Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00677-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00677-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2006-00677-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2006-00677-02
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: FLOTA SAN VICENTE S.A.
TESIS: LÍMITES DEL PRONUCIAMIENTO DEL FALLO CUANDO SE
RESTRINGE A PRONUNCIARSE SOBRE LO ORDENADO POR EL CONSEJO
DE ESTADO ANTE UNA SENTENCIA INHIBITORIA. SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS REGULACIÓN Y VIGOR DE LAS NORMAS
QUE REGULAN LA HABILITACIÓN DE LAS EMPRESAS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE PARA RESOLVER PETICIONES RELACIONADAS CON LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL ÁMBITO NACIONAL Y
LA RESTRICCIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES FRENTE A
AUTORIZACIONES EN SU JURISDICCIÓN. EXAMEN DE VIGOR DEL
RÉGIMEN APLICABLE A LAS SOLICITUDES QUE DIERON LUGAR A LOS
ACTOS ACUSADOS, PRINCIPIO IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
APLICACIÓN DEL DERECHO VIGENTE POR LA NULIDAD DEL PARÁGRAFO
DEL ARTÍCULO 72 DEL DECRETO 171 DE 2001. LA HABILITACIÓN O
AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
NO OTORGA DERECHOS ADQUIRIDOS. INEXISTENCIA DE PERJUICIOS.
NO CONDENA EN COSTAS BAJO EL CCA. APLICACIÓN DE UN CRITERIO
SUBJETIVO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte actora contra la sentencia de 9 de diciembre de 20161,
1
Es oportuno destacar que a esta sentencia le precede el fallo de 17 de septiembre de 2015, que
fue proferido por esta Sección, por medio del cual se revocó parcialmente la sentencia de 24 de
septiembre de 2009, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la
parte demandada y, en su lugar, estimó que el Tribunal a quo debía pronunciarse respecto de la
legalidad de las resoluciones núms. 001999 de 2 de mayo de 2001, 000154 de 14 de febrero de 2002
y 000500 de 20 de marzo de 2002, habida cuenta que halló que el escrito de demanda fue
presentado en tiempo, pero en relación con las resoluciones 000069 de 6 de febrero y 002224 de 1o.
de diciembre de 2004, encontró que la interposición fue extemporánea. De ahí que la Sección ordenó
al Tribunal a quo que se pronunciara de fondo respecto de la legalidad de estos primeros actos frente
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Actora: FLOTA SAN VICENTE S.A.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
proferida por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca2, que denegó las pretensiones de
la demanda.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- Pretensiones
La sociedad FLOTA SAN VICENTE S.A., actuando por conducto de
apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo - CCA, presentó demanda con el fin de
obtener la declaratoria de nulidad de los siguientes actos
administrativos proferidos por la Dirección Territorial de
Cundinamarca del Ministerio de Transporte:
1.- Resolución núm. 001999 de 2 de mayo de 2001, por medio
de la cual se “habilita como empresa de servicio público de
transporte terrestre automotor en la modalidad de pasajeros a la
Empresa denominada COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA
DE LA MESA “COOTRANSVILLA”.
a las cuales no operó el fenómeno de caducidad, decisión que es la que ahora se cuestiona en este
recurso de alzada.
2
En adelante el Tribunal.
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Actora: FLOTA SAN VICENTE S.A.
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2. Resolución núm. 000154 de 14 de febrero de 2002, por
medio de la cual “se reconoce la relación de rutas y horarios
servidos por la Empresa COOTRANSVILLA LTDA., en los tres (3)
meses previos a la publicación del Decreto 171 del 5 de febrero de
2001, de acuerdo a lo contemplado en su artículo 46 – Transitorio –
zonas de operación”.
3.- Resolución núm. 000500 de 20 de marzo de 2002, por
medio de la cual “se autoriza la racionalización del parque
automotor solicitado por la empresa COOTRANSVILLA LTDA, en las
rutas La Mesa – Tena; La Mesa – Anapoima”3.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó:
“[…] 6.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, en
calidad de restablecimiento del derecho, ordénese a LA
NACIÓN -MINISTERIO DE TRANSPORTE, que mediante nuevo
acto administrativo declare que mi poderdante es la
empresa legitimada para prestar el servicio de
transporte público terrestre automotor de pasajeros por
carretera en las rutas […] La Mesa – Tena y viceversa[…],
de conformidad con la Resolución Individual de Unificación
núm. 1227 de 4 de marzo de 1993, del Ministerio de
Transporte (antiguo INTRA), confirmatoria de la adjudicación
de rutas y horarios a mi poderdante.
7.- Declarar administrativa y extracontractualmente
responsable a LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, de
los perjuicios materiales en sus expresiones de daño
emergente y lucro cesante, además de los daños morales,
ocasionados a la Flota San Vicente S.A., como consecuencia de
la expedición de las Resoluciones 0001999 de 2 de mayo de
3
Las demás resoluciones demandadas, esto es, las núms. 00069 de 6 de febrero de 2004 y
00224 de 1° de diciembre de 2004, se encontró caducada la acción, decisión que fue
confirmada.
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2001, 000154 de 14 de febrero de 2002, 000500 del 20 de
marzo de 2002 […]
8.-Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
reparación del daño, que a favor de mi poderdante se condene
a LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, al pago de la
totalidad de los daños materiales y morales ocasionados que
resultaren probados dentro del proceso.
9.- La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse
mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en
Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando como base
el índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme
con lo dispuesto por el Art. 179 del Código Contencioso
Administrativo.
10.- Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar
aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.
11.- En todo caso, la plenitud de las sumas anteriores deberá
indexarse o actualizarse, a la vez que, se tendrán que
condenar a la entidad demandada al pago de los intereses de
mora comerciales que se causen desde el día siguiente a la
ejecutoría de la sentencia que ponga fin al proceso, hasta la
fecha en que le de cabal cumplimiento a ésta.
12.- Que se condene en costas a la entidad demandada […]”.
1.2.- Fundamentos de hechos
Como hechos relevantes expuestos en la demanda y el escrito de
corrección, la Sala destaca los siguientes:
Indicó la demandante que el extinto Instituto Nacional de
Transporte – INTRA expidió la Resolución de Unificación núm. 1227
de 4 de marzo de 1993, mediante la cual autorizó la adjudicación
de las siguientes rutas y horarios:
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“-Origen – destino y viceversa: La Mesa – Tena y la Mesa – El
Colegio.
-En tránsito: Bogotá – Girardot, Bogotá – Tocaima, Bogotá –
Apulo, Bogotá – Anapoima, La Mesa – Ibagué, y viceversa.”
Aseguró que desde la expedición de esta resolución ha prestado el
servicio público de transporte con diligencia, eficiencia y cuidado.
Indicó que la Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio
de Transporte mediante Resolución núm. 001999 de 2 de mayo de
2001 y de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1557 de 4
de agosto de 19984, 540 de 28 de marzo de 20005 y la Resolución
núm. 605 de 31 de marzo de 2000, habilitó indefinidamente a la
Empresa Cootransvilla Ltda6 como empresa de servicio público
de transporte terrestre automotor para prestar el servicio en la
modalidad de pasajeros con un radio de acción nacional y un nivel
de servicio corriente, a través de vehículos camperos y camionetas,
Que posteriormente, y previa solicitud del Gerente de Cootransvilla
radicada bajo el núm. 0018696 de 25 de octubre de 2001, la
Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio de Transporte,
mediante la Resolución núm. 000154 de 14 de febrero de 2002
reconoció la relación de rutas y horarios presentados por la
mencionada Empresa, de conformidad con lo previsto en el artículo
4
“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de pasajeros por
carreta”.
5
“Por el cual se organizan las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte”.
6
En adelante Cootransvilla.
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46 del Decreto 1717 de 5 de febrero de 20018.
Aseguró que a Cootransvilla le fueron reconocidas las mismas rutas
que venía cubriendo, lo que le generó perjuicios que le deben ser
reparados.
Señaló que una vez autorizadas las rutas y horarios a Cootransvilla,
ésta solicitó a la Dirección Territorial de Cundinamarca la
racionalización del parque automotor mediante escrito radicado
bajo el núm. 004383 de 20 de febrero de 2002, de conformidad con
el artículo 50 del Decreto 171 de 2001.
Como respuesta a esta solicitud la autoridad expidió la Resolución
núm. 000500 de 20 de marzo de 2002, en la que autorizó la
racionalización en el cambio de la clase de vehículos de 6 camperos
y/o camionetas por 4 microbuses en las rutas La Mesa - Tena y
viceversa y La Mesa – Anapoima y viceversa, en los mismos
horarios autorizados en la Resolución núm. 000154 de 14 de
febrero de 2002.
7
“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de pasajeros por
carreta”.
8
Decreto 171 de 2001. Artículo 46: “Transitorio - zonas de operación. Las empresas que cuentan con
autorizaciones para prestar el servicio de transporte de pasajeros por carretera "en zonas de
operación", presentarán la relación de rutas y horarios servidos en los tres (3) meses previos a la
publicación del presente decreto, debidamente soportada en los despachos realizados desde los
terminales de transporte, anexando un plan de rodamiento que contemple la capacidad
transportadora autorizada.
Verificado lo anterior, el Ministerio de Transporte expedirá el acto administrativo
reconociendo estas rutas y horarios, entendiéndose como no servidos o abandonados aquellos
servicios no relacionados u omitidos por las empresas.” (Negrillas fuera del texto)
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Sostuvo que el gerente de Cootransvilla solicitó, en escritos
radicados bajo los núms. 022856 de 23 de septiembre de 2003 y
009742 de 23 de abril de 2004, la reestructuración de los horarios,
de conformidad con el artículo 37 del Decreto 171 de 2001, habida
cuenta de que era la única empresa autorizada para prestar el
servicio en las rutas: i) La Mesa – El Colegio y viceversa y, La Mesa
– Tena y viceversa. ii) La Mesa – Anapoima y viceversa y: La Mesa
– Apulo y Viceversa.
Precisó que, en virtud de lo anterior, la Dirección Territorial de
Cundinamarca del Ministerio de Transporte expidió las Resoluciones
núms. 000069 de 6 de febrero y 002224 de 1° de diciembre de
20049, en las que reconoció la reestructuración de horarios en las
rutas mencionadas en precedencia por el término de 30 años.
Expresó que la Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio
de Transporte no le corrió traslado de las resoluciones demandadas
ni se hicieron las publicaciones correspondientes, en aras de
manejar la situación en igualdad de condiciones.
Aseguró que la prestación autorizada a Cootransvilla, le implicó la
disminución del 80% de sus utilidades obtenidas con la ejecución
de los servicios de transporte autorizados por la Resolución núm.
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Respecto de estos actos la jurisdicción declaró la caducidad de la acción según da cuenta el fallo de
17 de septiembre de 2015, que se profirió en este mismo proceso.
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1227 de 4 de marzo de 1993, sumado al entorpecimiento que alegó
realizan los automotores de dicha empresa en los municipios de La
Mesa o Cachipay, al impedirse la recogida de pasajeros a su
competencia.
1.3.- Normas Violadas y concepto de violación
1.3.1.- Violación de normas constitucionales y legales
Manifestó que los actos administrativos acusados vulneran el
artículo 209 de la Constitución Política, según el cual, la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y debe ser
desarrollada con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Señaló que en virtud de la Resolución núm. 1227 de 4 de marzo de
1993 estaba siendo favorecida para la prestación del servicio
público de transporte por carretera en las mismas rutas de que se
ocupan las Resoluciones cuestionadas y, por tanto, tenía el derecho
a seguir conservando los privilegios otorgados por el mencionado
acto administrativo.
Estimó que se vulneró el derecho a la igualdad, toda vez que ante
las mismas realidades jurídicas y objetivas se da un tratamiento
desigual, parcializado e inmoral.
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Argumentó que, además de los derechos constitucionales aludidos,
también se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, a la
competencia económica lícita, al buen nombre, derechos
adquiridos, confianza legítima y buena fe.
A su juicio, la Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio
de Transporte usurpó las funciones que le competen a las
autoridades locales, pues en virtud del Decreto 175 de 5 de febrero
de 200110, el reconocimiento de los servicios de transporte
prestados corresponde a los alcaldes.
