Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2004-00173-04
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2004-00173-04
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2004-00173-04
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P., hoy UNE EPM
Telecomunicaciones S.A.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones –
CRT, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC
Terceros: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., antes
Telecom y Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MINTIC
Tema: Legalidad de las decisiones administrativas / conflictos
derivados de convenios de interconexión operadores de
telecomunicaciones /debido proceso / irretroactividad / falsa
motivación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, EPM Bogotá S.A. E.S.P. hoy UNE EPM Telecomunicaciones S.A., en
contra de la sentencia de 20 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por medio de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
1. La sociedad EPM Bogotá S.A. E.S.P., a través de apoderado judicial, en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo – CCA, presentó demanda en contra de la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT, hoy Comisión de
Regulación de Comunicaciones – CRC, con el fin de que se hicieran las siguientes
declaraciones:
“[…] 1. Se declare la nulidad de las resoluciones N° 728 del 28 de mayo de
2003 y 825 del 25 de septiembre de 2003, proferidas por la COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (CRT), por medio de las cuales
“... se resuelve un conflicto” entre la sociedad EPM BOGOTA S.A. E.S.P. y
TELECOM, hoy COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., la primera,
1 Folios 1 a 54 C pp.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
y la segunda por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición
interpuestos por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP y EPM
BOGOTÁ S.A. ESP contra la resolución 728; Lo (sic) anterior por ser violatorias
de los artículos 6, 58, 113, 122, 189-11, 209, 229, 370 de la Constitución
Política de Colombia; los artículos 14.18, 68, 73.8, y 74.3 literal b) de la Ley 142
de 1994; los artículos 33, 34, 35, 84 y 85 del Código Contencioso
Administrativo; los artículos 1602, 1603, 1618 del Código Civil; El (sic) inciso
3° del artículo 18 de la Ley 153 de 1887; También se declara como violada la
resolución 087 de 1997, artículo 4.49 expedida por la CRT, hoy compilada en
la resolución 575 expedida por la misma entidad.
2. Que como consecuencia del anterior pronunciamiento, se ordene:
A) El restablecimiento del derecho a favor de EPM BOGOTÁ S.A. ESP,
ordenando que las condiciones contractuales pactadas en el “Contrato C- 003-
98-5401994, celebrado el 30 de enero de 1998 entre EPM EMPRESAS
PÚBLICAS DE MEDELLIN y TELECOM’, cedido por EMPRESAS PUBLICAS
DE MEDELLIN a EPM BOGOTA S.A. E.S.P., vuelvan al estado en que se
encontraban antes de la intervención de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, verificada por la expedición de las Resoluciones
impugnadas N° 728 del 28 de mayo de 2003 y 825 del 25 de septiembre de
2003.
B) La reliquidación del valor de los cargos de acceso conforme fueron pactados
por el “Contrato C-003-98-5401994, celebrado el 30 de enero de 1998 entre
EPM EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN y TELECOM”, cedido por
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN a EPM BOGOTA S.A. E.S.P., desde
el 24 de enero de 2003 y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que se
profiera en primera y/o segunda instancia, con la correspondiente indexación
monetaria con base en el IPC certificado por el DANE de los valores pagados.
C) Como consecuencia de la anterior declaración solicito que se ordene a
TELECOM, hoy COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., hacer
devolución a favor de EPM BOGOTA S.A. ESP de todas aquellas sumas de
dinero que esta última haya tenido que cancelar en cumplimiento de las
Resoluciones No 728 del 28 de mayo de 2003 y 825 del 25 de septiembre de
2003, con la correspondiente indexación monetaria con base en el IPC
certificado por el DANE de los valores pagados desde la fecha de pago hasta
(sic) fecha de ejecutoria de la sentencia que se profiera en primera y/o segunda
instancia.
D) Que se condene en costas del proceso a la COMISION DE REGULACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES — MINISTERIO DE COMUNICACIONES […]”
(mayúscula y negrilla del original)2.
I.1.1. Los hechos de la demanda3
2. El apoderado de la parte demandante señaló que, el 30 de enero de 1998,
Empresas Públicas de Medellín – EPM celebró con la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones – Telecom el contrato C – 003-98-5401994, el cual fue cedido
por EPM a EPM Bogotá S.A. E.S.P. el 19 de noviembre de 1999 y, posteriormente,
2 Folios 1 a 2 C pp.
3 Folios 3 a 11 C pp.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. asumió la posición contractual de
Telecom, por la liquidación de esta última.
3. Sostuvo que el objeto del contrato C – 003-98-5401994 era el de determinar los
derechos y obligaciones entre las partes con respecto al acceso, uso e interconexión
directa de la red de Telefonía Pública Básica Conmutada Local – TPBCL, operada
por EPM y la red de Telefonía Pública Básica Conmutada Larga Distancia –
TPBCLD de Telecom. Lo anterior, con el fin de proporcionar capacidad completa de
comunicación telefónica entre usuarios de distintas localidades del país y de éstos
con el exterior. En dicho contrato se estipularon las condiciones de carácter legal,
comercial, técnico, operativo y económico de la relación contractual.
4. Mencionó queen el contrato se consignaron los costos que debería asumir
Telecom, como consecuencia de la interconexión de las redes.
5. Indicó que, en la cláusula vigésima se estableció que, en caso de que las partes
tuvieran diferencias durante la interpretación, desarrollo, terminación y liquidación
del contrato, estas se solucionarían de forma ágil, rápida y directa y cuando fuera
necesario se acudiría a los métodos de solución como un comité mixto de
interconexión, una instancia superior conformada por los representantes legales
quienes podrían acudir a la CRT como órgano conciliador y un Tribunal de
arbitramento. Y, respecto de las controversias relacionadas con la medición del
tráfico, el mismo se efectuaría conforme con el numeral 6.4. del anexo técnico.
6. Expresó que la cláusula decimonovena del mencionado contrato dispuso que,
cuando las autoridades, como la CRT, definieran condiciones “[…] imperativas […]”
sobre las condiciones de acceso, uso e interconexión, así como la definición de
cargos de acceso y uso de la red, que afecten las condiciones del contrato, este
debía actualizarse.
7. Agregó que, mediante la Resolución CRT 463 de 27 de diciembre de 2001, norma
“[…] no imperativa […], la CRT adicionó el Título IV de la Resolución 087 de 1997,
en cuyo artículo 1°, numeral 4.2.2.19., determinó las modalidades en que los
operadores de TPBCL y Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida –
TPBCLE podían convenir con los operadores de TPBCLD el pago de cargos de
acceso o peaje por el uso de las redes, facturado por minutos o por capacidad.
8. Subrayó que, a través de la Resolución 469 de 4 de enero de 2002, la CRT expidió
el Régimen Unificado de Interconexión – RUDI, por medio del cual derogó el Título
IV adicionado por la Resolución CRT 463 a la Resolución 087, dejando vigente la
modalidad de cargo de acceso que regía desde 1997, esto es, el cargo de acceso
cuya unidad de medida es el tiempo de uso de la red.
9. Aseveró que, mediante la referida Resolución 489, la CRT expidió el Régimen
General de Protección a los Suscriptores y Usuarios de los Servicios de
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
Telecomunicaciones y compiló entre otros, el título IV de la Resolución 087, el cual
fue adicionado por la Resolución CRT 463 de 2001.
10. Sostuvo que, el 27 de enero de 2002, Telecom solicitó a EPM Bogotá S.A. E.S.P.
la aplicación del esquema de remuneración de cargos de acceso por capacidad, por
los contratos de TPBCLD y TPBCLE, a partir del 1° de marzo de 2002, conforme
con lo dispuesto en la Resolución CRT 463 de 2001.
11. Afirmó que, el 5 de marzo de 2002, EPM Bogotá S.A. E.S.P. manifestó a Telecom
su disponibilidad de negociar la remuneración de cargos de acceso, conforme lo
establecido en la cláusula de solución de controversias. Frente a lo anterior, el 29
de abril del mismo año, Telecom contestó que la modificación de la Resolución CRT
463 de 2001 se entendía incorporada automáticamente al contrato, por lo que no
era necesario agotar la negociación y, por ello, dio traslado a la CRT para que
definiera el conflicto, dando por finalizada la eventual negociación.
12. Señaló que, el 3 de septiembre de 2002, Telecom propuso la celebración de una
reunión con el objeto de analizar lo relativo a los cargos de acceso por capacidad,
a lo cual, EPM Bogotá S.A. E.S.P. contestó en el sentido de proponer como fecha
para dicha reunión el 11 de septiembre de ese mismo año. Dicha reunión se llevó a
cabo sin lograr acuerdo alguno entre las partes y que se realizó otra reunión en el
mismo sentido con idéntico resultado.
13. Manifestó que, mediante radicado 200330221 de 24 de enero de 2003, Telecom
solicitó a la CRT intervenir para solucionar el conflicto contractual surgido entre ella
y EPM Bogotá S.A. E.S.P., con motivo de la aplicación de la Resolución CRT 463
de 2001 frente al contrato de acceso, uso e interconexión que las empresas
mencionadas habían celebrado el 30 de enero de 1998.
14. Refirió que, por medio de radicado 200350284 del 13 de febrero de 2003, la CRT
comunicó a EPM Bogotá S.A. E.S.P. que había iniciado una actuación
administrativa y había dado traslado por el término de 5 días hábiles siguientes al
recibo de esta para que formulara sus observaciones, comentarios, presentara o
solicitara pruebas y, además, enviara su oferta final.
15. Destacó que, el 10 de marzo de 2003, se llevó a cabo audiencia de conciliación,
prevista en el artículo 4.4.8 de la Resolución 087 de 1997, el cual regula el
procedimiento para la imposición de servidumbres de interconexión en los servicios
de telecomunicaciones, donde EPM Bogotá S.A. E.S.P. manifestó su posición de
mantener las condiciones previstas en los contratos de interconexión con Telecom,
específicamente, frente a la negociación entre las partes y los parámetros para su
modificación, en tanto no se habían agotado las instancias de negociación directa
previstas contractualmente.
16. Aludió que, mediante la Resolución 728 de 28 de mayo de 2003, la CRT fijó el
dimensionamiento de la interconexión de las redes de TPBCL de EPM Bogotá S.A.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
E.S.P. con las redes de TPBCLD y TPBCLE de Telecom en 20 enlaces EI.
Asimismo, estableció que Telecom debía reconocer a EPM Bogotá S.A. E.S.P. la
suma establecida en la tabla “[…] Opción 2: Cargos de acceso máximo por
capacidad […]” contemplada en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 463 de
2001, esto es, $9´920.000, a partir del 24 de enero de 2003. Frente a la anterior
decisión, la demandante presentó recurso de reposición.
17. Mencionó que, mediante la Resolución 825 de 25 de septiembre de 2003, la CRC
negó los argumentos del recurrente y confirmó la Resolución 728.
18. Finalmente, puso de presente que el cumplimiento de las anteriores resoluciones
ha generado que EPM Bogotá S.A. E.S.P. devuelva a favor de Telecom, la suma de
$778.481.666, así como, dejado de percibir desde el mes de septiembre a
noviembre de 2003, la suma de $258.928.854.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación4
I.1.2.1. Fundamentos de derecho
19. La parte demandante propuso los cargos de nulidad relacionados con el
desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados,
violación al debido proceso y falsa motivación, para lo cual señaló como
quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución Política, artículos 6°, 29,
58, 113, 122, 150, 189 (numeral 11), 209, 229, 333 y 370; (ii) Ley 142 de 1994,
artículos 14.18, 32, 39.4, 68, 73.8 y 74.3 (literal b); (iii) Código Contencioso
Administrativo, artículos 33, 34, 35, 84 y 85; (iv) Código Civil, artículos 1602, 1603
y 1618; (v) Ley 153 de 1887, artículo 18 (inciso 3°); (vi) Decreto 1130 de 1999,
artículo 37 (numeral 14); (vii) Resolución 087 de 1997, compilada por la Resolución
575 de 2002, artículo 4.4.15 (inciso 2°); Resolución CRT 463 de 2001, artículo 5°;
(viii) Decisión 462 de 1999, artículos 30 y 32 y; (xi) Resolución 432 de 2000 de la
Secretaría General de la Comunidad Andina, artículos 8°, 18, 19, 20 y 32.
I.1.2.2. El concepto de violación
I.1.2.2.1. Desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos
acusados
I.1.2.2.1.1. Vulneración de la Ley 142 de 1994, artículos 14.18, 73.8 y 74.3 por
falta de competencia de la CRT
20. La parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran
viciadas de nulidad, toda vez que la CRT impuso condiciones de interconexión entre
EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom, sin considerar que era competencia exclusiva
de la rama judicial, por tratarse de una diferencia contractual, lo que conllevó al
4 Folios 10 a 30 C pp.
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
desconocimiento de sus derechos al acceso a la Administración de Justicia y del
debido proceso.
21. Explicó que, con fundamento en el artículo 39 (numeral 39.4) de la Ley 142 de
1994, el 30 de enero de 1998, EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom suscribieron el
contrato C – 003-98-5401994 para el acceso, uso e interconexión de sus redes,
regido por las normas del derecho privado, en el que se acordaron los valores que
deberían pagarse entre sí, en función de minutos cursados.
22. Recordó que, según el artículo 14.18 de la Ley 142 de 1994, las facultades de la
CRT se deben sujetar a la Constitución Política y la ley, asimismo, los actos de las
empresas de servicios públicos domiciliarios deben someterse a las normas del
derecho privado.
23. En ese mismo sentido, insistió en que la competencia otorgada a la CRT por el
numeral 73.8 del artículo 73 de la Ley 142 y el artículo 37 (numeral 14) del Decreto
1130 de 1999, es de carácter residual, en la medida que solo se habilita su
intervención cuando no exista otra autoridad administrativa que tenga competencia
para dirimir el conflicto suscitado entre las partes del contrato. Por ello, cuando se
presenta un conflicto de carácter contractual este le corresponde desatarlo a las
autoridades judiciales, lo cual deriva en que la CRT no tenga facultades para
intervenir.
24. Puso de presente que los numerales citados establecen que la CRT interviene
para resolver el conflicto siempre que así lo hubieren contemplado previamente las
partes, para que actúe como tercero a dirimir la controversia o, ante ausencia de
contrato. De lo contrario, la competencia para dirimir los conflictos contractuales
relativos a interconexión corresponderá a otra autoridad, en virtud de la primacía de
la voluntad de las partes.
