Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00249-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Competencia de la superintendencia de sociedades: para la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00249-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2007-00249-01
Consejero ponente: María Elizabeth García González
8 de marzo de 2018
COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – Para la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Control de sociedades / SOCIEDAD COMERCIAL – Transferencia de acciones
[P]ara la Sala es claro que la Superintendencia tiene dentro de sus funciones la inspección, control y vigilancia permanente de las sociedades comerciales, y en el artículo 84 de la mencionada ley, se establece la atribución de velar porque estas se ajusten a la ley y a los estatutos, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social. Por lo tanto, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES sí es competente para ordenar los correctivos necesarios en aras de sanear una situación que atente contra el “orden jurídico, contable, económico o administrativo” de la sociedad comercial sometida a su vigilancia, en este caso, QUÍMICA AMTEX S.A. En los actos acusados, se estableció la legalidad del procedimiento cumplido para transferir el dominio de dichas acciones, desde el socio I.T.E. CORPORATION LTD. hacia otro socio, el señor ELIO SALA CERIANI, en el ejercicio legítimo de una de sus funciones, cual es la de velar porque las sociedades, tanto en su formación como en su funcionamiento y desarrollo de su objeto social, actúen acorde con la ley y los estatutos. Como pudo constatarse, si bien la sociedad no puede negarse a realizar la inscripción en el libro de registro de acciones, esa orden de “no hacer” sí la debe cumplir cuando se la impone una autoridad competente o incluso, aquella misma puede abstenerse cuando note que ciertas formalidades no han sido cumplidas; en el caso concreto, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, luego de realizar las visitas de inspección referidas, surtir los trámites de rigor y estando investida de plenas facultades para ello, determinó que no era procedente el registro de dichas acciones en el libro de QUÍMICA AMTEX S.A., y que ante la consumación de tal actuación, lo procedente era ordenar la cancelación de la misma. La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, contrario a lo expuesto por la impugnante, sí estaba facultada para ordenar los correctivos necesarios para sanear las irregularidades detectadas en medio de la investigación adelantada a la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., sin que bajo circunstancia alguna exista razón válida o legítima que excluya de su radio de acción, las circunstancias que rodearon la transferencia irregular de unas acciones entre socios porque estos desatendieron los elementos mínimos para su perfeccionamiento, pues una mala o descuidada praxis en ese aspecto, sin duda alguna que sí atenta contra el buen desarrollo de su objeto social, contra la ley y los estatutos societarios.
FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – Pueden ser ejercidas en cualquier momento / FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – Cancelación de una inscripción de traspaso de acciones / FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – No tienen carácter sancionatorio y carecen de término de prescripción. Alcance del artículo 235 de la Ley 222 de 1995
[N]o fue atinado el análisis realizado por el Tribunal para desvirtuar el cargo de la prescripción, en tanto que, de conformidad con la Jurisprudencia reiterada de la Sala, en el caso sub lite se judicializan actos de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES con los que se ordenó la cancelación de una inscripción del traspaso de 906.471 de I.T.E CORPORATION LTD. al señor ELIO SALA CERIANI, es decir, decisiones en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222, que no sancionatorias, carentes de término de prescripción alguno.
FUENTE FORMAL: LEY 222 DE 1995 – ARTÍCULO 82 / LEY 222 DE 1995 – ARTÍCULO 83 / LEY 222 DE 1995 – ARTÍCULO 84 / LEY 222 DE 1995 – ARTÍCULO 85 / LEY 222 DE 1995 – ARTÍCULO 235 / CÓDIGO COMERCIO – ARTÍCULO 406 / CÓDIGO COMERCIO – ARTÍCULO 416
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2007-00249-01
Actor: I.T.E. CORPORATION LTD
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: Recurso de apelación contra la sentencia de 26 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Descongestión
Referencia: NO SE DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD QUE AMPARA LAS RESOLUCIONES NROS. 312-004506 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2005, 312-001000 DE 3 DE MAYO DE 2006 Y 312-000164 DE 31 DE ENERO DE 2007, EXPEDIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, COMO QUIERA QUE SE PUDO VERIFICAR LA AUSENCIA DE UN ACUERDO MATERIAL ENTRE LA SOCIEDAD I.T.E. CORPORATION LTD. Y EL SEÑOR ELIO SALA CERIANI, PARA QUE ESTE RECIBIERA DE AQUELLA UN TRASPASO DE ACCIONES Y, POR TANTO, ERA PROCEDENTE LA ORDEN DE CANCELACIÓN DE DICHA INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUÍMICA AMTEX S.A., FACULTAD LEGÍTIMAMENTE OTORGADA A DICHO ÓRGANO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL POR LA LEY 222 DE 1995. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL: DE LOS ARTÍCULOS 83, 84 Y 85 DE LA LEY 222 DE 1995 SE DESPRENDE QUE LAS DEMÁS ATRIBUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NO TIENEN CADUCIDAD Y/O TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN, PUES LAS MISMAS SON DE CARÁCTER OCASIONAL, PERMANENTE O TRANSITORIO Y, POR ENDE, PUEDEN SER EJERCIDAS EN CUALQUIER MOMENTO, A DIFERENCIA DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTENIDO SANCIONATORIO QUE MANTIENE UN TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE CINCO (5) AÑOS.
