 3.7 y 19.4 del Decreto 2542 de 1997 […]”.

50
Proferida el 27 de diciembre de 2001 y publicada el 29 de diciembre de 2001; Diario Oficial núm. 44.661.
51
Proferida el 4 de enero de 2001 y publicada el 12 de enero de 2011; Diario Oficial núm. 44.674.

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76. Vista la Resolución CRT. núm. 489 de 24 de abril de 200252 “[…] Por medio
de la cual se modifica la Resolución CRT 087 de 1997 y se expide un Régimen
Unificado de Interconexión, Rudi […]”, su artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT
núm. 489, prevé: “[…] A partir del primero de enero de 2002, los operadores
telefónicos deberán ofrecer por lo menos las siguientes dos opciones de cargos de
acceso a los operadores que les demanden interconexión […]; las opciones
previstas en la norma corresponden a condiciones y valores referidos a cargos de
acceso por minuto, y cargos de acceso por capacidad.

77. Visto el artículo 9.° de la Resolución 489, “[…] Los operadores de TMC y
TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las condiciones y valores existentes
antes de la fecha de publicación de la Resolución CRT 463 de 2001 o acogerse, en
su totalidad, a las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT
087 de 1997, modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y compilada en la
presente resolución, para todas sus interconexiones […]”.

78. Atendiendo a las normas señaladas anteriormente, se arriba a las siguientes
conclusiones:

79. El artículo 3.° de la Resolución CRT núm. 469 derogó expresamente el “[…]
TÍTULO IV DE LA RESOLUCIÓN 087 DE 1997 […]”, título éste que, a su vez, había
sido modificado y adicionado por la Resolución CRT 463; en consecuencia, el
artículo 4.2.2.19 de las Resolución CRT núm. 463 también quedó derogado; a esta
misma conclusión ya había llegado la Sección Primera, en la sentencia proferida el
21 de agosto de 200853; que declaró la nulidad parcial del artículo 4.2.2.19 de la
Resolución CRT núm. 489, en cuanto a la expresión “[…] a partir del primero de
enero de 2012 […]”; y, la nulidad parcial del artículo 9.° ibidem“[…] o acogerse, en
su totalidad, a las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la resolución CRT
087 modificado por la resolución CRT 463 de 2001 y compilada en la presente
resolución, para todas sus interconexiones […], en el proceso radicado 11001-03-
24-000-2003-00047-01, mediante el cual se resolvió una acción de nulidad
formulada contra dicha norma, y sobre la cual se hará referencia detallada en el
análisis del caso concreto.

52
Proferida el 12 de abril de 2002 y publicada el 24 de abril de 2002. Diario Oficial 44.779.
53
MP. Marco Antonio Velilla.

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Análisis del caso en concreto

80. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

81. De acuerdo con el cargo de la apelación, no había lugar a declarar la nulidad
de los actos administrativos demandados, toda vez que el artículo 4.2.2.19 de la
Resolución CRT núm. 463 era una norma vigente, porque su contenido se reprodujo
en artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT núm. 489, acto administrativo que se
encontraba vigente para el momento en que fueron proferidas las resoluciones
demandadas.

82. En contraposición, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, el 25 de octubre de 2018, en
primera instancia, consideró que dicha norma se encontraba derogada por virtud de
la derogatoria expresa, realizada en el artículo 3.° de la Resolución 469, vigente
para la época en que fueron proferidos los actos administrativos.

Sobre la derogatoria de la Resolución CRT núm. 463 de 27 de diciembre de
2001, especialmente, del artículo 4.2.2.19 ibidem

83. La Sala considera que le asiste razón al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, al señalar que por virtud de la
entrada en vigencia de la Resolución CRT núm. 469, especialmente, el artículo 3.°
ibidem, se presentó la derogatoria expresa de la Resolución CRT. 463, y, por ende,
la del artículo 4.2.2.19.

