Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00002-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Telefonia móvil celular: quejas y reclamos: deber de responder dentro de los 15 días hábiles
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00002-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2007-00002-01
Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro
3 de mayo de 2018
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Sanción de multa a Colombia Móvil SA ESP por haberse configurado el silencio administrativo positivo sobre las quejas, peticiones, reclamos y recursos de los usuarios de los servicios públicos no domiciliarios de comunicaciones / SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Procedimiento para la imposición de sanciones a operadores de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Para la protección de los usuarios de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones. Procedimiento
De las normas que facultan a la SIC para proteger a los usuarios de los servicios públicos no domiciliarios de telecomunicaciones, en ninguna de ellas se establece un procedimiento para la imposición de sanciones, sin embargo, se concluye que este debe ser el señalado por el artículo 54 del Decreto 2153 de 1992, […] Advierte la Sala que ningún otro cuerpo normativo consagra un procedimiento especial y prevalente para el trámite sancionatorio por parte de la SIC a los operadores de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones, que para el caso bajo estudio consiste en el servicio de comunicación personal. En ese orden, fue acertada la actuación de la SIC al aplicar lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, y no el trámite especial establecido en los artículos 106 a 115 de la Ley 142 de 1994 como lo pretende la demandante, pues de la lectura de ellos se concluye que el procedimiento allí establecido no es aplicable a la empresa prestadora del servicio público no domiciliario de PCS; por ello la SIC en desarrollo de sus facultades previstas en el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999, desplegó correctamente, en el presente caso, las respectivas investigaciones bajo el procedimiento administrativo general determinado en el C.C.A., tal como se lo imponía el artículo 54 del Decreto 2153 de 2002. Lo anterior es una posición reiterada por esta Corporación, la que en varios pronunciamientos ha advertido que al no existir un procedimiento especial para que la SIC desarrolle las gestiones de protección a los usuarios de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones, debe acudirse a lo dispuesto en el pluricitado artículo 54 del Decreto 2453 de 1992.
TELEFONIA MÓVIL CELULAR - Quejas y reclamos: deber de responder dentro de los 15 días hábiles / QUEJAS Y RECLAMOS DE SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR - Plazo para responder: 15 días / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO - Telefonía móvil celular: aplicación / TELEFONÍA MÓVIL CELULAR - Aplicación del silencio administrativo positivo previsto en Ley 142 de 1994
[E]s claro que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, que señala que la empresa responderá las peticiones, quejas, reclamos y recursos, indica que dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y una vez pasado este, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que la petición, reclamo o recurso ha sido resuelto en forma favorable a él. Este también aplica para los servicios de telefonía móvil celular, por cuanto la remisión a las facultades se hizo sin ninguna clase de restricción, en razón de que las excepciones en derecho deben ser taxativas y la norma no consagra excepción alguna para el caso aquí discutido, luego entonces se observa que quedó comprendido en los efectos jurídicos irradiados por dicha norma. Por lo anterior no es de recibo los argumentos expuestos por el actor en recurso de alzada donde indicó que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en el ámbito de telecomunicaciones, es la única que le corresponde fijar el régimen de protección al usuario, pues como se expuso en líneas precedentes, la regulación y protección de los usuarios de telecomunicaciones, no solo se limita al servicio público domiciliario sino también la misma se hace extensiva a los usuarios de telefonía móvil celular y su configuración extensiva del silencio administrativo positivo, lo cual recae en la competencia de la SIC. Ello permite a la Sala concluir que no existió una interpretación errónea de la norma en comento, pues la aplicación normativa adoptada por la SIC se ajustó a los postulados garantistas de idoneidad y calidad del servicio que deben prestar los operadores de telecomunicaciones, que al existir el incumplimiento de dichas condiciones da lugar a la responsabilidad del prestador del servicio y consecuentemente al derecho del usuario a obtener una decisión favorable las peticiones, quejas o reclamos que no se resolvieron oportunamente.
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR- Quejas y reclamos: deber de responder dentro de los 15 días hábiles / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN TELEFONÍA MÓVIL CELULAR – No configuración / SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Improcedencia de sanción de multa a Colombia Móvil SA ESP
[E]sta Sala estima que en el cargo que corresponde al radicado 050007548, en donde actuó como quejosa la señora Deotima Rueda Medina, contrario a lo determinado por la SIC y a lo decidido por el Tribunal, no se configuró el silencio administrativo positivo, por cuanto se evidenció del material probatorio allegado a este plenario, que la respuesta al recurso de reposición sí se otorgó en los términos de ley. El a quo pasó por alto que al contabilizar los días, uno de ellos no era hábil, razón por la cual, como se mencionó en líneas precedentes, el día 10 de enero de 2005 no se debía computar para la configuración del silencio administrativo positivo y la oportunidad para resolverlo, como en efecto se hizo, venció el día 28 de enero de 2005. Por lo anterior se concluye que el cargo bajo estudio está llamado a prosperar, por lo que la Sala declarará la nulidad de la Resolución Nro. 2098 de 31 de enero de 2006, así como lo pertinente de la Resolución Nro. 13471 de 26 de mayo de 2006, en lo que a aquella se refiere, y como consecuencia de ello, ordenará el restablecimiento del derecho de la actora mediante el reintegro de lo cancelado por concepto de la multa impuesta a través del respectivo acto anulado.
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS - Objeto; procedencia en quejas contra empresas de servicios públicos
[L]a Sala evidencia que la totalidad de las actuaciones tenían el mismo efecto sancionador con multa, a causa del hecho común de no haber atendido oportunamente las peticiones quejas, reclamos y recursos interpuestos por los usuarios de telecomunicaciones arriba discriminados, las cuales, además, guardaban entre sí una relación íntima lo suficientemente demostrada, que permitía su acumulación en aras de evitar decisiones contradictorias de haberse tramitado de forma independiente y, por demás, antieconómica e ineficaz.
APELACIÓN ADHESIVA – Improcedencia de su estudio de fondo
[N]o resulta procedente someter al estudio de la Sala, en sede de impugnación, la apelación adhesiva presentada por la SIC, por cuanto si bien estas tres resoluciones quedaron transcritas en los motivos de inconformidad de la impugnante principal, COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., pudiendo con ello obtener en principio una adhesión procesal, lo cierto es que tal como se pudo explicar antes, devino en inocuo el recurso de alzada en contra de estas (Resoluciones Nros. 35264 de 26 de diciembre de 2005, 2229 de 2 de febrero de 2006 y 2093 de 31 de enero de 2006), precisamente porque ya fue decretada su nulidad por el a quo en la sentencia de 10 de diciembre de 2012 -accediendo al único argumento relativo a la no configuración del silencio administrativo positivo en dichos casos-. Por lo tanto, al no ser posible el estudio de ese cargo de la apelación principal de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., que procura ahora lo que ya fue obtenido en la sentencia recurrida (nulidad de los tres actos citados), la apelación adhesiva de la SIC y que es dependiente de aquella, sufre por la misma razón, iguales consecuencias procesales que impiden su estudio de fondo. Dadas las circunstancias advertidas y la decisión que en este sentido fue adoptada por la providencia impugnada, el escenario idóneo que le hubiere permitido a la SIC controvertir dicha decisión de anulación, lo era la interposición del recurso de apelación dentro de la oportunidad dispuesta para ello, lo que no ocurrió en el sub judice.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 365 / DECRETO 2153 DE 1992 / DECRETO 1130 DE 1999 / LEY 142 DE 1994 / DECRETO 2150 DE 1995 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 353
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2007-00002-01
Actor: COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Nulidad – Fallo de Segunda Instancia
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 10 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
La empresa COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se declare la Nulidad y el Restablecimiento del Derecho de las Resoluciones relacionadas en el cuadro presentado a continuación y contra la Resolución Nro.13471 de mayo 26 de 2006 proferidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en adelante SIC, a saber:
Nº
Expediente
Quejoso
Res. Fecha
Sanción
1
05093596
BAUTISTA BUITRAGO JOSE SANTOS
35236
26/12/2005
$1.907.500
2
05100969
YELASQUEZ VASQUEZ NELSON JAVIER
34833
23/12/2005
$1.907.500
3
05103122
PARRA LONDOÑO FRANCIA ELENA
34839
23/12/2005
$1.907.500
4
05103105
PATINO RODRIGUEZ JULIO CESAR
34838
23/12/2005
$1.907.500
5
05097322
QUINTERO CUBILLOS JAVIER ISAAC
34844
23/12/2005
$1.907.500
6
05097122
PEREA MORA FRANCISCO ABEL
34822
23/12/2005
$1.907.500
7
05097385
DE LA TORRE CUELLAR BEATRIZ
34836
23/12/2005
$1.907.500
8
05098127
CARLOS ROPERO AUTOMOVILES LTDA
34830
23/12/2005
$1.907.500
9
05078172
SALINAS CANO CLAUDIA PATRICIA
34841
23/12/2005
$ 1.907.500
10
05099579
MARIN GALLEGO MARIA CLEMENCIA
34840
23/12/2005
$ 1.907.500
11
05101003
PALACIO ESCOBAR BERTHA ISABEL
34832
23/12/2005
$ 1.907.500
12
05035786
MESA VERGARA JUAN EVANGELISTA
34823
23/12/2005
$ 1.907.500
13
05097308
ORDOÑEZ MORA MILLER ENRIQUE
34831
23/12/2005
$ 1.907.500
14
05093520
ZABALA DIAZ JHON LEONIDAS
35234
23/12/2005
$ 1.907.500
15
05096129
PRIETO CARRILLO ERNESTO
34842
23/12/2005
$ 1.907.500
16
05093552
SUAREZ SANTOYO DIEGO A. 35235
26/12/2005
$ 1.907.500
17
05094213
ABOGADOS CONSULTORES LTDA
35231
26/12/2005
$ 1.907.500
18
05096003
EMILIANI ABELLO MARCELA TERESA
35225
26/12/2005
$ 1.907.500
19
05095955
BOHORQUEZ CARO LUZ ANGELA
35227
26/12/2005
$ 1.907.500
20
05056791
LATORRE GONZALEZ MANUEL ARTURO
35269
26/12/2005
$ 1.907.500
21
05095088
GUERRERO MERA LUIS GUILLERMO
35262
26/12/2005
$1.907.500
22
05087943
PEREZ REALES MARGARITA
35223
26/12/2005
$1.907.500
23
05099646
ESPINOSA GUZMAN ALVARO JHONNY
35221
26/12/2005
$1.907.500
24
05099840
BRAVO ORTIZ JOSE GERMAN
35237
26/12/2005
$1.907.500
25
05014693
CLAVE 2000 S.A
36019
30/12/2005
$1.907.500
26
05048118
ARANGO PIEDRAHÍTA CARLOS MARIO
36031
30/12/2005
$1.907.500
27
05054714
KAESER COMPRESORES
36015
30/12/2005
$1.907.500
28
05056062
HOTEL SICARAREL LTDA
36018
30/12/2005
$1.907.500
29
05100800
CASTAÑEDA ACEVEDO MONICA
36050
30/12/2005
$1.907.500
30
05102175
G BEJARANO Y CIA LTDA
36049
30/12/2005
$1.907.500
31
05106434
MORA ECHAVARRIA MARIA CECILIA I. 36093
30/12/2005
$1.907.500
32
05103311
NICOLAS ALBERTO MONTOYA
36086
30/12/2005
$1.907.500
33
05093999
AGUIRRE MONTOYA IVÁN
36051
30/12/2005
$1.907.500
34
05041103
VALLEJO JULIO EDGAR
36065
30/12/2005
$1.907.500
35
05107173
ROZO LEAL LUIS ARCESIO
36095
30/12/2005
$1.907.500
36
05005690
GRAFICAS COLORAMA LTDA
36091
30/12/2005
$1.907.500
37
04114111
GUARIN EDILBERTO
36089
30/12/2005
$1.907.500
38
05001163
ESPINOSACRUZ CARLOS ENRIQUE
36037
30/12/2005
$1.907.500
39
05026194
VERGARA GOMEZ LILIAN MARGARITA
36071
30/12/2005
$1.907.500
40
05062711
BAENA PAYARES ANTONIO BENJAMIN
36037
30/12/2005
$1.907.500
41
05051541
ZAIRA CLARETH GOMEZ GRANADOS
36052
30/12/2005
$1.907.500
42
05096290
BENJAMIN CADAVID VELEZ
36017
30/12/2005
$1.907.500
43
05097468
JORGE CORTES L.
36074
30/12/2005
$1.907.500
44
05105486
RODRIGO GERMAN BERNAL GONZALEZ
36087
30/12/2005
$1.907.500
45
05106729
MARTHA LUCIA SANTANA
36094
30/12/2005
$1.907.500
46
05101069
ALVARO ANDRÉS CHAPARRO GUZMAN
36059
30/12/2005
$1.907.500
47
05095607
PHAGERON LTDA
36013
30/12/2005
$1.907.500
48
05089302
RODRIGUEZ JUAN CARLOS
36014
30/12/2005
$1.907.500
49
05056009
OSPINA ARIAS MYRIAM CONSTANZA
36022
30/12/2005
$1.907.500
50
05038208
ROJAS VILLAMIL ELSA
36063
30/12/2005
$1.907.500
51
05026403
GUZMAN PANZON DORIS
36090
30/12/2005
$1.907.500
52
04117294
ANGULO C MARIA CLEMENCIA
36064
30/12/2005
$1.907.500
53
04126536
FERNANDEZ SIABATO EDER YESID
36057
30/12/2005
$1.907.500
54
05106093
OLAYA MORENO GERARDO
36039
30/12/2005
$1.907.500
55
05092430
CARRANSA MENESES URIEL
36068
30/12/2005
$1.907.500
56
05043440
NEME VILLAREAL MARTHA LUCIA
36038
30/12/2005
$1.907.500
57
04112532
DE CASTRO PEREZ ARMANDO
530
18/12/2005
$ 2.040.000
58
05207068
SUAREZ RUEDA EDWIN
520
18/12/2005
$ 2.040.000
59
05108899
SANTOS MAURE EDUARDO
532
18/12/2005
$ 2.040.000
60
05107991
LIZ RUIZ ELIANA MARIA
513
18/12/2005
$ 2.040.000
61
05107869
FLOREZ PEÑA JOHANA
538
18/12/2005
$ 2.040.000
62
05107796
VALERO ORTEGA NELSON
537
18/12/2005
$ 2.040.000
63
05106094
FUENTES MARTINEZ MARCELA
528
18/12/2005
$ 2.040.000
64
05105938
MORENO DE SUAREZ LEOPOLDINA
522
18/12/2005
$ 2.040.000
65
05105927
VERU TORRES MELIDA
524
18/12/2005
$ 2.040.000
66
05105681
VEGA RAMIREZ FERNANDO
539
18/12/2005
$ 2.040.000
67
05105465
CURVELO MONTEALEGRO JORGE
578
18/12/2005
$ 2.040.000
68
05102881
CONSTRUCTORES Y FINANZAS DE COLOMBIA
572
18/12/2005
$ 2.040.000
69
05070955
CASTRO JAIRO MARINO
545
18/12/2005
$ 2.040.000
70
05048126
CORTES JIMENEZ JORGE HUMBERTO
516
18/12/2005
$ 2.040.000
71
05045516
CORTES DIAZ DIANA PATRICIA
525
18/12/2005
$ 2.040.000
72
05026206
PRADA SARMIENTO ALVARO
527
18/12/2005
$ 2.040.000
73
05023342
RINCON VERDUGO MARTHA LEONOR
526
18/12/2005
$ 2.040.000
74
05023340
QUICENO SIERRA MIRYAMDE JESUS
515
18/12/2005
$ 2.040.000
75
05014827
MEJIA FARFAN JORGE ENRIQUE
523
18/12/2005
$ 2.040.000
76
04123695
GARCES CAMARGO JACQUELINE
535
18/12/2005
$ 2.040.000
77
05027117
GENEROSO MANCINI & CIA LTDA
574
18/12/2005
$ 2.040.000
78
05030110
B & V LTDA
573
18/12/2005
$ 2.040.000
79
05065344
PHONE & INTERNET LTDA
576
18/12/2005
$ 2.040.000
80
05103581
UPS & UPS SOLUCIONES DE MARCA M
575
18/12/2005
$ 2.040.000
81
05057897
MOLINA CARLOS ALBERTO
4057
23/12/2005
$ 2.040.000
82
05011309
NEME NEME LUIS MIGUEL
1391
27/12/2005
$ 2.040.000
83
05054576
GALARZA MARTINEZ LEON DARIO
1395
27/12/2005
$ 2.040.000
84
05021347
PINEDA CASTILLO CARLOS EDUARDO
1429
27/12/2005
$ 2.040.000
85
05049247
GARCIA MARIA EMILIA
1415
27/12/2005
$ 2.040.000
86
05114358
GUTIERREZ NAVARRETE MARIA DEL PILAR
1344
27/12/2005
$ 2.040.000
87
05109915
PÉREZ FONSECA HIDALGO RAFAEL
1301
27/12/2005
$ 2.040.000
88
05044511
PEÑA PEÑA AUDREY
1285
27/12/2005
$ 2.040.000
89
04115243
MÉNDEZ RODRIGUEZ EDGAR
1398
27/12/2005
$ 2.040.000
90
05108435
PARRAGA PEÑA GUIOVANNI
2074
31/01/2006
$ 2.040.000
91
05112469
HERRERA ENRIQUEZ LUZ OMAIRA
2105
31/01/2006
$ 2.040.000
92
05113100
GONZALEZ DIAZ ROSALBA
3245
15/02/2006
$ 2.040.000
93
05089784
CORONADO PARRA LUIS JESUS
2103
31/01/2006
$ 2.040.000
94
05110613
MORA GARCES RUBEN ANTONIO
2109
31/01/2006
$ 2.040.000
95
05108798
CAMACHO RAPALIÑO ALVARO
2073
31/01/2006
$ 2.040.000
96
05117029
SISTEMAS INTEGRALES CML LTDA
2069
31/01/2006
$ 2.040.000
97
05091846
ROJAS JAVIER
2070
31/01/2006
$ 2.040.000
98
05121228
CHAVEZ DE CARDENAS LEONOR
3386
23/12/2005
$ 2.040.000
99
05095783
BOLIVAR RUBIO JOSE ABEL
34834
23/12/2005
$ 2.040.000
100
05856999
BELTRAN CASTRO JORGE ENRIQUE
3456
16/02/2006
$ 2.040.000
101
06000916
SINDICATO EMPLEADOS PUBLICOS DAMA
2226
02/02/2006
$ 2.040.000
102
06000759
DIAZ MARIN SILVIA ANDREA
2244
02/02/2006
$ 2.040.000
103
05121543
HERNÁNDEZ NEIRA MILTON JAIME
3385
16/02/2006
$ 2.040.000
104
05117402
MAQUITA ATENCO LUZ ALCIRA
2051
31/01/2006
$2.040.000
105
05207097
MARTINEZ ARIAS LUIS FERNÁN
2085
31/01/2006
$2.040.000
106
05122801
ASEO OPORTUNO LTDA
2067
31/01/2006
$2.040.000
107
05055940
SANTAMARIA ESMERAL WALTER
2093
31/01/2006
$2.040.000
108
05044740
GARCIA LONDOÑO MIRYAM
2071
31/ 01/2006
$2.040.000
109
05112507
MARTINEZ CASTELLANOS ELVER JAVIER
2106
31/01/2006
$2.040.000
110
05101189
MUÑOZ CASTAÑO JUAN CARLOS
2228
02/02/2006
$2.040.000
111
05079691
PADILLA DE ZABALETA LIGIA
2229
02/02/2006
$2.040.000
112
05063993
CONSUEGRA DE ACOSTA HUGO RAFAEL
2227
02/02/2006
$2.040.000
113
05096486
ARTEAGA SANCHEZ EDISON ARTURO
3228
15/02/2006
$2.040.000
115
05107068
ROBLES ROJAS MARTHA DEL ROSARIO
3225
15/02/2006
$2.040.000
116
05026425
GORDILLO HERRERA FABIO HERNANDO
1390
27/01/2006
$2.040.000
117
04/121125
LÓPEZ MUÑOZ JOHN JAIRO
2090
31/ 01/2006
$2.040.000
118
05076297
ESCUDERO CARDONA JAVIER
2086
31/01/2006
$2.040.000
119
05079688
DÍAZ CASTELLANOS YAMILE
2230
02/02/2006
$2.040.000
120
05067191
ROJAS MORENO NANCY ALEXANDRA
2057
31/01/2006
$2.040.000
121
05099012
ARIAS RIVERA LUZ MARINA
3215
15/02/2006
$2.040.000
122
04125981
GONZALEZ NAVAS ALBERTO
1342
27/01/2006
$2.040.000
123
06004154
OIC LTDA
4055
23/02/2006
$2.040.000
124
06002002
HERRERA ESPINOSA RAÚL YESID
4059
23/02/2006
$2.040.000
125
06001086
ESCAMILLA SANCHEZ MARIA PATRICIA
4054
23/02/2006
$2.040.000
126
05072573
GÚZMAN MENDOZA LUDY ISABEL
1400
27/01/2006
$2.040.000
127
05100352
C .I.
SPRING FAMS S.A. 1327
27/01/2006
$2.040.000
128
05050070
GONZALEZ ARAGON EDGAR ALBERTO
2088
31/01/2006
$2.040.000
129
05052833
RIVEROS BARÓN JORGE LUIS
2083
31/01/2006
$2.040.000
130
05079528
MORALES CALVO CATHER I N E
35229
26/12/2005
$2.040.000
131
05087798
R - COMPUTADORES S.A. 2108
31/01/2006
$2.040.000
132
05093015
VERGARA DE LA ROSA ANA
2066
31/01/2006
$2.040.000
133
05100209
ORDOÑEZ JIMENEZ LUZ JENNY
34837
23/12/2005
$1.907.500
134
05093013
REINA DAZA MARGARITA ROSA
2081
31/01/2006
$2.040.000
135
05093019
RICAURTE CORREA JOSÉ
2065
31/01/2006
$2.040.000
136
05123974
CHALLERGER S.A.
