Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-00679-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-00679-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2005-00679-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 25000232400020050067901
Recurso de apelación contra la sentencia de 22 de octubre de
2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C en Descongestión
Actor: DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO
TESIS: DECOMISO DE ORO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL: LA CAUSAL 1.6
DEL ARTÍCULO 502 DEL DECRETO 2685 DE 1999, VIGENTE PARA LA ÉPOCA DE
LOS HECHOS, ORDENA LA APREHENSIÓN DE LA MERCANCÍA CUANDO ÉSTA
NO SE ENCUENTRE AMPARADA POR (I) PLANILLA DE ENVÍO, (II) FACTURA DE
NACIONALIZACIÓN, (III) DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, O (IV) NO
CORRESPONDA CON LA DESCRIPCIÓN, (V) SE ENCUENTRE UNA CANTIDAD
SUPERIOR A LA SEÑALADA, O (VI) SE HAYA INCURRIDO EN ERRORES U
OMISIONES EN LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. LAS FACTURAS DE
COMPRAVENTA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, PER SE, SOLO
CONSTITUIRÍAN PRUEBA DE UNA TRANSACCIÓN MAS NO DE LA OPERACIÓN
DE NACIONALIZACIÓN DE ESTA; EN ESE SENTIDO, DEBERÁN SER
OBSERVADAS EN SU CONJUNTO CON EL ACERVO PROBATORIO ALLEGADO AL
PROCESO, QUE NO DE FORMA AISLADA DEL MISMO. VIOLACIÓN AL DEBIDO
PROCESO Y AL PRINCIPIO DE BUENA FE: NO SE CONFIGURA CUANDO LAS
ACTUACIONES SE ADELANTAN CON OBSERVANCIA DE LAS REGLAS
ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia de 22 de octubre de 20121, proferida por el
1 Folios 285 a 314.
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Número único de radicación 25000 23 24 000 2005 00679 01
Actor: DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C” en Descongestión, mediante la cual se denegaron las
súplicas de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El señor DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO, por
conducto de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda2
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual
formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Primera: Declárense nulas la Resolución número 00-
3793 del 29 de septiembre de 2004, mediante la cual la
División de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales-Administración Especial de Aduanas de Bogotá
D.C., ordenó el decomiso a favor de la Nación, y en contra de
Diego Fernando Astudillo Camacho, de la mercancía
aprehendida mediante acta número 834-304 del 30 de
septiembre de 2003 por infracción contemplada en el numeral
1.6. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999; y la
Resolución número 03-072-193-601 de fecha 28 de
febrero de 2005, proferida por la División Jurídica Aduanera,
Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales-Administración Especial de Aduanas de
Bogotá D.C., mediante la cual se decidió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución número 03-
064-191-636-1000-00-3793 del 29 de septiembre de 2004.
Segunda: Como consecuencia de la anterior declaración, en
calidad de restablecimiento del derecho, ordénese el reintegro
y/o la devolución al señor Diego Fernando Astudillo Camacho
de la mercancía decomisada (el oro) o su equivalente en dinero
2 Folios 2 a 23 y 108 a 111.
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en efectivo, previa valoración pericial, al precio del oro para la
fecha en que se verifique el pago.
Tercera: Como consecuencia de la anterior declaración, y en
calidad de restablecimiento del derecho, si se ordena la
devolución de la mercancía en su equivalente en dinero, deberá
ordenarse el pago, de acuerdo a valoración pericial, del mayor
valor correspondiente a la comercialización del oro que
pretendía obtener con su venta en la ciudad de Bogotá D.C.
Cuarta: Como consecuencia de la anterior declaración, y en
calidad de restablecimiento del derecho, si se ordena la
devolución de la mercancía en su equivalente en dinero, deberá
ordenarse el pago, de acuerdo a valoración pericial, del mayor
valor correspondiente a los rendimientos financieros obtenidos
con la comercialización del oro que pretendía obtener con su
venta en la ciudad de Bogotá D.C., de haber sido colocados en
una entidad financiera, a partir del mes de octubre de 2003,
hasta que se verifique el pago por parte de la entidad
demandada.
Cuarta A: Si se ordena la devolución de la mercancía en su
equivalente en dinero, deberá ordenarse el pago, del valor
equivalente al 2.5% mensual sobre el valor total del oro
decomisado por la entidad demandada, desde el momento de
la aprehensión hasta la fecha en que se verifique el pago
realmente, por el concepto de intereses al vendedor del oro,
conforme se pactó en las letras de cambio que se giraron del
contrato de compraventa, tal como se acredita con los hechos
y pruebas arrimadas al proceso.
Quinta: La liquidación de la anterior condena deberá
efectuarse mediante sumas líquidas de moneda legal
colombiana y se ajustará dicha condena tomando como base el
índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme a lo
dispuesto por el artículo 179 del Código Contencioso
Administrativo.
Sexta: Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar
aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo […]”.
I.2.- Como hechos relevantes para las resultas del proceso, la parte
actora indicó, en síntesis, que el señor DIEGO FERNANDO
ASTUDILLO CAMACHO, odontólogo de profesión, decidió dedicarse
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también a la compraventa de oro, cuya comercialización es lícita
dentro del territorio nacional. Adujo que inició con la adquisición de
pequeñas cantidades del metal precioso, para luego venderlas en
establecimientos de comercio dedicados a la elaboración y venta de
joyas.
Narró que en mayo de 2003 recibió por parte del señor Juan Carlos
Molina Acosta, la cantidad de $40.000.000, de origen legal, para
hacer una inversión en finca raíz en Bogotá. No obstante, adujo que
el propietario del dinero le manifestó, en el mes de agosto de ese
año, que debía invertirlo en oro, por lo que le propuso que se pusiera
en contacto con un negociante de nombre Luis Antonio Duarte
Vásquez, conocedor de transacciones con oro, por lo que concretó
una reunión entre ellos en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander),
con el objeto de adquirir dicho metal con facilidades de pago.
Dijo que, de acuerdo con las indicaciones recibidas por el señor
Molina Acosta, se trasladó a la ciudad de Cúcuta (Norte de
Santander) con el objeto de celebrar acuerdos con un reconocido
comerciante de dicha ciudad, en el que se pactó un negocio por la
suma de $300.000.000, pagaderos de la siguiente manera:
$80.000.000 por el señor DIEGO FERNANDO ASTUDILLO
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CAMACHO, $40.000.000 por el señor Juan Carlos Molina Acosta y
$10.000.000 por el señor Luis Antonio Duarte Vásquez; el saldo de
$170.000.000 fue respaldado con letras de cambio a favor del señor
Álvaro Antonio Gómez Silva.
Expuso que efectuado el pago, suscritas las letras y aceptadas por el
vendedor, le fue entregada la mercancía consistente en diez barras
o lingotes de oro debidamente marcados. El señor Luis Antonio
Duarte Vásquez recibió el metal precioso y lo entregó al señor DIEGO
FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO, quien se encargó de
trasladarlo, vía terrestre, en un autobús de la empresa Berlinas, de
la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) hasta la ciudad de Bogotá,
D.C., el día 28 de septiembre de 2003.
Explicó que a la altura del peaje el Roble, el autobús en el que se
transportaba fue detenido y sometido a una requisa rutinaria, en la
que la Policía de Carreteras halló una caja con el metal precioso, por
lo que resolvió retener al actor y conducirlo a la Estación de Policía
del municipio de Briceño (Cundinamarca); que, posteriormente, fue
puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y la mercancía
a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en
adelante DIAN, entidad esta última que inició actuación
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administrativa y mediante el acta de aprehensión núm. 834-304 de
30 de septiembre de 20033 describió la mercancía así:
“[…] Oro de 20 kilates presentado en (10) barras de diferentes
pesos y medidas, sin ninguna marca, las cuales fueron
numeradas pesadas así: barra número (1) uno con peso de 595
gramos, barra número (2) dos con un peso de 1.000 gramos,
barra número (3) tres con un peso de 1.305 gramos, barra
número (4) cuatro con un peso de 1.000 gramos, barra número
(5) cinco con un peso de 995 gramos, barra número (6) seis
con un peso de 1.185 gramos, barra número (7) siete con un
peso de 1.725 gramos, barra número (8) ocho con un peso de
1.460 gramos, barra número (9) nueve con un peso de 2.485
gramos, para un total de diez (10) barras de oro de 20 kilates
con un peso total de 14.185 gramos, peso gramos, cantidad
unidad de medida 14.185, -valor unitario $24.600. – Valor total
$348.951.000.00 […]”.
Anotó que, mediante Requerimiento Especial Aduanero núm. 03-
070-213-449-1430 de 30 de marzo de 20044, la DIAN propuso el
decomiso de la mercancía aprehendida por no encontrarse amparada
en la declaración de importación, con base en el Acta de Aprehensión
núm. 834-304 de 30 de septiembre de 2003, en la que se indicó
como causal de aprehensión la contenida en el numeral 1.6. del
artículo 502 del Decreto 2685 de 28 de diciembre de 19995 “[…]
mercancía correspondiente a oro, del cual el interesado no presenta
una declaración de importación que demostrara su legal introducción
3 Folios 30 a 38, cuaderno de antecedentes.
4 El requerimiento fue ampliado para vincular a los señores Luis Antonio Duarte Vásquez y
Juan Carlos Molina Acosta, en calidad de propietarios de la mercancía aprehendida.
5 “[…] Por el cual se modifica la Legislación Aduanera […]”.
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al territorio nacional […]”. Agregó que esto fue corroborado por la
Policía de Carreteras de Cundinamarca, ruta Briceño, que afirmó que
dicha mercancía era de origen extranjero.
Detalló que respondió el requerimiento oponiéndose a la aprehensión
efectuada por la DIAN, con fundamento en que la mercancía era de
origen nacional, adquirida en Cúcuta (Norte de Santander) y no en
territorio extranjero, como lo manifestó la Administración, para lo
cual aportó las facturas de compra de oro adquirido por medio del
señor Álvaro Antonio Gómez Silva.
Mencionó que la DIAN rechazó las pruebas aportadas por el
demandante al proceso aduanero por impertinentes, improcedentes
e ineficaces. Y, a continuación, expidió la Resolución núm. 191-
636-1000-00-3793 de 29 de septiembre de 2004, mediante la
cual ordenó el decomiso de la mercancía aprehendida, decisión frente
a la cual presentó recurso de reconsideración el cual fue despachado
desfavorablemente mediante la Resolución núm. 03-072-193-
601-0087 de 28 de febrero de 2005.
I.3.- Como normas violadas el actor señaló los artículos 29 y 83 de
la Constitución Política; y 2º, 3º y 502, numeral 1.6, del Decreto
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2685 de 1999.
Para sustentar el concepto de violación arguyó, en síntesis, que se
había vulnerado el artículo 29 de la Constitución Política en la medida
en que para que haya lugar a la aprehensión y decomiso es necesario
que los productos entren al territorio aduanero nacional, es decir que
sean extranjeros y que ingresen al país sin los requisitos legales, lo
cual no ocurrió en este caso, pues el oro decomisado fue adquirido
de conformidad con las normas colombianas en el territorio nacional,
de forma lícita y de acuerdo con las disposiciones establecidas.