84. Según el artículo 2.° de la Resolución CRT núm. 469, el Título IV de la
Resolución CRT núm. 087 de 1997 quedaría como lo ahí previsto; para estructurar
el nuevo Título IV, la normas, en los que es relevante a este asunto, un el Capítulo
II, nominado “[…] Principios y obligaciones de RUDI […]”54; en dicho capítulo se
previeron dos secciones: i) la SECCIÓN I, sobre “[…] PRINCIPIOS Y
OBLIGACIONES GENERALES TIPO (A) […]”, desde el artículo 4.2.1.1 y hasta el
4.2.1.23; ii) la SECCIÓN II, sobre “[…] OBLIGACIONES TIPO (B) […]”, desde el

54
Régimen Unificado de Interconexión.

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artículo 4.2.2.1, y hasta el artículo 4.2.2.18; sin que se incluyeran los artículos que
habían de la Resolución CRT núm. 087, que fueron adicionados por la Resolución
CRT núm. 463, especialmente, el artículo 4.2.2.19.

85. Por su parte, el artículo 3º ibidem, sobre vigencia y derogatorias de la
Resolución CRT 469, previó “[…] La presente resolución rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga todas las normas expedidas con anterioridad a la
misma que le sean contrarias, en particular el Título IV de la Resolución 087 de
1997 y los artículos 3.7 <sic> y 19.4 del Decreto 2542 de 1997 […]”.

86. Como consecuencia de lo anterior, a partir de la fecha de publicación de la
Resolución CRT 469, esto es, el 12 de enero de 2002, quedaron derogadas las
normas que conformaban el Título IV de la Resolución 087 de 1997, título que, a
su vez, había sido adicionado, entre otros, con el artículo 4.2.2.19 de la
Resolución CRT 463, por virtud su artículo 1.° en el que se previó: “[…] La sección
II del capítulo II del Título IV de la Resolución 087 de 1997 (OBLIGACIONES TIPO
B), tendrá los siguientes artículo adicionales: […]”.

87. El Consejo de Estado, sobre la derogatoria de las leyes, con fundamento en
los artículos 71 del Código Civil y en la Ley 153 de 1887, ha considerado:

“[…] La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita […] en tratándose de la
derogación expresa, el Legislador señala en forma precisa y concreta los artículos
que deroga. Por consiguiente, no es necesaria ninguna interpretación, pues
simplemente uno o varios preceptos legales se excluyen del ordenamiento desde el
momento en que así lo disponga la ley. […] En cambio la derogación tácita se deduce
de una incompatibilidad de la ley anterior en relación con lo regulado en la nueva ley.
En este caso se hace necesaria la interpretación de ambas leyes, para establecer
cuál rige y determinar si la derogación es total o parcial. […] La Ley 153 de 1887
establece en su artículo 3.° otra forma de derogación, la derogación orgánica, que
ocurre “[…] cuando la nueva ley regule íntegramente la materia que la anterior
normación positiva regulaba. Empero, determinar si una materia está o no
enteramente regulada por la ley posterior, depende de la intención revelada por el
legislador de abarcar con la nueva disposición o disposiciones toda una materia,
aunque en realidad no haya incompatibilidad alguna entre éstas y las de la ley anterior
[…]”55.

88. En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, al considerar:

55 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 18 de junio de 2014. MP. Augusto

Hernández Becerra, número único de radicación 11001-03-06-000-2013-000193-00.

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“[…] en la derogación expresa el legislador determina de manera precisa el o los
artículos que retira del ordenamiento, por lo que no se hace necesaria ninguna
interpretación, ya que simplemente se cumple una función de exclusión desde el
momento que así se establezca. La derogación orgánica refiere a cuando la nueva
ley regula integralmente la materia; […] Por su parte, la derogación tácita obedece
a un cambio de legislación, a la existencia de una incompatibilidad entre la ley
anterior y la nueva ley, lo cual hace indispensable la interpretación de ambas leyes
para establecer la vigente en la materia o si la derogación es parcial o total. Tiene
como efecto limitar en el tiempo la vigencia de una norma, es decir, suspender su
aplicación y capacidad regulatoria, aunque en todo caso el precepto sigue
amparado por una presunción de validez respecto de las situaciones ocurridas
durante su vigencia […]”56.

89. En suma, la derogación expresa se produce cuando el legislador indica las
normas que expulsa del ordenamiento, es decir, es el mandato, contenido en el
texto de la norma derogatoria el que así lo indica, de manera que no hay lugar a
que el operador jurídico realice interpretación alguna sobre la vigencia de la norma
derogada; mientras que la derogatoria tácita se produce cuando el legislador no ha
manifestado expresamente su voluntad de retirar del ordenamiento jurídico leyes
anteriores, pero se deduce por la incompatibilidad entre la norma anterior y la nueva
(antinomia), de manera que la aplicación de una de ellas conlleva necesariamente
el desconocimiento de la otra; y la derogatoria orgánica cuando la nueva ley regula
íntegramente la materia, cuestión que deberá determinarse conforme a la intención
expresada por el legislador en tal sentido.

