Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-00918-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Impedimento de consejero de estado: configurado por haber realizado actuación en instancia anterior
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2005-00918-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2005-00918-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
14 de junio de 2018
IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO - Configurado por haber realizado actuación en instancia anterior / IMPEDIMENTO - Se declara fundado
El [Consejero] manifestó impedimento para resolver esta apelación por haber intervenido en el trámite del proceso en primera instancia en la época en la que fungía como Magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección B. El Consejero, entonces, consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 140 del Código General del Proceso -anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil-. En consecuencia, al encontrarse configurada la causal de impedimento expuesta y en garantía del principio de imparcialidad, la Sala acepta su impedimento y, en consecuencia, lo separa del conocimiento del caso, toda vez que el precepto consagra como supuesto fáctico el “Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Marco normativo / COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – Para establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Etapas
El proceso de responsabilidad fiscal encuentra fundamento constitucional en los artículos 268 numeral 5º y 272 de la Carta, en virtud de los cuales se desprende que el Contralor General de la República y los contralores de las entidades territoriales, tienen competencia para “establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”. […] para la época en que se celebró y ejecutó el contrato de obra pública nro. 038 F.S.V. de 1993 se encontraba vigente la Ley 42 de 1993 "sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen", la que fue publicada en el Diario Oficial Nº 40.732 del 27 de enero de 1993, por lo que el análisis del caso se realizará con sustento en esta normatividad. En la referida ley se reguló el proceso de responsabilidad fiscal, el cual se divide en dos etapas que corresponden a la investigación y el juicio y a través del mismo se busca definir y establecer la responsabilidad de las personas cuya gestión fiscal haya sido objeto de observación.
CADUCIDAD DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR FENECIMIENTO DE CUENTA – Cómputo / CADUCIDAD DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Cómputo
[E]l extremo inicial para la contabilización del término de caducidad lo constituye la fecha en que se hubiere realizado el acto de fenecimiento de la respectiva cuenta, lo cual difiere del que, con posterioridad, estableció la Ley 610 de 2000, que en su artículo 9º, estableció que este plazo inicia con la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, el cual se empezará a contar para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto. A efectos de salvaguardar el principio de vigencia de las normas en el tiempo que subyace al debido proceso, no es posible aplicar los supuestos previstos en la Ley 610 de 2000 a la investigación fiscal iniciada con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, de tal manera que el único parámetro temporal es el expuesto en precedencia, constituyendo el extremo temporal final el auto de apertura del juicio fiscal.
NOTA DE RELATORÍA: Ver Corte Constitucional, sentencia C-046 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y sentencia SU620 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
FENECIMIENTO DE CUENTA – Modalidades
[E]xisten varias modalidades de fenecimiento i) el formal, que es el proferido por las divisiones de revisión de cuentas, y, ii) el material (o de fondo) que a su vez puede extenderse expresa o tácitamente, éste último cuando las oficinas o dependencias competentes de las contralorías no profieren el informe sobre el resultado de la revisión de cuentas en el período de control subsiguiente.
NOTA DE RELATORÍA: Ver Corte Constitucional, sentencia T-1362 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – Para ejercer control posterior a las cuentas correspondientes a pagos de contratos
En materia de control fiscal sobre contratos, no es dable olvidar el contenido del artículo 65 de la Ley 80 de 1993, en virtud del cual, las autoridades de control fiscal ejercerán control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales y, cuando se liquiden o terminen la vigilancia fiscal incluye “un control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales”. Por su parte, el artículo 516 del Acuerdo Distrital 06 de 1985, norma especial aplicable a la materia, establecía el término de sesenta (60) días calendario para realizar el examen posterior y fenecer las cuentas.
CADUCIDAD DE PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR FENECIMIENTO DE CUENTA – No se configuró por haberse dictado oportunamente el auto de apertura de investigación fiscal
La Sala, al valorar en su conjunto las pruebas allegadas a la actuación, que incluyen el procedimiento administrativo adelantado en relación con el ejercicio del control fiscal en el caso concreto, con fundamento en marco normativo y jurisprudencial expuesto en precedencia, encuentra que no operó en el caso concreto la caducidad y que la investigación fiscal se adelantó dentro del término de dos años establecidos jurisprudencialmente para los procesos iniciados a la luz del artículo 42 de la Ley 1993. Lo anterior, por cuanto se trata de la terminación y liquidación de un contrato de obra pública en relación con el cual, de acuerdo con los hechos probados referidos en los antecedentes de esta decisión el acto administrativo de liquidación unilateral cobró firmeza cuando se resolvieron los recursos en vía gubernativa, según resolución del 1º de junio de 1998, cuyo edicto notificatorio se fijó el 23 de junio de 1998 y se desfijó el 8 de julio de la misma anualidad, según constancias obrantes a folios 544 a 555 del cuaderno de pruebas. Los actos liquidatorios del contrato fueron remitidos a la Contraloría Distrital de Bogotá, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley 80 de 1993, para que se ejerciera el control posterior el 21 de julio de 1998 según memorando suscrito por el Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Santafé de Bogotá que obra a folio 546 del cuaderno de pruebas. De tal manera a partir de dicha fecha la Contraloría tenía sesenta (60) días calendario para revisar las cuentas so pena de que operara el fenecimiento, lo que acaeció el 22 de septiembre de 1998 y como el auto de apertura de la investigación fiscal se dictó el 15 de agosto de 2000 el mismo fue oportuno de cara a la caducidad. 5.3.2. En virtud de lo expuesto, la Sala advierte que le asiste razón a la entidad recurrente cuando afirmó que dictó oportunamente el auto de apertura de investigación fiscal, toda vez que el término se debe contabilizar a partir de la fecha de fenecimiento de la cuenta y no a partir del día siguiente de la desfijación del edicto que notificó la resolución que dejó en firme la liquidación, como lo entendió el Tribunal a quo y lo solicitó el demandante.
SENTENCIA DE PRIMERA DE INSTANCIA - Que no resuelve la totalidad de los cargos de la demanda / DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE AL A QUO - Para estudio de los cargos de la demanda que no realizó / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]l no encontrar probada la censura relacionada con la caducidad de la potestad de la Contraloría para iniciar el juicio fiscal, correspondería examinar los demás cargos de nulidad propuestos en la demanda. Sin embargo, la Sección encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre los otros reproches de nulidad presentados, toda vez que éstos no fueron analizados por el tribunal de primera instancia, autoridad a la que le correspondía efectuar dicho análisis.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 24 de mayo de 2018, Radicación 25000-23-24-000-2004-00684-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 243 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 268 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 272 / LEY 42 DE 1993 / LEY 610 DE 2000 / LEY 80 DE 1993
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA – DESCONGESTIÓN
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00918-01
Actor: RAÚL GAVIRIA RUEDA
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia – Revoca para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda – Se analiza el término de caducidad del control fiscal a la luz de la Ley 42 de 1993.
