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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00215-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00215-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia de 5 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, que declaró no probada la excepción de indebida integración del contradictorio, propuesta por el Ministerio de Comunicaciones, por las razones aducidas en la parte motiva de este fallo. SEGUNDO: REVOCAR, en sus ordinales segundo y tercero, la citada sentencia apelada y, en consecuencia, DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada ésta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2006-00215-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2006-00215 -01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho
Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, POR
CUANTO LA CRT SI TENÍA LA COMPETENCIA PARA RESOLVER, EN
EJERCICIO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, EL CONFLICTO
ENTRE LA ACTORA Y COMCEL S.A. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL. DICHA ENTIDAD APLICÓ LA NORMATIVA EN
DEBIDA FORMA, ESTO ES, LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN
NÚM. 463 DE 2001, EN ESPECIAL Y CONJUNTAMENTE, CON LO
REFERENTE A LA “NOTA” DEL ANEXO NÚM. 008 DE DICHA
RESOLUCIÓN, PARA LO CUAL TUVO EN CUENTA QUE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TPBCL TIENE COMO ÁMBITO DE
APLICACIÓN LOS MUNICIPIOS Y NO LA EMPRESA O GRUPO
ECONÓMICO DE CADA OPERADOR Y QUE SE DEBE ATENDER EL
MERCADO LOCAL EN QUE ESPECÍFICAMENTE SE PRESENTA EL
SERVICIO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN y

TELECOMUNICACIONES, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE

COMUNICACIONES y COMCEL S.A. contra la sentencia de 5 de

marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de

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Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” En Descongestión1,

por medio de la cual se declaró no probada la excepción de indebida

integración del contradictorio; declaró la nulidad de las resoluciones

núms. 1295 de 12 de septiembre de 2005 y 1346 de noviembre de

2005, expedidas por la Comisión de Regulación de

Telecomunicaciones 2 ; se ordenó, a título de restablecimiento del

derecho, que dicha entidad dirima nuevamente el conflicto que en su

momento habían resuelto a través de dichas resoluciones; y se

negaron las demás pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

E.S.P., por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción

de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85

del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó

demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que

formularon las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1295
del 12 de septiembre de 2005 expedida por la CRT.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1346 del
1 de noviembre de 2005 por medio de la cual la CRT resolvió
1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante CRT.

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el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución
citada en el numeral anterior confirmándola en su integridad.

3. Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de
las resoluciones demandadas, se reestablezca el derecho,
así:

3.1 Se declare que la Nación- Ministerio de
Comunicaciones- Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones– CRT debe pagar a mi representada
la diferencia entre lo que pagó COMCEL S.A. a mi
representada y lo que debía haber pagado por los cargos de
acceso y uso que debía remunerar COMCEL S.A. cuando
accede a la red que opera COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P, en la ciudad de
Bogotá, Cali y Bucaramanga, según lo dispone el artículo
4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997, para el Grupo
tres del anexo 008 de la misma o aquel que la modifique o
derogue y de conformidad con el peritaje que para el efecto
se decrete.

3.2 Se declare la fecha a partir de la cual la Nación-
Ministerio de Comunicaciones– Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones CRT deberá pagar a
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. la
diferencia entre el valor pagado por COMCEL S.A. y el valor
de los cargos de acceso como grupo 3, es desde la vigencia
del artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997, es
decir, desde el 27 de diciembre de 2001 y hasta la fecha en
que quede en firme la sentencia que declare nulos los actos
administrativos demandados.

3.3 Se declare que la Nación - Ministerio de
Comunicaciones – Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones- CRT debe pagar el reajuste
monetario por la pérdida del poder adquisitivo de la suma
indicada en el literal anterior hasta la fecha en que se
produzca el pago efectivo. […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los

siguientes:

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1º. Una vez liquidada la EMPRESA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES, -TELECOM-3, mediante Decreto 1616 de 12

de junio de 2003, se dispuso la creación de COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A., empresa que asumió la prestación

de los servicios de telecomunicaciones en distintas regiones del país.

2º. El 12 de noviembre de 2004, COMCEL S.A. solicitó a COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. ajustar los cargos de acceso

en CAPITEL, CALITEL Y BUCATEL, en el sentido de liquidarlos como

grupo 1 y 2, respectivamente, para el período agosto de 2003 a

noviembre de 2004.

3º. En respuesta a dicha solicitud, la actora le respondió que el cargo

de acceso al que tenía derecho era el establecido para el grupo tres,

por cuanto así se dispuso en el anexo 008 de la Resolución núm. 463

del 2001; y que las empresas CAPITEL, en la ciudad de Bogotá,

CALITEL, en Cali, y BUCATEL, en la ciudad de Bucaramanga, no

existían como personas jurídicas, sino que eran marcas que utilizaba

TELECOM para comercializar los servicios en esas ciudades.

3
En adelante TELECOM.

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4º. El 1o. de marzo de 2005, COMCEL S.A. presentó ante la CRT una

solicitud tendiente a que se solucionara el conflicto surgido con

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., argumentando

que desde que entró en vigencia la Resolución núm. 463 de 2001,

esta última empresa descuenta por el tráfico, tanto entrante como

saliente a las redes de CAPITEL, en la ciudad de Bogotá, CALITEL, en

la ciudad de Cali y BUCATEL, en la ciudad de Bucaramanga, un cargo

de acceso liquidado según el valor previsto para empresas del grupo

3 del anexo 008 de la Resolución núm. 087 de 1997; no obstante que,

conforme con la regulación aplicable, dicho cargo de acceso debía

liquidarse con el valor previsto en el mismo anexo para empresas del

grupo uno, en el caso de CAPITEL, y para las empresas del grupo dos,

en el caso de CALITEL y BUCATEL.

5º. Mediante Resolución núm. 1295 del 12 de septiembre de

2005 la CRT realizó una interpretación del artículo 4.2.2.19 de la

Resolución núm. 463 de 2001, señalando que CAPITEL, CALITEL y

BUCATEL son marcas y no empresas y que, por ende, no puede haber

un operador que preste el servicio TPBCL 4 , que cobre cargos de

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Telefonía Publica Básica Conmutada Local.

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acceso diferenciales, bajo el argumento de tener presencia nacional.

6º. Contra esta decisión, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

E.S.P. interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto a través

de la Resolución núm. 1346 de 1º de noviembre de 2005, que

confirmó en todas sus partes la Resolución núm. 1295 de 2005.

I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

los artículos 29 de la Constitución Política; 36 del CCA; 74.3, literal

c, 124, 126 y 127 de la Ley 142 de 11 de julio de 19945; Decreto

2696 de 24 de agosto de 20046; artículo 4.2.2.19 de la Resolución

463 de 27 de diciembre de 20017, unificada por la Resolución 575 de

9 de diciembre de 20028.

En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:

5
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
6
“Por el cual se definen las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación en las
actuaciones de las Comisiones de Regulación”.
7
“Por medio de la cual se modifica el Título IV y el Título V de la Resolución 087 de 1007 y se dictan
otras disposiciones”.
8
“Por la cual se modifica la numeración de la Resolución CRT 087 de 1997 y se actualizan sus
modificaciones en un solo cuerpo resolutivo” .

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.PRIMER CARGO: FALSA MOTIVACIÓN

Indicó que existe falsa motivación de los actos acusados, por errónea

interpretación del artículo 4.2.2.19 de la Resolución núm. 463 de

2001, toda vez que la CRT estimó que la clasificación que hace este

artículo, con respecto a TELECOM, no la cobija en su totalidad, sino

solamente cuando actúa como operador dominante en un mercado,

apartándose totalmente del texto de dicha Resolución.

Adujo que tal interpretación carece de sustento legal, pues si bien la

CRT afirma que en el Anexo 008 se utiliza la palabra “empresa” para

determinar que existen unos grupos a los que se aplican los cargos

de acceso, también lo es que no debe entenderse que la regulación

de los cargos de acceso se hace por “empresa”, ya que el artículo

4.1.1. de la Resolución núm. 087 de 1997 establece un Régimen

Unificado de Interconexión (RUDI), que aplica a todos los operadores

de servicios en el ámbito del servicio prestado en cada mercado por

los diferentes operadores de telecomunicaciones definidos en esa

misma Resolución.

Afirmó que con la interpretación realizada por la CRT se crea una

nueva regla, según la cual el operador debe clasificarse de acuerdo

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al mercado dominante, regla esta que no se ajusta a la Resolución

463 de 2001, que es de carácter general para los operadores allí

clasificados, teniendo en cuenta que para la expedición de dicha

Resolución la CRT tuvo en cuenta criterios tales como: (i) número de

centros de alambre; (ii) número de líneas; (iii) dependencia de los

cargos de acceso; y (iv) costo medio bruto del modelo US West-LECG.

Señaló que la CRT, para clasificar a los operadores, definió los costos

de operación de una red, más la rentabilidad esperada mediante el

modelo que las empresas trabajaron con dicha Comisión y aplicaban

desde 1999 a sus usuarios en la tarifa del servicio de telefonía local.

Que el resultado del modelo fue que la CRT agrupó a los operadores

teniendo en cuenta sus características de costos que, a su vez,

estaban dadas por factores como el número de líneas y el número de

centrales telefónicas, las características del mercado en el cual

estaban operando y el impacto financiero de la reducción de cargos

de acceso. Con base en lo anterior, se conformaron tres grupos de

empresas que están relacionadas en el Anexo 008, que forma parte

integral de la Resolución mencionada.

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Que los elementos considerados en su conjunto determinaron que las

operaciones locales de TELECOM, incluidas las ciudades de Bogotá,

Cali y Bucaramanga, fueran clasificadas como grupo 3, para la

prestación del servicio.

Expresó que pretender desvirtuar la clasificación dada a TELECOM,

hoy liquidada y reemplazada por COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., cambiando el acto

administrativo respectivo que goza de presunción de legalidad, es

desconocer un acto propio, incurriendo en una falsa motivación.

Manifestó que la decisión de la Administración de revocar, vía

interpretación, la resolución general que asigna a TELECOM el grupo

3, para efectos de los cargos de acceso, constituye una clara violación

del orden jurídico, pues con la excusa de que se trataba de interpretar

la norma para un caso concreto, sustituyó la actuación anterior, -

norma de carácter general-, sobre la cual ya había definido la

situación jurídica de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

E.A.P. frente a su clasificación como grupo 3.

.SEGUNDO CARGO: EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO

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Sostuvo que la expedición irregular del acto implica que se omiten

parcial o totalmente requisitos o se pretermiten procedimientos

previstos en la ley, lo que aconteció en el presente caso, si se tiene

en cuenta que, con la interpretación de una resolución de carácter

general para un caso concreto, la CRT revocó la Resolución núm. 463

de 2001, por lo que es preciso concluir que el acto administrativo

demandado se expidió en forma irregular.

Señaló que cuando la Comisión va a expedir un acto de carácter

general, esto es, el proyecto de Resolución o borrador de documento

se debe publicar en su página de Internet de la CRT o en cualquier

otro medio por el tiempo que establezca el Comité de Expertos, de

acuerdo con lo señalado en el Decreto 2696 de 2004.

Advirtió que en este caso es claro que dicho procedimiento no se

surtió para modificar la Resolución núm. 463 de 2001 y reclasificar a

TELECOM como grupo 1 para Bogotá y 2 para Bucaramanga y Cali,

por lo que expidió el acto acusado de manera irregular.

Anotó que también se tipifica la expedición irregular del acto

demandado, al no haberse cumplido con las reglas para expedir

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tarifas, teniendo en cuenta que, con la Resolución acusada, la CRT

estaba definiendo nuevos cargos de acceso para COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. sin cumplir con las reglas a las

que remite el artículo 74.3 de la Ley 142, la cual establece que, para

fijar los cargos de acceso y de interconexión, la CRT debe cumplir con

las reglas sobre tarifas previstas en la Ley 142.

Indicó que la CRT al variar el grupo en que fue clasificada a la actora

desconoció el artículo 126 de la citada ley, la cual establece que las

fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que

antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la

comisión para modificarlas o prorrogarlas por un período igual.

Afirmó que, de igual manera, no cumplió con la regla prevista en el

artículo 127 de la referida Ley, la cual dispone:

“[…] Antes de doce meses de la fecha prevista para que
termine la vigencia de las fórmulas tarifarias, la Comisión
deberá poner en conocimiento de las empresas de servicios
públicos las bases sobre las cuales efectuará el estudio para
determinar las fórmulas del período siguiente. Después, se
aplicará lo previsto en el artículo 124. […]” .

. TERCER CARGO: VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

Alegó que con la expedición de los actos administrativos acusados la

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CRT contravino el procedimiento señalado en el Decreto 2696 de

2004, “cayendo” en vías de hecho y en violación del derecho de

defensa.

Expresó que con su decisión, la mencionada Comisión incurrió en

violación del derecho al debido proceso, ya que “revocó” el acto

administrativo que clasificó a TELECOM como grupo 3, al clasificarla

en los grupos 1 y 2, y desconoció derechos adquiridos otorgados en

el acto de carácter general, sin sujeción al procedimiento establecido

para el efecto.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- La COMISIÓN DE REGULACIÓN DE

TELECOMUNICACIONES, por intermedio de apoderado judicial,

contestó la demanda 9 y para oponerse a la prosperidad de las

pretensiones, adujo que lo señalado en el acto acusado, por medio

del cual se determinó que los cargos de acceso y uso que COMCEL

S.A. debe remunerar cuando accede a las redes locales, que opera la

actora en las ciudades de Bogotá, Cali y Bucaramanga es totalmente

9
Folios 1 al 46 del C. Anexo 2.

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concordante con las razones de hecho y de derecho que sirvieron de

motivación al acto.

Precisó que la norma objeto de interpretación no es el artículo

4.2.2.19 de la Resolución núm. 087 de 1997, sino éste en

concordancia con el Anexo 008 de la Resolución en cita y del

documento, que sirvió de soporte para la expedición de la Resolución

CRT 463 de 2001.

Afirmó que la interpretación del artículo citado de manera asilada es

errónea y que la CRT fundamentó su argumentación en motivaciones

económicas y jurídicas debidamente sustentadas, con ocasión de las

resoluciones demandadas.

Indicó que la CRT restringe la interpretación del Anexo y lo aplica en

virtud del mandato legal y constitucional, para garantizar que los

cargos de acceso a un mismo mercado sean iguales para todas las

redes a las cuales otro operador desea conectarse.

Expresó que no puede desconocerse que el mismo texto del Anexo 8

señala una determinada interpretación, lo que prohíbe dar una

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interpretación diferente o contraria a lo que verdaderamente

representa el texto en su integridad.

Aclaró que la CRT no ha revocado la Resolución núm. 463 de 2001,

sino que, por el contrario, lo que hizo fue desarrollar la facultad de

intervención del Estado a través de la aplicación de la regulación

general, con fundamento en el artículo 333 de la Constitución

Política.

Que dentro de la regulación “ex ante”, la cual busca garantizar la

efectividad de los principios sociales y el adecuado funcionamiento

del mercado, la CRT puede expedir actos de carácter general como

particular, por lo que con la expedición de los actos demandados lo

único que se realizó fue un despliegue de facultades de intervención,

aplicado a un caso concreto.

Alegó que no es cierto que se vulnere el debido proceso al desconocer

las normas contenidas en el Decreto 2696, toda vez que el

procedimiento allí contenido es aplicable únicamente para los actos

administrativos de carácter general.

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Que tampoco existe vía de hecho, dado que en ningún momento se

están contraviniendo los postulados, principios y valores

constitucionales, ni se están imponiendo criterios irracionales o

desproporcionados que vulneren el derecho a la igualdad y

desconozca derechos sustantivos. Lo único que pretende el acto

demandado es proteger a los usuarios de que en un mismo mercado

operen empresas que cobren cargos diferentes.

Propuso las siguientes excepciones:

1. Actuación en cumplimiento de un deber constitucional y legal. Al

respecto, sostuvo que la CRT, al expedir los actos administrativos

acusados, se limitó a aplicar los principios y derechos

constitucionales, tales como la igualdad, el debido proceso, la

intervención del Estado en la economía y la interpretación de la ley

“ex ante”, al momento de expedirlos.

2. Indebida interpretación de la regulación aplicable. Expresó que la

demandante realizó una interpretación errónea de las normas en su

conjunto, pues estas no son más que el desarrollo de la regulación

general de la Resolución núm. 463 de 2001 y sus anexos.

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3. Cumplimiento del procedimiento indicado. Señaló que el

procedimiento referido por la parte actora no es el previsto en el

Decreto 2696 de 2004, dado que éste está dirigido a actuaciones

generales, situación que se escapa de la esfera de este litigio, debido

a que se trata de un conflicto de tipo particular suscitado entre dos

operadores y resuelto en sede administrativa.