1.3.2.- Falsa o falta de motivación
Aseguró que la entidad accionada incurrió en falsa o falta de
motivación por cuanto los actos administrativos demandados se
fundamentaron en el Decreto núm. 1557 de 1998, el cual, para la
fecha de expedición de las Resoluciones acusadas, ya había sido
derogado por el artículo 73 del Decreto núm. 171 de 2001, por lo
que, a su juicio, aquellos no se encontraban amparados por el
principio de legalidad.
Expresó que el artículo 73 ibidem derogó todas las disposiciones
contrarias. De ahí estimó que en relación con la Resolución núm.
001999 de 2 de mayo de 2001, los Decretos en los que se fundó
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“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto”.
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dicho acto, esto es, los Decretos 1557 de 1998 y 540 de 2000 y la
Resolución núm. 605 de 31 de marzo de 2000 estaban derogados,
lo que indica que los actos administrativos cuestionados son
ilegales por este motivo.
Indicó que Cootransvilla venía prestando sus servicios en un radio
de acción veredal y al autorizarse la prestación nacional ello implicó
un cambio de rutas que, en atención al parágrafo del artículo 72 del
Decreto núm. 171 de 2001, debía observar la plenitud de los
requisitos allí dispuestos, como lo es la licitación pública propia de
la contratación estatal, la cual no se realizó, pues se optó por la
contratación directa, lo que hace ilícitas todas las actuaciones que
de allí se deriven.
1.3.3.- Desviación de poder
Aseguró que la Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio
de Transporte incurrió en desviación de poder al favorecer a
Cootransvilla, en tanto la habilitó para la prestación del servicio de
transporte sin agotar previamente el proceso de licitación pública
ordenado en los artículos 22 a 29 del Decreto 171 de 2001.
Además, indicó que al favorecer el Estado la creación ilícita de una
actividad con la expedición de los actos acusados se vulneró el
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derecho al trabajo previsto en el artículo 25 de la Constitución
Política y se le disminuyeron las utilidades que recibía.
Señaló que según el artículo 365 de la C.P, y con apoyó en
jurisprudencia de la Corte Constitucional el transporte se define
como un servicio público que debe garantizarse por el Estado.
Cuestionó que, en su caso, tal prestación se vulneró por el
Ministerio al desconocer la presunción de legalidad de la Resolución
1227 de 1993 y expedir los actos acusados.
Además de lo expuesto, en la corrección de la demanda agregó
que:
“[…] Salta a la vista, el yerro en que incurrió el Ministerio al
expedir la “habilitación” en la modalidad de pasajeros por
carretera, con clase de vehículos para la operación “mixto”,
deduciéndose que tal permisión ha debido concederse
fundamentados en el decreto 175 y no en el 171 de 2001. ¿Qué
pasa con la legalidad de la habilitación? […]”.
Argumentó que si en gracia de discusión, a la solicitud de habilitación
presentada por el Gerente de Cootransvilla, fuere aplicable el Decreto
1557 de 1998, se debía tener en cuenta que la referida petición fue
radicada el 11 de diciembre de 2000, esto es, con posterioridad al
Decreto 91 de 13 de enero de 199811, razón por la que se debía
tener como “empresa nueva” y, por consiguiente dependía de los
11
“por el cual se establecen normas para la habilitación y la prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor”.
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servicios que se le hubiesen adjudicado con anterioridad, los cuales,
en el presente caso, son de acción veredal y no nacional.
Sostuvo que Cootransvilla también debía cumplir requisitos diferentes
a los observados en el acto de habilitación12, estos son, los
contenidos en los artículos 6° al 8° del Decreto 1557 de 1998, que
hacían referencia a que con anterioridad a dicho decreto debían tener
autorizados rutas, horarios y frecuencias.
Manifestó se debía tener en cuenta que Cootransvilla nunca operó
como empresa de transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera, de suerte que fue habilitada por la Dirección Territorial del
Ministerio de Transporte en una modalidad diferente a los
antecedentes reconocidos a la empresa.
1.4.- Tramite procesal
Luego de haberse corregido la demanda, el Tribunal admitió por
auto del 28 de septiembre de 200613, la demanda en contra de los
actos acusados (resoluciones 001999 de 2001 y 000154 de 2002) y
dispuso la notificación al Ministro de Transporte y al representante
legal de Cootransvilla.
12
Los requisitos observados en el acto de habilitación son los contenidos en los artículos 9 al 12 del
Decreto 1557 de 1998.
13
Folio 34 a 36 del C.1 principal (expediente físico)
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Mediante providencia del 17 de mayo de 200714 se admitió la
corrección de la demanda dirigida a integrar los demás actos
administrativos, esto es, las Resoluciones 00500 de 20 de marzo de
2002, 000069 y 002224 ambas de 6 de febrero de 2004. Se
ordenaron las notificaciones de rigor.
1.4.1.- Contestaciones de la demanda
1.4.1.1.- La sociedad Cootransvilla Ltda
Por conducto de apoderado judicial, propuso las excepciones de
cosa juzgada, caducidad de la acción, “afectación del principio
constitucional de la buena fe y de un acto de temeridad y de
violación a la lealtad procesal” y de inepta demanda.
Afirmó que se configuró la excepción de cosa juzgada, pues se
cuestionaron las resoluciones núms. 001999 de 2 de mayo de 2001
y 000154 de 14 de febrero de 2002, y la demanda se rechazó por
extemporánea15 según da cuenta el auto de 14 de febrero de
200716, luego de interpretarse como de nulidad y restablecimiento.
14
Folio 142 del del C.1 principal (expediente físico)
15
Alegó que la demanda fue presentada el 20 de junio de 2006, y la sociedad accionante se notificó
de los actos acusados el 14 de diciembre de 2005, es decir, que dejó transcurrir más de 4 meses para
acudir a la Jurisdicción, pues tenía hasta el 15 de abril de 2006 para presentar la demanda.
16
La Sala advierte que la providencia de 14 de febrero de 2007 no corresponde a una sentencia,
como lo afirmó la demandada, sino a un auto interlocutorio y lo profirió el doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
En cuanto a la excepción que denominó “afectación del principio
constitucional de la buena fe y de un acto de temeridad y de
violación a la lealtad procesal” anotó que las Resoluciones núms.
0001999 de 2 de mayo de 2001 y 000154 de 14 de febrero de
2002, ya habían sido cuestionadas lo que conllevo una actuación
temeraria y una vulneración a la lealtad procesal.
La excepción de inepta demanda la argumentó en el sentido de que
los actos administrativos demandados no fueron objeto de los
recursos de vía gubernativa por parte de la actora, es decir, que
incumplió con lo dispuesto en los artículos 135 y 143 del CCA.
En relación con los hechos de la demanda, expresó que no es cierto
que la actora hubiese prestado el servicio de transporte con
diligencia, eficiencia y cuidado, pues el Ministerio de Transporte,
mediante Resolución núm. 3333 de 7 de julio de 2006, le canceló la
ruta: La Mesa – El Colegio y viceversa por su abandono en los
últimos cinco años.
Respecto de la afirmación de la actora relacionada con el deber del
Ministerio de Transporte en comunicarle la existencia de los actos
administrativos demandados, puso de presente que el
reconocimiento de las rutas que le fueron concedidas no requería
de traslado a la sociedad demandante.
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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Sostuvo que mediante las Resoluciones núms. 843 de 9 de
diciembre de 1982 expedida por el INTRA (hoy Ministerio de
Transporte) y 00154 de 14 de febrero de 2002, se le otorgó el
reconocimiento de las rutas en las zonas de operación entre las
veredas de La Mesa - Tena, Apulo, El Colegio y Anapoima, es decir
que la empresa Flota San Vicente conoce desde hace más de 25
años que opera entre las rutas mencionadas, por lo que le
sorprende que la actora aduzca que solo hasta el 14 de diciembre
de 2005 se notificó de las Resoluciones acusadas.
Arguyó que, en virtud del artículo 46 del Decreto 171 de 2001, el
Ministerio de Transporte mediante la Resolución núm. 00154 de
2002 le mantuvo las rutas ya asignadas en la Resolución núm. 843
de 9 de diciembre de 1982, es decir, que no se le otorgaron nuevas
rutas, por lo que estimó que no se vulneró el derecho a la igualdad
que invoca la accionante.
Además, advirtió que con ello tampoco se atenta contra la
Resolución núm. 1227 de 14 de marzo de 1993, por cuanto opera
estas rutas 11 años antes del otorgamiento del precitado acto.
Precisó que, a través de la Resolución núm. 001999 de 2 de mayo
de 2001, se le concedió la habilitación, la cual fue solicitada ante la
Dirección Territorial de Cundinamarca el 11 de diciembre de 2000,
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radicada bajo el núm. 16782, esto es, en vigencia del Decreto 1557
de 1998, el cual, posteriormente fue derogado por el artículo 73 del
Decreto 171 de 2001; no obstante, el artículo 72 ibídem, dispuso
que las empresas que solicitaron habilitaciones en vigencia de los
Decretos 91 y 1557 de 1998 y que a la fecha de publicación de la
disposición no hayan sido decididos, podían acogerse a las nuevas
condiciones estipuladas allí.
Explicó que a la expedición del Decreto 171 de 2001, esto es, al 5
de febrero de 2001, no había sido proferida la Resolución núm.
001999 de 2 de mayo de 2001, y que no se acogió al parágrafo del
artículo 72 del citado Decreto.
Agregó que, en todo caso, la referida norma se anuló por sentencia
de 7 de junio de 2002, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado y por estas razones, la Dirección Territorial de
Cundinamarca le concedió la habilitación bajo el amparo del
Decreto 1557 de 1998 pero en vigencia del Decreto 171 de 2001,
sin que ello represente falsa motivación o una presunta vulneración
al principio de legalidad.
Adujo que no se evidencia desvió de poder alguno en la expedición
de los actos administrativos atacados por el hecho de que no se
llevó a cabo la licitación pública, ya que la habilitación fue otorgada
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en legal forma. De igual forma, precisó que la Resolución núm.
00154 de 14 de febrero de 2002, le reconoció las rutas ya
existentes y otorgadas desde el 9 de diciembre de 1982.
Alegó que tampoco existe una usurpación de funciones por parte
del Ministerio de Transporte a las autoridades locales, por pasar del
radio de acción veredal al nacional y, que, en todo caso, la Ley 336
de 20 de diciembre de 199617, permite la intervención del Ministerio
de Transporte en las funciones de autoridades locales.
Adujo que, por Resolución núm. 843 de 9 de diciembre de 1982, se
le autorizó para prestar el servicio de transporte en los Municipios
de La Mesa, Tena, Apulo, El Colegio y Anapoima y, posteriormente
en virtud del artículo 46 del Decreto 171 de 2001, desapareció
dicho radio, pero se mantuvo el mismo servicio con un radio
nacional, el cual es concedido por el Ministerio de Transporte.
Aclaró que no le es aplicable el Decreto 175 de 2001, por cuanto
dicha norma solamente recae en el servicio de transporte mixto.
1.4.1.2.- El Ministerio de Transporte
Propuso la excepción de caducidad de la acción. Para el efecto,
argumentó que la Resolución núm. 001999 fue expedida en el año
17
“por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte”
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2001 y la presente demanda se instauró cuatro años después, al
igual que la Resolución núm. 000154 que es de febrero de 2002.
Puso de presente que la habilitación concedida a Cootransvilla
mediante la Resolución núm. 001999 de 2001 se realizó solamente
en la modalidad solicitada, esto es, en la de servicio público de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, tal y
como consta en la Resolución núm. 0645 de 22 de octubre de 1993,
a través de la cual se renovó la licencia de funcionamiento a
Cootransvilla para prestar el servicio público de transporte de
pasajeros y/o mixto por carretera, con radio de acción nacional y en
una zona de operación comprendida en la Mesa, Tena, Apulo, El
Colegio y Anapoima.
Adujo que la solicitud de habilitación hecha por Cootransvilla se
decidió con fundamento en el Decreto 1557 de 1998, por cuanto la
actuación se inició en su vigencia, más aún si se tiene en cuenta
que el artículo 72 del Decreto 171 de 2001 facultaba a las empresas
a acogerse a las nuevas disposiciones, lo que no ocurrió en el
presente caso, por tanto, se dio aplicación del Decreto 1557 de
1998.