25. Resaltó que la CRT desconoció que las partes habían establecido en la cláusula
vigésima los parámetros para dirimir los conflictos que se suscitasen en la ejecución
de este, en la cual esa comisión intervenía condicionada al acuerdo de ambas
partes, como mediador o conciliador, y no como instancia de resolución del conflicto
o por solicitud unilateral de las partes.
26. Cuestionó que la CRT, a pesar de la claridad de las estipulaciones contractuales
citadas, insistió en que era la única instancia competente para resolver el conflicto
existente, desconociendo la Constitución Política, la ley y el contrato, vulnerando
así los derechos de EPM Bogotá S.A. E.S.P. Además, adujo que las partes habían
acordado que sería un Tribunal de arbitramento el que dirimiría las diferencias
surgidas entre ellas por el contrato de acceso, uso e interconexión de redes.
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
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I.1.2.2.1.2. Vulneración de la Constitución Política, artículo 333, Código Civil
artículo 1602 y Ley 142 de 1994 artículo 32 por falta de competencia de la CRT
27. Reiteró que el contrato de interconexión firmado entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y
Telecom se rige por el derecho privado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley
142 de 1994 y, en esa medida, debía darse aplicación al artículo 1602 del Código
Civil, norma que establece que “[…] todo contrato legalmente celebrado es una ley
para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo
o por causas legales […]”.
28. Aseguró que la CRT no podía darle alcance a la Resolución CRT 463 de 2001
con sustento en que estableció la obligación para los operadores de ofrecer la
opción de cargos de acceso por capacidad, así como el correlativo derecho de que
la opción elegida se implemente, por cuanto, dicha circunstancia se traduce en que
la regulación no está dando una verdadera opción sino una imposición a favor del
solicitante o entrante, lo que es contrario al artículo 18 de la Ley 153 de 1887.
29. Argumentó que el regulador dispone arbitrariamente de la administración
productiva de las redes del interconectante, con el falso argumento de la promoción
de la competencia y de hacer efectiva la interconexión.
30. Indicó que la Resolución CRT 463 de 2001 desconoce la autonomía que tienen
las empresas para realizar contratos de interconexión y uso de sus redes de
telecomunicaciones, al desconocer la validez de los derechos y obligaciones
adquiridas que se pactaron bajo la vigencia de normas que las regulaban, esto es,
que la comisión demandada desconoció la intención de los contratantes que
actuaron de buena fe, conforme con los artículos 1603 y 1618 del Código Civil.
31. Afirmó que, con la expedición de la citada Resolución CRT 463 de 2001 y al
exigirse su estricto cumplimiento, la CRT vulnera la libre empresa y competencia a
través de medidas discriminatorias, pues con ello viola el principio constitucional de
la igualdad y el principio rector universal de la interconexión: acceso igual — cargo
igual.
32. En el mismo sentido, arguyó que con los actos administrativos demandados se
coartó la capacidad de negociación para el libre desarrollo empresarial y se
afectaron las relaciones contractuales preexistentes.
33. Adujo que la CRT está imponiendo nuevas condiciones regulatorias que
modifican las condiciones contractuales sin el consentimiento expreso de las partes,
en especial el del operador local que se ve afectado por el desequilibrio y detrimento
económico con las obligaciones impuestas.
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
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I.1.2.2.1.3. Vulneración de la Resolución 575 de 2022, artículo 4.4.15, inciso 2°
por falta de competencia de la CRT al desconocer el procedimiento contenido
en el contrato de interconexión
34. Puso de presente que el artículo 4.4.15 de la Resolución 575 de 2002 establece
que, solo cuando el comité mixto de interconexión no llegue a acuerdos directos, se
habilita a los representantes legales de los operadores a solicitar la intervención de
la CRT como mediador. Y, agotada dicha etapa, se autoriza la intervención de la
CRT para dirimir los conflictos que se susciten entre operadores, derivados de los
contratos de interconexión.
35. Alegó que el comité mixto de interconexión nunca se reunió, así como tampoco
se agotó la etapa de negociación directa. Así las cosas, la intervención de la CRT,
además de desconocer las reglas contractuales establecidas por las partes para la
solución de controversias, desconoció su propia reglamentación.
36. Aludió que la CRT no podía entrar a resolver el conflicto surgido entre EPM
Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom sin que hubiera mediado la reunión previa del
mencionado comité, sin agotar la negociación entre las partes y, mucho menos,
adelantarse la solicitud por una sola de las partes.
I.1.2.2.1.4. Desconocimiento de las estipulaciones contractuales sobre
procedimiento de solución de controversias. Falta de competencia de la CRT
para dirimir conflictos contractuales
37. Señaló que la CRT no podía intervenir antes de agotarse las etapas dispuestas
en el contrato por las partes. Tampoco le correspondía dirimir los conflictos en razón
a que su intervención, según la cláusula vigésima, era el de actuar como mediador,
resaltando que para resolver las diferencias surgidas en el desarrollo del contrato
estaba el juez del contrato, que para el asunto era el Tribunal de Arbitramento.
38. Manifestó que, con la expedición de los actos administrativos demandados, la
CRT asumió como propias las competencias del tribunal arbitral, juez al que habían
acordado las partes acudir en caso de controversia; facultades de las que carece y
respecto de las cuales tiene vedado su ejercicio.
39. Indicó que las garantías constitucionales deben aplicarse tanto a las actuaciones
administrativas como a las judiciales y, por tanto, EPM Bogotá S.A. E.S.P. debía ser
juzgada conforme a las leyes preexistentes, ante el juez o tribunal competente y,
con observancia de las formas propias de cada juicio.
40. Sostuvo que EPM Bogotá S.A. E.S.P. tenía la garantía de los derechos
contractuales adquiridos, los cuales se traducen en el derecho a que las diferencias
con Telecom sean de conocimiento y, por tanto, dirimidas por la justicia arbitral, con
arreglo a las leyes civiles.
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
41. De igual manera, arguyó que la CRT asumió para sí competencias del juez del
contrato, negándole el acceso a la justicia a la demandante para resolver las
controversias derivadas del contrato de acceso, uso e interconexión con Telecom,
las cuales, según su criterio, debían ser resueltas por un tribunal arbitral.
I.1.2.2.2. Violación al principio de irretroactividad de los actos administrativos
42. Aseguró que la Resolución 728 de 2003, confirmada mediante la Resolución 825
de 2003, determinó que el valor allí establecido debería pagarse desde el 24 de
enero de 2003, fecha de radicación de la solicitud de solución de conflicto
presentada por Telecom, lo que implica que dichos actos sean de carácter
retroactivo desconociendo el principio de que las normas regulatorias rigen y tienen
efectos a futuro.
43. Señaló que la CRT les dio efectos retroactivos a las resoluciones impugnadas, lo
que conllevó a la modificación de situaciones jurídicas consolidadas,
desconociendo, además, las disposiciones acordadas por las partes en el contrato
de interconexión suscrito entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom, el cual se
encontraba vigente.
I.1.2.2.3. Falsa motivación
44. La parte demandante, para sustentar este cargo, solicita que se tengan presente
todos los argumentos que expuso en los cargos precedentes y que, en su criterio,
demuestran con claridad la nulidad de los actos administrativos demandados.
45. Argumento que la CRT aplicó indebidamente las condiciones expuestas en la
Resolución CRT 463 de 2001, sin prueba de sus consideraciones y sin exponer
claramente la razón de sus decisiones, situaciones que configuran la falsa
motivación.
46. Insistió que los cargos de acceso debían pagarse por minuto y no por capacidad,
conforme a lo pactado en el contrato de interconexión y conforme al artículo 5° de
la Resolución CRT 463 de 2001, que prevé que los operadores pueden mantener
las condiciones y valores vigentes en las interconexiones existentes. Además, por
cuanto, no se había agotado el procedimiento de solución de controversias, donde
las partes habían acordado que la intervención de la CRT como mediador debía
darse de común acuerdo y no de manera unilateral.
47. Explicó que, para asumir el conflicto, la CRT desconoció la Resolución 575 de
2002, lo que “[…] resulta abiertamente ilegal e inconstitucional por extralimitación
en el ejercicio de sus funciones […]”.
48. Manifestó que las resoluciones demandadas desconocieron que, si la
demandante otorga una calidad superior en la interconexión, el valor a reconocer
no es el establecido en la Resolución CRT 463 de 2001 para cargos de acceso por
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Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
capacidad, “[…] sino un valor superior que debe ser acordado por las partes y en
consecuencia el valor establecido en la Resolución CRT 728 de 2003, confirmada
por la CRT 825 de 2003, no se ajusta al principio de interconexión establecidos en
la Res. CRT 087 de 1997, compilada por la 525 de 2002 […]”.
49. Por lo anterior, aseguró que los actos administrativos acusados no determinaron
cuáles fueron los criterios y parámetros técnicos para hacer el dimensionamiento.
En los actos demandados la CRT encontró que el nivel de interconexión existente
entre las partes superaba el porcentaje definido en el contrato (2 por mil) y el
indicado en la Resolución CRT 463 de 2001 (uno por ciento).
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVENCIONES
II.1. Intervención de Telecom, hoy Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
50. Telecom, hoy Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.en calidad de tercero
interesado en las resultas del proceso, por conducto de apoderado judicial, contestó
la demanda5. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar que las
mismas se encuentran mal formuladas y por carecer de fundamentos jurídicos, para
lo cual, señaló, en síntesis, las siguientes razones de defensa:
II.1.1. Ausencia de vulneración de la Constitución Política. En el contrato
estaba pactado que cuando la regulación sobre cargos de acceso se
modificara también cambiaría la remuneración del contrato
51. El tercero interesado en las resultas del proceso afirmó que no es cierto, como
lo afirma la parte demandante, que la CRT con los actos acusados le vulneró a EPM
Bogotá S.A.E.S.P. derechos adquiridos derivados del contrato de interconexión. En
ese sentido, resaltó que la parte demandante olvida que el valor de los cargos de
acceso no se reputa como un derecho adquirido. Explicó que la determinación de
los cargos de acceso es un asunto del regulador y no es materia de libre disposición
de las partes del contrato, por cuanto es objeto de determinación por parte de las
Comisiones de Regulación.
52. También refirió que, incluso, las partes en el contrato habían acordado que la
determinación de los cargos acceso estaría sujeta a lo que dispusiera la autoridad
competente, y que los cambios de la regulación debían ser incorporados al contrato
de tracto sucesivo. Por tanto, las disposiciones contractuales sobre cargos de
acceso no generan derechos adquiridos, pues dependen de los cambios
regulatorios que se presenten a lo largo de la vigencia del contrato.
53. En ese sentido, señaló que debía tenerse en consideración que, tanto en la parte
considerativa del contrato C-0003-98-5401994 de 30 de enero de 1998, como en
sus cláusulas, se había reconocido por las partes que la CRT era la entidad
5 Folios 32-94 del C 3.
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competente para fijar las normas y procedimiento para que los operadores
interconectaran sus redes. Así mismo, que la CRT era la autoridad facultada para
determinar las condiciones legales, técnicas, operativas y económicas de la
interconexión. Igualmente, reconocieron que las estipulaciones contractuales en
esos aspectos se sujetaban a lo que dispusiera la CRT.
54. De esa manera, resaltó que en la parte considerativa del contrato referido se
había incluido lo siguiente:
“[…] 7) Que el artículo 74.3, literal c) de dicha ley facultó a la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones para establecer los requisitos a que deben
someterse los operadores de TPBC para ejercer el derecho a utilizar las redes
del Estado.
[…]
9) Que las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones determinan los procedimientos y requisitos para que los
operadores de TPBC interconecten sus redes, así como las condiciones
legales, técnicas, operativas y económicas para que se logre dicho acuerdo.
[…]”.
55. Aseguró que, en la cláusula vigésima primera, las partes resaltaron el hecho de
que el contrato no solamente se regía por lo acordado entre ellas, sino que también
estipularon que se regía por lo que dispusiera la CRT, en los siguientes términos:
«[…] CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. REGIMEN LEGAL. Además de lo
acordado expresamente por las partes, el presente contrato de acceso, uso e
interconexión se regirá por las normas contenidas en la Ley 142 de 1994, por
las demás disposiciones emanadas de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones y demás autoridades competentes y por el derecho
privado en lo no regulado expresamente, de conformidad con lo dispuesto en
el parágrafo del art. 39 de la Ley 142 de 1994 […]” (mayúscula del original).
56. Mencionó que, partiendo de las premisas señaladas, se puede deducir que la
voluntad de las partes era la de reconocer a la CRT como entidad competente para
modificar los cargos de acceso. Adicionalmente, las partes acordaron que
incorporarían dichas modificaciones al contrato desde el momento que lo indicara
la regulación.
57. Resaltó que en la cláusula novena se pactó por las partes que los cargos de
acceso serían fijados de conformidad con la regulación vigente y, por ello,
consignó que la remuneración sería por minuto o fracción, pues esa era la forma de
fijar los cargos de acceso que se encontraba rigiendo al momento de la firma del
contrato. Sin embargo, el contrato es claro en establecer que cuando la CRT
modificara la forma de liquidar y determinar los cargos de acceso, en ese sentido
variaría la forma de remuneración entre las partes.
58. Aseguró que lo anterior se confirma con lo dispuesto en la cláusula décima
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quinta6 del contrato en la que expresamente quedó consignado que éste debía
modificarse cuando ocurrieran cambios en la regulación que afectaran las
condiciones de interconexión, y resaltó que uno de los asuntos que afecta las
condiciones de interconexión son los cargos de acceso y uso de la interconexión.
59. Frente al tema, aseguró que en la cláusula décima novena se determinó el
procedimiento para adoptar las modificaciones al contrato suscrito entre EPM
Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom. Entre los eventos contemplados por las partes en
los que debía modificarse el contrato, se estableció lo siguiente:
“[…] Cuando las autoridades definan de manera imperativa condiciones
específicas de acceso, uso e interconexión, o cuando definan cargos de acceso
y uso de red, que afecten las condiciones del contrato existente, su
actualización se adelantará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes
a aquel en que haya entrado en vigencia la normatividad respectiva, salvo que
la misma disposición establezca una vigencia distinta […]”.
60. Destacó que, de lo expuesto, se debía llegar necesariamente a la conclusión de
que las partes del contrato consignaron cláusulas que denotan que, tanto EPM
Bogotá S.A. E.S.P. como Telecom, reconocían que había eventos en los cuales
debían darse cambios del contrato derivados de la modificación de la regulación de
la CRT.