I.4.2.- El MINISTERIO DE COMUNICACIONES contestó la

demanda10 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones.

Alegó que no le concierne a la suerte de la actual controversia, pues

no integra el contradictorio. De ahí que le asista la razón a la parte

demandante al no incluirlo como parte demandada, teniendo en

cuenta que la CRT es un organismo autónomo, independiente, que

tiene personería para concurrir directamente al proceso en

representación de la Nación.

Para el efecto, propuso la excepción la indebida integración del

contradictorio, reiterando que la CRT puede concurrir al proceso en

representación de la Nación, que es la parte demandada, sin la

10
Folios 194 a 203 del C. Principal.

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citación del Ministerio de Comunicaciones, teniendo en cuenta que

esta última entidad no fue la que expidió los actos acusados.

Adujo que el Anexo 008 de la Resolución núm. 087 de 1997 busca la

promoción de una competencia, que impida distorsiones en el mercado

que beneficien al operador dominante en un mercado específico, por

lo que dicho anexo contiene referencias únicamente para operadores

dominantes.

Advirtió que no puede dársele a la actora una connotación de operador

único a nivel nacional, sino que debe ser considerado en calidad de

agente de mercado en cada escenario donde participa; es decir, en

algunos casos debe ser considerado como operador dominante y en

otros no, pero no por ello puede desconocer reglas sobre el análisis de

mercado concreto, so pretexto de que se trata de un solo operador.

I.4.3.- COMCEL S.A. 11 , en calidad de coadyuvante de la CRT,

contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones,

argumentando que los actos demandados fueron expedidos

11
Folios 207 a 230 del C. Principal.

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conforme a la normativa que, para la fecha en que se emitieron,

regulaba la materia.

Indicó que los actos acusados buscan que la aplicación de tarifas o

cargos de acceso sean uniformes para todos los operadores que

concurren en un mismo municipio.

Que establecer tarifas diferentes generaría la existencia de ventajas

competitivas a favor de unos o varios operadores en detrimento de

otros.

Expresó que la interpretación armónica y coherente a de la

Resolución núm. 463 de 2001, entendida en el contexto de la

Resolución núm. 087 de 1997, evita que concurran estas ventajas y

garantiza la competencia en igualdad de condiciones en lo referente

a la interconexión.

Propuso como excepciones las siguientes: inexistencia de falsa

motivación en los actos administrativos demandados; facultad de la

CRT para emitir conceptos; y aceptación de TELECOM de incluir a

CAPITEL, CALITEL y BUCATEL en otros grupos.

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II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección de “C” en Descongestión, mediante sentencia de 5 de

marzo de 2012, declaró no probada la excepción de indebida

integración del contradictorio; declaró la nulidad de las resoluciones

núms. 1295 de 12 de septiembre de 2005 y 1346 de 1º de

noviembre de 2005, expedidas por la CRT; ordenó, a título de

restablecimiento del derecho, que dicha entidad dirima nuevamente

el conflicto que en su momento habían resuelto a través de dichas

resoluciones; y denegó las demás pretensiones.

Señaló que el problema jurídico consiste en determinar si son nulas

las resoluciones núms. 1295 de 12 de septiembre de 2005 y

1346 de 1° de noviembre de 2005, emanadas de la CRT, por

haber sido expedidas en forma irregular, con falsa motivación y

violación del debido proceso, en la medida en que clasificaron a

TELECOM en el grupo 1 y 2 para efectos de fijar los cargos de acceso

y uso de la red telefónica, no obstante que la Resolución núm. 463

de 2001 le otorgó la clasificación en el grupo 3; o si, por el contrario,

en dichas resoluciones se conserva el principio de legalidad, al no

haber sido desvirtuada por la parte actora.

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Indicó que las excepciones de actuación en cumplimiento de un deber

constitucional y legal, indebida interpretación de la regulación y

cumplimiento del procedimiento indicado, propuestas por la CRT; y

las de inexistencia de falsa motivación en los actos administrativos

demandados, facultad de la CRT para emitir conceptos y la de

aceptación de TELECOM de incluir a CAPITEL, CALITEL y BUCATEL en

otros grupos, propuestas por COMCEL S.A., en su calidad de

coadyuvante, no correspondían a un medio exceptivo que impida el

pronunciamiento de fondo, sino que se trata de verdaderos

argumentos de defensa, que deben examinarse junto con los demás

elementos de juicio que tienen pertinencia en la definición del mérito

de la controversia.

En relación con la excepción de indebida integración del

contradictorio, propuesta por el MINISTERIO DE COMUNICACIONES,

bajo el argumento de que la CRT, por haber expedido los actos

acusados y por contar con facultades propias e independientes, podía

acudir por sí misma a este litigio, sin necesidad de que tuviera que

actuar por medio de dicho Ministerio, la declaró no probada, al

considerar que esta entidad debía concurrir al presente proceso.

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Que según el artículo 3° del Decreto 1620 de 13 de junio de 200312,

la CRT hace parte del sector administrativo de comunicaciones, como

una unidad administrativa especial sin personería jurídica, de donde

se infiere que aunque el CCA, en su artículo 149, inciso 2, señala que

en los procesos contencioso administrativos estarán representadas,

en general, por la persona de mayor jerarquía en la entidad que

expidió el acto, esta norma no es aplicable al caso sub lite, toda vez

que la Comisión no tenía personería jurídica de acuerdo con la norma

especial que regulaba su naturaleza.

Con respecto al cargo de falsa motivación, trajo a colación lo que la

Sección Tercera precisó, en sentencia de 9 de octubre de 200313,

respecto de dicha causal de nulidad.

A efectos de examinar la indebida interpretación del artículo 4.2.2.19

de la Resolución núm. 463 de 2001, el Tribunal transcribió apartes

del Anexo núm. 008, “Clasificación de las empresas de TPBCL para

efectos del cálculo de cargos de acceso empresas”, en el que se ubica

a TELECOM en el grupo 3.

12
“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Comunicaciones y se dictan otras
disposiciones.”
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de octubre
de 2003, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, núm. único de radicación 76001-23-31-000-1994-09988-
01.

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Anotó que Resolución núm. 087 de 1997, en aplicación del principio

de integridad normativa, no puede interpretarse únicamente a partir

de sí misma, ni aisladamente de su contexto, sino que debe ser

coherente con el carácter unitario de todo el texto que la contiene y

las normas sobre la materia.

Explicó que no se trata de calificar a las empresas aleatoriamente y

ubicarlas indistintamente en un grupo determinado, sino incluirlas en

el respectivo grupo sin interesar el municipio o lugar donde operen;

es decir, considerando conjuntamente el Anexo 008, la Resolución

núm. 087 de 1997 y la Resolución núm. 463 de 2001, que

constituyen el marco normativo integral que regula la materia.

Manifestó que el artículo 4.2.2.19 de la Resolución núm. 463 de 2001

asignó a cada empresa el grupo según el cual debía cobrar los cargos

de acceso a otros operadores y, de manera específica, TELECOM

quedó ubicada en el grupo 3, indistintamente del municipio o lugar

donde operaría.

Sostuvo que la Resolución es aplicable al caso conceto, al conflicto

surgido entre la actora y COMCEL S.A., debido a que el referido

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artículo habla de “empresa”, lo que significa que esa expresión debe

aplicarse siempre y cuando sea el mismo grupo empresarial quien

opere y deba pagar los cargos de acceso a otros operadores, sin

importar el municipio en que ello ocurriera.

Agregó que, si bien es cierto que el artículo enunciado, traía una Nota

aclaratoria, que especifica que aquellas “empresas de TPBCL14 que

no se encuentren en este listado deberán aplicar como tope los

valores de cargos de acceso por uso o por capacidad que

correspondan al operador de TPBCL que concurra en el respectivo

mercado en que operen”, ello no significa que CAPITEL, CALITEL y

BUCATEL deban acogerse a lo dispuesto en la nota, como

erróneamente lo interpreta la CRT, pues ellas no están allí incluidas

por tratarse de marcas por intermedio de las cuales actuaba

TELECOM. No se trataba, entonces, de empresas independientes a

las que no se les haya asignado grupo, que son a las que se refiere

el Anexo.

Afirmó que el origen del conflicto deviene de la no inclusión de

CAPITEL, CALITEL y BUCATEL, como parte integrante de TELECOM o

14
Telefonía Pública Básica Conmutable Local, -TPBCL-.

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COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., sino que se les

considera como empresas independientes, lo cual contradice la

realidad y, de ese modo, se les excluye de quedar cobijadas por lo

dispuesto en el Anexo 008 de la Resolución núm. 463 de 2001, en

cuanto a que TELECOM tenía derecho a cobrar las tarifas del grupo

3.

Indicó que luego de revisar las pruebas que obran en el plenario, en

consonancia con las resoluciones demandadas, se observa que la

misma CRT reconoció que CAPITEL, CALITEL y BUCATEL no aparecen

registradas como empresas independientes y que para operar en

Bogotá, Cali y Bucaramanga el vehículo jurídico constituido y

utilizado como empresa fue TELECOM.

Puntualizó que la CRT excedió su función, al expedir las resoluciones

acusadas, ya que su contenido viola el Anexo núm. 008 de la

Resolución núm. 463 de 2001, al desconocer que TELECOM se

encuentra dentro del grupo 3 de cargos por acceso a otras redes.

Advirtió que es claro que la CRT adoptó la decisión acusada, dando

otra aplicación a la norma, acudiendo al argumento de que la

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prestación del servicio TPBCL se daba a nivel municipal y por eso se

inclinó por aplicar la Nota del mismo Anexo, dándole a CAPITEL,

CALITEL y BUCATEL el tratamiento de empresas diferentes a

TELECOM y con tarifas del grupo 1 y 2, lo que no les corresponde.

Concluyó que los actos acusados, además de ser expedidos con falsa

motivación, consecuencialmente generan la violación del debido

proceso, por indebida aplicación de una norma general, con

desconocimiento de derechos adquiridos por la empresa TELECOM –

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mediante la

Resolución núm. 463 de 2001.

Finalmente, manifestó que, habiéndose demostrado que los actos

acusados fueron expedidos irregularmente, excediendo las

facultades legales, por violación de una norma general y estando

falsamente motivados, se debe declarar su nulidad y ordenar el

restablecimiento del derecho.

En cuanto al restablecimiento del derecho, señaló que lo solicitado

por la parte actora no puede materializarse directamente por la CRT,

puesto que el papel que ésta realizó en el asunto fue dirimir un

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conflicto entre COMCEL S.A. y la actora, pero, en ningún caso, es la

responsable de pagar las sumas de dinero solicitadas en la demanda.

Que, en tal sentido, se ordena a la CRT corregir su actuación y dirimir

el conflicto, partiendo de la base de que COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. fue clasificada en el grupo 3

del Anexo 008 de la Resolución núm. 463 de 2001.

III-. RECURSOS DE APELACIÓN

III.1- El MINISTERIO DE COMUNICACIONES15 solicitó revocar la

sentencia de primera instancia y que, como consecuencia de ello, sea

excluido de cualquier obligación 16 . Para el efecto, fincó su

inconformidad, en esencia, así:

Señaló que no comparte la decisión del Tribunal de desestimar la

excepción de indebida integración del contradictorio, que propuso,

toda vez que la CRT era una Unidad Administrativa Especial que no

contaba con personería jurídica.

15
Hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
16
Folios 433 a 436 del C.1.

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Anotó que tal planteamiento o argumentación riñe con la realidad de

como funcionan las Comisiones de Regulación, porque si bien es

cierto que la CRT, hoy CRC, no cuenta con personería jurídica,

también lo es que las funciones que cumple obedecen a la delegación

que les hace el Presidente de la República a las Comisiones de

Regulación en asuntos que son propios de éstas y no del Ministerio.

Es decir, que las funciones atribuidas a dichas Comisiones son las

que corresponden al Presidente de la República para efectos de

señalar las políticas generales de la administración y control de

eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que le encomienda el

artículo 370 de la Constitución Política al Jefe del Estado. Por ello, a

pesar de estar adscrita al Ministerio, ello no implica que esté llamado

a responder por las funciones regulatorias propias de la CRT, pues,

de ser así, se perdería la razón de ser de esta.

Insistió en que el Ministerio no debe ser llamado a responder en este

proceso, por cuanto los actos demandados fueron expedidos por la

entonces CRT, que gozaba de autonomía administrativa, técnica y

financiera.

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III.2- La COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

(CRC) 17 presentó escrito de apelación 18 y, en sustento de su

inconformidad con la sentencia de primera instancia, adujo, en

síntesis, lo siguiente:

Señaló que la decisión del Tribunal incurre en dos gravísimos errores,

al contextualizar equivocadamente la controversia desconociendo la

realidad fáctica del asunto sub lite y, como consecuencia de ello, al

interpretar indebidamente las normas legales y regulatorias

aplicables al caso, lo cual explica de la siguiente manera:

1. ERROR EN LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONTROVERSIA, POR

DESCONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DEL LITIGIO.

Indicó que la CRT expidió la Resolución núm. 463 de 2001, en la cual

se establecieron las reglas de cargos de acceso (peaje) que los

diferentes operadores de telecomunicaciones (móvil, larga distancia)

debían pagar a los operadores de telefonía local por uso de sus redes,

agrupando a los operadores según las características del mercado

que atendían y sus propias características.

17
Antes Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT).
18
Folios 442 a 459 del C.1.

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Que en el Anexo 008 de la Resolución CRT 087 de 1997, adicionada

por la Resolución CRT 463 de 2001, se incluyeron tres grupos de

cargos de acceso, con diferentes valores aplicables, siendo el mayor

valor el correspondiente a los operadores ubicados en el grupo 3,

operadores que, en general, estaban prestando sus servicios a través

de redes locales extendidas, es decir, redes que atendían un

conglomerado de municipios de un mismo departamento y con

estructuras de costos diferentes, que, por las características de

dichos mercados, no resultan tan atractivos para nuevos operadores

entrantes. En esta medida, respecto de dichos mercados y

operadores, debería pagarse un cargo de acceso más alto por parte

de aquellos que necesitaran acceder a sus redes.

Que como existía la posibilidad de que algunos operadores no

estuvieran enlistados en el anexo citado, la regulación, de manera

expresa, señaló una regla con la finalidad de que en un mismo

mercado no se aplicaran dos cargos de acceso diferentes, para lo cual

en el Anexo 008 se dispuso lo siguiente:

“[…] Nota: Las empresas de TPBCL que no se encuentren en
este listado deberán aplicar como tope los valores de cargos
de acceso por uso o por capacidad que correspondan al
operador de TPBCL que concurra en el respectivo mercado
en que operen. […]”

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Explicó que dicha Nota explicativa se fundamentó y justificó en la

necesidad de que en cada uno de los mercados, con presencia de un

operador del grupo 1, 2 o 3, se aplicara un mismo valor de cargos de

acceso, para evitar que en ese mismo mercado hubiera dos valores

diferentes para la remuneración de redes, no solo de características

similares, sino que, también, atendieran un mismo mercado

geográfico.

Sostuvo que el a quo, al estudiar los argumentos de la parte

demandante, se equivocó al desatender la realidad fáctica del litigio

y desconocer la verdadera controversia surgida entre COMCEL y

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., que dio lugar a

la expedición de las resoluciones acusadas, teniendo en cuenta que

aun cuando CAPITEL, CALITEL y BUCATEL, de conformidad con las

pruebas aportadas a la actuación, no aparezcan registradas como

empresas independientes, tal situación no desconoce la realidad del

mercado, en el cual la prestación del servicio de telefonía local en las

ciudades de Bogotá, Cali y Bucaramanga es de orden municipal, por

lo que la operación del servicio aun cuando esté a cargo de la actora,

debe revisarse atendiendo el mercado local de cada una de las

ciudades en las que específicamente se preste el servicio, como

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efectivamente lo hizo la CRT, en la actuación administrativa que

terminó con la expedición de las resoluciones anuladas con el fallo

recurrido.

Expresó que el Tribunal se equivocó al afirmar que el concepto de

empresa debe aplicarse siempre y cuando sea el mismo grupo

empresarial el que opere y deba pagar los cargos de acceso a otros

operadores, sin importar el municipio donde se preste el servicio, lo

cual no es cierto, pues los cargos de acceso en el contexto de la

discusión, no los paga COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

E.S.P., sino que los paga, en este caso, COMCEL S.A.

Precisó que el municipio donde se presta el servicio de telefonía local

sí importa, pues contrario a lo que señala el fallo recurrido, los cargos

de acceso se clasificaron en el Anexo 008 de la Resolución CRT 463

de 2001, teniendo en cuenta las particularidades de cada mercado y

no las particulares de cada empresa.