De otra parte, argumentó que la Dirección Territorial de
Cundinamarca se encontraba facultada para la expedición de los
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actos acusados por autorización expresa del artículo 2°, numeral 8
del Decreto 540 de 2000.
Sostuvo que los actos administrativos acusados no afectan las rutas
adjudicadas a las otras empresas, en la medida que no revocan
ninguna decisión, pues éstas pueden continuar con la prestación del
servicio en las condiciones en que le fueron reconocidos.
Expresó que la argumentación de la actora para alegar los vicios
que presuntamente adolecen los actos administrativos acusados es
precaria, pues solo hace meras denuncias que se desvirtúan con la
lectura de las Resoluciones demandadas, en las que no se
evidencian las razones de la demandante, máxime si se tiene en
cuenta que las rutas, horarios y frecuencias de aquella no han sido
derogadas ni revocadas y que las rutas y las vías no son exclusivas,
lo que permite que el servicio de transporte se preste dentro de una
sana competencia, más aún si se tiene en cuenta que en la
actualidad opera en las rutas habilitadas en virtud de la Resolución
núm. 1227, la cual se realizó con ocasión de un proceso colectivo
de reordenación de rutas.
Estimó que las acusaciones de la actora en relación con la
Resolución núm. 000154 de 2002 solo son afirmaciones que
descalifican su actuación, pero en ninguna forma, ataca la
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exposición de las razones que motivaron la expedición de las
normas acusadas.
En cuanto al cargo de desviación de poder, manifestó que no es
cierto que hubiese desconocido su propio acto, esto es, la
Resolución núm. 1227, la cual fue emitida por el extinto INTRA en
un contexto administrativo distinto al que se expidieron las
Resoluciones núms. 001999 de 2001 y 000154 de 2002.
En relación con el cargo de la presunta vulneración al derecho a la
igualdad, precisó que se trata de una mera denuncia, pues no
especificó los actos que desequilibran tal derecho, ya que reiteró
que las Resoluciones de adjudicación de rutas y horarios se
expidieron en diferentes contextos administrativos, razón por la que
no puede predicar la vulneración al derecho a la igualdad.
Por su parte, en el escrito mediante el cual contestó la corrección
de la demanda, aclaró que la actora en el escrito inicial de demanda
solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución 001999 y en el
de corrección mencionó algunos conceptos jurídicos que no guardan
relación, pues se refieren al transporte mixto veredal, el cual es una
modalidad diferente al de transporte de pasajeros y, por ende,
varían en la competencia y jurisdicción. De igual forma, precisó que
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las rutas autorizadas corresponden a Municipios y no veredas, como
lo pretende hacer ver la demandante.
Puso de presente que la parte resolutiva de la Resolución núm.
000154 de 2002 establece las rutas y horarios entre Municipios de
contenido urbanístico y no rural, como lo son La Mesa, El Colegio,
Anapoima, Apulo y Tena, es decir, que no son rutas que estén
uniendo veredas de una Jurisdicción sino una ruta atípica
intermunicipal, para lo cual el Decreto 540 de 2000 otorga
competencia al Ministerio de Transporte.
1.4.2. Alegaciones y primer fallo del Tribunal a quo
Por auto del 5 de marzo de 200918 y una vez agotado la etapa
probatoria se corrió traslado para alegar, oportunidad en la que
intervinieron las partes. El Ministerio público no rindió concepto.
El Tribunal a quo resolvió sobre las pretensiones formuladas y por
sentencia de 24 de septiembre de 2009 declaró probada la
excepción de caducidad de la acción y, en consecuencia, se inhibió
para pronunciarse de fondo.
Para arribar a tal conclusión refirió que la parte demandante tuvo
conocimiento de las resoluciones demandadas el 14 de diciembre
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Folio 503 del C. 1 principal (expediente físico)
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de 2005, luego de que solicitara copia de ellas; de ahí que para el
20 de junio cuando presentó la demanda, estimó que la acción se
encontraba caducada, decisión que apoyó en el auto de rechazo de
la demanda proferido por esta Corporación19 contra idénticos actos
y que ejercitó también la demandante.
1.4.3.- Sentencia del Consejo de Estado y orden de
devolución al Tribunal a quo
Esta Sección mediante fallo de 17 de septiembre de 2015, al
resolver el recurso de apelación contra la sentencia de 24 de
septiembre de 2009, revocó parcialmente la decisión inhibitoria
por considerar que, respecto de las resoluciones núms. 001999 de
2 de mayo de 2001, 000154 de 14 de febrero de 2002 y 000500 de
20 de marzo de 2002, la demanda fue radicada en tiempo en
atención a que el término de caducidad de la acción fue suspendido
por la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial.
Señaló que lo anterior, no se predica de los actos administrativos
núms. 000069 de 6 de febrero y 002224 de 1° de diciembre de
2004, por cuanto estos no se relacionaron en la solicitud de
conciliación y, por tanto, respecto de ellos confirmó el fallo que
declaró la excepción de caducidad de la acción por extemporánea.
19
Se trata del auto de 14 de febrero de 2007. Expediente 2006-00318 CP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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También se ocupó de pronunciarse respecto de las excepciones de
cosa juzgada y “afectación del principio constitucional de la buena
fe y de un acto de temeridad y de violación a la lealtad procesal”,
propuestas por Cootransvilla S.A., en el sentido de declararlas no
prosperas. Al respecto puntualizó:
“[…] se advierte que no están llamadas a prosperar, toda
vez que si bien la actora presentó demanda ante esta
Corporación, la cual fue radicada bajo el núm. 2006-00318-00,
en la que solicitó que se declarara la nulidad de las
Resoluciones núms. 001999 de 2 de mayo de 2001, 000154 de
14 de febrero de 2002 y 000500 de 20 de marzo de 2002, la
misma fue instaurada con posterioridad a la acción de la
referencia, esto es, el 3 de octubre de 2006, razón por la
que en auto de 14 de febrero de 2007, esta Sección, en Sala
Unitaria20, rechazó la demanda por caducidad de la acción,
circunstancias de hecho que difieren sustancialmente de las
planteadas en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho de la referencia, la cual fue presentada el 20 de junio
de 2006, es decir, oportunamente, como se explicó en
precedencia.
Siendo ello así, la Sala considera que en el presente caso no es
factible dar aplicación a la figura de la cosa juzgada, por cuanto
los defectos formales de la acción radicada bajo el núm. 2006-
00318-00, no le son atribuibles a la demanda bajo examen, la
cual, como ya se indicó, fue presentada oportunamente y con
el lleno de los requisitos formales […]”.
En virtud de la garantía del derecho de acceso a la administración
de justicia, esta Corporación ordenó la devolución al Tribunal a quo
para que se pronunciara de fondo respecto de las resoluciones que
identificó el fallo, siendo este el sustento de la sentencia que ahora
se cuestiona.
20
Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
De conformidad con lo anterior y en cumplimiento de la decisión de
esta Corporación, la Subsección “B” de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de 9
de diciembre de 2016 denegó las pretensiones de la demanda
contra los actos respecto de los cuales debía pronunciarse.
En relación con el cargo de falsa motivación, sostuvo que si bien
el Decreto 1557 de 1998 fue derogado por el artículo 73 del
Decreto 171 de 2001, también lo es que la solicitud de habilitación
que radicó Cootransvilla ante la oficina del Ministerio de Transporte
– Dirección Territorial de Cundinamarca para prestar el servicio
público de trasporte de pasajeros de carretera, ocurrió el 11 de
diciembre de 2000, fecha para la cual aún se encontraba en vigor
el Decreto 1557 de 1998, pues el Decreto 171 soló entró a regir el
5 de febrero de 2011, cuando se publicó en el Diario Oficial.
Agregó que si bien el Decreto 171 de 2001, dispuso en el artículo
72 que las empresas que hubiesen radicado solicitudes de
habilitación en vigencia de los Decretos 91 y 1557 de 1998, y que a
la fecha de su entrada en vigor no hubiesen sido decididas, podían
acogerse a las nuevas condiciones estipuladas en esa norma, lo que
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no ocurrió con la empresa Cootransvilla, pues no ejercitó esta
potestad.
Respecto del cargo de desviación de poder, adujo que en el
expediente no obraba ninguna prueba que diera cuenta que los
actos acusados fueron expedidos para favorecer a la sociedad
Cootransvilla; por el contrario, lo que advirtió es el que Ministerio
realizó los estudios técnicos en los que analizó el cumplimiento de
las condiciones exigidas para obtener la habilitación, de lo que pudo
observar que la administración tomó su decisión de manera juiciosa
y observó el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.
También precisó que si bien la Resolución 1227 de 4 de marzo de
1993 autorizó a la accionante a servir las rutas que reclama, lo
relevante es que tal autorización no fue exclusiva habida cuenta
que en los términos del artículo 336 de la Constitución Política, se
debe garantizar la libre competencia de las actividades económicas
lícitas; y, en todo caso, no se restringió su operación, la cual
realizaba según el permiso conferido.
Finalmente, respecto del cargo referente de vulneración de
normas superiores en las que debían fundarse los actos
acusados, indicó que el artículo 2° del Decreto 540 de 2000, que
era la norma vigente para la fecha de solicitud de habilitación de
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Cootransvilla, facultó a la Dirección Territorial del Ministerio para
expedir las resoluciones demandadas, es decir, ostentaba la
competencia que reclama la demandante.
No condenó en costas, habida cuenta que no evidenció temeridad o
mala fe de la actora, en los términos del artículo 171 del CCA.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La actora interpuso recurso de apelación contra el fallo denegatorio
y con tal propósito planteó sus reproches respecto del examen
realizado, así:
Afirmó que el Tribunal al estudiar el cargo de falsa motivación no
examinó que el Decreto 540 de 2000 y la Resolución 605 de 31 de
marzo de 2000, por ser normas contrarias al Decreto 171 de 2001,
deben entenderse derogadas de acuerdo con lo previsto en el
artículo 73 y, en consecuencia, la Resolución en comento “[…] nació
muerta al no tener el soporte de legalidad necesario para regir
[…]”.
Señaló que el Tribunal tampoco tuvo en cuenta el parágrafo del
artículo 72 del Decreto 171 de 2001, cuya aplicación al caso
concreto representa que las Resoluciones 000154 y 00500 de 2002
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debían sujetarse a los trámites y procedimientos establecidos en
aquél.
Indicó que Cootransvilla prestó sus servicios dentro de los tres
meses anteriores al Decreto 171 de 2001 en un radio de acción
veredal, razón por la que no era procedente el cambio al nacional
porque implicaba un cambio de rutas. Que, a su juicio, el Ministerio,
en virtud del parágrafo del artículo 72 del Decreto 171 de 2001,
debió observar las exigencias previstas en dicha normativa, esto es,
llevar a cabo el proceso de licitación pública ordenado en el artículo
24 idem, y no optar por la contratación directa, como en efecto lo
hizo.
Además, afirmó lo siguiente:
“[…] Sumado a esto, es preciso afirmar que a pesar de que
Cootransvilla Ltda haya presentado su solicitud de
“habilitación” el 11 de diciembre de 2000, con ocasión a que
la misma no tenía rutas nacionales sino veredales, la esencia
de la solicitud era una “solicitud de modificación de rutas”
situación jurídica que encuadra en el artículo 72 del ibidem.
Razón que no es de poca monta, para que obligatoriamente el
Ministerio de Transporte hubiere observado dicha norma, pues
tal y como puede leerse el mismo ordena “las solicitudes
relacionadas con … modificación de rutas … deberán sujetarse
al cumplimiento de los requisitos, trámites y procedimientos en
el presente decreto”. Es decir, que se incurrió en falsa
motivación, no sólo por el hecho de que las resoluciones
acusadas se fundaron en el Decreto 1557 de 1998, sino porque
lo “habilitado” en esencia fue una “modificación de rutas”,
quedando así en la penumbra el principio de legalidad que debe
amparar todo acto administrativo. Entonces, Cootransvilla Ltda.
se benefició del “cambio de rutas” al emitirse una Resolución
que aparentemente era de “habilitación”, pero que si se revisa
su esencia fue una resolución de “cambio de rutas”, y es allí
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cuando la defensa se pregunta ¿cómo puede sustentarse la
licitud de las resoluciones acusadas, existiendo argumentos
que son controvertibles sobre la licitud de las mismas? […]”.