2079
31/01/2006
$2.040.000
137
05121428
RODRIGUEZ VILLA LOBOS CARLOS JULIO
2072
31/01/2006
$2.040.000
138
05125350
SICARD CORTAZAR HERNÁN
3383
16 /02/2006
$2.040.000
139
05125351
TORRES CARDONA GLORIA CECILIA
36058
30/12/2005
$1.907.500
140
05010280
CASTAÑEDA RODRIGUEZ NUBIA YASMINA
35343
27/12/2005
$1.907.500
141
05025487
VALDERRAMA MONTIEL VLADIMIR
35334
27/12/2005
$1.907.500
142
05059608
BURGOS CARLO S ALBERTO
34835
23/12/2005
$1.907.500
143
05038165
CARVAJAL ARIAS LUCIA
35348
27/12/2005
$1.907.500
144
05094347
BAUTISTA PAEZ WILLIAN
35332
27/12/2005
$1.907.500
145
05105687
MORA DE ESTEBAN LUISA CECILIA
621
09/01/2006
$2.040.000
146
05106714
ZAMORA CABEZAS ROBINSON
618
19/01/2006
$2.040.000
147
05048152
HERNANDEZ YESID OVIDIO
1416
27/01/2006
$2.040.000
148
05048122
DELGADO CARDENAS ALFREDO
1431
27/01/2006
$2.040.000
149
05111287
SILVIA CORONADO LUZ ELENA
1471
27/01/2006
$2.040.000
150
05125826
ROMERO VERGARA MARIA TERESA
3390
16/02/2006
$2.040.000
151
05127707
G BEJARANO Y CIA LTDA
3382
16/02/2006
$2.040.000
152
05012443
ARÉVALO ORTIZ CLAUDIA MARCELA
3384
16/02/2006
$2.040.000
153
05047442
ORTEGA MORALES SANDRA MAYERLLY
3472
16/02/2006
$2.040.000
154
04093301
ROBAYO ROBAYO MERCEDEZ
3388
16/02/2006
$2.040.000
155
05105412
JÍMENEZ VALENCIA NOHORA LISE
4023
23/02/2006
$2.040.000
156
05206055
SERRANO SERRANO ALBERTO
1311
27/01/2006
$2.040.000
157
05203032
INGENIERIA DE VIAS Y AMBIENTAL EU
1341
27/01/2006
$2.040.000
158
05030321
CÁRDENAS BALLÉN MARIA RUTH
1308
27/01/2006
$2.040.000
159
04125765
VEGA CÁRDENAS RUD YARD MANUEL
1418
27/01/2006
$2.040.000
160
05025214
SALCEDO ZAPATA MILTON
1413
27/01/2006
$2.040.000
161
05020824
BELTRÁ N TORRES YASMIN
1426
27/01/2006
$2.040.000
162
05005472
GONZALEZ DE MUÑOZ CARMEN ROSA
1424
27/01/2006
$2.040.000
163
06001236
VELANDIA MALAQON DIANA ISABEL
4052
23/02/2006
$2.040.000
164
05131867
RUA VÉLEZ FREDY ALEXANDER
4067
23/02/2006
$2.040.000
165
05119939
JARAMILLO JARAMILLO MARIA GENOVEVA
4063
23/02/2006
$2.040.000
166
05068777
PRISMA COMPAÑÍA DE SEGURIDA DLT DA
1401
27/01/2006
$2.040.000
167
05120752
HERNÁNDEZ QUIÑONEZ PAULA ANDREA
1403
27/01/2006
$2.040.000
168
05112268
GUTIERREZ & ASOCIADOS LTDA
1364
27/01/2006
$2.040.000
169
05111951
SANLAELLA PÉREZ MIRYAM
1350
27/01/2006
$2.040.000
170
05109825
RUIZ BUITRAGO SILVIA ELENA
1277
27/01/2006
$2.040.000
171
06003976
MARTINEZ BLANCO ISABEL
4065
23/02/2006
$2.040.000
172
06001903
GONZALEZ LUCY ESPERANZA
4066
23/02/2006
$2.040.000
173
05109895
CUESTA MONTES SANDRA MARIA
1304
27/01/2006
$2.040.000
174
05120032
VARGAS DE BUITRAGO ROSA MARINA
1352
27/01/2006
$2.040.000
175
05119530
SYR LTD A
1467
27/01/2006
$2.040.000
176
05112143
NIETO DE FORERO GLORIA AMPARO
1469
27/01/2006
$2.040.000
177
05102879
GUERRERO REGINO RAFAEL
4031
23/02/2006
$2.040.000
178
05079096
ACOSTA FONSECA GUSTAVO
1372
27/01/2006
$2.040.000
179
05074041
CAMPO RAMON FELIX ANTONIO
1445
27/01/2006
$2.040.000
180
05110276
ROA FERNANDEZ PEDRO NEL
1338
27/01/2006
$2.040.000
181
05112125
TECHNODRILL LTDA
1349
27/01/2006
$2.040.000
182
05115525
RODRIGUEZ RAFAEL
1346
27/01/2006
$2.040.000
183
05115347
OTERO LOAIZA JHON RICAURTE
1458
27/01/2006
$2.040.000
184
05117061
COUNTRY CLUB DE BOGOTA
1337
27/01/2006
$2.040.000
184
05051338
ISAZA SANTAM ARIA TULIO BERNARDO
4064
23/01/2006
$2.040.000
186
04117912
STAND ZULUAGA ANDRÉS
4068
23/02/2006
$2.040.000
185
05119547
MARRUGO CARDENAS CARLOS
1359
27/01/2006
$2.040.000
188
05115368
GUILLAN LTDA
1470
27/01/2006
$2.040.000
189
05105386
PRADO MARITZA
617
19/01/2006
$2.040.000
190
05104257
EQUISER - EQUIPOS Y SERVICIOS LTDA
616
19/01/2006
$2.040.000
191
05044501
GIRALDO VILLA MARIO ANTONIO
1393
27/01/2006
$2.040.000
192
04097564
SANCHEZ PRADA MARCELA JIMENA
620
19/01/2006
$2.040.000
193
05021944
MALAGON MORALES JUVER
626
19/01/2006
$2.040.000
194
05091215
MERLANO AMARIS NINA
622
19/01/2006
$2.040.000
195
05102431
SAAVEDRA CACERES LUIS
619
19/01/2006
$2.040.000
196
05118743
ANLI COMUNICACIONES LTDA
1354
27/01/2006
$2.040.000
197
05113727
MUÑOZ ROJAS OFELIA
1358
27/01/2006
$2.040.000
198
05114807
RESTREPO RINCÓN OSCAR YESID
1447
27/01/2006
$2.040.000
199
05107165
VALENCIA GIRALDO MARY LUZ
1371
27/01/2006
$2.040.000
200
05117112
CRUZ MORENO MIGUEL ANGEL
1377
27/01/2006
$ 2.040.000
201
05087963
OLMOS PADILLA JORGE
1422
27/01/2006
$ 2.040.000
202
05048057
SIERRA TORRES LUIS ALFREDO
1411
27/01/2006
$ 2.040.000
203
05105860
PÉREZ ANGULO JULIO CESAR
629
19/01/2006
$ 2.040.000
204
05041095
POLANCO CARDONA HECTOR FABIO
1294
27/01/2006
$ 2.040.000
205
05128801
FORERO BOLIVAR JOSE ANDRES
2225
02/02/2006
$ 2.040.000
206
05020031
PUENTE OÑATE HUGO FERNANDO
1366
27/01/2006
$ 2.040.000
207
051012886
GÓMEZ MIGUEL ANTONIO
3583
20/02/2006
$ 2.040.000
208
050124767
CASTRO MARIBEL ESTEHER
3584
20/02/2006
$ 2.040.000
209
050109095
HILDE DE VÁSQUEZ
577
10/01/2006
$2.040.000
210
0501060020
FARÁIN CHACON WILLIAN ALFREDO
36036
30/12/2005
$1.907.500
211
05100364
BARROCAL TORRENTE JUAN JOSÉ
34843
23/12/2005
$1.907.500
212
05095937
RAMÍREZ TOLOSA MARTHA LUCIA
35264
26/12/2005
$1.907.500
213
05094355
JARA GUTIERREZ MARIA
35233
26/12/2005
$2.040.000
214
05119216
DÍAZ MARTINEZ LUCIANO
1466
27/01/2006
$2.040.000
215
05017333
BUSTOS G CLEOTILDE
1353
27/01/2006
$2.040.000
216
05091925
LÓPEZ MORALES RUBÉN ALFONSO
2091
31/01/2006
$1.907.500
217
05107189
TACHA GALEANO CARLINA
36092
30/12/2005
$1.907.500
218
05096439
JIMENEZ PEDRO
35283
26/12/2005
$1.907.500
219
05046045
CASTILLO DE FERNANDEZ
36012
30/12/2005
$2.040.000
220
05065338
GUINOVART CANO ANDRÉS FELIPE
2049
31/01/2006
$2.040.000
221
05011705
FIGUEROA ZUÑIGA SEGUNDO JESUS
3216
15/02/2006
$2.040.000
222
05011208
JIMENEZ URBINA LUIS ALFREDO
1468
27/01/2006
$2.040.000
1.1. Al respecto formuló las siguientes pretensiones principales:
“[…] PRIMERA.- Que SE DECLARE LA NULIDAD de las resoluciones que se relacionan a continuación, proferidas por el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, mediante el cual se impuso una sanción pecuniaria a COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP por las siguientes sumas:
(…)
SEGUNDA.- Que igualmente SE DECLARE LA NULIDAD de la Resolución Numero 13471 proferida el 26 de mayo de 2006 por el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, mediante la cual se considera procedente la solicitud de acumulación presentada el 21 de abril de 2006 y se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones antes enunciadas, en el sentido de rebajar la multa impuesta a COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. a la suma de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL (sic) MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($216.702.500.oo) moneda corriente, suma que fue corregida mediante la Resolución número 22498 proferida el 29 de agosto de 2006, la suma DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETESIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS, suma que equivale a QUINIENTOS TREINTA Y UNO (531) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de sanción.(…)
TERCERA.- Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos antes mencionados, y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se DECLARE que Colombia Móvil S.A ESP no estaba obligada a pagar suma alguna de dinero por concepto de la sanción impuesta por medio de los actos acusados.
CUARTA.- Que igualmente a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO y por haber sido consignada a favor de la Dirección del Tesoro Nacional – Recaudo Superintendencia de Industria y Comercio, la cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS moneda corriente ($216.702.500.oo), por concepto de la sanción pecuniaria a que se refieren los actos acusados, se condene a La Nación – Ministerio de Comercio e Industria y Turismo – Superintendencia de Industria y Comercio a reintegrar a COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP la suma de dinero mencionada, reajustada conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del CCA y con sus respectivos rendimientos económicos.
QUINTA.- Que en los términos del artículo 171 del CCA, (artículo 55 de la Ley 446 de 1998) se condene en costas a la parte demandada, es decir, a La Nación – Ministerio de Comercio e Industria y Turismo. – Superintendencia de Industria y Comercio, según la conducta que asuma el proceso.
SEXTA.- Que en la sentencia que ponga fin a la presente acción se ordene tanto el cumplimiento del término indicado en el artículo 176 del CCA, como que las sumas de dinero a que sea condenada la demanda, devenguen los intereses máximos moratorios determinados por la Superintendencia Financiera partir de la ejecutoria de la sentencia, conforme lo establecido en el inciso 5 del artículo 177 ídem, en la forma como quedó después de su declaratoria de inexequibilidad parcial […]”
1.1.2 Como pretensiones subsidiarias formuló las siguientes:
“PRIMERA.- Que se modifique el artículo segundo del acápite resolutivo de la Resolución Nº 13471 de 26 de mayo de 2006, el artículo primero del acápite resolutivo de la Resolución Nº 22498 de 29 de agosto de 2006, específicamente en el sentido de disponer la disminución de la multa impuesta a mi mandante, de conformidad con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad esgrimidos en el aparte de dosimetría de la sanción de la presente demanda.
SEGUNDA.- Que igualmente a título DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO y por haber sido consignada a favor de la Dirección del Tesoro Nacional- Recaudo Superintendencia de Industria y Comercio, la cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL MILLONES SETENCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS moneda corriente ($216.702.500.oo), por concepto de sanción pecuniaria a que se refieren los actos acusados, se ordene a La Nación- Ministerio de Comercio Industria y Turismo- Superintendencia de Industria y Comercio a reintegrar a COLOMBIA MÓVIL S.A ESP el valor que resultare de la diferencia entre la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio y la que el Tribunal Administrativo disponga en la correspondiente sentencia, reajustada conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del CCA y con sus respectivos rendimientos económicos.
TERCERA.- Que la sentencia que ponga fin a la presente acción, se dé cumplimiento en el término indicado en el artículo 176 del C.C.A y las sumas de dinero a que sea condenada la demanda a reintegrar, devenguen los intereses máximos moratorios determinados por la Superintendencia Financiera a partir de la ejecutoria de la Sentencia, conforme a lo establecido en el inciso 5 del artículo 177 ídem, en la forma como quedó después de su declaratoria de inexequibilidad parcial.
CUARTA.-: Que en los términos del artículo 171 del C.C.A (artículo 55 de la Ley 446 de 1998) se condene en costas a la parte demandada, es decir a la Nación- Ministerio de Comercio Industria y Turismo- Superintendencia de Industria y Comercio, según la conducta que asuma en el proceso.”
1.2. En apoyo de sus pretensiones, el actor señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., es una sociedad anónima comercial, de derecho privado, debidamente constituida, domiciliada en la ciudad de Bogotá, encargada de la prestación de servicios PCS operando en virtud de los contratos Concesión Numero 007, 0008 y 009 de febrero de 2003 celebrados entre ella y La Nación – Ministerio de Comunicaciones.
Manifestó que la SIC, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto 2153 de 1992, el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 en concordancia con el Capítulo VII Título VIII de la Ley 142 de 1994 inició actuación administrativa en contra de la empresa COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., al advertir la configuración del silencio administrativo positivo al no resolver las quejas y recursos instaurados por parte de los usuarios en el término correspondiente.
Como consecuencia de lo anterior, la SIC profirió (222) resoluciones en contra de COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., al concretarse el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, y consecuentemente en cada acto administrativo, determinó la sanción, tal como se relacionó en el cuadro anterior.
La parte actora interpuso en término los respectivos recursos de reposición contra cada una de las resoluciones mencionadas; sin embargo, antes de haber sido resueltos, COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., presentó el 21 de abril de 2006 solicitud de acumulación de los recursos de reposición.
La SIC concluyó las actuaciones administrativas con la expedición de la Resolución Nro. 13471 del 26 de mayo de 2006, mediante la cual consideró procedente la solicitud de acumulación y modificó las resoluciones sanción en cuanto redujo el valor de la multa de cuatrocientos cuarenta y tres millones seiscientos cinco mil pesos ($443.605.000) a doscientos dieciséis millones setecientos dos mil quinientos pesos ($216.702.500); a su vez, revocó las Resoluciones sancionatorias Nros. 1364, 1398, 1415 y 1416 de 27 de enero de 2006 y 4052 de 23 de febrero de 2006, por cuanto se probó la atención oportuna de las peticiones, quejas, reclamos o recursos de reposición presentados por algunos de sus usuarios, a través de copia de la comunicación mediante la cual se respondieron las mismas, así como copia de la respectiva guía de correo.
Indicó el demandante que la Resolución Nro. 13471 de 2006, incurrió en yerro jurídico al acumular las siguientes pretensiones, respecto de las cuales no hay lugar a la configuración del silencio administrativo positivo debido a que no existen los fundamentos fácticos para ello. Estas son:
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
1
06000916
SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS DAMA
2226
02/02/2006
$2.040.000
2
05095937
RAMÍREZ TOLOSA MARTHA LUCIA
35264
26/12/2005
$1.907.500
3
05108899
EDUARDO SANTOS
532
18/12/2005
$2.040.000
4
05007548
RUEDA MEDINA DEOTIMA
2098
31/01/2006
$2.040.000
5
05063993
CONSUEGRA DE ACOSTA HUGO
2227
02/02/2006
$2.040.000
6
05093019
RICAURTE CORREA JOSÉ
2065
31/01/2006
$2.040.000
7
05099012
ARIAS RIVERA LUZ MARINA
3215
15/02/2006
$2.040.000
8
05079691
PADILLA DE ZABALETA LIGIA
2229
02/02/2006
$2.040.000
9
05089784
CORONADO PARRA LUIS JESÚS
2103
31/01/2006
$2.040.000
10
05102879
GUERRERO REGINO RAFAEL
4031
23/02/2006
$2.040.000
11
05055940
SANTAMARÍA ESMERAL WALTER
2093
31/01/2006
$2.040.000
12
05079688
DÍAZ CASTELLANOS YAMILE
2230
02/02/2006
$2.040.000
Manifestó el actor que respecto de la actuación administrativa correspondiente a la Resolución Nro. 1285 de 27 de enero de 2006 se le sancionó equivocadamente, puesto que en relación a la usuaria Peña Audrey su reclamación había sido archivada, al probarse la atención oportuna a su solicitud, queja o reclamo. Concluyó la actora que la SIC incurrió en un “yerro jurídico” al determinar erróneamente el nombre del usuario o suscriptor en las Resoluciones Nros. 35269 de 2005, 626 de 2006,1395 de 2006 y 1466 de 2006.
Finalmente señaló que, de los actos acusados, en los 151 casos detallados a continuación, COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. atendió íntegramente y de manera favorable las peticiones, quejas, reclamos o recursos, acreditando adecuandamente su afirmación y de forma previa a la expedición de cada una de estas resoluciones, por lo que se probó que no hubo afectación al usuario:
Nº
Expediente
Quejoso
Res
Fecha
Sanción
1
05093596
BAUTISTA BUITRAGO JOSE SANTOS
35236
26/12/2005
$1.907.500
2
05100969
YELASQUEZ VASQUEZ NELSON JAVIER
34833
23/12/2005
$1.907.500
3
05103122
PARRA LONDOÑO FRANCIA ELENA
34839
23/12/2005
$1.907.500
4
05103105
PATINO RODRIGUEZ JULIO CESAR
34838
23/12/2005
$1.907.500
5
05097322
QUINTERO CUBILLOS JAVIER ISAAC
34844
23/12/2005
$1.907.500
6
05097385
DE LA TORRE CUELLAR BEATRIZ
34836
23/12/2005
$1.907.500
7
05098127
CARLOS ROPERO AUTOMOVILES LTDA
34830
23/12/2005
$1.907.500
8
05078172
SALINAS CANO CLAUDIA PATRICIA
34841
23/12/2005
$1.907.500
9
05099579
MARIN GALLEGO MARIA CLEMENCIA
34840
23/12/2005
$ 1.907.500
10
05101003
PALACIO ESCOBAR BERTHA ISABEL
34832
23/12/2005
$ 1.907.500
11
05097308
ORDOÑEZ MORA MILLER ENRIQUE
34831
23/12/2005
$ 1.907.500
12
05093520
ZABALA DIAZ JHON LEONIDAS
35234
23/12/2005
$ 1.907.500
13
05096129
PRIETO CARRILLO ERNESTO
34842
23/12/2005
$ 1.907.500
14
05093552
SUAREZ SANTOYO DIEGO A. 35235
26/12/2005
$ 1.907.500
15
05094213
ABOGADOS CONSULTORES LTDA
35231
26/12/2005
$ 1.907.500
16
05096003
EMILIANI ABELLO MARCELA TERESA
35225
26/12/2005
$ 1.907.500
17
05095955
BOHORQUEZ CARO LUZ ANGELA
35227
26/12/2005
$ 1.907.500
18
05056791
LATORRE GONZALEZ MANUEL ARTURO
35269
26/12/2005
$ 1.907.500
19
05087943
PEREZ REALES MARGARITA
35223
26/12/2005
$1.907.500
20
05099646
ESPINOSA GUZMAN ALVARO JHONNY
35221
26/12/2005
$1.907.500
21
05099840
BRAVO ORTIZ JOSE GERMAN
35237
26/12/2005
$1.907.500
22
05014693
CLAVE 2000 S.A
36019
30/12/2005
$1.907.500
23
05048118
ARANGO PIEDRAHÍTA CARLOS MARIO
36031
30/12/2005
$1.907.500
24
05054714
KAESER COMPRESORES
36015
30/12/2005
$1.907.500
25
05056062
HOTEL SICARAREL LTDA
36018
30/12/2005
$1.907.500
26
05100800
CASTAÑEDA ACEVEDO MONICA
36050
30/12/2005
$1.907.500
27
05102175
G BEJARANO Y CIA LTDA
36049
30/12/2005
$1.907.500
28
05106434
MORA ECHAVARRIA MARIA CECILIA I.
36093
30/12/2005
$1.907.500
29
05103311
NICOLAS ALBERTO MONTOYA
36086
30/12/2005
$1.907.500
30
05093999
AGUIRRE MONTOYA IVÁN
36051
30/12/2005
$1.907.500
31
05107173
ROZO LEAL LUIS ARCESIO
36095
30/12/2005
$1.907.500
32
05096290
BENJAMIN CADAVID VELEZ
36017
30/12/2005
$1.907.500
33
05101069
ALVARO ANDRÉS CHAPARRO GUZMAN
36059
30/12/2005
$1.907.500
34
05095607
PHAGERON LTDA
36013
30/12/2005
$1.907.500
35
05089302
RODRIGUEZ JUAN CARLOS
36014
30/12/2005
$1.907.500
36
05056009
OSPINA ARIAS MYRIAM CONSTANZA
36022
30/12/2005
$1.907.500
37
05038208
ROJAS VILLAMIL ELSA
36063
30/12/2005
$1.907.500
38
04117294
ANGULO C MARIA CLEMENCIA
36064
30/12/2005
$1.907.500
39
04126536
FERNANDEZ SIABATO EDER YESID
36057
30/12/2005
$1.907.500
40
05106093
OLAYA MORENO GERARDO
36039
30/12/2005
$1.907.500
41
05092430
CARRANSA MENESES URIEL
36068
30/12/2005
$1.907.500
42
04112532
DE CASTRO PEREZ ARMANDO
530
18/12/2005
$ 2.040.000
43
05207068
SUAREZ RUEDA EDWIN
520
18/12/2005
$ 2.040.000
44
05107991
LIZ RUIZ ELIANA MARIA
513
18/12/2005
$ 2.040.000
45
05107869
FLOREZ PEÑA JOHANA
538
18/12/2005
$ 2.040.000
46
05107796
VALERO ORTEGA NELSON
537
18/12/2005
$ 2.040.000
47
05106094
FUENTES MARTINEZ MARCELA
528
18/12/2005
$ 2.040.000
48
05105938
MORENO DE SUAREZ LEOPOLDINA
522
18/12/2005
$ 2.040.000
49
05105927
VERU TORRES MELIDA
524
18/12/2005
$ 2.040.000
50
05105681
VEGA RAMIREZ FERNANDO
539
18/12/2005
$ 2.040.000
51
05105465
CURVELO MONTEALEGRO JORGE
578
18/12/2005
$ 2.040.000
52
05102881
CONSTRUCTORES Y FINANZAS DE COLOMBIA
572
18/12/2005
$ 2.040.000
53
05048126
CORTES JIMENEZ JORGE HUMBERTO
516
18/12/2005
$ 2.040.000
54
05026206
PRADA SARMIENTO ALVARO
527
18/12/2005
$ 2.040.000
55
05023342
RINCON VERDUGO MARTHA LEONOR
526
18/12/2005
$ 2.040.000
56
05023340
QUICENO SIERRA MIRYAMDE JESUS
515
18/12/2005
$ 2.040.000
57
05014827
MEJIA FARFAN JORGE ENRIQUE
523
18/12/2005
$ 2.040.000
58
04123695
GARCES CAMARGO JACQUELINE
535
18/12/2005
$ 2.040.000
59
05057897
MOLINA CARLOS ALBERTO
4057
23/12/2005
$ 2.040.000
60
05011309
NEME NEME LUIS MIGUEL
1391
27/12/2005
$ 2.040.000
61
05054576
GALARZA MARTINEZ LEON DARIO
1395
27/12/2005
$ 2.040.000
62
05114358
GUTIERREZ NAVARRETE MARIA DEL PILAR
1344
27/12/2005
$ 2.040.000
63
05109915
PÉREZ FONSECA HIDALGO RAFAEL
1301
27/12/2005
$ 2.040.000
64
05108435
PARRAGA PEÑA GUIOVANNI
2074
31/01/2006
$ 2.040.000
65
05112469
HERRERA ENRIQUEZ LUZ OMAIRA
2105
31/01/2006
$ 2.040.000
66
05113100
GONZALEZ DIAZ ROSALBA
3245
15/02/2006
$ 2.040.000
67
05110613
MORA GARCES RUBEN ANTONIO
2109
31/01/2006
$ 2.040.000
68
05108798
CAMACHO RAPALIÑO ALVARO
2073
31/01/2006
$ 2.040.000
69
05117029
SISTEMAS INTEGRALES CML LTDA
2069
31/01/2006
$ 2.040.000
70
05091846
ROJAS JAVIER
2070
31/01/2006
$ 2.040.000
71
05121228
CHAVEZ DE CARDENAS LEONOR
3386
23/12/2005
$ 2.040.000
72
05121543
HERNÁNDEZ NEIRA MILTON JAIME
3385
16/02/2006
$ 2.040.000
73
05207097
MARTINEZ ARIAS LUIS FERNÁN
2085
31/01/2006
$2.040.000
74
05122801
ASEO OPORTUNO LTDA
2067
31/01/2006
$2.040.000
75
05112507
MARTINEZ CASTELLANOS ELVER JAVIER
2106
31/01/2006
$2.040.000
76
04/121125
LÓPEZ MUÑOZ JOHN JAIRO
2090
31/ 01/2006
$2.040.000
77
05076297
ESCUDERO CARDONA JAVIER
2086
31/01/2006
$2.040.000
78
04125981
GONZALEZ NAVAS ALBERTO
1342
27/01/2006
$2.040.000
79
06004154
OIC LTDA
4055
23/02/2006
$2.040.000
80
06002002
HERRERA ESPINOSA RAÚL YESID
4059
23/02/2006
$2.040.000
81
06001086
ESCAMILLA SANCHEZ MARIA PATRICIA
4054
23/02/2006
$2.040.000
82
05072573
GÚZMAN MENDOZA LUDY ISABEL
1400
27/01/2006
$2.040.000
83
05100352
C .I. SPRING FAMS S.A. 1327
27/01/2006
$2.040.000
84
05050070
GONZALEZ ARAGON EDGAR ALBERTO
2088
31/01/2006
$2.040.000
85
05052833
RIVEROS BARÓN JORGE LUIS
2083
31/01/2006
$2.040.000
86
05079528
MORALES CALVO CATHER I N E
35229
26/12/2005
$2.040.000
87
05087798
R - COMPUTADORES S.A.
2108
31/01/2006
$2.040.000
88
05093015
VERGARA DE LA ROSA ANA
2066
31/01/2006
$2.040.000
89
05100209
ORDOÑEZ JIMENEZ LUZ JENNY
34837
23/12/2005
$1.907.500
90
05093013
REINA DAZA MARGARITA ROSA
2081
31/01/2006
$2.040.000
91
05123974
CHALLERGER S.A.