61. Precisó que lo anterior se refuerza con lo dispuesto en el Anexo 2 del citado
contrato, específicamente en el punto 1.1.3. Base para liquidar el cargo de acceso,
donde se estipuló lo siguiente:
“[…] Anexo 2
1.1.3. BASE PARA LIQUIDAR EL CARGO DE ACCESO
El pago mensual a las EMPRESAS por concepto del acceso y uso de su
RTPBCL por parte de TELECOM se hará en la forma de cargos de acceso y
uso en sentido entrante o saliente, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula
novena de la minuta del contrato. El valor del cargo de acceso y uso de la red
que LAS EMPRESAS recibirán cuando TELECOM haga uso de sus redes tanto
en sentido entrante o saliente será el siguiente:
Para llamadas originadas o terminadas en los usuarios del municipio donde se
encuentra ubicado el nodo de interconexión, será igual al cargo de acceso y
uso de la red local, aplicado en relación con el servicio de TPBCLD, la cual
continuará actualizándose conforme con el índice de actualización tarifaria
descrito en la Resolución 087 de 1997;
1) Para llamadas originadas o terminadas en un municipio del área
metropolitana, diferentes a aquel en que está ubicado el nodo de interconexión,
que fue fijado en treinta y cinco ($35) por minuto el primero (1) de septiembre
de 1996, continuará actualizándose conforme con el índice de actualización
6 “[…] CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. TÉRMINO. Este contrato estará vigente por el término de diez (10) años,
pero se revisará y podrá modificarse cada tres (3) años, de acuerdo con el procedimiento establecido en la
cláusula décima novena (19), sin perjuicio de las modificaciones que se acuerden en cualquier momento, pero
deberá modificarse en todo caso cuando ocurran cambios en la regulación que afecten las condiciones de la
interconexión […]”.
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tarifaria descrito en el capítulo IV del título V de la Resolución 087 de 1997 de
la CRT;
2) Para las llamadas originadas o terminadas en los usuarios ubicados fuera
del municipio donde se encuentra el nodo de interconexión, o de los municipios
que hagan parte del área metropolitana, si aplicare, los cargos por acceso y
uso, por parte de los operadores de TPBCLD que fueron fijados el primero (1)
de septiembre de 1996 de acuerdo con la tabla que se encuentra en el artículo
5.28.3 de la Resolución 087 de 1997 de la CRT, la cual continuará
actualizándose conforme con el índice de actualización tarifaria descrita en la
Resolución 087 de 1997.
3) El fijado conforme lo dispone la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones o las normas que lo modifiquen.
Parágrafo. Cuando LAS EMPRESAS reajusten el cargo de acceso, en
desarrollo del artículo 5.30 de la Resolución 087 de 1997 el nuevo valor será
informado a TELECOM por las EMPRESAS los cinco (5) primeros días del mes
en que se realiza el reajuste y entrará a regir una vez sea revisado por este,
para la liquidación y pago de los cargos de acceso el día 15 del mismo mes
[…]” (mayúscula del original).
62. Aseveró que, a pesar de la claridad de las estipulaciones contractuales sobre la
obligación de modificación de sus disposiciones cuando ocurrieran cambios
regulatorios, EPM Bogotá S.A. E.S.P. se abstuvo de dar cumplimiento tanto a la ley
como al contrato.
63. Señaló que fue en tal circunstancia en la que Telecom debió acudir a la CRT
para que, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 73.8 de la Ley 142
de 1994, resolviera el conflicto que se había suscitado por el incumplimiento de la
regulación y del contrato mismo.
II.1.2. Competencia de la CRT para resolver el conflicto
64. Aseguró que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, resulta evidente
la competencia de la CRT para resolver el conflicto suscitado entre Telecom y EPM
Bogotá S.A. E.S.P. Resaltó que las facultades estaban claramente establecidas en
los artículos 73.22 y 74.3, literales a) y c) de la Ley 142 de 1994, artículo 14 de la
Ley 555 de 2000 y los artículos 3º y 37 del Decreto 1130 de 2000.
65. Precisó que, de acuerdo con las normas citadas, es competencia de la CRT
dirimir conflictos entre operadores sobre temas relacionados con interconexión. En
esa medida, la CRT estaba plenamente habilitada para intervenir ante la petición de
Telecom sobre el cobro de los cargos de acceso dentro del contrato de interconexión
con EPM Bogotá S.A. E.S.P. Recordó que, además, la CRT tiene expresas
facultades para exigir los cargos de acceso a los operadores de servicios públicos,
permitir la interconexión de otros e, incluso, de imponer servidumbres para que los
operadores tengan el uso de las redes, como lo disponen los artículos 28 y 39 de la
Ley 142 de 1994.
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66. En esa línea, recordó que el artículo 73.8 de la Ley 142 de 1994 otorga la
competencia para resolver conflictos entre operadores por temas derivados de los
contratos de interconexión, que no sean competencia de otras autoridades
administrativas. Insistió en que de dicha norma se puede deducir que las facultades
son de carácter administrativo y no jurisdiccional. Precisó que tales atribuciones
guardan relación con el cumplimiento de la regulación expedida por la CRT sobre
elementos de la interconexión, más no sobre otros temas contractuales respecto de
los cuales las partes sí tienen libre disposición y que el juez del contrato debe
resolver.
67. Por lo tanto, subrayó que la controversia no era de carácter contractual, sino que
había surgido por la aplicación de la regulación relativa a la determinación de los
cargos de acceso y uso de interconexión con ocasión de la expedición de las
Resoluciones CRT 463 de 2001, 469 y 489 de 2002. Dichas resoluciones exigían
que se dieran como mínimo dos opciones para el cobro de los cargos de acceso,
una por minutos cursados y, otra por capacidad. Igualmente, las normas señalaron
que eran los operadores interconectados (en este caso Telecom) quienes podrían
elegir entre mantener el sistema de cobros previsto en la regulación anterior o la
alternativa de la nueva norma regulatoria.
68. Adicionalmente, puntualizó que, si en gracia de discusión se diera prevalencia al
contrato sobre la regulación, de todas maneras, las partes habían acordado en el
contrato suscrito entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom que los cambios
regulatorios se incorporarían al contrato al momento en que la entidad regulatoria
dispusiera que entraban en vigencia. Uno de los temas sobre los que regía la
regulación para lograr su determinación era precisamente sobre los cargos de
acceso y uso.
69. Señaló que, en ese sentido, se había solicitado por escrito a EPM Bogotá S.A.
E.S.P. la incorporación de las disposiciones regulatorias al contrato y ante la
negativa de la parte demandante, se recurrió a la CRT para que, en uso de sus
facultades legales, resolviera la controversia suscitada por el cumplimiento de la
nueva regulación sobre determinación de cargos de acceso y uso de interconexión.
70. Por último, aclaró que Telecom, antes de acudir a la CRT, había agotado la etapa
de negociación directa con EPM Bogotá S.A. E.S.P. y que fue precisamente por tal
motivo, y ante la imposibilidad de llegar a acuerdos que se promovió la actuación
administrativa para resolver el conflicto suscitado. Precisó que los contactos y la
solicitud de cumplimiento de las nuevas resoluciones se ve reflejado en las
comunicaciones que se cruzaron las partes entre el 5 de marzo de 2002 y el 13 de
enero de 2003.
II.1.3. Los cargos de acceso no son un asunto de libre disposición de los
contratantes, sino que está sometido a regulación
71. El tercero interesado en las resultas del proceso señaló que la parte demandante
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no tuvo en cuenta que, respecto de los contratos de interconexión – contratos que
esta Corporación ha clasificado dentro de aquellos que son regulados – los cargos
de acceso y uso hacen parte de los asuntos que no son de libre disposición de los
contratantes. En esa medida, los contratos de interconexión se regirán en primer
lugar por la ley y la regulación y, en segundo, por lo que acuerden las partes.
72. Reiteró que la fijación de los cargos de acceso es un asunto que tanto la Ley 142
de 1994, como la Ley 555 de 2000 y el Decreto 1130 de 1999, le asignaron a la
CRT como desarrollo del ejercicio de la facultad de intervención. Destacó que la
Corte Constitucional, en la sentencia C-150 de 2003, determinó que la regulación
de los servicios públicos es un tipo de intervención del Estado en la economía, para
lograr, entre otros fines, la prestación eficiente de los servicios y garantizar la libre
competencia.
73. Con tal propósito, explicó que se debe lograr que los operadores puedan
interconectarse y que el costo de dicha interconexión sea eficiente. Por tal motivo,
la CRT estableció las opciones tarifarias para la interconexión, las cuales deberán
ser acatadas por los operadores, en tanto la Ley 142 de 1994 en su artículo 3º
dispuso que las personas prestadoras de servicios públicos estarían sujetas a la
regulación de las comisiones de regulación.
74. Indicó que, en ese sentido, el cumplimiento de las normas del ente regulador del
sector no es optativo por parte de los prestadores de servicios públicos. Por tanto,
las tarifas de interconexión establecidas por la CRT constituyen normas de
obligatorio cumplimiento y su acatamiento puede ser exigido por parte de un
operador ante el ente regulador.
75. Insistió en que la reserva del Estado para regular las tarifas de interconexión tiene
su razón de ser en la importancia que esos cargos tienen en la competencia del
sector y su incidencia sobre las tarifas que se cobran a los usuarios. Reiteró que las
partes tenían plena conciencia de que el tema de los cargos de acceso no era de
aquellos que podían negociar libremente, pues tanto en la parte considerativa como
en las cláusulas novena, décima quinta, décima novena y vigésima primera del
contrato se estableció que los cambios regulatorios se incorporarían en el contrato
desde la fecha misma en que dichos cambios empezaran a regir.
76. Con sustento en lo anterior, sostuvo que debería desestimar el cargo relativo a
la violación de las normas en que debían fundarse los actos acusados por carecer
de sustento legal, puesto que los cargos de acceso es uno de aquellos asuntos que
no son de libre disposición de las partes en los contratos de interconexión.
II.1.4. Las resoluciones demandadas no tienen efectos retroactivos
77. El tercero interesado en las resultas del proceso afirmó que las resoluciones
demandadas no tenían efectos retroactivos. Explicó que las Resoluciones CRT 463
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de 2001 y 489 de 2002 expresamente habían señalado como la fecha de entrada
en vigor de las disposiciones en ellas contenidas sobre cargos de acceso, el 1º de
enero de 2002.
78. Señaló que, por tanto, desde esa fecha había nacido la obligación para EPM
Bogotá S.A. E.S.P. de ofrecer las opciones de fijación de cargos de acceso. Sin
embargo, la CRT en los actos demandados había dispuesto que debía exigirse la
aplicación de las disposiciones regulatorias de las Resoluciones CRT 463 de 2001
y 489 de 2002, para el conflicto entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom, a partir
de 23 de enero de 2003, fecha en la que se había radicado la solicitud por parte de
ésta última prestadora ante la CRT.
79. Anotó que la Circular 40 de 15 de marzo de 2002, expedida por la CRT, señaló
que el valor de los cargos de acceso se liquidaría desde la fecha en que se pusiera
en conocimiento de dicha entidad el conflicto suscitado entre prestadoras. Por ese
motivo no puede reputarse que las resoluciones acusadas tienen efectos
retroactivos pues la obligación de cumplir con la regulación había nacido con
anterioridad a la fecha señalada en las mismas. Por lo tanto, estaban simplemente
reconociendo la fecha a partir de la cual era exigible, dentro del contrato de
interconexión entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom.
II.1.5. Inexistencia de falsa motivación
80. Alegó que el cargo de falsa motivación no fue suficientemente argumentado por
la parte demandante. Recordó que la demandante había señalado que debía
tenerse como sustento, todo lo expuesto en los cargos anteriores. Sin embargo, los
argumentos de los cargos anteriores se circunscribían a probar la violación de
normas, sin exponer las razones por las cuáles tal circunstancia repercutía en la
falsa motivación de los actos demandados. Así las cosas, la parte actora omitió su
deber de exponer y detallar los presupuestos fácticos y de derecho que soportan el
cargo que se alega.
II.2. Contestación de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones –
CRT, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC
81. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones no presentó escrito de
contestación de la demanda7.
III. TRÁMITE DE INSTANCIA Y SENTENCIA DE 27 DE ENERO DE 2022
82. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en
la sentencia de 23 de junio de 20118 declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados, al considerar que la CRT no podía resolver conflictos contractuales,
7 Folio 354 C 2.
8 Folios 649 a 697 C 3.
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Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
toda vez que es una función reservada a la función jurisdiccional. Por lo anterior, se
sustrajo de estudiar el resto de los cargos formulados por cuanto encontraba
probada la falta de competencia.
83. El Tribunal de la primera instancia negó el restablecimiento del derecho, en tanto
desconocía si el conflicto se mantenía y, por cuanto las acciones judiciales se
encuentran sometidas a reglas de prescripción o caducidad, las cuales no se han
interrumpido por el trámite de este proceso, pues éste no ha impedido que la parte
demandante haya ejercido o ejerza las acciones contractuales correspondientes.
En lo que respecta a la reliquidación y a la devolución de las sumas de dinero,
indicó que en el expediente no se encuentra probado que se adeuden las sumas
de dinero a las que hace referencia la parte demandante.
84. Mediante escritos de 279 y 2910 de julio de 2011, los apoderados de Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y la Comisión de Regulación de Comunicaciones
– CRC, presentaron recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la
sentencia.
85. La sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. sostuvo que la CRT
tenía competencia para expedir los actos administrativos demandados, toda vez
que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 74.3 y 73.8 de la Ley 142 de 1994,
el artículo 15 de la Ley 555 de 2000, el artículo 37 del Decreto 1130 de 1999 y el
artículo 32 de la Resolución 432 de 1998, de la Secretaría General de la Comunidad
Andina, dicha comisión podía dirimir conflictos que surjan entre operadores de
servicios públicos de telecomunicaciones, derivados de la interconexión, sin
restricciones o limitaciones, facultad que refleja la manifestación de competencias
asignadas a esa comisión en materia de regulación y de intervención en la
economía.
86. Arguyó que la decisión del juez de la primera instancia desconoció las formas de
remuneración y los cargos de acceso por uso de redes entre operadores, lo que
constituye una manifestación de la función de regulación de la competencia de la
CRC, aspecto que incide en forma definitiva en las tarifas que los operadores
ofrecen a los usuarios, lo que indudablemente afecta la competencia.