[…]
Asimismo, la defensa insiste en señalar que la Resolución
000154 de 14 de febrero de 2002, reconoce la relación de
rutas y horarios servidos por “Cootransvilla Ltda.” en los tres
meses previos a la publicación del Decreto 171 del 5 de febrero
de 2001, según lo contemplado por el artículo 46 transitorio de
este decreto, situación que fue recogida por la Resolución
001999 de 2 de mayo de 2011 (sic), que como se dijo
previamente es ilegal. Así entonces, tenemos que lo que nace
ilícito muere ilícito, entonces mal podría la Resolución 00154 de
14 de febrero de 2002 tornar lícitas las rutas y horarios
servidos por esta empresa. Idénticas circunstancias tiene la
Resolución 000500 de 2002 que tiene hilos relacionados con la
Resolución 001999 de 2001; en este punto, pese a que el a
quo haya indicado que operó la caducidad frente a las
Resoluciones 000069 de 2004 y 00224 de 2004, es importante
resaltar que se encuentran igualmente viciada de ilicitud […]”.
Respecto del cargo denominado desviación de poder en las
resoluciones” señaló que este se configura al contratarse de manera
directa a Cootransvilla, pues, de acuerdo con el artículo 24 del
Decreto 171 de 2001, el Ministerio de Transporte debió llevar a
cabo el proceso de licitación pública.
Reiteró que la expedición de los actos acusados se originó para
favorecer a Cootransvilla, pues se “maquilló” un “cambio de rutas
“con una “habilitación”, lo cual solo podía llevarse a cabo a través
de una licitación.
Precisó que, aunque con la operación de Cootransvilla no se le quitó
su derecho a servir en las rutas en las que venía sirviendo, lo cierto
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es que con la expedición de los actos acusados sus utilidades
disminuyeron en un 80%, razón por la que se le deben amparar los
derechos adquiridos en la Resolución 1227 de 4 de marzo de 1993.
Señaló que también se vulneró su derecho al trabajo previsto en el
artículo 25 de la Constitución Política, pues se disminuyó su
accionar con la creación ilícita de una competencia por parte del
Estado, que es el encargado de garantizar un orden justo.
Indicó que, de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución
Política, el transporte es un servicio público que implica riesgos21,
aun así, debe garantizarse por el Estado, de ahí que insista que los
actos cuestionados desconocen la presunción de legalidad de la
Resolución 1227 de 1993, la que autorizó la prestación del servicio
de transporte.
Respecto del cargo denominado “vulneración de las normas
superiores” lo sustentó en los siguientes términos:
“[…] Reitera la defensa que los actos administrativos acusados,
violan las normas superiores en que debían fundarse porque,
de un lado, el Ministerio usurpó funciones que competen a las
autoridades locales -las alcaldías- si vemos con recelo las
competencias regladas de la plenitud de la normatividad del
transporte terrestre por carretera de pasajeros -leyes 105 de
1993 (ley básica del transporte), 336 de 1996 y 769 de 2002
(código nacional de tránsito terrestre), Decreto 171 de 2001-;
y. de otro lado, convierte, sin el cumplimiento de los
21
Según lo señala la Sentencia C-066 de 1999 proferida por la Corte Constitucional.
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procedimientos establecidos, a una empresa competidora de
Flota San Vicente en una empresa de acción nacional. Lo
anterior desconoce el parágrafo 72 del Decreto 171 de 2001
prescribe la obligatoriedad de este decreto si la solicitud es
para modificar rutas como en el caso de Cootransvilla Ltda-.
Por ello, la modificación del sistema veredal a nacional, a favor
de esta empresa, implicaba el cumplimiento de lo preceptuado
por el Decreto 171, punto que no era facultativo para el
Ministerio ni Cootransvilla, y que se inobservó.
Durante el proceso se probó el actuar irregular del Ministerio,
al permitirle a Cootransvilla Ltda. competirle de modo ilegal y
desleal a Flota San Vicente, en idénticas rutas que venía
cubriendo mi mandante, lo que evidencia ingentes perjuicios -
en materia de competencia económica, libertad de empresa,
libertad de comercio, libertad de trabajo, good will- que habrán
de indemnizarse integralmente, siguiendo el artículo 90 de la
Constitución Política, que impone el deber reparados del Estado
por el daño antijurídico, como en el presente; empero, aún
más, si por algún motivo sorpresivo resultaren legales los actos
relacionados, de todas formas habrá lugar a la indemnización
pretendida, toda vez que el artículo constitucional mencionado,
permite dicha indemnización así haya legalidad de por medio,
por violación del principio de igualdad frente a las cargas
públicas, tal como acontece con la Flota.
Se ve, en suma, clara la violación de los diferentes elementos
de los actos administrativos demandado, especialmente el
OBJETIVO y el CASUAL, y que por lo mismo se encuentran
viciados de NULIDAD, la cual, ha de ser declarada por el
despacho, para dar paso al RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Y LAS REPARACIONES DE LOS DAÑOS OCASIONADO, según las
pretensiones de la demanda […]”.
Con fundamento en lo expuesto, solicita revocar el fallo apelado y
acceder a las pretensiones.
IV.- TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA
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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Por auto de 19 de julio de 201822 se admitió el recurso de apelación
y se reconoció personería a la apoderada del Ministerio de
Transporte.
Luego, mediante providencia del 21 de agosto de 201823 se ordenó
correr traslado a las partes para alegar, durante el cual estas
guardaron silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1.- Competencia
Esta Sección es competente para proferir la sentencia en este
asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la
C.P., 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, 128 del CCA y 13 del Acuerdo 080 de 201924 expedido por
la Sala Plena de esta Corporación.
5.2.- Problemas Jurídicos
En atención a los reproches planteados por la actora en el recurso
de apelación, la Sala se ocupara de resolver si confirma, modifica o
revoca el fallo cuestionado, para lo cual establecerá: i) si la
22
Folio 4 C.3 principal (Expediente físico).
23
Folio 7 C.3 principal. (Expediente físico).
24
Modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024.
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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Dirección Territorial del Ministerio de Transporte era incompetente
para expedir los actos acusados; ii) si la Resolución núm. 001999
de 2 de mayo de 2001 y demás actos acusados25, debieron
expedirse bajo el régimen previsto por el Decreto 171 de 2001; iii)
si era necesario que a la habilitación de la empresa le precediera que
la prestación de servicio público se hiciera por licitación pública, en
razón a que esta presunta omisión vicia de nulidad los demás actos
acusados, al sustentarse en una norma derogada con el consecuente
efecto que ello tiene para los actos que aprobaron la relación de las
rutas y en el parque automotor; y iv) si con la expedición de los
actos demandados se vulneraron los derechos adquiridos por la
actora con la Resolución 1227 de 4 de marzo de 1993 y los
derechos al trabajo e igualdad y la efectiva prestación del servicio
público de transporte amparado por el artículo 365 de la
Constitución Política.
5.3.- De los actos acusados
En el presente asunto, la sentencia apelada, como se precisó,
recayó en el análisis de legalidad de las siguientes resoluciones:
5.3.1.- Resolución 001999 de 200126
“RESOLUCIÓN N° 001999 DE 02 DE MAYO DE 2001
25
Se trata de las Resoluciones 000154 y 0005000 ambas de 2002, frente a las cuales se autorizó el
pronunciamiento de fondo por esta Corporación en virtud del fallo de 17 de septiembre de 2015.
26
Folios 24 a 26 el C.1 ppal. expediente físico.
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“Por la cual se habilita como empresa de servicio público de
transporte terrestre automotor en la modalidad de
pasajeros a la empresa denominada COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES VILLA DE LA MESA “COOTRANSVILLA”
EL DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO AUTOMOTOR DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas
por el Decreto 1557 de 1998, Decreto 540 de 2000 y la
Resolución No. 605 del 31 de marzo de 2000
“CONSIDERANDO
El director regional Cundinamarca del extinto INTRA, con
Resolución número 0645 del 22 de octubre de 1993,
renovó la licencia de funcionamiento a la COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES VILLA DE LA MESA A COOTRANSVILLA”.
con sede en la ciudad de La Mesa Cundinamarca, para prestar
el servicio público de transporte terrestre automotor de
pasajeros y/o mixto por carretera con las siguientes
características:
RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA
DE LA MESA “COOTRANSVILLA”.
RADIO DE ACCIÓN: Nacional
VIGENCIA: IGUAL AL TÉRMINO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA
COOPERATIVA, SIEMPRE Y CUANDO CONSERVE EL OBJETO Y
RAZÓN SOCIAL, BAJO LAS CUALES SOLICITÓ LA PERSONERÍA
JURÍDICA.
PATRIMONIO LÍQUIDO: $6.700.177.
CLASE DE VEHÍCULOS: CAMPEROS, CAMIONETAS (MIXTOS).
NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE.
Que el señor FABIO LOZANO BARRETO, en calidad de
representante legal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
VILLA DE LA MESA “COOTRANSVILLA”, con documentación
radicada ante la Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio
de Transporte, bajo el número 16782 del 11 de diciembre de
2000, solicitó habilitación para operar como empresa de
servicio público de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera, presentando para ello los
documentos relacionados en los artículos 9, 10, 11 y 12 del
Decreto 1557 del 4 de agosto de 1998.
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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Que el Grupo Operativo de Transporte de Pasajeros de la
Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio de Transporte
elabora el estudio técnico No. 039 del 2000, con el cual verifica
que la empresa cumple las condiciones en materia de
organización, técnicas, financieras y de seguridad, y recomienda
habilitar a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LA
MESA “COOTRANSVILLA”, como empresa de servicio público de
transporte terrestre automotor en la modalidad de pasajeros.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Habilitar como empresa de servicio
público de transporte terrestre automotor en la modalidad
de pasajeros a la empresa denominada COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES VILLA DE LA MESA “COOTRANSVILLA”, de
conformidad con las siguientes características:
RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA
DE LA MESA “COOTRANSVILLA”
MODALIDAD: Pasajeros.
RADIO DE ACCIÓN: Nacional
VIGENCIA: Igual término de existencia legal de la cooperativa,
siempre y cuando conserve el objeto y razón social, bajo las
cuales solicitó la personería jurídica.
CLASE DE VEHÍCULOS: CAMPEROS, CAMIONETAS (MIXTOS)
NIVEL DE SERVICIO: Corriente.
ARTÍCULO SEGUNDO. La habilitación será indefinida mientras
subsistan las condiciones exigidas para su otorgamiento. El
Ministerio de Transporte, de oficio o a petición de parte, podrá en
cualquier tiempo, verificar el cumplimiento de las mismas.
ARTÍCULO TERCERO: Las autoridades de control serán las
encargadas de velar por el estricto cumplimiento de la presente
resolución.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los
recursos de reposición ante esta Dirección Territorial y el de
apelación ante la Dirección General de Transporte y Tránsito
Automotor del Ministerio de Transporte, dentro de los cinco (5)
días siguientes al de su notificación”. (Destacado fuera del texto
original)
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5.3.2.- Resolución 000154 de 200227
“[…] por la cual se reconoce la relación de rutas y horarios
servidos por la Empresa COOTRANSVILLA LTDA, en los
tres (3) meses previos a la publicación del Decreto 171 del 5
de febrero de 2001, de acuerdo a lo contemplado en su
artículo 46 – Transitorio – zonas de operación.
EL DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las
conferidas por los Decretos 101, 540 de 2000 y 171 de 2001,
las Resoluciones Nos. 2604 y 7806 de 2001
CONSIDERANDO
[…]
Que mediante Resolución N° 00645 del 22 de octubre de 1983,
el liquidado Instituto Nacional de Transporte y Tránsito -INTRA,
renovó la licencia de funcionamiento a la Cooperativa de
Transportadores Villa de La Mesa Ltda. “COOTRANSVILLA
LTDA” con sede principal en La Mesa (Cundinamarca) para
prestar el servicio de transporte público terrestre automotor de
pasajeros y/o mixto por carretera en zona de operación de los
municipios de La Mesa, Tena, Anolaima y Apulo (Departamento
de Cundinamarca).