Indicó que en el asunto bajo examen existió un contrato de carácter
privado, acreditado por las declaraciones aportadas al proceso y
mediante las facturas que demostraron la compra del oro; y que
conforme a la declaración rendida por el señor Álvaro Gómez,
vendedor del metal precioso decomisado, el referido oro fue fundido
en barras y advirtió que lo expuesto por el vendedor fue corroborado
por el contador de este último, hechos que no fueron tenidos en
cuenta por la DIAN y que habrían evitado la continuidad de una
actuación evidentemente contraria al debido proceso.
Adujo que, conforme con el artículo 83 de la Constitución Política, las
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actuaciones de los particulares y autoridades deben ceñirse a los
postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten frente a estas, principio este que se
transgredió en la medida en que, sin prueba alguna, y con
fundamento en conjeturas y sospechas, se presumió la mala fe del
actor, sin darle credibilidad a las pruebas aportadas ni a las
afirmaciones hechas por éste.
Alegó que los actos demandados son nulos por falsa motivación, en
la medida en que no se basaron en hechos verdaderos, sino en el
supuesto de que la mercancía ingresó ilegalmente al país, hecho que
no se encuentra probado en la actuación administrativa, por lo que,
de contera, contraría lo establecido por el numeral 1.6. del artículo
502 del Decreto 2685 de 1999; y que, además, la DIAN vulneró los
artículos 2º y 3º del mismo estatuto, al convertir en un usuario
aduanero a una persona que no tenía tal calidad y obligarlo a cumplir
con el requisito de una declaración de importación de una mercancía
que no fue importada, pues no existe en el expediente prueba alguna
de que el actor estuviera sometido a normas de tipo aduanero que
debieran aplicarse a su situación.
I.4.- La DIAN presentó escrito de contestación el 23 de septiembre
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de 20056, a través del cual se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda. En relación con la violación del derecho
al debido proceso y del principio de la buena fe, sostuvo que esa
entidad no ha vulnerado ninguna disposición prevista en la
Constitución Política; y que durante el procedimiento que finalizó con
el decomiso de la mercancía se brindó al demandante la oportunidad
de controvertir los actos acusados y de interponer los recursos de
ley.
Resaltó que la actuación fue surtida según las formalidades que
establece la Sección II del Capítulo IV del Título XV del Decreto 2685
de 1999, por funcionarios competentes y en asuntos propios de la
autoridad aduanera, como lo es el control de los elementos de hecho
del proceso de importación, en los términos del artículo 476 de ese
compendio; que el decomiso de la mercancía se generó por
configurarse la causal 1.6. del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999; y que el demandante tuvo la oportunidad de interponer el
recurso de reposición contra el auto que negó las pruebas
solicitadas, pero no lo ejerció, razón por la que no puede atacar de
ilegal el auto que rechazó dichas pruebas por impertinentes,
improcedentes e ineficaces, cuando contó con una oportunidad
6 Folios 83 a 89. Se advierte error en la foliación en el cuaderno principal, pues del folio 92
pasa al 83 nuevamente.
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probatoria para hacerlo.
En cuanto a las afirmaciones del demandante respecto de las formas
de adquirir muebles en Colombia, precisó que los bienes como el oro
se compran en el comercio en una compraventa, que se refleja en la
expedición de una factura cambiaria, hecho que fue suficientemente
analizado en los actos demandados, y del que se arribó a la
conclusión que, pese a que se anexaron facturas de compraventa,
estas no amparaban la mercancía aprehendida y decomisada; y que
no es que la administración hubiese puesto en duda la legalidad de
las facturas aportadas a la investigación, ya que, en efecto, fueron
valoradas, solo que luego de su estudio se llegó a la conclusión de
que ninguna de esas facturas o documentos probaron de forma
contundente la adquisición de las 10 barras o lingotes de oro en el
mercado nacional.
Manifestó que no se ha puesto en tela de juicio el actuar de buena
fe del actor, pero que no obstante las actuaciones de los particulares
deben ceñirse a las normas expresas que regulan los
procedimientos, en especial, la importación de mercancías al
territorio colombiano; y en torno a la violación del numeral 1.6. del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, manifestó que dicha
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legislación establece en su artículo 3º, expresamente, que el tenedor
también es responsable de la obligación y, precisamente, fue este
quien no pudo respaldar el cumplimiento de los trámites para la
introducción legal del oro al país, lo que produjo el decomiso.
Expuso que, en esta oportunidad, no existe prueba que dé cuenta
de que las 10 barras de oro decomisadas fueron adquiridas en el
mercado nacional, pues las facturas aportadas solo demuestran que
el señor Álvaro Gómez Silva, propietario del establecimiento de
comercio denominado JOYERÍA EL PLATINO, ubicado en la ciudad de
Cúcuta, le vendió al señor Luis Antonio Duarte Vásquez, en distintas
oportunidades, saldos de oro de inventario, y no los lingotes
decomisados.
Subrayó que figuran en el expediente facturas de compraventa
expedidas por el establecimiento de comercio La Esmeralda de
propiedad de la sociedad Gil Yepes, en el municipio de Cúcuta (Norte
de Santander), con las cuales le vendió al señor Álvaro Gómez y a la
JOYERÍA EL REGALO, aros, dijes, cadenas, anillos usados y
averiados, al igual que facturas de compraventa expedidas por el
establecimiento de comercio La Joya, también ubicado en Cúcuta
(Norte de Santander), con las que se vendió a la JOYERÍA EL
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REGALO, oro usado y averiado, incluso, piedras blancas y verdes; a
su vez, facturas de compraventa expedidas por el establecimiento
de comercio llamado Villa del Rosario, de propiedad del señor René
Gil Gil, ubicado en Villa del Rosario (Norte de Santander), con las
que se vendió al establecimiento JOYERÍA EL REGALO oro usado,
piedras verdes y blancas; y, por último, facturas de compraventa
expedidas en el establecimiento La Isla, de Cúcuta (Norte de
Santander), con las cuales se prueba la venta de oro usado con
piedras verdes y blancas, también a la JOYERÍA EL REGALO. Con
fundamento en estas, infirió que con ninguna de las facturas
aportadas por el actor se demuestra que los señores DIEGO
FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO, Luis Antonio Duarte Vásquez
y Juan Carlos Molina Acosta, hubiesen adquirido, en el territorio
nacional, las 10 barras de oro decomisadas.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Con sentencia de 22 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión,
denegó las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes
argumentos:
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Determinó que la actuación adelantada por la DIAN no vulneró las
garantías constitucionales invocadas, -debido proceso y buena fe-,
por cuanto se dictaron conforme lo regula la normativa aduanera,
esto es, por funcionarios competentes en cumplimiento de sus
atribuciones, quienes llevaron a cabo el procedimiento aduanero
pertinente para el decomiso de oro con fundamento en razones
válidas y en ejercicio del control del proceso de importación.
Consideró que no se vulneró el numeral 1.6. del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999, en tanto las autoridades aduaneras, en
ejercicio de sus funciones, solicitaron al actor la presentación de los
documentos que acreditaran la legal introducción al país del oro
incautado, sin que hubiesen sido aportados, razón por la que se
produjo el decomiso ahora cuestionado.
Mencionó que tampoco se configuró la violación de los artículos 2º y
3º del Decreto 2685 de 1999, en tanto establecen los principios
orientadores de aplicación de las normas aduaneras y los
responsables de dicha actividad. De allí que quien traslada un bien
de un lugar a otro se denomina transportador y quien tiene una cosa
determinada con ánimo de señor y dueño se reputa poseedor,
mientas otra persona no justifique serlo, en los términos del artículo
762 del Código Civil.
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Estableció que en el expediente se encontró probado que la
mercancía era poseída y transportada por el señor DIEGO
FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO, por lo que no era de recibo la
aseveración de que no podía ser considerado como un usuario
aduanero, en tanto portaba las barras de oro y las transportaba en
el momento en el que le fueron requeridos los pluricitados
documentos, los que no fueron presentados en su oportunidad. De
ahí que al portar la mercadería y no demostrar su legal introducción
al país, el actor se sometió a la normativa aduanera aplicable.
Por lo anterior, concluyó que la parte actora no desvirtuó la causal
de aprehensión y el posterior decomiso de los bienes ni aportó
documento alguno que amparara su procedencia, por lo cual debía
denegarse las pretensiones de la demanda.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
A través de escrito de 15 de enero de 20137, la parte actora interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de 22 de octubre de 20128,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C en descongestión, en el que insistió en los
cargos de la demanda con fundamento en lo siguiente:
7 Folios 318 a 345.
8 La sentencia fue notificada mediante edicto desfijado el 4 de diciembre de 2012, a folio
316.
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Adujo que reiteraba los argumentos expuestos con relación a la
violación al debido proceso y la buena fe, por cuanto la DIAN soporta
la conducta que define la tipicidad en dos indicios: el primero, que
gira en torno a unas facturas de REX METAL que en nada se
relacionan con los hechos materia de debate, pues solo evidencian
una venta anterior de barras de oro de recicle por parte de DIEGO
FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO a ese establecimiento
comercial, en la cantidad y calidad allí estipuladas; y, el segundo, los
certificados de análisis de seis muestras enviadas por la empresa
DISTRIBUIDORA OROMAR, de Caracas (Venezuela), con las que se
pretendió establecer que las barras de oro fueron sacadas del país y
vueltas a traer con el objetivo de extraer una muestra en dicho
establecimiento, lo que, a juicio del apelante resulta ilógico, en la
medida en que es absurdo correr el riesgo de llevar unas barras de
oro a otro país para realizar una extracción de las muestras, que
perfectamente puede hacerse en la ciudad de Cúcuta (Norte de
Santander).
Indicó que la DIAN no valoró plenamente las pruebas que desvirtúan
los indicios, leves por demás, que señalan las conductas de
contravención al derecho aduanero, pues la mercancía no salió del
país, es de origen nacional y, por lo tanto, el requerimiento del
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Actor: DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO
documento de importación es improcedente en el caso que nos
ocupa. Insistió en que la demandada vulneró el debido proceso y la
defensa del actor porque al momento de decidir el recurso de
reconsideración, suspendió el trámite de la actuación administrativa
para decretar una serie de pruebas, sin permitir controvertirlas ni
ponerlas a disposición de la parte interesada, limitándose a confirmar
la resolución impugnada.