Que lo que pretendía la regulación aplicable era establecer

condiciones simétricas para promover la libre competencia en el

mercado de las telecomunicaciones y, en ese sentido, no le era

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posible a la entonces CRT establecer para cada una de las tres

ciudades condiciones diferentes para uno u otro operador en

competencia en el mismo municipio, salvo que por consideraciones

técnicas y económicas así lo hubiese establecido expresamente, lo

cual nunca ocurrió mediante la Resolución CRT 463 de 2001.

2. INDEBIDA APLICACIÓN DE LAS NORMAS REGULATORIAS

Alegó que el segundo error en que incurrió el Tribunal, consecuencia

del anterior, consistió en desconocer la naturaleza jurídica de la

controversia presentada ante la entonces CRT, por cuanto interpretó

erróneamente las normas regulatorias aplicables al caso, en la

medida en que el fallo apelado desconoció que aun cuando la

operación estaba a cargo de la actora, lo que dio lugar al conflicto

fue la prestación del servicio de TPBCL del orden municipal, en las

ciudades de Bogotá, Cali y Bucaramanga, por lo que el conflicto

suscitado entre este operador y COMCEL S.A. debía revisarse

atendiendo al mercado en el cual específicamente se presta el

servicio, es decir, en cada una de las municipalidades, como

efectivamente lo hizo la entonces CRT mediante las resoluciones

núms. 1295 y 1346 de 2005 acusadas, y no en consideración a

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las características generales de las empresas involucradas, pues la

controversia que se planteó ante la CRT atendía a la remuneración

de cargos por acceso al servicio público de telefonía en un ámbito

territorial restringido al municipal, es decir, teniendo en cuenta una

característica sectorial de un mercado local, como lo era la TPBCL.

Adujo que el Tribunal, haciendo una interpretación exegética y

desconociendo la realidad jurídica del conflicto que se suscitó entre

la demandante y COMCEL S.A., consideró nulas las resoluciones

demandadas, teniendo como premisa fundamental únicamente que

dado que CAPITEL, CALITEL y BUCATEL no aparecen registradas

como empresas y que su vehículo jurídico de actuación es

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., tal situación

llevaba a que para la resolución del conflicto la CRT tendría que

considerar que la actora fue clasificada en el grupo 3 del Anexo 008

de la Resolución 463 de 2001, y no a CAPITEL, CALITEL y BUCATEL

de manera individualizada, desconociendo así la realidad económica

regulada expresamente por la Resolución CRT 463 de 2001, según la

cual, precisamente, para poder generar reglas del juego equilibradas,

“procompetitivas” (sic) y acordes con la realidad del mercado, se

indicó que en caso de que en un mismo mercado concurrieran más

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de dos operadores, debía darse aplicación al tope de cargos de

acceso del proveedor presente en ese mismo mercado.

Insistió en que el referido mercado fue definido teniendo en cuenta

las características de prestación del servicio local, es decir, su

carácter municipal; esta es la única razón por la cual la Comisión,

como organismo técnico regulador del mercado de las

telecomunicaciones, diseñó un anexo identificando los operadores

que pertenecían a cada grupo: en razón al municipio en el que se

prestaba el servicio y no a la empresa o grupo económico de cada

operador.

Anotó que es evidente que la entonces CRT realizó una clasificación

de los operadores en el Anexo 008 de la Resolución CRT 463 de 2001,

involucrando únicamente a aquellos con posición significativa de

mercado en cada mercado local y, adicionalmente, incorporó la nota

antes citada, que complementariamente dispuso que las empresas

que no aparecen en el listado deberán aplicar como tope los valores

determinados para el operador que concurra en el respectivo

mercado en que operen y para la época en la cual se suscitó el

conflicto al no ser TELECOM, hoy COLOMBIA

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TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. un operador con posición

significativa de mercado en todas sus operaciones, a las demás

operaciones consideradas como no dominantes, debían aplicarse los

valores de los cargos de acceso correspondientes al grupo al cual

pertenece el operador dominante de los municipios o departamentos

donde presten el servicio, como fue caso de CAPITEL, CALITEL Y

BUCATEL, en las ciudades de Bogotá, Cali y Bucaramanga,

respectivamente.

Que, por lo anterior, es claro que no existe falta de motivación ni

desconocimiento de normas generales, toda vez que las decisiones

anuladas se fundamentaron en los estudios que para efectos de

clasificar los grupos de remuneración de los cargos de acceso efectuó

la CRT y que tuvieron como base la composición de cada uno de los

mercados de telefonía local, en cada una de las ciudades, objeto de

las resoluciones demandadas.

Afirmó que aun cuando CAPITEL, CALITEL y BUCATEL, de

conformidad con las pruebas aportadas a la actuación administrativa,

no aparecen registradas como empresas, tal situación no desconoce

la realidad de que si bien el vehículo jurídico constituido como

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empresa fue TELECOM, la prestación del servicio en las ciudades de

Bogotá, Cali y Bucaramanga es de orden municipal. Así las cosas, es

claro que la operación del servicio aun cuando estaba a cargo de la

empresa TELECOM, hoy la actora, ella debía revisarse atendiendo el

mercado local en que específicamente se prestaba el servicio.

Que si bien en el Anexo 008 se utiliza la palabra “Empresa” para

determinar que existen unos grupos de aplicación de los cargos de

acceso no debe entenderse que la regulación de los cargos de acceso

se hace por “empresa”, ya que el artículo 4.1.1. de la Resolución

núm. 087 de 1997 establece que el Régimen Unificado de

Interconexión RUDI aplica a todos los operadores de servicios, por lo

tanto, debe ser entendido por “operador” y, por ende, enmarcado

en el ámbito del servicio prestado en cada mercado por los diferentes

operadores de telecomunicaciones definidos en esa misma

resolución.

Advirtió que no existió violación del debido proceso, derivado de la

indebida aplicación de una norma general, con desconocimiento de

los derechos adquiridos. Por el contrario, en las resoluciones 1295

de 2005 y 1346 de 2005 acusadas lo que se hizo fue interpretar

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una norma general y aplicarla para la resolución de un conflicto

particular, conflicto que fue resuelto por el regulador impidiendo que

dos operadores que presten sus servicios en un mismo mercado

perciban cargos de acceso diferenciales, evitándose que riñeran los

derechos de los operadores.

Manifestó, en relación con el restablecimiento del derecho ordenado,

que el mismo a quo reconoció en la sentencia que lo solicitado por la

parte actora no podía materializarse por la CRT, puesto que el papel

de esta fue dirimir un conflicto entre operadores lo cual en modo

alguno implicaba que estuviera llamada a responder por los cargos

de acceso dejados de pagar, y en consecuencia, lo que se ordenó, a

título de restablecimiento, fue que la CRT corrigiera su actuación y

dirimiera el conflicto teniendo en cuenta la clasificación del Anexo

008 de la Resolución CRT 463 de 2001, lo cual es imposible, por

cuanto esta última Resolución ha sido derogada y, en su remplazo,

desde el año 2007, la CRT expidió la Resolución CRT 1763 de 2007,

en la cual la clasificación de las empresas no es la misma que la

establecida en el Anexo 008 de la Resolución CRT 463 de 2001,

ambos instrumentos regulatorios ya derogados.

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III.3- COMCEL S.A., en su calidad de tercero interviniente, también

presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera

instancia 19 y, en sustento de su inconformidad, argumentó, en

síntesis, lo siguiente:

Que el fallo de primera instancia no hizo análisis jurídico sobre los

argumentos expuestos en la contestación de la demanda, así como

tampoco sobre las pruebas recaudadas en el curso del proceso.

Indicó que en la parte motiva de las resoluciones acusadas, como en

la de la Resolución núm. 463 de 2001, la cual contiene el sustento

jurídico de aquellas, se evidencia el alcance jurídico del régimen

tarifario de interconexión que rige a los operadores del TPBCL, pero

que lejos de realizarse un estudio sobre dicho régimen, el fallo

simplemente se limitó a señalar que el Anexo núm. 008 de la

Resolución núm. 463 establece una clasificación aplicable a empresas

independientes.

Expresó que la interpretación y adecuada comprensión de la Nota,

incluida en el Anexo 008 de la Resolución núm. 463 de 2001, debe

19
Folios 460 a 468 del C.1.

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ser realizada en consonancia con el texto de la resolución a la cual

pertenece y no en forma aislada y descontextualizada del resto de la

regulación, como lo hizo el Tribunal.

Explicó que el a quo no hizo análisis sobre las pruebas recaudadas

en el curso del proceso, en cuanto hizo caso omiso del testimonio

técnico rendido por el ingeniero CARLOS ALBERTO HERRERA

BARROS, quien se desempeñaba como funcionario de la CRT para

cuando se expidió la Resolución núm. 463 de 2001 y quien expidió el

concepto aclaratorio sobre la Nota 008 y sobre el cual el Tribunal

tampoco hizo referencia alguna.

Precisó que la única posibilidad para que los diferentes operadores

puedan actuar en condiciones de competencia es que cada uno pague

los mismos cargos de acceso que su competidor cuando estos se

encuentren en una misma zona geográfica. No de otra manera puede

garantizarse una verdadera competencia en mercados locales.

Alegó, también, que el fallo apelado vulneró el principio de

congruencia, lo cual se evidencia con el simple cotejo de las

pretensiones relativas al restablecimiento del derecho, contenidas en

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el escrito de demanda, con la parte resolutiva de la sentencia, por

cuanto mientras en la demanda se señala como pretensión el pago

de unas sumas de dinero a cargo de las entidades públicas

demandadas, en el ordinal tercero del fallo recurrido, a título de

restablecimiento, se ordena a la CRT resolver nuevamente el conflicto

suscitado entre la entonces TELECOM y COMCEL S.A, lo cual no fue

solicitado por la parte demandante, de modo que el Tribunal no podía

hacer un pronunciamiento sobre un aspecto no solicitado por la

actora.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la parte actora, mediante escrito visible a folios 14 a

16 del C. Apelaciones, reiteró, en síntesis, los mismos argumentos

esgrimidos en la demanda.

IV.2- Por su parte, la CRC reiteró20, en síntesis, los argumentos que

sustentan el recurso de apelación.

20
Folios 17 al 41 del C. Apelaciones.

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IV.3- El Ministerio Público y COMCEL S.A., en su calidad de tercero

interviniente, guardaron silencio, en esta etapa procesal.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal,

dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas

comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los

siguientes términos21:

“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la
interpretación prejudicial en los términos solicitados en el
presente proceso, toda vez que las normas andinas que
fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de
Colombia, dentro del proceso interno
25000232400020060021501, constituyen un acto aclarado,
en los términos expuestos en la parte considerativa de la
presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los
criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia
emitida en el proceso 230-IP-2021 del 15 de diciembre de
2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 5093 del 16 de diciembre de 2022, en los términos
expuestos en la parte considerativa de la presente
providencia judicial.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia
judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación
uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario
andino.

21
Proceso 34-IP-2020.

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CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

De manera preliminar, la Sala se debe pronunciar sobre la

inconformidad planteada, en el recurso de apelación, por el

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, hoy Ministerio de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones, -MINTIC-, contra la decisión

del fallador de primera instancia que declaró no probada la excepción

de indebida integración del contradictorio, propuesta por el Ministerio

en mención, la cual fundamentó el a quo en que la referida entidad

debía concurrir al presente proceso, toda vez que la CRT constituía

una Unidad Administrativa Especial que no contaba con personería

jurídica.

Al respecto, el mencionado Ministerio adujo que no debe ser llamado

a responder en este proceso, por cuanto los actos demandados

fueron expedidos por la entonces CRT, hoy CRC, que gozaba de

autonomía administrativa, técnica y financiera.

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Indicó que si bien es cierto que la entonces CRT no contaba con

personería jurídica, también lo es que las funciones que a ésta

competían obedecían a la delegación de funciones presidenciales

otorgadas a las comisiones de regulación en asuntos que eran

propios de las mismas y no de los Ministerios. Por tal razón, a pesar

de que la CRT está adscrita al Ministerio, ello no implica que este

último esté llamado a responder por las funciones regulatorias

propias de la CRT, pues, de ser así, se perdería la razón de ser de

dicha Comisión.

Para resolver lo anterior, es del caso recordar que el artículo 69 de

la Ley 142 creó la CRT como una Unidad Administrativa Especial, con

independencia administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al

entonces denominado Ministerio de Comunicaciones.

Por su parte, el artículo 3° del Decreto 1620, sobre la integración del

sector administrativo de comunicaciones, prevé:

“[…] ARTÍCULO 3. Integración del Sector
Administrativo de Comunicaciones. El sector
administrativo de comunicaciones está integrado por el
Ministerio de Comunicaciones y las siguientes entidades
adscritas y vinculadas.
A. Entidades adscritas:
Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica:

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1. Fondo de Comunicaciones
Unidades Administrativas Especiales sin personería
jurídica:

1. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,
CRT. […]”.

A su turno, el artículo 19 de la Ley 1341 de 30 de julio de 200922

dispuso, lo siguiente:

“[…] Artículo 19. Creación, naturaleza y objeto de la
comisión de regulación de comunicaciones. La Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), de que trata la
Ley 142 de 1994, se denominará Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC), Unidad Administrativa Especial, con
independencia administrativa, técnica y patrimonial, sin
personería jurídica adscrita al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano
encargado de promover la competencia, evitar el abuso de
posición dominante y regular los mercados de las redes y los
servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de
los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos
niveles de calidad.

Para estos efectos la Comisión de Regulación de
Comunicaciones adoptará una regulación que incentive la
construcción de un mercado competitivo que desarrolle los
principios orientadores de la presente ley.” (Destacado fuera
de texto).

22
“Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de
Espectro y se dictan otras disposiciones”.

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Queda claro entonces que la CRT, hoy CRC, carece de personería

jurídica y, consecuentemente, no puede considerarse como sujeto de

derechos y obligaciones.

Por otro lado, se tiene que el artículo 38 de la Ley 489 de 29 de

diciembre de 199823 prevé lo siguiente:

“[…] ARTICULO 38. INTEGRACION DE LA RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO EN EL ORDEN
NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden
nacional, está integrada por los siguientes organismos y
entidades:

1. Del Sector Central:
[…]

e) Las superintendencias y unidades administrativas
especiales sin personería jurídica. […]” (Destacado fuera
de texto).

De conformidad con lo establecido en el citado artículo, las unidades

administrativas especiales pueden tener personería jurídica o carecer

de ella, según que pertenezcan al nivel central o al descentralizado

por servicios. Así, las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos

Domiciliarios, y dentro de ellas la CRT, hoy CRC, hacen parte de las

unidades administrativas especiales del primer grupo, es decir, las

23
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”.

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del nivel central, sin personería jurídica, adscritas a sus respectivos

ministerios.

Ahora, para determinar de qué forma se representa a la Nación en

los procesos judiciales, debe tenerse en cuenta lo que establece al

respecto el artículo 149 del CCA, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 149. REPRESENTACION DE LAS
PERSONAS DE DERECHO PUBLICO. Las entidades
públicas y las privadas que cumplan funciones públicas
podrán obrar como demandantes, demandadas o
intervinientes en los procesos Contencioso Administrativos,
por medio de sus representantes, debidamente acreditados.
Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este
Código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos Contencioso Administrativos la Nación
estará representada por el Ministro, Director de
Departamento Administrativo, Superintendente,
Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General,
Procurador o Contralor o por la persona de mayor
jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el
hecho. […] (Destacado fuera de texto).

De lo expuesto se desprende que la CRT, hoy CRC, es una Unidad

Administrativa Especial adscrita al MINISTERIO DE

COMUNICACIONES, que aun cuando cuenta con independencia

administrativa, técnica y patrimonial, no tiene personería jurídica.

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También se advierte que no cuenta con capacidad para comparecer

al proceso, lo cual impide que actúe de manera independiente y

autónoma, pues no cumple con el presupuesto descrito en el primer

inciso del artículo 149 del CCA.

Frente a este asunto, en proveído de 9 de agosto de 201924, esta

Sección precisó:

“[…] Pues bien, de lo expuesto se desprende que la CRC es
una Unidad Administrativa Especial adscrita al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, que aun cuando cuenta con
independencia administrativa técnica y patrimonial, no
tiene personería jurídica.

También se advierte que no cuenta con capacidad para
comparecer al proceso, lo cual impide que actúe de manera
independiente y autónoma, pues no cumple con el
presupuesto descrito en el primer inciso del artículo 159 del
CPACA que es del siguiente tenor: “Las entidades públicas,
los particulares que cumplen funciones públicas y los demás
sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan
capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como
demandantes, demandados o intervinientes en los procesos
contencioso administrativos, por medio de sus
representantes, debidamente acreditados”. (Subrayas del
Despacho).