Que La Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio de
Transporte, mediante Resolución # 001999 del 2 de mayo
de 2001, habilitó como empresa de servicio público de
transporte terrestre automotor a la Empresa Cooperativa
de Transportadores Villa de La Mesa Ltda. -
COOTRANSVILLA LTDA, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 1557 del 4 de agosto de 1998, con las
siguientes características:
[…]
Que el señor FABIO LOZANO BARRETO, obrando en calidad de
Gerente de la Cooperativa de Transportadores Villa de La Mesa
Ltda. -COOTRANSVILLA LTDA, con documentación radicada
ante la Dirección Territorial Cundinamarca de la Dirección
General de Transporte y Tránsito Automotor del Ministerio de
Transporte, bajo el número 0018696 del 25 de octubre de
2001, presentó la relación de rutas y horarios servidos
en los tres (3) meses previos a la publicación del
Decreto 171 de 2001, al igual que copias de las planillas
de despacho correspondiente a los sitios autorizados y
copias del plan de rodamiento a fin de acogerse a los
27
Visible al folio 20 a 23 del c. 1 del expediente físico.
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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
dispuesto en el artículo 46 -zonas de operación- del
decreto antes mencionado.
Que la Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio
de Transporte elaboró el estudio técnico No. 0003 de
2002, con el cual se analizó y verificó la relación de
rutas, horarios y frecuencia, las planillas de despacho y
el plan de rodamiento que permitió concluir que la
empresa Cooperativa de Transportadores Villa de La
Mesa Ltda. -COOTRANSVILLA LTDA cumplió con los
requisitos establecidos en el artículo 46 transitorio –
zonas de operación del Decreto 171 del 5 de febrero de
2001.
[…]
En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Reconocer la relación de rutas y
horario presentados por la empresa Cooperativa de
Transportadores Villa de La Mesa Ltda. -
COOTRANSVILLA LTDA, servidos en los tres (3) meses
previos a la publicación del Decreto 171 del 5 de febrero
de 2001, los cuales fueron debidamente soportados en los
despachos realizados en los sitios de parqueo, de acuerdo a
lo contemplado en el artículo 46 -transitorio- zonas de
operación, del decreto antes mencionado, de la siguiente
manera:
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las rutas serán servidas de acuerdo
a la capacidad transportadora que le fue asignada
mediante la Resolución No. 00843 del 9 de diciembre de
1982.
ARTÍCULO TERCERO.- El reconocimiento de las rutas y
horarios, en ningún momento constituye incremento en la
capacidad transportadora que tiene asignada […]”. (Destacado
fuera del texto original)
5.3.3.- Resolución 000500 de 200228
“[…] Por la cual se autoriza la racionalización del parque
automotor solicitado por la empresa COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES VILLA DE LA MESA “COOTRANSVILLA
LTDA.” en las rutas “La Mesa – Tena; La Mesa – Anapoima”
28
Visible al folio 151 a 153 del C. 1 principal del expediente físico.
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EL DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas
por los Decretos 101 de 2000 y 171 de 2001, Decreto 540 de
2000, Ley 336 de 1996, Resolución 2406 de 2000 y Resolución
7806 de 2001 y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo al Artículo 50 del Decreto 171 de 5 de febrero de
2001, para posibilitar una eficiente racionalización de los
equipos, la asignación de la clase de vehículo con la cual
se prestará el servicio, se agrupa según su capacidad así:
GRUPO A: 4 a 9 pasajeros
GRUPO B: 10 a 19 pasajeros
GRUPO C: MAS DE 19 Pasajeros
Que así mismo, el Artículo en comento señala que para el cambio
de grupo de los vehículos autorizados en una ruta, se tendrán en
cuenta las siguientes equivalencias:
Del grupo C al grupo B o del grupo B al Grupo A, es decir en
forma descendente, será de uno (1) a uno (1).
Del grupo A al grupo B o del grupo B al Grupo C, es decir en
forma ascendente, será de tres (3) a dos (2).
Que mediante Radicado No. 004383 del 20 de febrero de
2002 el Representante Legal de La Empresa COOTRANSVILLA
LTDA, solicita a la Dirección Territorial Cundinamarca la
Racionalización del parque automotor, acogiéndose a lo
establecido en el artículo 50 del Decreto 171 de 2001.
Que con oficio MT -000641 del 6 de marzo de 2002, La Dirección
Territorial Cundinamarca solicitó a la precitada empresa aclarar
para cuáles rutas autorizadas se haría la racionalización y
la cantidad de vehículos.
Que el Representante Legal de la Empresa COOTRANSVILLA
LTDA. mediante oficio radicado bajo el No. 005729 del 6 de
Marzo de 2002 aclara su petición y solicita a la Dirección
Territorial Cundinamarca la Racionalización del parque automotor
así:
Cambio de (6) seis unidades de grupo A (automóvil/
campero/ camioneta), a cuatro (4) unidades del grupo B
(Microbús), es decir en forma ascendente, cambio que
corresponde de (3) a (2), o sea tres (3) automóviles, camperos
y/o camionetas a dos (2) microbuses.
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Que el liquidado Instituto Nacional de Transporte y Tránsito
INTRA, mediante Resolución No. 843 de diciembre 9 de 1982, en
el artículo segundo le fijó a la empresa COOTRANSVILLA LTDA.,
la siguiente capacidad transportadora, con radio de acción
veredal (La Mesa, Tena, Apulo, Colegio, Anapoima) así:
CLASE DE VEHÍCULO MÍNIMA
MÁXIMA
CAMPEROS, CAMIONERAS O MIXTOS 24 30
Que La Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio de
Transporte, mediante Resolución No. 000154 del 14 de
febrero de 2002 reconoce la relación de ruta y horarios
servidos por la empresa COOTRANSVILLA, de la siguiente
manera:
a) Ruta La Mesa – El Colegio y viceversa,
b) Ruta La Mesa – Tena y viceversa,
c) La Mesa – Anapoima y viceversa,
d) La Mesa – Apulo y viceversa,
Que por lo anteriormente expuesto este Despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la racionalización en el
cambio de la clase de vehículo de 6 camperos y/o
camionetas por (4) cuatro vehículos clase MICROBUS a la
empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE
LA MESA “COOTRANSVILA LTDA., en las rutas LA MESA –
TENA y viceversa; LA MESA – ANAPOIMA y viceversa, con los
mismos horarios autorizados en las Resoluciones No. 000154 de
14 de febrero de 2002.
ARTÍCULO SEGUNDO: Derogar el Artículo segundo de la
Resolución No. 843 del 9 de diciembre de 1982, que fija la
capacidad transportadora a la empresa COOTRANSVILLA
LTDA la cual quedará de la siguiente manera, y los demás
términos de la citada resolución continúan vigentes.
CLASE DE VEHÍCULO MÍNIMA
MÁXIMA
Grupo A (CAMPEROS, CAMIONERAS O MIXTOS) 24 30
Grupo B (MICROBÚS) 3 4
ARTÍCULO TERCERO: La capacidad transportadora que se
autoriza mediante la presente Resolución será incorporada así:
(1) Utilizando la que se encuentra disponible, ó (2) por la que se
genere del proceso de desvinculación de vehículos hasta
completar la autorizada […]”. (Destacado fuera del texto original)
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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
5.4. El asunto bajo examen
Precisado el contenido de los actos acusados es oportuno que la
Sala identifique los siguientes aspectos necesarios a considerar
frente a cada uno de los actos acusados, a efectos de contextualizar
la situación acaecida, que esta relacionada con la habilitación a la
empresa Cootransvilla en la prestación del servicio de transporte y
las autorizaciones frente a la rutas y horarios y la racionalización
del parque automotor, así:
Resolución 001999 de Resolución 000154 de Resolución 0005000 de
2001 2002 2002
Fecha de la 11 de diciembre de 25 de octubre de 2001, 20 de febrero de 2002
petición 2000
Pidió la habilitación para Pidió acogerse a los Pidió la racionalización del
operar como empresa de dispuesto en el artículo 46 - parque automotor,
servicio público de zonas de operación- del acogiéndose a lo
Objeto de transporte terrestre decreto, frente a la relación establecido en el artículo
la solicitud automotor de pasajeros de rutas y horarios servidos 50 del Decreto 171 de
por carretera. en los tres (3) meses 2001.
previos a la publicación del
Decreto 171 de 2001
Norma en Decreto 1557 de 1998, Decretos 101, 540 de 2000 Decretos 101 de 2000 y
que se Decreto 540 de 2000 y la y 171 de 2001, las 171 de 2001, Decreto 540
fundó la Resolución No. 605 del Resoluciones Nos. 2604 y de 2000, Ley 336 de 1996,
entidad 31 de marzo de 2000 7806 de 2001 Resolución 2406 de 2000 y
demandada Resolución 7806 de 2001
HABILITAR como RECONOCER LA AUTORIZAR LA
empresa de servicio RELACIÓN de rutas y RACIONALIZACIÓN EN
público de transporte horario presentados por la EL CAMBIO DE LA CLASE
terrestre automotor en la empresa Cooperativa de DE VEHÍCULO de 6
modalidad de pasajeros Transportadores Villa de La camperos y/o camionetas
Decisión a la empresa Mesa Ltda. - por (4) cuatro vehículos
denominada COOTRANSVILLA LTDA, clase MICROBUS a la
COOPERATIVA DE servidos en los tres (3) empresa COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES meses previos a la TRANSPORTADORES VILLA
VILLA DE LA MESA publicación del Decreto 171 DE LA MESA
“COOTRANSVILLA” del 5 de febrero de 2001 “COOTRANSVILA LTDA
Esta distinción será esencial para resolver los cargos de apelación,
previa revisión del siguiente marco jurídico.
5.4.1.- Generalidades del servicio de transporte
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Conforme lo define la Corte Constitucional29 la actividad de
transporte constituye un servicio público30, y bajo esa clasificación
el Estado debe garantizar su prestación de manera permanente,
regular y continua, en razón a que su función es esencial en el
desarrollo de las actividades que cumplen sus usuarios, bien para el
transporte de personas o de mercancías.
En efecto, la legislación en la que se fundaron los actos acusados
define que el sistema de transporte terrestre automotor por
carretera de pasajeros se presta en la modalidad de i) pasajeros,
entendida como “[…] el traslado de personas al lugar o sitio
convenido […]”31 y; la ii) mixta, que hace referencia al transporte
simultaneo de personas con sus respectivos bienes o carga32.
Cada modalidad, por expresa disposición del artículo 11 de la Ley
336, debe estar debidamente regulada y con ello, el reglamento que
las desarrolle deberá contener los requisitos para el otorgamiento de
29
Corte Constitucional. Sentencia C-066 de 1999. M.P. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
30
Así lo define la Ley 336 de 1996 "Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte". En su
“ARTÍCULO 5-El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley
le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés
general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la
protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para
cada modo”
31
Decreto 1557 de 1998 “por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor de pasajeros por carretera”. El artículo 5° prevé:
“Para los efectos previstos en este decreto la actividad transportadora terrestre automotor se
clasifica:
1. Según su modalidad.
a) Pasajeros. Es el traslado de personas al lugar o sitio convenido.
b) Mixto. Es el traslado simultáneo de personas y cosas al lugar o sitio convenido […]”
32
Decreto 175 de 2001. Artículo 6°: Servicio público de transporte terrestre automotor
mixto. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 4190 de 2007. Es aquel que se presta bajo la
responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada, a
través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el
vehículo de servicio público a esta vinculado, para su traslado simultáneo con el de sus bienes o
carga, en un recorrido legalmente autorizado o registrado.
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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
la habilitación, la cual es definida como la autorización que expide la
autoridad competente para la prestación del servicio público de
transporte. El artículo en comento dispone:
“Artículo 11.-Las empresas interesadas en prestar el servicio
público de transporte o constituidas para tal fin, deberán
solicitar y obtener habilitación para operar.