Adujo, además, que la DIAN indicó, en la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración, que el oro es de origen extranjero porque
no se comprobó el origen nacional y, peor aún, que las pruebas
aportadas no eran idóneas para demostrar su origen, cuando en la
resolución de decomiso se afirma lo contrario, en cuanto a la
conducta y las pruebas aportadas; y que hizo una comparación de
las pruebas presentadas por el demandante y las reveladas por la
DIAN, para concluir que del conjunto probatorio relacionado es dable
determinar que los señores DIEGO FERNANDO ASTUDILLO
CAMACHO, Juan Carlos Molina Acosta y Luis Antonio Duarte Vásquez
constituyeron una asociación temporal de hecho para configurar la
compra de oro, mediante acciones de derecho, al reunirse y estipular
forma, lugar, rentabilidad y medios de pago del mismo, para luego
realizar la compra con factura de acuerdo con los precios
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internacionales del metal, sin que ninguno de los argumentos
expuestos por la demandada sean suficientes para controvertir el
dicho del actor.
Recalcó que, además, en el expediente hay prueba suficiente de que
el oro fue adquirido legalmente, pues así reposa en los inventarios
del señor Álvaro Gómez que pudieron ser revisados por la DIAN, y
la declaración del mismo señor Gómez que corrobora que ese oro fue
fundido y transformado en barras de diferentes tamaños para su
correspondiente venta al señor Luis Antonio Duarte Vásquez y que
corresponde al oro decomisado, actividad que no requiere de ningún
reporte y que puede ser ejercida libremente en Colombia. Reiteró
que las facturas sí eran indicadoras de la compra y que sólo por
prescindir de la descripción de la mercancía en su forma, no podían
ser descartadas, contrariándose así las normas probatorias.
Finalmente, pidió a esta instancia pronunciarse sobre la conclusión
del proceso penal y su incidencia en la contravención administrativa
que ahora se estudia, por lo que adujo que solicitará pruebas en la
segunda instancia, las que serían pedidas en la oportunidad procesal
correspondiente.
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IV.- SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA
A través de escrito presentado el 29 de julio de 20139, la parte actora
solicitó ante esta instancia que se decretara como prueba la “[…]
decisión de segunda instancia proferida (sic) por el H. Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca-Sala Penal,
Magistrado Ponente Dr. Edwar Enrique Martínez Pérez, de fecha 5 de
agosto de 2009, número de radicación 25000-07-04-002-2004-
00045-01, a términos de la cual se decisión (sic) el recurso de
apelación CONFIRMANDO la decisión de primera instancia, proceso
en el que mi poderdante fue sindicado y juzgado por los delitos de
enriquecimiento ilícito y lavado de activos, habiéndose proferido fallo
absolutorio al no encontrarse probados los presupuestos del artículo
232 del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, como son la
certeza de la conducta punible y la responsabilidad del encartado
[…]”. También requirió que se oficiara a la empresa REX METAL a fin
de que precisara si es obligación legal especificar la forma en que se
vende el oro en las facturas de compraventa.
Con auto de 5 de octubre de 201510, la magistrada ponente denegó
el decreto de tales pruebas en segunda instancia, por considerar que
9 Folios 6 a 29, cuaderno de apelación.
10 Folios 31 a 35.
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no concurrían los requisitos del artículo 214 del CCA, esto es no haber
sido solicitadas con la demanda, oportunidad pertinente para ello, si
además se tiene en cuenta que se trata de hechos acaecidos con
anterioridad a su presentación; si bien el actor manifestó la
imposibilidad de haber realizado dicha solicitud en primera instancia
por fuerza mayor, no indicó las razones que motivaron dicha omisión.
V.- ALEGATOS
V.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, la parte actora guardó silencio.
V.2.- La parte demandada descorrió el traslado de alegatos a través
de escrito de 25 de noviembre de 201511, en el que solicitó se
confirmara la sentencia de primera instancia en atención a que el
acto demandado no adolece de ningún vicio de ilegalidad, porque tal
como se puede ver en el expediente, no está probada la legal
procedencia e introducción de la mercancía decomisada al país.
V.3.- El Ministerio Público guardó silencio.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
11 Folios 456 a 458.
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VI.1.- Actos demandados
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 191-636-1000-00-3793 de 29 de
septiembre de 2004 y 03-072-193-601-0087 de 28 de febrero
de 2005, expedidas por el Grupo de Infracciones de la División de
Fiscalización Aduanera y por la División Jurídica Aduanera de la
Administración de Aduanas Nacionales de Bogotá de la DIAN,
respectivamente, cuyos principales apartes son los siguientes:
“[…] RESOLUCIÓN 191-636-1000-00-3793 DE 29 DE
SEPTIEMBRE DE 200412
Por la cual se ordena el DECOMISO DE UNA MERCANCÍA
a favor de la Nación
(…)
LA JEFE DE LA DIVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ
D.C.
COMPETENCIA
En uso de sus facultades legales establecidas en los Artículos
5, literal b) del artículo 18, literal b) del artículo 23, artículo 37,
literal b) del artículo 39 del Decreto 1071 de junio 26 de 1999
y 1265 de julio 13 de 1999, artículo 70 de la Resolución 5632
de 1999 (del Director General), artículo 6 de la resolución 5634
de 1999, Resolución 554 de julio 28 de 2000 y demás normas
concordantes y/o complementarias y;
CONSIDERANDO
12 Folios 24 a 34.
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Mediante oficio No. 733 del 30 de septiembre de 2003, el
comandante de la ruta Briceño – Albarracín de la Dirección
Operativa de la Policía de Carreteras de Cundinamarca deja a
disposición de la división de fiscalización aduanera de la
administración especial de aduanas de Bogotá, 10 barras de
oro con un peso aproximado de 14.360 grm con empaque, el
cual fue incautado el 29 de septiembre de 2003, en el equipaje
del señor DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO, quien se
transportaba en un bus afiliado a la empresa BERLINAS DEL
FONCE que cubría la ruta Cúcuta – Bogotá; anexó el acta de
incautación y planilla de transporte de valores. (Folios 10 al
17).
Por medio del acta No. 834-304 del 30 de septiembre de 2003,
funcionarios de la División de Fiscalización Aduanera,
debidamente comisionados mediante auto No. 0136-1921 del
30 de septiembre de 2003 y de acuerdo con el acta de hechos
No. 1921 de la misma fecha, practicaron la aprehensión de la
mercancía con fundamento en el numeral 1.6 del artículo 502
del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del
Decreto 1232 de 2001 y artículo 6 del Decreto 1171 de 2002,
toda vez que el interesado manifestó que en ese momento no
tenía los documentos que acreditan su legal importación y
tenencia. (Folios 4 al 9).
El funcionario comisionado por medio del auto No. 136-2177del
23 de octubre de 2003, practicó diligencia de reconocimiento y
avalúo a la mercancía, cuyo resultado fue consignado en el
documento de ingreso, inventario y avalúo de mercancías
aprehendidas del 30 de septiembre de 2003 con control de
papelería No. 0007327, como se describe en la parte resolutiva
de esta providencia. La mercancía fue trasladada a las cajas de
seguridad de la DIAN-Administración de Personas Jurídicas.
(Folio 20 al 22). (…)
El Jefe de la División de Fiscalización Aduanera, por medio del
requerimiento especial aduanero No. 03-070-213-449 1430 del
30 de marzo de 2004, proferido contra DIEGO FERNANDO
ASTUDILLO CAMACHO en calidad de tenedor, propuso el
decomiso a favor de la nación de la mercancía aprehendida con
fundamento en el numeral 1.6 del artículo 504 del Decreto
2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del Decreto 1232
de 2001 y artículo 6 del Decreto 1161 de 2002, en concordancia
con el artículo 232-1 del Decreto 2685 del 99, creado por el
artículo 23 del Decreto 1232 de 2001, (…)
El requerimiento fue notificado personalmente a DIEGO
FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO a través de su apoderado,
ALBERTO GERMÁN ORTIZ MONCAYO identificado con la cédula
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de ciudadanía No. 79262863 y TP No. 14451 del C.S de la J.,
teniendo en cuenta que el señor ASTUDILLO se encontraba
privado de la libertad en el centro carcelario del municipio de
Chocontá, tal y como manifiesta en el escrito del 14 de abril de
2004. (Folios 38vto y 39 al 43).
Dentro del término legalmente establecido, ALBERTO GERMÁN
ORTIZ MONCAYO en calidad de apoderado de DIEGO
FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO dio respuesta al
requerimiento especial aduanero, en los siguientes términos:
Manifiesta su oposición a la determinación asumida y solicita la
devolución y entrega de la mercancía de conformidad con el
artículo 506 del estatuto aduanero.
Narra de manera sucinta la ocurrencia de los hechos y termina
afirmando que, “(…) la DIAN (…) determina de manera
equivocada, sin haber practicado prueba de ninguna
naturaleza, haciendo una interpretación sesgada de los
precarios elementos de información allegados hasta ese
momento, que el oro es de procedencia extranjera y que al
estar en el territorio nacional sin que obre declaración de
importación debidamente diligenciada debe ser decomisado”.
Respecto de las consideraciones de derecho de la División de
Fiscalización Aduanera, enunciadas en el requerimiento
especial aduanero, argumenta que “(…) tal régimen es
aplicable para aquellas mercancías que se han introducido al
territorio nacional sin el lleno de los requisitos legales y que
tengan una procedencia extranjera nunca ni en momento
alguno se efectuará para los productos nacionales.”
(…) Considera que la conclusión a la que se llega en el
requerimiento especial aduanero es apresurada, parcial e
ilegal, por lo que se opone a ella de manera rotunda y solicita
que en su lugar se ordene la inmediata devolución del oro
aprehendido, a su legítimo tenedor quien con el hecho de llevar
consigo el metal precioso no incumple con ninguna obligación
legal o administrativa.
El oro es de propiedad de DIEGO FERNANDO ASTUDILLO
CAMACHO, JUAN CARLOS MOLINA y LUIS ANTONIO DUARTE,
este último quien celebró un contrato de compraventa con el
señor ÁLVARO GÓMEZ SILVA anexa como pruebas copias
simples de las correspondientes facturas de compraventa y
solicita se realice una inspección judicial con el fin de corroborar
su autenticidad.
(…) Una vez analizados los hechos fácticos (sic) materia de
investigación, el Despacho observa que no existen elementos
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probatorios para establecer el origen nacional o extranjero del
oro aprehendido; de manera tal que, no comparte ni considera
válida la afirmación hecha por el apoderado del tenedor de la
mercancía, respecto del origen nacional del oro, toda vez que
las pruebas aportadas al expediente, sólo nos permiten
establecer la procedencia en principio lícita del oro, ya que al
parecer fue adquirida a través de una compraventa hecha en
la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, la presente investigación
tiene como fin exclusivo, determinar el cumplimiento de la
obligación aduanera de presentar las mercancías extranjeras a
las autoridades aduaneras al momento de su ingreso al
territorio nacional y encontrarse amparadas en documento
idóneo aduaneramente, durante la permanencia de las mismas
en el país, por lo tanto, los documentos allegados carecen de
validez probatoria como quedó establecido en el auto de
pruebas (…).
Así las cosas, no existe declaración de importación alguna que
acredite la legal introducción de las mercancías aprehendidas
al territorio nacional y en consecuencia, se incurre en la causal
de aprehensión y decomiso establecida en el numeral 1.6 del
Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del
Decreto 1232 de 2001 y por el artículo 6 del Decreto 1161 de
2002.