87. Precisó que la CRC reguló la modalidad de cobro por la utilización de redes
locales, por lo que Telecom, hoy Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., puede
participar en el mercado correspondiente a los abonados de EPM Bogotá S.A.
E.S.P., lo que constituye un aspecto que concierne a la libre competencia entre
operadores.
88. Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC solicitó
revocar la sentencia objeto de recurso, al considerar que, de acuerdo con los
9 Folios 702 a 708 C 3.
10 Folios 713 a 763 C 3.
18
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Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
artículos 73 y 74.3 (literal b) de la Ley 142 de 1994, el artículo 37 (numeral 14) del
Decreto 1130 de 1999 y el artículo 22 (numeral 9°) de la Ley 1341 de 2009, la
entonces CRT era competente para resolver el conflicto entre la demandante y
Telecom, por cuanto, no era de carácter contractual, sino que atañe a temas
regulatorios de interconexión derivados de la aplicación de la Resolución CRT 463
de 2001, relacionada con los cargos de acceso por capacidad por interconexión, lo
cual guarda relación con las condiciones de competencia en los mercados en los
que participan diferentes proveedores de redes y servicios.
89. Afirmó que la CRT tiene competencia para garantizar la prestación continua y
costos eficientes de los servicios públicos de telecomunicaciones, como lo prevé el
artículo 365 de la Constitución Política, las Leyes 142 de 1994, 555 de 2000 y 1341
de 2009 y el Decreto 1130 de 1999, toda vez que, el valor de la remuneración por
el uso de redes puede constituirse en barreras de acceso a los mercados y podría
conllevar a generarse cobros innecesarios que destruyen el valor e incrementan las
tarifas a los usuarios finales.
90. Aunado a lo anterior, sostuvo que el cumplimiento de la regulación sobre
servicios públicos jamás puede estar sometido a la voluntad de los operadores, de
lo contrario, implicaría hacer nugatoria la facultad de intervención del Estado en la
economía, haciendo primar el interés particular de los operadores sobre el interés
general de los usuarios y de la competencia.
91. Destacó que los contratos de interconexión son sui generis, en tanto a pesar de
regirse por el derecho privado, contienen asuntos que escapan a la voluntad de las
partes y que deberán someterse a las normas regulatorias del sector. De tal manera
que se limita la autonomía contractual de las partes en asuntos que están sometidos
a la regulación, como mecanismo para asegurar la prevalencia del interés general
de los usuarios del servicio.
92. Por auto de 25 de enero de 201211, se admitió los recursos de apelación y se
reconoció personería a la apoderada de la CRC. A través de auto de 26 de junio de
201312, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de
conclusión y concepto. Mediante auto de 31 de marzo de 201413, se aceptó renuncia
de la apoderada de la CRC.
93. A través de auto de 11 de julio de 201814, se corrió traslado de la nulidad
advertida por el Despacho sustanciador, por el MINTIC y la CRC.
94. Mediante auto de 7 de febrero de 201915, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso negó la solicitud de celebración de audiencia solicitada
por la CRC, de conformidad con el artículo 147 del CCA, por cuanto advirtió que los
11 Folios 4 a 5 del C. 3.
12 Folios 4 a 5 del C. 3.
13 Folio 70 C. 3.
14 Folios 77 a 78 C. 3.
15 Folio 84 a 85 C. 3.
19
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Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
asuntos que se pretendían dilucidar a través fueron expuestos con claridad y
precisión no solo en el escrito contentivo de los alegatos de conclusión, sino en el
recurso de apelación.
95. Por auto de 7 de febrero de 201916, se entendió por saneada la nulidad procesal
puesta de presente en auto de 11 de julio de 2018, con fundamento en lo previsto
en el artículo 136 (numeral 1°) del CGP y se vinculó al MINTIC, en calidad de
litisconsorte cuasinecesario de la parte demandada.
96. Mediante auto17 de la misma fecha se requirió a la CRC para que indicara las
normas comunitarias que, en su criterio, deberían ser objeto de interpretación por
parte del Tribunal Andino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la
Decisión 500 de 22 de junio de 2001. El requerimiento fue respondido mediante
comunicación del 13 de febrero de 201918, en la que indicó que las normas
comunitarias objeto de interpretación eran los artículos 30 y 32 de la Decisión 462
de la Comisión de la Comunidad Andina, 8, 18 al 20 y 32 de la Resolución 432 de
la Secretaría de la Comunidad Andina, este último sustituido mediante la Resolución
1922 de 18 de abril de 2017.
97. A través de auto19 de 15 de marzo de 2019 se ordenó suspender el proceso para
efectos de solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de los artículos 30 y 32 de la Decisión 462 de 1999 de la
Comisión de la Comunidad Andina; 8°, 18, 19, 20 y 32 de la Resolución 432 de 2 de
octubre de 2000 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, esta última
sustituida por la Resolución 1922 de 17 de abril de 2017. El tribunal profirió la
interpretación prejudicial 247-IP-201920 de 25 de agosto de 2021.
98. Esta Sección, mediante sentencia de 27 de enero de 202221, resolvió los
recursos de apelación presentados contra la sentencia de 23 de junio de 2011, pero
previo a resolver el asunto, advirtió que en el escrito de alegatos de conclusión de
segunda instancia la parte actora planteó cargos que no fueron propuestos en la
demanda.
99. Observó que la apoderada de la sociedad demandante arguyó como nuevo
cargo de vulneración del debido proceso por parte de la CRT, hoy CRC, el hecho
de haber proferido las Resoluciones demandadas con base en la Resolución CRT
463 de 2001, que se encontraba derogada.
100. Se indicó que, dicha inconformidad fue referida en los hechos, pero no fue
fundamentada en los cargos de la demanda. Así las cosas, sobre la aludida
16 Folios 86 a 88 C. 3.
17 Folios 89 a 89 vto. C. 3.
18 Folios 91 a 91 vto. C. 3.
19 Folios 94 a 94 vto. C. 3.
20 Índice 45 del aplicativo de gestión judicial Samai. 2004-00173-03.
21 Folios 105 a 143 C 3.
20
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
vulneración referida en los alegatos de conclusión de segunda instancia, no existe
un pronunciamiento en la sentencia recurrida.
101. Se precisó que los alegatos de conclusión constituyen la oportunidad procesal
otorgada a las partes para precisar los argumentos esgrimidos en los cargos,
conectándolos respecto de lo ocurrido en el proceso. También podrán expresar al
juez cuál debe ser, en su sentir, la conclusión a la que debe llegar luego de analizar
los fundamentos de hecho, de derecho y el acervo probatorio. Lo anterior, en ningún
momento habilita la posibilidad de adicionar nuevos cargos, pues ello atentaría
contra el debido proceso y el principio de igualdad, como quiera que la contraparte
no tuvo oportunidad de oponerse a estos nuevos argumentos ni el a quo de
analizarlos.
102. Conforme con lo anterior, se consideró que los nuevos argumentos introducidos
por la parte demandante en los alegatos de conclusión de segunda instancia, eran
extemporáneos y, por tanto, no era procedente pronunciarse sobre los mismos,
toda vez que ello constituiría una vulneración al debido proceso, al negar a la
contraparte la oportunidad de controvertir tales cargos durante el debate procesal.
103. Descendiendo al asunto sub examine, esta Sala revocó la decisión de primera
instancia de 23 de junio de 2011, al considerar que el conflicto surgido entre EPM
Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom, derivado del contrato de acceso, uso e interconexión
de la red TPBCL con las redes TPBCLD y TPBCLE, atañe a la determinación de los
cargos de interconexión, lo que constituye un asunto de competencia de la entonces
CRT, como ente regulador del servicio público de telecomunicaciones.
104. Se advirtió que los contratos de interconexión son especiales para la prestación
de servicios públicos domiciliarios que se rigen por el derecho privado, pero se
encuentran sometidos a la regulación de la CRT y, por tanto, se restringe la libertad
negocial de los operadores respecto de los cargos de acceso y las metodologías y
fórmulas para establecer su valor.
105. Se explicó que, con la expedición de la Resolución CRT 463 de 2001, las partes
debían adecuar el contrato de interconexión a la nueva regulación expedida por la
CRT, pues los prestadores de servicios públicos están sujetos a la regulación que
expida la comisión de regulación respectiva, y, en caso de surgir alguna
discrepancia entre las partes, en aplicación del artículo 32 de la Resolución 432 de
2000 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de los numerales 73.8 del
artículo 73 y 74.3, y el literal b) del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, ésta deberá
ser resuelta por la mencionada comisión.
106. Puso de presente que, mediante la sentencia de 19 de febrero de 2015, esta
Sección decidió la nulidad de la Resolución CRT 463 de 2001, en la que se
consideró que los cargos de acceso y sus modificaciones han sido establecidos por
el ente regulador en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley, por
lo que ellos no son ni pueden ser el producto de pactos entre particulares, en la
21
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
medida en que se encuentran sujetos a la intervención del Estado para su fijación o
modificación, y en virtud de la ley, constituyen un límite a la propiedad privada y la
excepción a la libertad contractual y a los derechos adquiridos de que trata el artículo
58 de la Constitución Política, en virtud de la prevalencia del interés general sobre
el particular.
107. Se expuso que los contratos de interconexión son los que deben acogerse a las
normas que expide el ente regulador y no este último quien encuentre limitada su
competencia a los acuerdos entre las empresas.
108. Así las cosas, se consideró que la cláusula vigésima del contrato suscrito entre
la demandante y Telecom tendría aplicación, exclusivamente, frente a aquellos
conflictos que surjan sobre asuntos que son de libre disposición de las partes, por
cuanto frente a los de materia regulatoria, deberán dirimirse por la CRT, en
cumplimiento de sus facultades.
109. En ese orden de ideas, la Sala encontró que, contrario a lo afirmado por la
demandante, las partes en el contrato hicieron distinción entre las cláusulas
contractuales que podían modificarse de acuerdo entre ellas y aquellas cláusulas
legales que no podían modificar por su voluntad porque dependían de lo dispuesto
por la autoridad competente, como es el caso de los cargos de acceso, antes
referido, que no estaban sometidos enteramente a su arbitrio.
110. Por lo anterior, se determinó que las partes conocían que el contrato se celebró
en desarrollo y sometimiento a la Ley 142 de 1994 y a la Resolución CRT 087 de
1997, que regulan la interconexión entre las redes de comunicación y que el cargo
de acceso había sido fijado por esta última disposición.
111. Se destacó que la Resolución 087 de 1997 definió en su artículo 1.3.5, los
cargos de acceso y uso de las redes como “[…] el peaje pagado a los operadores
de TPBCL, TPBCLE y TMR, por parte de otros operadores de los servicios de TPBC
y TMC, por concepto de la utilización de sus redes, en sentido entrante o saliente,
por minuto o proporcionalmente por fracción de llamada completada […]”.
112. En ese contexto, se indicó que la CRT no lesionó el principio de autonomía de
la voluntad de las partes, por cuanto la determinación y modificación de los cargos
de acceso en un contrato de interconexión no es materia de libre disposición por los
operadores, sino que deben someterse a la regulación expedida por la CRT.
113. Se precisó que, al revocar la sentencia apelada, trae como consecuencia la
necesidad de devolver el proceso al Tribunal para que se pronuncie sobre los cargos
de falsa motivación y vulneración del principio de irretroactividad de los actos
administrativos, tendientes a desvirtuar la legalidad de las resoluciones
demandados, toda vez que no fueron analizados en la decisión de instancia ante la
prosperidad del cargo de falta de competencia. Se advirtió que, con motivo de la
22
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
determinación de revocar a la sentencia recurrida, no se realizaría pronunciamiento
sobre la denegación del reconocimiento del derecho.
114. Por lo anterior, en la decisión la Sala dispuso devolver el expediente para que
el juez de la primera instancia resolviera los cargos no resueltos.
IV. SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN
115. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
en sentencia de 20 de octubre de 202222, decidió:
“[…] PRIMERO.- OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE la sentencia de veintisiete (27)
de enero de dos mil veintidós (2022), mediante la cual la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dispuso
pronunciar sentencia complementaria en el presente caso.
SEGUNDO.- DENIÉNGASE las pretensiones de la demanda, por no haberse
probado las causales de nulidad de los actos administrativos demandados
valoradas en la presente providencia […]” (mayúscula y negrilla del original).
116. El a quo señaló como problema jurídico a resolver si son nulos los actos
administrativos demandados por violación del principio de irretroactividad de los
actos administrativos y falsa motivación.
IV.1. Violación del principio de irretroactividad de los actos administrativos
117. Señaló que el principio de irretroactividad de los actos administrativos es un
elemento característico de los actos administrativos, de manera que, por regla
general, producen efectos hacia el futuro y solo es oponible a los particulares
cuando le es puesto en su conocimiento por uno de los medios previamente
señalados en la ley: publicación, notificación, comunicación.
118. En el caso en particular, consideró que la función desplegada por la CRT en la
resolución de conflictos entre operadores derivados de sus contratos de
interconexión se inició con la solicitud elevada en escrito de 24 de enero de 2003
por medio del cual Telecom puso en conocimiento de la comisión el conflicto surgido
con EPM Bogotá S.A. E.S.P., sin que por ello produzca efectos retroactivos.
119. Sostuvo que, en consideración a que la actuación se inicia con la formulación
de la controversia, le asiste razón a la CRT para solucionar la misma desde el
momento mismo en que esta se presenta.
120. Respecto del argumento de la actora tendiente a señalar que no le estaba
permitido a la CRT realizar modificaciones sobre situaciones jurídicas consolidadas,
por lo que en su criterio se desconocerían las disposiciones pactadas por las partes
en el contrato de interconexión, reiteró los argumentos expuestos en la sentencia
de segunda instancia de 27 de enero de 2022, en la que se consideró que la CRT
22 Folios 147 a 172 vto. C 3.
23
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
podía revisar o modificar las condiciones existentes o imponer nuevas obligaciones
a las partes, en los casos allí previstos.
IV.2. Falsa motivación
121. Indicó que al revisar la Resolución 825 de 2003 se puede observar que la CRT
se refirió a los cuestionamientos de la investigada sobre la falta de competencia de
dicha entidad para resolver el conflicto y la violación al debido proceso, señalando
que el conflicto surgió con ocasión del contrato de interconexión celebrado entre
EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom y que el mismo se derivó de la aplicación de la
opción de cargos de acceso por capacidad consagrados en una norma,
diferenciándolo así de las previsiones del contrato que resultan sometidas a pacto
arbitral y la cláusula compromisoria.