Siendo ello así, es necesario que para esos efectos se
produzca su intervención a través del MINTIC, en aplicación
del inciso segundo del artículo 159 del CPACA., que a la letra
dice: “La entidad , órgano u organismo estatal estará
representada, para efectos judiciales, por el Ministro,

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 9 de agosto de 2019, C.P.
Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2014-00319-00.

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Director de Departamento Administrativo, Superintendente,
Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de
la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General
de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la
entidad que expidió el acto o produjo el hecho” (Subrayas de
la Sala).

Bajo ese supuesto, es claro que se debe confirmar la decisión
de denegar la excepción previa propuesta por el MINTIC, en
razón a que si bien esa entidad no fue quién profirió la
Resolución acusada, su comparecencia al proceso se
hace necesaria, debido a que, como se vio, la CRC no
cuenta con personería jurídica ni, contrario a lo
manifestado por los apoderados del MINTIC y la CRC,
la ley le ha otorgado expresamente la capacidad para
hacerlo de manera autónoma.

Se resalta que para entender que existe una debida
representación del Estado en procesos en los cuales se
controviertan decisiones de la CRC, debe concurrir no
sólo esa entidad, sino también el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
pues sólo así puede garantizarse una verdadera
defensa de la Nación en los procesos en los que se
ventile la validez de los actos administrativos
proferidos por dicha Comisión.

Lo anterior por cuanto la garantía de una defensa técnica,
como expresión del derecho al debido proceso, no sólo está
dirigida a que los particulares tengan permitido actuar ante
la administración de justicia con los instrumentos que hagan
factible la exposición de sus argumentos, sino que también
se orienta a salvaguardar un debido equilibrio entre las
partes, en tanto que el Estado, como sujeto pasivo de la
acción contenciosa, debe contar también con los
instrumentos necesarios que permitan la exposición fundada
de las razones por las cuales se opone a la prosperidad de
las pretensiones de invalidez de sus actos.

Ello significa que la participación de ambas entidades
en los procesos en los que se demandan actos
administrativos proferidos por la CRC es necesaria, en
la medida en que, aun cuando ésta última no tiene
capacidad jurídica para comparecer a los procesos, es
el ente que tiene el conocimiento de las condiciones y
minucia de las razones que dieron lugar a la expedición

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de sus decisiones, y por ende, su vinculación es
fundamental para que las autoridades judiciales
tengan los elementos de juicio suficientes a efectos de
resolver el litigio que le proponen.

Concebir de otra manera ésta situación, daría al traste con
principios y derechos de orden Superior como el previsto en
el artículo 29 de la Carta Política, pues no permitiría la
adecuada representación de intereses de índole pública.
[…]

A lo dicho se añade que es necesario que en los casos de
demandas en contra de actos proferidos por las Comisiones
de Regulación, acudan a los procesos no solo los Ministerios
del ramo al que se encuentran adscritas, sino también dichos
entes reguladores, por cuanto la comparecencia del primero
implica la debida representación de la Nación en punto de
personería jurídica, mientras que la de las segundas asegura
su defensa técnica. […]” (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, el Tribunal de primera instancia acertó al declarar no

probada la excepción propuesta por el MINISTERIO DE

COMUNICACIONES, toda vez que si bien la mencionada entidad no

fue quien expidió las resoluciones acusadas, también lo es que su

comparecencia al proceso se hacía necesaria, debido a que, como se

vio, la CRT no contaba con personería jurídica ni la ley le había

otorgado expresamente la capacidad para hacerlo de manera

autónoma25, en razón a que la facultad de representación judicial y

la personería jurídica solo le fueron otorgadas a dicha Comisión por

25
Al respecto ver providencia de 15 de febrero de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-
000-2016-00160-00).

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el artículo 15 de la Ley 1978, promulgada el 25 de julio de 2019 26,

circunstancia que, desde el punto de vista material, vincula a dicha

cartera ministerial con la acción de la referencia. Y, por lo tanto, se

debe CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia de primera

instancia, que declaró no probada parcialmente la excepción de

indebida integración del contradictorio, propuesta por el Ministerio de

Comunicaciones.

Precisado lo anterior, la Sala observa que el presente asunto se

contrae a establecer la legalidad de las resoluciones núms. 1295

de 12 de septiembre de 2005, “Por la cual se resuelve un conflicto

entre COMCEL S.A. y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

E.S.P.” y 1346 de 1º de noviembre de 2005, “Por la cual se

resuelve el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución 1295 de

2005”, expedidas por la CRT, cuyo tenor literal, en lo pertinente, es

el siguiente:

26
“[…] Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 1978 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:

ARTÍCULO 19. CREACIÓN, NATURALEZA Y OBJETO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
COMUNICACIONES. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), es una Unidad
Administrativa Especial, del orden nacional, con independencia administrativa, técnica, patrimonial,
presupuestal, y con personería jurídica, la cual forma parte del Sector administrativo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. La CRC no estará sujeta a control jerárquico o de tutela alguno
y sus actos solo son susceptibles de control ante la jurisdicción competente. […]” (Destacado fuera de
texto).

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“[…] RESOLUCIÓN No. 1295 DE 2003

“Por la cual se resuelve un conflicto entre COMCEL S.A. Y
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.”

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que
les confiere la Ley 142 de 1994, el Decreto 1130 de 1999 y
la Ley 555 de 2000, y
[…]
RESUELVE:

Artículo Primero.- Los cargos de acceso y uso que debe
remunerar COMCEL S.A. cuando accede a la red que opera
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en la ciudad de
Bogotá, corresponden a los dispuestos en el artículo 4.2.2.19
de la Resolución CRT 087 de 1997, para el Grupo uno del
Anexo 008 de la misma, o aquel que la modifique o derogue.

Artículo Segundo.- Los cargos de acceso y uso que debe
remunerar COMCEL S.A. cuando accede a la red que opera
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en la ciudad de
Santiago de Cali, corresponden a los dispuestos en el artículo
4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997, para el Grupo
dos del Anexo 008 de la misma, o aquel que la modifique
o derogue.

Artículo Tercero.- Los cargos de acceso y uso que debe
remunerar COMCEL S.A. cuando accede a la red que opera
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en la ciudad de
Bucaramanga, corresponden a los dispuestos en el artículo
4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997, para el Grupo
dos del Anexo 008 de la misma, o aquel que la modifique
o derogue.

Artículo Cuarto.- Negar la solicitud presentada por
COMCEL relativa a ordenar que COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES reembolse las sumas descontadas
en exceso a COMCEL, OCCEL (hoy absorbida por COMCEL)
y CELCARIBE (hoy absorbida por COMCEL), por concepto de
cargos de acceso por tráfico tanto entrante como saliente,
desde el 1 de agosto de 2003 y hasta la fecha de

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presentación de la presente solicitud de solución de conflicto,
junto con los intereses de mora causados, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente. […]”.

“[…] RESOLUCIÓN No. 1346 DE 2005

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto
por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
contra la Resolución CRT 1295 de 2005,

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que
confiere la Ley 142 de 1994, el Decreto 1130 de 1999, la Ley
555 de 2000 y el Código Contencioso Administrativo y,
[…]
RESUELVE

Artículo Primero. Admitir el recurso de reposición
interpuesto por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
ESP. contra la Resolución CRT 1295 de 2005.

Artículo Segundo. Negar las pretensiones de la recurrente
y en su lugar confirmar en todas sus partes la Resolución CRT
1295 de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente. […]”.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar, con sujeción a los argumentos

esbozados en los escritos de apelación, si hay lugar a confirmar,

modificar o revocar la decisión de primera instancia que declaró la

nulidad de las resoluciones acusadas.

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las

pretensiones de la demanda, al considerar que los actos acusados

fueron expedidos irregularmente, con exceso de facultades legales,

violación de una norma general y falsa motivación, toda vez que la

CRT excedió sus funciones al proferir las resoluciones acusadas, en

cuanto su contenido desconoció el Anexo 008 de la Resolución núm.

463 de 2001, según el cual TELECOM se encontraba clasificada

dentro del grupo 3 para efectos de la fijación de cargos por acceso a

otras redes.

Para el Tribunal, la CRT interpretó indebidamente las normas

aplicables al acudir al argumento de que la prestación del servicio de

TPBCL se daba específicamente a nivel municipal y que por eso le

correspondía la aplicación de la Nota del mismo Anexo ya referido, y

debía darles a CAPITEL, CALITEL y BUCATEL el tratamiento de

empresas diferentes a TELECOM y asignarles las tarifas del grupo 1

y 2, lo cual, a juicio del a quo, no es lo que corresponde.

Señaló que por tal razón los actos acusados fueron expedidos con

falsa motivación, la cual, consecuencialmente, generó la violación del

debido proceso, por indebida aplicación de una norma general con

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desconocimiento de derechos adquiridos por la actora, en virtud de

la Resolución núm. 463 de 2001.

Inconforme con la decisión, la CRT, en su memorial contentivo del

recurso de apelación, sostuvo, en lo fundamental, que el Tribunal

incurrió en dos gravísimos errores, por cuanto, en primer lugar,

contextualizó equivocadamente la controversia desconociendo la

realidad fáctica del asunto sub lite y la verdadera razón de la

controversia surgida entre COMCEL S.A. y la actora, al no tener en

cuenta que, no obstante que CAPITEL, CALITEL y BUCATEL, de

conformidad con las pruebas allegadas al expediente, no aparezcan

registradas como empresas, tal situación no desconoce la realidad

del mercado, en el cual la prestación del servicio de telefonía local en

las ciudades de Bogotá, Cali y Bucaramanga, es del orden municipal,

por lo que la operación del servicio, aun cuando estaba a cargo de la

empresa demandante, debe revisarse atendiendo el mercado local

de cada una de las ciudades en las que específicamente se presta el

servicio; y que si bien las empresas de servicios públicos pueden

operar en cualquier parte del país, ello debe hacerse en igualdad de

condiciones y con sujeción a las reglas que rijan en el territorio

correspondiente al departamento o municipio de que se trate.

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Alegó que el segundo error en que incurrió el a quo, en la sentencia

apelada, se dio al desconocer la naturaleza jurídica de la controversia

presentada a las entonces CRT, por cuanto interpretó erróneamente

las normas regulatorias aplicables al caso, en la medida en que el

fallo recurrido desconoce que aun cuando la operación esté a cargo

de la demandante la prestación del servicio en las ciudades de

Bogotá, Cali y Bucaramanga que dio lugar al conflicto, fue la

prestación del servicio de TPBCL del orden municipal, por lo que el

conflicto suscitado entre este operador y COMCEL S.A. debía

revisarse teniendo en cuenta el mercado en el cual específicamente

se prestaba el servicio, es decir, en cada una de las municipalidades,

como efectivamente lo hizo la entonces CRT mediante las

resoluciones 1295 y 1346 de 2005, acusadas, y no en

consideración a las características generales de las empresas

involucradas, pues la controversia que se planteó ante la CRT

guardaba relación con la remuneración de cargos de acceso por

servicio público en un ambiente territorial restringido al municipio, es

decir, atendiendo a una característica sectorial de un mercado local

como lo es la TPBCL.

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Agregó que el a quo llegó a dicha conclusión teniendo en cuenta,

como premisa fundamental, únicamente, que dado que CAPITEL,

CALITEL y BUCATEL no aparecen registradas como empresas, y que

su único vínculo jurídico de actuación es COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., tal situación llevaba a que

para la resolución del conflicto la CRT tenía que considerar que la

actora fue clasificada en el grupo 3 del Anexo 008 de la Resolución

núm. 463 de 2001, y no CAPITEL, CALITEL y BUCATEL de manera

individualizada, desconociendo así la realidad económica regulada

expresamente en la norma, según la cual debía darse aplicación al

tope de cargos de acceso del proveedor presente en ese mismo

mercado y no en razón a la empresa o grupo económico de cada

operador.

Por su parte, COMCEL S.A., en su calidad de tercero interviniente,

cuestionó la sentencia de primera instancia, señalando que el a quo

no hizo ningún análisis jurídico sobre los argumentos expuestos en

la contestación de la demanda, incurrió en violación del principio de

congruencia e hizo caso omiso del acervo probatorio recaudado,

como es el testimonio técnico rendido por el Ingeniero CARLOS

ALBERTO HERRERA BARROS, quien se desempeñaba como

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funcionario de la CRT para cuando se expidió la Resolución núm. 463

de 2001.

Indicó, además, que en la parte motiva de las resoluciones acusadas,

como en la de la Resolución núm. 463 de 2001, la cual contiene el

sustento jurídico de aquellas, se evidencia el alcance jurídico del

régimen tarifario de interconexión que rige a los operadores del

TPBCL, y que la interpretación y adecuada comprensión de la Nota,

incluida en el Anexo 008 de la Resolución núm. 463 de 2001, debe

ser realizada en consonancia con el texto de la resolución a la cual

pertenece y no en forma aislada y descontextualizada del resto de la

regulación, como lo hizo el Tribunal.

RESOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO

Como ya se indicó, con fundamento en los cuestionamientos de los

recurrentes, la Sala debe establecer si la CRT, hoy CRC, al resolver

el conflicto surgido entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

S.A. E.S.P. y COMCEL S.A., interpretó correctamente, o no, la

Resolución núm. 463 de 2001, que trataba sobre los grupos

establecidos para la definición de los cargos, que COMCEL S.A. debía

pagar a la actora por el acceso, uso e interconexión a sus redes

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locales en los mercados de Bogotá, Cali y Bucaramanga, previa

valoración de los argumentos esbozados por el Tribunal de primera

instancia, según los cuales, los actos administrativos que resolvieron

el asunto debían anularse por contrariar el ordenamiento jurídico

superior aplicable, en cuanto no interpretaron y aplicaron, en debida

forma, la Resolución núm. 463 de 2001, en especial, el Anexo 008

de dicha Resolución.

Para ello resulta pertinente delimitar las argumentaciones expuestas

en los recursos de apelación, teniendo en cuenta que, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, el

estudio del presente caso se circunscribirá a analizar los puntos o

cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos,

en el caso del apelante único27, definen el marco de la decisión que

ha de adoptarse en esta instancia.

27
En sentencia de 9 de junio de 2010 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, núm. único de radicación 1998-03901-01 (17605), se
precisó sobre el apelante único, lo siguiente:
“[…] debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en
desmedro del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo
interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como
aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias
apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque
diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran
una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente
han de tenerse como impugnaciones únicas […]” (Destacado fuera de texto).

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En virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del CCA es aplicable el

artículo 320 del Código General del Proceso, el cual determina que el

recurso de apelación tiene por objeto “[…] que el superior examine

la cuestión decidida en relación con los reparos concretos formulados

por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión

[…]”, por lo que se constituye en requisito indispensable de dicho

recurso que se precisen los yerros incurridos por el a quo en la

decisión impugnada.

Con ese propósito, ante todo, debe tenerse en cuenta que los

derechos objeto de controversia no son de aquellos derechos

disponibles cuya disputa podrían ser resueltos por vía de los

mecanismos de solución de controversias adoptados por las partes

en el contrato y aprobados por la autoridad competente, sino que se

trata de derechos de orden público, los cuales están llamados a

ser dirimidos por las Autoridades Administrativas, con fundamento

en las normas generales vigentes que regulaban la materia.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la

solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta

Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 34-IP-2020, en la

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cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios

interpretativos contenidos en la Interpretación Prejudicial núm. 230-

IP-2021 de 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena 5093 de 16 de diciembre de 2022, en la

cual se reconoció de manera expresa que la Autoridad Nacional

Competente, en este caso, la CRT, tenía plenas facultades

para, en ejercicio de sus funciones regulatorias, adelantar las

actuaciones administrativas para dirimir los conflictos

administrativos entre personas prestadoras de servicios de

telecomunicaciones derivados de contratos de interconexión

firmados entre éstos, con el establecimiento de cargos de

interconexión.

Asimismo, señaló que la autoridad jurisdiccional debe respetar la

discrecionalidad técnica de la potestad regulatoria de la Autoridad de

Telecomunicaciones, la que debe ejercerse con razonabilidad (o

proporcionalidad) y respetando los principios y normas contenidos en

la Decisión 462 y en la Resolución 432.

En ese sentido, la Interpretación Prejudicial recabada en este proceso

señaló:

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“[…] 1.1. En primer lugar debe tenerse presente que, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 32 de la
Decisión 462, si un proveedor que solicita una interconexión
considera que es objeto de actuaciones que violan las normas
o los principios de interconexión o de la libre competencia,
recurrirá ante las autoridades nacionales respectivas de la
materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con
su normativa nacional.