90. Conforme con lo anterior, la Sección Primera considera que la Resolución
CRT 463, quedó comprendida por la derogatoria expresa del artículo 3º de la
Resolución CRT 469; misma conclusión a la que ya había llegado anteriormente,
en las sentencias previas, cuyos desarrollos jurisprudenciales se prohíjan esta
oportunidad.

91. En efecto, el primer pronunciamiento de la Sección Primera data del 21 de
agosto de 2008; estuvo relacionado con la declaratoria de nulidad de algunas
normas demandadas, contenidas en la Resolución CRT núm. 489, en la que se
resolvió: […] DECLÁRASE la nulidad de la expresión “a partir del primero de
enero de 2002”, contenida en el artículo 2°, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de
resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002; y de la expresión “o acogerse, en su

56 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-901 de 30 de noviembre de 2011. MP. Jorge Iván Palacio

Palacio, expediente D-8551

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totalidad, a las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la resolución
CRT 087 modificado por la resolución CRT 463 de 2001 y compilada en la
presente resolución, para todas sus interconexiones”, contenida en el
artículo 9°, ibidem. […] (negrilla fuera de texto).

92. Las consideraciones que tuvo la Sección Primera para llegar a esa
conclusión, fueron, principalmente, las siguientes:

Observa la Sala que la CRT expidió el 27 de diciembre de 2001 la Resolución núm.
463, a través de la cual modificó los títulos IV y V de la Resolución 087 de 1997 y,
particularmente, adicionó en el título IV el numeral 4.2.2.19 y 4.3.8, aquí acusados
(folios 336 a 340).

El 4 de enero de 2002, la CRT expidió la Resolución 469, en cuyo artículo 3º dispuso
(folio 335):

“DEROGATORIA Y VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de
su publicación y deroga todas las normas expedidas con anterioridad, EN
PARTICULAR EL TÍTULO IV DE LA RESOLUCIÓN 087 DE 1997 […] (mayúsculas
del original del texto)

El artículo 2º de la Resolución 489 de 12 de abril de 2002, dispone: “Artículo 2º. El
Título IV de la Resolución 087 de 1997, quedará así: (…) […]”

Para la Sala, contrario a lo expresado por la empresa ORBITEL S.A. E.S.P., resulta
contradictorio que el artículo 2º de la Resolución 489, contentivo de los numerales
acusados, esté refiriéndose al título IV de la Resolución 087 de 1997, para disponer
obligaciones a los operadores telefónicos, con retroactividad al primero de enero
de 2002, siendo que el 4 de enero de 2002 se expidió la Resolución 469, cuyo
artículo 3º transcrito derogó expresamente EL TÍTULO IV DE LA RESOLUCIÓN
087 DE 1997, título éste que, a su vez, había sido modificado y adicionado por
la Resolución 463.

Ahora, si bien es cierto que la Circular 40 de 2002, expedida por la CRT explica
las razones por las cuales no puede predicarse la derogatoria, a pesar de lo
expresado en el texto que la contiene, tal acto no tiene la capacidad jurídica
suficiente de revivir las disposiciones expresamente derogadas y menos aún
sobre la base de una compilación de normas, pues este fenómeno solo puede
darse frente a normas vigentes.

En lo que respecta al artículo 9º de la Resolución núm. 489, también acusado, cabe
tener en cuenta lo siguiente:

Prevé el citado artículo:

“Los operadores de TMC y TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las
condiciones y valores existentes antes de la fecha de publicación de la Resolución
463 de 2001 o acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en el artículo

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4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997, modificado por la Resolución CRT 463
de 2001 y compilada en la presente resolución, para todas sus interconexiones”.