2079
31/01/2006
$2.040.000
92
05121428
RODRIGUEZ VILLA LOBOS CARLOS JULIO
2072
31/01/2006
$2.040.000
93
05125350
SICARD CORTAZAR HERNÁN
3383
16 /02/2006
$2.040.000
94
05125351
TORRES CARDONA GLORIA CECILIA
36058
30/12/2005
$1.907.500
95
05025487
VALDERRAMA MONTIEL VLADIMIR
35334
27/12/2005
$1.907.500
96
05038165
CARVAJAL ARIAS LUCIA
35348
27/12/2005
$1.907.500
97
05105687
MORA DE ESTEBAN LUISA CECILIA
621
09/01/2006
$2.040.000
98
05106714
ZAMORA CABEZAS ROBINSON
618
19/01/2006
$2.040.000
99
05125826
ROMERO VERGARA MARIA TERESA
3390
16/02/2006
$2.040.000
100
05127707
G BEJARANO Y CIA LTDA
3382
16/02/2006
$2.040.000
101
05012443
ARÉVALO ORTIZ CLAUDIA MARCELA
3384
16/02/2006
$2.040.000
102
04093301
ROBAYO ROBAYO MERCEDEZ
3388
16/02/2006
$2.040.000
103
05206055
SERRANO SERRANO ALBERTO
1311
27/01/2006
$2.040.000
104
05203032
INGENIERIA DE VIAS Y AMBIENTAL EU
1341
27/01/2006
$2.040.000
105
05030321
CÁRDENAS BALLÉN MARIA RUTH
1308
27/01/2006
$2.040.000
106
05131867
RUA VÉLEZ FREDY ALEXANDER
4067
23/02/2006
$2.040.000
107
05119939
JARAMILLO JARAMILLO MARIA GENOVEVA
4063
23/02/2006
$2.040.000
108
05068777
PRISMA COMPAÑÍA DE SEGURIDA DLT DA
1401
27/01/2006
$2.040.000
109
05120752
HERNÁNDEZ QUIÑONEZ PAULA ANDREA
1403
27/01/2006
$2.040.000
110
05111951
SANLAELLA PÉREZ MIRYAM
1350
27/01/2006
$2.040.000
111
05109825
RUIZ BUITRAGO SILVIA ELENA
1277
27/01/2006
$2.040.000
112
06003976
MARTINEZ BLANCO ISABEL
4065
23/02/2006
$2.040.000
113
06001903
GONZALEZ LUCY ESPERANZA
4066
23/02/2006
$2.040.000
114
05109895
CUESTA MONTES SANDRA MARIA
1304
27/01/2006
$2.040.000
115
05120032
VARGAS DE BUITRAGO ROSA MARINA
1352
27/01/2006
$2.040.000
116
05119530
SYR LTD A
1467
27/01/2006
$2.040.000
117
05112143
NIETO DE FORERO GLORIA AMPARO
1469
27/01/2006
$2.040.000
118
05074041
CAMPO RAMON FELIX ANTONIO
1445
27/01/2006
$2.040.000
119
05110276
ROA FERNANDEZ PEDRO NEL
1338
27/01/2006
$2.040.000
120
05112125
TECHNODRILL LTDA
1349
27/01/2006
$2.040.000
121
05115525
RODRIGUEZ RAFAEL
1346
27/01/2006
$2.040.000
122
05115347
OTERO LOAIZA JHON RICAURTE
1458
27/01/2006
$2.040.000
123
05117061
COUNTRY CLUB DE BOGOTA
1337
27/01/2006
$2.040.000
124
05051338
ISAZA SANTAM ARIA TULIO BERNARDO
4064
23/01/2006
$2.040.000
125
05119547
MARRUGO CARDENAS CARLOS
1359
27/01/2006
$2.040.000
126
05115368
GUILLAN LTDA
1470
27/01/2006
$2.040.000
127
05105386
PRADO MARITZA
617
19/01/2006
$2.040.000
128
05104257
EQUISER - EQUIPOS Y SERVICIOS LTDA
616
19/01/2006
$2.040.000
129
05044501
GIRALDO VILLA MARIO ANTONIO
1393
27/01/2006
$2.040.000
130
04097564
SANCHEZ PRADA MARCELA JIMENA
620
19/01/2006
$2.040.000
131
05091215
MERLANO AMARIS NINA
622
19/01/2006
$2.040.000
132
05102431
SAAVEDRA CACERES LUIS
619
19/01/2006
$2.040.000
133
05118743
ANLI COMUNICACIONES LTDA
1354
27/01/2006
$2.040.000
134
05113727
MUÑOZ ROJAS OFELIA
1358
27/01/2006
$2.040.000
135
05114807
RESTREPO RINCÓN OSCAR YESID
1447
27/01/2006
$2.040.000
136
05107165
VALENCIA GIRALDO MARY LUZ
1371
27/01/2006
$2.040.000
137
05048057
SIERRA TORRES LUIS ALFREDO
1411
27/01/2006
$ 2.040.000
138
05041095
POLANCO CARDONA HECTOR FABIO
1294
27/01/2006
$ 2.040.000
139
05020031
PUENTE OÑATE HUGO FERNANDO
1366
27/01/2006
$ 2.040.000
140
051012886
GÓMEZ MIGUEL ANTONIO
3583
20/02/2006
$ 2.040.000
141
050124767
CASTRO MARIBEL ESTEHER
3584
20/02/2006
$ 2.040.000
142
0501060020
FARÁIN CHACON WILLIAN ALFREDO
36036
30/12/2005
$1.907.500
143
05100364
BARROCAL TORRENTE JUAN JOSÉ
34843
23/12/2005
$1.907.500
144
05094355
JARA GUTIERREZ MARIA
35233
26/12/2005
$2.040.000
145
05119216
DÍAZ MARTINEZ LUCIANO
1466
27/01/2006
$2.040.000
146
05017333
BUSTOS G CLEOTILDE
1353
27/01/2006
$2.040.000
147
05091925
LÓPEZ MORALES RUBÉN ALFONSO
2091
31/01/2006
$1.907.500
148
05107189
TACHA GALEANO CARLINA
36092
30/12/2005
$1.907.500
149
05096439
JIMENEZ PEDRO
35283
26/12/2005
$1.907.500
150
05046045
CASTILLO DE FERNANDEZ
36012
30/12/2005
$2.040.000
151
05111208
JIMENEZ URBINA LUIS ALFREDO
1468
27/01/2006
$2.040.000
137
05048057
SIERRA TORRES LUIS ALFREDO
1411
27/01/2006
$ 2.040.000
138
05041095
POLANCO CARDONA HECTOR FABIO
1294
27/01/2006
$ 2.040.000
139
05020031
PUENTE OÑATE HUGO FERNANDO
1366
27/01/2006
$ 2.040.000
140
051012886
GÓMEZ MIGUEL ANTONIO
3583
20/02/2006
$ 2.040.000
141
050124767
CASTRO MARIBEL ESTEHER
3584
20/02/2006
$ 2.040.000
142
0501060020
FARÁIN CHACON WILLIAN ALFREDO
36036
30/12/2005
$1.907.500
143
05100364
BARROCAL TORRENTE JUAN JOSÉ
34843
23/12/2005
$1.907.500
144
05094355
JARA GUTIERREZ MARIA
35233
26/12/2005
$2.040.000
145
05119216
DÍAZ MARTINEZ LUCIANO
1466
27/01/2006
$2.040.000
146
05017333
BUSTOS G CLEOTILDE
1353
27/01/2006
$2.040.000
147
05091925
LÓPEZ MORALES RUBÉN ALFONSO
2091
31/01/2006
$1.907.500
148
05107189
TACHA GALEANO CARLINA
36092
30/12/2005
$1.907.500
149
05096439
JIMENEZ PEDRO
35283
26/12/2005
$1.907.500
150
05046045
CASTILLO DE FERNANDEZ
36012
30/12/2005
$2.040.000
151
05111208
JIMENEZ URBINA LUIS ALFREDO
1468
27/01/2006
$2.040.000
1.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, se violaron las siguientes normas: Artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 83, 123, 150, 209 y 228 de Constitución Política. Artículo 10 numeral 1 del Código Civil. Artículo 106 a 115, 152 de la Ley 142 de 1994. Artículo 17 de la Ley 575 de 2000. Artículo del Decreto 1130 de 1999. Artículo 6, inciso 2 y 41 del C.C.A.
1.4. Concepto de la violación
Para los efectos, en su escrito introductorio, explicó el alcance del concepto de la violación y enumeró los cargos contra las resoluciones demandadas de la siguiente manera:
1.4.1. Expedición irregular del acto y violación al debido proceso
Sostuvo que la SIC al momento de emitir la sanción de tipo económico, no observó las facultades a ella otorgadas para este tipo de sanciones, que a su juicio, no era otro que el procedimiento descrito y regulado para la protección de los usuarios del servicio de telecomunicaciones no domiciliarios, contenido en los artículos 106 a 115 de la Ley 142 de 1994.
Resaltó que la SIC en la Resolución Nro. 13471 de 2006, señaló que el procedimiento que desata las reposiciones interpuestas corresponde al previsto en el artículo 50 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo, desconociendo el procedimiento especificó previsto en la Ley 142 de 1994.
1.4.2. Violación indirecta de la ley al desconocer la hermenéutica jurídica
Inició por abordar el concepto del silencio administrativo positivo y negativo, resaltó que para la configuración del primero, solamente aplica en los casos expresamente previstos por el legislador, y no da lugar a que esta figura jurídica pueda ser consagrada en decretos reglamentarios como erradamente lo interpretó la SIC.
Calificó que la SIC fundamentó la aplicación del silencio administrativo positivo en las circulares externas 12 de 2001 y 8 de 2003, que en efecto, en la primera era viable hablar de silencio administrativo positivo en materia de servicios públicos no domiciliarios de telecomunicaciones, pero que para la época de los hechos, la norma aplicable era la circular única Nº 08 de 2003 y en ella no se regula el tema del silencio de manera expresa.
Sostuvo que no puede predicarse tal silencio de los operadores de Servicios Públicos no Domiciliarios de Telecomunicaciones, ya que la norma que regula el tema no prevé su existencia.
1.4.3. Violación al principio de confianza legítima
Expresó que la SIC, con la expedición de la Resolución Nro. 13471 de 2006, cambió su posición doctrinal al sancionar a COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., puesto que en “eventos análogos y precedentes” revocó actuaciones al haberse acreditado en forma previa la atención integral y favorable a las pretensiones de los usuarios.
1.4.4. Yerro jurídico en que incurrió la SIC con la expedición de la resolución demandada
Señaló que la SIC sancionó a COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., en varias actuaciones administrativas advirtiendo la configuración del silencio administrativo positivo, sin embargo resaltó que no hay lugar a ello, pues a su juicio, la atención oportuna se dio, y aun así fue sancionada.
Añadió que se evidenció otro error por parte de la SIC al momento de la acumulación de los recursos, pues señaló que para que esto ocurra, es necesario que se surtan los mismos supuestos fácticos y jurídicos necesarios en la acumulación de pretensiones y procesos.
Para sustentar lo anterior mostró los siguientes casos:
Nº
Expediente
Quejoso
Res.
Fecha
Sanción
1
06000916
SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS DAMA
2226
02/02/2006
$2.040.000
2
05095937
RAMÍREZ TOLOSA MARTHA LUCIA
35264
26/12/2005
$1.907.500
3
05108899
EDUARDO SANTOS
532
18/12/2005
$2.040.000
4
05007548
RUEDA MEDINA DEOTIMA
2098
31/01/2006
$2.040.000
5
05063993
CONSUEGRA DE ACOSTA HUGO
2227
02/02/2006
$2.040.000
6
05093019
RICARUTE CORREA JOSÉ
2065
31/01/2006
$2.040.000
7
05099012
ARIAS RIVERA LUZ MARINA
3215
15/02/2006
$2.040.000
8
05079691
PADILLA DE ZABALETA LIGIA
2229
02/02/2006
$2.040.000
9
05089784
CORONADO PARRA LUIS JESÚS
2103
31/01/2006
$2.040.000
10
05102879
GUERRERO REGINO RAFAEL
4031
23/02/2006
$2.040.000
11
05055940
SANTAMARÍA ESMERAL WALTER
2093
31/01/2006
$2.040.000
12
05079688
DÍAZ CASTELLANOS YAMILE
2230
02/02/2006
$2.040.000
También precisó que en las resoluciones demandadas se citó erróneamente a los usuarios, desconociendo en realidad en contra de quiénes se profirió la penalidad, los casos son:
Nº
Expediente
Quejoso
Res
Fecha
Sanción
1
05056791
LATORRE GONZÁLEZ MANUEL ARTURO
25269
26/12/2005
$1.907.500
2
05021944
MALAGÓN MORALES JUVER
626
19/01/2006
$2.040.000
3
05119216
DÍAZ MARTÍNEZ LUCIANO
1466
27/01/2006
$2.404.000
4
05054576
GALARZA MARTÍNEZ LEÓN DARIO
1385
27/01/2006
$2.040.000
Concluyó que los “yerros” citados, incidieron en la dosimetría de la multa impuesta, razón por la que afirmó que la SIC fue desmedida en el uso de sus facultades sancionadoras.
1.4.5. Dosimetría de la sanción
Argumentó que su aplicación debe propender a criterios de proporcionalidad y razonabilidad en las actuaciones de la administración pública, resaltó que la sanción debe analizarse respecto a la naturaleza y gravedad de la falta.
Calificó que la SIC no se tomó el trabajo, en cuanto a la tasación y dosimetría de la multa impuesta, en el sentido de precisar los criterios que sirvieron de sustento para la decisión y multa adoptada.
2. Admisión de la demanda
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, con providencia de 8 de marzo de 2007admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor; solicitó a la parte demandante allegar el envío de los antecedentes administrativos que dieron origen a los actos demandados.
3. Contestación de la demanda
La SIC a través de apoderado se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto carecen de sustento jurídico en consideración de los siguientes argumentos:
En el primer acápite, hizo referencia a la interpretación inequívoca del artículo 40 del Decreto 1130 de 1999, el cual le atribuyó a la SIC la facultad de proteger “los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores” de los servicios públicos no domiciliarios de comunicaciones incluidos en este los del PCS.
Indicó que la norma es una clara protección y defensa a los derechos de los usuarios conferidas a ellos por mandato legal, contrario a lo que refiere la entidad demandante, la cual se limitó a reiterar que esa no puede ser la interpretación al artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 pero en ningún lado hace referencia a la que sí debería ser la interpretación ideal.
Resaltó, que la norma principal es la Ley 142 de 1994 objeto de debate debido a que en ella se estipula que los usuarios pueden presentar ante cualquier entidad prestadora de servicios, en este caso, públicos no domiciliarios quejas, reclamos, recursos o peticiones y que faculta a la SIC para sancionar a los operadores que no respondan a requerimientos de sus usuarios en el término legal, siendo este el principal mecanismo de defensa de los usuarios ante las entidades. Así como también el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 el procedimiento efectivo para hacer cumplir los derechos de los usuarios el cual se encuentra avalado legalmente por el artículo 54 del Decreto Ley 2153 de 1992 en el que se expresa que el procedimiento a realizar es el conforme al Código Contencioso Administrativo.
Precisó que no hay lugar a la nulidad de los actos demandados por aplicación indebida de la norma, ya que el artículo 158 de la ley 142 de 1994 señala que la empresa debe responder dentro de los 15 días hábiles a la presentación de cualquier queja, petición reclamo o recurso por parte de los usuarios, a menos que esta demuestre que el suscriptor auspició la demora o se requirió la práctica de pruebas, se tomaran de forma favorable al usuario sin ninguna clase de restricción.
Por tal razón, el correspondiente silencio administrativo positivo no conlleva a una interpretación errónea de la norma razón por la cual son actuaciones administrativas fundadas en el Decreto Ley 2153 de 1992, en el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999, en concordancia con el Capítulo VII, Título VIII de la Ley 142 de 1994, la sanción pertinente que alega la parte actora se impuso teniendo en cuenta las calidades de COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., y su situación financiera ubicando los montos máximos dentro de los establecido por la ley, en concordancia con la Ley 142 de 1994 y el númeral 5 del artículo 2 del Decreto 2153 de 1992.
4. Fundamentos de la sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, mediante sentencia de 10 de diciembre de 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los razonamientos que pueden resumirse así:
Resaltó que el Decreto 2153 de 1992 delegó a la SIC la competencia en materia de resolución de quejas y reclamos de los usuarios y consumidores de bienes y servicios.
Indicó, que con base del artículo 40 del Decreto 1130 de 1990 y en consonancia con la Ley 142 de 1994 la SIC inició la investigación administrativa en contra de la empresa COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., donde constató la no atención oportuna de lo peticionado por los usuarios de telefonía celular, configurando el silencio administrativo positivo, previsto en la Ley 142 de 1994.
“[…] ARTÍCULO 40. La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de inspección, vigilancia y control de los regímenes de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios de comunicaciones. En tal calidad, la Superintendencia aplicará y velará por la observancia de las disposiciones contenidas en la ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 256 de 1996, contando para ello con sus facultades ordinarias y siguiendo para el efecto el procedimiento general aplicable, sin perjuicio de las atribuciones regulatorias de la Comisión de regulación de telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión. Igualmente, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio y en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores. Para el efecto, la Superintendencia, contará, en adición a las propias, con las facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y podrá ordenar modificaciones a los contratos entre operadores y comercializadores de redes y servicios de telecomunicaciones o entre estos y sus usuarios, cuando sus estipulaciones sean contrarias al régimen de telecomunicaciones o afecten los derechos de estos últimos. La Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo respecto de estos servicios las funciones jurisdiccionales que le fueron otorgadas en la Ley 446 de 1998 en materia de competencia desleal y protección del consumidor […]”.
Resaltó que de conformidad con la norma en cita y “como quiera que no existe un trámite especial para adelantar las actuaciones relacionadas con el caso que nos ocupa, estas se llevaron a cabo conforme lo establece el artículo 54 del Decreto 2153 de 1992, que señala¨”
“[…] ARTÍCULO 54. PROCEDIMIENTOS. Sin perjuicio de las disposiciones especiales en mataría de propiedad industrial y lo previsto en el presente Decreto, las actuaciones que adelante la Superintendencia de Industria y Comercio se tramitarán de acuerdo con los principios y el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo.[…]”
Por lo anterior advirtió, que el trámite adelantado por la SIC, para los casos de investigaciones por peticiones, quejas o reclamos, al haber operado el silencio administrativo, debe sujetarse a lo regulado por el Código Contencioso Administrativo C.C.A, y no al procedimiento especial de la Ley 142 de 1994, como lo afirma la demandante, ya que el hecho que dicha competencia se cause en una figura contenida en el régimen de servicios públicos, no implica per-se que el procedimiento deba sujetarse a dicha regulación.
Sostuvo que los expedientes aportados por la SIC (folios 120 a 126) le permitió concluir, que el trámite surtido por la autoridad administrativa se adelantó sin lugar a equívocos en todos los procesos atendiendo a lo regulado por el Código Contencioso Administrativo, respecto de la configuración del silencio administrativo positivo y conforme al artículo 158 de la Ley 142 de 1994, donde se acreditó el debido proceso, eficacia, celeridad, contradicción que rigen los procesos administrativos y que se evidenciaron en los 222 expedientes aportados al plenario.
Reiteró que de conformidad con las normas descritas, el trámite de investigación adelantado respecto de las peticiones, quejas y reclamos, al haber operado el silencio administrativo positivo, era el regulado por el Código Contencioso Administrativo y que así lo aplicó correctamente la SIC, y no como lo afirmó la demandante que el procedimiento atendía un trámite especial contenido en los artículos 106 a 115 de la Ley 142 de 1994.
Expresó que la existencia del Silencio Administrativo Positivo, en materia de telecomunicaciones no domiciliarias, se encuentra dentro de la competencia atribuida a la SIC, el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999, determinó que esta tendría las facultades propias previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que resaltó que también es necesario remitirse a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2153 de 1992.
Dijo que es así como el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, con fundamento en las atribuciones otorgadas por el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 indicó:
“[…] ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación […]”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió que si bien no existe normativa expresa que regule el nacimiento del silencio administrativo positivo concretamente en el tema de las telecomunicaciones, señaló que es evidente que esa figura se materializa por la remisión expresa del artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 norma que otorgó a la SIC las mismas facultades y competencias que tiene la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, en adelante SSPD.
Ahora, manifestó el A quo que a juicio de la demandante la SIC con la expedición de la Resolución Nro. 13471 de 2006, cambió su posición doctrinaria en el sentido de sancionar a COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., por hechos que en casos análogos había adoptado de forma diferente revocando decisiones que imponían sanción, lo que transgredió la seguridad jurídica que deben ofrecer las actuaciones administrativas.
Por lo anterior en decisión de primera instancia se advirtió que dichas manifestaciones no fueron acreditadas “es decir no se probó”, ya que no se aportó copia de las seiscientas cuarenta resoluciones proferidas por la SIC a favor de COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., por hechos similares, así como tampoco se solicitó en la demanda que fueran aportadas, incumpliendo con el principio de la carga de la prueba.
Ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto del yerro jurídico, invocado por el actor soportado en la indebida acumulación de los recursos, procedió a estudiar uno a uno los 12 expedientes bajo esos supuestos.
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
2
05095937
RAMÍREZ TOLOSA MARTHA LUCIA
35264
26/12/2005
$1.907.500
8
05079691
PADILLA DE ZABALETA LIGIA
2229
02/02/2006
$2.040.000
11
05055940
SANTAMARÍA ESMERAL WALTER
2093
31/01/2006
$2.040.000
Sobre los tres expedientes arriba señalados, los usuarios instauraron peticiones, quejas y reclamos por cobros indebidos por parte de la entidad y su posible ajuste en la factura.
Del análisis del caso, evidenció el A quo que la entidad sancionada sí había dado respuesta oportuna a los usuarios descritos, razón por la que declaró la nulidad de las Resoluciones 35264 de 26 de diciembre de 2005, 2229 de 2 de febrero de 2006 y la Resolución 2093 de 31 de enero de 2006 en favor de la entidad, ya que en los casos reseñados la autoridad administrativa sí había incurrido en yerro a la hora de analizar las pruebas presentadas; ordenando con ello a la SIC reintegrar a la parte actora los dineros correspondientes.
Asimismo, declaró la nulidad parcial de la Resolución Nro. 13471 de 26 de mayo de 2006 y en consecuencia ordenó a la SIC descontar el valor correspondiente a las multas impuestas bajo estos radicados del monto global de la sanción.
Por otro lado, en relación a la dosimetría de la sanción, el Tribunal calificó que la SIC al imponer las sanciones, lo realizó con fundamento en los artículos 40 del Decreto 1130 de 1999, 79 numeral 1º y 81 de la Ley 142 de 1994, tasando la multa impuesta en las actuaciones en 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
También precisó que la entidad demandada goza de las mismas facultades de la SPPD, para sancionar frente al incumplimiento de los operadores de servicios de telefonía móvil, pues le es potestativo graduar la sanción dentro de un verdadero análisis de los hechos y que en esa oportunidad obedeció a la naturaleza de la infracción, al evidenciar, la no atención oportuna del operador de telefonía a las peticiones radicadas por sus usuarios, omisión que no logró desvirtuar dentro de la actuación administrativa ni tampoco ante la jurisdicción, recalcó el Tribunal.
La parte resolutiva de esta providencia, por tanto, es del siguiente tenor:
"[…] PRIMERO: DECLÁRESE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES (i) 35264 de 26 de diciembre de 2005, (ii) 2229 de 2 de febrero de 2006 y (iii) 2093 de 31 de enero de 2006, con fundamento en lo expuesto en el acápite respectivo de cada radicado.
SEGUNDO: DECLÁRESE LA NULIDAD PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN 13471 de 26 de mayo de 2006, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, en lo que tiene que ver con las resoluciones cuya nulidad se declara, con fundamento en la parte motiva de cada caso.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, reintegrar a la Compañía Móvil S. A. E. S. P., lo cancelado por concepto de multa impuesta por las Resoluciones N ° (i) 35264 de 26 de diciembre de 2005, (ii) 2229 de 2 de febrero de 2006 y (iii) 2093 de 31 de enero de 2006
CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: ABSTÉNGASE de condenar en costas en esta instancia.
SEXTO: DEVUÉLVASE a la parte demandante el remanente de los gastos del proceso, si hubiere lugar a ello .
SÉPTIMO: En firme esta providencia ARCHÍVESE la presente actuación […]”.
5. Fundamentos de los recursos de apelación
5.1. Del presentado por la parte actora, COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
La parte demandante fundamentó su inconformidad con la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante escrito de 11 de enero de 2013 así:
5.1.1. Expedición irregular del acto y violación al debido proceso
Expresó que el A quo no dio cumplimento al principio del debido proceso, puesto que la sanción presentada por parte de la SIC fue desproporcionada e ilegal.
Insistió que las sanciones de carácter pecuniario deben atender el procedimiento aplicable, que para el caso de la protección y/o a los consumidores del servicio de telecomunicaciones no domiciliarios “no era otro que el contenido en los artículos 106 a 115 de la Ley 142 de 1994”.
Argumentó que el razonamiento jurídico que debió seguir la SIC era el siguiente:
“[…] Iniciada una investigación administrativa por parte de la superintendencia de industria y comercio, con base en las facultades del numeral 5º del artículo 2º del Decreto 2153 de 1992 y por expresa remisión de ésta norma que indica que para tales eventos la SIC debe proceder «de acuerdo con el procedimiento aplicable» y en concordancia con lo indicado en el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999, esta entidad debía aplicar el procedimiento especifico previsto por la Ley 142 de 1994 en los artículos 106 a 115 […]”.
Resaltó que el estudio realizado por parte de la SIC no fue responsable ni detallado ya que antes de avanzar con la expedición de los actos administrativos debió cumplir con el procedimiento dispuesto en la Ley 142 de 1994, basándose primero en una investigación administrativa frente al incumplimiento por parte de la entidad de las peticiones, quejas, reclamos y recursos adelantados por los usuarios y a su vez debió decretar pruebas que desvirtuaran las respectivas explicaciones dadas por la sociedad al ser requerida.
5.1.2. Violación indirecta de la ley al desconocer la correcta hermenéutica jurídica
Con relación al desconocimiento de la correcta hermenéutica jurídica, la demandante expresó que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en el ámbito de las telecomunicaciones y en el caso específico de los servicios de comunicaciones personal, posee amplias facultades regulatorias, por lo que a su juicio, es la única a quien le corresponde fijar el régimen de protección al usuario, “siendo de su resorte establecer de forma expresa la aplicación del silencio administrativo positivo para las PQR presentadas por los usuarios, consumidores y/o suscriptores de los servicios No domiciliarios de telecomunicaciones”.
En ese sentido, ratificó e insistió en los mismos argumentos expuestos en su demanda inicial, poniendo de presente una circunstancia nueva según la cual, la Resolución Nro. 1732 de 2007 proferida por Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, fue la que de manera “expresa e inequívoca” estableció la figura del silencio administrativo positivo, “empero aquella norma comenzó a regir a partir de su publicación, es decir a partir del 17 de septiembre de 2007 y los actos acusados son anteriores en el tiempo, por lo que no le es aplicable dicha disposición” razón por la que reiteró que no podía ser sancionada bajo esta figura jurídica.
5.1.3. Violación al principio de la confianza legítima
Ahora con relación a la violación al principio de confianza legítima el juez de primera instancia manifestó que no contaba con los elementos de juicio que permitieran establecer el desconocimiento de dicho principio por cuanto no se aportaron las resoluciones que decidieron hechos similares.
Inconforme la parte actora con la decisión a la que arribó el A quo, señaló en sede de apelación, que el Tribunal al inhibirse de decidir de fondo el cargo propuesto, desconoció flagrantemente la prohibición legal de emitir fallos inhibitorios negando el acceso a la administración de justicia, pues debió, en lugar de inhibirse sobre la decisión de fondo, decretar pruebas que le permitieran definirlo. Al respecto mostró 640 precedentesemitidas por la SIC a su favor.
5.1.4. Yerro jurídico en que incurrió la SIC con la expedición de la resolución demandada
Por su parte advirtió la actora de los efectivos yerros que fueron cometidos por el A Quo en 12casos puntuales como los son en particular:
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
1
06000916
SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS DAMA
2226
02/02/2006
$2.040.000
5
05063993
CONSUEGRA DE ACOSTA HUGO RAFAEL
2227
02/02/2006
$2.040.000
12
05079688
DIAZ CASTELLANOS YAMILE
2230
02/02/2006
$2.040.000
Señaló que para los anteriores tres casos sí se proporcionó respuesta oportuna a los usuarios, para lo cual resaltó, que lo ocurrido fue que se dio contestación a los requerimientos de sus usuarios pero en el momento en que se emitió la sanción por parte de la SIC, y en ese orden sostuvo, “[…] Lo que pasa por alto el juzgador de primera instancia es que al desatarse el recurso de reposición interpuesto oportunamente por mi representada, la respuesta efectiva no fue tenida en cuenta […]”, por lo que a su juicio, no es cierto que la acreditación de la respuesta se haya presentado en sede judicial como lo manifestó el Tribunal.
