Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00988-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2006-00988-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2006-00988-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
15 de diciembre de 2021
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Radicado: 25000 23 24 000 2006 00988 02
Demandante: ISAGEN S.A. ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 24 000 2006 00988 02
Demandante: ISAGEN S.A. ESP
Demandado: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Tema: Desconocimiento del derecho al debido proceso. Omisión
del deber de comunicar la actuación administrativa iniciada
de oficio (artículo 28 del Código Contencioso Administrativo
• Decreto 01 de 1984, en adelante C.C.A.).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Minas
y Energía, en adelante la parte demandada, contra la sentencia de 30 de abril
de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto
declaró la nulidad de las resoluciones núms. 180436 de 10 de abril de 2006 y
180763 de 23 de junio de 2006, por medio de la cuales “[…] se declara una
deuda a favor de la Nación - Ministerio de Minas y Energía y se constituye un
título ejecutivo […]” y “[…] se resuelve un recurso de reposición […]”, en el
sentido de confirmar la decisión adoptada de oficio en el acto administrativo
recurrido, respectivamente.
I.- ANTECEDENTES
1. Demanda
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del C.C.A., ISAGEN S.A. ESP, en adelante la parte demandante,
a través de apoderado judicial, demandó ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de que se
accediera a las siguientes:
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Demandante: ISAGEN S.A. ESP
1.1. Pretensiones
“[…] 1. DECLARAR LA NULIDAD de la resolución No. 180436 de 10 de abril
de 2006, “Por la cual se declara una deuda a favor de la Nación-Ministerio de
Minas y Energía y se constituye un título ejecutivo”, proferida por el señor
Ministro de Minas y Energía.
2. DECLARAR LA NULIDAD de la resolución No. 180763 de junio 23 de 2006
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, proferida por el señor
Ministro de Minas y Energía al resolver el recursos de reposición interpuesto
en contra de la Resolución No. 180436 de 10 de abril de 2006 y mediante la
cual se resolvió confirmar la Resolución impugnada.
3. En consecuencia de las anteriores declaraciones, RESTABLECER EL
DERECHO de la sociedad ISAGÉN S.A. ESP, ordenando a LA NACIÓN-
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA el reintegro y pago a la sociedad ISAGÉN
S.A. ESP de todos los dineros que con ocasión del cumplimiento y/o ejecución
de lo dispuesto en los artículos PRIMERO y SEGUNDO de la resolución No.
180436 de 10 de abril de 2006 haya desembolsado la sociedad ISAGÉN S.A.
ESP, así como el reconocimiento y pago de los perjuicios que derivados del
proceso de ejecución se le ocasionen a la sociedad ISAGÉN S.A. ESP.
4. En consecuencia de las anteriores declaraciones, RESTABLECER EL
DERECHO de la sociedad ISAGÉN S.A. ESP, ordenado a la NACION-
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA que el pago de las sumas que la sociedad
ISAGÉN S.A. ES.P. desembolse, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos PRIMERO y SEGUNDO de la Resolución No. 180436 de abril 10 de
2006, debe ser indexado y se le deben reconocer intereses comerciales a la
tasa más alta permitida por las normas legales contados desde la fecha del
desembolso hasta la fecha en que efectivamente se efectúe el reintegro de
dichas sumas […]”.
1.2. Actos acusados
“[…] RESOLUCIÓN Nº 180436
10 ABRIL 2006
Por la cual se declara una deuda a favor de la Nación - Ministerio de Minas y
Energía y se constituye un Título Ejecutivo
El MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA,
en uso de sus facultades legales, en especial las contempladas la Ley 6 de
1992, en el Decreto 2174 de 1992 y el Decreto 070 de 2001, y
CONSIDERANDO
Que la Ley 6ª de 1992, proferida en desarrollo del artículo 116 de la
Constitución Política de Colombia prevé excepcionalmente que la ley podrá
atribuir funciones jurisdiccionales en materias precisa a determinadas
autoridades administrativas y su vez, en su artículo 112 otorgó facultad de
cobro coactivo a las entidades públicas del orden nacional, entre otras a los
ministerios.
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Que según acta N° 14 de la asamblea de accionistas de ISAGEN E.S.P.,
celebrada el 22 de febrero de 2000, se aprobó por mayoría una reducción del
capital con devolución de aportes a favor de los accionistas, entre los cuales
le correspondió a la Nación un conjunto de activos.
Que el Decreto 313 de fecha febrero 13 de 2003, dispuso que el Ministerio de
Minas y Energía asignaría el conjunto de los activos citados por resolución.
Por resolución 181030 de fecha septiembre 3 de 2003, se distribuyeron los
activos mencionados, correspondiéndole al Ministerio de Minas y Energía la
suma de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($ 7.266.150.177) como
producto de las inversiones realizadas por ISA en la construcción del proyecto
URRA.
Que mediante registro contable Nº 1345 de fecha 31 de diciembre de 2001,
se incluyó el valor de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($7.266.150.177)
en los estados financieros del Ministerio de Minas y Energía.
Que se encuentra probado que ISA realizó las inversiones señaladas en el
proyecto URRA entre los años 1979 y 1982, lo cual generó unas cuentas por
cobrar cedidas a ISAGEN en el año 1995, sin los debidos soportes, las cuales
fueron al Ministerio de Minas y Energía, igualmente sin soportes
correspondientes.
Que el Ministerio de Minas y Energía durante año y medio adelantó los
trámites orientados a que se allegaran los soportes de las inversiones
realizadas por ISA en el proyecto URRA ESP.
Que el 23 de febrero de 2005, el Secretario General de ISAGEN remitió a este
Ministerio los soportes correspondientes a la totalidad de las inversiones
realizadas en el proyecto URRA ESP, desde1979 a 1982.
Que el Ministerio de Minas y Energía ha adelantado todas las acciones
tendientes al reconocimiento de estas acreencias sin obtener respuesta
positiva, tal y como consta entre muchos oficios, el registrado bajo el N°
420019 de fecha octubre 15 de 2004, dirigido al Doctor Luis Fernando Rico
Pinzón.
Que mediante comunicación Nº 505389 de fecha marzo 29 de 2005, se
solicitó al Contador General de la Nación, concepto para proceder al
saneamiento de esta deuda en aplicación de la Ley 716 de 2001 y 901 de
2004.
Que por comunicación Nº 20055-15048 de junio 06 de 2005, la Contaduría
General de la Nación emitió respuesta manifestando que corresponde al
Comité Técnico de Saneamiento Contable de la Entidad determinar si la
"Inversión no capitalizada de URRA" debe ser objeto de depuración y castigo
de los estados financiero del Ministerio de Minas y Energía y en tal caso
recomendar su retiro al representante legal.
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Que el Comité de Saneamiento Contable del Ministerio de Minas y Energía,
después de este largo proceso de gestión y basados en los soportes de las
cuentas de inversión y en la certeza que dichas inversiones efectivamente se
realizaron por parte de ISA en el proyecto URRA, recomienda la elaboración
del respectivo título ejecutivo con el fin de llevar a cabo el respectivo cobro
coactivo a cargo de ISAGEN.
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Declarar que ISAGEN debe al Ministerio de Minas y
Energía, la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
($7.266.150.177.00) más los intereses que se causen por concepto de la
cuenta por cobrar, transferida a esta entidad de conformidad a lo
contemplado en la parte motiva del presente acto.
ARTICULO SEGUNDO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 68 del Código Contencioso
Administrativo, por lo que una vez en firme, sin que se haya verificado su
pago, deberá remitirse el presente acto administrativo acompañado de la
constancia de notificación y ejecutoria al Grupo de Jurisdicción Coactiva con
el fin de adelantar el cobro por dicha jurisdicción.
ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición, el cual debe interponerse personalmente y por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o por edicto, bien por
el interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, según
lo establece el Artículo 52 del Código Contencioso Administrativo […]”
La resolución núm. 180763 de 23 de junio de 20061, que resolvió el recurso
de reposición contra el acto referido supra, reiteró los fundamentos de éste.
1.3. Fundamentos de hecho
Entre los años 1976 y 1982, Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) efectúo
inversiones para el desarrollo hidroeléctrico del río Sinú - Proyectos Urrá I y
Urrá II, tales como estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad,
pliegos, diseños, licencia ambiental y gastos administrativos capitalizados,
entre otros.
La asamblea de accionistas de ISA decidió que CORELCA sería la entidad
encargada de la ejecución de los proyectos, motivo por el cual le entregó los
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Folios 76 a 79 del cuaderno de primera instancia.
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estudios adelantados y con ello las inversiones realizadas en el desarrollo
hidroeléctrico del Alto Sinú. Adicionalmente, durante los años 1986, 1988 y
1989 realizó aportes directos a CORELCA destinados a dicho proyecto.
El 15 de junio de 1992, el documento CONPES 2598 autorizó la creación de la
Empresa Multipropósito Urrá S.A., la cual se materializó con el Decreto 1587
de ese año, de manera que CORELCA entregó a esa nueva sociedad los
estudios e inversiones recibidos de ISA.
En 1995, con fundamento en los artículos 167 de la Ley 142 de 1994 y 32 de
la Ley 143 de 1994, así como en el Decreto 1521 de 1994, mediante la figura
de la escisión, se dispuso la constitución de ISAGEN S.A. ESP., sociedad
organizada con los activos de generación de ISA.
ISAGEN S.A. ESP. trasladó a sus estados financieros, como activos, las
inversiones que ISA había efectuado en el desarrollo hidroeléctrico del Alto
Sinú, las cuales fueron valoradas a octubre de 1992, fecha de creación de la
Empresa Urrá, en $15.340.000.000.00 (quince mil trescientos cuarenta
millones de pesos), de los cuales $7.266.150.177.00 (siete mil doscientos
sesenta y seis millones ciento cincuenta mil ciento setenta y siete pesos)
correspondían a inversiones en Urrá I y $8.074.000.000.00 (ocho mil setenta
y cuatro millones de pesos) en Urrá II.
Dentro del proceso de venta de las acciones de propiedad de la Nación en
ISAGEN S.A. ESP. se planteó una reestructuración financiera de la empresa y,
en consecuencia, se procedió a castigar la inversión efectuada en Urrá II,
quedando como único registro contable sobre la materia la inversión en Urrá
I, la cual ascendía a $7.266.150.177.00 (siete mil doscientos sesenta y seis
millones ciento cincuenta mil ciento setenta y siete pesos) en octubre de 1992.
En reunión ordinaria de 22 de febrero de 2000, la asamblea de accionistas de
ISAGEN S.A. ESP aprobó la proposición núm. 5, con la cual se ordenó la
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reducción del capital suscrito y pagado a la sociedad con devolución de aportes
en activos a favor de los diferentes accionistas. Se estableció que, entre otros
activos, se le asignaría a la Nación – Ministerio de Minas y Energía la “Inversión
no capitalizada en Urrá” por la suma de $7.266.150.177.00 (siete mil
doscientos sesenta y seis millones ciento cincuenta mil ciento setenta y siete
pesos), de acuerdo con los registros contables de la empresa con corte a 31
de enero de 2000.
Con fundamento en lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 313
de 2003, en el que dispuso que el Ministerio de Minas y Energía, representante
de las acciones de la Nación en ISAGEN S.A. ESP, asignaría mediante
resolución el conjunto de activos que corresponderían a la Nación en la
devolución de aportes aprobada por la Asamblea de Accionistas de ISAGEN
S.A. ESP.
En consecuencia, la parte demandada expidió la resolución núm. 181032 de
3 de septiembre de 2003, en la que estableció en el numeral 6º del artículo
2º que le correspondía al Ministerio de Minas y Energía la inversión no
capitalizada por valor de $7.266.150.177.00 (siete mil doscientos sesenta y
seis millones ciento cincuenta mil ciento setenta y siete pesos).
El día 10 de abril de 2006, la parte demandada expidió la resolución núm.
180436, por medio de cual “[…] se declara una deuda a favor de la Nación -
Ministerio de Minas y Energía y se constituye un título ejecutivo […]”, acto que
fue objeto de recurso de reposición, luego confirmado mediante la Resolución
núm. 180763 de 23 de junio de 2006.
1.4. Normas violadas y concepto de la violación
En opinión de la parte demandante, los actos acusados son violatorios de
los artículos 6º, 29 y 209 de la Constitución Política; 3º, 28, 34, 35 y 68 del
Código Contencioso Administrativo; 112 de la Ley 6ª de 1992; así como de
los Decretos 2174 de 1992 y 070 de 2001, por razones que se concretan en
los siguientes cargos:
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Primer cargo: Vía de hecho
La parte demandante aseveró que la jurisdicción coactiva era una facultad
del Estado para cobrar directamente obligaciones a su favor, pero que para
su ejercicio requería: (i) la determinación legal de las obligaciones
susceptibles de ser cobradas por ese medio; (ii) la consagración, a través
de la ley, de las entidades que cuentan con esa prerrogativa; (iii) la previsión
por ley, del funcionario competente, y (iv) que el ordenamiento disponga
del procedimiento pertinente para el efecto.
Aludió al artículo 9º de la Ley 58 de 1982, que le confirió facultades
extraordinarias al Presidente de la República para fijar obligaciones a favor
del Estado que presten mérito ejecutivo (en realidad se trataría del numeral
9º del artículo 11), norma concordante con el artículo 68 del C.C.A. que,
justamente, previó qué tipo de obligaciones para con el Estado tienen tal
mérito, entre ellas, todos los actos administrativos ejecutoriados que
impongan a favor de un ente público el pago de una suma líquida de dinero,
en los casos previsto por la ley.
Agregó que, según el numeral 6º del señalado artículo del C.C.A.,
constituyen título ejecutivo los demás que consten en documentos emitidos
por el deudor. Estimó que era indispensable la existencia de una ley, para
que, con base en ésta, se expidiera un acto administrativo que configurara
una deuda a favor del Estado, en cuya producción también debía respetarse
el debido proceso.
Dijo, además, que, cuando la deuda provenía de una relación que no era de
carácter administrativo, la ejecución para su recaudo le correspondía a la
jurisdicción ordinaria, según lo estipulado en el numeral 1º del articulo 16
del Código de Procedimiento Civil.
Expresó que, con los actos acusados, el Ministerio de Minas y Energía
incurrió en una vía de hecho, pues, si bien era cierto que el artículo 68 del
C.C.A. enumera los documentos que prestan mérito ejecutivo, de ninguna
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manera faculta a las autoridades públicas para expedirlos. A partir de ello,
indicó que el demandado había errado al expresar que la resolución núm.
180436 de 10 de abril de 2006 la profirió con base en dicha norma, so
pretexto de hacer efectiva la facultad prevista en la Ley 6ª de 1992.
A partir de las motivaciones contenidas en las resoluciones acusadas, resaltó
que, para la parte demandada, la elaboración del título ejecutivo respondía
a la necesidad de hacer exigible la obligación contenida en el Acta núm. 14
del 22 de febrero del 2000 de la Asamblea de Accionistas de ISAGEN S.A.
ESP.
En consecuencia, la parte actora estimó que, para la administración, la
acreencia devenía de un documento emitido por el deudor y no de una
relación administrativa.