Teniendo en cuenta que, como ya se dijo, la expresión “a partir del primero de
enero de 2002”, contenida en los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8. del artículo 2° de
la Resolución 489, no está llamada a producir efectos, pues los mismos fueron
regulados por la Resolución 463 de 2001, derogada en lo que a dicho título se
refiere por la Resolución 469, artículo 3º, necesariamente la nulidad de tal
expresión incide en el artículo 9º, también acusado, particularmente, en el aparte
que dispone “o acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en el artículo
4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997, modificado por la Resolución CRT 463
de 2001 y compilada en la presente resolución, para todas sus interconexiones”,
pues, precisamente, respecto de estas condiciones es que la CRT pretende hacer
producir efectos desde “el primero de enero de 2002”, no obstante el referido
numeral fue adicionado mediante la Resolución 463, que conforme al artículo
3º de la Resolución 469, debe entenderse derogada, ya que su objeto recae
sobre el título IV de la Resolución 087, expresamente derogado.

En consecuencia, el párrafo del artículo 9º relativo a que “Los operadores de TMC
y TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las condiciones y valores existentes
antes de la fecha de publicación de la Resolución 463 de 2001, se entiende ajustado
a la legalidad, pues el mismo se sustrae de los alcances de la citada Resolución
463, cuyos numerales adicionados, que fueron compilados por la Resolución 489
acusados, no podían producir efectos, por las razones antes anotadas.

No así el párrafo siguiente relativo a la opción de: “o acogerse, en su totalidad, a las
condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997,
modificado por la Resolución CRT 463 de 2001 y compilada en la presente
resolución, para todas sus interconexiones”, pues, como ya se dijo, en el mismo
tiene incidencia directa el numeral 4.2.2.19 de la resolución CRT 087 de 1997,
el cual no está llamado a producir efectos, como se dejó establecido
precedentemente […]”. (sic) (negrilla fuera de texto)

93. En igual sentido, sobre la derogatoria expresa de la Resolución CRT núm.
463, se pronunció la Sección Primera mediante sentencia proferida el 19 de
febrero de 201557; en esa oportunidad, previo a resolver sobre la legalidad del
acto administrativo demandado en nulidad, y para resolver la excepción
propuesta, consistente en la “[…] ineptitud sustantiva de la demanda por
sustracción de materia, ya que la Resolución 463 de 2001 se encuentra derogada
[…]”, sobre la vigencia de la norma consideró:

“[…] Sostiene el impugnante que tal ineptitud de la demanda se deriva del hecho de
que la resolución acusada fue derogada por la Resolución 469 de 2002 de la misma
CRT.

57
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera; sentencia de 19 de febrero de 2015. MP. María
Claudia Rojas Lasso; expediente 11001-03-24-000-2002-00194-01

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Considera la Sala que esta excepción no puede prosperar, pues dicha circunstancia
no constituye impedimento para que la jurisdicción pueda pronunciarse acerca del
juicio de legalidad propuesto, pues como lo ha precisado esta Corporación en
diversos pronunciamientos a partir de la providencia de 14 de enero de 199, la
derogatoria expresa o tácita de una norma no impide la proyección en el
tiempo y el espacio de los efectos que haya generado, que se extienden
también a los actos de contenido particular, efectos que sólo se terminan con
el pronunciamiento definitivo del juez; y mientras ello no ocurra tal norma
conserva y proyecta la presunción de legalidad que la ampara. Es decir, la
derogatoria no restablece por sí misma el orden jurídico que se plantea como
contrariado sino que solo afecta la vigencia, por lo que es por los efectos que tal
norma hubiera podido producir mientras estuvo vigente que no puede considerarse
que se presenta una sustracción de materia y, por lo mismo, que debe hacerse un
pronunciamiento de fondo […]”. (negrilla fuera de texto).

94. Atendiendo las consideraciones supra, la Sección Primera concluyó, por
segunda vez, que la norma acusada se encontraba derogada, y respecto de los
cargos de nulidad resolvió:

“[…] PRIMERO.- DECLÁRASE LA NULIDAD del artículo 4.2.2.20 del artículo
primero de la Resolución 463 de 27 de diciembre de 2001, proferida por la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que dice: “No habrá lugar al pago
de cargos de acceso por el tráfico local cursado entre las redes de los operadores
de TPBCL, lo cual implica que cada operador conservará la totalidad del valor
recaudado de sus usuarios, se responsabilizará de todo lo concerniente al proceso
de facturación y asumirá el riesgo de la cartera. Lo anterior, sin perjuicio de que los
operadores acuerden cualquier esquema alternativo.