No
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
4
050007548
RUEDA MEDINA DEOTIMA
2098
31/01/2006
$2.040.000
Sobre este expediente, adujó que Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que era claro que los hechos que versaron sobre la sanción se ajustan a la realidad, pero no tuvo en cuenta el fallador de primera instancia que COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. sí había dado respuesta oportuna al quejoso arriba señalado, que para el caso el Tribunal al momento de computar los días que por ley tenía la entidad sancionada en contestar la petición queja o reclamo pasó por alto que el día lunes 10 de enero de 2005 no correspondía a un día hábil por lo tanto la respuesta, reiteró, sí se había emitido en término.
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
2
05095937
RAMÍREZ TOLOSA MARTHA LUCIA
35264
26/12/2005
$1.907.500
3
05108899
EDUARDO SANTOS
532
18/12/2005
$2.040.000
6
05093019
RICAURTE CORREA JOSÉ
2065
31/01/2006
$2.040.000
7
05099012
ARIAS RIVERA LUZ MARINA
3215
15/02/2006
$2.040.000
8
05079691
PADILLA DE ZABALETA LIGIA
2229
02/02/2006
$2.040.000
9
05089784
CORONADO PARRA LUIS JESÚS
2103
31/01/2006
$2.040.000
10
05102879
GUERRERO REGINO RAFAEL
4031
23/02/2006
$2.040.000
11
05055940
SANTAMARÍA ESMERAL WALTER
2093
31/01/2006
$2.040.000
De los casos arriba señalados, mostró que se presentó arbitrariedad por cuanto la sanción impuesta a COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., se fundamentó en una figura jurídica que no existe, donde la atención oportuna se dio y aun así la SIC, sancionó bajo el esquema del silencio administrativo positivo, adicional a lo anterior mostró que existió otro yerro por parte de la autoridad administrativa al declarar procedente acumular los recursos, pues para que ello ocurra es necesario que versen sobre los mismos supuestos fácticos y jurídicos que son necesarios en la acumulación de pretensiones y procesos, resaltó.
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
1
05056791
LATORRE GONZALEZ MANUEL ARTURO
35269
26/12/2005
$1.907.500
2
05021944
MALAGON MORALES JUVER
626
19/01/2006
$2.040.000
3
05119216
DIAZ MARTINEZ LUCIANO
1466
27/01/2006
$2.040.000
4
05054576
GALARZA MARTINEZ LEON DARIO
1395
27/01/2006
$2.040.000
En estos cuatro (4) casos expuestos, el apelante expuso las razones por las cuales la decisión del A quo no la encontró ajustada a derecho, en efecto, resaltó que el juez de primera instancia si bien comprobó que en dichos expedientes no atendían al nombre del real quejoso no encuentra cabida como no se declaró la nulidad de aquellas resoluciones.
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
88
05044511
PEÑA PEÑA AUDREY
1285
27/12/2005
$2.040.000
Indicó la demandante que el juez de primera instancia al analizar y concluir sobre el particular, indicó que no se había configurado yerro alguno, por cuanto si bien en principio se había ordenado el archivo del mismo mediante Resolución 22184 de 2005, posteriormente con fundamento en la reposición de la quejosa, esa decisión se revocó e impuso sanción a COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P.
Por lo anterior resaltó la apelante que el yerro se presentó en el momento que se acumuló esa actuación administrativa que corresponde a la Resolución 1285 de 2006, acto administrativo que a su juicio también rompen los presupuestos fácticos y jurídicos con los que equivocadamente la SIC emitió la sanción a la compañía de telecomunicaciones.
5.1.5. Dosimetría de la sanción
En relación a la dosimetría de la sanción reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda y recordó que le corresponde a las entidades administrativas, a la hora de la imposición de una determinada sanción, sea esta o no de carácter pecuniario, entrar a hacer un cotejo entre la gravedad de la falta y el contenido de la sanción donde exista una correlativa proporcionalidad entre una y otra.
5.1.6. No afectación al usuario
Ahora bien, COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. declaró que el cargo denominado “De la no afectación al usuario-Teoría del hecho superado” fue expuesto desde la presentación de la demanda y no fue abordado por el a quo; sostuvo que corresponde al hecho que la entidad de telecomunicaciones sancionada “atendió integralmente” y de forma favorable las peticiones, quejas o recursos a sus usuarios, previo a la expedición de cada una de las resoluciones sancionatorias, de manera que resaltó que se probó que en lo siguientes 151 casos “no hubo afectación al usuario”:
Nº
Expediente
Quejoso
Res
Fecha
Sanción
1
05093596
BAUTISTA BUITRAGO JOSE SANTOS
35236
26/12/2005
$1.907.500
2
05100969
YELASQUEZ VASQUEZ NELSON JAVIER
34833
23/12/2005
$1.907.500
3
05103122
PARRA LONDOÑO FRANCIA ELENA
34839
23/12/2005
$1.907.500
4
05103105
PATINO RODRIGUEZ JULIO CESAR
34838
23/12/2005
$1.907.500
5
05097322
QUINTERO CUBILLOS JAVIER ISAAC
34844
23/12/2005
$1.907.500
6
05097385
DE LA TORRE CUELLAR BEATRIZ
34836
23/12/2005
$1.907.500
7
05098127
CARLOS ROPERO AUTOMOVILES LTDA
34830
23/12/2005
$1.907.500
8
05078172
SALINAS CANO CLAUDIA PATRICIA
34841
23/12/2005
$1.907.500
9
05099579
MARIN GALLEGO MARIA CLEMENCIA
34840
23/12/2005
$ 1.907.500
10
05101003
PALACIO ESCOBAR BERTHA ISABEL
34832
23/12/2005
$ 1.907.500
11
05097308
ORDOÑEZ MORA MILLER ENRIQUE
34831
23/12/2005
$ 1.907.500
12
05093520
ZABALA DIAZ JHON LEONIDAS
35234
23/12/2005
$ 1.907.500
13
05096129
PRIETO CARRILLO ERNESTO
34842
23/12/2005
$ 1.907.500
14
05093552
SUAREZ SANTOYO DIEGO A. 35235
26/12/2005
$ 1.907.500
15
05094213
ABOGADOS CONSULTORES LTDA
35231
26/12/2005
$ 1.907.500
16
05096003
EMILIANI ABELLO MARCELA TERESA
35225
26/12/2005
$ 1.907.500
17
05095955
BOHORQUEZ CARO LUZ ANGELA
35227
26/12/2005
$ 1.907.500
18
05056791
LATORRE GONZALEZ MANUEL ARTURO
35269
26/12/2005
$ 1.907.500
19
05087943
PEREZ REALES MARGARITA
35223
26/12/2005
$1.907.500
20
05099646
ESPINOSA GUZMAN ALVARO JHONNY
35221
26/12/2005
$1.907.500
21
05099840
BRAVO ORTIZ JOSE GERMAN
35237
26/12/2005
$1.907.500
22
05014693
CLAVE 2000 S.A
36019
30/12/2005
$1.907.500
23
05048118
ARANGO PIEDRAHÍTA CARLOS MARIO
36031
30/12/2005
$1.907.500
24
05054714
KAESER COMPRESORES
36015
30/12/2005
$1.907.500
25
05056062
HOTEL SICARAREL LTDA
36018
30/12/2005
$1.907.500
26
05100800
CASTAÑEDA ACEVEDO MONICA
36050
30/12/2005
$1.907.500
27
05102175
G BEJARANO Y CIA LTDA
36049
30/12/2005
$1.907.500
28
05106434
MORA ECHAVARRIA MARIA CECILIA I.
36093
30/12/2005
$1.907.500
29
05103311
NICOLAS ALBERTO MONTOYA
36086
30/12/2005
$1.907.500
30
05093999
AGUIRRE MONTOYA IVÁN
36051
30/12/2005
$1.907.500
31
05107173
ROZO LEAL LUIS ARCESIO
36095
30/12/2005
$1.907.500
32
05096290
BENJAMIN CADAVID VELEZ
36017
30/12/2005
$1.907.500
33
05101069
ALVARO ANDRÉS CHAPARRO GUZMAN
36059
30/12/2005
$1.907.500
34
05095607
PHAGERON LTDA
36013
30/12/2005
$1.907.500
35
05089302
RODRIGUEZ JUAN CARLOS
36014
30/12/2005
$1.907.500
36
05056009
OSPINA ARIAS MYRIAM CONSTANZA
36022
30/12/2005
$1.907.500
37
05038208
ROJAS VILLAMIL ELSA
36063
30/12/2005
$1.907.500
38
04117294
ANGULO C MARIA CLEMENCIA
36064
30/12/2005
$1.907.500
39
04126536
FERNANDEZ SIABATO EDER YESID
36057
30/12/2005
$1.907.500
40
05106093
OLAYA MORENO GERARDO
36039
30/12/2005
$1.907.500
41
05092430
CARRANSA MENESES URIEL
36068
30/12/2005
$1.907.500
42
04112532
DE CASTRO PEREZ ARMANDO
530
18/12/2005
$ 2.040.000
43
05207068
SUAREZ RUEDA EDWIN
520
18/12/2005
$ 2.040.000
44
05107991
LIZ RUIZ ELIANA MARIA
513
18/12/2005
$ 2.040.000
45
05107869
FLOREZ PEÑA JOHANA
538
18/12/2005
$ 2.040.000
46
05107796
VALERO ORTEGA NELSON
537
18/12/2005
$ 2.040.000
47
05106094
FUENTES MARTINEZ MARCELA
528
18/12/2005
$ 2.040.000
48
05105938
MORENO DE SUAREZ LEOPOLDINA
522
18/12/2005
$ 2.040.000
49
05105927
VERU TORRES MELIDA
524
18/12/2005
$ 2.040.000
50
05105681
VEGA RAMIREZ FERNANDO
539
18/12/2005
$ 2.040.000
51
05105465
CURVELO MONTEALEGRO JORGE
578
18/12/2005
$ 2.040.000
52
05102881
CONSTRUCTORES Y FINANZAS DE COLOMBIA
572
18/12/2005
$ 2.040.000
53
05048126
CORTES JIMENEZ JORGE HUMBERTO
516
18/12/2005
$ 2.040.000
54
05026206
PRADA SARMIENTO ALVARO
527
18/12/2005
$ 2.040.000
55
05023342
RINCON VERDUGO MARTHA LEONOR
526
18/12/2005
$ 2.040.000
56
05023340
QUICENO SIERRA MIRYAMDE JESUS
515
18/12/2005
$ 2.040.000
57
05014827
MEJIA FARFAN JORGE ENRIQUE
523
18/12/2005
$ 2.040.000
58
04123695
GARCES CAMARGO JACQUELINE
535
18/12/2005
$ 2.040.000
59
05057897
MOLINA CARLOS ALBERTO
4057
23/12/2005
$ 2.040.000
60
05011309
NEME NEME LUIS MIGUEL
1391
27/12/2005
$ 2.040.000
61
05054576
GALARZA MARTINEZ LEON DARIO
1395
27/12/2005
$ 2.040.000
62
05114358
GUTIERREZ NAVARRETE MARIA DEL PILAR
1344
27/12/2005
$ 2.040.000
63
05109915
PÉREZ FONSECA HIDALGO RAFAEL
1301
27/12/2005
$ 2.040.000
64
05108435
PARRAGA PEÑA GUIOVANNI
2074
31/01/2006
$ 2.040.000
65
05112469
HERRERA ENRIQUEZ LUZ OMAIRA
2105
31/01/2006
$ 2.040.000
66
05113100
GONZALEZ DIAZ ROSALBA
3245
15/02/2006
$ 2.040.000
67
05110613
MORA GARCES RUBEN ANTONIO
2109
31/01/2006
$ 2.040.000
68
05108798
CAMACHO RAPALIÑO ALVARO
2073
31/01/2006
$ 2.040.000
69
05117029
SISTEMAS INTEGRALES CML LTDA
2069
31/01/2006
$ 2.040.000
70
05091846
ROJAS JAVIER
2070
31/01/2006
$ 2.040.000
71
05121228
CHAVEZ DE CARDENAS LEONOR
3386
23/12/2005
$ 2.040.000
72
05121543
HERNÁNDEZ NEIRA MILTON JAIME
3385
16/02/2006
$ 2.040.000
73
05207097
MARTINEZ ARIAS LUIS FERNÁN
2085
31/01/2006
$2.040.000
74
05122801
ASEO OPORTUNO LTDA
2067
31/01/2006
$2.040.000
75
05112507
MARTINEZ CASTELLANOS ELVER JAVIER
2106
31/01/2006
$2.040.000
76
04/121125
LÓPEZ MUÑOZ JOHN JAIRO
2090
31/ 01/2006
$2.040.000
77
05076297
ESCUDERO CARDONA JAVIER
2086
31/01/2006
$2.040.000
78
04125981
GONZALEZ NAVAS ALBERTO
1342
27/01/2006
$2.040.000
79
06004154
OIC LTDA
4055
23/02/2006
$2.040.000
80
06002002
HERRERA ESPINOSA RAÚL YESID
4059
23/02/2006
$2.040.000
81
06001086
ESCAMILLA SANCHEZ MARIA PATRICIA
4054
23/02/2006
$2.040.000
82
05072573
GÚZMAN MENDOZA LUDY ISABEL
1400
27/01/2006
$2.040.000
83
05100352
C .I. SPRING FAMS S.A. 1327
27/01/2006
$2.040.000
84
05050070
GONZALEZ ARAGON EDGAR ALBERTO
2088
31/01/2006
$2.040.000
85
05052833
RIVEROS BARÓN JORGE LUIS
2083
31/01/2006
$2.040.000
86
05079528
MORALES CALVO CATHER I N E
35229
26/12/2005
$2.040.000
87
05087798
R - COMPUTADORES S.A.
2108
31/01/2006
$2.040.000
88
05093015
VERGARA DE LA ROSA ANA
2066
31/01/2006
$2.040.000
89
05100209
ORDOÑEZ JIMENEZ LUZ JENNY
34837
23/12/2005
$1.907.500
90
05093013
REINA DAZA MARGARITA ROSA
2081
31/01/2006
$2.040.000
91
05123974
CHALLERGER S.A.
2079
31/01/2006
$2.040.000
92
05121428
RODRIGUEZ VILLA LOBOS CARLOS JULIO
2072
31/01/2006
$2.040.000
93
05125350
SICARD CORTAZAR HERNÁN
3383
16 /02/2006
$2.040.000
94
05125351
TORRES CARDONA GLORIA CECILIA
36058
30/12/2005
$1.907.500
95
05025487
VALDERRAMA MONTIEL VLADIMIR
35334
27/12/2005
$1.907.500
96
05038165
CARVAJAL ARIAS LUCIA
35348
27/12/2005
$1.907.500
97
05105687
MORA DE ESTEBAN LUISA CECILIA
621
09/01/2006
$2.040.000
98
05106714
ZAMORA CABEZAS ROBINSON
618
19/01/2006
$2.040.000
99
05125826
ROMERO VERGARA MARIA TERESA
3390
16/02/2006
$2.040.000
100
05127707
G BEJARANO Y CIA LTDA
3382
16/02/2006
$2.040.000
101
05012443
ARÉVALO ORTIZ CLAUDIA MARCELA
3384
16/02/2006
$2.040.000
102
04093301
ROBAYO ROBAYO MERCEDEZ
3388
16/02/2006
$2.040.000
103
05206055
SERRANO SERRANO ALBERTO
1311
27/01/2006
$2.040.000
104
05203032
INGENIERIA DE VIAS Y AMBIENTAL EU
1341
27/01/2006
$2.040.000
105
05030321
CÁRDENAS BALLÉN MARIA RUTH
1308
27/01/2006
$2.040.000
106
05131867
RUA VÉLEZ FREDY ALEXANDER
4067
23/02/2006
$2.040.000
107
05119939
JARAMILLO JARAMILLO MARIA GENOVEVA
4063
23/02/2006
$2.040.000
108
05068777
PRISMA COMPAÑÍA DE SEGURIDA DLT DA
1401
27/01/2006
$2.040.000
109
05120752
HERNÁNDEZ QUIÑONEZ PAULA ANDREA
1403
27/01/2006
$2.040.000
110
05111951
SANLAELLA PÉREZ MIRYAM
1350
27/01/2006
$2.040.000
111
05109825
RUIZ BUITRAGO SILVIA ELENA
1277
27/01/2006
$2.040.000
112
06003976
MARTINEZ BLANCO ISABEL
4065
23/02/2006
$2.040.000
113
06001903
GONZALEZ LUCY ESPERANZA
4066
23/02/2006
$2.040.000
114
05109895
CUESTA MONTES SANDRA MARIA
1304
27/01/2006
$2.040.000
115
05120032
VARGAS DE BUITRAGO ROSA MARINA
1352
27/01/2006
$2.040.000
116
05119530
SYR LTD A
1467
27/01/2006
$2.040.000
117
05112143
NIETO DE FORERO GLORIA AMPARO
1469
27/01/2006
$2.040.000
118
05074041
CAMPO RAMON FELIX ANTONIO
1445
27/01/2006
$2.040.000
119
05110276
ROA FERNANDEZ PEDRO NEL
1338
27/01/2006
$2.040.000
120
05112125
TECHNODRILL LTDA
1349
27/01/2006
$2.040.000
121
05115525
RODRIGUEZ RAFAEL
1346
27/01/2006
$2.040.000
122
05115347
OTERO LOAIZA JHON RICAURTE
1458
27/01/2006
$2.040.000
123
05117061
COUNTRY CLUB DE BOGOTA
1337
27/01/2006
$2.040.000
124
05051338
ISAZA SANTAM ARIA TULIO BERNARDO
4064
23/01/2006
$2.040.000
125
05119547
MARRUGO CARDENAS CARLOS
1359
27/01/2006
$2.040.000
126
05115368
GUILLAN LTDA
1470
27/01/2006
$2.040.000
127
05105386
PRADO MARITZA
617
19/01/2006
$2.040.000
128
05104257
EQUISER - EQUIPOS Y SERVICIOS LTDA
616
19/01/2006
$2.040.000
129
05044501
GIRALDO VILLA MARIO ANTONIO
1393
27/01/2006
$2.040.000
130
04097564
SANCHEZ PRADA MARCELA JIMENA
620
19/01/2006
$2.040.000
131
05091215
MERLANO AMARIS NINA
622
19/01/2006
$2.040.000
132
05102431
SAAVEDRA CACERES LUIS
619
19/01/2006
$2.040.000
133
05118743
ANLI COMUNICACIONES LTDA
1354
27/01/2006
$2.040.000
134
05113727
MUÑOZ ROJAS OFELIA
1358
27/01/2006
$2.040.000
135
05114807
RESTREPO RINCÓN OSCAR YESID
1447
27/01/2006
$2.040.000
136
05107165
VALENCIA GIRALDO MARY LUZ
1371
27/01/2006
$2.040.000
137
05048057
SIERRA TORRES LUIS ALFREDO
1411
27/01/2006
$ 2.040.000
138
05041095
POLANCO CARDONA HECTOR FABIO
1294
27/01/2006
$ 2.040.000
139
05020031
PUENTE OÑATE HUGO FERNANDO
1366
27/01/2006
$ 2.040.000
140
051012886
GÓMEZ MIGUEL ANTONIO
3583
20/02/2006
$ 2.040.000
141
050124767
CASTRO MARIBEL ESTEHER
3584
20/02/2006
$ 2.040.000
142
0501060020
FARÁIN CHACON WILLIAN ALFREDO
36036
30/12/2005
$1.907.500
143
05100364
BARROCAL TORRENTE JUAN JOSÉ
34843
23/12/2005
$1.907.500
144
05094355
JARA GUTIERREZ MARIA
35233
26/12/2005
$2.040.000
145
05119216
DÍAZ MARTINEZ LUCIANO
1466
27/01/2006
$2.040.000
146
05017333
BUSTOS G CLEOTILDE
1353
27/01/2006
$2.040.000
147
05091925
LÓPEZ MORALES RUBÉN ALFONSO
2091
31/01/2006
$1.907.500
148
05107189
TACHA GALEANO CARLINA
36092
30/12/2005
$1.907.500
149
05096439
JIMENEZ PEDRO
35283
26/12/2005
$1.907.500
150
05046045
CASTILLO DE FERNANDEZ
36012
30/12/2005
$2.040.000
151
05111208
JIMENEZ URBINA LUIS ALFREDO
1468
27/01/2006
$2.040.000
Concluyó en el escrito de apelación con la solicitud a esta Sala de reevaluar el monto de la sanción, puesto que a su juicio, la penalidad imputada por la SIC, atenta contra los principios de proporcionalidad y racionalidad de conformidad con el artículo 36 del C.C.A, pues la multa impuesta por la autoridad administrativa no se encuentra en concordancia con la naturaleza y gravedad de la falta, por lo que reiteró se revoque la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar resolver favorablemente las pretensiones de la demanda.
5.2. De la apelación adhesiva de la parte demandada, SIC
La SIC por su parte no apeló en tiempo, sin embargo presentó en el término de los alegatos de conclusión de segunda instancia, escrito de 16 de julio de 2013 (folio 62 a 67, cuaderno de apelación) en virtud del cual dijo adherirse al recurso del apelante principal COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. Para el efecto señaló que en esta instancia se encontraba en oportunidad procesal para allegar el recurso de apelación por adhesiva junto con los alegatos de conclusión.
Advirtió, que las Resoluciones Nros. 35264 de 26 de diciembre de 2005, 2229 de 2 de febrero de 2006 y 2093 de 31 de enero de 2006, se expidieron en cumplimiento estricto de las atribuciones que le fueron asignadas a la SIC, en especial las conferidas por el Decreto 2153 de 1992, el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 en concordancia con el Capítulo Vll Título VIII de la Ley 142 de 1994.
Que el Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor de la SIC, expidió no solo estas sino todas las 222 resoluciones con multa pecuniaria a la sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., debido a que la SIC encontró que la mencionada sociedad no atendió “en forma oportuna y adecuada” la peticiones, quejas, reclamos o recursos de reposición presentados por los suscriptores y usuarios del servicio, lo cual se encuentra demostrado en las actuaciones administrativas surtidas ante la SIC, lo que conllevó a la figura del silencio administrativo positivo.
En efecto, indicó que el Tribunal se equivocó al concluir que las Resoluciones demandadas Nros. 35264 de 26 de diciembre de 2005, 2229 de 2 de febrero de 2006 y 2093 de 31 de enero de 2006, estaban viciadas de nulidad por cuanto el silencio administrativo positivo no había operado en tales casos, al haberse “[…] dado respuesta a la solicitud, desvirtuándose en consecuencia los presupuestos de existencia de la figura en mención […]” por parte de la actora.
Con base en lo anterior, reiteró la SIC que no cometió yerro alguno y que todas las resoluciones se expidieron con sustento en las normas para tal fin y que esas tres resoluciones declaradas nulas por el Tribunal, tampoco fueron la excepción, pues añadió que en ellas se evidenció en sede administrativa que operó el silencio administrativo positivo con base en el material probatorio, en donde la sociedad sancionada no demostró haber “[…] proferido la decisión en forma adecuada y dentro del término legal, ni su correspondiente envió al suscriptor […]”. Finalizó con la solicitud de que se denieguen en su totalidad las suplicas de la demanda formuladas en contra de estos tres actos acusados.
La Sala, a partir de lo anterior, se pronunciará con relación a la procedencia o viabilidad de estudiar de fondo esta apelación adhesiva elevada por la SIC, en las consideraciones que resuelvan el caso concreto que serán consignadas en la presente providencia.
6. Trámite en segunda instancia
La Sección Primera de esta Corporación mediante providencia de 20 de mayo 2013 por reunir los requisitos legales admitió el recurso de alzada interpuesto por COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., contra la sentencia de 10 de diciembre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
Con ocasión del acuerdo de descongestión suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación, la Sala asumió el conocimiento del presente asunto.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
7.1. De la parte actora, COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P
Con escrito del 16 de julio de 2013 (fls. 8 a 44, cdno ppal 2), la parte demandante reiteró los argumentos de su alzada.
7.2. De la parte demandada, SIC
En el escrito de 16 de julio de 2013 (folios 45 a 61, cuaderno de apelación), la parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, sostuvo que los actos acusados se expidieron en cumplimiento estricto de las atribuciones que le fueron asignadas a la SIC, en especial las conferidas por el Decreto 2153 de 1992, el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 en concordancia con el Capítulo VII Título VIII de la Ley 142 de 994.
Indicó que se probó que COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., no atendió en forma oportuna y adecuada la petición, queja, reclamo o recurso de reposición presentados por los suscriptores y usuarios del servicio, y que así se comprobó en las actuaciones administrativas surtidas ante la SIC.
Resaltó que se agotaron todas las etapas procesales en las actuaciones administrativas en debida forma y se estableció que la sociedad demandante no aportó prueba alguna que acreditara la atención oportuna y adecuada de los recursos allegados por los usuarios, lo que sustentó la sanción asignada.
Argumentó que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 “norma vigente para la época de los hechos” prescribe que la empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y que, pasado aquél, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas, se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto de forma favorable al reclamante.
8. Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia
En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer del recurso de apelación interpuesto por la demandante y del recurso de apelación por adhesiva de la SIC contra la sentencia de 10 de diciembre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en los términos del artículo 129 del C.C.A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión número 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
2. Actos demandados
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de todas las resoluciones que aparecen demandadas y discriminadas en el acápite de antecedentes de esta providencia, proferidas por el Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor de la SIC y como consecuencia de ello, se restablezcan los derechos a la parte actora, de ser ello procedente.
La estructura común que predominó en los 222 actos demandados que adoptaron la decisión principal, son en síntesis, del siguiente tenor:
“[…] MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO (…) DE 20 (…)
(…)
Por la cual se impone una sanción
Radicación (…)
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el decreto 2153 de 1992, el artículo 40 del decreto 1130 de 1999 en concordancia con el Capítulo VII Título VIII de la Ley 142 de 1994, y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el (…) de (…) de (…) fue recibida en esta Superintendencia una comunicación presentada por (…), identificado (a) con C.C. /NIT (…), a través de la cual señaló que la sociedad Colombia Móvil S. A. E. S. P. no atendió oportunamente la petición, queja, reclamo o recurso de reposición del día (…) de (…) de (…), cuya copia se anexó al diligenciamiento y reposa a folio (…).