122. De igual manera, precisó que en los actos administrativos acusados se hizo
referencia a la vulneración del principio de irretroactividad, diferenciando la fecha
en la que Telecom se decidió por la opción de cargos de acceso por capacidad, de
la fecha en la que ETB Bogotá S.A. E.S.P. debía dar aplicación a dicha opción.
123. Conforme con lo anterior, el Tribunal de la primera instancia no observó falsa
motivación de los actos administrativos demandados, en consideración a que el
artículo 35 del CCA dispone que la decisión debe motivarse de manera siquiera
sumaria. Además, advirtió que la parte demandante se limitó a fundar el cargo
remitiéndose a los argumentos señalados en los cargos anteriores, sin que se
encuentre probado el cargo.
124. Finalmente, mencionó que, al igual que se mencionó en la sentencia de
segunda instancia de 27 de enero de 2022, no estudiará los cargos nuevos
presentados en el recurso de apelación en segunda instancia, por cuanto dicha
oportunidad procesal solo se puede hacer con la formulación de la demanda, con
fundamento en el principio de justicia rogada al que se encuentra sometido el
presente medio de control. De manera que la Sala no abordó el estudio de la
vigencia del acto administrativo en el que se sustentó la decisión, por haber sido
derogado, conforme lo afirmó en segunda instancia, la parte demanda.
V. RECURSO DE APELACIÓN
125. Mediante escrito de 8 de mayo de 202223, el apoderado de EPM Bogotá S.A.
E.S.P. presentó recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la
sentencia de 20 de octubre de 2022 y, en consecuencia, se accedan a las
pretensiones de la demanda.
23 Folios 201 a 214 C 4.
24
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
126. Manifestó que la sentencia apelada resulta contraria a derecho en la medida en
que incurre en errores sustanciales, al omitir pronunciamientos obligatorios y validar
actuaciones administrativas viciadas.
127. Mencionó que el Tribunal de instancia desconoció lo ordenado por el Consejo
de Estado en la sentencia del 27 de enero de 2022, en la que se dispuso un
pronunciamiento expreso sobre la vulneración al debido proceso ocasionada por la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT. Dicha vulneración se
originó en la expedición de las resoluciones demandadas con base en la Resolución
CRT 463 de 2001, la cual ya había sido derogada, generando una actuación
irregular que afectó los derechos de la parte demandante. Sin embargo, dijo que el
Tribunal, en la sentencia impugnada, no realizó este análisis bajo el argumento de
que la referida vulneración no hacía parte de la demanda, a pesar de que se
encontraba explícitamente mencionada dentro de los hechos alegados.
128. Puso de presente que los actos administrativos demandados presentan
diferentes vicios que afectan su validez. En particular, mencionó que se desconocen
normas de rango constitucional, en tanto el artículo 370 de la Constitución Política
establece que corresponde al Presidente de la República definir las políticas
generales de administración y control de los servicios públicos domiciliarios,
pudiendo delegar dicha función en las comisiones de regulación dentro de los límites
previstos en la ley.
129. Anotó que la CRT, excediendo ese marco de habilitación, asumió competencias
ajenas a su función reguladora y resolvió un conflicto de naturaleza eminentemente
contractual entre operadores, cuyo conocimiento debía corresponder a la
jurisdicción competente y no a una entidad administrativa. Aunado a ello, precisó
que este exceso de competencia se aparta del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, el
cual delimita expresamente la labor de las comisiones de regulación a la promoción
de la competencia y la intervención en monopolios, sin facultarlas para modificar las
relaciones contractuales entre operadores.
130. En relación con la protección del derecho de defensa, evidenció que la CRT, al
imponer su decisión de manera unilateral, desconoció el procedimiento pactado
entre las partes para la resolución de controversias. Indicó que en el contrato de
interconexión suscrito entre EPM Bogotá y Telecom, se estableció un mecanismo
progresivo para solucionar diferencias, el cual contemplaba una etapa de
negociación directa, seguida por la intervención de un comité técnico, la remisión a
la CRT en calidad de mediadora y, como última instancia, la convocatoria de un
tribunal de arbitramento.
131. No obstante, anotó que la CRT omitió dicho esquema, asumiendo un rol
decisorio sin que las partes hubieran agotado previamente las etapas
contractualmente pactadas. Tal proceder viola el derecho de defensa y el principio
de autonomía de la voluntad, principios esenciales en las relaciones contractuales
y reconocidos ampliamente en la jurisprudencia contenciosa administrativa.
25
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
132. Adicionalmente, indicó que la sentencia apelada convalidó una grave afectación
al principio de irretroactividad de los actos administrativos. En efecto, la Resolución
CRT 728 de 2003, confirmada por la Resolución CRT 825 de 2003, impuso el pago
de la remuneración correspondiente a la interconexión de redes con efectos desde
el 24 de enero de 2003, fecha en la que TELECOM radicó su solicitud de solución
de conflicto.
133. Advirtió que esa medida es manifiestamente ilegal, pues desconoce el artículo
58 de la Constitución Política, el cual garantiza la intangibilidad de los derechos
adquiridos conforme a las normas vigentes en el momento en que fueron
consolidados. Recordó que la Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que
los actos administrativos no pueden aplicarse retroactivamente, salvo en los casos
expresamente permitidos por la ley, lo que en este asunto no ocurre.
134. De otra parte, aseveró que los actos administrativos demandados adolecen de
falsa motivación, en tanto que la CRT justificó su intervención con base en premisas
fácticas y jurídicas erróneas. En particular, la entidad argumentó que su intervención
tenía como propósito garantizar la eficiencia en la prestación del servicio y preservar
la libre competencia entre operadores, cuando en realidad su decisión se centró en
modificar unilateralmente las condiciones económicas del contrato, beneficiando a
una de las partes en detrimento de la otra.
135. Por lo anterior, concluyó que tal motivación resulta contraria al ordenamiento
jurídico, pues las comisiones de regulación deben actuar dentro del marco de las
funciones expresamente atribuidas por la ley y no pueden extralimitarse en su
ejercicio, afectando la estabilidad de los contratos vigentes.
136. En consecuencia, solicitó que, en virtud de los argumentos expuestos, revoque
la sentencia del 20 de octubre de 2022 y declare la nulidad de los actos
administrativos impugnados, en atención a la violación de normas constitucionales
y legales, el desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa, la
aplicación retroactiva de decisiones administrativas y la ausencia de motivación
adecuada en las resoluciones expedidas por la CRT.
VI. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
137. El recurso de apelación presentado por la sociedad EPM Bogotá S.A. E.S.P. fue
concedido por el magistrado sustanciador de la primera instancia mediante auto del
16 de mayo de 202424.
138. Mediante auto de 25 de julio de 202425, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 20 de octubre de 2022.
24 Folio 218 y vto. C 3.
25 Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
26
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
139. Por auto de 2 de octubre de 202426, se corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera
concepto.
140. En el término para alegar de conclusión, EPM Bogotá S.A. E.S.P. 27, la CRC28 y
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 29 reiteraron sus argumentos de nulidad
y defensa, respectivamente.
141. Por su parte, el Ministerio Público rindió concepto 439 – 24 en el que consideró
debía confirmarse la decisión de la primera instancia, toda vez que, la CRT tenía
competencia para emitir los actos administrativos demandados, tal como analizó el
Consejo de Estado en las consideraciones de la sentencia de 27 de enero de 2022.
142. Puso de presente que, la parte demandante presentó nuevamente como
argumento de su recurso de apelación, el cargo relacionado con la vulneración del
debido proceso por expedir las resoluciones acusadas con base en la Resolución
CRT 463 de 2001, cuando en la citada sentencia se indicó que era extemporáneo y
contrario al principio de congruencia y garantía del debido proceso.
143. Frente al principio de irretroactividad de los actos administrativos, compartió lo
considerado en la sentencia de primera instancia, por cuanto la función desplegada
por parte de la CRT en la resolución de conflictos entre operadores derivados de
sus contratos de interconexión, se inició con la solicitud elevada en escrito de 24 de
enero de 2003 por medio del cual Telecom puso en conocimiento de la CRT el
conflicto surgido con EPM Bogotá, sin que por ello produzca efectos retroactivos:
“[…] en consideración a que la actuación se inicia con la formulación de la
controversia, le asiste razón a la CRT para solucionar la misma desde el momento
mismo en que esta se presenta […]”.
144. Concluyó que, la parte demandante no logró desvirtuar los elementos fácticos y
jurídicos que tuvo el extremo pasivo para emitir los actos administrativos
demandados.
VII-. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VII.1. Competencia
145. De conformidad con el artículo 129 del CCA30, la Sección Primera del Consejo
de Estado es competente para decidir los recursos de apelación interpuestos en
contra de la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
26 Índice 9 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
27 Índice 19 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
28 Índices 14 y 16 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
29 Índices 17 y 18 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
30 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión […]”.
27
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en concordancia con lo dispuesto
en el Acuerdo 80 de 201931, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de
2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la
Corporación.
VII.2. La formulación del problema jurídico
146. De acuerdo con el artículo 328 del CGP32, aplicable por remisión del artículo
267 del CCA y en los términos del recurso de apelación interpuesto por EPM Bogotá
S.A. E.S.P., hoy UNE EPM Telecomunicaciones S.A., la Sala debe determinar la
legalidad de las Resoluciones 728 de 28 de mayo de 2003 y 825 de 25 de
septiembre de 2003, expedidas por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones – CRT, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones –
CRC.
147. En el presente caso, la Sala deberá analizar si la CRT tenía competencia para
resolver el conflicto de interconexión entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom, hoy
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., en el marco del contrato de acceso, uso
e interconexión C-003-98-5401994, o si su intervención vulneró el derecho al
debido proceso de la demandante. En particular, se debe establecer si la
competencia de la CRT era residual y solo aplicable ante la inexistencia de otro
mecanismo de resolución de controversias, como sostiene la parte demandante, o
si, por el contrario, dicha competencia derivaba directamente de lo dispuesto en los
artículos 73.8 y 74.3 de la Ley 142 de 1994.
148. Asimismo, la Sala analizará si los actos administrativos demandados
desconocieron la autonomía contractual de las partes y modificaron unilateralmente
las condiciones económicas del contrato sin el consentimiento de EPM Bogotá S.A.
E.S.P., en contravención de lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil y el
artículo 32 de la Ley 142 de 1994, que establecen que los contratos legalmente
celebrados son ley para las partes y solo pueden ser modificados conforme a lo
pactado.
149. En relación con el principio de legalidad y debido proceso, la Sala deberá
evaluar si la CRT expidió las resoluciones demandadas con fundamento en la
Resolución CRT 463 de 2001, la cual ya había sido derogada. La parte apelante
sostiene que esta situación generó una actuación irregular que afectó los derechos
de la demandante, al fundamentarse en una norma sin vigencia para imponer
nuevas condiciones económicas, lo que constituiría un vicio de nulidad de los actos
administrativos demandados.
31 La Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a
otras secciones. Acuerdo 80 de 2019 modificado por el Acuerdo 434 de 2024, expedido por la Sala Plena de
esta Corporación.
32 Artículo 328. “[…] Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley […]”. Antes artículo 357 del CPC.
28
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
150. También se evaluará si las Resoluciones 728 y 825 de 2003 impusieron efectos
retroactivos en la determinación de los cargos de acceso, en contravía del principio
de irretroactividad de los actos administrativos, al fijar la aplicación del nuevo
esquema tarifario desde el 24 de enero de 2003, fecha en la que Telecom solicitó
la intervención de la CRT.
151. Adicionalmente, la Sala deberá decidir si los actos administrativos demandados
incurren en falsa motivación, en tanto que la CRT justificó su intervención con base
en premisas fácticas y jurídicas erróneas. En particular, la recurrente argumentó
que su intervención tenía como propósito garantizar la eficiencia en la prestación
del servicio y preservar la libre competencia entre operadores, cuando en realidad
su decisión se centró en modificar unilateralmente las condiciones económicas del
contrato, beneficiando a una de las partes en detrimento de la otra.
152. Para los fines anteriores, la Sala abordará la identificación de los actos
administrativos acusados, la interpretación prejudicial, el análisis del caso concreto;
y la conclusión.
VII.3. La identificación de los actos demandados
153. La sociedad EPM Bogotá S.A. E.S.P., hoy UNE EPM Telecomunicaciones S.A.,
demandó la nulidad de las Resoluciones 728 de 28 de mayo de 2003 y 825 de 25
de septiembre de 2003, expedidas por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones – CRT, cuyos textos relevantes son los siguientes:
154. La Resolución CRT 728 de 28 de mayo de 200333 “[…] Por la cual se resuelve
un conflicto […]”, expedida por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones – CRC, la cual en su parte resolutiva indicó:
“[…] RESOLUCIÓN No. 728 DE 2003
“Por la cual se resuelve un conflicto”
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que les
confiere el artículo 73.8 de la Ley 142 de 1994, el artículo 37 numeral
14 del Decreto 1130 de 1999 y,
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Fijar el dimensionamiento de la interconexión
de las redes de Telefonía Púbica Básica Conmutada Local de
EPMBOGOTA S.A. E.S.P., con la red de Telefonía Pública Básica
Conmutada de Larga Distancia y de Telefonía Pública Básica
33 Folios 70 a 78. Anexo 7. C 2.
29
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
Conmutada Local Extendida de TELECOM, en veinte (20) enlaces E1,
distribuidos en cada una de las rutas así: Telecom Centro-Santa
Bibiana: 5 E1´S: Telecom Centro-Valladolid: 4 E1´S; Telecom Norte-
Santa Bibiana: 6 E1´S y, Telecom Norte- Valladolid con 5 E1´S, con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de la
presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. TELECOM deberá reconocer mensualmente
a EPM BOGOTÁ S.A. E.S.P. la suma establecida en la tabla “Opción
2: Cargos de acceso máximo por capacidad” contemplada en el
artículo 4.2.2.19 de la Resolución 463 de 2001 para el grupo de
empresas número uno (1), según los dispuesto en el numeral 2.2 de
la presente Resolución, es decir, nueve millones novecientos veinte
mil pesos ($9.920.000.oo) expresados en pesos constantes del 30 de
junio de 2001.
Este valor se encuentra sometido a las variaciones establecidas en la
tabla “Opción 2: Cargos de acceso máximo por capacidad”
contemplada en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución 463 de 2001 y su
actualización se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo
4.3.8. de la Resolución CRT 463 de 2001.