SEGUNDO.- Deniéganse las demás pretensiones de las demandas que dieron
origen a los procesos acumulados de la referencia.[…]”.

95. En el mismo sentido se pronunció la Sección Primera en la sentencia
proferida el 16 de marzo de 201258 con motivo de una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentada contra las Resoluciones CRT núms. 758
y 826 de 2003, proferidas por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones;
mediante las cuales resolvió un conflicto de interconexión entre operadores.

96. En este asunto, la Sección Primera, para resolver el cargo de la apelación
referido a la vigencia de la Resolución CRT núm. 463, particularmente de sus
artículos 4.2.2.19 y 5.°, prohijó las consideraciones realizadas en la sentencia
proferida el 21 de agosto de 2008, confirmando la sentencia proferida por el

58
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera; sentencia de 16 de marzo de 2012. MP.
María Elizabeth García González, expediente 25000-23-24-000-2004-00811-01.

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Demandante: ETB S.A. E.S.P.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, que declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados por dicha razón; para el efecto
consideró:

“[…] De manera que las Resoluciones acusadas se profirieron cuando la Resolución
CRT núm. 463 de 27 de diciembre de 2001 ya había sido derogada por la Resolución
469 de 4 de enero de 2002, razón suficiente para considerar que al haberse proferido
dichos actos con fundamento esencial en las regulaciones contenidas en la primera
de ellas, es decir, en una normativa que había dejado de existir en el escenario
jurídico, ello conduce a predicar la inexistencia de base legal para su expedición y,
como consecuencia la confirmación de la sentencia recurrida que declaró su nulidad,
pero por las razones expuestas en esta providencia […]”.

97. La Sección Primera, siguiendo la línea jurisprudencial y las decisiones
precedentes, en el marco de otro proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las Resoluciones CRT núms. 913 y 831 de 2003, proferidos por la
Comisión de Regulación de Comunicaciones para dirimir un conflicto sobre cargos
de acceso por interconexión entre operadores, mediante sentencia proferida el 20
de noviembre de 202059 resolvió confirmar la declaratoria de nulidad de los
mencionados actos administrativos, al considerar que la Resolución CRT núm.
469 derogó expresamente la Resolución CRT núm. 463, así:

En suma y siguiendo los precedentes de esta Sección, para la Sala resulta claro
que la Resolución CRT 463 de 2001 fue derogada por la Resolución CRT 469 de
2002. Por tal motivo, y en aras de resolver el cargo planteado de falsa motivación,
pasa la Sala a analizar la línea de tiempo de expedición de las Resoluciones CRT
463 de 2001, 469 y 489 de 2002 y el contenido de los actos administrativos
demandados.

[…] En síntesis, la Sala reitera que, como se concluyó por esa Corporación en la
jurisprudencia en cita, la Resolución CRT 463 de 2001 fue derogada por la
Resolución CRT 469 de 2002 y, por lo tanto, los artículos adicionado por la
Resolución CRT 463 de 2001 a la Resolución CRT 087 de 1997 sólo estuvieron
vigentes desde el 1º de enero de 200 hasta el 12 de enero de 2002, fecha en la que
entró en vigor la Resolución CRT 469 de 2002 que subrogó el mencionado Título
IV de la Resolución CRT 087 de 1997 sin incorporarlos. Y a pesar de que, con
posterioridad, la Resolución 489 de 2002 incorporó las disposiciones de la
Resolución CRT 463 de 2001, ya dicha resolución se encontraba derogada […]”.

98. La Sección Primera considera, en el caso sub examine, conforme a los
asuntos precedentes y a la jurisprudencia supra del Consejo de Estado, que no
está llamado a prosperar el cargo de la apelación, referido a que la Resolución

59
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera; sentencia de 20 de noviembre de 2020. MP.
Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente 25000-23-24-000-2004-00310-01.