Agregó que, si el ente público consideraba que tal documento reunía todos
los elementos de un título ejecutivo, era su deber adelantar con base en
aquel, el correspondiente proceso por jurisdicción coactiva.
Afirmó que resultaba contrario a derecho que el Ministerio de Minas y
Energía pretendiera convertir un documento emanado del deudor, de los
que consagra el numeral 6º del artículo 68 del C.C.A., en un acto
administrativo que impone la cancelación de una deuda, trasformando el
deber de entregar un activo en el pago de una suma líquida de dinero.
Segundo cargo: Falta de competencia
Expresó que el artículo 6º de la Constitución Política preceptuó que las
autoridades públicas solo pueden hacer aquello que les está permitido por
la ley y que en el presente caso no existe facultad legal expresa que autorice
a la parte demandada para proferir un acto administrativo, de forma
unilateral y sin aplicación de procedimiento alguno, que contenga un título
ejecutivo, razón por la cual, el Ministro de Minas y Energía carecía de
competencia para expedir los actos administrativos demandados.
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Tercer cargo: Falsa motivación
Manifestó que, en la resolución núm 180436 de 10 de abril de 2006, se
expuso como sustento legal la Ley 6ª de 1992, el Decreto 2174 de 1992 y
el Decreto 070 del 2001.
Alegó que el articulo 112 de la Ley 6ª de 1992 le confirió facultades a las
entidades nacionales para ejercer jurisdicción coactiva, el Decreto 2174 de
1992 establecía el procedimiento a seguir para el respectivo cobro y el
Decreto 070 de 2001 modificó la estructura del Ministerio de Minas y
Energía. Pero ninguno de esos preceptos le otorgó competencia a la parte
demandada para constituir títulos ejecutivos.
Cuarto cargo: Vicio de forma y desconocimiento del derecho de defensa
Argumentó que el artículo 28 del C.C.A. establece que, cuando las
actuaciones administrativas inicien de oficio y de ellas se desprenda que
particulares pueden resultar afectados en forma directa, se les debe
comunicar del inicio de la actuación y su objeto, de modo que la parte
demandada debió comunicarle, de forma previa, el trámite de la expedición
de la resolución 180436 de 10 de abril de 2006.
Agregó que nunca tuvo conocimiento del procedimiento administrativo que
se llevó a cabo, de manera que no pudo ser escuchada, encontrándose, de
un momento a otro, frente a acto constitutivo de un título ejecutivo en su
contra y avocada a un trámite por jurisdicción coactiva.
Quinto cargo: Desviación de poder
Resaltó que la recomendación del Comité de Saneamiento Contable, de
acuerdo con los actos censurados, fue una de las causas que llevó a la parte
demandada a la expedición de la resolución núm. 180436 de 10 de abril de
2006, así como el sentir de la entidad que la única solución era la
constitución de un título ejecutivo.
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Indicó que no podía motivarse de forma válida un acto administrativo con
la recomendación del área contable, así como tampoco justificarse de “única
solución” para hacer efectivo el acuerdo contenido en el Acta núm. 14 del
22 de febrero del 2000 de la Asamblea de Accionistas de ISAGEN S.A ESP.,
toda vez que existían otros mecanismos para lograr tal propósito.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Nación - Ministerio de Minas y Energía contestó la demanda y se opuso a
cada una de sus pretensiones, señalando como razones de defensa:
(i) Que no era cierto que ISAGEN hubiera adelantado todas las actividades
tendientes a hacer efectiva la transferencia de los activos. Por el contrario,
la Nación, durante más de dos años consecutivos, realizó varias gestiones
para que ISA, ISAGEN S.A ESP. y Urrá entregaran los soportes del activo
referido, sin recibir de éstas la colaboración necesaria para ello, y que, para
salvaguardar el patrimonio de la Nación, expidió la resolución 180436 del
10 de abril de 2006, de conformidad con lo señalado en el artículo 68 del
C.C.A y con fundamento en la facultad prevista en la Ley 6ª de 1992, ante
el incumplimiento de ISAGEN S.A ESP. de transferir los activos señalados
en el Acta núm. 14 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 22 de febrero
de 2000 y en el Decreto 313 del 13 de febrero de 2003.
(ii) Que las actuaciones se surtieron con base en las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, es decir, respetando y garantizando ante
todo el ejercicio del derecho de defensa y contradicción por cuanto se agotó
la vía gubernativa.
(iii) Que no existe vía de hecho porque las resoluciones demandadas se
expidieron con base en normas que le otorgan al Ministro de Minas y Energía
la facultad de ser el jefe de la administración en el área minero energética
y que le permiten realizar todas las actuaciones necesarias para el
cumplimiento de los fines estatales, lo cual encuentra fundamento en el
Decreto 070 de 2001.
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(iv) Que se debe diferenciar entre las funciones que ejerce el Ministro como
jefe del área minera y energética, conforme al artículo 208 de la Constitución
Nacional y el Decreto 070 de 2001, y las que ejerce en virtud de la Ley 6ª
de 1992 para la realización de cobros coactivos.
(v) Que, teniendo en cuenta las funciones delegadas a los Ministerios por
parte del Presidente de la República, fácilmente se puede concluir que no
desbordó su ámbito de competencias al proferir los actos administrativos
demandados, pues, dentro de las funciones establecidas en el artículo 61 de
la Ley 489 de 1998, se encuentra la de ejercer, bajo su propia
responsabilidad, las funciones que el Presidente les delegue o la ley les
confiera, y vigilar el cumplimiento de las que, por mandato legal, se hayan
otorgado a las dependencias del Ministerio, así como de las que se hayan
delegado en funcionarios del mismo.
(vi) Que el Ministro de Minas y Energía, por ser el jefe del área minero-
energética, puede ejercer todas las actuaciones necesarias tendientes a dar
cabal cumplimiento a los fines estatales, y en esa medida tiene competencia
para emitir actos administrativos como los que ahora son objeto de estudio.
(vii) Que la causal de desviación de poder no tiene fundamento, ya que la
administración pública expidió los actos administrativos demandados no en
uso de su poder dominante y para fines distintos de aquellos de los cuales
se le ha conferido poder, sino simplemente para hacer exigible una
obligación a favor de la Nación.
(viii) Que la falsa motivación no es una causal procedente frente a las
resoluciones acusadas, pues esa clase de ilegalidad se presenta cuando los
motivos alegados por quien expidió el acto en realidad no hayan existido, o
no tengan el carácter jurídico que el autor les ha dado, es decir, que se
estructure la ilegalidad por inexistencia material o jurídica de los motivos, y
es claro que los motivos que condujeron a la expedición de los actos
demandados objeto de esta demanda de ninguna manera se pueden
catalogar como falsos.
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De otro lado, formuló las excepciones que denominó: “Presunción de
legalidad de los actos demandados” y “Genérica”.
II. SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 30 de
abril de 2015, en primer lugar, negó las excepciones propuestas por la parte
demandada, al considerar que “[…] se trata de aseveraciones que no
constituyen una verdadera excepción, pues se refiere a aspectos que deben
evaluarse cuando se analice el fondo del asunto […] no se encuentran motivos
por los cuales deba abstenerse el Tribunal de emitir una decisión de fondo
[…]”.
En segundo lugar, al resolver el fondo del asunto, puntualmente el cargo
relativo al desconocimiento del debido proceso, declaró la nulidad de los actos
demandados, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Afirmó que el cargo formulado por vulneración del derecho al debido proceso
se basó principalmente en el hecho de no recibir comunicación de la actuación
administrativa adelantada por la parte demandada con miras a la constitución
del título ejecutivo contenido en la resolución 180436 del 10 de abril de 2006.