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada contra la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2012, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “C”– Descongestión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Raúl Gaviria Rueda contra la Contraloría Distrital de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
Mediante escrito radicado el 19 de agosto de 2005, en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Raúl Gaviria Rueda, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Contraloría Distrital de Bogotá, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
1.1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos, dictados, por la entidad demandada, en el proceso de responsabilidad fiscal No. 15798, adelantado en su contra:
1.1.1. Auto del 23 de marzo de 2005, “Por el cual se resuelve el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación concedido”.
1.1.2. Auto nro. 13 del 19 de octubre de 2004, “Por el cual se resuelve un recurso de reposición contra un fallo”, dictado dentro del referido proceso.
1.1.3. Auto nro. 005 del 31 de marzo de 2004, “Por el cual se profiere un fallo”.
1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó:
“SEGUNDA: Que a título de restablecimiento del derecho y en virtud de lo dispuesto por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el Artículo 90 de la Constitución Política, se condene a la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ, a la reparación del daño ocasionado a la persona natural demandante, mediante una indemnización de los perjuicios materiales y morales mediante sumas en moneda legal colombiana que se establezcan como reparadoras, por los conceptos indicados adelante al hacer la ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA, u otros que se demuestren a través del proceso y en el trámite incidental posterior a la sentencia, y que para cada ítem incluyan los conceptos de daño emergente y lucro cesante.
TERCERA: Que se decrete que la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ debe pagarle al aquí demandante una cantidad adicional equivalente al valor de actualización de las sumas anteriores, a fin de neutralizar el efecto de la desvalorización de la moneda.
CUARTA: Que se decrete que la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ debe pagarle al demandante una cantidad adicional, imputable a lucro cesante, correspondiente al valor neto de la rentabilidad comercial de las anteriores sumas, independientemente de su actualización o revalorización.
QUINTA: Que si las cuantías de alguna de las cantidades de que tratan los puntos anteriores no fueren establecidas dentro del proceso, en la sentencia se haga la liquidación incidental.
SEXTA: Que las condenas que se decreten se ajusten conforme a lo ordenado por el artículo 178 del C.C.A.
SEPTIMA: Que se comunique el registro de la sentencia a las instancias y autoridades correspondientes.
OCTAVA: Que se condene en costas a la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ, excluidas las agencias en derecho, por prohibirlo expresamente el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN OCTAVA:
En subsidio de la petición anterior y para el evento en el que el Honorable Tribunal considere que en esta clase de procesos no procede la condena en costas ni siquiera con la limitación arriba señalada, solicito entonces que se condene a la CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ al reembolso, con el ajuste de que trata el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, de todos los gastos, costos y emolumentos en que la sociedad que represento incurra por razón del proceso y que se consideren debidamente probados. Dicho reembolso procede a título de reparación, pues tales costos y gastos constituyen menoscabo patrimonial injusto e imputable directamente al acto acusado, ya que si este no hubiera sido proferido, dicho menoscabo no hubiera tenido lugar”.
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. Mediante Oficio 2-5272 del 20 de marzo de 1998, el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá informó al Jefe de la Unidad de Investigaciones y Juicios Fiscales de la Contraloría Distrital de Bogotá que, según Resolución Nro. 156 del 20 de febrero de 1998, se le impuso sanción disciplinaria al señor Raúl Gaviria Rueda, en calidad de Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Santafé de Bogotá, para la época de los hechos.
La sanción disciplinaria se impuso por las irregularidades que se presentaron en la declaratoria de urgencia manifiesta que realizó el funcionario –según Resolución 036 del 12 de noviembre de 1993–, con base en la cual celebró, con el arquitecto Ezequiel Antonio Gómez Gobayra, el Contrato de Obra Pública Nro. 039 F.V.S./93, cuyo objeto era la construcción de las estaciones de policía de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
2.2. La División de Indagación Preliminar de la Contraloría Distrital de Bogotá, mediante Auto nro. 69 del 20 de abril de 1998, dispuso la apertura de indagación preliminar por el presunto detrimento patrimonial causado en contra del erario distrital, con ocasión de la suscripción y ejecución del Contrato de Obra Pública No. 039/93 celebrado entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad Distrital y el señor Antonio Gómez Gobayra.
2.3. Con fundamento en las pruebas recaudadas en la indagación preliminar y, principalmente, en el memorando del 21 de julio de 1998 remitido por el Gerente del Fondo para la Vigilancia y Seguridad de Santafé de Bogotá sobre la liquidación y terminación del contrato de obra pública 039 de 1993 y la Resolución Administrativa 038 del 22 de noviembre de 1999 de la Alcaldía de Ciudad Bolívar que ordenó la demolición de la obra, la División de Investigaciones Fiscales de la Contraloría de Santafé de Bogotá, profirió el auto de apertura de investigación fiscal nro. 324 del 15 de agosto de 2000.
En el referido auto se dejó constancia que el objeto de la averiguación son las “…presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato de obra pública 039/93, celebrado con Antonio Gómez Gobayra, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.976.464 para la construcción de las estaciones de policía de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar mediante el mecanismo de urgencia manifiesta, en cuantía de $544.862.097.94”
2.4. Mediante auto de decreto de pruebas proferido el 22 de agosto de la citada anualidad, se dispuso escuchar en versión libre al aquí demandante.
2.5. Vencido el término probatorio, la Jefe de la División de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Distrital de Bogotá, profirió el auto de imputación de responsabilidad fiscal número 185 del 21 de diciembre de 2000, precisando que, con ocasión del contrato celebrado al amparo de la urgencia manifiesta, se encontró la siguiente situación:
“Se presentaron múltiples dificultades en el cumplimiento del contrato, suspendiéndose las obras, las cuales se encontraban inconclusas y liquidando de oficio el contrato, siendo terminada la estación de Usme con un segundo contrato, actualmente en construcción la de Ciudad Bolívar, ésta suspendida y en obra gris sin la debida licencia de construcción debido a la imposibilidad de acceso a servicios públicos de acueducto y alcantarillado, por estar a la ronda del rio Tunjuelito y zona de alto riesgo de inundación, para la misma fue emitida una orden de demolición para la restitución del espacio público, por parte de la Alcaldía según Resolución 039 de noviembre 22 de 1999.