SEGUNDO: Que en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Superintendencia por el Decreto 2153 de 1992 y, en particular, por el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 en consonancia con la ley 142 de 1994, el (…) de (…) de (…) se inició, mediante solicitud de explicaciones, Ia correspondiente investigación administrativa en contra de la sociedad Colombia Móvil S. A. E. S. P., al advertirse Ia posibilidad de que hubiese operado a favor de (…) , el silencio administrativo previsto en el artículo 158 de Ia ley 142 de 1994.
TERCERO: que el (…) de (…) de (…) la sociedad Colombia Móvil S.A E.S.P respondió la solicitud de explicaciones formulada por este Despacho, sin acreditar que se hubiese dado una respuesta oportuna a la petición, queja, reclamo, o recurso de reposición del día (…) de (…) de (…) de la línea (…) presentado por el señor (a) (…)
CUARTO: Que el artículo 158 de la ley 142 de 1994 dispone que Ia empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y que, pasado aquél, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició Ia demora o que se requirió la práctica de pruebas, se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto de forma favorable al reclamante.
QUINTO: Que se ha determinado que en relación con la petición, queja, reclamo o recurso de reposición del día (…) de (…) de (…), presentado por (…) ante la sociedad Colombia Móvil S. A. E. S. P., operó el silencio administrativo positivo por cuanto el mencionado operador no profirió la decisión correspondiente en forma adecuada o dentro del término legal, sin haber demostrado frente a esta última hipótesis la necesidad de practica de pruebas o que el quejoso haya auspiciado la demora.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la sociedad Colombia Móvil S.A. E.S.P. que dentro del término perentorio de diez (10) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, atienda favorablemente las pretensiones contenidas en la petición, queja, reclamo o recurso de reposición del día (…) (reclamo…) presentada por el señor (…), de acuerdo con lo expuesto en la anterior motivación.
PARÁGRAFO PRIMERO: La sociedad Colombia Móvil S.A. E.S.P. deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo ante esta Superintendencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expiración del plazo previsto para su acatamiento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento injustificado de lo ordenado en el presente acto administrativo, hará a la sociedad Colombia Móvil S.A. E.S.P., acreedora a las sanciones previstas en la ley.
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer a la sociedad Colombia Móvil S.A. E.S.P. una sanción pecuniaria por la suma de (…) ($ xxx), equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
PARÁGRAFO: (…)
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor León Darío Osorio Martínez, en su condición de Presidente Encargado de la sociedad Colombia Móvil S.A E.S.P y a ( ), en su calidad de quejosa (a), entregándoles copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
El superintendente delegado para la protección del consumidor […]”.
Por su parte, en la Resolución Nro. 13471 de 26 de mayo de 2006, proferida por Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor de la SIC, se consideró: “[…] CUARTO: procedente la solicitud de acumulación de 218 recursos de reposición presentados por la apoderada especial de la sociedad Colombia Móvil S.A. E.S.P., teniendo en cuenta que dichos actos administrativos cumplen con los requisitos previstos en las normas jurídicas que regulan la acumulación de pretensiones. Igualmente se acumularan de oficio las actuaciones radicadas con los números 05046045, 05065338, 050111705 y 050111208, por corresponder a la misma hipótesis […]”.
Luego de efectuar dicha acumulación, este acto administrativo decidió revocar las Resoluciones sancionatorias Nros. 1364, 1398, 1415 y 1416 de 27 de enero de 2006 y 4052 de 23 de febrero de 2006, por cuanto se probó la atención oportuna de las peticiones, quejas, reclamos o recursos de reposición presentados por algunos de sus usuarios, a través de copia de la comunicación mediante la cual se respondieron las mismas, así como copia de la respectiva guía de correo. Asimismo, estimó procedente reconsiderar el monto global de la sanción que impuso a COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., la que habiendo correspondido a la suma de $433.405.000, fue disminuida al valor de $216.702.500.
Su parte resolutiva, lo dispuso así:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Revocar las Resoluciones Nros. 1364, 1398, 1415 y 1416 de 27 de enero de 2006 y 4052 de 23 de febrero de 2006 por las razones expuestas en la anterior parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar las resoluciones restantes objeto de impugnación en el sentido de reducir la sanción impuesta mediante las mismas a la suma global de doscientos dieciséis millones setecientos dos mil quinientos pesos ($216.702.500).
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente decisión administrativa a la doctora Grace Beltrán Angulo, en su condición de apoderada especial de la sociedad Colombia Móvil S.A. E.S.P.; o a quien haga sus veces, y a los quejosos enunciados en el acápite de notificaciones, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía administrativa […]”.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si ¿le era dado a la SIC sancionar el incumplimiento de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., por haberse configurado el silencio administrativo positivo sobre las quejas, peticiones, reclamos y recursos de los usuarios de los servicios públicos no domiciliarios de comunicaciones?, para acto seguido confirmar, modificar o revocar la sentencia de 10 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”.
4. Análisis del caso concreto
Corresponde a esta Sala determinar si en el sub examine concurren los yerros y/o omisiones señalados tanto por la parte actora como los de la autoridad administrativa demandada en el momento de sancionar a la sociedad de servicios de telefonía móvil. Con el propósito de absolver los diferentes cuestionamientos que subyacen al sub judice, se abordarán los siguientes aspectos: i) contexto normativo en materia de servicios públicos no domiciliarios y ii) análisis de las impugnaciones y caso concreto.
Previamente se pone de relieve, la circunstancia según la cual, si bien las Resoluciones sancionatorias Nros. 1364, 1398, 1415 y 1416 de 27 de enero de 2006 y 4052 de 23 de febrero de 2006 fueron incluidas en el listado de actos administrativos demandados en el presente proceso por la actora COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., está demostrado que mediante la Resolución Nro. 13471 de 26 de mayo de 2006, la SIC las revocó por cuanto se probó la atención oportuna de las peticiones, quejas, reclamos o recursos de reposición presentados por algunos de sus usuarios, a través de copia de las respuestas a las mismas, así como copia de la respectiva guía de correo.
A partir de ello, para la Sala resulta imperioso señalar que las pretensiones de nulidad de la demanda, ratificadas en la apelación, no se tendrán como elevadas en contra de esos cinco actos que no superaron la vía gubernativa, al haber sido revocados por la propia SIC en sede de reposición. Por lo mismo, el análisis y estudio de los cargos en el caso concreto se desplegará manteniéndolas al margen de este, permaneciendo sub judice las 217 restantes que sí están vigentes.
4.1. Contexto normativo en materia de servicios públicos no domiciliarios
La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, donde todos los ciudadanos pueden tener acceso al desarrollo social a través de servicios de seguridad social, salud, deporte, educación, energía eléctrica, las comunicaciones y tecnología, todos ellos asociados al concepto de servicio público.
La concepción del Estado Social de Derecho comporta el cumplimiento de ciertos fines en cabeza de la organización estatal orientados a servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política (artículos 1º y 2º). Dentro de ese contexto, el Constituyente otorgó especial importancia a los servicios públicos al establecer, de un lado, que los mismos son inherentes a la finalidad social del Estado y, de otro, que es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (art. 365 Superior)
“[…] El artículo 365 de la Constitución Política, además de consagrar lo antes señalado, establece que el régimen jurídico de los servicios públicos será el que fije la ley, y que éstos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares, pero que en todo caso, “el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”. En efecto, para la prestación de los servicios públicos se permite la concurrencia tanto de particulares como del Estado, reservándose éste, en todo caso, la regulación, el control y la vigilancia de dicha actividad. Lo anterior, en consideración a que, según el artículo 334 Superior, la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, quien intervendrá, por mandato de la ley, en las áreas allí determinadas, entre ellas la relativa a los servicios públicos […]”
Como se mencionó, los servicios públicos, al ser uno de los pilares fundamentales de la sociedad, a través del tiempo se fue creando una serie de herramientas atribuidas a los usuarios para su efectiva aplicación, es por ello que la protección al consumidor se encuentra establecida desde la normativa superior y en el artículo 78 de la Constitución Política: “[…] la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización […]”.
De conformidad con el anterior precepto de rango constitucional, se concreta la protección a favor de los consumidores, creándose la SIC, órgano de carácter técnico especialmente dispuesto para funciones de vigilancia y control. Sin embargo, a través del Decreto 2153 de 1992, se le delegó a este órgano la competencia en materia de resolución de quejas y reclamos de los usuarios y consumidores de bienes y servicios:
“[…] Decreto 2153 de 1992.
Artículo 2 Funciones.
4. Velar por las disposiciones sobre protección al consumidor a que se refiere este decreto y dar trámite a las reclamaciones y quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad […]”
Pues bien, en el tema de imponer sanciones a las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil celular, el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 otorgó competencia a la SIC, como sigue: “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de inspección, vigilancia y control de los regímenes de libre y leal competencia en los servicios públicos no domiciliarios de comunicaciones…Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con los servicios públicos no domiciliarios de comunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores. Para tal efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio contará, en adición con las propias facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios […]”.
4.2. Análisis de la impugnación y caso concreto
4.2.1. Expedición irregular del acto y violación al debido proceso
Sostuvo la demandante que las sanciones de carácter pecuniario deben atender el procedimiento aplicable, que para el caso de la protección y/o consumidores del servicio de telecomunicaciones no domiciliarios “no era otro que el contenido en los artículos 106 a 115 de la Ley 142 de 1994” y no el procedimiento que aplicó la SIC contenido en el Código Contencioso Administrativo.
Al respecto la norma que trajo a colación el actor señala lo siguiente:
“[…] Ley 142 de 1994
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
“CAPÍTULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTOS UNILATERALES
Artículo 106. Aplicación. Las reglas de este capítulo se aplicarán en todos aquellos procedimientos de las autoridades que tengan el propósito de producir los actos administrativos unilaterales a que dé origen el cumplimiento de la presente Ley, y que no hayan sido objeto de normas especiales.
Artículo 107. Citaciones y comunicaciones. La citación o comunicación se entenderá cumplida al cabo del décimo día siguiente a aquel en que haya sido puesta al correo, si ese fue el medio escogido para hacerla, y si el citado tuviere domicilio en el país; si lo tuviere en el exterior, se entenderá cumplida al cabo del vigésimo día. Las publicaciones se entenderán surtidas al cabo del día siguiente a aquel en que se hacen. La citación o comunicación podrá hacerse, también, verbalmente, o por la entrega de un escrito, de todo lo cual se dejará constancia.
Artículo 108. Período probatorio. Dentro del mes siguiente al día en que se haga la primera de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído a los interesados, si existen diferencias de información o de apreciación sobre aspectos que requieren conocimientos especializados, la autoridad decretará las pruebas a que haya lugar.
Artículo 109. Funcionario para la práctica de pruebas y decisión de recursos. Al practicar pruebas, las funciones que corresponderían al juez en un proceso civil las cumplirá la autoridad, o la persona que acuerden la autoridad y el interesado; o cuando parezca indispensable para garantizar la imparcialidad y el debido proceso y el interesado lo solicite, la que designe o contrate para el efecto el Superintendente de Servicios Públicos. Este, a su vez, podrá designar o contratar otra autoridad o persona para que cumpla las funciones que en este capítulo se le atribuyen.
Los honorarios de cada auxiliar de la administración se definirán ciñéndose a lo que éste demuestre que gana en actividades similares, y serán cubiertos por partes iguales entre la autoridad y quien pidió la prueba, al término de tres días siguientes a la posesión del auxiliar, o al finalizar su trabajo, según se acuerde; el Superintendente sancionará a los morosos, y el auxiliar no estará obligado a prestar sus servicios mientras no se cancelen. Si la prueba la decretó, de oficio, la autoridad, ella asumirá su valor.
Artículo 110. Impedimento y recusaciones. Cuando haya lugar a impedimentos y recusaciones y la persona que los declare o contra quien se formulen no tenga superior jerárquico inmediato, el Superintendente de Servicios Públicos asumirá las funciones que el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo atribuye al superior inmediato. Si el Superintendente se declarare impedido o fuere recusado, la persona que designe el Presidente de la República asumirá sus funciones.
Artículo 111. Oportunidad para decidir. La decisión que ponga fin a las actuaciones administrativas deberá tomarse dentro de los cinco meses siguientes al día en el que se haya hecho la primera de las citaciones o publicaciones de que trata el artículo 108 de la presente Ley.
Artículo 112. Notificaciones. La autoridad podrá contratar con empresas especializadas, de reconocida seriedad, que ofrezcan póliza de cumplimiento, para que hagan las notificaciones de los actos administrativos a que se refiere esta Ley.
Artículo 113. Recursos contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones administrativas. Salvo esta Ley disponga otra cosa, contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los ministros, del Superintendente de Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación o publicación.
Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.
Durante el trámite de los recursos pueden completarse las pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar.
Artículo 114. Presentaciones personales. No será necesaria la presentación personal del interesado para hacer las peticiones o interponer los recursos, ni para su trámite.
Artículo 115. Procedimientos con el Superintendente de Servicios Públicos. Cuando la autoridad que adelante el procedimiento administrativo sea el Superintendente de Servicios Públicos, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ejercerá, respecto de éste, aquellas funciones y facultades que en este capítulo se le confieren al Superintendente para garantizar la imparcialidad de los procedimientos que adelantan otras autoridades […]”
La Sala precisa que la protección de los suscriptores, usuarios y consumidores de los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones se encuentra atribuida a la SIC, en especial las conferidas por el Decreto 2153 de 1992, artículo 40 del Decreto 1130 de 1999, en arreglo a los postulados de la Ley 142 de 1994.
En efecto, el Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor de la SIC expidió las resoluciones reseñadas en el acápite de antecedentes, en las que impuso multa monetaria a la empresa demandante, en razón a que encontró que la sociedad de telecomunicaciones no atendió de forma oportuna y adecuada los requerimientos presentados por sus suscriptores, lo cual se encuentra demostrado en las actuaciones administrativas surtidas.
En virtud de lo anterior, el Decreto 2153 de 1992, en su artículo 2º, delegó a la SIC la competencia en materia de resolución de quejas y reclamos de los usuarios y consumidores de bienes y servicios, así:
“[…] Decreto 2153 de 1992
Artículo 2. Funciones.
(…)
4. Velar por las disposiciones sobre protección al consumidor a que se refiere este decreto y dar trámite a las reclamaciones y quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
La Sala considera que la SIC no incurrió en ninguna equivocación al aplicar el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 que la faculta, en relación con los servicios públicos no domiciliarios de telecomunicaciones, para proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores, otorgándole para el efecto, en adición a las propias, las facultades previstas para la SSPD, tal como lo prevé dicha norma, así:
“[…] CAPÍTULO VI. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS- ARTÍCULO 40. La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de inspección, vigilancia y control de los regímenes de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios de comunicaciones. En tal calidad, la Superintendencia aplicará y velará por la observancia de las disposiciones contenidas en la ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 256 de 1996, contando para ello con sus facultades ordinarias y siguiendo para el efecto el procedimiento general aplicable, sin perjuicio de las atribuciones regulatorias de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión. Igualmente, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio y en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores. Para el efecto, la Superintendencia, contará, en adición a las propias, con las facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
De las normas que facultan a la SIC para proteger a los usuarios de los servicios públicos no domiciliarios de telecomunicaciones, en ninguna de ellas se establece un procedimiento para la imposición de sanciones, sin embargo, se concluye que este debe ser el señalado por el artículo 54 del Decreto 2153 de 1992, que en materia de procedimientos estableció:
“[…] ARTÍCULO 54. PROCEDIMIENTOS. Sin perjuicio de las disposiciones especiales en mataría de propiedad industrial y lo previsto en el presente Decreto, las actuaciones que adelante la Superintendencia de Industria y Comercio se tramitarán de acuerdo con los principios y el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo.[…]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Advierte la Sala que ningún otro cuerpo normativo consagra un procedimiento especial y prevalente para el trámite sancionatorio por parte de la SIC a los operadores de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones, que para el caso bajo estudio consiste en el servicio de comunicación personal.
En ese orden, fue acertada la actuación de la SIC al aplicar lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, y no el trámite especial establecido en los artículos 106 a 115 de la Ley 142 de 1994 como lo pretende la demandante, pues de la lectura de ellos se concluye que el procedimiento allí establecido no es aplicable a la empresa prestadora del servicio público no domiciliario de PCS; por ello la SIC en desarrollo de sus facultades previstas en el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999, desplegó correctamente, en el presente caso, las respectivas investigaciones bajo el procedimiento administrativo general determinado en el C.C.A., tal como se lo imponía el artículo 54 del Decreto 2153 de 2002.
Lo anterior es una posición reiterada por esta Corporación, la que en varios pronunciamientos ha advertido que al no existir un procedimiento especial para que la SIC desarrolle las gestiones de protección a los usuarios de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones, debe acudirse a lo dispuesto en el pluricitado artículo 54 del Decreto 2453 de 1992, por lo que esta Sala lo prohíja y reafirma en el sub judice:
“[…] 3.1. Respecto de la violación del debido proceso la Sala considera que la Superintendencia de Industria y Comercio no erró al aplicar el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 que la faculta, en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, para proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores, otorgándole para el efecto, en adición a las propias, las facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Encuentra también la Sala que, al no haberse dispuesto un procedimiento especial para que la Superintendencia de Industria y Comercio, ejerciera en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones la función de proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores, es evidente que debía acudirse a lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto 2153 de 1992, que en materia de procedimientos estableció que “Sin perjuicio de las disposiciones especiales en materia de propiedad industrial y lo previsto en el presente Decreto, las actuaciones que adelante la Superintendencia de Industria y Comercio se tramitarán de acuerdo con los principios y el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo” […]” (Negrillas por fuera de texto).
Ahora bien, sin perjuicio de la claridad en torno al trámite ejecutado por la SIC, en los términos anteriormente expuestos, lo cierto es que la Sala pudo constatar que en todos los 217 trámites surtidos ante la administración fueron efectivamente desarrolladas las instancias con arreglo al debido proceso y en garantía de los sujetos procesales, usuario o suscriptores y COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P.
Estima la Sala que no existe violación del debido proceso por parte de la demandada, pues se encuentra evidenciado dentro del plenario y reiterado por el a quo, que la SIC inició la respectiva investigación administrativa en contra de la demandante, donde se le requirió para que allegara sus explicaciones del caso, que posteriormente la SIC finalizó la actuación administrativa con la expedición de un acto administrativo por cada caso con sanción monetaria, al evidenciar la no atención oportuna de la empresa de telecomunicaciones respecto de las peticiones, quejas y reclamos presentados por sus usuarios.
En ese orden, sí se requirió a la empresa de telecomunicaciones para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, pero del material probatorio allegado, la SIC evidenció el incumplimiento a dichos requerimientos y consecuentemente impuso la sanción en cada caso. Por todo lo anterior, el cargo no prospera y se confirmará la decisión de primera instancia.
4.2.2. Violación indirecta de la ley al desconocer la correcta hermenéutica jurídica
Expresó la demandante que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en el ámbito de las telecomunicaciones y en el caso específico de los servicios de comunicaciones personal, posee amplias facultades regulatorias, por lo que a su juicio, es únicamente la Comisión quien le corresponde fijar el régimen de protección al usuario, “[…] siendo de su resorte establecer de forma expresa la aplicación del silencio administrativo positivo para las PQR presentadas por los usuarios, consumidores y/o suscriptores de los servicios No domiciliarios de telecomunicaciones […]”.
Insistió en los mismos argumentos expuestos en su demanda inicial, pero arguyó una circunstancia nueva según la cual, la Resolución Nro. 1732 de 2007, proferida por Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, fue la que de manera “expresa e inequívoca” estableció la figura del silencio administrativo positivo, y que “aquella norma comenzó a regir a partir de su publicación, es decir a partir del 17 de septiembre de 2007 y los actos acusados son anteriores en el tiempo, por lo que no le es aplicable dicha disposición”; la Sala advierte que ahondará en el estudio del cargo, exluyendo para los efectos, la argumentación novedosa incluida en la apelación, que no hizo parte de la vertida en la demanda inicial.
En este punto se reitera que el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 otorgó a la SIC, respecto de los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones, las mismas facultades conferidas a la SSPD, como son las previstas en la Ley 142 de 1994, normativa donde se consagró el silencio administrativo positivo en el artículo 158:
“[…] Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicio la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Esta norma, en sentir de la Corte Constitucional, fue subrogada por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, aunque verídico es que subsisten dos textos que lejos de oponerse, lo que hacen es complementarse entre sí:
“[…] CAPÍTULO IX
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Superintendencia de Servicios Públicos.
Artículo 123º.- Ámbito de la aplicación de la figura del silencio Administrativo Positivo, contenida en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto.
Parágrafo.- Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de "petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuarios. […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Como vimos, se estableció que a la SIC le corresponde en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores, contando para el efecto, en adición a las propias, con las facultades previstas para la SSPD. Es así como a la SIC se le otorgaron estas facultades y su deber es de atenderlas en su integridad.
Ahora, en la Circular Externa Nro. 03 de febrero 4 de 2000, proferida por la SIC, se aclaró que los operadores de telefonía móvil celular y demás servicios públicos no domiciliarios de comunicaciones, deberán tramitar las peticiones, quejas y reclamos que les sean presentados directamente por los interesados o remitidos por esta Superintendencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VII del Título VIII de la Ley 142 de 1994 y las normas que lo modifiquen o adicionen, y que igualmente, conforme con las disposiciones de la Ley 142 de 1994 antes indicadas, operará el silencio administrativo positivo cuando no sean respondidas en la oportunidad legal.
En este orden de ideas es claro que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, que señala que la empresa responderá las peticiones, quejas, reclamos y recursos, indica que dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y una vez pasado este, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que la petición, reclamo o recurso ha sido resuelto en forma favorable a él.
Este también aplica para los servicios de telefonía móvil celular, por cuanto la remisión a las facultades se hizo sin ninguna clase de restricción, en razón de que las excepciones en derecho deben ser taxativas y la norma no consagra excepción alguna para el caso aquí discutido, luego entonces se observa que quedó comprendido en los efectos jurídicos irradiados por dicha norma.
Por lo anterior no es de recibo los argumentos expuestos por el actor en recurso de alzada donde indicó que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en el ámbito de telecomunicaciones, es la única que le corresponde fijar el régimen de protección al usuario, pues como se expuso en líneas precedentes, la regulación y protección de los usuarios de telecomunicaciones, no solo se limita al servicio público domiciliario sino también la misma se hace extensiva a los usuarios de telefonía móvil celular y su configuración extensiva del silencio administrativo positivo, lo cual recae en la competencia de la SIC.
Ello permite a la Sala concluir que no existió una interpretación errónea de la norma en comento, pues la aplicación normativa adoptada por la SIC se ajustó a los postulados garantistas de idoneidad y calidad del servicio que deben prestar los operadores de telecomunicaciones, que al existir el incumplimiento de dichas condiciones da lugar a la responsabilidad del prestador del servicio y consecuentemente al derecho del usuario a obtener una decisión favorable las peticiones, quejas o reclamos que no se resolvieron oportunamente.
4.2.3. Violación al principio de la confianza legítima
El juez de primera instancia manifestó que no contaba con los elementos de juicio que permitieran establecer el desconocimiento de dicho principio por cuanto no se aportaron las resoluciones que decidieron hechos similares a favor de la parte actora, quien en sede de apelación expresó que el Tribunal al inhibirse de decidir de fondo el cargo propuesto, desconoció flagrantemente la prohibición legal de emitir fallos inhibitorios negando el acceso a la administración de justicia, pues debió, en lugar de inhibirse sobre la decisión de fondo, decretar pruebas que le permitieran definirlo. Al respecto se limitó a enlistar 640 resoluciones, sin hacer relación a los supuestos de hecho referidos (folios 349 a 352).
La sociedad de telecomunicaciones alegó que la SIC con la expedición de la Resolución Nro. 13471 de 2006, cambió su posición doctrinal en el sentido de sancionar a COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., pues a su juicio, en eventos análogos y precedentes había tomado la decisión de revocar dichas actuaciones, por haberse acreditado en forma previa la atención integral y favorable de las pretensiones de los usuarios.
Así las cosas, acerca del principio de confianza legítima, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:
“[…] la aplicación del principio de confianza legítima, presupone la existencia de expectativas serias y fundadas, cuya estructuración debe corresponder a actuaciones precedentes de la administración, que, a su vez, generen la convicción de estabilidad en el estadio anterior. Sin embargo, de ello no se puede concluir la intangibilidad e inmutabilidad de las relaciones jurídicas que originan expectativas para los administrados. Por el contrario, la interpretación del principio estudiado, debe efectuarse teniendo en cuenta que no se aplica a derechos adquiridos, sino respecto de situaciones jurídicas modificables, sin perder de vista que su alteración no puede suceder de forma abrupta e intempestiva, exigiéndose por tanto, de la administración, la adopción de medidas para que el cambio ocurra de la manera menos traumática para el afectado […]” (Negrillas por fuera de texto).
Por su parte, esta Corporación al respecto ha señalado lo siguiente:
“[…] El principio - regla de confianza legítima se manifiesta en situaciones donde la expectativa de un sujeto por la conducta de otro genera un grado de confianza, sinceridad, seriedad y veracidad, ocasionando una protección legal y constitucional y confiando de buena fe que no varíen las circunstancias que lo rodean, así otorga al ciudadano el derecho a prever y ordenar su trayectoria de vida y sus negocios, con un mínimo de estabilidad institucional, en un marco donde no cambian sus circunstancias con relación al Estado.
Tiene como fin garantizar la confianza que se predica de la fuerza vinculante de la manifestación de la voluntad, y en general de cualquier comportamiento voluntario o involuntario interesado en producir efectos jurídicos entre particulares o entre el Estado y sus asociados […]” (Negrillas por fuera de texto).
Visto lo anterior, esta Sala pone de presente que el principio abordado no tiene un carácter indefinido, es decir, no genera derechos adquiridos, pétreos y consumados per se, ya que su vigencia está condicionada a cada supuesto de hecho y a las circunstancias jurídicas que lo rodean.