CONCLUSIONES DEL DESPACHO
En consecuencia, de lo anteriormente expuesto este despacho
concluye que la aprehensión de la mercancía, mediante el acta
No. 834-304 del 30 de septiembre de 2003, realizada por la
División de Fiscalización Aduanera de la Administración
Especial de Aduanas de Bogotá, fue realizada dentro de los
lineamientos exigidos por la normatividad aduanera vigente al
momento de los hechos. La causal de aprehensión no fue
desvirtuada y se puede considerar que respecto a la mercancía
en cuestión no se cumplieron los requerimientos establecidos
por las normas aduaneras, ya que no existe declaración de
importación alguna que ampare la mercancía, por lo que se
encuentra incursa en una de las causales de aprehensión y
decomiso establecidas en la legislación aduanera.
Por consiguiente, se ordenará decomisar la mercancía
aprehendida, a favor de la nación, (…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNASE EL DECOMISO a favor de
la nación (sic) las mercancías aprehendidas a DIEGO
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Número único de radicación 25000 23 24 000 2005 00679 01
Actor: DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO
FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO identificado con cédula de
ciudadanía No. 79262863 en calidad de tenedor y propietario,
mediante acta No. 874-304 del 30 de septiembre de 2003, por
infracción al numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999, modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001
y por el artículo 6 del Decreto 1161 de 2002; las cuales fueron
reconocidas y avaluadas por un funcionario de la División de
Fiscalización Aduaneras de esta administración en el D.I.I.A.N
con control de papelería No. 0007327 del 30 de septiembre de
2003 (…).
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente a LUIS
ANTONIO DUARTE VASQUEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 13827320 79.284.692 (sic), JUAN CARLOS
MOLINA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No.
79284692 en calidad de propietarios y a DIEGO FERNANDO
ASTUDILLO identificado con cédula de ciudadanía No.
79262863 en calidad de tenedor y propietario, a través de su
apoderado ALBERTO GERMÁN ORTIZ MONCAYO identificado
con cédula de ciudadanía No. 12954956 y TP No. 14.451 del
C.S.J de conformidad con lo estipulado en el artículo 567 del
Decreto 2685 de 1999 modificado por el artículo 55 del Decreto
1232 de 2001.
ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNASE poner a disposición del
proceso No. 002-2004-0045 del Juzgado Segundo Penal de
Circuito Especializado de Cundinamarca, en su lugar de
depósito la mercancía decomisada en el presente acto de
conformidad con el oficio No. 9275 del 6 de octubre de 2003 de
la fiscalía 10 de la unidad de fiscalía para la extinción del
derecho de dominio y contra el lavado de activos.
ARTÍCULO CUARTO: SE INFORMA a los interesados que
contra la presente providencia procede el recurso de
reconsideración, el cual debería interponerse ante la división
jurídica aduanera de esta administración, dentro de los quince
(15) días siguientes a la fecha de su notificación, de
conformidad a lo establecido en los artículos 515 al 518 del
Decreto 1685 de 1999.
ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE una vez ejecutoriada la
presente providencia por parte de la división de
documentación, copia a la división de comercialización, grupo
de enajenaciones para su mercadeo y al grupo de
almacenadoras para la contabilidad del bien decomisado, al
grupo unidad penal de la división jurídica y a la división de
cambios para su estudio cambiario. Igualmente, al proceso No.
002-2004-0045 del Juzgado Segundo Penal del Circuito
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Número único de radicación 25000 23 24 000 2005 00679 01
Actor: DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO
Especializado de Cundinamarca, ubicado en la calle 31 No. 6-
24 piso 2 de Bogotá.
ARTÍCULO QUINTO (sic): ARCHÍVESE el expediente No.
DM030303198 por parte de la División de Documentación de
esta administración una vez ejecutoriada la presente resolución
[…]”.
“[…] RESOLUCIÓN 03-072-193-601-0087 DE 28 DE
FEBRERO DE 200513
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN
NÚMERO 03-064-191-636-1000-00-3793 del 29 de
septiembre de 2004.
La Jefe de la División Jurídica Aduanera de la
Administración Especial de Aduanas de Bogotá (A)
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS
POR EL ARTÍCULO 39 DEL DECRETO 1071 DEL 26 DE JULIO DE
1999, ARTÍCULO 32 DEL DECRETO 1265 DEL 13 DE JULIO DE
1999, ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN 5632 DEL 19 DE JULIO
DE 1999 MODIFICADA POR EL ARTÍCULO NOVENO DE LA
RESOLUCIÓN 1250 DEL 17 DE FEBRERO DE 2005, DECRETO
2685 DE 1999, MODIFICADO POR LOS DECRETOS 1198 DE
2000 Y 1232 DE 2001, CÓDIGO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, Y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante memorial radicado con el No. 0955 del 19 de octubre
de 2004, visto a folios 410 a 423, el doctor ALBERTO GERMÁN
ORTIZ MONCAYO, identificado con cédula de ciudadanía No.
12954956 de Pasto y TP No. 14451 del C.S de la J actuando en
calidad de apoderado del señor DIEGO FERNANDO ASTUDILLO
CAMACHO, calidad reconocida en el artículo tercero del acto
administrativo No. 030702131483092 del 10 de junio de 2004
obrante a folios 321 a 325 de las presentes diligencias,
interpuso recurso de reconsideración contra la resolución No.
03-064-191-636-1000-00-3793 del 29 de septiembre de 2004,
proferida (sic) la división de liquidación de esta administración
y por medio de la cual se ordenó el decomiso a favor de la
nación de la mercancía aprehendida mediante acta número
834-304 del 30-09-03 de un valor de $348.951.000, por
infracción contemplada en el numeral 1.6 del artículo 502 del
13 Folios 35 a 53.
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Decreto 1232 de 2001 artículo 6 del Decreto 1161 de 2002.
(Folios 424 a 434)
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la resolución No. 03064-
191-636-1000-00-3793 del 29 de septiembre de 2004
proferida por la división de liquidación de esta administración
por medio de la cual se ordenó el decomiso a favor de la nación
de la mercancía aprehendida mediante acta No. 834-304 del
30-09-03, por un valor de $348.951.000, de conformidad con
lo expuesto en la parte resolutiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto
administrativo al doctor CAMILO A. GONZALEZ
PACHECONCAYO (sic) identificado con cédula de ciudadanía No.
12954956 y TP No. 14.451 del C.S.J, en calidad de apoderado
del señor DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 567 del Decreto
2685 de 2009, modificado por el artículo 56 del Decreto 1232
de 2001.
ARTÍCULO TERCERO: una vez en firme la presente
providencia se deberá ENVIAR copia de la misma y de la
resolución No. 03-064-191-636-1000-00-3793 del 29 de
septiembre de 2004, a las divisiones de comercialización para
que proceda a la disposición de la mercancía, a la división de
cambios para su estudio cambiario si a ello hubiere lugar y al
Grupo Interno de Trabajo de la Unidad Penal de la División
Jurídica Aduanera para que se haga parte dentro de la
investigación que ya cursa por estos hechos ante el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca,
iniciado contra el señor DIEGO FERNANDO ASTUDILLO
CAMACHO.
ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVAR el expediente No.
DM030303198.
ARTÍCULO QUINTO: CONTRA el presente acto
administrativo no procede ningún recurso, quedando agotada
la vía gubernativa […]”.
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VI.2.- Problema jurídico
De conformidad con lo esgrimido en el recurso de apelación que
convoca a la Sala, en el caso concreto, corresponde establecer si los
actos acusados están viciados de nulidad por haber sido expedidos
con violación al debido proceso y al principio de buena fe, con
transgresión de lo dispuesto en los artículos 2º, 3º y 502, numeral
1.6, del Decreto 2685 de 1999.
VI.3.- Análisis del caso concreto
El artículo 87 del Decreto 2685 de 1999 14, en cuanto a la obligación
aduanera dispone:
“[…] La obligación aduanera nace por la introducción de la
mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero
nacional.
La obligación aduanera comprende la presentación de la
Declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros
y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación
de obtener y conservar los documentos que soportan la
operación, presentarlos cuando los requieran las
autoridades aduaneras, atender las solicitudes de
información y pruebas y en general, cumplir con las
exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las
normas correspondientes […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
14 Artículo vigente para la época de los hechos, derogado por el artículo 676 del Decreto
0390 de 2016.
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La obligación aduanera surge a partir de la introducción de
mercancía extranjera en territorio nacional y comprende, entre
otros aspectos, la presentación de la declaración de importación, la
obtención y conservación de los documentos que soporten la
operación de importación, así como la exhibición de estos en el
momento en que las autoridades aduaneras lo requieran.
El artículo 3° del mismo compendio15 establece como responsables
de la obligación aduanera al importador, exportador, propietario,
poseedor y tenedor de la mercancía, quienes se encuentran
obligados a demostrar, cuando así se requiera, los soportes que
evidencien la legal introducción al país de la mercancía investigada o
aprehendida.
El artículo 232-1 del mismo Estatuto, en cuanto a la mercancía no
declarada a la autoridad aduanera, determina:
“[…] Se entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la
autoridad aduanera cuando:
15 “[…] Artículo 3. Responsables de la obligación aduanera. De conformidad con las
normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador,
el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán
responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el
agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante, en los términos
previstos en el presente Decreto.
Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales […]”.
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a) No se encuentre amparada por una Declaración de Importación;
b) No corresponda con la descripción declarada;
c) En la Declaración de Importación se haya incurrido en errores u
omisiones en la descripción de la mercancía, o
d) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la Declaración
de Importación.
Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 4 y 7 del artículo 128
del presente decreto, siempre que se configure cualquiera de los
eventos señalados en el presente artículo, procederá la
aprehensión y decomiso de las mercancías. […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Como se desprende de la referida normativa, se tiene por no
declarada aquella mercancía que, al momento de su verificación, no
se encuentre amparada por una declaración de importación, no
corresponda a la descrita en la importación, existan errores u
omisiones en la declaración o la cantidad encontrada sea superior a
la reportada en el documento de legalización.
Para el caso concreto se tiene que la causal de aprehensión de la
mercancía del señor DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO,
es la establecida en el artículo 502, numeral 1.6, del Decreto 2685
de 1999, así:
“[…] Artículo 502. Causales de aprehensión y decomiso de
mercancías. 1. En el régimen de Importación. (Modificado por el
artículo 48 del Decreto 1232 de 2001)
Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia
de cualquiera de los siguientes eventos:
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(…)
1.6. (Modificado por el artículo 6° del Decreto 1161 de 31 de
mayo de 200216). Cuando la mercancía no se encuentre
amparada en una Planilla de Envío, Factura de Nacionalización
o Declaración de Importación, o no corresponda con la
descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a
la señalada en la Declaración de Importación, o se haya
incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos
últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4
y 7 del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo
231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la
aprehensión […]” (Negritas fuera del texto original).