El detrimento patrimonial surge de la demolición del edificio de Ciudad Bolívar y la pérdida total prevista de la inversión allí realizada por valor de $401.996.960, toda vez que se presentaron continuas reclamaciones por parte del contratista, pretende que le sean reconocidos los costos generadores en la ejecución del contrato o daños y perjuicios como cantidades de obra pendientes de pago, más los intereses de mora liquidados a partir de la liquidación del contrato más un saldo a favor del Fondo de Vigilancia y Seguridad por $115.861.729.47 el cual estableció los aspectos que obran a folios 899 del cuaderno No. 6 para un total de $544.862.097,94 valor total del detrimento…”.
Para arribar a la citada resolutiva, el ente de control fiscal precisó que la situación que originó inicialmente la contratación se presentó por una indebida utilización del mecanismo adoptado, lo que trajo como resultado la demolición de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar y el pago de las sumas de dinero que se relacionaron en la resolución de liquidación unilateral del contrato de obra pública.
2.6. Mediante escrito radicado el 18 de julio de 2001, el imputado solicitó que se declarara la caducidad de la potestad de la Contraloría, toda vez que los hechos materia de investigación acaecieron en vigencia de la Ley 42 de 1993, afirmando que bajo esta normativa el término de caducidad era de dos (2) años, contados a partir del hecho generador del daño.
Precisó que la situación que causó el detrimento patrimonial fue la firma del contrato, la cual se dio en el año 1993, pero que aun tomándose como fecha la ejecución del mismo, sólo podría darse desde la oportunidad hasta la cual ejerció el cargo como gerente, esto es hasta diciembre de 1994 y la entidad sólo dictó el auto de apertura de investigación en el mes de agosto del año 2000.
2.7. La solicitud anterior fue resuelta mediante auto 052 del 23 de agosto de 2003, dictado por el Subdirector de Jurisdicción Coactiva con competencia para adelantar y culminar procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría de Bogotá, en el sentido de declarar la cesación de la acción fiscal por operancia del fenómeno jurídico de la caducidad.
En esta oportunidad, el ente fiscalizador concluyó, a la luz de las normas y la jurisprudencia aplicable para la época del trámite del proceso –Ley 42 de 1993 y sentencia C-046 del 10 de febrero de 1994 de la Corte Constitucional–, lo siguiente:
“… se tiene que el hecho constitutivo del presunto detrimento patrimonial al tenor del Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal No. 185 del 21 de diciembre de 2000, se causó con la ‘suscripción y ejecución’ del Contrato de Obra Pública No. 039 FVS -93, el cual se firmó el 22 de diciembre de 1993 entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito y el señor Antonio Gómez Gobayra y no en otra fecha. En tanto que el auto de apertura de investigación fiscal, frente a la fecha de suscripción del contrato: diciembre 22 de 1993… es del 15 de agosto de 2000”
2.8. La decisión anterior fue revocada en su integridad, según proveído dictado por el Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Distrital de Bogotá, en grado de consulta, con fundamento en que “… la partida para el conteo de la caducidad de la acción fiscal, no es otro que el del último acto o hecho de la administración en relación con el contrato No. 039 FVS-93 y no el de la suscripción del mismo (22 de diciembre de 1993), como lo señala el A quo”.
Al respecto, aclaró que la legislación aplicable al procedimiento era la Ley 42 de 1993, en la interpretación que traía la Corte Constitucional que tenía como punto de partida “el fenecimiento de la respectiva cuenta”.
En consecuencia, concluyó que como la liquidación del contrato fue realizada mediante Resolución número 006 del 2 de febrero de 1998 y esta providencia adquirió firmeza el 1º de junio del mismo año y las cuentas semestrales se debían rendir hasta el 30 de julio de 1998, de tal manera que la Contraloría, de conformidad con lo previsto en el artículo 516 del Código Fiscal de Bogotá, contaba con sesenta (60) días calendario para la correspondiente revisión, el término venció el 30 de septiembre de 1998.
Finalizó afirmando que el tiempo transcurrido entre la fecha del fenecimiento ficto de la cuenta –30 de septiembre de 1998– y el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal –15 de agosto de 2000– no es superior a los dos años con que contaba la entidad para ejercer el control fiscal.
2.9. El 31 de marzo de 2004, según Auto 005, la Contraloría Distrital de Bogotá profirió fallo de responsabilidad fiscal en contra del señor Raúl Gaviria Rueda en cuantía de $828.856.460,70, en contra de la cual se interpuso recurso de reposición que fue resuelto mediante auto número 13 del 19 de octubre de la citada anualidad en el sentido de confirmar la decisión y ordenó remitir el expediente al superior para resolver el recurso de reposición.
2.10. Mediante auto del 26 de marzo de 2005, se confirmó la decisión, decisión que fue notificada por edicto fijado el 6 de abril de 2005 y desfijado el 19 de abril de 2005.
3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
3.1. Caducidad de la potestad de fiscalización
La parte demandante solicitó que se estudiara que la Contraloría Distrital debió archivar el expediente contentivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 15798, por haber operado la caducidad de la potestad de fiscalización.
Lo anterior, por cuanto se le imputó responsabilidad fiscal teniendo como hechos generadores del daño i) la declaratoria de urgencia manifiesta, a través de la Resolución nro. 036 del 12 de noviembre de 1993; y ii) la celebración del contrato de obra pública número 039 F.V.S/93 del 22 de diciembre de 1993.
Advirtió que en el otro extremo, se encuentra que el auto de apertura de la investigación fiscal nro. 324 es del 15 de agosto de 2000, lo que implica que “…habían transcurrido más de los dos años previstos en la Ley 42 de 1993 para que operara la caducidad y más de los cinco años para que se diera el mismo fenómeno, bajo la nueva normatividad de la materia, consignada en la Ley 610 de 2000.”
Consideró que era tan evidente la ocurrencia de la caducidad que es el resultado es el mismo si se toma la fecha de apertura de la indagación preliminar o del juicio fiscal, de todas maneras, se configura. Agregó que, igual ocurriría si se tomara como fecha inicial aquella en que hizo dejación del cargo que fue en diciembre de 1994.
Afirmó que, en el evento de que no se encontrara configurado el fenómeno de la caducidad, solicitaba se estudiaran las siguientes causales de nulidad.