En efecto, la SIC en la Resolución Nro. 13471 de 2006, frente al tema señaló lo siguiente:
“[…] El hecho de que en algunas oportunidades esta entidad no haya hecho uso de la misma, bien por tratarse de casos en los que había adelantado una actuación administrativa por los mismos hechos o bien porque una vez adelantada la actuación respectiva decidió no imponer una sanción pecuniaria, no «la inhabilita para hacerlo cuando considere que las circunstancias del caso lo ameritan»
Bajo el anterior entendido, no es procedente el argumento esgrimido por la libelista dirigido a desvirtuar la procedencia de las sanciones impuestas a COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P., pues como se expuso líneas atrás, si dentro de un actuación administrativa adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determina que un operador de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones no respondió una queja elevada por alguno de sus usuarios, esta entidad se encuentra plenamente facultada para sancionar al operador incumplido, con fundamento –se insiste– en lo previsto en el numeral 25 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
De lo señalado por la parte actora respecto de la decisión adoptada por el juez de primera instancia en relación al cargo propuesto y a la negativa de decretar pruebas para que con ocasión de ello, en palabras de la demandante, “le permitieran definir en cargo”, se tiene que si bien el actor señaló en su escrito de alzada que mostró 640 resoluciones emitidas por la SIC, supuestamente a su favor, lo cierto es que, bajo la perspectiva propuesta por este y una vez revisados el escrito demandatorio, el recurso de alzada, así como el material probatorio allegado a este proceso, se vislumbra que no fueron aportadas las copias de los actos que a su juicio le eran favorables, por contener los mismos supuestos de hecho esgrimidos en el sub lite.
No obstante, y aun contando con dicha documentación en el expediente, la Sala encuentra que no resulta procedente que en el marco del litigio de la referencia, se entren a examinar los fundamentos fácticos y jurídicos que la SIC aplicó en procedimientos administrativos sancionatorios surtidos en escenarios distintos al actual, con una sanción que si bien pudo tener similitudes en sus normas fundacionales, así como en los hechos y circunstancias que la rodearon, lo cierto es que la función del Juez dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se circunscribe a verificar la legalidad de los actos administrativos acusados, que no a comparar que su fundamentación sea igual o similar a la de otros expedidos por la misma autoridad administrativa; pero además, como quedó demostrado, en el presente caso tales actos surgieron conforme a derecho, sin que sea dable oponérsele otro tipo de decisiones administrativas.
En el evento de que la Administración hubiera cometido un yerro en el análisis de otra actuación administrativa, ello no implica que deba persistir en el error en las restantes actuaciones que adelante, ni mucho menos que ello, per se, implique exonerar de responsabilidad a quien en determinado proceso se le haya demostrado haber incurrido en las conductas que dieron lugar a la sanción impuesta.
No se puede precisar que en el presente caso se haya violado el derecho a la confianza legítima por la razón adicional de que las decisiones expedidas por la Administración no tienen el carácter de precedente que trata la actora de otorgarles, así las circunstancias de modo, tiempo y lugar resulten similares o no, pero más aún porque la interpretación y aplicación dadas por la entidad demandada al incumplimiento de la obligación de contestar oportunamente los requerimientos de sus usuarios, se ajustan al contenido del mismo y a los principios que rigen los procedimientos sancionatorios en materia de telecomunicaciones. Por tales razones, tampoco es procedente este cargo impugnatorio.
4.2.4. Yerro jurídico en que incurrió la SIC con la expedición de las resoluciones demandadas
Advirtió el actor de los yerros que fueron cometidos por el a quo en los siguientes doce (12) casos puntuales:
Nº
Expediente
Quejoso
Res.
Fecha
Sanción
1
06000916
SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS DAMA
2226
02/02/2006
$2.040.000
2
05095937
RAMÍREZ TOLOSA MARTHA LUCIA
35264
26/12/2005
$1.907.500
3
05108899
EDUARDO SANTOS
532
18/12/2005
$2.040.000
4
05007548
RUEDA MEDINA DEOTIMA
2098
31/01/2006
$2.040.000
5
05063993
CONSUEGRA DE ACOSTA HUGO
2227
02/02/2006
$2.040.000
6
05093019
RICARUTE CORREA JOSÉ
2065
31/01/2006
$2.040.000
7
05099012
ARIAS RIVERA LUZ MARINA
3215
15/02/2006
$2.040.000
8
05079691
PADILLA DE ZABALETA LIGIA
2229
02/02/2006
$2.040.000
9
05089784
CORONADO PARRA LUIS JESÚS
2103
31/01/2006
$2.040.000
10
05102879
GUERRERO REGINO RAFAEL
4031
23/02/2006
$2.040.000
11
05055940
SANTAMARÍA ESMERAL WALTER
2093
31/01/2006
$2.040.000
12
05079688
DÍAZ CASTELLANOS YAMILE
2230
02/02/2006
$2.040.000
De estos doce (12) casos incluidos en el presente cargo, sostuvo frente a los siguientes tres (3):
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
1
06000916
SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS DAMA
2226
02/02/2006
$2.040.000
5
05063993
CONSUEGRA DE ACOSTA HUGO RAFAEL
2227
02/02/2006
$2.040.000
12
05079688
DIAZ CASTELLANOS YAMILE
2230
02/02/2006
$2.040.000
Que sí se proporcionó respuesta oportuna a los usuarios, para lo cual resaltó, que se dio contestación a los requerimientos de sus usuarios pero en el momento en que se emitió la sanción por parte de la SIC, ello no se valoró y en ese orden “[…] Lo que pasa por alto el juzgador de primera instancia es que al desatarse el recurso de reposición interpuesto oportunamente por mi representada, la respuesta efectiva no fue tenida en cuenta”, por lo que a su juicio, no es cierto que la acreditación de la respuesta se haya presentado en sede judicial como lo manifestó el Tribunal.
En este punto la Sala abordará el caso en particular, a efectos de comprobar si las respuestas a los usuarios por parte de la empresa de telecomunicaciones se otorgaron en sede administrativa y en término:
Se evidenció de los tres expedientes, que los quejosos presentaron petición, queja, reclamo o recurso, en el que solicitaban a la empresa de telecomunicaciones atender sus requerimientos. El Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor de la SIC, inició la investigación administrativa en contra de COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., por la presunta configuración del silencio administrativo positivo respecto de las peticiones radicadas. Con ocasión de lo anterior, la SIC informó al presidente de COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. que se habían iniciado las correspondientes actuaciones administrativas, en consecuencia lo requirió para que rindiera las explicaciones del caso, otorgándole un término prudencial para que allegara sus argumentos de defensa.
Cumplido el término mencionado, la demandante no se pronunció frente a los requerimientos de la SIC, por lo que en las Resoluciones Nros. 2226 (folios 114 a 116 del expediente anexado), 2227 (folios 56 a 61 del expediente anexado) y 2230 (folios 40 a 42 del expediente anexado), todas de 2 de febrero de 2006, se decidió el trámite y se impuso a la empresa investigada multa, toda vez que no acreditó que había dado trámite a las peticiones elevadas por los usuarios. En efecto, en cada acto administrativo se indicó lo siguiente:
“[…] Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor León Darío Osorio Martínez, en su condición de presidente de la sociedad Colombia Móvil S.A. ESP., y Danilo Alfredo Narváez Lozano, representante legal Sindama, en calidad de quejoso (a) entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Delgado para la protección del consumidor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación […]”.
“[…] Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor León Darío Osorio Martínez, en su condición de presidente de la sociedad Colombia Móvil S.A. ESP., y a Hugo Rafael Consuegra De Acosta, en calidad de quejoso (a) entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Delgado para la protección del consumidor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación […]”.
“[…] Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor León Darío Osorio Martínez, en su condición de presidente de la sociedad Colombia Móvil S.A. ESP., y a Yamile Díaz Castellanos, en calidad de quejoso (a) entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Delgado para la protección del consumidor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación […]”.
La Sala observó dentro de estos expedientes, que si bien COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. contestó el requerimiento de explicaciones, lo hizo de forma extemporánea cuando ya se había proferido la penalidad y nunca pudo desvirtuar el incumplimiento que se le achacó oportunamente, en consecuencia, los cargos y la sanción impuesta, tienen un fundamento jurídico y fáctico acertado, ya que se reitera, la demandante no se pronunció dentro de los términos de ley frente a las peticiones, por lo que se desconoció el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y, en consecuencia, dicha inobservancia generó la respectiva multa.
Pero además, se advierte en este punto, y en aras de la discusión, que si bien se presentaron los recursos de reposición, lo cierto es que también se allegaron de forma extemporánea, razón por la que a la SIC le era imposible atender los argumentos de defensa sobre la decisión de sanción ya adoptada. En ese orden, no son de recibo los argumentos del actor en su recurso de alzada, en cuanto a que la SIC no valoró los explicaciones expuestas al desatarse la reposición, por lo que como se mencionó, en los recursos de reposición en los que podía argumentar su defensa y mostrar que efectivamente atendió la petición del Sindicato de Trabajadores del Dama, Consuegra de Acosta Hugo Rafael y de Díaz Castellanos Yamile, los allegó pero solo hasta el 14 de marzo de 2006, una vez vencido el término para presentarlo.
Encuentra la Sala respecto de estos tres casos, que el yerro manifestado por COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., en su recurso de alzada, no existe, toda vez que el trámite se inició por la queja de unos de sus usuarios, donde la SIC comprobó que no se atendió oportunamente y en consecuencia procedía la aplicación del silencio administrativo positivo, manifestaciones frente a las que la empresa no se pronunció dentro de la oportunidad legal, por lo que la Superintendencia procedió a sancionarla.
Sobre el siguiente expediente, de los doce (12) referidos, la sociedad demandante adujo que el Tribunal señaló que era claro que los hechos que versaron sobre la sanción se ajustan a la realidad, pero no tuvo en cuenta el fallador de primera instancia que COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. sí había dado respuesta oportuna al quejoso arriba señalado; que al momento de computar los días que por ley tenía la empresa sancionada para contestar la petición queja o reclamo, se pasó por alto que el día lunes 10 de enero de 2005 no correspondía a un día hábil y por lo tanto la respuesta sí se había emitido en término:
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
4
050007548
RUEDA MEDINA DEOTIMA
2098
31/01/2006
$2.040.000
Al respecto, como se anotó, el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 señaló lo siguiente:
“[…] Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicio la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él [...]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Del contexto del expediente cuestionado, la Sala tiene que la señora Rueda Medina presentó reclamación ante Telecom el 24 de octubre de 2004, petición frente a la cual la operadora en mención le informó, el día 8 de noviembre de 2004, que el cobro no era por errores atribuibles a esa empresa, por lo que dio traslado a COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. (folio 5-6 del expediente anexado), entidad que en comunicación remitida a la quejosa el día 17 de noviembre de 2004, le reiteró, en síntesis, que las llamadas sí habían sido realizadas desde su teléfono (folio 4 del expediente anexado). En contra de las decisiones mencionadas, la interesada presentó recurso de reposición y en subsidio apelación el 21 de diciembre de 2004 (folio 13 del expediente anexado), el que fue trasladado por Telecom el 7 de enero de 2005 a la demandada COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. (folio 12 del expediente anexado) y resuelto el día 28 de enero de 2005 (folio 2 del expediente anexado).
La SIC, no obstante, inició la actuación administrativa sancionatoria, en la que advirtió que no se había atendido el recurso de reposición presentado el 21 de diciembre de 2004, ordenando dar traslado a la empresa para que rindiera las explicaciones del caso; en efecto, en la orden indicó “para atender el presente requerimiento se estima razonable un plazo que vence el día 07 DE DICIEMBRE DE 2005” (folios 18 y 19 expediente anexado), plazo dentro del cual, COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., se pronunció oportunamente el último día, informando que sí había dado trámite oportuno al referido recurso, respuesta que le fue notificada el día 28 de enero de 2005, confirmándole que no precedía la petición de negación de llamadas desde su fijo, debido a que se encontraron registradas en la plataforma (folio 20 del expediente anexado).
Revisado el material probatorio y una vez observado el calendario correspondiente al año 2005, la Sala encuentra que el día lunes 10 de enero de 2005 sí correspondió a un día festivo, por lo cual al computar los días que tenía la sociedad demandante para responder en término, efectivamente estos se cumplieron el día 28 de enero de 2005, día en el que se evidenció que la empresa sancionada sí resolvió el recurso de reposición en tiempo a través de oficio 02-1517415081 de 28 de enero de 2005, suscrito por el Vicepresidente de Clientes de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (folio 2 del expediente anexado), con guía de ENVÍA Nro. 0148321378 de la misma fecha (folio 27 del expediente anexado) dirigido a la misma dirección registrada por la cliente señora Diotina Rueda Medina (Calle 61A #87F-33 Sur, barrio La Esmeralda, Bosa).
Así las cosas, esta Sala estima que en el cargo que corresponde al radicado 050007548, en donde actuó como quejosa la señora Deotima Rueda Medina, contrario a lo determinado por la SIC y a lo decidido por el Tribunal, no se configuró el silencio administrativo positivo, por cuanto se evidenció del material probatorio allegado a este plenario, que la respuesta al recurso de reposición sí se otorgó en los términos de ley. El a quo pasó por alto que al contabilizar los días, uno de ellos no era hábil, razón por la cual, como se mencionó en líneas precedentes, el día 10 de enero de 2005 no se debía computar para la configuración del silencio administrativo positivo y la oportunidad para resolverlo, como en efecto se hizo, venció el día 28 de enero de 2005.
Por lo anterior se concluye que el cargo bajo estudio está llamado a prosperar, por lo que la Sala declarará la nulidad de la Resolución Nro. 2098 de 31 de enero de 2006, así como lo pertinente de la Resolución Nro. 13471 de 26 de mayo de 2006, en lo que a aquella se refiere, y como consecuencia de ello, ordenará el restablecimiento del derecho de la actora mediante el reintegro de lo cancelado por concepto de la multa impuesta a través del respectivo acto anulado.
Por otra parte, de los siguientes casos (incluidos en los doce (12) referidos), señaló la demandante que se presentó arbitrariedad por cuanto la sanción impuesta a COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., se fundamentó en una figura jurídica que no existió, donde la atención oportuna se dio y aun así la SIC sancionó bajo el esquema del silencio administrativo positivo:
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES.
FECHA
SANCIÓN
• Nota
de la Sala:
2
05095937
RAMÍREZ TOLOSA MARTHA LUCIA
35264
26/12/2005
$1.907.500
Anulada por el Tribunal
3
05108899
EDUARDO SANTOS
532
18/12/2005
$2.040.000
6
05093019
RICAURTE CORREA JOSÉ
2065
31/01/2006
$2.040.000
7
05099012
ARIAS RIVERA LUZ MARINA
3215
15/02/2006
$2.040.000
8
05079691
PADILLA DE ZABALETA LIGIA
2229
02/02/2006
$2.040.000
Anulada por el Tribunal
9
05089784
CORONADO PARRA LUIS JESÚS
2103
31/01/2006
$2.040.000
10
05102879
GUERRERO REGINO RAFAEL
4031
23/02/2006
$2.040.000
11
05055940
SANTAMARÍA ESMERAL WALTER
2093
31/01/2006
$2.040.000
Anulada por el Tribunal
Se observa que la empresa apelante, en su escrito de impugnación, relacionó para este cargo esas ocho (8) resoluciones sancionatorias, de las cuales, tres (3) de ellas, fueron las que precisamente anuló el a quo en la sentencia de 10 de diciembre de 2012, accediendo al único argumento relativo a la no configuración del silencio administrativo positivo en dichos casos, y denegando las pretensiones anulatorias, a su vez, frente a las restantes cinco (5) que aparecen discriminadas en este cuadro.
Por lo tanto, la Sala entrará a estudiar los argumentos vertidos en el presente cargo, en cuanto fueron formulados en contra de las resoluciones discriminadas y de las que la actora insiste en su nulidad, con exclusión de las tres (3) que ya fueron objeto de anulación judicial, esto es, las Resoluciones Nros. 35264 de 26 de diciembre de 2005, 2229 de 2 de febrero de 2006 y 2093 de 31 de enero de 2006, al devenir en inocuo e inane el recurso de alzada para los fines pretendidos en lo relativo a estas.
Para resolver lo anterior, se reitera que la figura del silencio administrativo positivo se configuró de acuerdo a las facultades que por remisión expresa hiciera la normas extensamente relacionadas en este capítulo de consideraciones, donde se enmarcaron las normas que dan la facultad a la SIC de las mismas atribuidas a la SSPD, en lo relacionado de telefonía móvil celular o PCS.
Por otro lado los doce (12) casos, bajo estos argumentos, hacen parte de las 217 resoluciones ya estudiadas en sede administrativa y que, sin embargo, para los mismos casos el Tribunal realizó lo pertinente de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente, por lo que en esta sede de alzada, la parte demandante no argumentó qué yerro cometió el juez de primera instancia, o con qué aspectos no está de acuerdo con la decisión del a quo, pues solo cuestionó, que a su juicio, no se configuró el silencio administrativo positivo, sin evacuar la carga demostrativa requerida para desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados.
Adicional a lo anterior, señaló que existió otro yerro por parte de la autoridad administrativa al declarar procedente acumular los recursos, pues para que ello ocurra es necesario que versen sobre los mismos supuestos fácticos y jurídicos que son necesarios en la acumulación de pretensiones y procesos.
Sobre lo anterior, no es un argumento válido para atacar los actos administrativos acusados, pues se comprobó que la solicitud de acumulación de recursos, en sede administrativa, lo efectuó la misma sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., sin que le sea dable argüirlo ahora, en lo que se evidencia como una contradicción argumentativa de la actora que tampoco se avizora con la entidad necesaria para viciar de nulidad las resoluciones demandadas. En esa oportunidad, la actora sustentó su solicitud de acumulación en que le era útil para: “[…] i) disminuir el número de peticiones, quejas, reclamos o recursos de reposición, en adelante PQRs, no atendidos oportuniamente; ii) reducir el número de PQRs que presenten sus usuarios o suscriptores; y iii) efectuar mejoras operativas para la atención de PQRs […]”, e hizo referencia, además, al plan de mejoramiento que el operador tenía previsto ejecutar durante el año 2006, con el objetivo de alcanzar las metas antes mencionadas.
Sin embargo, resulta imperioso compartir y prohijar la decisión que tomó el Tribunal en este punto: “[…] advierte la Sala que en el caso, la acumulación del expediente en estudio, está totalmente ajustado, ya que se trataba de una acumulación de sanción, por la materialización del silencio administrativo positivo, por lo tanto el yerro invocado no está llamado a prosperar […]”.
Ello, además, se encuentra acorde y permanece en consonancia con lo previsto en el artículo 29 del C.C.A., así:
“[…] CAPÍTULO VIII.
NORMAS COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES
ARTÍCULO 29. FORMACIÓN Y EXAMEN DE EXPEDIENTES. Cuando hubiere documentos relacionados con una misma actuación o con actuaciones que tengan el mismo efecto, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias.
Si los documentos se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en aquella en que se inició primero una actuación. Si alguna se opone podrá acudiese, sin más trámite, al proceso de definición de competencias.
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, y de obtener copias y certificaciones sobre los mismos, que se entregarán en plazo no mayor de tres (3) días. Con los documentos que, por mandato de la Constitución Política o de la ley, tengan carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno separado […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
En el caso concreto, la Sala evidencia que la totalidad de las actuaciones tenían el mismo efecto sancionador con multa, a causa del hecho común de no haber atendido oportunamente las peticiones quejas, reclamos y recursos interpuestos por los usuarios de telecomunicaciones arriba discriminados, las cuales, además, guardaban entre sí una relación íntima lo suficientemente demostrada, que permitía su acumulación en aras de evitar decisiones contradictorias de haberse tramitado de forma independiente y, por demás, antieconómica e ineficaz.
Así las cosas, de lo que manifestó la parte demandante la Sala no encuentra ningún yerro por parte del Tribunal en la providencia apelada.
4.2.4.1. Cargo de la apelación adhesiva elevada por la SIC. Para este fin, se observa que la SIC pretende la revocatoria de la sentencia del Tribunal, en lo relacionado con la nulidad decretada de las Resoluciones Nros. 35264 de 26 de diciembre de 2005, 2229 de 2 de febrero de 2006 y 2093 de 31 de enero de 2006, por cuanto, bajo sus consideraciones, estas deben mantener su legalidad, al haber sido expedidas conforme a la Ley, carentes del vicio advertido por el a quo.
La referida apelación adhesiva fue formulada en contra de los numerales “PRIMERO”, “SEGUNDO” y “TERCERO” de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en los que se resolvió lo siguiente:
"[…] PRIMERO: DECLÁRESE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES (i) 35264 de 26 de diciembre de 2005, (ii) 2229 de 2 de febrero de 2006 y (iii) 2093 de 31 de enero de 2006, con fundamento en lo expuesto en el acápite respectivo de cada radicado.
SEGUNDO: DECLÁRESE LA NULIDAD PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN 13471 de 26 de mayo de 2006, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, en lo que tiene que ver con las resoluciones cuya nulidad se declara, con fundamento en la parte motiva de cada caso.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, reintegrar a la Compañía Móvil S. A. E. S. P., lo cancelado por concepto de multa impuesta por las Resoluciones N ° (i) 35264 de 26 de diciembre de 2005, (ii) 2229 de 2 de febrero de 2006 y (iii) 2093 de 31 de enero de 2006 […]”.
Se sustentó este recurso de apelación por adhesiva con fundamento en el artículo 353 de Código de Procedimiento Civil que señala:
“[…] ARTÍCULO 353. APELACIÓN ADHESIVA. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 171 del Decreto 2282 de 1989>. El nuevo texto es el siguiente: La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del término para alegar.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Tratándose del recurso de apelación por adhesiva, la norma extendió a la parte que dejó vencer el término con que contaba para apelar de manera principal, la posibilidad de hacerlo luego bajo unos precisos requisitos procesales. Esta Corporación ha señalado en lo particular lo siguiente:
“[…] Sin embargo, antes de considerar esta situación es necesario precisar el alcance de esta forma de apelación. Esta figura está regulada en el art. 353 CPC, el cual aplica, por analogía -a falta de norma especial en el CCA-, a los procesos que se surten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los elementos que configuran esta institución son los siguientes: En primer lugar, se parte del supuesto de que quien no apeló puede hacerlo de manera adhesiva. Esta norma, desde luego, hace referencia a que la parte no haya apelado de manera principal, pues es claro que el apelante adhesivo también es un recurrente, es decir, que también impugna la sentencia, sólo que lo hace en una calidad diferente, y es a ello a lo que se refiere la norma. Esta posibilidad resulta bastante exótica, en principio, pues se tiene como punto de partida que a la parte se le venció el término con que contaba para apelar la sentencia, no obstante lo cual la ley procesal le permite hacerlo, bajo una calidad muy particular: en forma adhesiva.
Esta alternativa supone, a su vez, que la sola voluntad de la parte de apelar es lo que determina esta posibilidad. Es decir, que a ello no puede oponerse, de manera directa, quien hubiere apelado de manera principal, pues su criterio no determina la validez de esta forma de impugnación. No obstante, también cabe decir, dentro de esta primera idea caracterizadora de la figura, que de ella no puede hacer uso la parte que hubiere apelado de manera principal, pero que olvidó cuestionar algún punto que sí puso en conocimiento otro apelante principal. La razón es obvia, no se puede ser apelante principal y, a la vez, apelante adhesivo de otro principal, por la sencilla razón de que la norma dispone que esta condición sólo la puede tener “la parte que no apeló…” (art. 353 CPC).
En segundo lugar, la adhesión puede hacerse a cualquiera de los recursos de apelación interpuesto por cualquiera de las partes del litigio. Es decir, que este recurso no tiene condicionada su procedencia a que se trate de uno de los extremos del proceso en particular -la parte actora o la demandada-, como sí ocurrió antes de la reforma introducida al art. 353 CPC. En efecto, la norma vigente permite adherirse al recurso de cualquiera de las partes: a la contraria o a cualquier otra persona que conforme la misma parte; con la condición de que no haya apelado. La norma derogada, en cambio, sólo permitía adherirse al recurso interpuesto por la “parte contraria”.
En tercer lugar, este recurso es dependiente del principal, en varios sentidos -de ahí el nombre de “adhesión”; pues sólo puede presentarse en tanto alguna de las partes hubiere apelado. En otras palabras, no existe apelación adhesiva sin apelante principal. La razón es lógica, pues no se estaría adhiriendo a nada. Esta característica alcanza un nivel más profundo del recurso, la cual se infiere, por interpretación, de la norma citada. Se trata de que el apelante adhesivo no tiene la posibilidad de sustentar el recurso, de manera que, en principio, queda atado a las razones o argumentos expuestos por el apelante principal. Sin embargo, este aspecto tiene un sentido positivo, desde la perspectiva de que se trata de una posibilidad extrema que la ley procesal concede a quien no apeló en tiempo, de manera que le permite adherirse, pura y simplemente, lo cual constituye una oportunidad valiosa que se ofrece a una parte para sacar provecho de una posibilidad que cada quien debe evaluar en el caso concreto. Esta cualidad, la de ser un recurso dependiente, también se resalta, finalmente, por lo que expresa el inciso segundo del artículo citado, pues allí se dispone que “La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.” Esto muestra que su acto procesal carece de la autonomía que tiene el apelante principal, quien sólo depende de su propia voluntad para mantener en el proceso su vocación impugnatoria.
En cuarto lugar, de esta forma de apelación puede hacerse uso ante el juez que profirió la sentencia, mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del plazo para alegar. Se trata de una oportunidad sumamente amplia en el tiempo, pues es sabido que el término para alegar, ante la justicia administrativa, es la etapa inmediatamente anterior a la del fallo, de manera que se trata de un considerable lapso que se concede a quien, por cualquier razón, no haya apelado de manera principal.
En quinto lugar, la norma dispone que la apelación adhesiva se entiende interpuesta “…en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable…”. Este aspecto de la norma es más problemático de analizar, porque requiere una interpretación adecuada para que la figura adquiera sentido.