La habilitación, para efectos de esta ley, es la autorización
expedida por la autoridad competente en cada modo de
transporte para la prestación del servicio público de
transporte.
El Gobierno Nacional fijará las condiciones para el otorgamiento
de la habilitación, en materia de organización y capacidad
económica y técnica, igualmente, señalará los requisitos que
deberán acreditar los operadores, tales como estados
financieros debidamente certificados, demostración de la
existencia del capital suscrito y pagado, y patrimonio bruto,
comprobación del origen del capital aportado por los socios,
propietarios o accionistas, propiedad, posesión o vinculación de
equipos de transporte, factores de seguridad, ámbito de
operación y necesidades del servicio […]”.
Por su parte, y con el fin de examinar los cargos aquí planteados se
tiene que tanto el Decreto 1557 de 1998 como 171 de 2001,
definen la habilitación, así:
DECRETO 1557 DE 1998 DECRETO 171 DE 2001
CAPÍTULO III “[…] T I T U L O II
DE LA HABILITACION HABILITACION
SECCION I CAPITULO I
Autoridades Parte General
Artículo 6°. Las empresas Artículo 11. Disposición general.
interesadas en prestar el servicio Las empresas legalmente
público de Transporte de pasajeros por constituidas, interesadas en prestar
carretera o constituidas para tal fin, el Servicio Público de Transporte
DEBERÁN solicitar y obtener Terrestre Automotor de Pasajeros por
habilitación para operar. La Carretera DEBERÁN solicitar y
habilitación es la autorización obtener habilitación para operar.
expedida por el Ministerio de
Transporte para la prestación del La habilitación concedida autoriza
servicio público en esta a la empresa para prestar el
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modalidad. servicio solamente en la
modalidad solicitada. Si la
El Ministerio de Transporte asumirá lo empresa pretende prestar el servicio
relacionado con la utilización de la de transporte en una modalidad
infraestructura de transporte dentro de diferente, debe acreditar ante la
las áreas metropolitanas, o entre autoridad competente de la nueva
ciudades que por su vecindad generen modalidad los requisitos de
alto grado de influencia recíproca, habilitación exigidos.
cuando por la naturaleza y complejidad
del asunto se requiera, para garantizar Artículo 12. EMPRESAS NUEVAS.
los derechos del usuario al servicio Ninguna empresa nueva podrá
público. entrar a operar hasta tanto el
Ministerio de Transporte le
Artículo 7°. La solicitud de habilitación otorgue la habilitación
para el funcionamiento de empresas de correspondiente, previa asignación
Transporte Público Terrestre automotor o adjudicación de las rutas y horarios
de pasajeros por carretera debe a servir.
reunir las condiciones que más
adelante se señalan y la misma se Cuando las autoridades de control y
tramitará de acuerdo con las vigilancia constaten la prestación
necesidades de servicio que del servicio sin autorización, tanto la
identifique el Ministerio de habilitación como los servicios se
Transporte. negarán y la empresa solicitante no
Las empresas en funcionamiento podrá presentar nueva solicitud
mantendrán sus derechos antes de doce (12) meses.
administrativos en lo que se refiere
a rutas y horarios previamente Artículo 13. EMPRESAS EN
otorgados, SIEMPRE Y CUANDO FUNCIONAMIENTO. Las empresas
ESTÉ CUMPLIENDO CON LAS que a la fecha de entrada en
CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE vigencia el presente Decreto
SERVICIO EXIGIDAS Y cuentan con licencia de
AUTORIZADAS. funcionamiento vigente,
MANTENDRÁN sus derechos
La habilitación de empresas nuevas administrativos relacionados
dependerá de los servicios disponibles con las rutas y horarios
que previamente se le adjudiquen y previamente otorgados,
reserven por parte del Ministerio de SIEMPRE Y CUANDO continúen
Transporte. Para tal efecto el cumpliendo con las condiciones
interesado debe acreditar el autorizadas para la prestación
cumplimiento de los requisitos exigidos del servicio.
para la habilitación y prestación del
servicio, dentro de los tres (3) meses Lo anterior hasta tanto el
siguientes a la notificación de la Ministerio de Transporte decida
adjudicación y reserva. sobre la solicitud de
habilitación, la cual debe ser
La empresa solicitante no podrá prestar presentada dentro del término
el servicio hasta tanto el Ministerio de establecido en el artículo 70 de
Transporte otorgue la Habilitación esta disposición.
correspondiente. En caso de que las
autoridades de control constaten la Si la empresa presenta la
prestación del servicio sin autorización, solicitud extemporáneamente o
ésta se le negará de plano. el Ministerio de Transporte le
niega la habilitación, NO PODRÁ
Parágrafo. Para los efectos CONTINUAR PRESTANDO EL
pertinentes entiéndese por empresas SERVICIO, sin perjuicio de lo
nuevas aquellas cuya solicitud de dispuesto en el artículo 43 del
habilitación para entrar a prestar el presente decreto. […]”
servicio por primera vez, se presenta
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con posterioridad a la promulgación del
Decreto 091 de 1998.
Publicado en el Diario oficial N° 43357 Publicado en el Diario Oficial N°
de 6 de agosto de 1998 44.318 de Febrero 05 de 2001
Artículo 86. El presente decreto Artículo 73. Vigencia. El presente
rige a partir de su publicación y decreto rige a partir de su
deroga el Decreto 1927 de 1991, las publicación y deroga el Decreto
Resoluciones números 0592 de 1992, 1557 de 1998 y demás
6102 de 1994, 511 de 1995, 1203 de disposiciones que le sean contrarias.
1995, los Decretos 091 de 1998, y el
Decreto 388 de 1998, en lo referente a
esta modalidad y las demás
disposiciones que le sean contrarias.
Esta alusión normativa mostrada en paralelo es importante para
verificar el contexto fáctico en el que se presentaron las solicitudes
de la empresa Cootransvilla Ltda y determinar qué normas le son
aplicables.
5.4.2.- Actuaciones administrativas previas que informan la
prestación del servicio de transporte de la empresa
Cootransvilla Ltda
Para resolver los cargos de apelación conviene que la Sala identifique
desde cuándo la empresa vinculada a este proceso, esto es,
Cootransvilla cumple la actividad transportadora y en qué manera
resulta beneficiaria de los actos acusados, así:
El extinto INTRA mediante Resolución núm. 0843 de 9 de
diciembre de 1982, le concedió a Cootransvilla la licencia de
funcionamiento y clasificación provisional por un año para operar
como empresa de transporte terrestre automotor en la modalidad
de pasajeros, con un radio de acción veredal en los Municipios de
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La Mesa, Tena Apulo, El Colegio y Anapoima, cuyo servicio era
prestado en camperos, camionetas o mixtos.
Posteriormente, previa solicitud del representante legal de
Cootransvilla, el INTRA, a través de la Resolución núm. 0260 de 5
de marzo de 1984, le concedió la licencia de funcionamiento y
clasificación definitiva por el término de 9 años para operar como
empresa de transporte terrestre automotor con idénticas
características de operación a las señaladas en la Resolución núm.
0843 de 9 de diciembre de 1982.
El 23 de febrero de 1993, mediante escrito radicado bajo el núm.
01771, el representante legal de Cootransvilla solicitó al INTRA la
renovación de la licencia de funcionamiento con fundamento en el
Decreto 1927 de 6 de agosto de 199133, lo que motivó la expedición
de la Resolución núm. 00645 de 22 de octubre de 1993,
mediante la cual se le otorgó a la solicitante un radio de acción
nacional y se le autorizó como zona de operación para el servicio
mixto la de los Municipios de La Mesa, Tena, Apulo, El Colegio y
Anapoima. En dicho acto administrativo se consideró lo siguiente:
“[…] CONSIDERANDO
Que la Dirección General del Instituto Nacional de
Transporte y Tránsito, mediante Resolución No. 0260 del
33
“por el cual se dicta el Estatuto de Transporte Público Terrestre Automotor de pasajeros y mixto por
carretera”.
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5 de marzo de 1984, concedió licencia de funcionamiento
y clasificación definitiva a la COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES VILLA DE LA MESA LTDA.
“COOTRANSVILLA LTDA.”, con domicilio en el Municipio
de La Mesa Cundinamarca, por el término de Nueve (9)
años, para operar como Empresa de Transporte Terrestre
Automotor, con las siguientes características:
Categoría: “A” (por Nueve (9) años
Modalidad: Pasajeros
Radio de Acción: Veredal (La Mesa, Tena, Apulo, Colegio,
Anapoima)
Tipo de Vehículo: Campero, Camionetas, Mixtos.
Que el señor NOEL ANTONIO RAMÍREZ B., en calidad de
Representante Legal de la COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES VILLA DE LA MESA LTDA. “COOTRANSVILLA
LTDA.”, mediante radicado No. 01771 del 23 de febrero de 1993,
solicitó a esta regional la renovación de la licencia de
funcionamiento con base en el Decreto 1927 de 1991.
(folio 124 al 228)
Que mediante Oficios RC.DT. 380 del 31 de marzo de 1993 y
RC.DT. 682 del 9 de junio de 1993, se le comunicó al
Representante Legal de la Cooperativa que para poder dar
trámite a la solicitud se requería algunos documentos
complementarios con el fin de dar cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Decreto 1927 de 1991 (folio 229).
Que por radicados Nos. 04889 del 26 de mayo de 1993, y 06888
del 22 de julio de 1993, el mismo Representante legal de
Cootransvilla Ltda., anexó los documentos requeridos para
continuar con el trámite correspondiente. (folio 42 y 50)
Que a través de la División de Transporte de la Regional
Cundinamarca, se elaboró el estudio No. 49 de 1993, en donde
se analiza, evalúa, y verifica el cumplimiento de los requisitos
por parte de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE
LA MESA LTDA. “COOTRANSVILLA LTDA.”, en concordancia con
el Decreto 1927 de 1991, Artículo 17, concluyendo y
recomendando renovar la licencia de funcionamiento. (folio 5 al
8)
Que COOTRANSVILLA LTDA., viene operando con radio de acción
veredal en Cinco (5) Municipios de Cundinamarca y el Decreto
1927 de 1991, literal a), numeral 2), consagra el radio de acción
nacional, se determina como zona de operación los Municipios de
La Mesa, Tena, Apulo, El Colegio y Anapoima, cuyos recorridos
en la misma, los establecen las autoridades locales
correspondientes.
Que por lo anteriormente, expuesto este Despacho,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar la licencia de funcionamiento
a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LA MESA
LTDA. “COOTRANSVILLA LTDA.”, con sede principal en La Mesa
Cundinamarca, bajo las siguientes características:
Radio de Acción: Nacional
Zona de Operación: Para el servicio mixto en La Mesa, Tena,
Apulo, El Colegio y Anapoima (Municipios ubicados en el
Departamento de Cundinamarca).
Vigencia: Igual al término de existencia legal de la Cooperativa,
siempre y cuando conserve el objeto y razón social bajo los
cuales solicitó personería jurídica.
Patrimonio Líquido: Siete Millones Setecientos Mil Ciento Setenta
y Siete ($6.7003177.oo) pesos moneda corriente.
Clase de Vehículo: Camperos, Camionetas (mixtos).
Nivel de Servicio: Corriente.
PARAGRAFO: Las autoridades Municipales correspondientes
determinarán los recorridos en la zona de operación descrita.
ARTÍCULO SEGUNDO: La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
VILLA DE LA MESA LTDA. “COOTRANSVILLA LTDA.”, deberá dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la legislación del
transporte, en especial el Decreto 1927 de 1991, o de lo
contrario, se hará acreedora a las sanciones previstas en la
norma vigente.
ARTÍCULO TERCERO.- Las autoridades de tránsito y transporte
serán las encargadas por el estricto cumplimiento de esta
providencia.
ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente Acto Administrativo
proceden por la vía gubernativa los Recursos de Reposición y
Apelación ante este Despacho, interpuestos dentro de los Cinco
(5) días siguientes al de su notificación y con el lleno de los
requisitos exigidos en el Código Contenciosos Administrativo […]”
(Destacado fuera del texto).
Posteriormente, el representante legal de Cootransvilla, mediante
escrito de 11 de diciembre de 2000, radicado bajo el núm.