Anotó que del expediente no resultaba posible evidenciar que la parte
demandada hubiese comunicado a la parte demandante, en los términos del
artículo 28 del C.C.A., sobre el inicio de la actuación administrativa.
Estimó que las reuniones y demás gestiones que adelantó la parte demandada
con el ánimo de lograr que la parte demandante reintegrara los activos
adeudados de ninguna forma suplían el trámite previsto en la norma
comentada, toda vez que eran ajenas a la actuación administrativa.
Concluyó que existían motivos suficientes para considerar que los actos
acusados eran susceptibles de nulidad por desconocimiento del derecho al
debido proceso de la parte demandante, comoquiera que se trasgredió el
artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 28 del C.C.A., en razón a
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que no se le comunicó que se iniciaría un trámite encaminado a emitir un título
ejecutivo en su contra, pese a que se vislumbraba con claridad que resultaría
afectada con la decisión, permitiendo que compareciera ante la administración
después de adoptada la resolución núm. 180436 del 10 de abril de 2006.
El Tribunal se relevó de estudiar los cargos restantes.
Por último, respecto del restablecimiento del derecho, al encontrar que los
perjuicios reclamados no fueron demostrados, indicó que se limitaría a
ordenar a la parte demandada que se abstuviera de cobrar a ISAGEN S.A.
ESP. suma alguna derivada de los títulos ejecutivos consagrados en las
resoluciones demandadas y que, en caso de que la parte demandante
hubiere pagado, le reintegrara la respectiva suma debidamente indexada.
III.- RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada presentó recurso
de apelación, en el cual señaló que era errada la conclusión del a quo, acerca
del desconocimiento del derecho al debido proceso, que conllevó a la nulidad
de los actos acusados.
En primer lugar, indicó que “[…] el acto administrativo demandado
(resolución No. 180436 de 10 de abril de 2006) no fue definitivo, en tanto
que se le notificó al afectado, quien por supuesto tuvo la oportunidad, como
lo hizo, de ejercer su derecho de defensa y contradicción con la interposición
del recurso de reposición […]”.
En segundo lugar, insistió en que, durante más de dos años consecutivos,
realizó varias gestiones para que ISA, ISAGEN S.A. ESP. y Urrá entregaran
los soportes del activo referido, sin recibir de éstas la colaboración necesaria
para ello, y que, para salvaguardar el patrimonio de la Nación, expidió la
resolución 180436 del 10 de abril de 2006, de conformidad con lo señalado
en el artículo 68 del C.C.A y con fundamento en la facultad prevista en la
Ley 6ª de 1992.
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En tercer lugar, repitió que los actos demandados se expidieron con base en
las disposiciones constitucionales y legales vigentes, es decir, respetando y
garantizando ante todo el ejercicio del derecho de defensa y contradicción,
en la medida en que se agotó la vía gubernativa.
En cuarto y último lugar, reprodujo la defensa presentada en relación con la
competencia del Ministro de Minas y Energía para expedir los actos
cuestionados y con los cargos de falsa motivación y desviación de poder
contenidos en la demanda.
En suma, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN LA SEGUNDA INSTANCIA Y
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La parte demandante cuestionó la decisión del Tribunal de relevarse de
estudiar la totalidad de los cargos de la demanda al tiempo que afirmó que
el recurrente no expuso ninguna inconformidad frente a la sentencia de
primera instancia y que del recurso de apelación lo único que se denotaba
era confusión en los conceptos de acto administrativo definitivo y acto
administrativo de trámite2.
El Ministerio de Minas y Energía reiteró los fundamentos expuestos en la
contestación de la demanda y en el recurso de apelación3.
El Ministerio Público guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Los actos acusados
En este proceso se pretende la nulidad de las resoluciones núms. 180436 de
10 de abril de 2006 y 180763 de 23 de junio de 2006, por medio de la cuales
2
Folios 20 a 31 del cuaderno de segunda instancia.
3
Folios 8 a 19 del cuaderno de segunda instancia.
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“[…] se declara una deuda a favor de la Nación - Ministerio de Minas y Energía
y se constituye un título ejecutivo […]” y “[…] se resuelve un recurso de
reposición […]” en el sentido de confirmar la decisión adoptada de oficio en el
acto administrativo recurrido, respectivamente.
5.2. El problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si la falta de comunicación sobre la
existencia de la actuación administrativa que adelanta el Ministerio y
mediante la cual expide de oficio un acto que declara una deuda a favor de
la Nación y se constituye un título ejecutivo, que es recurrido por el afectado,
viola el derecho de audiencia y de defensa del mismo.
Resuelto el anterior problema, la Sala deberá pronunciarse sobre si el acto
acusado incurre en causal de nulidad.
5.3. Análisis del recurso de apelación
Antes de resolver sobre el fondo de la controversia y para pronunciarse
respecto del primer reproche expuesto por el recurrente, la Sala se referirá
a la naturaleza de los actos administrativos enjuiciados.
A este respecto, es necesario recordar que mediante sentencia del 14 de
agosto de 2014 la Sección Primera de esta corporación decidió sobre el
recurso de apelación interpuesto contra el fallo emitido el 30 de junio de
2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por el cual se declaró
probada la excepción de falta de jurisdicción para decidir sobre este asunto.
En su primera decisión sobre este proceso, el a quo encontró probada la
referida excepción, bajo el supuesto de que los actos acusados eran actos
de ejecución, mero desarrollo de previos pronunciamientos tales como la
asamblea general de accionistas de ISAGEN S.A. E.S.P. celebrada el 22 de
febrero de 2000, el Decreto 313 de 2013 y la resolución 181032 del 3 de
septiembre de 2003, expedida por el Ministerio de Minas. Sin embargo, al
definir el recurso de apelación contra esa providencia, esta Sala señaló que,
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si bien las anteriores decisiones constituían antecedentes y sin duda se
relacionaban con los actos acusados, estos últimos contenían una decisión
nueva, autónoma y diferente, y, en consecuencia, eran actos definitivos.
Por tal razón, se revocó la decisión de primera instancia, y en guarda del
derecho constitucional a la doble instancia, se devolvió el asunto al tribunal
a quo, ordenándole proferir nuevamente sentencia de primera instancia. En
cumplimiento de lo ordenado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
expidió la sentencia cuya apelación ahora decide esta Sala.
Más allá de esta circunstancia procesal, es claro entonces que esta Sala ya
precisó, con toda claridad, que los actos acusados, en cuanto toman
decisiones diferentes a las de aquellos que los antecedieron, son actos
definitivos, por lo mismo, susceptibles de control judicial.
En la misma línea, es del caso recordar y prohijar las consideraciones sobre
el concepto de acto administrativo definitivo expuestas en la sentencia de
mayo 16 de 20194 proferida por esta Sala, así:
“[…] La naturaleza del acto administrativo definitivo
El Código Contencioso Administrativo – CCA – no regula en forma expresa
la definición de acto administrativo definitivo, sin embargo, a partir de lo
preceptuado en el artículo 50 de dicha codificación, se ha entendido que
son actos definitivos aquellos que ponen fin a la actuación. En efecto,
establece la norma:
“[…] ARTÍCULO 50. […]
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla […]”.
Respecto a la noción de acto administrativo, la Corte Constitucional, en
Sentencia C-1436 de 25 de octubre de 2000, sostuvo:
‘El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la
administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando,
modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra
4
C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación número: 08001-23-31-000-2006-02035-01 Actor:
LUIS ALBERTO Y RODRIGO DE JESÚS CANO ELORZA. Demandado: BARRANQUILLA – DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO E INSTITUTO DISTRITAL DE URBANISMO Y CONTROL – IDUC.
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de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico
y el respeto por las garantías y derechos de los administrados’.