3.2. Violación del artículo 83 de la Constitución Política
3.2.1. Para sustentar lo anterior, transcribió in extenso las consideraciones expuestas en el acto administrativo por medio del cual declaró la urgencia manifiesta, a la luz de normas constitucionales y legales, así como de los informes y conclusiones a que se había llegado sobre el estado crítico de la seguridad en el Distrito Capital y la falta de infraestructura física y de comunicaciones para afrontarla y salvaguardar la vida, honra y bienes de los habitantes de la capital.
3.2.2. Aseveró que, las premisas sobre las cuales se imputó la responsabilidad fiscal fueron que i) aplicó de manera indebida e injustificada el mecanismo excepcional de contratación y ii) el objeto del contrato no se cumplió, por lo que se concluye la real ausencia de circunstancias configurativas del mecanismo.
A juicio de la parte demandante, para llegar a esas conclusiones, la Contraloría Distrital no valoró los antecedentes del acto administrativo entre los que se encontraba el informe nro. 5850 del 28 de octubre de 1993, suscrito por el Director de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que comunica las deficiencias que presenta la institución y se solicita la declaratoria de urgencia para mejorar la infraestructura en comunicaciones, edificaciones y estaciones de policía.
3.2.3. El demandante afirmó que la Contraloría consideró que la Estación de Policía de Ciudad Bolívar se edificó y en un terreno sin acceso a servicios públicos y dentro de la ronda del Río Tunjuelo, haciéndolo responsable de ello.
Al respecto, consideró que el error en que incurrió la Contraloría fue desconocer la existencia en el Distrito Capital de la Procuraduría de Bienes que fue el organismo que dictó el concepto favorable y no advirtió inconveniente alguno en la utilización de los predios para la construcción de las estaciones de policía.
Adicionalmente, precisó que en los documentos que expidió la Procuraduría de Bienes se advirtió que el predio colindaba con la ronda del río Tunjuelo y no que estuviera dentro de ésta.
3.3. Violación del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo
El actor precisó que los documentos de la Procuraduría de Bienes, por medio de los cuales se eligió el terreno para la construcción de las estaciones son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, por lo que sostener que se ha debido dudar de las actuaciones del referido organismo vulnera este principio.
3.4. Falsa motivación
3.4.1. La parte demandante alegó que existía falta de idoneidad de los motivos expuestos por la Contraloría, concernientes a las causas calificadas como determinantes de la conducta.
Al respecto precisó que, aun si se considera que el mecanismo de la urgencia manifiesta no era el indicado para contratar “…ello no es conducente para demostrar que esa fuera la causa por la que se demolió lo construido. Tanto cuando se declara la urgencia, como cuando no se declara, las normas urbanísticas son las mismas.”
Aclaró que no le fue puesto de presente el riesgo de la demolición de la obra y no se encuentra demostrado que hubiera sido “contumaz” frente al hipotético conocimiento de tal situación.
3.4.2. Fundamentó igualmente la falsa motivación en la que –a su juicio– incurren los actos administrativos, en lo que denominó “error de derecho en los motivos, por haber estado fundado el fallo en actuación de la Alcaldía Local, legalmente inoponible a mi mandante.”
Aseveró que el daño patrimonial se configuró cuando se realizó la demolición y no antes, por cuanto fue en ese momento que se perdió el inmueble para el patrimonio público.
3.4.3. Alegó la inexistencia de errores en la contratación realizada, toda vez que en su momento adoptó las medidas exigidas, tales como contar con disponibilidad presupuestal previa, el otorgamiento de garantías por compañías se seguros legalmente autorizadas, la inclusión de cláusulas exorbitantes, la amortización de anticipos, el establecimiento de multas y sanciones penales, la prohibición de cesión del contrato, entre otras.
3.4.4. Falsa motivación, por falta de relación de causalidad entre los motivos invocados que hacen referencia a la conducta del contratista con la culpa imputada al demandante.
Con respecto a esta alegación, afirmó que el plazo del contrato se estableció en ocho (8) meses, contados a partir de la entrega del anticipo y que la Contraloría le imputó la demora del contratista en la entrega de la obra.
3.5 Formación irregular del acto, por falta de vinculación del agente directo la disminución patrimonial del Distrito
Consideró que el causante del daño patrimonial fue el Alcalde Local que ordenó la demolición de la obra y que en esa medida ha debido ser llamado a responder en el juicio de responsabilidad fiscal.
Advirtió que igualmente ha debido ser vinculado al referido juicio al Procurador de Bienes del Distrito, quien fue el funcionario que seleccionó y entregó el terreno aclarando que colindaba con la ronda hidráulica del río Tunjuelo.
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Auto admisorio de la demanda
Mediante auto del 11 de febrero de 2007, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió la demanda y dispuso la notificación del Contralor Distrital de Bogotá y en la misma providencia negó la medida cautelar referida a la suspensión provisional de los actos administrativos cuestionados.
4.2. Contestación de la demanda
La Contraloría Distrital de Bogotá, por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda, precisando la situación fáctica que originó el juicio de responsabilidad fiscal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
4.2.1. Hizo referencia al marco constitucional y legal del control fiscal y del juicio de responsabilidad de la misma naturaleza, así como a las competencias del órgano encargado de llevarlo a cabo y los principios que lo rigen, advirtiendo que la Contraloría Distrital tiene a nivel territorial las mismas funciones de la Contraloría General de la República.
4.2.2. En relación con la causal de nulidad referida a haberse dictado los actos con posterioridad a la ocurrencia del fenómeno de la caducidad, consideró que si bien el contrato de obra pública se celebró el 22 de diciembre de 1993 no es esta la fecha que se debe tener en cuenta para iniciar la contabilización del término, dado que el mismo es un acto bilateral de tracto sucesivo y, por tanto, está sometido al control fiscal hasta el momento de su culminación o liquidación definitiva.
4.2.3. Manifestó que el inciso 2º del articulo 65 de la Ley 80 de 1993, que trata sobre la intervención de las autoridades que ejercen control fiscal, señala que, liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá el control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
4.2.4. Transcribió textualmente el argumento expuesto por la Contraloría Distrital de Bogotá en el auto por medio del cual revocó la decisión de archivo de la actuación por caducidad, referido a que la legislación aplicable era la Ley 42 de 1993 en la interpretación que fijó la Corte Constitucional, la que tenía como punto de partida “el fenecimiento de la respectiva cuenta”.
En consecuencia, manifestó que, como la liquidación del contrato fue realizada mediante Resolución número 006 del 2 de febrero de 1998 y esa providencia adquirió firmeza el 1º de junio del mismo año, la Contraloría, de conformidad con lo previsto en el artículo 516 del Código Fiscal de Bogotá, contaba con sesenta (60) días calendario para efectuar la correspondiente revisión, término que venció el 30 de septiembre de 1998, por cuanto la rendición de cuentas se encontraba prevista para el primer semestre del año 1998.