016782, solicitó al director territorial de Cundinamarca del Ministerio
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de Transporte la habilitación de su empresa para prestar el
servicio público de transporte de pasajeros, de conformidad con
la Ley 336 y el Decreto 1557 de 1998, por estimar que cumplía con
los requisitos allí establecidos para tal autorización.
Con ocasión de esta solicitud se expidió la Resolución 0019999 de
2001, por la cual se le habilita como empresa de servicio público de
transporte terrestre automotor en la modalidad de pasajeros a la
empresa denominada COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA
DE LA MESA “COOTRANSVILLA”.
Con la anterior precisión, la Sala procede a estudiar los reproches de
la apelación.
5.4.3.- Del caso concreto
Para despachar metodológicamente los planteamientos de la
apelación, la Sala se pronunciará en el siguiente orden:
5.4.3.1.- De la presunta incompetencia
En relación con este examen se tiene que el fundamento de la
violación de la apelante radicó en la violación de normas de orden
superior, pero en realidad su explicación constituye un reproche de
competencia en contra del Ministerio demandado, motivo por el
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cual la Sala lo estudiará bajo el entendido de que el argumento de
violación se adecua a la causal de incompetencia que el artículo 84
del CCA establece para el control de legalidad de los actos
administrativos.
Pues bien, la apelante argumentó que la Dirección Territorial del
Ministerio de Transporte invadió la órbita de competencia de las
autoridades locales, porque a la luz del Decreto 175 de 200134 son
los alcaldes las autoridades de transporte competentes para expedir
los actos administrativos acusados35.
Con el propósito de examinar el reclamo de la apelante se tiene que
la norma que invoca como vulnerada regula el transporte mixto, bajo
el entendido de que es aquel, “que se presta bajo la responsabilidad
de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente
habilitada, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada
una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio público
a esta vinculado, para su traslado simultáneo con el de sus bienes o
carga, en un recorrido legalmente autorizado o registrado”36.
Ahora, es cierto que dependiendo la jurisdicción y el ámbito de la
autorización la autoridad de transporte es diferente, así lo prevé el
34
“por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto”.
35
Si bien en el escrito de apelación no refirió a esta norma de manera expresa, lo relevante es que el
reproche coincide con lo planteado en la demanda y se sustenta en el examen de dicha norma.
36
Según la definición prevista en el artículo 6 del Decreto 175, Modificado por el art. 2, Decreto
Nacional 4190 de 2007.
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artículo 9°37 ibidem, de ahí que sea cierta la afirmación de la
demandante en su escrito inicial respecto de que las autoridades
locales son competentes en el ámbito de su jurisdicción cuando se
presta este servicio mixto. Sin embargo, para interés de lo que aquí
se discute, la habilitación conferida a Cootransvilla lo fue para operar
como empresa de servicio publico de pasajeros en el ámbito
nacional como pasa a revisarse.
En efecto, la Sala precisa que las solicitudes que elevó Cootransvilla
se presentaron en los términos del artículo 6° del Decreto 1557 de
1998, esto para la Resolución 001999 de 2001 y aquellas de que
tratan la resoluciones 000154 y 000500 de 2002, se hicieron al
amparo de los artículos 46 Transitorio y 50 del Decreto 171 de 2001,
trámites que correspondían resolverse por el Ministerio de
Transporte, en calidad de la autoridad competente señalada por las
referidas normas que fijó la atribución a esta entidad para
pronunciarse respecto de dichas peticiones, conforme se aprecia en la
siguiente relación:
Resolución 001999 de 2001 Resolución 000154 de 2002 Resolución 00500 de 2002
Decreto 1557 de 1998 Decreto 171 de 2001 Decreto 171 de 2001
“[…] CAPITULO III […] Artículo 49. Fijación. El
DE LA HABILITACION Ministerio de Transporte
SECCION I fijará la capacidad
37
“Artículo 9o. Autoridades de transporte. Son autoridades de transporte competentes las
siguientes:
En la Jurisdicción Nacional o Intermunicipal: El Ministerio de Transporte.
En la Jurisdicción Distrital y/o Municipal: Los alcaldes municipales o distritales o las entidades en
las que ellos deleguen tal atribución.
En la Jurisdicción de una Area Metropolitana constituida de conformidad con la ley: La autoridad única
de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada.
Parágrafo. Las autoridades locales no podrán autorizar servicios por fuera del territorio de
su jurisdicción, so pena de incurrir en causal de mala conducta”.
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Autoridades “Artículo 46. Transitorio - transportadora mínima y
zonas de operación. Las máxima con la cual la
empresas que cuentan con empresa prestará los
Artículo 6º. Las empresas
autorizaciones para prestar el servicios autorizados y/o
interesadas en prestar el
servicio de transporte de registrados.
servicio público de Transporte
pasajeros por carretera "en
de pasajeros por carretera o
zonas de operación",
constituidas para tal fin, Para la fijación de nueva
presentarán la relación de rutas
deberán solicitar y obtener capacidad transportadora
y horarios servidos en los tres
habilitación para operar. La mínima, por el otorgamiento de
(3) meses previos a la
habilitación es la autorización nuevos servicios, se requerirá
publicación del presente
expedida por el Ministerio de la revisión integral del plan de
decreto, debidamente
Transporte para la prestación rodamiento a fin de determinar
soportada en los despachos
del servicio público en esta la necesidad real de un
realizados desde los terminales
modalidad. incremento.
de transporte, anexando un
plan de rodamiento que
El Ministerio de Transporte contemple la capacidad La capacidad transportadora
asumirá lo relacionado con la transportadora autorizada. máxima no podrá ser superior
utilización de la infraestructura a la capacidad mínima
de transporte dentro de las incrementada en un veinte por
Verificado lo anterior, el
áreas metropolitanas, o entre ciento (20%).
Ministerio de Transporte
ciudades que por su vecindad
expedirá el acto
generen alto grado de
administrativo reconociendo El parque automotor no podrá
influencia recíproca, cuando por
estas rutas y horarios, estar por fuera de los límites de
la naturaleza y complejidad del
entendiéndose como no la capacidad transportadora
asunto se requiera, para
servidos o abandonados mínima y máxima fijada a la
garantizar los derechos del
aquellos servicios no empresa.
usuario al servicio público”
relacionados u omitidos por las
empresas” (Resaltado de la Artículo 50. Racionalización.
Sala). Con el objeto de posibilitar una
eficiente racionalización en el
uso de los equipos, la
asignación de la clase de
vehículo con la cual se prestará
el servicio se agrupará según
su capacidad así: […]
De la precedente relación normativa y atendiendo a las peticiones
resueltas por cada uno de los actos acusados se tiene que no le
asiste razón al planteamiento de la apelante frente a la abrogación de
competencias por parte de la entidad que expidió los actos acusados
con respecto a la competencia atribuida a las autoridades locales.
Lo que se constata frente a las normas que se invocaron como
fundamento de las resoluciones cuestionadas es que tal atribución
está conferida al Ministerio de Transporte. Además, la norma que se
invocó como infringida se refiere a otra modalidad de transporte que
no coincide con la prestación a cargo de Cootransvilla, lo que permite
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concluir que tal disposición (Decreto 175 de 2001) no le resulta
aplicable.
Además, pese a que insiste en una serie de argumentos dirigidos a
derivar esta posibilidad, como el de señalar que el servicio autorizado
de transporte es veredal y la necesidad de transporte de los
habitantes, lo aquí probado es que el servicio que presta
Cootransvilla es nacional y de pasajeros por carretera, como se
aprobó desde la expedición de Resolución núm. 00645 de 22 de
octubre de 1993, lo cual desdice tales razonamientos.
Ahora, en relación con la solicitud de habilitación del servicio prestado
se tiene que el Decreto 1557 de 1998 señala como autoridad
responsable de concederla al Ministerio de transporte.
En ese mismo orden y respecto de las solicitudes regidas por el
Decreto 171 de 2001, se tiene que el artículo 9° señala que el
servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros está
regulado por el Ministerio de Transporte; y que la competencia de las
autoridades locales está limitada a su territorio, así:
“[…] Autoridades competentes
Artículo 9. Autoridad de transporte. Para todos los efectos a
que haya lugar, el servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera será regulado por el
Ministerio de Transporte.
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Parágrafo. Las autoridades locales no podrán autorizar
servicios por fuera del territorio de su jurisdicción, so
pena de incurrir en causal de mala conducta.
[…].
Cabe resaltar que la expedición de los actos acusados también se
amparó en el Decreto 540 de 2000, como lo señaló el Tribunal a quo,
cuyo artículo 2° dispuso las funciones de las Direcciones Territoriales
del Ministerio de Transporte, dentro de las que se encuentra en los
numerales 5, 6 y 8, las siguientes:
“ARTÍCULO 2°. Funciones de las Direcciones Territoriales. Las
Direcciones Territoriales de Ministerio de Transporte, cumplirán
las siguientes funciones:
[…]
5. Otorgar, negar, modificar, reestructurar y revocar rutas y
horarios a las empresas de transporte terrestre automotor de
pasajeros y mixto por carretera, que tengan rutas autorizadas,
origen y destino dentro de su jurisdicción, cuando el servicio
sea regulado. Llevar el registro de las rutas y horarios, que
tengan origen y destino dentro de su jurisdicción, de acuerdo
con la reglamentación que para este efecto se expida, cuando
exista régimen de libertad en el servicio.
6. Fijar la capacidad transportadora de las empresas de
transporte de pasajeros y mixto por carretera, cuando se
autoricen rutas con origen y destino dentro de su jurisdicción.
[…]
8. Otorgar, negar, modificar, revocar la habilitación a las
empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros,
carga, mixto, turismo y especial por carretera, que tengan sede
principal en su jurisdicción” […] (Resaltado de la Sala).
De lo anterior resulta forzoso concluir que, contrario a lo afirmado por
la parte actora, la Dirección Territorial de Cundinamarca del
Ministerio de Transporte era competente para expedir las
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resoluciones demandadas, lo que deviene en impróspera la alegación
del apelante.
5.4.3.2.- De la presunta falsa motivación
En relación con esta causal de nulidad de los actos administrativos
la Sala se ocupará de identificar el concepto que la explica, a fin de
estudiar si lo alegado se puede examinar bajo este reproche.
En efecto, la falsa motivación38 como vicio de nulidad de los actos
administrativos cuestionados, es entendida como aquella
irregularidad que se presenta cuando las razones que se expresan
como fuente de su expedición no son reales, no existen o están
distorsionadas. Para acreditar esta causal, corresponde a quien la
alega demostrar que lo expresado en el acto administrativo no
corresponde a la realidad.
Bajo esta censura la apelante reprocha que los actos acusados, en
específico la Resolución 001999 de 2001, está viciada por esta
causal habida cuenta que la autoridad que profirió el acto aplicó
38
De acuerdo con la Jurisprudencia de esta Sección, la falsa motivación del acto ocurre cuando: “(i)
se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la
administración pública, (ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad,
bien sea por error o por razones engañosas o simuladas, (iii) porque el autor del acto le ha dado a los
motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y (iv) porque los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Rad.:
250002324000200800265-01 C.P. María Claudia Rojas Lasso.
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normas que se encontraban derogadas, lo que prueba su
ilegalidad.
Para examinar tal reproche, se tiene que en el proceso se encuentra
probado y no es objeto de controversia por las partes que
Cootransvilla Ltda. solicitó la habilitación para prestar el servicio de
transporte terrestre automotor de pasajeros ante la Dirección
Territorial de Cundinamarca del Ministerio de Transporte el 11 de
diciembre de 2000, fecha que delimita cuál es la norma que regula
tal petición, en atención a la modalidad de autorización que reclama.
De ahí que en el acto acusado la autoridad haya invocado como
fundamento legal el Decreto 1557 de 1998, el Decreto 540 de
2000 y la Resolución 605 de 31 de marzo de 2000.
Tales normas estuvieron en vigor hasta:
Norma Norma que la derogó y fecha Vigor hasta
en que ocurrió
Decreto 1557 de La derogó el Decreto 171 de El 4 de febrero de 2001
1998 “por el cual se 2001, según da cuenta el
reglamenta el artículo 7339 y operó a partir del
Servicio Público de 5 de febrero de 2001, cuando
Transporte se publicó.