De igual forma, esta corporación se ha referido al concepto de acto
administrativo definitivo en los siguientes términos:
‘El acto administrativo se entiende, entre otras perspectivas, como una
decisión adoptada o expedida en función administrativa a través de la cual
la autoridad crea, modifica o extingue una posición de una persona o
conjunto de personas determinadas o indeterminadas frente a una norma
de derecho (situación jurídica). El acto singular o particular no
necesariamente tiene un destinatario único, por cuanto puede ir dirigido
tanto a una persona como a un grupo determinado de personas; en tanto
que el acto general se expide siempre para un grupo indeterminado de
personas a quienes se les crea, modifica o extingue una situación jurídica,
dependiendo de las conductas o roles que ellas mismas asuman’.
Al respecto, la Sección Primera ha considerado que ‘no todo acto de la
Administración tiene la vocación o cualidad de producir efectos jurídicos,
en este sentido, se diferencian los actos administrativos, que sí gozan de
tal condición, de los actos de la administración, entendidos como
meramente declarativos, es decir, que son manifestaciones unilaterales de
las autoridades administrativas que no producen efectos jurídicos a los
administrados, ni a favor ni en contra”.
Ahora bien, sobre la diferencia entre acto administrativo definitivo y acto
de trámite, esta corporación ha señalado lo siguiente:
‘A su turno, según la parte final del artículo 50 ibídem, son actos definitivos,
que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto y los actos de trámite cuando pongan
fin a una actuación o hagan imposible su continuación.
De lo anterior se evidencia que el acto administrativo susceptible de ser
demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa es aquel a
través del cual la administración decida directa o indirectamente el asunto
sometido a su consideración, o aquél de trámite cuando con su expedición
se impida la continuación de la actuación administrativa.
Sin embargo, la administración no sólo expide dentro del ejercicio de sus
funciones actos definitivos o de trámite, existen otros que por ejemplo se
circunscriben a dar cumplimiento a una orden previa, de autoridad judicial
o también administrativa. A estos, se les conoce como actos de ejecución
[…]’.
En igual sentido lo ha sostenido esta Sección:
‘Son actos demandables cuando ponen fin a la actuación administrativa. En
primer término, la Sala aclara que en anteriores pronunciamientos ha
señalado que el acto de demarcación, por ser un acto de trámite o
preparatorio, no es susceptible de demanda ante la jurisdicción contencioso
administrativa, en la medida de que el acto definitivo que pone fin a la
actuación administrativa es el que concede la licencia de construcción. No
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obstante lo anterior, en el asunto examinado se encuentra de acuerdo con
lo expresado por el sentenciador de primera instancia, en el sentido de que
la revocatoria de la demarcación núm. 5099, al igual que la de la revisión
y aceptación de las memorias de cálculos y estudios de suelo, a pesar de
ser actos preparatorios o de trámite en cuanto revocan otros de la misma
categoría, sí son demandables en esta oportunidad, dado que le pusieron
fin a la actuación administrativa iniciada por las demandantes, en cuanto
hicieron imposible su continuación, en los términos por ellas solicitados
[…]’.
De lo expuesto, se puede advertir con toda claridad y sin mayor esfuerzo,
que los actos demandados constituyen una manifestación de voluntad de la
administración que produjo efectos jurídicos particulares y concretos a la
parte demandante, como es la obligación de pagar la suma de dinero
contenida en el título ejecutivo que se constituyó en favor de la Nación. En
este sentido, el primero de estos actos creó una situación jurídica particular
que, por su naturaleza, debe estar sujeta al control jurisdiccional como
garantía de los ciudadanos ante el poder del Estado y conforme al
ordenamiento jurídico colombiano.
La decisión de la administración tampoco puede considerarse como un acto
de trámite, toda vez que no se presenta como una condición o etapa propia
de una actuación administrativa. Dicho acto administrativo no es propio ni
necesario del procedimiento que se le adelantó a la parte demandante, sino
que tiene entidad propia, en cuanto es resultado de una actuación
administrativa autónoma, y crea una situación jurídica y particular concreta
susceptible de control judicial.
Así las cosas, se ratifica que la resolución 1804367 del 10 de abril de 2006,
que creó el título ejecutivo a cargo de ISAGEN S.A. E.S.P., es un acto
definitivo, pasible de la acción de nulidad y restablecimiento, lo mismo que
la resolución 180763 del 23 de junio del mismo año, en cuanto esta última
se limitó a confirmar, en sede administrativa, lo decidido por la primera. De
otra parte, la posibilidad de enjuiciar este último acto por vía jurisdiccional
deriva en forma clara del mandato establecido en el inciso 3º del artículo
138 del Código Contencioso Administrativo aplicable.
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5.3.1. Ahora bien, la Sala estima pertinente señalar que el artículo 29 de la
Constitución Política, al establecer el derecho fundamental al debido
proceso, prevé que éste “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas” y, además, señala una serie de garantías y principios
mediante los cuales dicho derecho se materializa.
La Corte Constitucional, sobre el núcleo esencial del derecho fundamental al
debido proceso administrativo, ha dicho5:
“[…] Una de las notas más destacadas de la Constitución Política de 1991
es la extensión de las garantías propias del debido proceso a las
actuaciones administrativas. Ello demuestra la intención constituyente de
establecer un orden normativo en el que el ejercicio de las funciones
públicas se encuentra sujeto a límites destinados a asegurar la eficacia y
protección de la persona, mediante el respeto por sus derechos
fundamentales. El Estado Constitucional de Derecho es, desde esta
perspectiva, un conjunto de garantías de esos derechos, al tiempo que las
normas que determinan la estructura del Estado y sus instituciones deben
interpretarse en función de esas garantías. En la sentencia C-980 de 2010,
señaló la Sala Plena:
“Así entendido, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho
al debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar
las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas
se encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos
previamente establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de
quienes puedan resultar afectados por las decisiones de la administración
que crean, modifican o extinguen un derecho o imponen una obligación o
una sanción […]”
En la sentencia citada se señaló que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, entre otros, los derechos: i) a ser oído durante toda
la actuación; ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley; iii) a
que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas; iv) a que se permita
la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación; v) a
que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno
respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; vi) a
gozar de la presunción de inocencia; vii) al ejercicio del derecho de defensa
y contradicción; viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y ix) a
5
Corte Constitucional, Sentencia C-034 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa).
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impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con
violación del debido proceso.
De manera particular, sobre la trascendencia de la comunicación que la
administración debe hacer cuando inicie una actuación administrativa a las
personas que pudieran resultar afectadas por aquélla, para la debida
garantía del debido proceso y el derecho de defensa de los que trata el
artículo 29 superior, el máximo tribunal constitucional se ha pronunciado en
múltiples ocasiones6, señalando de manera consistente y reiterada, que tal
aviso es necesario e imprescindible, pues de otra forma el ciudadano que al
término de la actuación podría verse afectado, no tendrá oportunidad de
ejercer su derecho de contradicción y defensa.
En los casos referidos, las situaciones analizadas tenían en común la omisión
de la administración al no haber dado en forma clara y oportuna el aviso
requerido, hasta el año 2012, en el artículo 28 del Código Contencioso
Administrativo, y actualmente, en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, de
contenido equivalente. En todos ellos, en escenarios muy diversos, el juez
constitucional ha resaltado que, aun en situaciones en los que el posible
afectado tuviere referencias o conocimiento parcial de los hechos de los que
se derivaría la futura decisión administrativa que podría afectarle, resulta
necesario que la autoridad a cargo le informe en forma previa y expresa del
inicio de la correspondiente actuación, pues solo así resultará posible que
aquél ejerza con pleno conocimiento sus derechos de contradicción y
defensa, elementos integrantes del debido proceso constitucional.