1.2. Queda claro, a partir de dicho artículo, que las
actuaciones que impliquen violaciones de las normas o los
principios de interconexión, así como las violaciones a la libre
competencia, son de competencia de las autoridades
nacionales respectivas. Y esto es así porque corresponde a
las autoridades administrativas competentes
salvaguardar, mediante el ejercicio de sus potestades
públicas, las normas y principios de orden público y la
protección de los intereses generales.
[…]

1.5. De esta manera, el Tribunal ratifica la modulación de su
jurisprudencia anterior manifestando que, si en la relación
contractual surgen controversias relacionadas con derechos
disponibles o de libre disponibilidad —es decir, aquellos que
pueden ser objeto de renuncia, cesión, modificación o
extinción, debidamente permitidos por la ley y conforme a la
voluntad de las partes— dichas controversias podrán ser
resueltas mediante los mecanismos de solución de
controversias previstos en el contrato y aprobados por la
autoridad nacional competente, en concordancia con lo
establecido en los Artículos 17 (Literal f) y 32 de la Resolución
432, entre ellos el arbitraje.

1.6. En cambio, las controversias relacionadas con las
materias de orden público, derecho de imperio del
Estado o las funciones regulatorias de la Autoridad de
Telecomunicaciones no pueden ser materia de
arbitraje, por lo que ellas tendrán que ser resueltas por
la autoridad administrativa nacional competente.

1.7. En conclusión, la normativa comunitaria confiere a
la autoridad nacional competente una línea coherente
de regulación en el sector de las telecomunicaciones,
lo que implica armonía en todos los aspectos, inclusive
en la solución de conflictos.

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[…]

2.8. En tal sentido, podría darse el caso de que los dos
operadores se ponen de acuerdo sobre el contrato de
interconexión, pero luego no se ponen de acuerdo sobre la
modificación o modificaciones que uno de ellos pretende
introducir. En este supuesto, es la Autoridad de
Telecomunicaciones, en ejercicio de su potestad regulatoria,
la que tiene que decidir sobre la modificación del contrato,
ya sea que le dé razón a una de las partes (la que propone
la modificación o la que se niega a ello) u opte por una opción
distinta.
[…]

3.2. La potestad regulatoria de la Autoridad de
Telecomunicaciones, en lo referido a su competencia para
aprobar la oferta básica de interconexión y sus
modificaciones (o determinar las condiciones mínimas de la
interconexión), así como las modificaciones a los contratos
de interconexión (en el escenario en que los operadores no
logran ponerse de acuerdo sobre la modificación del contrato
de interconexión), expresa una modalidad de
discrecionalidad administrativa, que es la
discrecionalidad técnica, la que debe ejercerse con
razonabilidad (o proporcionalidad) y respetando los
principios y normas contenidos en la Decisión 462 y en
la Resolución 432.

3.3. Por tanto, en lo que corresponda, la autoridad
jurisdiccional debe respetar la discrecionalidad técnica
de la potestad regulatoria de la Autoridad de
Telecomunicaciones, la que debe ejercerse con
razonabilidad (o proporcionalidad) y respetando los
principios y normas contenidos en la Decisión 462 y en
la Resolución 432. […]” (Destacado fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe poner de presente que, de acuerdo

con el mencionado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las

discrepancias o actuaciones de los operadores que impliquen

violaciones o desconocimiento de normas o de los principios de

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interconexión telefónica, así como las violaciones a la libre

competencia, son competencia de las autoridades nacionales

respectivas. Y esto es así, porque corresponde a las autoridades

administrativas competentes salvaguardar, mediante el ejercicio de

sus potestades públicas, las normas y principios de orden público y

la protección de los intereses generales. De ahí, que dicho Tribunal

de Justicia haya concluido en torno al asunto aquí tratado que:

“[...] la normativa comunitaria confiere a la autoridad
nacional competente una línea coherente de regulación en el
sector de las telecomunicaciones, lo que implica armonía
con todos los aspectos, inclusive en la solución de los
conflictos. […]” (Destacado fuera de texto).

La Sección Primera, en cuanto a la competencia de la CRT, en su

calidad de autoridad nacional, para resolver el conflicto entre los

operadores, en sede administrativa, en sentencia de 24 de mayo

de 201828, señaló lo siguiente:

“[…] La Sala observa que las comisiones de regulación, en
nuestro ordenamiento jurídico, son unidades administrativas
especiales, sometidas al derecho público en su actuación
administrativa y, por ende, facultadas por el legislador a

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo
de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2004-00684-
01.
Criterio reiterado en las sentencias de 19 de julio de 2018 (C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único
de radicación 25000-23-24-000-2005-01152-01); 6 de septiembre de 2018 (C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2003-01005-02); 1º de noviembre de 2019 (C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 76001-23-31-000-2007-00417-01); 20 de
noviembre de 2020 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-000-
2004-00310-01).

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expedir actos administrativos en ejercicio de sus funciones,
tal y como lo ha advertido la Corte Constitucional29 y esta
misma Corporación en diversos pronunciamientos30.

De esta forma, se ha reconocido por la jurisprudencia y la
doctrina que la figura de las comisiones de regulación no es
homologa a lo que ocurre con sus similares en otros países,
como ocurre en Estados Unidos de Norte América con las
agencias independientes (independent agencies), por
cuanto, estas últimas gozan de las amplias competencias en
la producción de normas que las nacionales no ostentan, y
de “competencias parajudiciales”, cuya intervención se trata
de un verdadero arbitraje, y se deja a libre voluntad de las
partes la decisión de acudir bien a estas instancias o a los
tribunales o, como en Europa, donde dichas autoridades son
competentes para arbitrar en los conflictos que se puedan
suscitar entre operadores del sector.

Contrario de lo que ocurre en otras latitudes, en nuestro País,
las comisiones de regulación integran el sector central de la
Administración como unidades administrativas especiales sin
personería jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 14231.

Así las cosas, la Sala advierte que la función de
resolución de conflictos de las comisiones de
regulación de servicios públicos es administrativa y no
judicial, tal y como lo indicó la parte demandada y el tercero
interesado,

En efecto, la Ley 142 establece, para la época de los hechos
objeto del presente caso, las funciones y facultades generales
de las comisiones de regulación, así:

29
V. gr. Corte Constitucional, Sentencia C-1162 de 6 de septiembre de 2000, expediente núm. D-
2863, Magistrado ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
30
V. gr. Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 27 de marzo de 2008, núm. único de
radicación: 11001-03-26-000-2007-00010-01, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 24 de julio de 2003, núm. único de radicación: 25000-
23-25-000-2003-0821-01(AC), Consejera Ponente: María Nohemí Hernández Pinzón.
31
“[…]Artículo 69. Organización y naturaleza. Créanse como unidades administrativas especiales,
con independencia administrativa, técnica y patrimonial, y adscritas al respectivo ministerio,
las siguientes Comisiones de regulación:
69.1. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, adscrita al Ministerio de
Desarrollo Económico.
69.2. Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
69.3. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de
Comunicaciones. […]” (Destacados de la Sala)

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“[…] ARTÍCULO 73. FUNCIONES Y FACULTADES GENERALES.
Las comisiones de regulación tienen la función de regular los
monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando
la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás
casos, la de promover la competencia entre quienes presten
servicios públicos, para que las operaciones de los
monopolistas o de los competidores sean económicamente
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y
produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las
siguientes funciones y facultades especiales:

[…]

73.8. Resolver, a petición de cualquiera de las partes,
los conflictos que surjan entre empresas, por razón de
los contratos o servidumbres que existan entre ellas y
que no corresponda decidir a otras autoridades
administrativas. La resolución que se adopte estará
sujeta al control jurisdiccional de legalidad.
[…]

ARTÍCULO 74. FUNCIONES ESPECIALES DE LAS
COMISIONES DE REGULACIÓN. Con sujeción a lo dispuesto
en esta ley y las demás disposiciones que la complementen,
serán además, funciones y facultades especiales de cada una
de las comisiones de regulación las siguientes:

[…]

74.3. De la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones:

[…]

b. Resolver los conflictos que se presenten entre
operadores en aquellos casos en los que se requiera la
intervención de las autoridades para garantizar los
principios de libre y leal competencia en el sector y de
eficiencia en el servicio. […]” (Destacados de la Sala)
[…]

En criterio de la Corte Constitucional, la facultad de las
comisiones de regulación, como lo es la parte demandada,
para dirimir los conflictos sobre asuntos de interconexión
entre operadores, a solicitud de parte, es una función
administrativa, que conforme a los preceptos superiores,
como expresión de las funciones de intervención del Estado

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en las actividades económicas, según lo dispuesto en el
artículo 334 de la Constitución32 y, por lo mismo, no
son de naturaleza judicial.

El legislador ha deslindado claramente las funciones
contenidas en los numerales 73.8 y 73.9 del artículo 73 de la
Ley 142, que señalan con claridad meridiana que dicha
atribución de resolver conflictos que surjan entre las
empresas deben ser de aquellos “[…] que no corresponda
decidir a otras autoridades administrativas […]”, o lo que es
igual, ratifica que no se trata de una función judicial sino de
una atribución meramente administrativa.

Por su parte, los artículos 14 y 15 de la Ley 500 disponen
que:

“[…] Artículo 14. Régimen de interconexión, acceso y
uso. Todos los operadores de telecomunicaciones
deberán permitir la interconexión de sus redes y el
acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier
otro operador de telecomunicaciones que lo solicite, de
acuerdo con los términos y condiciones establecidos
por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,
para asegurar los siguientes objetivos:

a) Trato no discriminatorio;
b) Transparencia;
c) Precios basados en costos más una utilidad razonable;
d) Promoción de la libre y leal competencia.
Parágrafo. Las contravenciones a lo dispuesto en este artículo
serán sancionadas por el Ministro de Comunicaciones, sin
perjuicio de las competencias legales asignadas a otras
autoridades.
[…]

32
El artículo 334 de la Constitución Política dispone:

“[…] Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar
la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad
fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de
sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos
del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar,
de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso
efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y
competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. […]”.

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Artículo 15. Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones. La CRT será el organismo
competente para promover y regular la competencia
entre los operadores de los Servicios de Comunicación
Personal, PCS, entre sí y con otros operadores de servicios
públicos de telecomunicaciones, fijar el régimen tarifario,
regular el régimen de interconexión, ordenar
servidumbres en los casos que sea necesario, expedir el
régimen de protección al usuario y dirimir en vía
administrativa los conflictos que se presenten entre los
operadores de PCS, o entre estos y otros operadores de
servicios de telecomunicaciones.
La CRT expedirá las normas que regulan la interconexión
teniendo en cuenta los principios de neutralidad y acceso
igual-cargo igual. […]” (Destacados de la Sala).

Lo anterior es desarrollado por el artículo 37 (numerales 3 y
7) del Decreto 1130 de 29 de junio de 1999:

“[…] Artículo 37. Las siguientes funciones conferidas a la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones por la Ley
142 de 1994 y el Decreto 2167 de 1992, o atribuidas al
Ministerio de Comunicaciones por normas anteriores al
presente Decreto, serán ejercidas por dicha Comisión:

[…]

3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular
en las materias relacionadas con el régimen de competencia;
el régimen tarifario; el régimen de interconexión; el régimen
de protección al usuario; los parámetros de calidad de los
servicios; criterios de eficiencia e indicadores de control de
resultados; y las inherentes a la resolución de conflictos entre
operadores y comercializadores de redes y servicios.

[…]

7. Regular los aspectos técnicos y económicos relacionados
con la obligación de interconexión de redes y el acceso y uso
de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes
lógicos necesarios para la efectividad de interconexiones y
conexiones, así como con la imposición de servidumbres de
interconexión o de acceso y uso de tales bienes, respecto de
aquellos servicios que la Comisión determine. […]”.

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De esta forma, es desde esa perspectiva de la función
administrativa y no judicial en la que debe
determinarse el alcance de la facultad que se le
reconoce a la parte demandada para dirimir conflictos
sobre asuntos de interconexión, habida cuenta de que a
la parte demandada no le está dado arrogarse funciones
jurisdiccionales que expresamente no estén autorizadas por
la Constitución Política y la Ley, de conformidad con el inciso
tercero artículo 116 de la Constitución Política.

A similar consideración arribó el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial recogida
por la Sección Tercera, en sentencia de 23 de septiembre de
201533, así:

“[…] Como quiera que conforme a lo establecido en la citada
Resolución 432, los cargos de acceso son parte esencial
e integral de la interconexión, se entiende por tanto,
que toda controversia derivada de éstos queda
enmarcada en la ejecución de dicha interconexión,
razón por la cual, también le son aplicables las normas
comunitarias en materia de solución de controversias.

Conforme a lo ordenado por la Resolución 432 tantas veces
mencionada, con apoyo en la 255-IP-2013, la competencia
para conocer de las controversias que surjan en ejecución de
una interconexión son de conocimiento exclusivo y
excluyente de la Autoridad (sic) Nacional (sic) Competente
(sic), CRC, y por consiguiente, este Tribunal decidirá no ser
competente para conocer de la controversia aquí sometida a
su decisión.

“Vista la legislación nacional, encontramos que la facultad
para resolver la controversia en el caso concreto, en la
actualidad recae en cabeza de la CRC en desarrollo de lo
previsto en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de
2009, norma que, por demás (sic) ha sido declarada
exequible conforme la (sic) Sentencia (sic) C-186-2011,
facultad que antes de la expedición de dicha ley recaía
en la antigua CRT en desarrollo de lo previsto en el
(sic) artículo (sic) 73 numeral 8 y 74 numeral 3 literal
b de la Ley 142 de 1994 […]” (Destacados de la Sala)

33
núm. único de radicación: 11001-03-26-000-2015-00018-00

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69

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2006-00215-01
Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Posición que fue reiterada, en interpretación prejudicial el 13
de mayo de 2014 dentro del proceso 181-IP-2013, acogida
por la Sección Tercera de Consejo de Estado, en providencia
de 7 de diciembre de 201734, en los siguientes términos:

“[…]

En consecuencia, el TJCA concluyó que la CRT, hoy CRC,
tiene la competencia exclusiva y excluyente para
solucionar los conflictos de interconexión, para lo cual
enfatizó que “esto quiere decir que todo lo relacionado
con conflictos que surjan en la “ejecución de la
interconexión”, es de competencia exclusiva de la
Autoridad de Telecomunicaciones” (fl. 291, c. pruebas
12). Igualmente, precisó que sin perjuicio de ejercitar
la acción pertinente de impugnación de actos
administrativos nacional, previa interpretación
prejudicial andina, la acción pertinente resultaba ser
la de cumplimiento ante el TJCA, específicamente de
considerarse que la autoridad administrativa al decidir
el conflicto había desconocido el ordenamiento andino.
[…]

De todo lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal de
Arbitramento desconoció la interpretación del TJCA
del 13 de mayo de 2014, recibido por el primero de los
mencionados el 11 de junio del mismo año (fl. 273, c.
pruebas 12), toda vez que se consideró competente
para resolver sobre los asuntos contractuales
derivados de la ejecución contractual, así fueran del
tema de interconexión, que no de los regulatorios,
cuando el TJCA, tal como lo advirtió la Vista Fiscal en
el trámite del presente recurso extraordinario, no
distinguió esos aspectos sino que interpretó que las
normas andinas contenidas en los artículos 17, literal
f), y 32 de la Decisión 462 de la CAN disponían que la
competencia integral de los temas de interconexión
eran de la autoridad regulatoria local. […]” (Destacados
de la Sala)

En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico,
vigente al momento de expedir los actos demandados,
le confirió competencias a la parte demandada para
resolver, en ejercicio de funciones administrativas (no

34
Consejo de Estado, Sección Tercera, núm. único de radicación: 11001-03-26-000-2014-00172-00,
Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero.

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70

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2006-00215-01
Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

jurisdiccionales), los conflictos entre operadores
derivados de sus contratos de interconexión, siempre
y cuando no corresponda decidir a otras autoridades
administrativas.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta la
naturaleza de contrato de interconexión35, que, como
lo ha indicado la parte demandada y el tercero
interviniente, no es un contrato de disposición de
bienes propios, sino que de por medio esta la garantía
del servicio público de comunicaciones, en especial, la
regulación especializada que expedido la misma parte
demandada, en ejercicio de sus funciones
reglamentarias técnicas, en materia de cobros de
cargos de acceso para TPBLC, que restringe la libertad
negocial de los operadores para pactar libremente el
valor de dicho cobro y, por ende, la metodologías o
fórmulas aplicables para establecer el respectivo
valor36.