4.2.4. Argumentó que no existía falsa motivación, toda vez que los actos administrativos fueron proferidos en el proceso de responsabilidad fiscal número 15798 que se tramitó en vigencia de la Ley 42 de 1993 y, posteriormente, se adecuó a los lineamientos de la Ley 610 de 2000, aclarando que inició con el proferimiento del auto nro. 69 del 20 de abril de 1998 que dispuso indagación preliminar, dictado por la extinta División de Indagación Preliminar del ente de control fiscal.
En ese auto se determinó un detrimento patrimonial, constituido por la perdida total de la construcción de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, toda vez que la obra se hizo a escasos veinte metros de la ribera del rio Tunjuelo, indicando las condiciones de la contratación, a la luz de la declaratoria de urgencia manifiesta, figura jurídica que no resultaba procedente, anta la inexistencia de sustentos fácticos y jurídicos que la soportaran.
Agregó que el funcionario transgredió lo estipulado en el parágrafo 1º del artículo 3º y los artículos 4, 14, 23, 25 (4, 5, 7 y 12), 16 (1, 3 y 5) de la Ley 80 de 1993, toda vez que no manejó los dineros públicos con el cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.
Aportó como pruebas los antecedentes administrativos de los actos censurados.
4.3. Alegatos de conclusión
Previo agotamiento de la etapa probatoria, por medio de proveído del 19 de septiembre de 2011, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, lo cual realizaron en los siguientes términos:
4.3.1. Contraloría Distrital de Bogotá
En escrito radicado el 3 de octubre de 2011, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda.
4.3.2. Parte demandante Raúl Gaviria Rueda
En escrito radicado el 4 de octubre de 2011, el demandante explicó in extenso la declaratoria de urgencia manifiesta que decretó y los fundamentos que lo llevaron a tomar tal decisión, así como el procedimiento que se llevó a cabo para la contratación de las obras públicas en las que se presentó el detrimento patrimonial.
Reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio en relación con la caducidad de la potestad de fiscalización de la Administración, la falsa motivación de los actos e hizo referencia a los perjuicios ocasionados con el juicio adelantado en su contra a la luz de las pruebas allegadas a la actuación.
4.4. Concepto del Ministerio Público
El representante del Ministerio Público no rindió concepto.
4.5. Sentencia de primera instancia
4.5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “C”– Descongestión, dictó sentencia del 18 de diciembre de 2012, por medio de la cual declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el no pago de la sanción fiscal y el reembolso de la suma que hubiere pagado el señor Raúl Gaviria Rueda a la Contraloría Distrital de Bogotá, debidamente indexada, al tiempo que negó las demás pretensiones de la demanda.
4.5.2. El a quo hizo referencia al marco conceptual que regula el control fiscal, se refirió a los antecedentes que motivaron la investigación, fijando los hechos determinantes del detrimento patrimonial y las principales decisiones adoptadas en el procedimiento, en especial el auto de apertura del juicio de responsabilidad y el de vinculación al mismo del funcionario.
4.5.3. Aclaró que el juicio de responsabilidad se adelantó con fundamento en lo dispuesto por la Ley 42 de 1993, vigente para la época de los hechos, que no tenía previsto un término de caducidad, omisión legislativa que fue llenada por la Corte Constitucional en sentencia C-046 de 1994, señalando el mismo en dos (2) años, que corresponde al plazo de caducidad de la acción de reparación directa, al tenor de lo dispuesto por el artículo 136 del C.C.A.
4.5.4. Al examinar el caso concreto, con fundamento en los medios de convicción allegados a la actuación, consideró que, como el término debía contabilizarse desde el día siguiente de la desfijación del edicto que dejó en firme el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato de obra pública que corresponde al 9 de julio de 1998, acaeció la caducidad, toda vez que el auto de apertura tan solo se profirió el 15 de agosto de 2000, sin que en dicho término se vinculara al actor, pues ello tan solo se dispuso en el auto de pruebas del 22 de agosto de 2000.
Consideró que, aun si el término se contabilizara desde el fenecimiento de la respectiva cuenta, igualmente se habría presentado la caducidad de la potestad de la Administración para realizar el juicio de responsabilidad fiscal, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 516 del Código Fiscal de Bogotá, contenido en el Acuerdo 06 de 1985 la Contraloría contaba con sesenta días calendario para observar la cuenta, los cuales vencieron el 1º de agosto del año 2000.
A título de restablecimiento del derecho consideró que debía ordenarse la devolución del valor efectivamente pagado, incluidos los intereses y negó el reconocimiento y pago de los demás perjuicios reclamados.
Lo anterior, por considerar que carece de sustento probatorio, toda vez que pretende “que se le reconozca el pago de los posibles perjuicios sufridos, teniendo como fundamento el cargo de Directo de Fondo o uno similar, cuando el aludido desde diciembre de 1994 no laboraba en dicha entidad y no fue desvinculado ni inhabilitado, con ocasión de la investigación fiscal adelantada.”
Finalmente, dispuso la actualización de las sumas de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A.
4.6. Recurso de apelación interpuesto por la Contraloría Distrital de Bogotá
4.6.1. Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la apoderada judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación, con el fin de que revoque dicha providencia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
4.6.2. Argumentó que el a quo confunde dos momentos y términos esenciales al realizar el computo del término de caducidad de la potestad, como son la rendición y revisión de la cuenta y el fenecimiento de la misma.
Precisó que, de conformidad con la misma jurisprudencia en la que se sustentó la sentencia T-1362 de 2000, se entiende por cuenta, para efectos fiscales, “el informe acompañado de los documentos que sustenten legal, técnica y financiera y contablemente las operaciones realizadas por las personas responsables del erario. La revisión puede concluir con el fenecimiento de la cuenta examinada si no se encuentran observaciones”.
4.6.3. Aclaró que el Tribunal no tuvo en cuenta que la resolución por medio de la cual cobró firmeza la liquidación del contrato debió ser reportada a la Contraloría de Bogotá en las cuentas correspondientes al primer semestre de 1998, las cuales debieron ser rendidas el 1º de agosto de la referida anualidad, fecha a partir de la cual la Contraloría contaba con sesenta (60) días calendario para realizar la correspondiente revisión.