Una primera interpretación podría sugerir que al apelante adhesivo se le estudia todo lo que le fuere desfavorable de la sentencia, siempre que quepa dentro del recurso de apelación principal, al cual ha adherido.
Otra interpretación entendería que por el sólo hecho de apelar, en forma adhesiva, el recurrente tiene derecho a que el ad quem le estudie todos los aspectos de la sentencia que le sean desfavorables. Esta postura cita en su defensa que la norma dispone, clara y expresamente, que la parte adhiere “… en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable…”.
Esta posición daría lugar a pensar que al apelante principal sólo se le pueden estudiar los puntos de su apelación, a pesar de ser la parte que cumplió con los términos para interponer el recurso; pero al apelante adhesivo, el que dejó vencer los términos, se le analizan todos los aspectos que le fueren desfavorables. En este sentido, este recurso se comportaría como una consulta en su favor, beneficiando al incumplido.
La Sala, advirtiendo los problemas hermenéuticos y lógicos que ofrece el artículo 353 CPC., y admitiendo que las dos posiciones planteadas tienen insuficiencias, aunque también arrojan análisis correctos en algunos aspectos, entiende que la apelación adhesiva comporta, para los efectos que en adelante se presenten sobre este tema, que el apelante adhesivo tiene derecho a que le estudien, sin limitaciones, la posición en que lo dejó la sentencia del a quo.
Este criterio se fundamenta en el propio art. 353 CPC, que dispone que el ad quem debe estudiar su situación “… en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable…”, es decir, que en relación con el apelante principal no opera el principio de la no reformatio in pejus, quien podría ver desmejorada su situación, por autorización expresa de esta norma, pues no otra interpretación se le puede dar al aparte citado. […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Visto lo anterior, se encuentra que no resulta procedente someter al estudio de la Sala, en sede de impugnación, la apelación adhesiva presentada por la SIC, por cuanto si bien estas tres resoluciones quedaron transcritas en los motivos de inconformidad de la impugnante principal, COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., pudiendo con ello obtener en principio una adhesión procesal, lo cierto es que tal como se pudo explicar antes, devino en inocuo el recurso de alzada en contra de estas (Resoluciones Nros. 35264 de 26 de diciembre de 2005, 2229 de 2 de febrero de 2006 y 2093 de 31 de enero de 2006), precisamente porque ya fue decretada su nulidad por el a quo en la sentencia de 10 de diciembre de 2012 -accediendo al único argumento relativo a la no configuración del silencio administrativo positivo en dichos casos-.
Por lo tanto, al no ser posible el estudio de ese cargo de la apelación principal de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., que procura ahora lo que ya fue obtenido en la sentencia recurrida (nulidad de los tres actos citados), la apelación adhesiva de la SIC y que es dependiente de aquella, sufre por la misma razón, iguales consecuencias procesales que impiden su estudio de fondo. Dadas las circunstancias advertidas y la decisión que en este sentido fue adoptada por la providencia impugnada, el escenario idóneo que le hubiere permitido a la SIC controvertir dicha decisión de anulación, lo era la interposición del recurso de apelación dentro de la oportunidad dispuesta para ello, lo que no ocurrió en el sub judice.
En los siguientes cuatro (4) casos expuestos, pertenecientes a los doce (12) anotados, el apelante expuso las razones por las cuales la decisión del a quo no lo encontró ajustada a derecho; en efecto, resaltó que el juez de primera instancia si bien comprobó que en dichos expedientes no atendían al nombre del real quejoso, no encuentra cabida a cómo no se declaró la nulidad de aquellas resoluciones:
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
1
05056791
LATORRE GONZALEZ MANUEL ARTURO
35269
26/12/2005
$1.907.500
2
05021944
MALAGON MORALES JUVER
626
19/01/2006
$2.040.000
3
05119216
DIAZ MARTINEZ LUCIANO
1466
27/01/2006
$2.040.000
4
05054576
GALARZA MARTINEZ LEON DARIO
1395
27/01/2006
$2.040.000
Frente lo anterior, una vez revisada cada actuación administrativa de las acá señaladas, se comprobó lo siguiente: para el expediente Nro. 05056791 se evidenció que en la actuación administrativa actuaron dos quejosos: Manuel Arturo Latorre González y Juan Manuel Latorre González; por su parte el Tribunal realizó el estudio detallado del trámite surtido ante la SIC y comprobó que la empresa de telecomunicaciones no contestó los derechos de petición presentados por los usuarios descritos, por lo que señaló en su decisión, que la sanción se encontraba ajustada a la normativa.
Para sustentar su decisión el Tribunal señaló lo siguiente:
“[…] De conformidad a los documentos citados, se tiene que la sanción que impuso la SIC, en este caso obedeció a la falta de respuesta emitida frente al derecho de petición que había presentado el señor Juan Manuel Latorre, el 13 de mayo de 2005 (F1. 77 anexo expediente), situación que fue puesta en conocimiento del ente sancionador por el requerimiento realizado por el quejoso y el señor Manuel Latorre el13 de julio (Fl. 1-2 cuaderno anexo).
Ahora bien, si bien los señores Juan Manuel Latorre y Manuel Latorre González actuaron como quejosos ante la SIC, la sanción obedeció a la queja de Juan Manuel, por Io que la actuación administrativa no es nula, ni existe confusión en cuanto a los sujetos, ya que en esta se encuentra plenamente identificado el peticionario, y ante la falta de respuesta a este se generó la sanción, al no haberse contestado su petición en los términos dispuestos en la Ley 142 de 1994 […]”
Para el expediente Nro. 05021944 se evidenció que en la actuación administrativa actuó como quejoso Juver Mogollón Morales; por su parte el Tribunal realizó el estudio detallado del trámite surtido ante la SIC y comprobó que la empresa de telecomunicaciones no contestó la queja presentada por el usuario descrito, por lo que señaló en su decisión que la sanción imputada se encontraba ajustada a la normativa.
Para sustentar su decisión el Tribunal señaló lo siguiente:
“[…] El Señor Juver Mogollón Morales, presentó queja ante la SIC el 16 de marzo de 2005, por facturaciones que le estaba realizando la Compañía Ola, con ocasión a Io anterior teniendo en cuenta que la entidad no se había pronunciado sobre la queja presentada por el usuario el 18 de noviembre de 2004, se dio inicio a la actuación administrativa y se requirió a la demandante para que se pronunciará sobre los hechos (Fl. 2-3 anexo expediente).
La SIC en Resolución de 626 de enero 19 de 2006, determinó que había operado el silencio administrativo positivo respecto de la petición que había radicado el señor Juver Mogollón Morales, ante la sociedad Colombia Móvil el 18 de noviembre de 2004 (FL. 19-21 anexo expediente).
Teniendo en cuenta los documentos aludidos, se encuentra que en el caso, no existe identificación errónea del quejoso, como Io manifiesta el demandante, ya que fue el señor Juver Mogollón Morales quien presentó la queja ante Ola e informó que no se le había contestado su petición ante la SIC, motivo por el que se sancionó a la Colombia Móvil, razón por la que se reitera en el expediente, no existe falencia alguna en el trámite del mismo y por lo tanto la resolución acusada no será anulada.[…]”
Para el expediente Nro. 05119216 se evidenció que en la actuación administrativa actuó como quejoso Limbano Luciano Díaz Martínez, por su parte el Tribunal realizó el estudio detallado del trámite surtido ante la SIC y comprobó que la empresa de telecomunicaciones no contestó la queja presentada por el usuario descrito, por lo que señaló en su decisión que la sanción imputada se encontraba ajustada a la normativa.
Para sustentar su decisión el Tribunal señaló lo siguiente:
“[…] De conformidad a los documentos aludidos, se encuentra que en el caso en estudio, no existe identificación errónea del quejoso, inexactitud alguna de las quejas o nombres de los peticionarios, como se indica en la demanda, ya que fue el señor Limbano Luciano Díaz Martínez, quien presentó la queja ante 0la y solicitó ante la SIC, se protegiera su derecho como consumidor, quejas que originaron posteriormente la sanción.
Conforme Io anterior, se advierte que en el presente caso, no se presenta yerro alguno en el trámite del expediente y por lo tanto la resolución atacada no será anulada […]”
Para el expediente Nro. 05054576 se evidenció que en la actuación administrativa actuó como quejoso Alfredo Santino Galarza Mozo y no como aparece arriba relacionado León Darío Galarza Martínez; sin embargo, en toda la actuación administrativa, quien efectivamente se presentó la queja corresponde al señor Alfredo Santino Galarza Mozo, en ese orden, el Tribunal realizó el estudio detallado del trámite surtido ante la SIC y comprobó que la empresa de telecomunicaciones no contestó la queja presentada por el usuario descrito, por lo que señaló en su decisión que la sanción imputada se encontraba ajustada a la normativa.
Para sustentar su decisión el Tribunal señaló lo siguiente:
“[…] En Resolución 1395 el ente de control determinó que había operado el silencio administrativo positivo frente a la petición radicada por el señor Alfredo Santino Galarza Mozo el 10 de diciembre de 2004 y en consecuencia impuso sanción (Fl. 80-82),
Cabe precisar que en la resolución que decidió el recurso de reposición No 13471 de 2006 (Fl. 145 anexo expediente), efectivamente se cita como quejoso en el presente asunto al señor Galarza Martínez León Dario, nombre que efectivamente no corresponde al quejoso del expediente en estudio, sin embargo a juicio de la Sala, dicha falencia obedece más a un error de carácter mecanográfico que a un yerro que anule la validez del trámite administrativo, cuando es claro que durante todo el trámite, tanto la demandante como la demandada, hicieron alusión al quejoso como Alfredo Santino Galarza Mozo, y solo existe la confusión en la decisión que resolvió la reposición, más no en el acto administrativo que decidió la actuación.
Conforme Io expuesto considera la sala, que la falencia aludida por la demandante, no tiene una connotación de tal carácter que imponga la obligación de anular las resoluciones acusadas, y por Io tanto, el cargo no está llamado a prosperar […]”.
En virtud de lo anterior considera la Sala, en cuanto a la falencia aludida por la demandante, que dichos argumentos no son válidos pues, como se indicó, revisado cada expediente se comprobó, una vez más, que el trámite surtido en sede administrativa sí correspondía a los nombres de los quejosos y no como lo afirmó la demandante, razón por la cual la decisión a la que arribó el Tribunal no se enmarca dentro de ningún yerro, y no afecta la legalidad y validez de las resoluciones acusadas, por lo que los cargos en relación con este aspecto no tienen vocación de prosperidad.
Con relación a la siguiente resolución, sostuvo la demandante que el juez de primera instancia indicó que no se había configurado yerro alguno en ella, por cuanto si bien en principio, de la solicitud de la señora Audrey Peña Peña se había ordenado el archivo mediante la Resolución 22184 de 2005, posteriormente con fundamento en la reposición de la quejosa, esa decisión se revocó e impuso sanción a COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. por medio de la Resolución Nro. 1285 de 2005:
Nº
EXPEDIENTE
QUEJOSO
RES
FECHA
SANCIÓN
88
05044511
PEÑA PEÑA AUDREY
1285
27/12/2005
$2.040.000
Por lo anterior resaltó la apelante que el yerro se presentó en el momento que se acumuló esa Resolución 1285 de 2006, pues había sido archivada previamente, acto administrativo que a su juicio con el que también se rompen los presupuestos fácticos y jurídicos con los que la SIC emitió la sanción a la compañía de telecomunicaciones.
Frente a este caso, se evidenció que la señora Audrey Peña Peña, el 10 de mayo de 2005, radicó petición ante la SIC, en la que solicitó se declarara el silencio administrativo positivo en contra de la empresa COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. Por lo anterior la SIC, en comunicación de 16 de mayo de 2005, requirió a la operadora de celular para que se pronunciara frente a la queja interpuesta por la señora Peña Peña. La demandante allegó la respuesta de la solitud de explicaciones el 13 de julio de 2005, y la SIC al evaluar sus descargos expidió la Resolución Nº 22184 de 9 de septiembre de 2005 en la que dispuso:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la presente actuación administrativa adelantada en contra de la sociedad Colombia Móvil S.A E.S.P, de acuerdo con lo expuesto en la anterior motivación.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor León Darío Osorio Martínez, en su condición de Presidente Encargado de la sociedad Colombia Móvil S.A E.S.P y a Audrey Peña Peña, en su calidad de quejosa (a), entregándoles copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. […]”
Contra la decisión en cita la quejosa presentó recurso de reposición el 22 de noviembre de 2005 (folios 63-64), reiterando que había operado el silencio administrativo positivo, frente a una solicitud radicada el 9 de abril de 2005, por lo que solicitaba revocar el acto de archivo. La reposición fue desatada el 27 de enero de 2006 mediante Resolución Nro. 1285 de 2006, en la que se decidió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Revocar integralmente la resolución Nº 22184 del 9 de septiembre de 2005, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva y, en consecuencia, ordenar al operador Colombia Móvil S.A E.S.P., atender favorablemente las pretensiones plasmadas en la petición, queja, reclamo, o recurso de reposición presentado por la señora Audrey Peña Peña el día 9 de abril de 2005, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer a la Sociedad Colombia Móvil S.A E.S.P., una sanción pecuniaria por la suma de dos millones cuarenta mil pesos ($2.040.000.oo), equivalentes a cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución […]”
COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., presentó reposición en contra la Resolución Nro. 1285 el 10 de marzo de 2006, la que fue confirmada en la Resolución Nro. 13471 de 26 mayo de 2006, que decidió de forma conjunta todas los recursos presentados.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se encuentra que en el presente caso, sí era procedente la acumulación del expediente Nº 05044511, a los demás radicados, ya que si bien en principio se había ordenado el archivo del mismo mediante Resolución 22184 de 9 de septiembre de 2005, posteriormente con fundamento en el recurso de reposición presentado por la quejosa, esa decisión fue revocada en la Resolución Nro. 1285 de 27 de enero 2006 que declaró la existencia del silencio administrativo positivo, y en consecuencia impuso sanción a la demandante; decisión que fue recurrida por COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., siendo confirmada al decidirse la reposición.
Visto lo anterior, advierte la Sala que no existió yerro alguno al momento de acumular la Resolución 1285 de 2006 a los demás recursos de reposición, ya que en ella también se sancionó a la sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., por el incumplimiento a uno de sus suscriptores por la configuración del silencio administrativo positivo, por lo tanto, tampoco existió omisión o yerro en este punto.
4.2.5. La dosimetría de la sanción impuesta
Indicó el actor, que le corresponde a las entidades administrativas, a la hora de imponer una determinada sanción, sea esta o no de carácter pecuniario, entrar a hacer un cotejo entre la gravedad de la falta y el contenido de la sanción donde exista una correlativa proporcionalidad entre una y otra. Esta censura no está llamada a prosperar por lo siguiente:
La inconformidad, en su trasfondo, lo que hizo fue basarse en que estaba mal ponderada la sanción cuantitativamente, en razón a las resoluciones frente a las cuales la parte actora deprecó su nulidad, lo cual sucedió pero en caso mínimo. Para efecto de dosificar las sanciones que puede imponer la SIC, se deben seguir los criterios establecidos en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, el cual dispone:
“[…] Artículo. 81. Sanciones. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que debe estar sujeta, según la naturaleza y la gravedad de la falta:
81.1. Amonestación.
81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén […]”.
Esta norma establece como criterios para imponer la sanción la naturaleza y gravedad de la falta, y para efecto de determinar la cuantía de la multa, cuando esta es la sanción a imponer, el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público y el factor de reincidencia.
Al examinar las resoluciones acusadas encuentra la Sala que la SIC sí hizo un análisis de razonabilidad y proporcionalidad para imponer la sanción, siguiendo además los criterios legales antes señalados. En ese orden, en la Resolución Nro. 3388 de 16 de febrero de 2006, verbigracia, se lee al respecto lo siguiente:
“[…] Que en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Superintendencia por el Decreto 2153 de 1992 y, en particular, por el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 en consonancia con la Ley 142 de 1994, el 30 de diciembre de 2005 se inició, mediante solicitud de explicaciones la correspondiente investigación administrativa en contra de la sociedad Colombia Móvil S. A. E. S. P., al advertirse la posibilidad de que hubiese operado a favor de Mercedes Robayo Robayo el silencio administrativo previsto en el artículo 158 la ley 142 de. 1994.
Que el 11 de enero de 2006, la sociedad Colombia Móvil S. A. E. S. P. respondió la solicitud de explicaciones formulada por este Despacho, precisando que, a pesar de no haber respondido oportunamente, atendió en su totalidad y de manera favorable la petición, queja, reclamo o recurso de reposición del día 10 de agosto de 2004 y 20 de septiembre de 2004, acreditando adecuadamente su afirmación.
Que el artículo 158 de la ley 142 de 1994 dispone que la empresa responderá por los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación y que, pasado aquél, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas, se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto de forma favorable al reclamante.
(…)
Como quiera que la sociedad Colombia Móvil S. A. E. S. P. no esgrimió justificación alguna con fundamento en la cual pudiera exonerarse de responsabilidad por la falta de atención oportuna de la petición, queja, reclamo o recurso de reposición del día 10 de agosto de 2004 y 20 de septiembre de 2004 presentada por el señor (a) Mercedes Robayo Robayo, se encuentra establecida-como quedó visto-la infracción por parte de la sociedad Colombia Móvil S. A. E. S. P., de lo previsto en el capítulo Vll del título VIll de la ley 142 de 1994, aplicable en materia de servicios no domiciliarios de telecomunicaciones por remisión expresa del artículo 40 del decreto 1130 de 1999 específicamente en Io que hace referencia al término para la atención oportuna de peticiones, quejas, reclamos y recursos de reposición.
Como consecuencia, al tenor de lo previsto por el artículo 40 del decreto 1130 de 1999 en consonancia con lo previsto en el numeral veinticinco (25) del artículo 79 de la ley 142 de 1994 y el artículo 81 ibidem se impondrá a la sociedad Colombia Móvil S. A. E. S. P. una sanción pecuniaria en favor de la Nación por la suma de dos millones cuarenta mil pesos ($2. 040. 000.), equivalentes a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, monto al que se llega luego de analizar la naturaleza de la infracción y, en particular, la entidad de la garantía socavada con la no atención oportuna de la petición, queja, reclamo o recurso de reposición del día 10 de agosto de 2004 y 20 de septiembre de 2004 […]”.
Es pertinente anotar que en las 217 resoluciones enjuiciadas, en la mayoría se aborda el mismo análisis de la esta Resolución Nro. 3388 arriba trascrita, que sirve para ilustrar este aspecto; así las cosas, se advierte claramente, que la Entidad demandada sí justificó en las resoluciones demandadas la naturaleza de la sanción impuesta, al señalar que la conducta investigada constituía una infracción que daba lugar a una multa.
Esa calificación en efecto es pertinente, en criterio de la Sala, pues resulta de la no atención oportuna, conducta en si misma grave, en el sentido que una empresa prestadora de servicios de telefonía celular no garantice una prestación continua, ininterrumpida y eficiente del servicio y además de ello cobre a sus usuarios cargos por servicios no prestados, tal como se evidenció del material probatorio allegado oportunamente a este plenario.
Igualmente, la SIC justificó el quantum de la multa al advertir que el valor de ella obedeció al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio, lo que es evidente en este caso, pues se evidenció de los procesos administrativos atendidos por la SIC, que dentro un mismo expediente existían varias reclamaciones del mismo usuario y en ninguna de ellas obtuvo respuesta oportuna, y solo se observó que fueron atendidos los requerimientos una vez iniciada la investigación administrativa, cuando ya se había configurado la afectación al usuario o suscriptor del servicio de telecomunicaciones.
4.2.6. No afectación al usuario
COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. declaró que el cargo denominado “De la no afectación al usuario-Teoría del hecho superado” que fue expuesto desde el escrito de la demanda y, que supuestamente, no fue abordado por el a quo, corresponde al hecho que la entidad de telecomunicaciones sancionada “atendió integralmente” y de manera favorable las peticiones, quejas o recursos a sus usuarios, previo a la expedición de cada una de las siguientes 151 resoluciones sancionatorias:
Nº
Expediente
Quejoso
Res
Fecha
Sanción
1
05093596
BAUTISTA BUITRAGO JOSE SANTOS
35236
26/12/2005
$1.907.500
2
05100969
YELASQUEZ VASQUEZ NELSON JAVIER
34833
23/12/2005
$1.907.500
3
05103122
PARRA LONDOÑO FRANCIA ELENA
34839
23/12/2005
$1.907.500
4
05103105
PATINO RODRIGUEZ JULIO CESAR
34838
23/12/2005
$1.907.500
5
05097322
QUINTERO CUBILLOS JAVIER ISAAC
34844
23/12/2005
$1.907.500
6
05097385
DE LA TORRE CUELLAR BEATRIZ
34836
23/12/2005
$1.907.500
7
05098127
CARLOS ROPERO AUTOMOVILES LTDA
34830
23/12/2005
$1.907.500
8
05078172
SALINAS CANO CLAUDIA PATRICIA
34841
23/12/2005
$1.907.500
9
05099579
MARIN GALLEGO MARIA CLEMENCIA
34840
23/12/2005
$ 1.907.500
10
05101003
PALACIO ESCOBAR BERTHA ISABEL
34832
23/12/2005
$ 1.907.500
11
05097308
ORDOÑEZ MORA MILLER ENRIQUE
34831
23/12/2005
$ 1.907.500
12
05093520
ZABALA DIAZ JHON LEONIDAS
35234
23/12/2005
$ 1.907.500
13
05096129
PRIETO CARRILLO ERNESTO
34842
23/12/2005
$ 1.907.500
14
05093552
SUAREZ SANTOYO DIEGO A. 35235
26/12/2005
$ 1.907.500
15
05094213
ABOGADOS CONSULTORES LTDA
35231
26/12/2005
$ 1.907.500
16
05096003
EMILIANI ABELLO MARCELA TERESA
35225
26/12/2005
$ 1.907.500
17
05095955
BOHORQUEZ CARO LUZ ANGELA
35227
26/12/2005
$ 1.907.500
18
05056791
LATORRE GONZALEZ MANUEL ARTURO
35269
26/12/2005
$ 1.907.500
19
05087943
PEREZ REALES MARGARITA
35223
26/12/2005
$1.907.500
20
05099646
ESPINOSA GUZMAN ALVARO JHONNY
35221
26/12/2005
$1.907.500
21
05099840
BRAVO ORTIZ JOSE GERMAN
35237
26/12/2005
$1.907.500
22
05014693
CLAVE 2000 S.A
36019
30/12/2005
$1.907.500
23
05048118
ARANGO PIEDRAHÍTA CARLOS MARIO
36031
30/12/2005
$1.907.500
24
05054714
KAESER COMPRESORES
36015
30/12/2005
$1.907.500
25
05056062
HOTEL SICARAREL LTDA
36018
30/12/2005
$1.907.500
26
05100800
CASTAÑEDA ACEVEDO MONICA
36050
30/12/2005
$1.907.500
27
05102175
G BEJARANO Y CIA LTDA
36049
30/12/2005
$1.907.500
28
05106434
MORA ECHAVARRIA MARIA CECILIA I.