PARÁGRAFO. El valor establecido en el presente artículo deberá
pagarse desde el 24 de enero de 2003, fecha de la radicación de la
solicitud de solución de conflicto presentada por TELECOM.
ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente
resolución a los representantes legales de EPM BOGOTA S.A. E.S.P.
y de TELECOM, o quienes hagan sus veces, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo, advirtiéndoles
que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
Dada en Bogotá D.C a los 28 MAY 2003
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTHA PINDO DE DE HART MAURICIO LÓPEZ CALDERÓN
Ministra de Comunicaciones Director Ejecutivo […] (mayúscula y
negrilla del original).
155. La Resolución CRT 825 de 25 de septiembre de 2003 34 “[…] Por la cual se
resuelven los recursos de reposición interpuestos por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y EPM BOGOTÁ S.A. E.S.P. contra la
Resolución 728 de 2003 […]”, expedida por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones – CRC, que en su parte resolutiva, señaló:
“[…] RESOLUCIÓN No. 825 DE 2003
“Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y EPMBOGOTÁ
S.A. E.S.P. contra la Resolución 728 de 2003”
34 Folios 102 a 106 Anexo 7 C 2.
30
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que confiere
la Ley 142 de 1994 y el Código Contencioso Administrativo y, […]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir los recursos de reposición
interpuestos por EPM BOGOTA S.A. E.S.P. y COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRT 728
del 28 de mayo de 2003.
ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones del recurrente, y en
su lugar, confirmar en todas sus partes la Resolución CRT 728 del 28
de mayo de 2003, por las razones expuestas en este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente
resolución a los representantes legales de EPM BOGOTA S.A. E.S.P.
y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., o a quienes
hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma no
procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.
Dada en Bogotá D.C a los 25 SEP 2003
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTHA PINTO DE DE HART MAURICIO LÓPEZ CALDERÓN
Ministra de Comunicaciones Director Ejecutivo […]” (mayúscula y
negrilla del original).
VII.4. La interpretación prejudicial rendida en este proceso
156. ElTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rindió la interpretación
prejudicial 247-IP-2019 de 25 de agosto de 2021, en la cual, en primer lugar, señaló
las normas a interpretar y el objeto de la interpretación, así:
[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS
La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 30 y 32
de la Decisión 462, y de los artículos 8, 18, 19, 20, y 32 de la Resolución 432
de la SGCA44. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. La autoridad nacional competente para resolver conflictos de interconexión.
2. La protección de la libre competencia y los servicios de telecomunicaciones.
3. Las condiciones para la interconexiónde redes públicas de
telecomunicaciones […]” (negrilla del original).
157. Respecto de la autoridad que debe resolver los conflictos derivados de los
acuerdos de interconexión en caso de desacuerdo entre las partes, fue clara en
establecer que, a partir de la interpretación del artículo 32 de la Decisión 462 de la
31
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
Comisión de la Comunidad Andina, son competencia de las autoridades
administrativas nacionales respectivas cuando los desacuerdos tengan que ver con
actuaciones que impliquen violación a la libre competencia o a los principios de
interconexión. En esa línea, en la Interpretación Prejudicial se expresó:
“[…] 1. La autoridad nacional competente para resolver conflictos de
interconexión. La protección de la libre competencia y los servicios de
telecomunicaciones
[…]
1.2. En primer lugar, debe tenerse presente que de conformidad con lo
establecido en el Artículo 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la
Comunidad Andina, si un proveedor que solicita una interconexión considera
que es objeto de actuaciones que violan las normas o los principios de
interconexión o de la libre competencia, recurrirá ante las Autoridades
Nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de
acuerdo con su normativa nacional.
1.3. Queda claro, a partir de dicho artículo, que las actuaciones que impliquen
violaciones de las normas o los principios de interconexión, así como las
violaciones a la libre competencia, son de competencia de las autoridades
nacionales respectivas. Y esto es así porque corresponde a las autoridades
administrativas competentes salvaguardar, mediante el ejercicio de sus
potestades públicas, las normas y principio de orden público y la protección de
los intereses generales […]” (negrilla del original).
158. Ahora bien, frente a la naturaleza de los conflictos derivados de los acuerdos
de interconexión y de su resolución cuando existen cláusulas que contemplan
mecanismos para la resolución de controversias derivadas de dichos acuerdos,
señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que modulaba su
jurisprudencia anterior, al considerar que de la relación contractual podían surgir
controversias relacionadas con derechos de libre disposición, esto es, aquellos
que pueden ser objeto de renuncia, cesión, modificación o extinción o con normas
de orden público, “[…] derecho de imperio del Estado […]” o de las funciones
regulatorias de la autoridad de telecomunicaciones.
159. En dicha medida, determinó que los primeros –derechos disponibles o de libre
disponibilidad- podrían ser resueltos según los mecanismos de solución de
controversias adoptados por los partes, previstos en el contrato y aprobados por la
autoridad competente, mientras que frente a los segundos –de orden público-,
debía entrar a dirimirlos la autoridad administrativa y no podía someterse a arbitraje.
En ese sentido, la Interpretación Prejudicial destacó:
“[…] 1.5. Adicionalmente, el Literal f) del Artículo 17 de la Resolución 432
establece que tanto los Acuerdos de Interconexión Negociados como las
Ofertas Básicas de Interconexión deben contener una cláusula relativa a los
mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la
interconexión […]
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
1.6. De esta manera, el Tribunal modula la jurisprudencia anterior manifestando
que, si en la relación contractual surgen controversias relacionadas con
derechos disponibles o de libre disponibilidad - es decir, aquellos que pueden
ser objeto de renuncia, cesión, modificación o extinción, debidamente
permitidos por la ley y conforme a la voluntad de las partes-, dichas
controversias podrán ser resueltas mediante los mecanismos de solución de
controversias previstos en el contrato y aprobados por la autoridad competente,
en concordancia con lo establecido en el Artículo 32 de la Resolución 432 de la
SGCA y el Literal f) del Artículo 17 de la Resolución 432, entre ellos el arbitraje.
1.7. En cambio, las controversias relacionadas con las materias de orden
público, derecho de imperio del Estado o las funciones regulatorias de la
Autoridad de Telecomunicaciones no pueden ser materia de arbitraje, por lo que
ellas tendrán que ser resueltas por la autoridad administrativa nacional
competente.
1.8. En conclusión, la normativa comunitaria confiere a la autoridad nacional
competente una línea coherente de regulación en el sector de las
telecomunicaciones, lo que implica armonía en todos los aspectos, inclusive en
la solución de conflictos […]”.
160. Frente a las condiciones de interconexión, en la interpretación prejudicial se
concluyó que esta resulta obligatoria y los prestadores del servicio de
telecomunicaciones deben, para establecer el esquema de cargos, ajustarse a los
parámetros establecidos por la autoridad competente. Indicó que si bien, la norma
comunitaria andina se sustenta sobre el principio de la voluntad privada para
acordar las condiciones de interconexión, estas deberán someterse a las normas
establecidas por la autoridad de telecomunicaciones. En palabras del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, se precisó y señaló lo siguiente:
“[…] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
2. Las condiciones para la interconexión de redes públicas de
telecomunicaciones
[…]
2.6. Una interpretación conjunta de los artículos transcritos [artículo 30 de la
Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina y artículos 18 y 20 de la
Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina], nos
conduce a los siguientes elementos esenciales de los cargos de interconexión:
2.6.1. Obligatoriedad de la interconexión. Los proveedores de servicios públicos
de transporte de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse
(artículo 8 de la Resolución 432 de la SGCA). Por lo tanto, el establecimiento
de los cargos de interconexión se da en ese ámbito de apremio en pro de la
competencia y el mayor bienestar de los consumidores y usuarios. Si un
proveedor se negara a la interconexión, el asunto se ventilará ante la Autoridad
Nacional Competente para que tome una decisión al respecto. De todas
formas, la normativa comunitaria andina se sustenta sobre el principio de
autonomía de la voluntad privada, en el sentido de que las partes pueden
acordar las condiciones de interconexión, siempre y cuando se fijen sobre los
parámetros establecidos. Esto se desprende de un análisis conjunto de los
Artículos 30 de la Decisión 462, y 16, 17, 19, 23, 27 y 34 de la Resolución 432,
donde se interconectarán para fijar las condiciones generales, económicas y
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
técnicas del enlace, bajo los parámetros establecidos en la normativa
comunitaria y la regulación de la Autoridad Nacional Competente […]”
(mayúscula del original).
161. Igualmente, señaló que los cargos de interconexión deben estar orientados a
costos, en los cuales se tendrán en cuenta los costos específicos de la
interconexión, en la que se preserve la calidad, pero a costos eficientes. En ese
sentido, el Tribunal indicó:
[…] 2.6.2. Los cargos de interconexión deben estar orientados a costos
eficientes. […] Lo que sí es evidente, es que desde los primeros borradores del
proyecto la intención del legislador comunitario era que los costos (eficientes)
fueran un factor determinante para la fijación de los precios de interconexión.
En consecuencia, cualquier metodología o esquema utilizado debe garantizar
que los cargos tengan en cuenta los costos específicos para la interconexión
sobre la base de los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de la
llamada. Además, cualquier metodología debe dar razón de la relación ingreso-
costo, permitiendo que la interconexión sea viable económicamente y que
fomente la eficiencia económica (reducción de costos), asegure la prestación
ininterrumpida (continuidad) del servicio, garantice el mantenimiento y mejora
de calidad y facilite el acceso. Es por esto que el Artículo 20 de la Resolución
432 prevé que dichos costos preserven la calidad a costos eficientes, ya que la
interconexión es una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria
de telecomunicaciones, soportada en el equilibrio económico de los
proveedores y la viabilidad financiera que redunda en la integración de las
distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima de competencia.
2.7. Por lo tanto, si bien la autoridad nacional competente cuenta con la
potestad de escoger la metodología que estime pertinente para calcular los
cargos de interconexión, dicha metodología debe reflejar los parámetros
establecidos en el párrafo 2.6.2 precedente.
2.8. Resta agregar que el Artículo 18 de la Resolución 432 prevé que dentro
del análisis se debe tener en cuenta una cuota de costos comunes o
compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados.
Dicha norma define qué se entiende por costos comunes: «Se entenderá por
costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y
equipos o prestaciones compartidos por varios servicios». Además, para lograr
unos costos desagregados con el objetivo de «que el proveedor que solicita la
interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red
que no se requieran para el suministro del servicio […]”.
VII.5. Análisis del caso concreto
162. Para resolver los argumentos de apelación planteados, la Sala abordará el
análisis del caso concreto evaluando cada uno de los cargos formulados en contra
de las Resoluciones 728 y 825 de 2003.
163. En primer lugar, se estudiará la competencia de la CRT para intervenir en el
conflicto de interconexión entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom. considerando
si su actuación se ajustó a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 o si, por el
contrario, excedió sus facultades al resolver unilateralmente un conflicto
contractual. Además, se examinará si la decisión de la CRT vulneró la autonomía
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
contractual de las partes, al modificar las condiciones económicas del contrato sin
el consentimiento de la demandante, lo que podría configurar una extralimitación
de funciones por parte del ente regulador.
164. En segundo término, la Sala analizará la legalidad de los actos administrativos
impugnados, en especial la posible afectación del debido proceso al haberse
fundamentado en la Resolución CRT 463 de 2001, la cual había sido derogada.
165. En tercer lugar, se evaluará si se desconoció el principio de irretroactividad, al
imponer efectos retroactivos a los actos administrativos desde el 24 de enero de
2003, lo que alteraría la estabilidad jurídica de las relaciones contractuales.
166. Finalmente, se estudiará si la actuación de la CRT incurrió en falsa motivación,
lo que podría derivar en la nulidad de los actos administrativos demandados.
VII.5.1. Falta de competencia
167. La recurrente sostiene que la competencia de la CRT era residual y solo
aplicable en ausencia de un mecanismo previamente acordado por las partes para
la resolución de controversias, lo que en este caso no ocurrió, pues en el contrato
se estipuló expresamente que cualquier conflicto entre las partes debía resolverse
mediante un comité mixto de interconexión, seguido de la posibilidad de acudir a la
mediación de la CRT y, finalmente, a un tribunal de arbitramento.
168. En contraste, la parte demandada argumenta que la CRT tenía la facultad para
intervenir en la fijación de los cargos de acceso y en la regulación de las condiciones
de interconexión, por lo que su actuación se encontraba dentro del ámbito de sus
competencias legales.
169. Por lo anterior, como se precisó en acápites anteriores, la Sala deberá analizar
si la CRT tenía competencia para resolver el conflicto de interconexión entre EPM
Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom, hoy Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., en
el marco del contrato de acceso, uso e interconexión C-003-98-5401994, o si su
intervención vulneró el derecho al debido proceso de la demandante.
170. Asimismo, la Sala analizará si los actos administrativos demandados
desconocieron la autonomía contractual de las partes y modificaron unilateralmente
las condiciones económicas del contrato sin el consentimiento de EPM Bogotá S.A.
E.S.P., en contravención de lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil y el
artículo 32 de la Ley 142 de 1994, que establecen que los contratos legalmente
celebrados son ley para las partes y solo pueden ser modificados conforme a lo
pactado y si se omitieron las etapas previas a la resolución del mismo.
171. El Tribunal de instancia, al resolver sobre la legalidad de la intervención de la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT en la resolución del
conflicto entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom, fundamentó su decisión en lo
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
expuesto por esta Sección en la sentencia de 27 de enero de 2022. Al respecto,
señaló lo siguiente:
“[…] Tal como lo señaló el Consejo de Estado en la providencia de 27 de
enero de 2022, al hacer referencia al cargo de "falta de competencia de la
CRT por violación al debido proceso — desconocimiento de la autonomía
de la voluntad del artículo 1602 del Código Civil — artículo 58 de la
Constitución Política", los artículos 4.4.12.42 y 4.4.13.43 de la Resolución CRT
87 de 1997, vigentes para la época en que fueron expedidos los actos
administrativos demandados, la CRT puede revisar o modificar las
condiciones existentes o imponer nuevas obligaciones a las partes, en
los casos allí previstos.