4.7. Trámite en segunda instancia
Por auto del 5 de septiembre de 2013, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la entidad demandada y, mediante proveído del 24 de enero de 2014, se corrió traslado a las partes para presentar alegaciones en segunda instancia y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
4.7.1. Alegatos presentados por la parte demandada
El 25 de febrero de 2014, la apoderada judicial de la parte accionada presentó escrito en el que se refirió a los hechos objeto de la controversia, reiteró su oposición a las pretensiones de la demanda así como los argumentos de defensa que ha venido exponiendo en sus diversas intervenciones procesales.
Insistió en que no operó el fenómeno de la caducidad, por cuanto el término se debe contabilizar a partir de la fecha de fenecimiento de la cuenta y no desde la resolución que confirmó la liquidación unilateral del contrato.
4.7.2. Alegatos de la parte demandante
En escrito presentado el 2 de marzo de 2014, reiteró los hechos de la demanda, relacionó los actos administrativos demandados y las pruebas que se allegaron a la actuación, solicitando confirmar la sentencia de primera instancia.
4.7.3. Concepto del Ministerio Público en el trámite del recurso de apelación
El Ministerio Público no rindió concepto en el trámite de la segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1º del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo en los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del citado acuerdo, el Despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.
En el caso concreto, la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el cual “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla.”
Cabe destacar que en el presente caso la apelación fue presentada por la Contraloría Distrital de Bogotá y sus argumentos se limitaron a desvirtuar la operancia del fenómeno de la caducidad de la potestad de fiscalización, motivo por el cual en aplicación el principio de limitación del ad quem se analizará únicamente este aspecto.
2. Cuestión previa - Impedimento manifestado por el Consejero de Estado Carlos Enrique Moreno Rubio
El Dr. Moreno Rubio manifestó impedimento para resolver esta apelación por haber intervenido en el trámite del proceso en primera instancia en la época en la que fungía como Magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección B.
El Consejero, entonces, consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 140 del Código General del Proceso -anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil-.
En consecuencia, al encontrarse configurada la causal de impedimento expuesta y en garantía del principio de imparcialidad, la Sala acepta su impedimento y, en consecuencia, lo separa del conocimiento del caso, toda vez que el precepto consagra como supuesto fáctico el “Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”. (Negrillas de la Sala)
3. Actos administrativos acusados
Los actos administrativos demandados son:
3.1. Auto del 23 de marzo de 2005, “Por el cual se resuelve el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación concedido”.
3.2. Auto nro. 13 del 19 de octubre de 2004, “Por el cual se resuelve un recurso de reposición contra un fallo”, dictado dentro del referido proceso.
3.3. Auto nro. 005 del 31 de marzo de 2004, “Por el cual se profiere un fallo”.
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia apelada, para lo cual la Sala resolverá si los actos administrativos censurados se encuentran incursos en causal de nulidad.
Concretamente se resolverá el subproblema jurídico, referido a establecer si en el caso concreto operó el fenómeno de la caducidad de la facultad de fiscalización de la Contraloría Distrital de Bogotá, lo que implica determinar el extremo inicial de contabilización del término.
5. Razones jurídicas de la decisión
Por razones de orden metodológico, la Sala resolverá el problema que subyace al caso concreto, previo análisis del término de iniciación del proceso de responsabilidad fiscal a la luz de las normas que regulaban la materia para la época de los hechos, que constituye parte del núcleo esencial de debido proceso en esta materia.
5.1. Proceso de responsabilidad fiscal
El proceso de responsabilidad fiscal encuentra fundamento constitucional en los artículos 268 numeral 5º y 272 de la Carta, en virtud de los cuales se desprende que el Contralor General de la República y los contralores de las entidades territoriales, tienen competencia para “establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”.
La Sala destaca que para la época en que se celebró y ejecutó el contrato de obra pública nro. 038 F.S.V. de 1993 se encontraba vigente la Ley 42 de 1993 "sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen", la que fue publicada en el Diario Oficial Nº 40.732 del 27 de enero de 1993, por lo que el análisis del caso se realizará con sustento en esta normatividad.
En la referida ley se reguló el proceso de responsabilidad fiscal, el cual se divide en dos etapas que corresponden a la investigación y el juicio y a través del mismo se busca definir y establecer la responsabilidad de las personas cuya gestión fiscal haya sido objeto de observación.
5.2. Termino para la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal
La Ley 42 de 1993 no determinó en forma expresa el término dentro del cual el organismo competente debía iniciar y, posteriormente culminar el juicio de responsabilidad fiscal, omisión legislativa que resultaba contraria a los principios y valores constitucionales contenidos en la Carta de 1991, en tanto no podía un funcionario quedar en forma ilimitada sometidos a la posibilidad de ser investigada su gestión.
Esta circunstancia implicó un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional que en la sentencia C-046 de 1994, se estableciera el mismo en el término de dos años, conforme al siguiente razonamiento:
“…el proceso de responsabilidad fiscal -conservando en estos aspectos la remisión al Código Contencioso Administrativo por la afinidad y naturaleza de la materia- sólo podrá iniciarse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se hubiere realizado el acto de fenecimiento de la respectiva cuenta.
Si el término de caducidad de dos años lo establece la ley para la acción de reparación directa enderezada contra el Estado y cuyo objeto es el de deducir su responsabilidad por un hecho, omisión u operación suya (C.C.A, art. 136), el mismo término deberá predicarse mutatis mutandis de la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal por parte de los organismos de control fiscal y que apunta a deducir la existencia, contenido y alcance de la responsabilidad fiscal de las personas que han manejado los intereses patrimoniales del Estado. Lo anterior no es óbice para que los autores de las operaciones fraudulentas o irregulares puedan ser objeto de investigación y sanción penal y que, en este caso, la entidad respectiva obtenga la correspondiente indemnización”. (Negrillas de la Sala)
La aplicación de las disposiciones del Código Contencioso Administrativo entonces vigente, fue avalada en sede de revisión de las decisiones adoptadas en acciones de tutela, con fundamento en la fuerza obligatoria de las decisiones adoptadas en sede de constitucionalidad por la Corte Constitucional, según lo dispone el artículo 243 de la Carta Política.
Sobre este aspecto, en el fallo referido, la Corte concluyó que si “…transcurridos más de dos años a partir del fenecimiento de la cuenta (…) aparecen las pruebas fraudulentas o irregulares que comprometen la actividad desplegada por el funcionario (…), la Contraloría no podrá levantar el fenecimiento, ni tampoco puede iniciar el proceso de responsabilidad fiscal (…), porque ya ha caducado la acción fiscal, lo cual no significa, como se indicó en el acápite anterior, que el Estado no pueda iniciar las acciones a su alcance para recuperar los bienes fiscales, por cuanto dado el carácter imprescriptible de estos bienes, la acción no caduca.”