De otra parte, esta corporación, máximo tribunal de lo contencioso
administrativo, se ha pronunciado en sentido coincidente en casos análogos
al presente, entre ellos en sentencia de unificación de la Sección Cuarta7,
en la que, a propósito de la creación de un título ejecutivo a cargo de un
6
Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-497 de 2005 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), T-888 de 2009 (M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva), T-543 de 2017 y T-418 de 2018 (en ambas M. P. Diana Fajardo Rivera) y T-295 de 2018
(M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
7
Sentencia de 14 de noviembre de 2019 (C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez), expediente 25000-23-37-000-
2013-00452-01
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garante (entidad aseguradora), rectificó su anterior postura para señalar
que, en desarrollo de los principios de publicidad y contradicción, previstos
en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, y del expreso
mandato contenido en el artículo 28 de la misma norma, aquél debió ser
informado del inicio de la actuación administrativa de la cual podrá derivarse
la creación de una obligación a cargo suyo. En este caso, al no haberse
cumplido esta diligencia, y en garantía del debido proceso, este tribunal
decidió anular los actos administrativos por los cuales se negaron las
excepciones contra el mandamiento ejecutivo, y en su lugar se declaró
probada la de ausencia de título ejecutivo.
5.3.2. Ahora bien, en el presente caso, el examen de las pruebas
documentales obrantes en el expediente demuestra los siguientes hechos:
a) El 22 de febrero de 2000 se reunió de manera ordinaria la asamblea
general de accionistas de ISAGEN S.A ESP. En ella, luego de la verificación
del quórum, la elección de Presidente y Secretaria de la asamblea, y la
aprobación del orden del día en el que se incluyó la proposición núm. 5 que
se denominó “Descapitalización”, se resolvió en este punto la reducción del
capital suscrito y pagado de la sociedad en la suma de $ 337.928’600.000
(trescientos treinta y siete mil novecientos veintiocho millones seiscientos
mil pesos), con devolución de aportes en favor de los accionistas.
Igualmente, entre otros aspectos, se dispuso que esta distribución se
llevaría a cabo mediante una reducción proporcional a la participación de los
accionistas y que la devolución de aportes se realizaría mediante la
respectiva transferencia de activos que fueron determinados en tres grupos.
El acta núm. 14 de 22 de febrero de 2000 (folios 1 a 16 del cuaderno de
antecedentes administrativos) en la parte pertinente estableció:
“[…] Proposición núm. 5. Descapitalización
La Asamblea General de Accionistas de ISAGEN S.A. E.S.P. en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias y,
Considerando:
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(a) Que según el balance extraordinario de la sociedad al 31 de enero de
2000, el activo total asciende en la fecha indicada a la suma de dos billones
ochocientos treinta y un mil seiscientos treinta y dos millones de pesos
(2.831.632 millones), en tanto que el pasivo total es de novecientos
sesenta y dos mil doscientos setenta y ocho millones de pesos (962.278
millones);
(b) Que, de conformidad con el artículo 145 del Código de Comercio, está
permitido reducir el capital de una sociedad, entre otros eventos, cuando,
una vez efectuada la reducción, el activo represente por lo menos el doble
de pasivo externo;
(c) Que, aplicando al balance de la sociedad al corte del 31 de enero de
2000, el principio indicado en la consideración anterior, el capital social
podría reducirse hasta en la suma de novecientos siete mil setenta y seis
millones de pesos ($ 907.076 millones);
(e) Que los accionistas de la sociedad desean reducir el capital de la
sociedad en la suma de trescientos treinta y siete mil novecientos
veintiocho millones seiscientos mil pesos ($ 337.928’600.000), proveniente
de parte del capital suscrito y pagado a enero 31 de 2000, previó el
cumplimiento del procedimiento establecido en la ley; y
(f) Que la reducción de capital se realizará con devolución de aportes,
mediante la transferencia a los accionistas de activos de la sociedad que no
son necesarios para la continuidad en la prestación del servicio.
R e s u e l v e:
Artículo primero: Ordenar la reducción del capital suscrito y pagado de la
sociedad en la suma de trecientos treinta y siete mil novecientos veintiocho
millones seiscientos mil pesos ($ 337.928’600.000), con devolución de
aportes en favor de los accionistas. Esta suma es menor que la cifra del
capital social a 31 de enero de 2000, más la prima de colocación de acciones
capitalizada.
Artículo segundo: La reducción del capital suscrito y pagado de la sociedad
se llevará a cabo mediante una reducción proporcional del número de
acciones de que sea titular cada accionista en la fecha en que quede en
firme la autorización que para el efecto debe expedir la Superintendencia
de Sociedades y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no
considerando las fracciones de acción que puedan resultar, las cuales
permanecerán en la cuenta de prima en colocación de acciones […]”
b) El 13 de febrero de 2003, el Ministerio de Minas y Energía, como
representante de las acciones de propiedad de la Nación en ISAGEN S.A.
ESP. y con el fin de designar un responsable de la devolución de aportes en
cabeza de la Nación, expidió el Decreto 313 (folios 17 y 18 del cuaderno de
antecedentes administrativos), en el que expresamente decretó:
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“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- El Ministerio de Minas y Energía, mediante
resolución, asignará el conjunto de activos que corresponden a La Nación
en la devolución de aportes originada por la reducción de capital aprobada
el 22 de febrero de 2000 por la Asamblea General de Accionistas de ISAGEN
S.A. E.S.P.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ministerio de Minas y Energía, mediante
Resolución, distribuirá en Ministerios y en otras entidades públicas del
orden nacional de acuerdo con las funciones y competencias de las mismas
los activos cuya asignación se ordena en el artículo anterior.
Los Ministerios a los que se les asigne y distribuya activos, asumirán la
gestión de los mismos directamente o a través de entidades que designen
para ello […]”.
c) El 3 de septiembre de 2003, en cumplimiento de la responsabilidad
asignada, el Ministerio de Minas y Energía profirió la resolución 181032, en
la que, de manera detallada, estableció el responsable de la obligación, el
acreedor y el monto líquido de activos que le correspondía fruto de la
devolución de aportes aprobada en la citada sesión ordinaria de ISAGEN
S.A. ESP. de 22 de febrero de 2000, contenida en el acta núm. 14.
En relación a la distribución efectuada en favor del Ministerio de Minas y
Energía, en el acto administrativo (folios 19 a 26 del cuaderno de
antecedentes administrativos) se precisó:
“[…] Por la cual se asignan y distribuyen activos en Ministerios y Entidades
Públicas del orden nacional
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de la
contemplada en la Ley 489 de 1998, el Decreto 070 del 17 de enero de
2001 y el Decreto 313 del 13 de febrero de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 313 del 13 de febrero de 2003, se dispuso
que el Ministerio de Minas y Energía asignará y distribuirá en Ministerios y
Entidades públicas del Orden Nacional el conjunto de activos que le
correspondieron a la Nación como resultado de la reducción de capital
aprobada el 22 de febrero de 2000 por la Asamblea General de Accionistas
de ISAGEN S.A. E.S.P.
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Que el 8 de abril del año en curso en la Secretaría Jurídica de la Presidencia
de la República, se efectúo una reunión entre funcionarios de las carteras
de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía en la que surgió el
compromiso de consultar al Contador General de la Nación respecto de qué
Ministerio debe recibir y registrar los activos asignados por la Nación con
ocasión de la descapitalización de ISAGEN.
Que el Contador General de la Nación mediante oficio CGN-3000
comunicando a este Ministerio el 25 de junio de 2003 respondió a las
inquietudes formuladas por los Ministros de Hacienda y Crédito Público y
Minas y Energía, sin que las mismas definieran el asunto de manera
definitiva.