En efecto, el artículo 1.2 de la Resolución CRT núm. 087 de
5 de septiembre de 1997 definió el Contrato de Acceso, Uso
e Interconexión, así:

35
El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia 19 de febrero de 2015, núm. único de radicación
11001-03-24-000-2002-00194-01, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso, ha indicado lo
siguiente:
“[…] De lo anterior resulta que si bien dichos contratos, por mandato legal, se rigen por regla general
por el derecho privado, por mandato expreso del legislador están exceptuados del régimen general de
derecho privado en virtud de la intervención del Estado en la economía, especialmente en el campo de
los servicios públicos, por lo cual no se genera la inmutabilidad propia de los contratos en el derecho
privado.
Por consiguiente, el marco general del régimen de la interconexión forma parte de la ley del contrato,
pues corresponde a aspectos que son de la misma naturaleza de este contrato especial, por lo que los
contratos que celebran los operadores de los servicios de telecomunicaciones para regular las
condiciones de interconexión, en virtud del ordenamiento jurídico, no solo se gobiernan por el derecho
privado sino que corresponden en su naturaleza al régimen jurídico de los servicios públicos
domiciliarios.
En consecuencia, las partes del contrato de interconexión, no solo están ligadas por lo que han pactado,
sino por lo que se deriva de la naturaleza de estos contratos especiales, en la medida en que la
disponibilidad de las partes contratantes depende no solamente de su voluntad sino de su naturaleza y
del marco jurídico del acuerdo, que debe establecer la previa existencia de limitaciones a la capacidad
negocial de los contratantes y de eventuales posibilidades de alteración de las condiciones pactadas en
los mismos.
Corolario de lo expuesto es que si bien la relación contractual regula derechos y obligaciones
particulares de los operadores, que se rigen particularmente por el derecho privado, la interconexión
se ha considerado dentro del marco jurídico que rige este tipo de contratos como indispensable en
garantía de los principios de interés general con efectos directos e inmediatos en la prestación del
servicio y en el costo de los usuarios. […]” (Destacados de la Sala).
36
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 16 de marzo de 2012, núm. 25000-23-24-000-
00811-01, Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

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Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

“[…] ARTICULO 1.2 DEFINICIONES. Para los efectos de la
interpretación de la presente resolución, se adoptan las
siguientes definiciones, las contenidas en las demás normas
legales reglamentarias y regulatorias, y las que señale la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT):
[…]

Contrato de Acceso, Uso e Interconexión: Es el negocio
jurídico que establece los derechos y obligaciones de los
operadores solicitante e interconectante con respecto al
acceso, uso e interconexión de sus redes de
telecomunicaciones y las condiciones de carácter legal,
técnico, comercial, operativo y económico que gobiernan el
acceso, uso e interconexión. Hacen parte del contrato de
acceso, uso e interconexión sus anexos, adiciones,
modificaciones o aclaraciones”.

Al respecto, esta Sección37, al decidir la demanda presentada
en ejercicio de acción de nulidad contra la Resolución CRT
núm. 463 de 27 de diciembre de 2001, “por medio de la cual
se modifica el Título IV y el Título V de la Resolución 087 de
1997 y se dictan otras disposiciones”, expedida por la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, consideró lo
siguiente:

“[…] Para finalizar, considera la Sala que los cargos de
acceso que se encontraban previstos en los contratos
vigentes al momento de expedirse el acto acusado y
que habían sido fijados por la CRT en actos anteriores,
fueron redefinidos con plena competencia por esa
entidad, la que no puede ver mermada ni perder la
competencia asignada legalmente para modificar o
actualizar los valores que ella había fijado, por la
existencia de un contrato entre particulares, puesto
que son tales contratos de interconexión los que deben
acogerse a las normas que dicte el ente regulador y no
el regulador quien encuentre limitada su competencia
a los acuerdos entre las empresas. […]” (Destacado de la
Sala).
[…]
Por esta razón, la Sala no comparte el fundamento expuesto
por el a quo en la sentencia impugnada para declarar la
nulidad de los actos demandados por falta de competencia
de la parte demandada, puesto que la Sala prohíja lo indicado

37
Ibídem.

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por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tanto en
este caso como en los que han sido de conocimiento de la
Sección Tercera, en cuanto la parte demandada es la
competente para dirimir, en sede administrativa, este tipo de
controversias y, por ende, si es la competente para expedir
los actos demandados. […]” (Destacado fuera de texto).

De conformidad con la anterior sentencia, la CRT, hoy CRC, tiene

la competencia exclusiva y excluyente para solucionar o

resolver, en ejercicio de funciones administrativas (no

jurisdiccionales), los conflictos entre operadores derivados de

sus contratos de interconexión, siempre y cuando no corresponda

decidir a otras autoridades administrativas.

Que conforme a lo establecido en Resolución 432, los cargos de

acceso son parte esencial e integral de la interconexión, por lo que

toda controversia derivada de éstos queda enmarcada en la ejecución

de dicha interconexión, razón por la cual también le son aplicables

las normas comunitarias en materia de solución de controversias.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta la naturaleza de

contrato de interconexión, que no es un contrato de disposición de

bienes propios, sino que de por medio está la garantía del servicio

público de comunicaciones, en especial, la regulación especializada

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que ha expedido la CRT, en ejercicio de sus funciones reglamentarias

técnicas, en materia de cobros de cargos de acceso para TPBLC, que

restringe la libertad negocial de los operadores para pactar

libremente el valor de dicho cobro y, por ende, las metodologías o

fórmulas aplicables para establecer el respectivo valor.

Dichas consideraciones deben permear el análisis de la controversia,

que consiste en determinar si la CRT, al momento de resolver el

conflicto entre COMCEL S.A. y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

S.A. E.S.P., interpretó y aplicó, en debida forma, la Resolución núm.

463 de 2001, en especial, lo referente a la “Nota” del Anexo 008 de

dicha Resolución.

Descendiendo al caso concreto, según los elementos de prueba

allegados al expediente, se tiene lo siguiente:

Entre las empresas TELECOM (hoy liquidada) y COMCEL S.A. se

suscribió un contrato de acceso, uso e interconexión, de 5 de

diciembre de 2000, en el cual se pactó, en su clausula tercera, lo

siguiente:

“[…] CLÁUSULA TERCERA: VALOR DE LOS CARGOS DE
ACCESO LOCAL Y LOCAL EXTENDIDA,- COMCEL pagará a

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TELECOM por las llamadas tanto en sentido entrante como
saliente de las RTPBCL y RTPBCLE de TELECOM hacia o desde
la RTMC de COMCEL según sea el caso, descritas en el
objeto del presente contrato, por cada minuto o
proporcionalmente por fracción de minuto de cada llamada
completada, el valor del cargo de acceso correspondiente, de
acuerdo a lo establecido en la Resolución 253 de la CRT
o la norma que la modifique, adicione o sustituya. […]”
(Destacado fuera de texto).

Como puede observarse, dicho contrato de interconexión estaba

sujeto a las regulaciones vigentes al momento de su suscripción, esto

es, a la Resolución 253 de 2000, pero, en caso de que esta última

norma fuera modificada, adicionada o sustituida las partes

automáticamente, debían aplicar la nueva regulación, que la

modificó, adicionó o sustituyó.

Ahora bien, la CRT, en ejercicio de sus facultades previstas en los

artículos 73, 73.22 y 74.3 literal c) de la Ley 142; 14 y 15 de la Ley

555 de 2 de febrero de 200038; y numerales 3 y 7 del artículo 37 del

Decreto 1130 de 29 de junio de 19993940, expidió la Resolución 463

de 27 de diciembre de 200141, por medio de la cual se modifica el

38
“Por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras
disposiciones.”
39
Por el cual se reestructuran el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector
administrativo de comunicaciones y se trasladan funciones a otras entidades públicas.”
40
Así consta en el Considerando de la Resolución núm. 463 de 2001.
41
Folios 61 a 66 del C. Anexo 3.

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Título IV y el Título V de la Resolución 087 de 199742, con fundamento

en los considerandos que, a continuación, se transcriben:

“[…] Que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones le
corresponde promover la competencia en la prestación de los
servicios de telecomunicaciones en los términos de la Ley 142
de 1994, la Ley 555 del 2000 y el Decreto 1130 de 1999.

“Que, de conformidad con los establecido en el artículo 73.22
de la Ley 142 de 1994, es función de las comisiones de
regulación establecer los requisitos generales a los que deben
someterse las empresas de servicios públicos para utilizar las
redes existentes y acceder a las redes públicas de
interconexión, así como establecer las fórmulas tarifarias para
cobrar por el transporte e interconexión a las redes.

Que el literal c) del artículo 74.3 de la Ley 142 de 1994 señala
como función especial de la CRT la de establecer los requisitos
generales a que deben someterse los operadores de servicios
de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional
para ejercer el derecho a utilizar las redes de
Telecomunicaciones del Estado, así como fijar los cargos de
acceso y de interconexión de estas redes a otras redes de
telecomunicaciones.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 555
de 2000, todos los operadores de telecomunicaciones deben
permitir la interconexión de sus redes y el acceso y uso a sus
instalaciones esenciales, a cualquier otro operador de
telecomunicaciones que lo solicite, de acuerdo con los términos
y condiciones establecidos por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones.

Que la CRT le corresponde fijar el régimen de competencia,
tarifas de interconexión de los servicios de comunicación
personal (PCS), en los términos del artículo 15 de la Ley 555 de
2000.

Que conforme con el artículo 37 numerales 3 y 7 del Decreto
1130 de 1999, es función de la CRT regular los aspectos
técnicos y económicos relacionados con la obligación de

42
“Por medio de la cual se regula en forma integral los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada
(TPBC) en Colombia”.

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interconexión de redes y el acceso y uso de instalaciones
esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para
la actividad de las interconexiones y conexiones.

Que los cargos de acceso son un componente importante en la
estructura de costos de los operadores que solicitan la
interconexión y, en consecuencia, un determinante
fundamental en las tarifas finales a los usuarios de los servicios
de TPBCLDN, TPBCLDI, TPBCL, TMC y PCS. […]”.

La citada Resolución núm. 463 de 2001, en su artículo 1°,

adicionó unos artículos a la sección II del capítulo II del Título IV de

la Resolución CRT 087 de 1997, (Obligaciones Tipo B), de la siguiente

manera:

“[…] ARTÍCULO 1: La sección II del capítulo II del Título IV
de la Resolución CRT 087 de 1997, (Obligaciones Tipo B),
tendrá los siguientes artículos adicionales:

ARTÍCULO 4.2.2.19. CARGO DE ACCESO A LAS REDES
DE TELEFONÍA: a partir del primero de enero de 2002,
los operadores telefónicos deberán ofrecer por lo
menos las siguientes opciones de cargos de acceso a
los operadores que les demanden interconexión:

1. REDES DE TPBCL (2)

Opción 1: Cargos de acceso máximos por minutos (1)
Grupo de empresas: Al 1-01-02/ Al 1-01-03 / Al 1-01-04/
Al 1-01-05

GRUPO UNO $49.35 $43.26 $ 37.16 $ 31.07
GRUPO DOS $50.98 $46.50 $ 42.03 $ 37.56
GRUPO TRES $53.59 $51.76 $ 49.87 $ 48.01

2. REDES DE TMC Y PCS (3) $66.92 $97.49 $142.02
$206.90

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(1) Expresado en pesos constantes de junio 30 de 2001.
Corresponde al valor de los cargos de acceso que los
operadores de TPBCL reciben de los operadores de otros
servicios cuando estos hacen uso de sus redes, tanto en
sentido entrante como saliente.

(2) En el Anexo No. 008 se definen las empresas
operadoras de TPBCL que conforman cada uno de los
grupos aquí señalados. Los valores que contempla esta
opción corresponden a la remuneración por minuto. Todas
las fracciones se aproximan al minuto siguiente.

(3) No se podrá cobrar el cargo de acceso a las redes y al
mismo tiempo tarifa por tiempo al aire. Aplica para las
llamadas entrantes del servicio de TPBCLDI y cualquier otro
que defina la regulación.

1. REDES DE TPBCL (2)

Opción 2: Cargos de acceso máximos por capacidad (1)
Grupo de empresas: Al 1-01-02/ Al 1-01-03 / Al 1-01-04/
Al 1-01-05

GRUPO UNO $11230000 $9920000 $8760000 $7740000
GRUPO DOS $11540000 $10760000 $ 10030000 $9350000
GRUPO TRES $11960000$11960000 $ 11960000 $11960000

2. Redes de TMC y PCS (3)
$14700000 $22700000 $33480000 $50520000

(1) Expresado en pesos constantes de junio 30 de 2001. Los
valores que contempla esta opción prevén el arrendamiento
mensual de enlaces E1 de 2.048 kbps/mes o su equivalente.
Los operadores podrán pactar valores diferentes
dependiendo del ancho de banda que se requiera. Para
efectos del bloqueo medio en los puntos de interconexión los
operadores se ceñirán al 1%.

(2) En el Anexo No. 008 se definen las empresas
operadoras de TPBCL que conforman cada uno de los
grupos aquí señalados.

(3) No se podrá cobrar el cargo de acceso a las redes y al
mismo tiempo tarifa por tiempo al aire. Aplica para las

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llamadas entrantes del servicio de TPBCLDI y cualquier otro
que defina la regulación.

PARÁGRAFO 1. Cuando la interconexión no se efectúe
directamente en los nodos de conmutación de la parte
superior de la organización jerárquica de la red del operador
de TPBCL, el operador interconectante tendrá derecho a
recibir el pago por el transporte del tráfico a los demás puntos
del mismo nivel en donde debe realizarse la interconexión.
Los cargos de acceso que se presentan aquí incluyen la
dispersión local y la dispersión nacional para los servicios de
TMC y PCS.

PARÁGRAFO 2. Los operadores podrán fijar cargos de acceso
diferenciales en la opción por minuto, teniendo en cuenta las
horas de mayor tráfico de su red, siempre que se demuestre
que la ponderación de los mismos corresponde al valor
previsto en este artículo.

PARÁGRAFO 3. El operador interconectante podrá exigir en
la opción de cargos de acceso por capacidad un periodo de
permanencia mínima, el cual sólo podrá extenderse al tiempo
necesario para recuperar la inversión que se haya efectuado
para adecuar la interconexión. En caso que se presente un
conflicto, el operador interconectante debe suministrar de
inmediato la interconexión a los valores que se encuentran
en la tabla correspondiente a la opción de cargos de acceso
por capacidad, mientras se logra un acuerdo de las partes o
la CRT define los puntos de diferencia. Si la interconexión se
encuentra sobredimensionada, los operadores podrán
solicitar a la CRT que resuelva las diferencias que por
concepto de una eventual devolución de enlaces pueda
presentarse. […]” (Destacado fuera de texto).

Como se puso de presente anteriormente, la Resolución núm. 463

de 2001, en su artículo 1°, adicionó unos artículos a la sección II del

capítulo II del Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997,

(Obligaciones Tipo B), y en su artículo 4.2.2.19., referente al Cargo

de Acceso a las Redes de Telefonía, dispuso que a partir del

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primero de enero de 2002 los operadores de telefonía deberán

ofrecer, por lo menos, dos opciones de cargos de acceso a los

operadores que demanden interconexión, así:

i) Cargos de acceso máximo por minutos, que corresponden al

valor de los cargos de acceso que los operadores de TPBCL reciben

de los operadores de otros servicios cuando estos hacen uso de sus

redes, tanto en sentido entrante como saliente; y

ii) Cargo de acceso máximo por capacidad, acción que prevé el

arrendamiento mensual de enlaces, el de 2.048 kbps/mes o su

equivalente, y el correspondiente derecho de los operadores

solicitantes de optar por uno de los esquemas ofrecidos, sin perjuicio

de la negociación entre ellos de propuestas alternativas diferentes a

las dispuestas regulatoriamente.

Y especificó que “[…] En el Anexo No. 008 se definen las empresas

operadoras de TPBCL que conforman cada uno de los grupos aquí

señalados […]”43.

43
Destacado fuera de texto.

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En efecto, en el Anexo núm. 008 se clasificaron las empresas

operadoras de TPBCL para efectos del cálculo de cargos de acceso,

para lo cual se señalaron los niveles de cargos de acceso para tres

grupos de empresas operadoras de TPBCL y, como lo explicó la

Comisión demandada, se dividió a las empresas de acuerdo con los

mercados que atendían; para los mercados más grandes, se asignó

el grupo uno, como es el caso de las empresas que operaban en las

ciudades de Bogotá y Medellín; a las empresas que atendían

mercados medianos se les asignó el grupo dos; y a las que atendían

mercados más pequeños se les asignó el grupo tres, así:

“[…] Anexo No. 008

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS DE TPBCL
EFECTOS DEL CALCULO DE CARGOS DE ACCESO

EMPRESA GRUP
O
EPM MEDELLIN UNO

ETB UNO
EDT BARRANQUILLA DOS
EMCALI DOS
EMTELSA DOS
METROTEL DOS
TELEBUCARAMANGA DOS
TELECARTAGENA DOS
TELEFONICA DE DOS
PEREIRA
EDATEL TRES
ET GIRARDOT TRES
EMTEL POPAYÁN TRES
TELEBUENAVENTUR TRES
A
TELEARMENIA TRES

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TELECALARCÁ TRES
TELECAQUETÁ TRES
TELECOM TRES
TELEHUILA TRES
TELEMAICAO TRES
TELENARIÑO TRES

[…].”44 (Destacado fuera de texto).