La regla de decisión establecida por la Corte Constitucional implica que el extremo inicial para la contabilización del término de caducidad lo constituye la fecha en que se hubiere realizado el acto de fenecimiento de la respectiva cuenta, lo cual difiere del que, con posterioridad, estableció la Ley 610 de 2000, que en su artículo 9º, estableció que este plazo inicia con la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, el cual se empezará a contar para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto.
A efectos de salvaguardar el principio de vigencia de las normas en el tiempo que subyace al debido proceso, no es posible aplicar los supuestos previstos en la Ley 610 de 2000 a la investigación fiscal iniciada con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, de tal manera que el único parámetro temporal es el expuesto en precedencia, constituyendo el extremo temporal final el auto de apertura del juicio fiscal.
El supuesto previsto por la norma en cita implica establecer qué se entiende por fenecimiento de una cuenta y cuándo se tiene que el mismo se realizó bien, sea por que efectivamente la Contraloría revisa la cuenta o porque deja transcurrir en silencio el término que le concede el legislador para hacerlo.
Sobre este aspecto se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-1362 de 2000, citada por el parte recurrente, en la que precisó que existen varias modalidades de fenecimiento i) el formal, que es el proferido por las divisiones de revisión de cuentas, y, ii) el material (o de fondo) que a su vez puede extenderse expresa o tácitamente, éste último cuando las oficinas o dependencias competentes de las contralorías no profieren el informe sobre el resultado de la revisión de cuentas en el período de control subsiguiente.
En virtud de las normas constitucionales y legales objeto de análisis en esta oportunidad, se advierte que es competencia del Contralor General de la República y de los Contralores Territoriales revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 268 de la Constitución.
Lo anterior implica la revisión de cuentas que se encuentra definida en el artículo 13 de la Ley 42 de 1993 como "el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario durante un período determinado, con miras a establecer la economía, la eficacia y la equidad de sus actuaciones" y, según el artículo 15 ejusdem, se entiende por cuenta “el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario público.”
En materia de control fiscal sobre contratos, no es dable olvidar el contenido del artículo 65 de la Ley 80 de 1993, en virtud del cual, las autoridades de control fiscal ejercerán control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales y, cuando se liquiden o terminen la vigilancia fiscal incluye “un control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales”.
Por su parte, el artículo 516 del Acuerdo Distrital 06 de 1985, norma especial aplicable a la materia, establecía el término de sesenta (60) días calendario para realizar el examen posterior y fenecer las cuentas, en los siguientes términos:
“Las cuentas que la Contraloría Distrital no observe dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha en que estuvieran disponibles para su estudio se consideran fenecidas. El incumplimiento de dicho plazo constituirá causal de mala conducta y el responsable será sancionado por el Contralor”.
5.3. Análisis del caso concreto
5.3.1. La Sala, al valorar en su conjunto las pruebas allegadas a la actuación, que incluyen el procedimiento administrativo adelantado en relación con el ejercicio del control fiscal en el caso concreto, con fundamento en marco normativo y jurisprudencial expuesto en precedencia, encuentra que no operó en el caso concreto la caducidad y que la investigación fiscal se adelantó dentro del término de dos años establecidos jurisprudencialmente para los procesos iniciados a la luz del artículo 42 de la Ley 1993.
Lo anterior, por cuanto se trata de la terminación y liquidación de un contrato de obra pública en relación con el cual, de acuerdo con los hechos probados referidos en los antecedentes de esta decisión el acto administrativo de liquidación unilateral cobró firmeza cuando se resolvieron los recursos en vía gubernativa, según resolución del 1º de junio de 1998, cuyo edicto notificatorio se fijó el 23 de junio de 1998 y se desfijó el 8 de julio de la misma anualidad, según constancias obrantes a folios 544 a 555 del cuaderno de pruebas.
Los actos liquidatorios del contrato fueron remitidos a la Contraloría Distrital de Bogotá, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley 80 de 1993, para que se ejerciera el control posterior el 21 de julio de 1998 según memorando suscrito por el Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Santafé de Bogotá que obra a folio 546 del cuaderno de pruebas.
De tal manera a partir de dicha fecha la Contraloría tenía sesenta (60) días calendario para revisar las cuentas so pena de que operara el fenecimiento, lo que acaeció el 22 de septiembre de 1998 y como el auto de apertura de la investigación fiscal se dictó el 15 de agosto de 2000 el mismo fue oportuno de cara a la caducidad.
5.3.2. En virtud de lo expuesto, la Sala advierte que le asiste razón a la entidad recurrente cuando afirmó que dictó oportunamente el auto de apertura de investigación fiscal, toda vez que el término se debe contabilizar a partir de la fecha de fenecimiento de la cuenta y no a partir del día siguiente de la desfijación del edicto que notificó la resolución que dejó en firme la liquidación, como lo entendió el Tribunal a quo y lo solicitó el demandante.
Tampoco podía considerarse como plazo inicial de contabilización del término a partir de la expedición de la Resolución 65 del 1º de junio de 1998, pues ello desconocería que la misma debía ser notificada y puesta en conocimiento del ente de control fiscal, según las reglas de rendición de cuentas analizadas, a quien no podía correrle el término para revisarla desde la fecha de proferimiento, sin que le hubiera sido remitida en legal forma.
Por los anteriores argumentos, la sentencia apelada deberá ser revocada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda, en la medida en que la parte actora no logró demostrar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos proferidos por la Contraloría Distrital de Bogotá y éstos se expidieron con garantía del debido proceso, en la oportunidad de dos (2) años establecida.
5.4. Respecto a los demás argumentos de la demanda
La Sala destaca que al no encontrar probada la censura relacionada con la caducidad de la potestad de la Contraloría para iniciar el juicio fiscal, correspondería examinar los demás cargos de nulidad propuestos en la demanda. Sin embargo, la Sección encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre los otros reproches de nulidad presentados, toda vez que éstos no fueron analizados por el tribunal de primera instancia, autoridad a la que le correspondía efectuar dicho análisis.
En efecto, como quedó registrado al resumir la sentencia apelada, el a quo al encontrar probada la censura relacionada con la caducidad decretó la nulidad del acto y se pronunció sobre el restablecimiento del derecho, limitando el monto de los perjuicios al valor del detrimento patrimonial ordenado y negando la indemnización por los demás daños alegados al no encontrarlos acreditados, decisión que no fue materia de apelación, por lo que no es posible examinar los demás cargos de la demanda que, sin lugar a dudas, se encuentran por fuera de su competencia.