Dicha intervención de la CRT quedó plasmada en los numerales 7º y 8° de
la parte considera del Contrato de acceso uso e interconexión C-0003-98
• 540194 de 30 de enero de 1998, así como en el literal a) de la cláusula
novena de dicho contrato, por lo cual, no le asiste razón a la actora al
señalar que el clausulado referente a los cargos de acceso se trata de
situaciones consolidadas por cuanto, se reitera lo señalado por el
Consejo de Estado en la providencia de 27 de enero de 2022, al decir que
"(...) el criterio jurisprudencia! que se prohíja en esta oportunidad, según el cual
el contrato de interconexión "no es un contrato de disposición de bienes
propios, sino que de por medio está la garantía del servicio público de
comunicaciones, en especial, la regulación especializada" expedida por la
CRT, en materia de cobros por interconexión para el servicio de TPBCL. En
esa medida, "se restringe la libertad negocial de los operadores para pactar
libremente el valor de dicho cobro y, por ende, las metodologías o fórmulas
aplicables para establecer el respectivo valor" siendo la CRT y no las partes la
que determine ello.
Por lo anterior, no prospera el cargo en este aspecto […]” (negrilla fuera de
texto).
172. Como se observa, el a quo señaló que en lo relativo a la falta de competencia
esta Sección ya había emitido un pronunciamiento, decisión en la cual se revisaron
las facultades regulatorias del ente administrativo y la naturaleza de la controversia
planteada.
173. Esta Sección en la sentencia de 27 de enero de 2022 resolvió el cargo sobre la
competencia de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT para
dirimir conflictos derivados de contratos de interconexión, concluyendo que la
entidad sí contaba con facultades para intervenir en estas controversias en ejercicio
de sus funciones regulatorias, razón por la cual revocó la decisión del Tribunal de
primera instancia de 23 de junio de 2011, la cual había considerado que la CRT
carecía de competencia al tratarse de un asunto de naturaleza meramente
contractual.
174. Para llegar a esta determinación, la Sala analizó tanto normas nacionales como
comunitarias, incluyendo la Ley 142 de 1994 y la Decisión 462 de la Comunidad
Andina, las cuales establecen que los contratos de interconexión, aunque regidos
por el derecho privado, están sujetos a la intervención del Estado debido a su
relación con la prestación del servicio público de telecomunicaciones. En este
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2004-00173-04
Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
sentido, se resaltó que las decisiones de la CRT, en cuanto afectan el acceso y uso
de redes de interconexión, se enmarcan dentro de sus competencias regulatorias
y no pueden ser consideradas meramente contractuales.
175. Cabe resaltar que la Sala reiteró la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional, según la cual las controversias sobre interconexión que
involucren aspectos de orden público y regulación del sector deben ser resueltas
por la autoridad administrativa competente.
176. Particularmente, se consideró que la CRT actuó dentro del marco de sus
competencias legales al resolver el conflicto de interconexión, en virtud de los
artículos 73.8 y 74.3 de la Ley 142 de 1994, los cuales le otorgan la facultad de
regular el acceso y uso de redes de telecomunicaciones, así como de intervenir en
la solución de disputas en materia de interconexión cuando las partes no logren un
acuerdo.
177. Se sostuvo que, si bien el contrato de acceso, uso e interconexión C-003-98-
5401994 establecía mecanismos de solución de controversias, ello no excluía la
facultad de la CRT para intervenir en la regulación de las condiciones de
interconexión cuando se verificara una situación de desequilibrio en la relación
entre los operadores, por lo tanto la intervención de la CRT no tuvo como propósito
modificar unilateralmente las condiciones contractuales pactadas, sino garantizar
la aplicación de un esquema regulatorio uniforme para todos los agentes del
mercado, con el fin de promover la competencia y evitar prácticas discriminatorias.
178. Con base en lo anterior, se concluyó que la CRT sí tenía la facultad para fijar
los cargos de acceso y resolver disputas en esta materia, razón por la cual no se
evidenciaba la vulneración de los artículos 14.18, 39.4, 73.8 y 74.3 de la Ley 142
de 1994.
179. En cuanto a la falta de competencia de la CRT por violación al debido proceso,
esto es, por el desconocimiento de la autonomía de la voluntad consagrada en el
artículo 1602 del Código Civil, en la decisión plurimencionada se concluyó que la
CRT tenía competencia para intervenir en la fijación de cargos de acceso en los
contratos de interconexión, lo anterior reiterando la función reguladora dentro del
sector de las telecomunicaciones.
180. Sobre el particular, la Sala analizó el marco normativo aplicable, destacando
que, aunque los contratos de interconexión están regulados por el derecho privado,
su naturaleza especial y su estrecha relación con la prestación de servicios públicos
imponen límites a la autonomía contractual de las partes. En este sentido, recordó
que el numeral 39.4 del artículo 39 de la Ley 142 de 1994 establece que, en caso
de desacuerdo entre las partes, la CRT tiene la facultad de imponer servidumbres
de interconexión, lo que evidencia la sujeción de estos contratos a la regulación
estatal.
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
181. Asimismo, la Sala reiteró que la Resolución 087 de 1997, expedida por la CRT
en ejercicio de sus facultades regulatorias, expresamente permite a la entidad
intervenir en la ejecución y modificación de los contratos de interconexión cuando
sea necesario para garantizar la interoperabilidad de las redes y evitar prácticas
anticompetitivas. En este contexto, las Resoluciones 728 y 825 de 2003, objeto del
proceso, fueron expedidas conforme a estas facultades, lo que desvirtúa la
acusación de desconocimiento de la autonomía de la voluntad de las partes.
182. En cuanto al artículo 1602 del Código Civil, que consagra el principio de que el
contrato es ley para las partes, la Sala precisó que dicho postulado no es absoluto
en el caso de los contratos de interconexión, pues estos se encuentran sujetos a
un marco regulatorio especial. Del mismo modo, respecto del artículo 58 de la
Constitución Política, que protege el derecho a la propiedad, se indicó que la
regulación de los cargos de interconexión no constituye una vulneración de este
derecho, sino una manifestación legítima de la intervención del Estado en la
prestación de servicios públicos, conforme lo establece el artículo 334 de la
Constitución Política.
183. Ahora bien, se advierte que en el citada providencia también se destacó que en
el contrato se acordó en la cláusula vigésima lo relativo a la solución de conflictos,
la cual constaría de cuatro etapas sucesivas, pero se aclaró que la cláusula tendría
aplicación, exclusivamente, frente a aquellos conflictos que surjan sobre asuntos
que son de libre disposición de las partes, por cuanto frente a los de materia
regulatoria los mismos deberán dirimirse por la CRT en cumplimiento de sus
facultades legales.
184. En ese orden de ideas, la Sala encontró que, contrario a lo afirmado por la
demandante, las partes en el contrato hicieron distinción, entre las cláusulas
contractuales que podían modificarse y aquellas cláusulas legales que no podían
modificarse por su voluntad porque dependían de lo dispuesto por la autoridad
competente, como es el caso de los cargos de acceso, antes referidos, que no
estaban sometidos enteramente a su arbitrio.
185. Finalmente, la Sala destacó que las propias partes en el contrato de
interconexión C-0094-98 entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom reconocieron
expresamente la competencia de la CRT para fijar y modificar los cargos de acceso,
incorporando en el contrato cláusulas que supeditaban estas condiciones a lo
dispuesto por la regulación vigente. En consecuencia, se concluyó que el ejercicio
de las facultades regulatorias de la CRT no vulneró el debido proceso ni la
autonomía de la voluntad, por lo que el cargo propuesto no prosperaba.
186. En este contexto, el debate sobre la competencia de la Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones – CRT para intervenir en la resolución del conflicto de
interconexión entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom ya ha sido objeto de un
pronunciamiento expreso por parte de esta Corporación. En efecto, en la
providencia del 27 de enero de 2022, esta Sección analizó en profundidad las
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
facultades regulatorias de la CRT y la naturaleza de la controversia planteada,
considerando que la entidad sí contaba con competencia para intervenir en estas
disputas en ejercicio de sus funciones regulatorias.
187. Bajo este marco, no resulta procedente reabrir el debate jurídico con base en la
nueva decisión adoptada en cumplimiento de la providencia antes mencionada,
pues ello implicaría revivir argumentos que ya fueron ampliamente analizados y
desestimados por esta Corporación. Pretender que se vuelva a examinar la
supuesta falta de competencia de la CRT, bajo los mismos argumentos
previamente resueltos, desconoce la cosa juzgada material derivada de la decisión
adoptada en ese entonces, así como la obligatoriedad de los pronunciamientos
judiciales.
188. Por lo tanto, la nueva decisión adoptada por el a quo en cumplimiento de lo
decidido por esta Sección, no puede ser cuestionada bajo las mismas premisas que
ya fueron objeto de estudio y resolución. En consecuencia, la Sala reitera que la
CRT sí tenía competencia para intervenir en la fijación de los cargos de acceso y
en la regulación de las condiciones de interconexión, por lo que el argumento de
apelación no tiene vocación de prosperidad.
VII.5.2. Legalidad de los actos administrativos impugnados y afectación del
debido proceso
189. La parte recurrente sostiene que, para el momento en que la CRT resolvió el
conflicto, la Resolución CRT 463 de 2001 ya no estaba vigente, por lo que su
aplicación habría generado una actuación irregular que desconoció el principio de
legalidad y afectó los derechos de EPM Bogotá S.A. E.S.P.
190. Manifestó que la sentencia apelada resulta contraria a derecho en la medida en
que incurre en errores sustanciales, al omitir pronunciamientos obligatorios y validar
actuaciones administrativas viciadas.
191. Precisó que el Tribunal de instancia desconoció lo ordenado por el Consejo de
Estado en la sentencia del 27 de enero de 2022, en la que se dispuso un
pronunciamiento expreso sobre la vulneración al debido proceso ocasionada por la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT.
192. Advirtió que el Tribunal, en la sentencia impugnada, no realizó este análisis bajo
el argumento de que la referida vulneración no hacía parte de la demanda, a pesar
de que sí fue objeto de pretensión y se encontraba explícitamente mencionada
dentro de los hechos alegados.
193. La Sala deberá determinar si se presentó la omisión señalada y sí, como
consecuencia de ello, se desconoció el debido proceso de la apelante.
194. Al respecto, la Sala trae a colación lo señalado por el a quo:
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
“[…] Igual que el Honorable Consejo de Estado, esta Sala de Decisión no
estudiará los cargos nuevos presentados en el recurso de apelación en
segunda instancia, por cuanto dicha oportunidad procesal solo se puede
hacer con la formulación de la demanda, con base al principio de justicia
rogada al que se encuentra sometido el presente medio de control. De
manera que la Sala no abordó el estudio de la vigencia del acto
administrativo en el que se sustentó la decisión, por haber sido derogado,
conforme lo afirmó en segunda instancia, la parte demanda […]” (negrilla
fuera de texto).
195. Como se observa, el Tribunal de instancia destacó que no haría un
pronunciamiento sobre el argumento de ilegalidad de los actos administrativos
impugnados y afectación del debido proceso por haberse presuntamente
fundamentado los actos acusados en la Resolución CRT 463 de 2001, la cual no
se encontraba vigente.
196. El Tribunal cimentó su decisión en el principio de justicia rogada, indicando que
el juez contencioso administrativo solo puede fallar dentro de los límites fijados en
la demanda inicial y que no es procedente introducir nuevos cargos en etapas
avanzadas del proceso. Bajo este criterio, consideró que el cuestionamiento sobre
la vigencia de la Resolución CRT 463 de 2001 no podía ser objeto de análisis, ya
que no fue formulado expresamente en el concepto de violación de la demanda,
sino que fue incorporado posteriormente en los alegatos de conclusión de segunda
instancia, tal y como lo señaló esta Corporación en la sentencia de 27 de enero de
2022.
197. En cuanto a lo decidido por esta Corporación en la sentencia en mención, la
Sala pone de presente lo considerado en dicha oportunidad:
“[…] VI.5.- Cuestión previa
Antes de abordar el análisis del problema jurídico planteado, la Sala
advierte que, en el escrito de alegatos de conclusión de segunda
instancia, la parte actora planteó cargos que no fueron propuestos en la
demanda. En efecto, la apoderada de la sociedad actora arguyó como
nuevo cargo de vulneración del debido proceso por parte de la CRT, hoy
CRC, el hecho de haber proferido las Resoluciones demandadas con base
en la Resolución CRT 463 de 2001, que se encontraba derogada.
La citada inconformidad fue referida en los hechos, pero no fue
fundamentada en los cargos de la demanda. Así las cosas, sobre la
aludida vulneración referida en los alegatos de conclusión de segunda
instancia, no existe un pronunciamiento en la sentencia recurrida.
Al respecto, la Sala recuerda que los alegatos de conclusión constituyen la
oportunidad procesal otorgada a las partes para, si a bien lo tienen,
precisar los argumentos esgrimidos en los cargos, conectándolos respecto
de lo ocurrido en el proceso. También podrán expresar al juez cuál debe
ser, en su sentir, la conclusión a la que debe llegar luego de analizar los
fundamentos de hecho, de derecho y el acervo probatorio. Lo anterior, en
ningún momento habilita la posibilidad de adicionar nuevos cargos, pues
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
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ello atentaría contra el debido proceso y el principio de igualdad, como
quiera que la contraparte no tuvo oportunidad de oponerse a estos
nuevos argumentos ni el a quo de analizarlos.
En esa línea de ideas, la Sala resalta que en atención al principio de
congruencia de la sentencia, instituido como una verdadera garantía del
derecho fundamental al debido proceso, esta Sección ha sostenido que
las normas invocadas como violadas en el concepto de violación, así
como en los argumentos desarrollados para sustentar los cargos
planteados para fundamentar las causales de nulidad de los actos
demandados, entre otros aspectos, delimitan la acción del fallador,
habida cuenta del carácter rogado de la jurisdicción contencioso
administrativa. Así se ha expresado la Sección:
[…] El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum
elevado sino además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien
entabla la demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es menester señalar que el
quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga el
concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el
Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la justicia
es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las
pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso”47. […] (Resaltado fuera del
texto).
En consecuencia, los nuevos argumentos introducidos por la parte
demandante en los alegatos de conclusión de segunda instancia, a todas
luces resultan extemporáneos y para la Sala no es procedente
pronunciarse sobre los mismos, toda vez que constituiría una
vulneración al debido proceso al negar a la contraparte la oportunidad de
controvertir tales cargos durante el debate procesal […]” (negrilla fuera de
texto).