De lo expuesto, la Sala encuentra que la causal 1.6 del artículo 502
del Decreto 2685 de 1999, vigente para la época de los hechos,
ordena la aprehensión de la mercancía cuando esta no se encuentre
amparada por (i) planilla de envío, (ii) factura de nacionalización, (iii)
declaración de importación, o (iv) no corresponda con la descripción,
(v) se encuentre una cantidad superior a la señalada, o (vi) se haya
incurrido en errores u omisiones en la declaración de importación.
De conformidad con lo obrante en el expediente administrativo
allegado al proceso, se tiene que mediante Oficio núm. 733 de 30 de
septiembre de 2003, el comandante de la ruta Briceño-Albarracín de
la Dirección Operativa de la Policía de Carreteras de Cundinamarca
dejó, a disposición de la DIAN, 10 barras de oro con un peso
aproximado de 14.360g, con empaque, incautadas el 29 de
septiembre de 2003 en el equipaje del señor DIEGO FERNANDO
16 “[…] Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999 […]”.
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ASTUDILLO CAMACHO, quien se transportaba en un bus de la
empresa Berlinas del Fonce, en la ruta que de Cúcuta (Norte de
Santander) conduce a Bogotá, D.C.
Según el acta de aprehensión núm. 834-304 de 30 de septiembre de
2003, la mercancía involucrada es la siguiente:
“[…] Oro de 20 kilates presentado en (10) barras de diferentes
pesos y medidas, sin ninguna marca, las cuales fueron
numeradas pesadas así: barra número (1) uno con peso de 595
gramos, barra número (2) dos con un peso de 1.000 gramos,
barra número (3) tres con un peso de 1.305 gramos, barra
número (4) cuatro con un peso de 1.000 gramos, barra número
(5) cinco con un peso de 995 gramos, barra número (6) seis
con un peso de 1.185 gramos, barra número (7) siete con un
peso de 1.725 gramos, barra número (8) ocho con un peso de
1.460 gramos, barra número (9) nueve con un peso de 2.485
gramos, para un total de diez (10) barras de oro de 20 kilates
con un peso total de 14.185 gramos, peso gramos, cantidad
unidad de medida 14.185, -valor unitario $24.600. – Valor total
$348.951.000.00 […]”.
Se lee en el acta de hechos de 30 de septiembre de 200317, que al
preguntarle al señor Diego Astudillo por las barras encontradas,
manifestó “[…] que el material que transportaba no era oro, que
se trataba simplemente de estaño, el cual utilizaba para
realizar piezas en su trabajo […]”. En ese momento, la Policía le
informó que se trasladarían a una joyería para determinar de qué
17 Folios 10 a 12, cuaderno de antecedentes.
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material se trataba, a lo que el señor Astudillo respondió “[…] que
no había necesidad que efectivamente las barras eran de oro
y nos mostró dos certificados al proveedor de fecha 21 de
agosto de 2003, con el logotipo de la empresa REX METAL
C.I.S.A. METALÚRGICA EN METALES PRECIOSOS, identificadas
con los números 1180 y 1181, informando que esos
documentos eran los soportes de las barras de oro […]”.
Además de los dos certificados referenciados, también se
encontraron seis certificados de análisis núms. 017505, 01605,
01679, 01676, 01735 y 01652, de la DISTRIBUIDORA OROMAR C.A.,
empresa venezolana donde practicaron un análisis a unas muestras
de tipo viruta de oro. En consecuencia, se procedió a llamar a la
empresa REX METAL C.I.S.A. METALÚRGICA EN METALES
PRECIOSOS, para confirmar la veracidad del documento, a lo que
estos informaron que los certificados fueron emitidos por
comprarle oro al señor DIEGO FERNANDO ASTUDILLO
CAMACHO y no por vendérselo, por lo que se procedió a su
aprehensión y se puso la mercancía a disposición de la DIAN
hasta tanto fuese normalizada la documentación exigida.
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El 30 de marzo de 2004, la DIAN expidió el requerimiento especial
aduanero núm. 03-070, en el que manifestó que la mercancía
aprehendida no contaba con ningún soporte que demostrara el legal
ingreso al territorio aduanero nacional, razón por la que propuso el
decomiso de la referida mercadería. En la oportunidad otorgada, la
parte actora se opuso al decomiso propuesto por la autoridad
aduanera, con fundamento en que no existe prueba de que se trate
de mercancía extranjera. Alegó que la mercancía incautada era de
origen nacional y lícito y que de ello daban cuenta las facturas
aportadas y los testimonios recibidos, los cuales debían ser
desvirtuados por la DIAN, en virtud del traslado de la carga de la
prueba.
VI.3.1.- Análisis de las facturas aportadas por la actora
Las facturas entregadas por el actor a la DIAN fueron las siguientes:
NÚM. FACTURA RAZÓN SOCIAL DETALLE FOLIO
FECHA Cuaderno
antecedentes
11 de 2485 grs de
1 septiembre JOYERÍA EL PLATINO oro (saldo de 66
de 2003 inventario)
11 de 1728 grs oro
2 septiembre JOYERÍA EL PLATINO (saldo de 67
de 2003 inventario)
11 de 998 grs oro
3 septiembre JOYERÍA EL PLATINO (saldo de 68
de 2003 inventario)
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11 de 1000 grs oro
4 septiembre JOYERÍA EL PLATINO (saldo de 69
de 2003 inventario)
11 de 1307 grs oro
5 septiembre JOYERÍA EL PLATINO (saldo de 70
de 2003 inventario)
11 de 2435 grs oro
6 septiembre JOYERÍA EL PLATINO (saldo de 71
de 2003 inventario)
11 de 1461 grs oro
7 septiembre JOYERÍA EL PLATINO (saldo de 72
de 2003 inventario)
11 de 597 grs oro
8 septiembre JOYERÍA EL PLATINO (saldo de 73
de 2003 inventario)
11 de 1000 grs oro
9 septiembre JOYERÍA EL PLATINO (saldo de 74
de 2003 inventario)
11 de 1186 grs oro
10 septiembre JOYERÍA EL PLATINO (saldo de 75
de 2003 inventario)
3.264,2
mercancía ital
aderezos,
26 de agosto pulseras, aros,
11 HEGO JOYEROS S.A. 78
de 2001 aretes,
cadenas,
candongas,
anillos, dijes
200 grs.
Cadenas,
pulseras,
anillosn-
11 de junio
12 LA COLONIAL usado 82
de 1999
300 grs.
Anillos
engastados
usados
900 grs.
Gargantillas,
23 de junio
13 LA COLONIAL aros y aretes. 83
de 1999
Averiados,
usados
500 gr. Oro
18k cads, aros
y anillos avdos
y usados
23 de junio
14 LA COLONIAL 590 gr. 84
de 1999
Cadenas,
aretes,
gargantillas,
usados, avdos
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47,2 gr de oro
14 de junio
15 LA COLONIAL de 18k, usado 85
de 2000
avdo
59,7 gr de oro
15 de junio
16 LA COLONIAL 18k con p. 86
de 2000
verdes usado
105,6 gr de
16 de junio oro 18k con p.
17 LA COLONIAL 87
de 2000 verdes y
azules usados
190,5 gr de
17 de junio oro 18k usado
18 LA COLONIAL 88
de 2000 con p. verdes
y blancas
239,2 gr de
18 de junio oro 18k con p.
19 LA COLONIAL 89
de 2000 verdes y
azules usados
187,3 gr de
19 de junio oro 18k con p.
20 LA COLONIAL 90
de 2000 verdes y rojas
usado
179,4 gr de
20 de junio oro 18k con p.
21 LA COLONIAL 91
de 2020 verdes y
blancas usado
110,1 gr de
23 de junio oro 18k con p.
22 LA COLONIAL 92
de 2020 verdes y
azules usadas
253,9 gr de
24 de junio oro 18k usado
23 LA COLONIAL 93
de 2020 con p. verdes
y blancas
307,8 gr de
25 de junio oro 18k usado
24 LA COLONIAL 94
de 2020 con p. azules y
rojas
317.8 gr de
26 de junio oro 18k con p.
25 LA COLONIAL 95
de 2020 verdes y
azules usado
250 gr de oro
usado
20 de
50 gr de oro
26 diciembre de LA COLONIAL 96
usado – gast
2020
50 gr de oro
usado - pose
25 de
500 gr de oro
27 diciembre de LA COLONIAL 97
usado
2020
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31 de
800 gr de oro
28 diciembre de LA COLONIAL 98
usado
2020
250 gramos de
oro 18k en
aros y dijes
avdos
29 de junio
29 LA ESMERALDA 360 gramos de 99
de 1999
oro 18k en
aretes, dijes,
aros, cadenas
y pulseras
200 grms oro
usado cadenas
27 de junio 100 g oro
30 LA ESMERALDA 100
de 1999 usado
pulseras -
anillos
350 gramos
oro 18k en
pulseras avdas
27 de junio
31 LA ESMERALDA usadas 101
de 1999
433 gramos de
oro 18k en
anillos avdos
190,5 gr de
13 de junio
32 LA ESMERALDA oro 18k usado 102
de 2000
p. blancas
130.7 oro 18k
15 de junio
33 LA ESMERALDA usado p. 103
de 2000
verdes
157,9 gr oro
17 de junio
34 LA ESMERALDA 18k usado p. 104
de 2000
verdes
14.6 gr de oro
29 de junio 18k con p.
35 LA ESMERALDA 105
de 2000 verdes y
blancas usado
125 grm oro
29 de
usado aros
36 diciembre de LA ESMERALDA 106
220 grm oro
2000
usado cad -
31 de 500 gmos oro
37 diciembre de LA ESMERALDA usado – 107
2000 variado-
74,3 gr de oro
18k usado
28 de junio
38 LA JOYA avdo con p. 108
de 2000
blancas y
verdes
28 de junio 126 gr de oro
39 LA JOYA 109
de 2000 18k usado
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avdo con p.
verdes y rojas
56,3 gr de oro
30 de junio 18k usado
40 LA JOYA 110
de 2000 avdo con p.
blancas
44 gr de oro
27 de junio 18k usado con
41 VILLA DEL ROSARIO 111
de 2000 p. verdes y
blancas
47,3 gr de oro
28 de junio
42 VILLA DEL ROSARIO 18k usado con 112
de 2000
p. azules
29 de junio 6.3 gr de oro
43 VILLA DEL ROSARIO 113
de 2000 18k usado
25 de
300 gr oro
44 diciembre de VILLA DEL ROSARIO 114
usado
2000
46.7 gr de oro
20 de junio 18k usado con
45 LA ISLA 115
de 2000 piedras verdes
usadas
57 gr de oro
27 de junio 18k usado p.