En este sentido, se debe destacar que en el citado Anexo núm. 008

se clasificó a TELECOM en el Grupo tres (3) y se agregó la

siguiente Nota, la cual prevé:

“[…] Las empresas de TPBCL que no se encuentren en
ese listado deberán aplicar como tope los valores de cargos
de acceso por uso o por capacidad que correspondan al
operador de TPBCL que concurran en el respectivo mercado
en que operen. […]”45 (Destacado fuera de texto).

Ahora, sobre la prestación del servicio de TPBCL, es del caso traer

a colación las definiciones señaladas en la Ley 142, en su artículo

14.26, y en el Decreto 1641 de 1º de agosto de 199446, en su artículo

1º, numeral 2, en las que se define al mismo como un servicio de

ámbito municipal, de la siguiente manera:

LEY 142

“[…] ARTÍCULO 14. Definiciones. Para interpretar y
aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:

44
Folio 66 del C. Anexo 3.
45
Folio 66 del C. Anexo 3.
46
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 142 de 1994.

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[…]

14.26. Servicio público domiciliario de telefonía
pública básica conmutada. Es el servicio básico de
telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la transmisión
conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada
con acceso generalizado al público, en un mismo
municipio. También se aplicará esta Ley a la actividad
complementaria de telefonía móvil rural y al servicio de larga
distancia nacional e internacional. […]” (Destacado fuera de
texto).

DECRETO 1641

“[…] ARTÍCULO 1o. Definiciones. Para efectos de que la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones pueda
ejercer las funciones que le han sido delegadas mediante el
Decreto 1524 de 1994 adóptase las siguientes definiciones:
[…]

2. Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada
Local: es el servicio de TBPC, uno de cuyos objetos es la
transmisión conmutada de voz a través de la red de telefonía
conmutada con acceso generalizado al público, en un
mismo municipio. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, se debe poner de presente que la Ley 142, en su artículo

23, dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 23. Ámbito territorial de operación. Las
empresas de servicios públicos pueden operar en igualdad de
condiciones en cualquier parte del país, con sujeción a las
reglas que rijan en el territorio del correspondiente
departamento o municipio. […]” (Destacado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, la prestación del servicio de TPBCL tiene

como ámbito de aplicación el municipio y si bien es cierto que las

empresas de servicios públicos pueden operar en cualquier parte del

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país, también lo es que dicha prestación debe hacerse en igualdad

de condiciones y con sujeción a las reglas que rijan en el municipio.

Ahora, además de lo anterior, cabe mencionar, que mediante el

artículo 1° del Decreto 1615 de 12 de junio de 200347 , el Gobierno

Nacional ordenó la supresión y liquidación de la EMPRESA NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES, – TELECOM-, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 1º. Supresión y liquidación. Suprímase la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom, Empresa
Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, vinculada
al Ministerio de Comunicaciones, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente,
creada y organizada de acuerdo con las Leyes 6º de 1943 y 83
de 1945 y los Decretos 1684 de 1947, 1233 de 1950, 1184 de
1954, 1635 de 1960 y 3267 de 1963 y reestructurada mediante
Decreto 2123 de 1992,

En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom, incluido el
Instituto Tecnológico de Electrónica y Telecomunicaciones ITEC,
entrará en proceso de liquidación y utilizará para todos los
efectos la denominación "Empresa Nacional de
Telecomunicaciones - Telecom en liquidación". […]”.

Y que, para efectos de garantizar la continuidad del servicio de

telecomunicaciones, el artículo 4, numeral 4.2, y el parágrafo de este

mismo Decreto 1615 de 2003, establecieron:

47
“por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom y se ordena su
liquidación”.

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“[…] Artículo 4º. Garantía de la continuidad en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones. Con
el fin de que la Nación pueda cumplir con el mandato
constitucional y legal de garantizar la continuidad en la
prestación de los servicios, la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones - Telecom en liquidación deberá:

[…].

4.2 Garantizar la continuidad en la prestación del servicio
mediante la celebración de los contratos que se requieran,
respetando las disposiciones legales que regulan la
liquidación de las entidades públicas y amortizar con cargo a
la renta que generen dichos contratos el pagaré que sea
extendido por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -
Telecom en liquidación a favor del patrimonio autónomo de
que trata la Ley 651 de 2001 para el pago de las obligaciones
pensionales y atender otras obligaciones de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en liquidación, de
acuerdo con la prelación de pagos establecida en la ley.

Parágrafo. Para los efectos del presente decreto se entiende
por servicios de telecomunicaciones, los servicios de
telecomunicaciones propiamente dichos, domiciliarios o no,
las actividades de telecomunicaciones, los servicios
relacionados con las "Tecnologías de Información y
Comunicaciones" y las actividades relacionadas con la
instalación, uso y explotación de redes para esos servicios.

Igualmente, se entiende por Gestor del Servicio la
empresa que se cree con el fin de asegurar la
prestación del servicio de telecomunicaciones. […]”
(Destacado fuera de texto).

Asimismo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1616 de 12 de

junio de 200348, “Por el cual se crea la Empresa de Servicios Públicos

Domiciliarios “COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. E.S.P.”,

cuyo artículo primero, señaló:

48
Este decreto fue expedido en la misma fecha de expedición del Decreto 1615 de 2003, que ordenó
la supresión y liquidación de TELECOM.

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“[…] ARTÍCULO 1. CREACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA
Y RÉGIMEN APLICABLE. Créase la Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios que se denominará "Colombia
Telecomunicaciones S. A. E.S.P.", como una sociedad
anónima prestadora de servicios públicos domiciliarios,
vinculada al Ministerio de Comunicaciones, cuya constitución
se protocolizará mediante el procedimiento establecido en las
normas legales aplicables.
El régimen jurídico aplicable a los actos y contratos y a las
relaciones laborales de Colombia Telecomunicaciones S. A.
E.S.P. será el establecido en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689
de 2001. […]”.

Y, según el artículo 4°, ibidem, el objeto de dicha empresa era el

siguiente:

“[…] ARTÍCULO 4. DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. E.S.P.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. E.S.P. tendrá como
objeto social principal la organización, operación, prestación
y explotación de las actividades y los servicios de
telecomunicaciones, tales como telefonía básica local y de
larga distancia, servicios móviles, portadores, teleservicios,
telemáticos, de valor agregado, servicios satelitales en sus
diferentes modalidades, servicios de Internet y cualquier otro
servicio calificado como de telecomunicaciones,
comunicaciones e información o que correspondan a la
calificación de Tecnologías de Información y comunicaciones,
dentro del territorio nacional y en el exterior, empleando para
ello bienes, activos y derechos propios y de terceros. […]”.

A su turno, los artículos 13 y 14, ibidem, establecieron:

“[…] ARTÍCULO 13. APORTES DE LA NACIÓN. El aporte
de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público a
Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P., al que se refiere
el artículo anterior se encuentra representado en la
habilitación que le confiere para participar en los negocios de
telecomunicaciones conforme al presente decreto, incluido el

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aporte de licencias, permisos, y concesiones y cualquier otro
título habilitante para la prestación de los servicios de
telecomunicaciones que tenía la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones - Telecom en el momento de la
entrada en vigencia del decreto mediante el cual el Gobierno
Nacional ordenó su supresión y liquidación. El valor del
aporte de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público
es equivalente al monto de las acciones que se le asignen en
el acto de protocolización de la constitución.

ARTÍCULO 14. CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN Y DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. Colombia
Telecomunicaciones S. A. E.S.P. se subroga en los
contratos de interconexión celebrados con operadores de
telecomunicaciones, por la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones - Telecom en liquidación y por las
Teleasociadas en liquidación, en las mismas condiciones
que fueron pactados. (La Sala destaca y subraya).
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. se subroga en los
contratos de condiciones uniformes y en los contratos para
la prestación de servicios de telecomunicaciones celebrados
con los usuarios de dichos servicios, por la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones Telecom y por las Teleasociadas, en
las mismas condiciones que fueron pactadas. […]”
(Destacado fuera de texto).

Según lo que ha quedado reseñado, una vez suprimida y liquidada

TELECOM, mediante Decreto 1615 de 2003, el Gobierno Nacional, a

través del Decreto 1616 de 2003, creó la EMPRESA COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P, la cual se subrogó en todas

las operaciones relacionadas con la prestación del servicio de

telecomunicaciones de TELECOM, en los contratos de interconexión

celebrados con operadores de telecomunicaciones, los contratos de

condiciones uniformes y en los contratos para la prestación de

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servicios de telecomunicaciones celebrados con los usuarios de

dichos servicios, en las mismas condiciones en que fueron pactados.

Ahora, en el caso bajo examen, se tiene que tanto la parte

demandada como el tercero interviniente, en sus escritos de

apelación alegan, en síntesis, que el a quo incurrió en la

descontextualización de la controversia, por desconocimiento de la

realidad del litigio y de las especificidades de la controversia surgida

entre COMCEL S.A. y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

E.S.P., que dio lugar a la expedición de los actos que aquel decidió

anular, pues, lo verdaderamente importante es que, aun cuando

CAPTITEL, CALITEL y BUGATEL no aparecían registradas como

“empresas”, tal situación no desconoce la realidad del mercado en el

cual la prestación del servicio es de orden municipal. Por lo que la

operación en éste, a cargo de la empresa COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., debía examinarse atendiendo

el mercado local de cada uno de los municipios en los que

específicamente se prestaba el servicio. Además, aducen que se

interpretaron erróneamente las normas aplicables al caso.

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Planteadas así las cosas, la Sala estima que si bien es cierto que

CAPITEL, CALITEL y BUCATEL eran solo marcas de TELECOM y no

empresas independientes o diferentes de ésta, como lo señaló el

fallador de primera instancia, también lo es que le asistió razón a la

CRT, al argumentar que la clasificación por grupos para efectos de

asignar el valor a cobrar por cargos de conexión por parte de los

operadores de la TPBCL no podía considerarse sin tener en cuenta el

lugar (municipio) en el que se prestaba el servicio, es decir, el

mercado local de cada uno de los municipios en los que

específicamente se prestaba el servicio.

Y, precisamente, con ese enfoque fue que las resoluciones acusadas

resolvieron el conflicto surgido entre COMCEL S.A. y la actora, criterio

que tuvo como propósito impedir el desconocimiento de la realidad

económica de esos mercados locales y el poder generar en éstos

reglas de juego equilibradas y promover la libre competencia en el

mercado de telecomunicaciones. De ahí la necesidad de acatar la

Nota del Anexo núm. 008, según la cual debía darse aplicación al

tope de cargos de acceso correspondiente al operador del TPBCL

presente en ese mismo mercado.

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Al respecto, la Sala observa que, en efecto, en la Resolución núm.

1295 de 2005 acusada, la CRT precisó que el servicio de TPBCL

es prestado exclusivamente en el respectivo municipio, toda

vez que la limitante la impone el servicio que presta y no su carácter

de empresa.

Asimismo, puntualizó que la operación del servicio aún cuando

estaba a cargo de la empresa TELECOM, hoy COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., ella debía revisarse

atendiendo el mercado local, en que específicamente se presta el

servicio, de la siguiente manera:

“[…] para el análisis del concepto de Telefonía Pública Básica
Conmutada Local, conocido por sus sigas TPBCL, debe
acudirse tanto a la definición incluida por la Ley 142 de 1994,
como la establecida por el Decreto 1641 del mismo año. La
primera de las disposiciones mencionadas establece lo
siguiente:

“14.26. Servicio público domiciliario de telefonía
pública básica conmutada. Es el servicio básico de
telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la transmisión
conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada
con acceso generalizado al público, en un mismo
municipio. También se aplicará esta Ley a la actividad
complementaria de telefonía móvil rural y al servicio de larga
distancia nacional e internacional.”

Por su parte, el numeral 2 del artículo 1, del Decreto 1641 de
1994, definió puntualmente el Servicio de Telefonía Pública
Básica Conmutada Local como “el servicio de TBPC, uno de
cuyos objetos es la transmisión conmutada de voz a través

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de la red de telefonía conmutada con acceso generalizado al
público, en un mismo municipio.”

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el concepto de
“empresa de TPBL”, tiene una connotación especial frente al
simple concepto de empresa, el cual no puede perder de vista
su propósito – prestar un servicio público uno de cuyos
objetivos es la transmisión conmutada de voz a través de la
RTPBC-, ni el ámbito dentro del cual puede desarrollar su
objeto -dentro de un mismo municipio.

Así las cosas, para cualquier prestador de servicios de TPBCL
es claro, que en la medida en que la autorización
general otorgada por la Ley para la prestación del
servicio se refiere específicamente a un municipio, la
operación del mismo impacta de manera individual y
única a cada uno de los mercados específicos en que
los que presente el servicio. De esta manera, aún cuando
un operador de telecomunicaciones organizado bajo una
única forma empresarial tenga presencia en varios
municipios del país, el servicio de TPBCL es prestado
exclusivamente en el respectivo municipio, toda vez que la
limitante la impone el servicio que presta y no su carácter de
empresa. Interpretarlo de manera diferente, implicaría el
desconocimiento y desnaturalización de los servicios de
telecomunicaciones definidos por el legislador, el cual
claramente caracterizó al servicio de TPBCL como aquel
que se presta dentro de un municipio.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que la misma
Ley 142 de 1994 en su artículo 23, reconoce que existe un
ámbito territorial de aplicación, donde se indica que, si bien
las empresas de servicios públicos pueden operar en
cualquier parte del país, ello debe hacerse en igualdad de
condiciones y con sujeción a las reglas que rijan en el
territorio del correspondiente departamento o municipio.

En este sentido, aún cuando CALITEL, BUCATEL y CAPITEL
de conformidad con las pruebas aportadas a la actuación
administrativa, no aparecen registradas como empresas, tal
situación no desconoce la realidad de que si bien el vehículo
jurídico constituido como empresa es TELECOM, la prestación
del servicio en las ciudades de Cali, Bucaramanga y Bogotá,
es de orden municipal. Así las cosas, es claro que la
operación del servicio aún cuando está a cargo de la
empresa TELECOM hoy COLOMBIA

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TELECOMUNICACIONES, ella debe revisarse
atendiendo el mercado local en que específicamente se
presta el servicio.

Por último, si bien en el Anexo 008 se utiliza palabra
“Empresa” para determinar unos grupos de aplicación de los
cargos de acceso, no se debe entender que la regulación de
los cargos de acceso se hace “por empresa” ya que el artículo
4.1.1.1 de la Resolución 087 de 1997 establece que el
Régimen Unificado de Interconexión RUDI aplica a todos los
operadores de servicios, por lo tanto debe ser entendido
por operador y por ende, enmarcado en el ámbito de
servicio prestado, en cada mercado, por los diferentes
operadores de telecomunicaciones definidos en esa
misma resolución. […]” (Destacado fuera de texto).

Y en la Resolución núm. 1346 de 2005 demandada, la CRT

precisó que la Resolución recurrida lo que hizo fue aplicar en el caso

concreto la normativa vigente en debida forma, esto es, lo

establecido en la Nota complementaria del Anexo núm. 008 de

la Resolución CRT 463 de 2001, la cual dispone que las empresas

operadoras, que no aparecen en el listado o cuadro de dicho Anexo,

deben aplicar como tope de los valores determinados para el

operador con el cual concurra en el respectivo mercado en que

operen, en tanto que los cargos de acceso deben corresponder a los

mercados donde se presta el servicio y que el Anexo núm. 008

únicamente incluye a los operadores dominantes en cada mercado

local.

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Ello, con el fin de garantizar que los cargos de acceso para un mismo

mercado sean iguales para todas las redes a las cuales otro operador

desee interconectarse en un mismo mercado, con el fin de asegurar

que se logren los resultados de un mercado en competencia.

Igualmente, la citada Resolución núm. 1346 de 2005 acusada

aclaró que al no ser TELECOM, hoy COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., dominante en todas sus

operaciones, las demás operaciones consideradas como no

dominantes, -las operaciones locales de Bogotá, Cali y

Bucaramanga-, (al no estar clasificadas en el cuadro o listado del

Anexo núm. 008, en el que se encuentran únicamente a los

operadores dominantes en cada mercado local), deben aplicar los

valores de los cargos de acceso correspondientes al grupo al cual

pertenece el operador dominante de los municipios o departamentos

donde éstas concurran, conforme a la regla establecida en la Nota

del Anexo núm. 008 de la Resolución núm. 463 de 2001, de la

siguiente manera:

“[…] a la luz de la regulación vigente a la que hizo referencia
en la resolución recurrida, no podría haber un operador de
TPBCL en el mismo mercado dominante que cobre cargos de
acceso diferentes, bajo el entendido de que jurídicamente es
una sola empresa quien presta el servicio, es por esto que

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con la nota del Anexo 008 de la Resolución CRT 087 de 1997
(sic), la CRT quiso garantizar que los cargos de acceso para
un mismo mercado fueran iguales para todas las redes a las
cuales otro operador desee interconectarse en un mismo
mercado, con el fin de asegurar que se logren los resultados
de un mercado en competencia.