Que las respuestas efectuadas por el Contador General de la Nación en el
oficio CGN-3000 fueron precisadas por dicho funcionario en concepto SNN-
3000 el cual fue comunicado a este Ministerio el 21 de julio del año en
curso.
Que con base en la precisión anterior efectuada mediante el mencionado
concepto SNN-3000, se expide la siguiente resolución,
RESUELVE:
(…).
ARTÍCULO SEGUNDO:- Distribuir los activos asignados junto con la
responsabilidad de registrarlos contablemente, así como la de adelantar las
gestiones legales y administrativas a que hubiere lugar en relación con los
mismos de la siguiente manera:
[…]
Al Ministerio de Minas y Energía
[…]
6. Inversión no capitalizada en la Sociedad Multipropósito URRA S.A. E.S.P.
por valor de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($7.266.150.177)
moneda legal colombiana […]”.
d) Más adelante, casi tres años después de la última anterior actuación, el
10 de abril de 2006, el Ministerio de Minas y Energía profirió la resolución
180436, por medio de la cual “[…] se declara una deuda a favor de la Nación
• Ministerio de Minas y Energía y se constituye un título ejecutivo […]” (folios
27 y 28 del cuaderno de antecedentes administrativos), confirmada por la
resolución 180763 de 23 de junio de 2006 (folios 29 a 32 del cuaderno de
antecedentes administrativos).
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e) Así las cosas, es evidente la diferencia entre lo acordado por la Asamblea
General de Accionistas de la empresa ISAGEN S.A. E.S.P. en su reunión del
22 de febrero de 2000 y lo decidido en el acto administrativo acusado:
Acta de la Asamblea de Accionistas de Texto de la resolución 180436 del 10
ISAGEN S.A. E.S.P realizada el 22 de de abril de 2006, expedida por el
febrero de 2000 Ministerio de Minas y Energía
La Asamblea General de Accionistas de El MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA, en uso
ISAGEN S.A. E.S.P. en uso de sus de sus facultades legales, en especial las
atribuciones legales y estatutarias y, contempladas la Ley 6 de 1992, en el
Decreto 2174 de 1992 y el Decreto 070 de
Considerando: 2001, y
(…) (…) (…) CONSIDERANDO
(f) Que la reducción de capital se realizará
con devolución de aportes, mediante la Que según acta N° 14 de la asamblea de
transferencia a los accionistas de accionistas de ISAGEN E.S.P., celebrada el
activos de la sociedad que no son 22 de febrero de 2000, se aprobó por
necesarios para la continuidad en la mayoría una reducción del capital con
prestación del servicio. devolución de aportes a favor de los
accionistas, entre los cuales le correspondió
R e s u e l v e: a la Nación un conjunto de activos.
Artículo primero: Ordenar la reducción RESUELVE:
del capital suscrito y pagado de la
sociedad en la suma de trecientos treinta ARTICULO PRIMERO.- Declarar que
y siete mil novecientos veintiocho millones ISAGEN debe al Ministerio de Minas y
seiscientos mil pesos ($ 337.928’600.000), Energía, la suma de SIETE MIL
con devolución de aportes en favor de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
los accionistas. Esta suma es menor que CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y
la cifra del capital social a 31 de enero de SIETE PESOS ($7.266.150.177.00) más los
2000, más la prima de colocación de intereses que se causen por concepto de la
acciones capitalizada. cuenta por cobrar, transferida a esta entidad
de conformidad a lo contemplado en la parte
motiva del presente acto.
5.3.3. Frente al asunto que ocupa la atención de la Sala, debe anotarse que,
si bien el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo aplicable, listaba
un conjunto de documentos que prestarían mérito ejecutivo por jurisdicción
coactiva, siempre que en ellos constara una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, y que su numeral 1º previó entre tales documentos
“todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación (…)
la obligación de pagar una suma líquida de dinero”, ello solo era posible,
según lo determinó la misma norma, “en los casos previstos en la ley”.
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En el presente caso, para la expedición del título ejecutivo contenido en el
acto administrativo acusado, el Ministerio de Minas y Energía invocó como
normas habilitantes la Ley 6ª de 1992, el Decreto 2174 de 1992 y el Decreto
070 de 2001, normas todas que se refieren a la posibilidad de que tal
autoridad ejerza la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos
exigibles a su favor. Sin embargo, debe recordarse que esta es una facultad
reglada, que se refiere únicamente a la posibilidad de recaudar las sumas
correspondientes a créditos previamente exigibles, y que en todo caso es
una función distinta, además de cronológicamente posterior, a la de
determinar y crear nuevas obligaciones a cargo de terceros, con la referida
calidad de exigibles. En esta medida, es claro que, contrario a lo pretendido,
los actos acusados no son producto de la facultad de cobro coactivo de que
goza el Ministerio de Minas y Energía, y por ello, no se rigen por las reglas
propias de aquélla.
Ahora bien, esta última posibilidad, la de establecer nuevos créditos,
mediante la creación de títulos ejecutivos, susceptibles de ser cobrados por
jurisdicción coactiva, es una función que ciertamente puede estar atribuida
a las autoridades en casos específicos, pero, como bien se observa de la
lectura del numeral 1º del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo
arriba citado, ello solo resulta viable “en los casos previstos en la ley”.
En el presente caso, resalta la Sala, las normas citadas como fundamento
por el acto acusado habilitan a la autoridad para el cobro de créditos
previamente exigibles, más no para determinar nuevas obligaciones con tal
virtualidad, bajo la figura de los títulos ejecutivos. De otro lado, la parte
accionada tampoco ha precisado cuál norma la habilitaría para generar
nuevos títulos ejecutivos, como en este caso lo hizo.
Así las cosas, es claro que, en caso de que una autoridad se disponga a
crear una nueva obligación que conste en un título ejecutivo a cargo de un
particular, que posteriormente buscará cobrar por vía de jurisdicción
coactiva, en vista de la gran trascendencia de tal diligencia, debe sin duda
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dar aviso de su inicio a la persona que con ello resultaría obligada, a efectos
de que ésta pueda ejercer su derecho a la defensa y contradicción durante
la respectiva actuación.
5.3.4. Ahora bien, al examinar los antecedentes administrativos de los actos
acusados, para la Sala está acreditado que la parte accionada no comunicó
el inicio de oficio de la actuación administrativa demandada, incumpliendo
el deber de comunicar la existencia del trámite y su objeto.
En efecto, el artículo 28 del C.C.A., en garantía y respeto del derecho al
debido proceso, dispone:
“[…]CAPÍTULO VII
DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS INICIADAS DE OFICIO
DEBER DE COMUNICAR
ARTÍCULO 28. Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se
desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma
directa, a éstos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto
de la misma.
En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los
artículos 14, 34 y 35 […]”.
De la disposición en cita, la Sala advierte que, cuando la administración
inicie actuaciones de oficio y de ellas se desprenda una posible afectación a
un particular, como en efecto ocurría en este caso, es obligatorio comunicar
a los eventuales afectados de la existencia o inicio del respectivo trámite,
así como el objeto del mismo. Adicionalmente, el precepto también indica
que, en ese tipo de procedimiento, se aplicará lo dispuesto en los artículos
14, 34 y 35 del mismo código, que, a su vez, prevén:
“[…]CITACIÓN DE TERCEROS
ARTÍCULO 14. Cuando de la misma petición o de los registros que lleve la
autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar
directamente interesados en las resultas de la decisión, se les citará para
que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La citación se hará
por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz.
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En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del
peticionario y el objeto de la petición.
Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o
demorada, se hará la publicación de que trata el artículo siguiente.
[…]
PRUEBAS
ARTÍCULO 34. Durante la actuación administrativa se podrán pedir y
decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos
especiales, de oficio o a petición del interesado.