46 LA ISLA 116
de 2000 blancas y
verdes usado
26.9 gr de oro
27 de junio 18k usado
47 LA ISLA 117
de 2000 avdo con p.
blancas y roja
La Sala observa que la descripción vertida en tales facturas no es
suficiente ni permite una plena individualización de la mercancía. En
efecto, no coincide con los lingotes de oro aprehendidos ni contienen
la información requerida a efectos de determinar o concluir, tal como
lo pretende el actor en sus descargos, que la mercancía detallada en
esas facturas fue posteriormente fundida y convertida en los lingotes
decomisados. Aun así, y sin perjuicio de lo anterior, dentro del
trámite administrativo se amplió el requerimiento especial aduanero
para vincular a los señores Luis Antonio Duarte Vásquez y Juan Carlos
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Molina Acosta, en calidad de ‘propietarios’ de la mercancía
aprehendida, pues el actor adujo que fungía como mero tenedor en
este caso, para lo cual pusieron a su disposición el expediente
administrativo y se les otorgó la oportunidad de presentar descargos;
no obstante lo anterior, los vinculados guardaron silencio.
La Sala, al igual que la entidad demandada, observa que existen
inconsistencias que impiden tener las facturas nacionales como
documentos idóneos para soportar la legalidad del oro incautado, tal
como lo procura el demandante. Pese a que el actor manifiesta que
la mercancía es de origen nacional, lo cierto es que no obra ningún
elemento de prueba dentro del expediente que dé cuenta de la
transacción de compraventa de lingotes de oro al interior del
territorio, así como tampoco existe en el expediente prueba de la
operación de nacionalización de esta, tal como fue manifestado por
la DIAN y considerado por el a quo.
VI.3.2.- Examen de las demás pruebas presentadas por la
parte actora: comprobantes de ingreso, declaraciones de
importación y testimonios rendidos en la indagatoria contra
el señor Astudillo Camacho (proceso penal)
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Junto con las facturas aportadas con la respuesta al requerimiento
especial aduanero, el actor presentó tres comprobantes de ingreso
recibidos de Luis Antonio Duarte Vásquez por valores de
$50.000.000, $40.000.000 y $40.000.000, fechados el 30 de
septiembre de 2003, y sin mayores explicaciones que un abono en
cuenta, con los que pretende demostrar que se pagó el oro incautado
y que este fue adquirido nacionalmente.
También obran en el expediente dos declaraciones de importación
fechadas 29 de abril de 1999 y 17 de julio de 2001, con la siguiente
descripción:
ORD. IMPORTADOR DESCRIPCIÓN DECLARACIÓN
1 HEGO JOYEROS ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y FOLIO 79
S.A. SUS PARTES DE METALES NÚMERO ILEGIBLE
PRECIOSOS O DE
CHAPADOS DE METALES
PRECIOSOS, DE LOS
DEMÁS METALES
PRECIOSOS EN ORO,
INCLUSO CON PIEDRAS
PRECIOSAS O
SEMIPRECIOSAS, SE
EXPORTA ORO LEY 999
COMO MATERIA PRIMA
PARA SER REIMPORTADA
LEY 785 EN ARTÍCULOS
COMPENSADORES DE LEY
750 CON ADICIÓN EN
ALEACIONES,
REPRESENTADAS EN:
CADENAS, BRAZALETES,
ARETES, ANILLOS,
PULSERAS, CHAPAS,
BROCHES, DIJES,
PRENDEDORES,
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MANCORNAS, ARGOLLAS,
PISA CORBATAS,
LLAVEROS EN ORO DE 18
KILATES
2 HEGO JOYEROS ARTÍCULOS DE JOYERÍA Y FOLIO 80
S.A. SUS PARTES DE METALES
PRECIOSOS O DE
CHAPADOS DE METALES
PRECIOSOS, DE LOS
DEMÁS METALES
PRECIOSOS EN ORO,
INCLUSO CON PIEDRAS
PRECIOSAS O
SEMIPRECIOSAS, SE
EXPORTA ORO LEY 999
COMO MATERIA PRIMA
PARA SER REIMPORTADA
LEY 785 EN ARTÍCULOS
COMPENSADORES DE LEY
750 CON ADICIÓN EN
ALEACIONES,
REPRESENTADAS EN:
CANDONGAS, TOPOS,
DIJES, CADENAS,
ANILLOS, AROS,
PULSERAS, ARETES,
GARGANTILLAS,
COLLARES, ETC.
Evidentemente, al contrastar el contenido de los comprobantes de
pago y de las declaraciones de importación aportadas, con la
mercancía aprehendida, se advierte que el objeto del abono en
cuenta y de las declaraciones de la importación en ningún momento
incluyen la introducción del referido metal precioso en lingotes.
Tampoco obra prueba que demuestre, tal como fue advertido, que
la mercancía amparada en las declaraciones de importación fue
fundida para constituir las barras de oro decomisadas, por lo que, a
juicio de esta Sala, no se halla sustento en las apreciaciones de la
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parte actora. Se advierte, por demás, que el demandante no efectuó
objeción alguna a los argumentos de la administración ni presentó
nueva evidencia al respecto, por ejemplo, la factura de
nacionalización o la declaración de cambio, de la que resultara dable
concluir el origen de la mercancía.
Ello, sin perjuicio de advertirse la limitada actividad contra probatoria
del demandante en sede judicial, quien lejos de esforzarse en
desvirtuar el decomiso de estos lingotes con pruebas contundentes
se conformó con insistir en que las barras de oro eran de origen
nacional y legal, argumento insuficiente que le impide a la Sala
arribar a una conclusión distinta a la consignada tanto por la
demandada como por el Tribunal, en cuanto a que, para esta
mercancía, sí se configuró la causal de aprehensión prevista en el
artículo 502, numeral 1.6, del Decreto 2685 de 1999.
Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 469 del Decreto
2685 de 1999, la DIAN tiene competencia para adelantar las
investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar
el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente
al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, o mediante la
fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo para verificar el
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cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para
verificar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
cambiarias de competencia de la entidad. Para el ejercicio de sus
funciones cuenta con las amplias facultades de fiscalización e
investigación previstas en el citado Decreto y las establecidas en el
Decreto 2685 de 1999.
El artículo 470 del mismo compendio prevé que dentro de las
facultades de fiscalización y control con que cuenta la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, ésta podrá, entre otras cosas, (i)
adelantar las investigaciones que estime convenientes para
establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones
aduaneras, no declaradas; (ii) verificar la exactitud de las
declaraciones, documentos soporte u otros informes, cuando
lo considere necesario para establecer la ocurrencia de
hechos que impliquen un menor monto de la obligación
tributaria aduanera o la inobservancia de los procedimientos
aduaneros; (iii) ordenar inspección contable a los usuarios y
auxiliares de la función aduanera, así como a los terceros obligados
a llevar contabilidad; en desarrollo de ello, podrá efectuar inspección
a los documentos soporte, correspondencia comercial, registros,
libros contables, operaciones bancarias, comerciales y fiscales y
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demás elementos que sirvan de base para determinar el alcance de
las operaciones aduaneras y de comercio exterior y para verificar la
exactitud de las declaraciones; (iv) solicitar a autoridades o personas
extranjeras la práctica de pruebas que deben surtirse en el exterior,
o practicarlas directamente, valorándolas conforme a la sana crítica,
u obtenerlas en desarrollo de convenios internacionales de
intercambio de información tributaria, aduanera y cambiaria, en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 746-1 y 746-2 del
Decreto 2685 de 1999; (v) solicitar el apoyo de las autoridades del
Estado y de la fuerza pública para la práctica de las diligencias en
que así lo requieran; y (vi) en general, efectuar todas las diligencias
y practicar las pruebas necesarias para la correcta y oportuna
determinación de los tributos aduaneros y la aplicación de las
sanciones a que haya lugar.
De acuerdo con el artículo 471 ídem, ‘Pruebas en la investigación
aduanera’, para la determinación, práctica y valoración de las
pruebas serán admisibles todos los medios de prueba y la aplicación
de todos los procedimientos y principios establecidos para el efecto,
en el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento
Penal, Código Nacional de Policía y, especialmente, en los artículos
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742 a 749 y demás disposiciones concordantes del Decreto 2685 de
1999.
Ahora, si bien el procedimiento aduanero permite la presentación de
todos los medios probatorios, lo cierto es que hay operaciones que
encuentran respaldo en documentos que, de forma idónea, resultan
incontrovertibles y dan credibilidad al dicho de los administrados. En
el presente caso, si fuere cierto que el oro incautado al demandante
era de procedencia nacional, el actor bien pudo presentar la factura
cambiaria o de compraventa nacional de los lingotes. Y de ser de
procedencia extranjera, las declaraciones de importación resultaban
ser las pruebas conducentes para demostrar la legal introducción de
estos al país.
Si bien el actor pidió que se decretara como prueba el testimonio del
señor Álvaro Gómez, así como su contabilidad, lo cierto es que ni de
dicho testimonio ni de la referida contabilidad es posible determinar
técnicamente el origen del oro incautado, razón por la que las
pruebas solicitadas en su oportunidad no resultaron conducentes
para corroborar la legal procedencia de las barras incautadas. En
todo caso es oportuno resaltar que, mediante Auto núm. 03-070-
213-143-4584 de 5 de agosto de 200418, la DIAN rechazó por
18 Folios 363 a 375 cuaderno de antecedentes.
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impertinentes e inconducentes las pruebas solicitadas por el
apoderado del demandante, actuación contra la que el demandante
no ejerció su derecho de contradicción según se advierte en el
expediente.
Alegó el apelante que la DIAN argumenta que los lingotes de oro
salieron del país a Venezuela y reingresaron al territorio nacional. No
obstante lo anterior, la Sala advierte que en el acto demandado, la
entidad puso de presente que “[…] en realidad nunca se ha afirmado
que el oro aprehendido salió de Colombia a Venezuela para hacerle
análisis químico y que volvió a ingresar, ni tampoco se ha dicho que
solo salieron fueron las muestras de viruta a que hacen alusión los
análisis, lo que si se ha dicho es que el oro, al ser de propiedad del
señor Juan Carlos Molina, quien vive en Venezuela y que le fue
entregado en la ciudad de Cúcuta al señor Diego Astudillo, (…) lo que
significa un indicio aunado a la falta de prueba de adquisición en el
territorio colombiano de las barras o lingotes de oro aprehendida, nos
lleva a concluir que se trata de mercancía que ingresó al país
colombiano sin presentarse y declararse a la autoridad aduanera
[…]”.
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De igual forma, la Sala establece que pese a que el apelante afirma
que en el expediente obraban seis certificados de análisis de seis
muestras enviadas por la empresa DISTRIBUIDORA OROMAR de
Caracas (Venezuela), con las que la DIAN pretendió establecer que
las barras de oro fueron sacadas del país y vueltas a traer con el
objetivo de extraer una muestra en dicho establecimiento, lo cierto
es que de lo expuesto en los actos acusados no se advierte como
conclusión la entendida por el actor, en el sentido de que la
Administración, a lo largo de sus argumentos, dejó claro que las
pruebas aportadas no demostraban el legal origen de la mercancía
incautada y que, por ende, se procedía al decomiso, dejando sin
crédito el dicho del actor.
Este cargo, por las razones anteriores, no prospera.