Por lo anterior, […] no es correcto afirmar que a
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES le corresponde un
solo valor de cargo de acceso ya que esta empresa se
encuentra dividida en operaciones locales y
departamentales y los cargos de acceso deben
corresponder a los mercados donde se presta el
servicio.
[…]

A la luz de la interpretación lógica, bajo la cual se pretende
encontrar una integración relacional entre las disposiciones
jurídicas para así eliminar la contradicción, es preciso
entender que si el regulador clasificó empresas en el
Anexo 008 de la Resolución 463 de 2001, involucrando
únicamente a los operadores dominantes en cada
mercado local, y adicionalmente, incorporó una nota
complementaria, la cual dispone que las empresas que
no aparecen en el listado deberán aplicar como tope de
los valores determinados para el operador que
concurra en el respectivo mercado en que operen, es
lógico que al no ser TELECOM, hoy COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, dominante en todas sus
operaciones, las demás operaciones consideradas
como no dominantes deberían aplicar los valores de los
cargos de acceso correspondientes al grupo al cual
pertenece el operador dominante de los municipios o
departamentos donde éstas concurran.

[…] debe señalarse que la resolución impugnada, lejos de
modificar una disposición jurídica de carácter general, lo que
hizo fue aplicar en el caso concreto la normativa
vigente en debida forma.

En efecto, la decisión tomada, se adecua
perfectamente a lo establecido en la Resolución CRT
463 de 2001, respecto a la nota que señala que los
operadores que no se encuentren ubicados en el
cuadro, deberán aplicar como tope los valores de

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cargos de acceso establecidos para el operador con el
cual concurran en el mismo mercado.

Es así como al decidir que los cargos de acceso que
remuneran la interconexión de COMCEL con las redes de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, en sus operaciones
locales de Bogotá, Cali y Bucaramanga al no estar
clasificadas en el cuadro, deben seguir la regla
establecida en la nota del Anexo 008 de la citada
resolución, se evidencia la coherencia estricta de la
resolución de carácter particular con la resolución de
carácter general, pudiéndose concluir que la
Resolución CRT 1295 de 2005, no modifica en ninguna
de sus partes la Resolución 463 de 2001, simplemente
interpreta con autoridad lo allí establecido. […]”
(Destacado fuera de texto).

De manera que, a partir de lo expresado y teniendo en cuenta las

circunstancias reseñadas, no hay duda en cuanto a que las

resoluciones acusadas fueron expedidas por la CRT, hoy CRC, con

competencia y que no se excedió en sus funciones al expedirlas, toda

vez que tiene la competencia exclusiva y excluyente para solucionar

o resolver, en ejercicio de funciones administrativas (no

jurisdiccionales), los conflictos entre operadores derivados de sus

contratos de interconexión, en los cuales está de por medio la

garantía del servicio público de comunicaciones, en especial, la

regulación especializada que ha expedido la CRT, en ejercicio de sus

funciones reglamentarias técnicas, en materia de cobros de cargos

de acceso para TPBLC, que restringe la libertad negocial de los

operadores para pactar libremente el valor de dicho cobro y, por

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ende, la metodologías o fórmulas aplicables para establecer el

respectivo valor, conforme lo reconoció el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, en su pronunciamiento prejudicial con carácter

vinculante, así como la sentencia prohijada.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que los actos demandados para

resolver en el conflicto de que aquí se trata, entre COMCEL S.A. y

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., abordaron en

detalle el análisis de las circunstancias reales en las que se

desarrollaba el servicio público respectivo en los mercados locales

correspondientes, esto es, teniendo en cuenta que la prestación del

servicio de TPBCL tiene como ámbito de aplicación los municipios y

no la empresa o grupo económico de cada operador, lo cual pone de

manifiesto que la Comisión demandada interpretó y aplicó, en debida

forma, la Resolución núm. 463 de 2001, en especial y

conjuntamente, con lo referente a la “Nota” del Anexo núm. 008 de

dicha Resolución, la cual dispone que las empresas operadoras, que

no aparecen en el listado o cuadro de dicho Anexo, deberán aplicar

como tope los valores de cargos de acceso determinados para el

operador con el cual concurra en el respectivo mercado en que

operen.

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Así las cosas, la Sala no observa que los actos acusados acusen un

defecto de falsa motivación y consecuencialmente, la violación del

debido proceso, por indebida aplicación de una norma con

desconocimiento de derechos adquiridos por la actora, como lo

señaló la actora en la demanda y el fallador de primera.

Y, por lo tanto, se considera que los motivos que fundamentaron las

resoluciones acusadas, que resolvieron el conflicto entre COMCEL

S.A. y la actora, guardan armonía con la normativa aplicable sobre

la materia y que sí se satisfizo la debida motivación de dichos actos,

cumpliéndose el presupuesto según el cual la motivación es un

elemento necesario para su validez.

Cabe mencionar, al respecto, que la falsa motivación se configura

cuando se encuentren inconsistencias entre las razones y

afirmaciones del acto frente a los supuestos de hecho y de derecho

que le sirven de fundamento. Asunto, en relación con el cual esta

Sección, mediante sentencia de 11 de julio de 2019 49 sostuvo lo

siguiente:

49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2012-
00509-01.

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“[…] La motivación constituye, entonces, uno de los
elementos esenciales o fundamentos de legalidad del acto
administrativo, a tal punto que cuando se pretermite, o
cuando se demuestra que las razones que sustentan la
decisión no son reales, no existen o están distorsionadas, se
presenta un vicio que lo invalida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de
la cual goza el acto administrativo, concierne a quien
pretende desvirtuarlo por la causal de falsa motivación
demostrar el vicio en el elemento causal de la decisión,
es decir, la inexistencia o el error de los antecedentes de
hecho y derecho que facultan su expedición o, en otras
palabras, que lo expresado en el acto administrativo no
corresponde a la realidad. […]”. (Destacado fuera de texto).

En tal sentido, en relación con este punto, se debe destacar que quien

alega una causal de nulidad, como la falsa motivación, entre otras,

corre con la carga probatoria de demostrar los supuestos que lleven

al juzgador a la conclusión de que la presunción de legalidad, que en

principio cobija a los actos administrativos, ha quedado desvirtuada.

Mediante sentencia 12 de diciembre de 201950, esta misma Sección

reiteró lo expresado en pronunciamiento del 14 de abril de 201651,

en el que estableció los eventos en los cuáles se configura la falsa

motivación de los actos administrativos, al señalar que esta tiene

lugar:

50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
diciembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00249-01.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2008-00265-01.

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“[…] cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de
hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la
Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos
en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por
razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto
le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance
que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión […]”.

En virtud de las precisiones que, en torno a la causal de nulidad por

falsa motivación, se han traído a colación, la Sala reitera que en esta

oportunidad, dado que los actos acusados contienen tanto la

fundamentación fáctica como jurídica; que los supuestos de hecho no

son contrarios a la realidad; que la entidad demandada no dio un

alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión;

y que existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la

CRT, no hay razón para concluir que estos se encuentren incursos en

algún vicio, como lo concluyó el Tribunal lo cual, sin duda, quedó en

evidencia a partir de las consideraciones que examinaron tanto los

planteamientos de la sentencia de primera instancia como los

criterios técnicos orientadores de las decisiones adoptadas en los

actos acusados a efectos de dirimir administrativamente el conflicto

surgido entre la actora y COMCEL S.A., relacionado con las normas

regulatorias aplicables en los mercados locales de cada municipio.

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Ahora bien, con respecto a los reproches formulados por el tercero

interviniente, COMCEL S.A. en contra de la sentencia de primera

instancia, por cuanto no efectuó un análisis jurídico sobre los

argumentos expuestos en la contestación de la demanda, que

incurrió en violación del principio de congruencia, e hizo caso omiso

del acervo probatorio recaudado, como es el testimonio técnico

rendido por el Ingeniero CARLOS ALBERTO HERRERA BARROS, la

Sala debe observar, lo siguiente:

En efecto, el Tribunal omitió el análisis de los elementos de juicio

aludidos en la contestación de la demanda y del importante medio

probatorio a que se hace referencia, siendo que uno y otro, sirven de

respaldo a la validez de los actos acusados, al igual que contribuyen

a reforzar la presunción de legalidad que debe reconocerse a los

actos administrativos acusados, ya que ponen de presente que la

interpretación del Anexo 008 y su Nota es la que ha dado la CRT en

dichos actos.

Conforme se puso de presente anteriormente, ciertamente en la

parte motiva de las resoluciones acusadas se puso de presente el

alcance jurídico del régimen tarifario de interconexión que rige a los

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operadores de TPBCL, en tanto que dichos actos precisaron que la

operación del servicio aún cuando estaba a cargo de la empresa

demandante, ella debía revisarse atendiendo el mercado local en

que específicamente se presenta el servicio, teniendo en cuenta que

la prestación del servicio de TPBCL tiene como ámbito de aplicación

los municipios y no la empresa o grupo económico de cada

operador.

Asimismo, las citadas resoluciones acusadas evidencian que la CRT

aplicó en el caso concreto la normativa vigente en debida forma, esto

es, lo establecido en la Resolución núm. 463 de 2001, en especial y

conjuntamente, con lo referente a la “Nota” del Anexo núm. 008 de

dicha Resolución, la cual dispone que las empresas operadoras, que

no aparecen en el listado o cuadro de dicho Anexo, deberían aplicar

como tope de los valores determinados para el operador con el cual

concurra en el respectivo mercado en que operen, en tanto que el

Anexo núm. 008 únicamente incluye a los operadores dominantes en

cada mercado local.

De tal manera, que las operaciones consideradas como no

dominantes de la actora, esto es, -las operaciones locales de

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Bogotá, Cali y Bucaramanga-, (al no estar clasificadas en el cuadro o

listado del Anexo núm. 008, en el que se encuentran únicamente a

los operadores dominantes en cada mercado local), se les debía

aplicar los valores de los cargos de acceso correspondientes al grupo

al cual pertenece el operador dominante de los municipios o

departamentos donde éstas concurran, conforme a lo establecido en

la regla establecida en la Nota del Anexo núm. 008 de la Resolución

núm. 463 de 2001, y como en efecto, lo hizo la CRT, en las

resoluciones acusadas.

De ahí, que la Resolución núm. 1295 de 2005 demandada, en

los artículos primero, segundo y tercero, haya señalado que los

cargos de acceso y uso que debe remunerar COMCEL S.A., cuando

accede a las redes locales que opera la demandante, en la ciudad de

Bogotá corresponden a lo dispuesto en el grupo (uno); y en las

ciudades de Cali y Bucaramanga corresponden a lo previsto en el

grupo dos (2).

Ahora, para la Sala también le asistió razón a COMCEL S.A. cuando

adujo que el Tribunal tampoco reparó en el testimonio del ingeniero

CARLOS ALBERTO HERRERA, funcionario de la CRT, quien expidió el

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Concepto Aclaratorio de la Nota 008, de la Resolución núm. 463 de

2001, el cual resulta relevante, por cuanto, en consonancia con lo

antes indicado, manifestó lo siguiente:

“[…] la resolución 463 mencionada regula entre otros
aspectos la forma en la cual deben remunerarse los
diferentes tipos de interconexión, cuando se establece la
tabla contenida en el anexo 8, esta debe ser aplicada con el
fin de garantizar el principio de remuneración efectiva de las
redes, es decir, cuando un operador utilice la red de otro
operador se debe remunerar por el uso de la misma bajo los
principios de costos más utilidad razonable. De otra parte,
cuando se hace la clasificación de las empresas para
distinguir costos diferentes se tiene en cuenta la
realidad de mercado de cada empresa, por eso se
establecen los diferentes grupos. Entonces, no tienen los
mismos costos una red que se encuentra en un pueblo
pequeño y alejada de la capital a una red que se encuentra
en un gran centro urbano.
[…]

Lo que se pretende con las normas de interconexión y con la
clasificación de los diferentes precios de interconexión es que
las empresas puedan prestar un servicio eficiente cuando se
les permite competir en igualdad de condiciones dentro de
un mercado determinado […].

Insisto en que los precios de los cargos de acceso que
se deben pagar son los correspondientes al mercado
en el cual se encuentre la red porque una persona
jurídica puede tener redes en diferentes mercados y
esas redes deberán remunerarse de manera individual
atendiendo las condiciones propias del respectivo
mercado para garantizar una adecuada competencia
[…]”.

Asimismo, aseveró:

“[…] que la única posibilidad para que los diferentes
operadores puedan actuar en condiciones de competencia es

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que cada uno pague los mismos cargos de acceso que su
competidor cuando estos se encuentren en una misma zona
geográfica. […]”52 (Destacado fuera de texto).

Además, resulta pertinente traer a colación los siguientes apartes del

citado Concepto Aclaratorio de la Nota 008, de la Resolución núm.

463 de 2001:

“[…] La aplicación de la Nota es en el siguiente sentido: En
un mercado determinado, es decir, en un municipio
específico en el cual operan diferentes empresas de TPBCL,
se debe tomar como base del cálculo de los cargos de acceso
para ese municipio, el grupo en el que se encuentra el
operador que presta el servicio de TPBCL en el mismo
municipio y que aparece en el Anexo 8 de la Resolución CRT
087 de 1997, compilado por la Resolución 489 de 2002.

Ahora bien, respecto a los operadores que aparecen en el
grupo 3 del Anexo 8 y que concurren en diferentes mercados
en los cuales existen otros operadores prestando el servicio,
deberán calcular los cargos de acceso del otro operador que
aparece en el grupo uno o dos según sea del caso. Así en los
casos por usted señalados, TELECOM-CAPITEL debe cobrar
los cargos de acceso establecidos para el grupo uno, en el
cual se encuentra ETB.

Interpretar la nota del Anexo 8 de la Resolución CRT
087 de 1997 de otra forma, desvirtuaría los criterios
de eficiencia económica y suficiencia financiera,
principios orientadores del régimen tarifario. […]” 53
(Destacado fuera de texto).

De otra parte, se tiene que COMCEL S.A., en su recurso de apelación,

también expresó que el fallo apelado vulneró el principio de

congruencia, por cuanto mientras en la demanda se señala como

52
Folios 255 a 259 del C.1.
53
Folios 1 a 2 del C. Anexo 4.

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pretensión el pago de unas sumas de dinero a cargo de las entidades

públicas demandadas, en el ordinal tercero del fallo recurrido, a título

de restablecimiento, se ordena a la CRT resolver nuevamente el

conflicto suscitado entre la entonces TELECOM y COMCEL S.A, lo cual

no fue solicitado por la parte demandante, de modo que el Tribunal

no podía hacer un pronunciamiento sobre un aspecto no solicitado

por la actora.

Frente a ello, cabe advertir que teniendo en cuenta que la Sala no

comparte el fundamento expuesto por el a quo en la sentencia

impugnada para declarar la nulidad de los actos demandados, de

conformidad con las consideraciones antes expresadas, no hay lugar

a pronunciarse sobre la vulneración de ese principio y lo ordenado en

el ordinal tercero del fallo recurrido, a título de restablecimiento, en

tanto que se procederá a revocar la sentencia de primera instancia,

respecto de los ordinales segundo y tercero, y, en su lugar, se

denegarán las pretensiones.

Así las cosas, la Sala estima que se debe CONFIRMAR el ordinal

primero de la sentencia de primera instancia, que declaró no probada

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la excepción de indebida integración del contradictorio, propuesta por

el Ministerio de Comunicaciones.

Asimismo, se debe REVOCAR, en sus ordinales segundo y tercero,

la sentencia apelada y, en su lugar, se denegarán las pretensiones

de la demanda, en cuanto no se desvirtuó la presunción de legalidad

que ampara a los actos administrativos acusados, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que

de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los

artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del

artículo 267 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal,

por lo que se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia de 5 de

marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, que declaró no

probada la excepción de indebida integración del contradictorio,

propuesta por el Ministerio de Comunicaciones, por las razones

aducidas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: REVOCAR, en sus ordinales segundo y tercero, la citada

sentencia apelada y, en consecuencia, DENEGAR las pretensiones de la

demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez

ejecutoriada ésta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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