ADOPCIÓN DE DECISIONES
ARTÍCULO 35. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles,
se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si
afecta a particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto
inicialmente como durante el trámite.
Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo
solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta
decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para
que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay.
Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título
[…]”.
La Sala observa que el artículo 28 del C.C.A. debe aplicarse en armonía con
los artículos 14, 34 y 35, a partir de los cuales se colige que la vinculación
de los posibles afectados al trámite administrativo tiene el propósito de
darles la oportunidad a los administrados de pronunciarse y solicitar
pruebas, en otras palabras, de materializar su derecho de defensa y
contradicción, así como el derecho al debido proceso.
Lo anterior, indefectiblemente, va ligado a los principios de publicidad y
contradicción del articulo 3.º del C.C.A., que establece:
“[…] PRINCIPIOS ORIENTADORES
ARTÍCULO 3°. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo
a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad
y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.
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[…]
En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus
decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que
ordenan este código y la ley.
En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán
oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios
legales.
Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse
en la aplicación de las reglas de procedimiento.
Las autoridades deberán observar estrictamente los principios consagrados
en este artículo al expedir los reglamentos internos de que tratan los
artículos 1º de la Ley 58 de 1982 y 32 de este código […]”.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado8:
“[L]a existencia de un procedimiento previo, enderezado a la expedición de
un acto administrativo, se ha entendido tradicionalmente como propia y
necesaria para las decisiones que se dirigen a crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, es decir, con efectos
que recaen sobre intereses o derechos individuales, personales,
particulares, de manera directa; y es por ello que aún en el ámbito de la
actuación administrativa, resulta aplicable el principio constitucional del
debido proceso (art. 29), que implica para las autoridades el deber de obrar
en virtud de competencias legalmente otorgadas, conforme a leyes
preexistentes, y con la plenitud de las formas propias de cada
procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios de sus decisiones
el derecho de audiencia y de defensa, mediante la posibilidad de participar
en las actuaciones previas a la expedición de la respectiva decisión,
permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer las manifestaciones
que consideren necesarias para la correcta formación del juicio de la
administración antes de decidir.
[…]
Consecuentemente, cuando la ley establece requisitos de apariencia o
formación de los actos administrativos, sean éstos de carácter general o de
carácter particular y concreto, los mismos se deben cumplir
obligatoriamente, cuando quiera que la administración pretenda tomar una
decisión que corresponda a aquellas que se hallan sometidas a tales
requisitos, de tal manera que su desconocimiento, conducirá a que se
configure, precisamente, la causal de nulidad en estudio, es decir,
expedición irregular del acto administrativo o vicios de forma […]”.
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C. P.: Ramiro
Saavedra Becerra. Sentencia del 13 de mayo de 2009. Radicado: 11001-03-26-000-2004-
00020-00(27832). Actor: Consuelo Acuña Traslaviña.
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De igual forma se ha pronunciado esta Sección9 como se lee a continuación:
“[…] Lo anterior permite a la Sala deducir que el acto demandado fue
resultado de una actuación administrativa desarrollada para resolver una
petición, por lo cual debió sujetarse al procedimiento que para ello
establecen los artículos 28 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo, esto es, vincular al actor para que pudiera hacer valer sus
derechos, practicar de oficio o a solicitud del interesado las pruebas
necesarias y, habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar
sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, tomar una
decisión que debe ser motivada, al menos sumariamente si afecta a
particulares. En el presente caso, ni con los antecedentes administrativos
ni con la contestación de la demanda se adjuntaron pruebas que permitan
concluir que el procedimiento antes mencionado fue seguido por la
administración antes de expedir el acto acusado […]
Demostrada como está la violación del derecho al debido proceso del actor,
debe la Sala declarar la nulidad del acto acusado, sin que por otra parte
haya lugar a determinar restablecimiento alguno del derecho, por las
razones anotadas en la parte motiva de esta providencia […]”.
En ese orden, la Sala reitera que, para la administración, resulta ineludible
el cumplimiento del deber contenido en el artículo 28 del C.C.A., de
comunicar a los eventuales afectados del inicio de oficio de la actuación
administrativa y su objeto, para que puedan ejercer su defensa y
contradicción y, con ello, se respete su derecho al debido proceso. De otra
parte, la omisión de esta necesaria diligencia implica que el acto
administrativo que a continuación se emita habría sido expedido en forma
irregular, y con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, lo
que acarrea su nulidad, en los términos del artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo.
Igualmente, la Sala advierte que la obligación comentada, de ninguna
manera, se puede considerar cumplida con las gestiones que de manera
general realice la administración con el propósito de lograr el cumplimiento
de los fines constitucionales y legales, comoquiera que, en estricto sentido,
ellas no forman parte de la actuación administrativa.
9
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Primera. C.P.: Marco Antonio
Velilla Moreno. Sentencia de 7 de marzo de 2013. Radicación número: 11001-03-24-000-2003-
00502-01. Actor: COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORES DE COTA LIMITADA.
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Finalmente, es importante mencionar que el debido proceso no se entiende
garantizado por el simple hecho de haber otorgado al interesado la
oportunidad de interponer los recursos de la vía gubernativa. Así lo ha
considerado la jurisprudencia de la corporación en sentencia que, aunque
se refiere a un proceso sancionatorio10, es aplicable al caso, como quiera
que el debido proceso administrativo que deriva de los artículos 14, 28, 34
y 35 del CCA corresponde a cualquier actuación administrativa:
“[…] En conclusión, está claro en el caso concreto que no se inició un
procedimiento sancionatorio, y que el primer acto jurídico de FERROVÍAS,
de cara al contratista, fue la sanción misma. Ahora, no se puede admitir en
este caso -pese a que en el pasado lo toleró la jurisprudencia-, que este
derecho se garantizó con la posibilidad que tuvo el actor de discutir la
decisión inicial, a través de los recursos de la vía gubernativa, y de la
oportunidad nacida a partir de allí de pedir pruebas y controvertirlas. Este
estadio del debido proceso lo superó hace varios años la Sección Tercera,
y por eso hoy se considera –entre otros, auto de esta Sección de septiembre
24 de 1998, exp. 14.821- que “De la doctrina constitucional citada merece
destacarse el hecho de que en los procedimientos administrativos
sancionatorios debe darse la oportunidad al interesado para expresar su
punto de vista antes de tomarse la decisión, como una manera de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso (art. 29 Constitución
Política) para así hacer efectivo el derecho de defensa y contradicción. De
ahí que no basta con que esas decisiones estén debidamente motivadas y
sean notificadas con el fin de que el particular pueda agotar los recursos
gubernativos y judiciales en defensa de la legalidad o de los derechos que
considera desconocidos por la actuación pública […]”.
En este contexto, la Sala concluye que se desconoció el derecho al debido
proceso de la parte demandante, y que los actos acusados se expidieron en
forma irregular, comoquiera que la parte demandada, de forma previa a
expedir las resoluciones acusadas, no cumplió con el deber de comunicarle
el inicio de la actuación administrativa y el objeto de la misma, atendiendo
el artículo 28 del C.C.A., y como consecuencia de ello no le permitió al aquí
demandante ejercer el derecho de contradicción y de defensa, de
conformidad con los artículos 3, 14, 34 y 35 del mismo Código.
Por las anteriores razones, la Sala confirmará la sentencia apelada.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. (C. P. Olga
10
Mélida Valle de la Hoz), sentencia de 9 de abril de 2015. Radicación número: 25000-23-
26-000-1999-01650-01(28399). Actor: TODO PRODUCCIONES LIMITADA.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 30 de abril de
2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión
de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
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