Terrestre
Automotor de
pasajeros por
carretera”
Decreto 540 de Lo derogó el Decreto 2053 de 24 de julio de 2003
2000 "Por el cual se 2003 “Por el cual se modifica
organizan las la estructura del Ministerio
Direcciones de Transporte, y se dictan
39
Artículo 73. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el
Decreto 1557 de 1998 y demás disposiciones que le sean contrarias.
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Territoriales del otras disposiciones".
Ministerio de La derogatoria está contenida
Transporte" en el artículo 2440, y se publicó
en el Diario Oficial 45259 de
julio 25 de 2003.
Resolución núm. Se invoca por el ministerio, pero Sin información
605 de 31 de marzo no se acompañó en los
de 2000 antecedentes ni se solicitó como
prueba por la parte actora en
observancia de la carga
probatoria que le corresponde
desarrollar en los términos del
artículo 177 del CPC.
De acuerdo con esta explicación, se tiene que: i) la solicitud de
habilitación que presentó Cootransvilla se hizo antes de que se
expidiera el Decreto 171 de 2001, y ii) la Resolución 001999 de 2 de
mayo de 2001, que resolvió tal solicitud, se expidió cuando ya había
entrado a regir el mencionado Decreto 171.
Esta determinación es importante porque la norma que era aplicable
a esa solicitud no podía ser otra que el Decreto 1557 de 1998, en
aplicación de los principios de preexistencia de las normas y
seguridad jurídica, previstos en el artículo 29 de la C.P. y el de
legalidad de las actuaciones administrativas, de ahí que el reproche
del apelante carezca de razón para la determinación de la norma
aplicable.
Pese a la anterior conclusión, es oportuno referir y aclarar por la Sala
que el artículo 7241 del Decreto 171 de 2001 dispuso que en los casos
40
Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica parcialmente el
Decreto 101 de 2000, deroga el Decreto 540 de 2000 y demás normas que le sean contrarias.
41
Es oportuno destacar que el parágrafo de este artículo fue anulado por esta Corporación según
fallo de 7 de junio de 2002, proferido en el expediente núm. 2001-00187-01. C.P. Manuel
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en los cuales se hubiese solicitado la habilitación en vigencia de los
Decretos 91 y 1557 de 1998, era posible que si a la fecha de
publicación del Decreto, esto es, el 5 de febrero de 2001, y cuando
quiera que no se hubiesen decidido tales solicitudes por el Ministerio
de Transporte, el interesado podía pedir acogerse a las nuevas
condiciones. La norma en comento prevé:
“[…] Artículo 72. Actuaciones iniciadas. Las empresas que
presentaron solicitud de habilitación en vigencia de los
Decretos 91 y 1557 de 1998 y que a la fecha de publicación de
este Decreto no han sido decididas por el Ministerio de
Transporte, podrán acogerse a las nuevas condiciones
estipuladas en la presente disposición […]”
En el asunto bajo examen no se probó que la empresa Cootransvilla
hubiese optado por acogerse a este Decreto, lo que implica que tal y
como lo aseveró la entidad accionada en la contestación de la
demanda y ante el silencio de la interesada en ejercer esta
posibilidad, la autoridad administrativa resolvió la solicitud en
observancia de la norma en vigor para el momento en que se inició el
trámite administrativo, motivo más que suficiente para confirmar en
este sentido la decisión del Tribunal que arribó a la conclusión de que
es el Decreto 1557 de 1998, el que regía la petición, de ahí que
tampoco resultaba exigible el proceso licitatorio previsto en los
Santiago Urueta Ayola. Esta disposición señalaba: “Parágrafo. Las solicitudes relacionadas con la
constitución de nuevas empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera,
otorgamiento de licencias de funcionamiento, adjudicación o modificación de rutas,
reestructuración de horarios e incremento de capacidad transportadora presentadas en vigencia de
los Decretos 1927 de 1991, 91 y 1557 de 1998, respecto de las cuales el Ministerio de Transporte no
haya iniciado trámite alguno, deberán sujetarse al cumplimiento de los requisitos, trámites y
procedimientos establecidos en el presente decreto”.
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artículos 24 a 29 del Decreto 171 de 2001, lo que da respuesta al
problema jurídico planteado en orden a revisar su observancia.
Tampoco le asiste razón al apelante en cuanto a que las otras normas
consignadas en el acto administrativo también se encontraban
derogadas, pues tal como se aprecia en el cuadro que antecede, el
Decreto 540 de 2000 le otorgan competencias al funcionario que
resolvió la petición y en ese orden su reproche es incorrecto porque
su vigor era independiente del Decreto 171 de 2001; y conforme se
aprecia el ámbito de reglamentación era competencial y de
naturaleza orgánica respecto de las funciones de las dependencias
del Ministerio y no en relación con la prestación y operación del
servicio de transporte de pasajeros.
Se planteó también, bajo esta censura, que el Tribunal no dio
aplicación al parágrafo del artículo 72 del Decreto 171 de 2001, esto
es, en relación con las peticiones decididas por las resoluciones
000154 de 14 de febrero y 00500 de 20 de marzo, ambas de 2002.
Al respecto y en observancia de lo dicho en precedencia frente al
principio de irretroactividad de las normas42, se tiene que la
Resolución 000154 de 14 de febrero de 2002 fue la respuesta a
la petición que la empresa Cootransvilla radicó el 25 de octubre de
42
Se recuerda que se entiende “como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y
actos que se produzcan a partir de su vigencia”. Corte Constitucional. C-619-01. M.P. MARCO
GERARDO MONROY CABRA
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2001, con el fin de acogerse a lo previsto en el artículo 46 del
Decreto 171 de 2001. Esta situación desvirtúa, de una parte, que
la entidad no aplicó el citado Decreto, pues según da cuenta el acto
administrativo la solicitud se hizo en vigor de esta norma; y, de la
otra, que lo que reclamó la empresa transportadora fue un beneficio
de regulación de las rutas y horarios que acreditó haber cumplido
tres (3) meses antes de la expedición del mencionado Decreto 171
de 2001, todo lo cual desvirtúa la oposición que planteó la apelante.
Sumado a lo anterior, esta Sala no puede conferirle el entendimiento
que reclama la apelante respecto de la aplicación del referido
parágrafo del artículo 72 del Decreto 171 de 2001, bajo el entendido
de que lo que pidió Cootransvilla en las peticiones que derivaron en
los actos acusados fue un cambio de rutas porque no hay prueba
que respalde que eso fue lo que solicitó Cootransvilla, como tampoco
que pidió el cambio del radio de acción de veredal a nacional.
Lo anterior, por cuanto de la lectura ninguno de los actos acusados se
aprecian tales propósitos; de hecho, el ajuste del radio de acción sí
ocurrió, pero fue mediante la Resolución 000645 de 22 de
octubre de 1993, acto que no es objeto de controversia en este
proceso, lo que impide un examen de legalidad como el que sugiere
la demandante.
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Además, si no existe solicitud de cambio de rutas o radio de acción,
mal puede la apelante sustentarse en ello para insistir en la
aplicación del parágrafo del artículo 72 del Decreto 171 de 2001, que,
valga insistir, se declaró nulo por esta Sección en sentencia de 7 de
junio de 200243.
Esta declaratoria de nulidad representa la imposibilidad del juez de
considerar como derecho vigente por los efectos ex tunc que
produjo tal decisión, lo que descarta un pronunciamiento adicional
al respecto.
Por su parte, la Resolución 000500 de 20 de marzo de 2002,
autorizó la racionalización del parque automotor solicitado por la
empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LA MESA
“COOTRANSVILLA LTDA.” en las rutas “La Mesa – Tena; La Mesa –
Anapoima”; y, contrario a lo alegado por la apelante, se expidió con
fundamento en el artículo 50 del Decreto 171 de 5 de febrero de
2001, todo lo cual también desvirtúa la alegación del apelante
respecto de la aplicación de normas derogadas.
En este orden, no es cierto que las resoluciones acusadas sean
ilegales por aplicación de normas derogadas, toda vez que los
procedimientos administrativos se adelantaron con fundamento en
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente
Manuel Santiago Urueta Ayola, sentencia de 7 de junio de 2002, expediente núm.
11001032400020010018701.
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las disposiciones preexistentes al momento de radicar cada una de
las solicitudes presentadas, lo que deja a salvo la presunción de
legalidad de que están investidos lo actos acusados.
Por lo tanto, este reproche tampoco prospera.
5.4.3.3.- De la presunta vulneración de los derechos
adquiridos por la actora con la Resolución 1227 de 4 de
marzo de 1993 y los derechos al trabajo e igualdad y la
efectiva prestación del servicio público de transporte
amparado por el artículo 365 de la Constitución Política
Respecto de la supuesta vulneración de los derechos adquiridos por
la actora en la Resolución núm. 1227 de 199344 y los derechos al
trabajo e igualdad y la efectiva prestación del servicio público de
transporte, amparado por el artículo 365 de la Constitución Política,
con la expedición de los actos administrativos acusados es preciso
distinguir que las autorizaciones para la prestación del servicios de
transporte a otras competidoras no implica per se el
desconocimiento de los derechos que le asisten a la demandante
como operadora de similares servicios.
En efecto, la adjudicación de licencias de funcionamiento,
habilitaciones, permisos y demás actos relacionados con la
prestación del servicio público de transporte a las empresas
particulares no les otorga derechos exclusivos e indefinidos, de tal
44
Por medio del cual el INTRA le autorizó a la Empresa demandante servir, entre otras, las rutas
“Origen – destino y viceversa: La Mesa – Tena y la Mesa – El Colegio. En tránsito: Bogotá – Girardot,
Bogotá – Tocaima, Bogotá – Apulo, Bogotá – Anapoima, La Mesa – Ibagué, y viceversa”.
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manera que si el legislador así lo considera y en aras de dar
prevalencia al interés general sobre el particular, podrá modificar
las condiciones de la prestación del servicio, así como también las
autoridades competentes podrán autorizar a otras empresas para
que sirvan en las mismas rutas que fueron asignas previamente a
otra entidad, pues lo que se busca es satisfacer el interés general.
Esta Sección ha sido reiterativa en señalar que el otorgamiento de
licencias de funcionamiento no genera derechos adquiridos ni
indefinidos en cabeza de los operadores del servicio, sino que, por
el contrario, da lugar a derechos temporales de operación, dado
que las empresas prestadoras están sujetas al cumplimiento de
nuevas condiciones establecidas por la normativa que se expida.
Así se precisó en sentencia de 29 de marzo de 200745:
“El otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar
el servicio público de transporte no genera derechos
adquiridos que se incorporen de manera definitiva al
patrimonio de los operadores de dicho servicio, sino que da
lugar a derechos temporales de operación, sujetos a las
nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la
regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso,
coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad.”
Con fundamento en lo anterior, a juicio de la Sala, de ninguna
manera la expedición de los actos acusados tiene la vocación de
vulnerar “derechos adquiridos”, ni los derechos al trabajo e
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente
Camilo Arciniegas Andrade, sentencia de 29 de marzo de 2007, expediente núm.
11001032400020010001801
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igualdad y la efectiva prestación del servicio público de transporte,
pues las resoluciones demandadas se expidieron con la observancia
de las normas en que debieron fundarse, según los reproches que
se sometieron a examen de legalidad, sin que se haya probado que
hubo un favorecimiento especial para la empresa Cootransvilla, ni
tampoco se acreditó un trato desigual.
Siendo ello así y ante la no prosperidad de este último reproche
examinado, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia y
así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
5.5.- De las costas
Se tiene que de conformidad con lo previsto en el artículo 17146 del
CCA, no hay lugar a condenar en costas, por cuanto en este asunto
no se aprecia por la Sala que la apelante haya actuado de manera
temeraria ni de mala fe, razones más que suficientes para aplicar
de acuerdo con lo estatuido en este trámite procesal, el criterio
subjetivo47 que impone que se acredite la conducta de las partes
para su fijación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
46
“ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en
costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil”
47
Esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de diciembre de 2016,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la
parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: No CONDENAR en costas en esta instancia, por los
motivos expuestos.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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