VI.3.3.- De la transgresión al debido proceso y al principio de
buena fe
Alega el apelante que la DIAN le vulneró el debido proceso, en tanto
inició una actuación administrativa con el único argumento de que la
mercancía ingresó al territorio aduanero nacional, sin el lleno de los
requisitos legales; y que la Administración, con base en conjeturas,
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presumió que el oro incautado procedía de territorio venezolano y
exigió al señor DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO una
declaración de importación, cuya entrega era imposible de cumplir,
por tratarse la mercancía incautada de origen nacional.
Al respecto, la Sala reitera que el debido proceso establecido en el
artículo 29 de la Constitución Política es una garantía y un derecho
fundamental de aplicación inmediata compuesto por tres ejes
fundamentales: (i) el derecho de defensa y contradicción, (ii) el
impulso y trámites de los procesos conforme con las formas
establecidas para cada juicio o procedimiento y (iii) que el asunto sea
resuelto por el juez o funcionario competente para ello. La grave
violación de cualquiera de esos ejes comporta la vulneración de esa
garantía fundamental.
De hecho, es la ley, en sentido amplio, la encargada de materializar
las reglas derivadas del debido proceso. En ese entendido, sobre el
derecho de defensa y de contradicción, eje fundamental del debido
proceso, la Sala precisa que se garantiza en la medida en que la ley,
en sentido amplio, regule (i) los medios de prueba que se pueden
utilizar para demostrar determinados hechos, y, (ii) las
oportunidades que se deben ofrecer para controvertir los hechos que
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permiten inferir cierta responsabilidad de determinados sujetos, bien
mediante la oportunidad para expresar los motivos o razones de la
defensa, o mediante la oportunidad para presentar las pruebas que
respalden esos motivos y razones19.
En el caso concreto, la Sala encuentra suficientemente demostrado
que no se configuró la violación alegada, en la medida en que desde
la aprehensión de la mercancía, momento en el que se inició la
actuación administrativa en contra del actor, este conocía que los
hechos materia de investigación se originaron en la ausencia de
respaldo de la licitud de la mercancía aprehendida. En efecto, el
demandante, en un principio, cuando se vio descubierto por la Policía
Nacional, manifestó que los lingotes eran de estaño, para luego
reconocer que se trataba de barras de oro y que no tenía documentos
que permitieran soportar la compra de estas. Así quedó registrado
en el análisis llevado a cabo por esta Corporación para no acceder a
lo pretendido mediante la acción de reparación directa incoada por el
señor DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO, ante la
circunstancia de haber sido absuelto de responsabilidad penal por los
mismos hechos:
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del
18 de julio de 2011, expediente 110010327000200600044-00 (16191), consejero ponente
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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“[…] Sentencia del 9 de diciembre de 2005, a través de la cual
el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Cundinamarca absolvió al señor Astudillo Camacho por las
conductas punibles a él endilgadas, con base en lo siguiente:
“[…] Analizadas con detenimiento las versiones dadas por
el enjuiciado, el Juzgado concluye, tal como lo hizo en su
oportunidad la Fiscalía General de la Nación, a través de
su Delegado, que se estructura el indicio de mentira
o mala justificación, pues pese a que intenta
explicar satisfactoriamente, primero ante las
autoridades policiales y luego ante el acusador el
origen del oro y el motivo de su traslado, no
solamente no lo logra, sino que deja el sabor del
engaño. ¿Cómo es que ignora los nombres de sus socios,
cuando está en juegos una millonaria suma de dinero?
¿Por qué una vez reconoce que el mineral incautado es
oro, no refiere a los agentes del orden la procedencia que,
posteriormente, en ampliación de indagatoria y en
audiencia pública pretende dejar en claro, sino que miente
diciendo que lo adquirió en REXMETAL, entidad la cual los
policiales llaman para indagar obteniendo por respuesta
que el señor Astudillo les había vendido oro pero no
comprado?, esas explicaciones torpes y mentirosas
no justifican su posesión sobre el considerable
capital que representan las barras de oro
incautadas.
(…)
Si bien es cierto, los hechos indicadores denunciantes
permiten construir el indicio de mentira, susceptible de ser
teóricamente aceptable, por cuanto se basa en
parámetros de orden lógico, también lo es que las razones
que suministra el enjuiciado y su defensor por haber
falseado la verdad, resultan igualmente admisibles.
(…)
Recapitulando, si bien el señor Astudillo Camacho no logró
justificar que obtuvo el oro o el capital con lo que lo
adquirió de manera lícita, tampoco las pruebas que obran
en el plenario permiten inferir lo contrario.
(…)
Conforme con lo expuesto, lo jurídico es dar
aplicación al principio universal de in dubio pro reo,
pues con el material probatorio arrimado al
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diligenciamiento, no se logra la certeza sobre la
existencia del delito de enriquecimiento ilícito que
le fuera imputado. Las contradicciones a que hace
referencia el ente acusador en las versiones del
procesado, la forma como se transportaba el metal
precioso, junto con los medios de prueba que obran en la
actuación, no demuestran que el señor Diego Fernando
Astudillo Camacho haya obtenido un incremento
patrimonial no justificado derivado de actividades
delictivas.
(…)
Los argumentos esbozados por el ente acusador en la
resolución de acusación y posteriormente en la Vista
Pública, los cuales, dicho sea de paso, fueron similares
para ambas conductas, resultan insuficientes para proferir
sentencia condenatoria en contra de Diego Fernando
Astudillo.
(…)
Colorario de lo anterior, el implicado Diego
Fernando Astudillo, se hará acreedor al principio
universal de la presunción de inocencia, consagrado
no solo en nuestra Carta Magna, sino en el artículo
7 del Estatuto Rituario Penal, en donde literalmente
se señala que en las actuaciones penales, toda duda
debe resolverse a favor del procesado, ello obedece a
que nadie puede ser condenado, sin que exista en su
contra, plena prueba legal, regular y oportuna, de todos
los elementos constitutivos del delito y en la consecuente
responsabilidad, por ende, al no estar fehacientemente
probado este requisito coma es obvio que la sentencia
deberá ser absolutoria […]”
Como consecuencia de lo anterior, absolvió al señor Astudillo
Camacho por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de
activos; además, ordenó la libertad provisional del hoy
demandante.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
mediante sentencia de 5 de agosto de 2009, confirmó la
sentencia de primera instancia bajo los siguientes argumentos:
“[…] Al respecto considera la Sala, que si existieron
al inicio una serie de inconsistencias por parte del
procesado, para señalar la procedencia del oro, al
igual que el dinero utilizado en la compra del metal
dorado; sin embargo, la Fiscalía no logró desvirtuar
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las afirmaciones que sobre este aspecto hizo el
procesado; al contrario, este para demostrar la
legalidad y procedencia del dinero con el cual
adquirió el mencionado metal en compañía de sus
socios, allegó al proceso pruebas contables de quién
efectuó la venta en la ciudad de Cúcuta,
mostrándose así el enjuiciado como un experto en
la comercialización de oro, y con el agregado de
trabajar en el arbitraje de divisas.
(…)
Si bien es cierto, el procesado se mostró nervioso al
ser abordado por los agentes de la Policía Nacional,
no informó inicialmente que el metal que
transportaba era oro, sí aportó pruebas para acreditar
el origen y destino del oro incautado, sin que la Fiscalía lo
desvirtuara, o demostrará que el incremento patrimonial
no justificado imputado al sentenciado, proviene de una
actividad delictiva cualquiera, circunstancia que no se
puede inferir de los eventos antes relacionados.
(…)
Si bien existen circunstancias de las cuales se puede
inferir de manera contingente la procedencia ilícita
del incremento patrimonial injustificado del
sentenciado, también lo es qué ello no brinda
certeza sobre dicho elemento del tipo penal que se
imputa este, lo que autoriza a firmar que se
mantiene la duda sobre la cual el A quo edificó la
sentencia absolutoria objeto del recurso que ocupa
la atención de la Sala, razón por la cual esta instancia
confirmará el fallo impugnado con fundamento en el
principio de in dubio pro reo […]”.
Por tanto, la sentencia de primera instancia fue confirmada.
(…)
Valorado en conjunto el material probatorio que
antecede, resulta claro que el comportamiento del señor
Diego Fernando Astudillo Camacho fue irregular, al
transportar una cantidad considerable de oro, la cual
pretendió hacer pasar por estaño, como metal de trabajo
de su profesión -odontólogo-; De ahí que su actuación
ocasionó su vinculación a un proceso penal,
independiente de que fuera absuelto en primera y
segunda instancia bajo el argumento principal del in
dubio pro reo.
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Nótese que, incluso, al momento de rendir la indagatoria, el
señor Astudillo Camacho ocultó información importante
y entregó datos falsos a las autoridades que lo
capturaron, allí se evidenció qué, al momento de la
captura, pretendió hacer creer a las autoridades que el
material que transportaba no era de valor, se presentó
como un odontólogo que simplemente transportaba
estaño y no presentó ningún documento que permitiera
acreditar la legalidad del material que transportaba,
luego de que se descubriera que era oro, información
que le permitió a la Fiscalía intuir que se estaba en
presencia de una actuación irregular.
Con posterioridad, solicitó ampliar la versión rendida, en esta
oportunidad allego una serie de documentos con los
cuales pretendió acreditar la legalidad y la forma en la
cual fue obtenido el oro incautado; pues inicialmente
aseguró que había sido adquirido en REXMETAL, luego
declaró que era de un amigo suyo, pero en la ampliación
de la indagatoria manifestó que provenía de una
transacción realizada con sus socios.
Además, amplió información respecto del origen de los fondos
con los cuales había adquirido dicho oro, puesto que desde un
comienzo aseguró que procedían de su labor como odontólogo;
sin embargo, con el paso del tiempo y de las diferentes
etapas del proceso, la versión varió al punto de expresar
que el origen de sus ingresos provenía, principalmente,
de la actividad de arbitraje divisas.
Asimismo, en un principio indicó su desconocimiento
respecto del manejo del negocio de compra y venta de
oro, versión que modificó nuevamente en la audiencia
pública en la cual se presentó como un gran conocedor
del metal y su comercialización, tal y como lo sostuvo el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en la
sentencia absolutoria.
En el sub lite, la Sala advierte que la acción del señor
Diego Fernando Astudillo Camacho fue la causa eficiente
del daño alegado, esto es, la conducta del mencionado
señor fue la que dio lugar a que se investigara y se le
impusiera medida de aseguramiento, privándolo de la
libertad por la presunta comisión los delitos de
enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ello quiere
decir que las medidas restrictivas de la libertad impuestas al
demandante resultan imputables a su propia actuación,
circunstancia que exonera de responsabilidad al Estado.