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CRT núm. 463, especialmente, el artículo 4.2.2.19 no fue derogado por la
Resolución CRT núm. 469; que estaba vigente al momento de proferirse los actos
administrativos demandados (2003); y que, en todo caso, su contenido material
fue reproducido en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT núm. 489, por los
siguientes motivos:

El contenido de las partes considerativa y resolutiva de los actos
administrativos demandados así lo verifica

99. De acuerdo con las consideraciones realizadas en la Resolución CRT núm.
632 de 27 de marzo de 2003, para resolver el conflicto entre ETB y ORBITEL, la
norma de sustento para proferir la decisión sería la Resolución CRT núm. 463 de
2001, como lo corroboran los siguientes textos de la parte considerativa del dicho
acto administrativo:

[…] 2.1. Competencia de la CRT

[…]

Por otra parte, el legislador también le otorgó a la CRT la facultad de resolver por
vía administrativa, los conflictos que surjan entre los operadores de
telecomunicaciones, con ocasión de los contratos, interconexiones o servidumbres
que existan entre ellas, siendo uno de los casos en los que se puede presentar
conflicto, precisamente el relativo a la aplicación de la opción de cargos de
acceso por capacidad consagrada en la Resolución CRT 463 de 2001, punto
sobre el cual versó la solicitud de solución de conflicto presentada por
ORBITEL el 16 de abril de 2002 y respecto del cual se pronuncia la CRT en el
presente acto administrativo.

[…]
2.2. Cargos de acceso por capacidad

En lo que respecta a la fecha de aplicación de la opción de cargos de acceso
por capacidad contemplada en la Resolución CRT 463 de 2001, debe tenerse en
cuenta que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones advirtió sobre este
particular en la Circular 40 que la fecha a partir de la cual se hacen efectivos los pagos
o la devolución de enlaces será la fecha de recibo de solicitud de solución de conflicto
ante la CRT pues en dicha fecha la CRT tendrá noticia del conflicto surgido entre las
partes. Es solo hasta este momento que la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones adquiere competencia para pronunciarse sobre las divergencias
surgidas entre los operadores en desarrollo de la interconexión. En el caso particular,
la fecha desde la cual se deberá dar aplicación a la opción de cargos de acceso por
capacidad es el 16 de abril de 2002, fecha de radicación del escrito por medio del cual
ORBITEL puso en conocimiento de la CRT el conflicto surgido con ETB.

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De otra parte, para la aplicación de los cargos de acceso por capacidad debe
tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT
087 de 1997 y en el anexo 008 de la misma Resolución, el cual indica que para
los operadores que no se encuentren enlistados en el mencionado anexo, deberá
aplicarse como tope de los valores de cargos de acceso por uso o capacidad, los
que correspondan al operador de TPBCL que concurra en el respectivo mercado en
que operen, es decir que para el caso de UNITEL, deberá aplicarse el contemplado
para Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., la cual pertenece al grupo de
empresa número (3). Debe aclararse que la CRT para efectos de la
determinación del valor de cada uno de los enlaces requeridos para la
presente interconexión, toma el tope establecido en la Resolución CRT 463,
artículo 4.2.2.19 para los cargos de acceso máximos por capacidad, es decir,
once millones novecientos sesenta mil pesos ($11´960.000.oo) expresados en
pesos del 30 de junio de 2001 […]”.

“[…]

2.4 Consideraciones Finales

Como lo ha indicad la CRT en varias oportunidades, el porcentaje de bloqueo medio
del 1% consagrado en la Resolución CRT 463 de 2001, constituye solamente
un piso de calidad. Dicho piso de calidad esta referido a la Interconexión en su
conjunto y no a cada enlace. (sic)

[…]

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor establecido en la Resolución CRT 463 de
2001, concebido como un tope tarifario, constituye el precio tope a cada uno
de los enlaces E1s, de manera independiente a la calidad [..]”.

100. De igual forma la Resolución CRT núm. 632, resolvió:

“[…] Artículo 2. ORBITEL S.A. E.S.P deberá reconocer mensualmente a la E.T.B.
S.A. E.S.P. la suma establecida en la tabla ‘Opción 2: Cargos de acceso máximo por
capacidad’ contemplada en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 463 de
2001, para el grupo de empresas número uno (1), según lo explicado en el numeral
2.2. de la presente Resolución.

Parágrafo.- El valor establecido en el presente artículo deberá pagarse desde el 16
de abril de 2002, fecha de radicación de la solicitud de solución de conflicto
presentada por ORBITEL S.A. E.S.P. […]”60.