36093
30/12/2005
$1.907.500
29
05103311
NICOLAS ALBERTO MONTOYA
36086
30/12/2005
$1.907.500
30
05093999
AGUIRRE MONTOYA IVÁN
36051
30/12/2005
$1.907.500
31
05107173
ROZO LEAL LUIS ARCESIO
36095
30/12/2005
$1.907.500
32
05096290
BENJAMIN CADAVID VELEZ
36017
30/12/2005
$1.907.500
33
05101069
ALVARO ANDRÉS CHAPARRO GUZMAN
36059
30/12/2005
$1.907.500
34
05095607
PHAGERON LTDA
36013
30/12/2005
$1.907.500
35
05089302
RODRIGUEZ JUAN CARLOS
36014
30/12/2005
$1.907.500
36
05056009
OSPINA ARIAS MYRIAM CONSTANZA
36022
30/12/2005
$1.907.500
37
05038208
ROJAS VILLAMIL ELSA
36063
30/12/2005
$1.907.500
38
04117294
ANGULO C MARIA CLEMENCIA
36064
30/12/2005
$1.907.500
39
04126536
FERNANDEZ SIABATO EDER YESID
36057
30/12/2005
$1.907.500
40
05106093
OLAYA MORENO GERARDO
36039
30/12/2005
$1.907.500
41
05092430
CARRANSA MENESES URIEL
36068
30/12/2005
$1.907.500
42
04112532
DE CASTRO PEREZ ARMANDO
530
18/12/2005
$ 2.040.000
43
05207068
SUAREZ RUEDA EDWIN
520
18/12/2005
$ 2.040.000
44
05107991
LIZ RUIZ ELIANA MARIA
513
18/12/2005
$ 2.040.000
45
05107869
FLOREZ PEÑA JOHANA
538
18/12/2005
$ 2.040.000
46
05107796
VALERO ORTEGA NELSON
537
18/12/2005
$ 2.040.000
47
05106094
FUENTES MARTINEZ MARCELA
528
18/12/2005
$ 2.040.000
48
05105938
MORENO DE SUAREZ LEOPOLDINA
522
18/12/2005
$ 2.040.000
49
05105927
VERU TORRES MELIDA
524
18/12/2005
$ 2.040.000
50
05105681
VEGA RAMIREZ FERNANDO
539
18/12/2005
$ 2.040.000
51
05105465
CURVELO MONTEALEGRO JORGE
578
18/12/2005
$ 2.040.000
52
05102881
CONSTRUCTORES Y FINANZAS DE COLOMBIA
572
18/12/2005
$ 2.040.000
53
05048126
CORTES JIMENEZ JORGE HUMBERTO
516
18/12/2005
$ 2.040.000
54
05026206
PRADA SARMIENTO ALVARO
527
18/12/2005
$ 2.040.000
55
05023342
RINCON VERDUGO MARTHA LEONOR
526
18/12/2005
$ 2.040.000
56
05023340
QUICENO SIERRA MIRYAMDE JESUS
515
18/12/2005
$ 2.040.000
57
05014827
MEJIA FARFAN JORGE ENRIQUE
523
18/12/2005
$ 2.040.000
58
04123695
GARCES CAMARGO JACQUELINE
535
18/12/2005
$ 2.040.000
59
05057897
MOLINA CARLOS ALBERTO
4057
23/12/2005
$ 2.040.000
60
05011309
NEME NEME LUIS MIGUEL
1391
27/12/2005
$ 2.040.000
61
05054576
GALARZA MARTINEZ LEON DARIO
1395
27/12/2005
$ 2.040.000
62
05114358
GUTIERREZ NAVARRETE MARIA DEL PILAR
1344
27/12/2005
$ 2.040.000
63
05109915
PÉREZ FONSECA HIDALGO RAFAEL
1301
27/12/2005
$ 2.040.000
64
05108435
PARRAGA PEÑA GUIOVANNI
2074
31/01/2006
$ 2.040.000
65
05112469
HERRERA ENRIQUEZ LUZ OMAIRA
2105
31/01/2006
$ 2.040.000
66
05113100
GONZALEZ DIAZ ROSALBA
3245
15/02/2006
$ 2.040.000
67
05110613
MORA GARCES RUBEN ANTONIO
2109
31/01/2006
$ 2.040.000
68
05108798
CAMACHO RAPALIÑO ALVARO
2073
31/01/2006
$ 2.040.000
69
05117029
SISTEMAS INTEGRALES CML LTDA
2069
31/01/2006
$ 2.040.000
70
05091846
ROJAS JAVIER
2070
31/01/2006
$ 2.040.000
71
05121228
CHAVEZ DE CARDENAS LEONOR
3386
23/12/2005
$ 2.040.000
72
05121543
HERNÁNDEZ NEIRA MILTON JAIME
3385
16/02/2006
$ 2.040.000
73
05207097
MARTINEZ ARIAS LUIS FERNÁN
2085
31/01/2006
$2.040.000
74
05122801
ASEO OPORTUNO LTDA
2067
31/01/2006
$2.040.000
75
05112507
MARTINEZ CASTELLANOS ELVER JAVIER
2106
31/01/2006
$2.040.000
76
04/121125
LÓPEZ MUÑOZ JOHN JAIRO
2090
31/ 01/2006
$2.040.000
77
05076297
ESCUDERO CARDONA JAVIER
2086
31/01/2006
$2.040.000
78
04125981
GONZALEZ NAVAS ALBERTO
1342
27/01/2006
$2.040.000
79
06004154
OIC LTDA
4055
23/02/2006
$2.040.000
80
06002002
HERRERA ESPINOSA RAÚL YESID
4059
23/02/2006
$2.040.000
81
06001086
ESCAMILLA SANCHEZ MARIA PATRICIA
4054
23/02/2006
$2.040.000
82
05072573
GÚZMAN MENDOZA LUDY ISABEL
1400
27/01/2006
$2.040.000
83
05100352
C .I. SPRING FAMS S.A. 1327
27/01/2006
$2.040.000
84
05050070
GONZALEZ ARAGON EDGAR ALBERTO
2088
31/01/2006
$2.040.000
85
05052833
RIVEROS BARÓN JORGE LUIS
2083
31/01/2006
$2.040.000
86
05079528
MORALES CALVO CATHER I N E
35229
26/12/2005
$2.040.000
87
05087798
R - COMPUTADORES S.A.
2108
31/01/2006
$2.040.000
88
05093015
VERGARA DE LA ROSA ANA
2066
31/01/2006
$2.040.000
89
05100209
ORDOÑEZ JIMENEZ LUZ JENNY
34837
23/12/2005
$1.907.500
90
05093013
REINA DAZA MARGARITA ROSA
2081
31/01/2006
$2.040.000
91
05123974
CHALLERGER S.A.
2079
31/01/2006
$2.040.000
92
05121428
RODRIGUEZ VILLA LOBOS CARLOS JULIO
2072
31/01/2006
$2.040.000
93
05125350
SICARD CORTAZAR HERNÁN
3383
16 /02/2006
$2.040.000
94
05125351
TORRES CARDONA GLORIA CECILIA
36058
30/12/2005
$1.907.500
95
05025487
VALDERRAMA MONTIEL VLADIMIR
35334
27/12/2005
$1.907.500
96
05038165
CARVAJAL ARIAS LUCIA
35348
27/12/2005
$1.907.500
97
05105687
MORA DE ESTEBAN LUISA CECILIA
621
09/01/2006
$2.040.000
98
05106714
ZAMORA CABEZAS ROBINSON
618
19/01/2006
$2.040.000
99
05125826
ROMERO VERGARA MARIA TERESA
3390
16/02/2006
$2.040.000
100
05127707
G BEJARANO Y CIA LTDA
3382
16/02/2006
$2.040.000
101
05012443
ARÉVALO ORTIZ CLAUDIA MARCELA
3384
16/02/2006
$2.040.000
102
04093301
ROBAYO ROBAYO MERCEDEZ
3388
16/02/2006
$2.040.000
103
05206055
SERRANO SERRANO ALBERTO
1311
27/01/2006
$2.040.000
104
05203032
INGENIERIA DE VIAS Y AMBIENTAL EU
1341
27/01/2006
$2.040.000
105
05030321
CÁRDENAS BALLÉN MARIA RUTH
1308
27/01/2006
$2.040.000
106
05131867
RUA VÉLEZ FREDY ALEXANDER
4067
23/02/2006
$2.040.000
107
05119939
JARAMILLO JARAMILLO MARIA GENOVEVA
4063
23/02/2006
$2.040.000
108
05068777
PRISMA COMPAÑÍA DE SEGURIDA DLT DA
1401
27/01/2006
$2.040.000
109
05120752
HERNÁNDEZ QUIÑONEZ PAULA ANDREA
1403
27/01/2006
$2.040.000
110
05111951
SANLAELLA PÉREZ MIRYAM
1350
27/01/2006
$2.040.000
111
05109825
RUIZ BUITRAGO SILVIA ELENA
1277
27/01/2006
$2.040.000
112
06003976
MARTINEZ BLANCO ISABEL
4065
23/02/2006
$2.040.000
113
06001903
GONZALEZ LUCY ESPERANZA
4066
23/02/2006
$2.040.000
114
05109895
CUESTA MONTES SANDRA MARIA
1304
27/01/2006
$2.040.000
115
05120032
VARGAS DE BUITRAGO ROSA MARINA
1352
27/01/2006
$2.040.000
116
05119530
SYR LTD A
1467
27/01/2006
$2.040.000
117
05112143
NIETO DE FORERO GLORIA AMPARO
1469
27/01/2006
$2.040.000
118
05074041
CAMPO RAMON FELIX ANTONIO
1445
27/01/2006
$2.040.000
119
05110276
ROA FERNANDEZ PEDRO NEL
1338
27/01/2006
$2.040.000
120
05112125
TECHNODRILL LTDA
1349
27/01/2006
$2.040.000
121
05115525
RODRIGUEZ RAFAEL
1346
27/01/2006
$2.040.000
122
05115347
OTERO LOAIZA JHON RICAURTE
1458
27/01/2006
$2.040.000
123
05117061
COUNTRY CLUB DE BOGOTA
1337
27/01/2006
$2.040.000
124
05051338
ISAZA SANTAM ARIA TULIO BERNARDO
4064
23/01/2006
$2.040.000
125
05119547
MARRUGO CARDENAS CARLOS
1359
27/01/2006
$2.040.000
126
05115368
GUILLAN LTDA
1470
27/01/2006
$2.040.000
127
05105386
PRADO MARITZA
617
19/01/2006
$2.040.000
128
05104257
EQUISER - EQUIPOS Y SERVICIOS LTDA
616
19/01/2006
$2.040.000
129
05044501
GIRALDO VILLA MARIO ANTONIO
1393
27/01/2006
$2.040.000
130
04097564
SANCHEZ PRADA MARCELA JIMENA
620
19/01/2006
$2.040.000
131
05091215
MERLANO AMARIS NINA
622
19/01/2006
$2.040.000
132
05102431
SAAVEDRA CACERES LUIS
619
19/01/2006
$2.040.000
133
05118743
ANLI COMUNICACIONES LTDA
1354
27/01/2006
$2.040.000
134
05113727
MUÑOZ ROJAS OFELIA
1358
27/01/2006
$2.040.000
135
05114807
RESTREPO RINCÓN OSCAR YESID
1447
27/01/2006
$2.040.000
136
05107165
VALENCIA GIRALDO MARY LUZ
1371
27/01/2006
$2.040.000
137
05048057
SIERRA TORRES LUIS ALFREDO
1411
27/01/2006
$ 2.040.000
138
05041095
POLANCO CARDONA HECTOR FABIO
1294
27/01/2006
$ 2.040.000
139
05020031
PUENTE OÑATE HUGO FERNANDO
1366
27/01/2006
$ 2.040.000
140
051012886
GÓMEZ MIGUEL ANTONIO
3583
20/02/2006
$ 2.040.000
141
050124767
CASTRO MARIBEL ESTEHER
3584
20/02/2006
$ 2.040.000
142
0501060020
FARÁIN CHACON WILLIAN ALFREDO
36036
30/12/2005
$1.907.500
143
05100364
BARROCAL TORRENTE JUAN JOSÉ
34843
23/12/2005
$1.907.500
144
05094355
JARA GUTIERREZ MARIA
35233
26/12/2005
$2.040.000
145
05119216
DÍAZ MARTINEZ LUCIANO
1466
27/01/2006
$2.040.000
146
05017333
BUSTOS G CLEOTILDE
1353
27/01/2006
$2.040.000
147
05091925
LÓPEZ MORALES RUBÉN ALFONSO
2091
31/01/2006
$1.907.500
148
05107189
TACHA GALEANO CARLINA
36092
30/12/2005
$1.907.500
149
05096439
JIMENEZ PEDRO
35283
26/12/2005
$1.907.500
150
05046045
CASTILLO DE FERNANDEZ
36012
30/12/2005
$2.040.000
151
05111208
JIMENEZ URBINA LUIS ALFREDO
1468
27/01/2006
$2.040.000
137
05048057
SIERRA TORRES LUIS ALFREDO
1411
27/01/2006
$ 2.040.000
138
05041095
POLANCO CARDONA HECTOR FABIO
1294
27/01/2006
$ 2.040.000
139
05020031
PUENTE OÑATE HUGO FERNANDO
1366
27/01/2006
$ 2.040.000
140
051012886
GÓMEZ MIGUEL ANTONIO
3583
20/02/2006
$ 2.040.000
141
050124767
CASTRO MARIBEL ESTEHER
3584
20/02/2006
$ 2.040.000
142
0501060020
FARÁIN CHACON WILLIAN ALFREDO
36036
30/12/2005
$1.907.500
143
05100364
BARROCAL TORRENTE JUAN JOSÉ
34843
23/12/2005
$1.907.500
144
05094355
JARA GUTIERREZ MARIA
35233
26/12/2005
$2.040.000
145
05119216
DÍAZ MARTINEZ LUCIANO
1466
27/01/2006
$2.040.000
146
05017333
BUSTOS G CLEOTILDE
1353
27/01/2006
$2.040.000
147
05091925
LÓPEZ MORALES RUBÉN ALFONSO
2091
31/01/2006
$1.907.500
148
05107189
TACHA GALEANO CARLINA
36092
30/12/2005
$1.907.500
149
05096439
JIMENEZ PEDRO
35283
26/12/2005
$1.907.500
150
05046045
CASTILLO DE FERNANDEZ
36012
30/12/2005
$2.040.000
151
05111208
JIMENEZ URBINA LUIS ALFREDO
1468
27/01/2006
$2.040.000
Antes de entrar a resolver el cargo, la Sala pone de relieve que si bien estos argumentos no fueron organizados bajo un título en el acápite del concepto de la violación de la demanda inicial, lo cierto es que sí fueron discriminados y expuestos en sus fundamentos fácticos, y su sustentación fue satisfecha a lo largo de su escrito, por lo que lejos de tratarse de argumentos novedosos, estos deben interpretarse como propios de la demanda inicial, suceptibles de ser estudiados en sede de impugnación.
Con todo ello, se evidenció del material probatorio que la sociedad si bien reconoció en los diferentes escritos de explicaciones dar respuesta favorable a sus usuarios, aquella se efectuó una vez vencido ampliamente el término de los 15 días que tenía la sociedad de telecomunicaciones para dar respuesta, de conformidad con el artículo 158 de la ley 142 de 1994.
Incurre en un error la demandante al afirmar que si bien no otorgó respuesta a sus usuarios en el término que estipula ley, sí atendió de manera favorable sus requerimientos, y que en ese orden no debía ser sancionada.
Pues bien, en todos aquellos casos que señaló la sociedad COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P., para este cargo, incurre en otra afirmación no válida para esta Sala, en relación a que presuntamente el “[…] a quo no estudió el cargo de la no afectación al usuario […]”, el que comprende 151 expedientes donde cada uno de ellos finalizó con la expedición de un acto administrativo con decisión de sanción, pues se advierte que todos ellos sí fueron estudiados de manera integral por parte del Tribunal a lo largo de cada uno de los cargos.
De lo anterior, si bien en el fallo de primera instancia no se subtituló el cargo “no afectación al usuario”, no quiere ello decir que el Tribunal haya pasado por alto el estudio detallado de todas las resoluciones acá enjuiciadas, pues como se mencionó en este punto, fueron 151 expedientes que finalizaron con resolución sanción. Esa circunstancia no permite predicar la supuesta omisión alegada, debido a que en este específico asunto, se constata una motivación suficiente de cara a los medios demostrativos allegados a este proceso.
En efecto en la providencia de primera instancia se advirtió lo siguiente:
“[…] Se advierte una vez revisados los expedientes que originan la actuación, que estos se inician ya sea por recurso al conocer la apelación o por queja directa presentada por el usuario u otra autoridad, y que una vez se tuvo conocimiento de los hechos, la Superintendencia de Industria y Comercio procedió a requerir a COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, posteriormente luego del pronunciamiento de la entidad, se informó a la investigada del inicio de la correspondiente actuación administrativa, fundada en el Decreto 2153 de 1992, artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 en consonancia con la Ley 142 de 1994, para que rindiera las explicaciones del caso frente a ellas, COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., realizó el pronunciamiento respectivo dentro de los plazos fijados por la demandada, y aportó las pruebas del caso. Finalmente se expidió la Resolución de sanción para cada caso en particular, decisión frente a la que se presentó recurso de reposición el que fue decidido conjuntamente en la Resolución 13471 de 2006.
Dichas actuaciones se repiten una y otra vez en cada uno de los expedientes que fueron aportados por la SIC, que se encuentran relacionados a folios 120 a 126 del cuaderno original, lo que permite a la sala concluir que el trámite se adelantó sin lugar a equívocos en todos los procesos […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
La fundamentación reseñada no se encuentra arbitraria o lesiva a los derechos de la actora, pues se observa que el fallador sí tuvo en consideración el estudio de todos los actos administrativos enjuiciados con relación a las pruebas allegadas. Además, precisa la Sala, que así las respuestas por parte de la demandante a sus usuarios o suscriptores, se haya dado antes de la expedición del acto que impuso sanción, no es argumento válido en el que pueda justificar la afectación ya cometida a sus usuarios, en cuanto la norma es clara en indicar el término para responder adecuadamente los requerimientos de sus suscriptores, luego no puede señalar el actor, que como dio respuesta favorable a sus usuarios, aún por fuera de los tiempos establecidos, ya habría desaparecido la vulneración. La afectación se consumó y la falta se configuró cuando los suscriptores elevaron una petición consistente en fallas en la prestación del servicio y no recibieron solución oportuna dentro del término dispuesto.
Frente a este panorama, se estableció en la legislación colombiana la figura jurídica del silencio administrativo positivo, la cual pretende proteger al consumidor de la mora en la respuesta por parte de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, tratando de hacer menos gravosa la situación, permitiéndole obtener las respuestas a tiempo y hacer efectivo su derecho.
Así las cosas, este tipo de empresas están en la obligación de atender las peticiones, quejas, reclamos o recursos de sus usuarios dentro del término con arreglo a las disposiciones establecidas en la Ley 142 de 1994, y las directrices que enmarquen los autoridades reguladoras, que de no ser así, en primer lugar atenta contra los derechos de los usuarios al no recibir respuesta alguna, y en segundo lugar, se entenderá que existió respuesta favorable hacia el usuario, y consecuentemente la sanción correspondiente una vez iniciado el trámite administrativo por los entes de control, como lo ocurrido en caso bajo estudio.
4.3. Del restablecimiento del derecho de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
Bajo las consideraciones de nulidad expuestas anteriormente, la SIC deberá reintegrar a COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., el valor de la multa que esta canceló en cumplimiento de la Resolución Nro. 2098 de 31 de enero de 2006, tal como quedó demostrado en el expediente con recibo oficial de caja Nro. 06-49379 de 29 de junio de 2006 y pago Nro. 51163722 de 16 de junio de 2006, por un valor de un millón, veinte mil pesos ($1.020.000.00) (folio 169, cuaderno Nro. 3), suma que deberá ser actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A.
En este mismo sentido, la Sala adicionará la sentencia impugnada por cuanto la decisión de restablecimiento del derecho, como consecuencia de la nulidad de las tres resoluciones allí citadas, omitió referirse a la orden de cumplir lo previsto en los invocados artículos 176 y 177 del C.C.A., lo cual se observa procedente ya que en la apelación se solicitó la revocatoria de lo que le fuere desfavorable a la actora, en consonancia con lo consignado en las súplicas de la demanda.
En el proceso también fue demostrado el pago de dichas multas así: (i) Resolución Nro. 35264 de 26 de diciembre de 2005 con recibo oficial de caja Nro. 06-48174 de 23 de junio de 2006 y pago Nro. 511637000 de 16 de junio de 2006, por un valor de novecientos ciencuenta y tres mil, setecientos cincuenta pesos ($953.750.00) (folio 28, cuaderno Nro. 3); (ii) Resolución Nro. 2229 de 2 de febrero de 2006 con recibo oficial de caja Nro. 06-49657 de 30 de junio de 2006 y pago Nro. 51163722 de 16 de junio de 2006, por un valor de por un valor de un millón, veinte mil pesos ($1.020.000.00) (folio 180, cuaderno Nro. 3); y (iii) Resolución Nro. 2093 de 31 de enero de 2006 con recibo oficial de caja Nro. 06-49368 de 29 de junio de 2006 y pago Nro. 51163722 de 16 de junio de 2006, por un valor de por un valor de un millón, veinte mil pesos ($1.020.000.00) (folio 168, cuaderno Nro. 3).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: ADICIÓNASE el Artículo Tercero de la sentencia de 10 de diciembre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión, con la orden de que se dé cumplimiento a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
SEGUNDO: REVÓCASE el Artículo Cuarto de la sentencia de 10 de diciembre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión y en su lugar se dispone: con fundamento en lo expuesto en las consideraciones de esta providencia, DECLÁRASE la nulidad de la Resolución Nro. 2098 de 31 de enero de 2006, así como lo pertinente de la Resolución Nro. 13471 de 26 de mayo de 2006, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC y, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Entidad demandada a reintegrar a COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. lo cancelado por concepto de la multa impuesta a través del respectivo acto anulado, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
TERCERO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia de 10 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Visible a folio 371. Visible a folio 226. Por medio de la cual se resolvieron los 222 recursos de reposición- Ver cuadernos anexos paquete 7- folios 121 a 154. Servicio de comunicación personal. Visible a folio 33 a 80. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Visible a folios 92 a 93
Por el cual se reestructuran el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector administrativo de comunicaciones y se trasladan funciones a otras entidades públicas. Servicio de comunicación personal. Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones – Artículo 54. PROCEDIMIENTO. Sin perjuicio de las disposiciones especiales en materia de propiedad industrial y lo previsto en el presente Decreto, las actuaciones que adelante la Superintendencia de Industria y Comercio se tramitarán de acuerdo con los principios y el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo. Visible a folios 226 a 323.
“ARTICULO 40. La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de inspección, vigilancia y control de los regímenes de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios de comunicaciones. En tal calidad, la Superintendencia aplicará y velará por la observancia de las disposiciones contenidas en la ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 256 de 1996, contando para ello con sus facultades ordinarias y siguiendo para el efecto el procedimiento general aplicable, sin perjuicio de las atribuciones regulatorias de la Comisión de regulación de telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión. Igualmente, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio y en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores. Para el efecto, la Superintendencia, contará, en adición a las propias, con las facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y podrá ordenar modificaciones a los contratos entre operadores y comercializadores de redes y servicios de telecomunicaciones o entre estos y sus usuarios, cuando sus estipulaciones sean contrarias al régimen de telecomunicaciones o afecten los derechos de estos últimos. (…)”
Ver cuadro folio 13. De los 12 expedientes señalados, en tres de ellos el A quo evidenció la atención oportuna de la empresa de telecomunicaciones. Ver folios 326 a 369. Visible a folio 349 a 352. Ver numeral 1.4.4 cuadro a folio 13. Sección Primera, Consejera Ponente doctora María Elizabeth García González. Visible a folio 4 cuaderno 2. Folio 1 a 6. Sección Primera, sentencia de dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 25000-23-24-000-2008-00282-01, Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala. Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. Cuaderno de pruebas: Paquetes del 1 al 22 contentivos de las actuaciones administrativas. Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. Servicio de comunicación personal por sus siglas en inglés. Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre de 2014, radicado Nro. 25000232400020050092101, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC. Actuaciones administrativas: documentos que evidencian los requerimientos hechos por la SIC a la empresa de telecomunicaciones para que rindiera sus explicaciones de cada caso. Ver cuadernos de pruebas.
Según lo expresa la Corte Constitucional en sentencia C-451-99, este artículo fue subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, la que al inhibirse de fallar sobre la demanda de inconstitucionalidad del mismo, aclaró que: “[…] Como puede colegirse de la comparación efectuada de los textos de los artículos 158 de la Ley 142 de 1994 y 123 del Decreto 2150 de 1995, esta última disposición legal subrogó a la primera, en las materias allí tratadas (…) lo que determina a la Corte a emitir una decisión inhibitoria sobre la constitucionalidad de dicho artículo 158, toda vez que al haber sido subrogado legalmente, desapareció del ordenamiento jurídico vigente".
Ver en el mismo sentido el Decreto 2223 de 1996, artículo 9º: “[…] Reclamación. Ámbito de aplicación de los artículos 154, 158 y 159 de la Ley 142 de 1994 y del artículo 123 del Decreto - Ley 2150 de 1995. Toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los Servicios Públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos dentro de un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado este término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió dela práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable a él. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que la Entidad Prestadora del Servicio adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto. Parágrafo 1º.- Para efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de "petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuario. Parágrafo 2º.- En ejercicio de la colaboración armónica entre entidades, todos los usuarios de los servicio públicos podrán radicar su reclamación dirigida a la Intendencia Regional de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la Zona a que corresponda, por conducto de la Alcaldía o Personería de su Municipio, las cuales procederán a dar traslado inmediato a dicha entidad. El Intendente regional exigirá, la efectiva solución de la reclamación presentada por el suscriptor o usuario, ante las empresas de servicios públicos […]”. Corte Constitucional, sentencia T-566 de 2009, Magistrado ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Sección Segunda, sentencia de 1º de septiembre de 2016, radicado Nro. 440123330020130005901 (4876-2014), Consejera ponente doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez. Al respecto, ver Sección Quinta, sentencia de 22 de marzo de 2018, radicado Nro. 25000-23-24-000-2009-00281-01 (Acumulado), Consejero ponente Alberto Yepes Barreiro. Expediente 6-916: Solicitó el no cobro de la totalidad de servicio para los periodos 23/10/2005 y 22/11/2005, toda vez que el servicio había sido suspendido. (folio 1-2 anexo expediente); Expediente 5-993: Solicitó la revisión del cobro de las llamadas desde el número del usuario a diferentes móviles OLA (folio 2 del expediente anexado); Expediente 5-688: Solicitó la revisión del cobro de las llamadas desde el número del usuario a diferentes móviles OLA (folio 2 del expediente anexado). En cada uno de los expedientes se evidenció que la SIC indicó “[..] para atender el presente requerimiento se estima razonable un plazo que vence el día 26 de enero de 2006 […]”
Decisiones notificadas el mismo día 7 de febrero de 2006 - Aviso de notificación, correo certificado, expediente-6-916 visible a folios 112 y 113, expediente 3-993 a folios 57 y 58, y expediente 9-688. a folios 38 y 39. Para los tres expedientes registran como fecha de presentación del recurso de reposición ante la SIC solo hasta el 14 de marzo de 2006. Servicio de comunicación personal. Tal como quedó constancia en la Resolución Nro. 13471 de 2006, en su folio 7. C.C.A. “[…] ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS ORIENTADORES.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.
En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.
(…)
En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 2008, radicado Nro. Radicación número: 52001-23-31-000-1994-06078-01(17070), Consejero ponente Enrique Gil Botero.
Visible a folio 1 del expediente administrativo de la SIC.
Visible a folio 1 del expediente administrativo de la SIC.
Visible a folio 4 del expediente administrativo de la SIC.
Visible a folio 1-2 anexo expediente Nro. 05044511.
Visible a folio 59-60 anexo expediente.
Cuadernos de pruebas paquete 7 folios 56 a 61.
Revisado los expedientes se encontró que las respuestas por parte de la demandante se dieron por fuera del término establecido para tal fin, asimismo, se evidenció en otros casos, que la sociedad de telecomunicaciones no presentó los recursos de reposición contra las resoluciones sanción en término, pues a pesar de haber sido notificada adecuadamente, solo acudió a la administración en varios casos un mes después de emitida la resolución sanción.
En los cuadernos anexos obran todos los expedientes que originaron los actos acusados; en ellos reposan como actuaciones principales: queja o recurso radicado ante la SIC, el oficio con fundamento en el cual el Superintendente Delegado para la Protección al Consumidor requirió al Representante Legal de COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. frente a los hechos; la contestación realizada frente a la solicitud de explicaciones, el requerimiento por inicio de la actuación administrativa, los descargos, resolución que impuso sanción, recurso y decisión que resolvió la reposición.
Cuaderno principal. Fallo de primera instancia-Ver folios 226 a 323.
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