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En efecto, se encuentra probado que al proferirse las
resoluciones que resolvieron la situación jurídica y la que
acusó, las autoridades judiciales establecieron que
dentro de la investigación penal existían suficientes
pruebas de las que podía concluirse que el mencionado
señor cometió los delitos por los cuales se le investigó,
esto por cuanto transportaba una cantidad considerable
de lingotes de oro avaluados en aproximadamente
$354.000.000, en un bus de transporte público, los
cuales pretendió hacer pasar como lingotes de estaño
escudado en su supuesta profesión de odontólogo y sin
portar documentos que acreditaran la forma en la cual
aquellos habían sido adquiridos; además, modificó tanto
sus versiones que incluso, en los fallos de primera y
segunda instancia, fue absuelto pero en aplicación del
principio in dubio pro reo.
Así las cosas, hechas las anteriores precisiones, forzoso resulta
concluir que el proceder activo de la víctima determinó que la
misma debiera asumir la privación de la libertad de la que fue
objeto y de la facultad que se generó para determinar con
certeza absoluta que no cometió los delitos imputados, por lo
cual la sala confirmará la decisión de primera instancia […]”20.
Posteriormente, con ocasión del requerimiento especial aduanero, el
demandante aportó una serie de facturas con las que pretendía
respaldar la legal procedencia del oro incautado. No obstante, como
se vio en el capítulo anterior, tales documentos en ningún caso
permiten determinar con certeza el origen de los lingotes
aprehendidos. Conforme con lo narrado, para esta Sala, el
demandante siempre tuvo la oportunidad de controvertir los
argumentos de la DIAN, de presentar las pruebas conducentes y
20 Ver al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, número único de radicado 25000-23-26-000-2011-01243-01 (49779), consejero
ponente Martha Nubia Velasco Rico, actor Diego Fernando Astudillo Camacho y otros;
demandada: Nación-Fiscalía General de la Nación.
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pertinentes, de controvertir el dicho de la autoridad administrativa,
sin que se vislumbre la violación endilgada a la actuación
demandada.
En cuanto a la violación del principio de la buena fe, invocada por la
demandante, la Sala precisa que el artículo 83 de la Constitución
Política establece que “[…] las actuaciones de los particulares y de
las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena
fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante estas […]”. Al interpretar ese precepto, en la sentencia T-532
de 1995, la Corte Constitucional determinó lo siguiente:
“[…] Cuando la Constitución exige que las actuaciones de los
particulares y de las autoridades se ciñan a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante estas, consagra un postulado que
obliga a las entidades y a los servidores públicos a revisar
radicalmente la posición que tradicionalmente han venido
observando ante el ciudadano, marcada por la prevención y la
mala voluntad.
Tal principio exige de gobernantes y gobernados el compromiso
de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas
relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos
todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones
con rectitud, no haya motivo alguno de recelo.
La norma en mención no obliga tan solo al particular,
sino que se aplica con igual severidad al servidor
público, que ni puede presumir la mala fe de la persona
respecto de la cual cumple su función, ni le es permitido,
en lo que toca con sus propios deberes, asumir actitudes
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engañosas o incorrectas […]”21 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
Como se logra apreciar, la buena fe es un principio que rige las
actuaciones de los particulares y de la administración y obliga a
actuar de manera leal, clara y transparente, esto es, sin el ánimo de
sacar provecho injustificado de la contraparte y guiados siempre por
la idea de mutua confianza22.
Esta Sección, al respecto, estableció lo siguiente:
“[…] La parte actora igualmente adujo como vulnerados los artículos
835 del C.Co. y 768 y 769 del C.C., los cuales hacen referencia a la
presunción de buena fe en los contratos. Al respecto los mencionados
artículos establecen:
Artículo 768 C.C.
“La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio
de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo
otro vicio.
Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone
la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la
facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio
en el acto o contrato.
Un justo error en materia de hecho, no se opone a la buena
fe.
Pero el error en materia de derecho constituye una presunción
de mala fe, que no admite prueba en contrario.”
Artículo 769 C.C.
“La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley
establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse.”
Artículo 835 C.Co.
21 Corte Constitucional, sentencia T-532 de 21 de noviembre de 1995, Magistrado ponente
José Gregorio Hernández Galindo.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
7 de junio de 2018, número único de radicado 25000-23-24-000-2008-00222-01, consejero
ponente Alberto Yepes Barreiro.
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“Se presumirá la buena fe, aun la exenta de culpa. Quien
alegue la mala fe o la culpa de una persona, o afirme que ésta
conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo.”
La Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones ha precisado el
tema de la buena fe. Entre otras, en sentencia del 23 de junio de
1958 con ponencia del doctor Arturo Valencia Zea se estableció:
“[…] d) La buena fe simple y la buena fe cualificada.
A fin de interpretar correctamente los principios que informan
el Código Civil y los diversos textos legales del mismo, y evitar
confusiones, es necesario dar unas aclaraciones
complementarias para diferenciar los casos en que el Código
se refiere a una buena fe simple que no crea derechos, sino
que simplemente atempera los efectos de la buena fe
cualificada y que es objeto de examen aquí.
La buena fe simple tan sólo exige una conciencia recta,
honesta; pero no exige una especial conducta. Es decir, la
buena fe simple puede implicar cierta negligencia, cierta
culpabilidad en el contratante o adquirente de un derecho. Así,
la definición del artículo 768 corresponde únicamente a la
buena fe simple y sólo se hace consistir en la conciencia de
adquirirse una cosa por medios legítimos. Una aplicación
importante de esa buena fe es la ya examinada del artículo
964 del Código Civil. En general, quien compra una cosa
mueble a otra persona, actúa con una buena fe simple y no
adquiere el dominio si el tradente no era el verdadero dueño,
según lo dispone el artículo 752 del Código Civil. Ello, porque
tan sólo se tuvo la conciencia de que el tradente era el
propietario, pero no se hicieron averiguaciones o exámenes
especiales para comprobar que realmente era propietario.
En cambio, la buena fe creadora de derechos o buena fe
exenta de culpa (la que es interpretada por la máxima romana
“Error communis facit jus”) exige dos elementos: un elemento
subjetivo y que es el que se exige para la buena fe simple:
tener la conciencia de que se obra con lealtad; y segundo, un
elemento objetivo o social: la seguridad de que el
tridente es realmente propietario lo cual exige
averiguaciones que comprueben que aquella persona es
realmente propietaria. La buena fe simple exige tan sólo
conciencia, la buena fe cualificada o creadora de
derechos, exige conciencia y certeza […]”.
De acuerdo con los hechos relatados por la parte actora, en
concordancia con documentos como la declaración de importación y
los formularios únicos nacionales que dan cuenta de la matrícula
inicial y del posterior traspaso del vehículo objeto de controversia, los
demandantes adquirieron el vehículo después de ser importado por
parte del señor Robinson Jesús Sierra Cuello, sin que exista prueba
alguna de la diligencia que debieron tener los adquirentes
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para obtener conceptos de expertos acerca de las
características del vehículo que estaban obteniendo, razón por
la cual se presentó negligencia por parte de estos últimos en
la adquisición del vehículo, cobijándolos únicamente la
mencionada buena fe simple.
En consecuencia, no puede la parte actora excusar su
negligencia al momento de la adquisición, en el principio de
buena fe que gobierna la contratación en nuestra legislación,
ya que la misma exige determinadas cargas, en este caso de
los adquirentes, para poder ser aplicada en su totalidad. En
igual sentido tampoco puede pretenderse que por el hecho que la
aduana de Santa Marta no se haya percatado del error en la
declaración de importación, el mismo deba entenderse como
subsanado y no pueda presentarse una posterior investigación. Por lo
tanto, no procede el cargo que estima la violación de los artículos 835
del C.Co y 768 y 769 del C.C. […]” 23 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Descendiendo al caso concreto, y analizado este cargo, la Sala no
advierte la violación del principio de buena fe en desmedro del actor,
como quiera que tanto las facturas como las declaraciones de
importación aportadas, analizadas en su conjunto, no permiten
establecer una coincidencia con la mercancía que la DIAN tuvo a la
vista.
No se puede obviar que, en el asunto bajo examen, el actor estuvo
en capacidad de aportar no solo las facturas de cambio o de
nacionalización, sino también las declaraciones de importación que
pudieran resultar idóneas para acreditar la licitud de la mercancía
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
29 de mayo de 2008, número único de radicación 52001-23-31-000-2001-00012-01,
consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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aprehendida. Sin embargo, se reitera, la Sala constató que las
facturas no soportan las barras de oro decomisadas.
Este cargo, por las razones expuestas, también será denegado.
Finalmente, en lo concerniente a la solicitud del demandante de que
se estudiara y aplicara en su favor la decisión adoptada el 5 de agosto
de 2009 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cundinamarca, en la que se confirmó la sentencia de 9 de
diciembre de 2005, proferida por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Cundinamarca, que absolvió al señor
DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO de los delitos de
enriquecimiento ilícito de particular y lavado de activos, advierte la
Sala que, tal como atrás se citó in extenso, dichas decisiones solo
dieron cuenta de que los indicios de mentira obrantes en el proceso
penal no resultaron suficientes para demostrar que el dinero
aportado para la compra del oro fuera producto de la ilicitud o
conllevara a un incremento patrimonial injustificado, sin que, en
ningún caso, esa duda a favor del reo resulte determinante, en el
asunto bajo examen, para establecer el origen nacional del oro
incautado que el actor quiso demostrar, menos aún para desvirtuar
la legalidad de los actos acusados.
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Número único de radicación 25000 23 24 000 2005 00679 01
Actor: DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO
Oportuno es recordarle al actor que los procesos penales, aduaneros
y contencioso administrativos tienen un objeto jurídico distinto, por
lo que la exclusión en uno no conlleva, automáticamente, la ausencia
de responsabilidad en los otros. Por todo lo anterior, la Sala
confirmará la decisión apelada.
VI.3.4.- Por último, es preciso advertir que no se condenará en
costas a la parte demandante, como quiera que no se evidenció
temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes del
proceso; lo cierto es que tal condena solo procede cuando la parte
vencida ha actuado de manera temeraria o abusiva, vale decir, de
acuerdo con la “conducta asumida por las partes”, en virtud de lo
establecido en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los
artículos 392 y 393 del CPC24, aplicables al caso por la remisión del
artículo 168 del compendio de lo contencioso administrativo.
VI.4.- Se tendrá como apoderado de la DIAN al doctor JORGE
ENRIQUE GUZMÁN GUZMÁN, de conformidad con el poder y los
anexos obrantes a folios 40 a 56 del cuaderno contentivo del recurso
de apelación.
24 Correspondientes a los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
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Número único de radicación 25000 23 24 000 2005 00679 01
Actor: DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de octubre de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C en Descongestión, por las razones expuestas.
SEGUNDO: No se condena en costas, en esta instancia, a la parte
vencida, por no encontrarse probadas.
TERCERO: TENER como apoderado de la DIAN al doctor JORGE
ENRIQUE GUZMÁN GUZMÁN, de conformidad con el poder y los
anexos obrantes a folios 40 a 56 del cuaderno contentivo del recurso
de apelación.
CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
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Número único de radicación 25000 23 24 000 2005 00679 01
Actor: DIEGO FERNANDO ASTUDILLO CAMACHO
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de mayo de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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