198. En este contexto, la Sala señala que en la sentencia del 27 de enero de 2022
se indicó con claridad que el cargo relativo a la vulneración del debido proceso por
la supuesta aplicación de la Resolución CRT 463 de 2001, pese a su derogatoria,
no fue formulado en el concepto de violación de la demanda y, por lo tanto, no podía
ser introducido de manera extemporánea en los alegatos de conclusión de segunda
instancia.
199. Bien lo consideró el agente del Ministerio Público cuando señaló que la parte
demandante presentó nuevamente como argumento de su recurso de apelación, el
cargo relacionado con la vulneración del debido proceso por expedir las
resoluciones acusadas con base en la Resolución CRT 463 de 2001, cuando en la
citada sentencia se indicó que era extemporáneo y contrario al principio de
congruencia y garantía del debido proceso.
200. En ese orden de ideas, el Tribunal de instancia actuó conforme a lo dispuesto
por esta Corporación en la decisión previa, al determinar que no era procedente
pronunciarse sobre un argumento que no fue oportunamente planteado dentro del
proceso.
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201. En efecto, el a quo acató lo decidido por la Sección Primera, aplicando
correctamente los principios de justicia rogada y congruencia procesal. Por lo tanto,
no es correcto afirmar que el Tribunal incurrió en una omisión respecto de lo
decidido por esta Sala y, en consecuencia, el cargo de la parte recurrente carece
de fundamento, ya que su inconformidad se basa en una interpretación errónea del
alcance de lo decidido en la sentencia del 27 de enero de 2022.
VII.5.3. Desconocimiento del principio de irretroactividad de los actos
administrativos
202. La parte demandante sostiene que el parágrafo del artículo segundo de la
Resolución CRT 728 de 2003 confirmada mediante la Resolución 825 de 2003, dio
efecto retroactivo a la aplicación del valor de la remuneración que debe recibir el
operador interconectante y que, con ello, se desconocieron los derechos adquiridos
así como la irretroactividad de las leyes.
203. Consideró el recurrente que esta retroactividad es ilegal, pues la aplicación de
nuevas tarifas solo puede producir efectos a futuro, por lo que no le estaba permitido
a la CRT realizar modificaciones sobre situaciones jurídicas consolidadas,
desconociendo, además, las disposiciones pactadas por las partes en el contrato
de interconexión suscrito entre EPM Bogotá S.A. E.S.P. y Telecom, el cual se
encontraba vigente.
204. Para determinar si la Resolución CRT 728 de 2003 y su confirmación mediante
la Resolución 825 de 2003 desconocieron el principio de irretroactividad, es
necesario analizar el marco normativo aplicable y los efectos jurídicos derivados de
la actuación administrativa.
205. Al respecto, la Sala pone de presente que el principio de irretroactividad de los
actos administrativos se fundamenta en la necesidad de garantizar la estabilidad
de las relaciones jurídicas y la seguridad en las expectativas de los ciudadanos
frente a la administración pública.
206. Como se ha indicado, los artículos 29 de la Constitución Política y 11 del Código
Civil establecen que las normas solo pueden regir hacia el futuro, salvo disposición
en contrario. Este principio se aplica también a los actos administrativos, los cuales,
como regla general, producen efectos ex nunc, es decir, desde su expedición en
adelante.
207. No obstante, la irretroactividad de los actos administrativos no significa que
estos no puedan impactar situaciones jurídicas en curso. Un acto administrativo
puede regular efectos que se desprenden de situaciones previamente existentes
sin que ello implique una aplicación retroactiva, siempre que su aplicación se
enmarque dentro de la competencia de la autoridad administrativa y no modifique
derechos adquiridos de manera consolidada.
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208. En este sentido, la Sala encuentra que la CRT, en su calidad de órgano
regulador del sector de telecomunicaciones, tiene la facultad de intervenir en la
fijación de condiciones tarifarias y en la resolución de conflictos entre operadores.
Su intervención en este caso responde a la solicitud de Telecom, presentada el 24
de enero de 2003, para dirimir una controversia derivada de la aplicación de tarifas
de interconexión con EPM Bogotá S.A. E.S.P. En este contexto, la CRT actuó
dentro del marco de su competencia al resolver una disputa y establecer los valores
tarifarios aplicables.
209. Es importante resaltar que la decisión de la CRT no introdujo una regulación
con efectos hacia el pasado, sino que resolvió un conflicto tarifario que ya existía y
cuya solución debía producir efectos a partir del momento en que surgió la
controversia. En este sentido, la resolución no desconoció derechos adquiridos ni
alteró situaciones consolidadas, sino que precisó el marco tarifario aplicable a la
relación contractual en curso.
210. El punto de inconformidad radica en si la determinación de la CRT, al fijar la
tarifa desde el 24 de enero de 2003, configura una aplicación retroactiva de la
norma. La disposición de la resolución acusada es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 2. TELECOM deberá reconocer mensualmente EPM BOGOTÁ
S.A.ESP la suma establecida en la tabla “Opción 2: Cargos de acceso máximo
por capacidad" contemplada en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 463
de 2001, para el grupo de empresas número uno (1), según lo explicado en el
numeral 2.2. de la presente Resolución, es decir nueve millones novecientos
veinte mil pesos (S9.920.000.00) expresados en pesos constantes del 30 de
junio de 2001.
Este valor se encuentra sometido a las variaciones establecidas en la tabla
“Opción 2: Cargos de acceso máximo por capacidad” contemplada en el
artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 463 de 2001 y su actualización se
realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3.8. de la Resolución CRT
463 de 2001.
PARÁGRAFO. - El valor establecido en el presente artículo deberá pagarse
desde el 24 de enero de 2003, fecha de radicación de la solicitud de
solución de conflicto presentada por TELECOM […]” (negrilla fuera de
texto).
211. Al analizar el contexto de la decisión, se observa que la CRT no modificó
normas ni impuso nuevas condiciones con efectos anteriores a su expedición. En
su lugar, la resolución se limitó a precisar el valor que debía aplicarse a partir de la
fecha en que se presentó la solicitud de intervención por parte de Telecom, lo cual
no constituye una aplicación retroactiva.
212. La fecha del 24 de enero de 2003 no corresponde a un momento anterior al
surgimiento del conflicto, sino que marca el inicio de la controversia que la CRT
debía resolver. La determinación tarifaria se aplicó desde ese momento porque fue
la fecha en la que se requirió la intervención administrativa, lo que evidencia que
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no hubo alteración de situaciones pasadas ni desconocimiento de derechos
adquiridos.
213. Para la Sala es relevante distinguir entre la retroactividad de un acto
administrativo y los efectos diferidos o aclaratorios de una decisión administrativa.
En este caso, la CRT no desconoció la validez de actos jurídicos anteriores ni
modificó situaciones ya definidas con efectos hacia el pasado. Por el contrario,
resolvió un conflicto con efectos hacia el futuro, aunque tomando como referencia
la fecha en que la disputa fue sometida a su conocimiento.
214. El hecho de que el acto administrativo establezca una tarifa desde la fecha en
que se presentó la solicitud de intervención no implica retroactividad, sino una
aplicación de su competencia reguladora. Esto se debe a que la determinación
tarifaria no altera derechos adquiridos ni modifica acuerdos contractuales
preexistentes de manera ex post, sino que regula una situación que, desde su
origen, estaba sujeta a la resolución de la CRT.
215. El tercero interesado en las resultas del proceso argumentó que las
Resoluciones CRT 463 de 2001 y 489 de 2002 establecieron que las disposiciones
sobre cargos de acceso entrarían en vigor a partir del 1° de enero de 2002. Esto
significa que, desde esa fecha, los operadores de telecomunicaciones, incluido
EPM Bogotá S.A. E.S.P., ya estaban sujetos a la obligación de ofrecer las opciones
de fijación de cargos de acceso conforme a la regulación expedida por la CRT.
216. Aunado a lo anterior, la Circular 40 del 15 de marzo de 2002, expedida por la
CRT, estableció expresamente que el valor de los cargos de acceso se liquidaría
desde la fecha en que se pusiera en conocimiento de la entidad el conflicto entre
prestadoras. Esta directriz administrativa aclaró desde un inicio que la
determinación de tarifas en los casos de controversias entre operadores no
implicaba un desconocimiento de derechos, sino que aclaró que su exigibilidad
surgía a partir del momento en que la CRT era formalmente notificada del conflicto.
217. Por lo tanto, las resoluciones demandadas se limitaron a aplicar una normativa
preexistente a una controversia surgida en el marco de un contrato en curso, sin
alterar derechos adquiridos ni imponer efectos hacia el pasado. En este contexto,
no puede considerarse que la CRT haya vulnerado el principio de irretroactividad,
sino que ejerció su función reguladora dentro del marco legal vigente, por lo que el
argumento de apelación no está llamado a prosperar.
VII.5.4. Configuración de falsa motivación en la expedición de los actos
administrativos
218. Finalmente, la Sala estudiará si con ocasión a la expedición de los actos
administrativos la CRT incurrió en falsa motivación, lo que podría derivar en la
nulidad de los mismo. La falsa motivación se configura cuando la administración
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sustenta sus decisiones en hechos o normas erróneas, inexistentes o inexactas,
generando una desviación en el ejercicio de su competencia.
219. En el presente caso, la parte demandante argumentó que la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones – CRT incurrió en falsa motivación para lo cual
fundamentó su cargo en los argumentos expuestos en los cargos previos,
insistiendo en la nulidad de los actos administrativos demandados.
220. Alegó que la CRT aplicó indebidamente la Resolución CRT 463 de 2001 sin
prueba ni justificación clara, configurando una falsa motivación. Afirmó que los
cargos de acceso debían pagarse por minuto y no por capacidad, según el contrato
y la normativa vigente, y que la CRT asumió el conflicto sin agotar el procedimiento
de solución de controversias ni respetar la Resolución 575 de 2002, incurriendo en
extralimitación de funciones.
221. Además, sostuvo que las resoluciones desconocieron que, al otorgarse una
interconexión de calidad superior, el valor debía ser acordado entre las partes y no
impuesto con base en la Resolución CRT 728 de 2003. Finalmente, señaló que los
actos administrativos no especificaron los criterios técnicos para el
dimensionamiento, señalando que la CRT concluyó que el nivel de interconexión
superaba los límites establecidos en el contrato y la Resolución CRT 463 de 2001.
222. Para resolver y del análisis de las Resoluciones CRT 728 de 2003 y CRT 825
de 2003, la Sala concluye que no se configuró una falsa motivación en los actos
administrativos emitidos por la autoridad administrativa, ya que sus decisiones
estuvieron debidamente fundamentadas en normas vigentes, pruebas técnicas y
principios regulatorios aplicables al sector de las telecomunicaciones.
223. En primer lugar, en lo referente a la competencia de la CRT para intervenir en
el conflicto, se observa que la Resolución 728 de 2003 justifica su actuación con
base en el artículo 73.8 de la Ley 142 de 1994, el cual otorga facultades a las
Comisiones de Regulación para resolver conflictos surgidos entre operadores de
telecomunicaciones en relación con contratos de interconexión. Esta competencia
es ratificada en el Decreto 1130 de 1999, que le permite dirimir disputas sobre
interconexión a solicitud de parte35.
224. Por tanto, el hecho de que las partes hubieran pactado un procedimiento de
mediación conjunta en su contrato de interconexión no impide la intervención de la
CRT, ya que su competencia es de orden público y no puede ser limitada por
acuerdos privados36.
225. En cuanto a la aplicación de la Resolución CRT 463 de 2001 y la determinación
del modelo tarifario, la CRT explicó de manera detallada en la Resolución 728 de
2003 que el régimen tarifario aplicable ya estaba establecido en la regulación
35 Resolución 728 de 2003. Folios 2 y 3. Resolución 825 de 2003. Folios 2 y 3.
36 Ibidem.
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vigente desde su expedición. La CRT aclaró que su decisión no creó y aplicó
retroactividad en la aplicación de la tarifa por capacidad, sino que se limitó a
resolver el conflicto sobre su implementación, respetando lo dispuesto en la
normativa aplicable37.
226. En este sentido, la CRT no impuso una nueva obligación, sino que garantizó la
aplicación efectiva de la regulación sectorial.
227. Respecto a los criterios técnicos utilizados para determinar el dimensionamiento
de la interconexión, las resoluciones detallan que la CRT realizó un análisis basado
en la información aportada por las partes y en criterios comúnmente aceptados en
la industria de telecomunicaciones38.
228. Se evidenció que la interconexión entre Telecom y EPM Bogotá S.A. E.S.P.
cumplía con parámetros de calidad óptimos y que los enlaces determinados eran
suficientes para garantizar la continuidad del servicio, incluso en condiciones
extremas. Además, la CRT justificó por qué el valor de la interconexión no debía
variar en función de una calidad superior, explicando que la regulación prevé
valores máximos aplicables a la interconexión en su conjunto39.
229. Finalmente, la CRT argumentó que su decisión no vulneró el principio de
autonomía de la voluntad de las partes, ya que si bien los operadores pueden
negociar ciertos aspectos contractuales, la regulación en materia de interconexión
es de orden público y debe garantizar la eficiencia, continuidad y calidad del servicio
en beneficio de los usuarios. De esta manera, la intervención de la CRT estuvo
dentro del marco normativo aplicable y respondió a los principios de regulación del
sector.
230. Así pues y teniendo en cuenta que la Sala ya desató y rechazó los cargos de
nulidad por competencia, aplicación indebida de la normativa, falta de criterios
técnicos y desconocimiento de la autonomía de la voluntad, es claro de que no hubo
falsa motivación en las resoluciones CRT 728 de 2003 y CRT 825 de 2003 acá
demandadas.
231. Por lo anterior, no se configura una falsa motivación en las resoluciones
acusadas, tal y como lo consideró el a quo, en tanto que la CRT fundamentó su
actuación con base en normas vigentes, principios regulatorios y análisis técnico
de la interconexión, razón por la cual el argumento de apelación no está llamado a
prosperar.
37 Resolución 728 de 2003. Folios 4 y 5. Resolución 825 de 2003. Folios 8, 9 y 10.
38 Resolución 728 de 2003. Folios 6 y 7. Resolución 825 de 2003. Folios 9 y 10.
39 Resolución 728 de 2003. Folios 2 y 3. Resolución 825 de 2003. Folios 2 y 3.
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Demandante: EPM Bogotá S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT
VII.6. Conclusión
232. La Sala considera que los planteamientos del recurso de alzada no están
llamados a prosperar, por lo que confirmará la sentencia recurrida, tal y como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
233. Finalmente, no se condenará en costas, en razón a que no se evidenció
temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP,
aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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