Al respecto esta Sección aclara, como lo ha venido haciendo en anteriores oportunidades que “la imposibilidad de abordar censuras en segunda instancia que no fueron analizadas en primera no constituyen una omisión, sino por el contrario la garantía de los principios de limitación de la competencia del ad quem, de la doble instancia y del debido proceso”.
En consecuencia, en consideración a que esta Sección en providencia del 7 de junio de 2018 adoptó la tesis imperante al interior de la Sección Primera del Consejo de Estado, se remitirá este expediente, nuevamente, al Tribunal de Cundinamarca, Sección Primera quien fungió como juez de primera instancia de esta causa, para que se pronuncie respecto de los demás cargos que en su momento fueron objeto de demanda.
6. Costas
No se condenará en costas en esta instancia, por cuanto los argumentos de apelación prosperaron y no se advierte que la parte vencida haya desplegado una conducta temeraria en las actuaciones procesales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – Descongestión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del proceso,
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 18 de diciembre de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección C – En Descongestión que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Raúl Gaviria Rueda y, en su lugar, negarlas, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.
TERCERO: REMITIR el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo, según lo indicado en capítulo 5.4. de la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas por no aparecer causadas.
Notifíquese y Cúmplase.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Toda vez que i) declaró la nulidad de los actos administrativos demandados; ii) a título de restablecimiento ordenó el no pago de la sanción fiscal y el reembolso de la suma de la suma que hubiese pagado debidamente indexada el señor Raúl Gaviria Rueda a la Contraloría de Bogotá; iii) ordenó a la Contraloría de Bogotá reintegrar al señora Raúl Gaviria Rueda, lo que hubiese cancelado por concepto de multa impuesta en los actos acusados, con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal número 15798 y iv) negó las demás pretensiones de la demanda.
Folios 1 a 33 del cuaderno número 1
Folio 22 del cuaderno número 1
La sanción disciplinaria se impuso por parte de la Personería Distrital de Santafé de Bogotá, por encontrar que se aplicó de manera indebida e injustificada el mecanismo excepcional de contratación, sin que estuviera vigente la normatividad que la autorizaba. Adicionalmente, la autoridad disciplinaria consideró que el objeto del contrato no se cumplió de lo que concluyó que “hubo una indebida utilización del mecanismo utilizado ante la real ausencia de circunstancias configurativas de tal mecanismo”.
Folio 671 del cuaderno de pruebas. En esta oportunidad se precisó que la suma correspondiente al detrimento patrimonial podía variar de acuerdo a lo que se demostrara en el proceso.
La resolución obra a folios 696 a 708 del cuaderno de pruebas
La liquidación del contrato de obra pública se decretó en forma unilateral por la Administración, según Resolución No. 006 del 2 de febrero de 1998, confirmada mediante Resolución 065 del 1º de junio de 1998 por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición.
Folio 699 del cuaderno de pruebas
“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”.
La resolución que declaró la cesación de la actuación obra a folios 870 a 883 del cuaderno de pruebas
Corte Constitucional, Sentencia C-046 del 10 de febrero de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Folio 879 del cuaderno de pruebas
Folio 901 del cuaderno de pruebas
El Código Fiscal de Bogotá estaba contenido en el Acuerdo del Concejo Distrital No. 006 de 1985 y la norma citada en el acto administrativo establece: “ARTÍCULO 516. DEL EXAMEN POSTERIOR. Las cuentas que la Contraloría Distrital no observe dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha en que estuvieran disponibles para su estudio se consideran fenecidas. El incumplimiento de dicho plazo constituirá causal de mala conducta y el responsable será sancionado por el Contralor”.
Folio 6 del cuaderno principal.
Dependencia que fue reemplazada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.
Folio 12 del cuaderno principal
Folio 65 del cuaderno número 1
En Sala de Decisión integrada por los Magistrados Aida Vides Paba, Carlos Enrique Moreno Rubio y Fredy Ibarra Martínez. (Folio 65 a 67)
Folios 76 a 93 del cuaderno número 1
Mediante auto del 26 de julio de 2007 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, entre las cuales se encontró una prueba pericial. Ver folios 100 a 102 del cuaderno numero 1
Folios 656 a 672 del cuaderno número 1
Folios 422 a 423 del cuaderno numero 1
Folio 420 del cuaderno número 1
El recurso de apelación aparece a folios 425 a 427 del cuaderno número 1
Folio 4 del cuaderno número 2
Folios 8 a 9 del cuaderno número 2
Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar corrió a partir del 21 de septiembre de 2011 al 4 de octubre de la citada anualidad, según constancia visible a folio 358 vuelto del cuaderno número 1, el presente asunto se encuentra para fallo previó a la entrada en vigencia del Código General del Proceso (1 de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente nro. 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero.
Ob Cit.
La Corte Constitucional en la sentencia SU-620 de 1996 insistió que el trámite del proceso de responsabilidad fiscal debe estar rodeado de todas las garantías sustanciales y procesales que conforman el debido proceso, con arreglo a la naturaleza netamente administrativa del mismo, según las reglas propias de orden constitucional y legal, con primacía de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P., art. 209).
Corte Constitucional, Sentencia T-1362 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis
Resolución Orgánica de la Contraloría General de la República No. 3466 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre la rendición y revisión de cuentas, el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva”, arts. 7o. y 8o.
El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: 2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.
El inciso 2o. de esta norma fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-623-99 de 25 de agosto de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. Aclarándose que el control fiscal sobre la actividad contractual de la administración pública tiene lugar en dos momentos distintos: 1. una vez concluidos los trámites administrativos de legalización de los contratos, es decir, cuando se ha perfeccionado el acuerdo de voluntades, para vigilar la gestión fiscal de la administración y, en general, el cumplimiento de las normas y principios que rigen la contratación estatal. Igualmente, se deberá ejercer control posterior sobre las cuentas y pagos derivados del contrato, y 2. una vez liquidados o terminados los contratos, para ejercer un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 7 de junio de 2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro
En el mismo sentido Cfr. Sentencia del 24 de mayo de 2018 proferida por la Sección Primera de esta Corporación con Ponencia del Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez, Rad. 250002324000200400684-01.
Radicación Número: 25000-23-24-000-2005-00918-01
Actor: Raúl Gaviria Rueda
Accionado: Contraloría Distrital de Bogotá
Asunto: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia
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