101. Por su parte, en la Resolución núm. CRT 756, mediante la cual resolvió el
recurso interpuesto en contra de la Resolución CRT 632 del mismo año, la
Comisión de Regulación de Comunicaciones reiteró su competencia para resolver

60
Cfr. Expediente Físico. Folios 449 a 458 del cuaderno […] Anexos de la demanda […].

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el conflicto de interconexión entre ETB y UNITEL, con base en la Resolución CRT
núm. 463.

102. Sobre el cuestionamiento planteado por ETB en el recurso que presentó,
consistente a la derogatoria de la Resolución 463 de 2001, por la Resolución CRT
469, la Comisión de Regulación de Comunicaciones consideró que « es preciso
aclarar que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones disiente de la
posición expuesta por el impugnante en relación con la derogatoria de la
Resolución CRT 463 de 2001, como ha tenido oportunidad de explicarlo y
manifestarlo en un sinnúmero de oportunidades. Al respecto, vale la pena señalar
que, sólo hay lugar a la interpretación de las normas con autoridad, cuando dicha
interpretación proviene del legislador; en el caso particular, la entidad que emitió
la norma sobre la cual el impugnante explica su interpretación , ha aclarado que
las Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 469 de 2002, son complementarias y
no contradictorias, razón por la cual la derogatoria a la que hace referencia la
segunda de las resoluciones mencionadas, no se refiere a las disposiciones
contenidas en la Resolución CRT 463 de 2001 […]”.

103. La Sección Primera considera que, de acuerdo con lo anterior, no hay duda
acerca de que los actos administrativos tuvieron como sustento jurídico principal,
la regulación contenida en la Resolución CRT. núm. 463.

La temporalidad en que fueron proferidas las Resoluciones CRT núms. 632
y 756 demandadas, corrobora que fueron posteriores a la derogatoria de la
Resolución CRT núm. 463

104. La Sección Primera considera, sobre la base de las transcripciones supra,
que las Resoluciones núm. CRT 632 y 756, que, en efecto, fueron sustentadas en
la Resolución CRT núm. 463, especialmente en el artículo 4.2.2.19 ibidem, norma
que se encontraba derogada para el momento en que fueron proferidas, esto es,
el 27 de marzo y el 1.° de julio de 2003, respectivamente; pues, se reitera, la
Resolución CRT núm. 463 de 29 de diciembre de 2001 fue incluida en la
derogatoria del artículo 3.° de la Resolución CRT 469 de 12 de enero de 2002.

105. Lo anterior supone que la Resolución CRT núm. 463 estuvo vigente entre
el 1º y el 12 de enero de 2002, y no obstante que sus disposiciones fueron

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reproducidas en la Resolución CRT núm. 489 de 24 de abril de 200261, tal
circunstancia no produce el efecto de revivir la norma derogada, toda vez que la
reproducción exacta de una norma derogada en otra disposición posterior, no
significa que las normas reproducidas conserven la vigencia que la primera tenía,
por cuanto éstas entrarán a regir cuando entre en vigencia la norma que las
incorpora.

106. En el presente asunto, como se explicó líneas atrás, los artículos 4.2.2.19
y 4.3.8. de la Resolución CRT 087 de 1997, adicionados por la Resolución CRT
núm. 463 de 29 de diciembre de 2001, fueron incorporados de manera idéntica
en los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 del artículo 2.° de la Resolución 489 de 24 de
abril de 2002; esta situación, precisamente, provocó la declaratoria de nulidad de
los apartes demandados, en tanto daban un efecto retroactivo al disponer que su
contenido era obligatorio desde el 1.° de enero de 2002.

107. Entonces, como la Resoluciones CRT 632 de 27 de marzo de 2003 y 756
de 1.° de julio de 2003, se profirieron con sustento en la Resolución CRT núm.
463 de 29 de diciembre de 2001, misma que ya no se encontraba en el
ordenamiento jurídico, lo que se concluye es que fueron proferidas con
fundamento en una norma inexistente; por esta razón el cargo en que se funda el
recurso de apelación no está llamado a prosperar.

Conclusión de la Sala

108. El cargo de la apelación no prospera; en consecuencia, la Sección Primera
confirmará la sentencia proferida el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.

Condena en costas

109. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que no
condenará en costas.

61
Proferida el 12 de abril de 2002 y publicada el 24 de abril de 2002. Diario Oficial núm. 44.779.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de octubre de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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