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la actora contra la sentencia de 26 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión, mediante la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas por el tercero interesado, y se denegaron las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1-. I.T.E. CORPORATION LTD., a través de apoderado especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 2 de enero de 1984), en adelante CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tendiente a que, mediante sentencia, se accediera a las siguientes pretensiones:
1ª: Que se declaren nulas las resoluciones nros. 312-004506 de 28 de diciembre de 2005, 312-001000 de 3 de mayo de 2006 y 312-000164 de 31 de enero de 2007, expedidas por la Superintendencia Delegada para Inspección, Vigilancia y Control de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, por medio de las cuales, se le ordenó a la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., (i) la cancelación de la inscripción del traspaso de 906.471 acciones que había realizado I.T.E. CORPORATION LTD. al señor ELIO SALA CERIANI, en el libro de registro de acciones de aquella, el día 9 de noviembre de 1999, y (ii) la anulación de los títulos de acciones expedidos como consecuencia de dicha transferencia, así como también se resolvieron dos recursos de reposición, confirmándola en todas sus partes, respectivamente.
2ª: Que, como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se le ordene a la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., (a) levantar la cancelación de la inscripción del traspaso de 906.471 acciones ordinarias de participación en su capital social, que de I.T.E. CORPORATION LTD. se efectuó al señor ELIO SALA CERIANI, de manera que I.T.E. CORPORATION LTD., no aparezca como accionista titular de las 906.471 de QUÍMICA AMTEX S.A., a 1º de septiembre de 1999, y (b) ELIO SALA CERIANI aparezca como accionista titular de las 906.471 acciones de QUÍMICA AMTEX S.A., a 1º de septiembre de 1999.
3ª: Que, de igual forma, se le ordene a QUÍMICA AMTEX S.A., cancelar los títulos representativos de las 906.471 acciones de participación que, de su capital, se emitieron a nombre de I.T.E. CORPORATION LTD., en cumplimiento de las órdenes impartidas por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, a través de las resoluciones demandadas.
4ª: A su vez, que se le ordene a la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., reponer los títulos representativos de las 906.471 acciones de participación en su capital social, que pertenecen al señor ELIO SALA CERIANI, y que habían sido cancelados por virtud de las resoluciones demandadas.
5ª: Que se condene a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES a reparar todos los daños que I.T.E. CORPORATION LTD. sufra como consecuencia de figurar, frente a terceros, como titular de las 906.471 acciones de participación en el capital de QUÍMICA AMTEX S.A., que pertenecen al señor ELIO SALA CERIANI, según las consideraciones y razones invocadas en el acápite 5 de la demanda, por la vulneración de los intereses legítimos de la actora.
6ª: Y, finalmente, que se condene a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES al pago de las costas en el presente proceso.
I.2.- En apoyo de sus pretensiones, I.T.E. CORPORATION LTD. señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
1º. Que según documento de 1º de septiembre de 1999 (folio 31), I.T.E. CORPORATION LTD. informó a QUÍMICA AMTEX S.A., que a partir de ese momento, debía considerarse al señor ELIO SALA CERIANI como titular del 38.4% de las acciones emitidas a nombre de ella.
2º. Que el día 15 de octubre de 1999, el señor ELIO SALA CERANI comunicó a QUÍMICA AMTEX S.A., la no aceptación del traspaso de las referidas acciones (folio 32); sin embargo, el día 9 de diciembre de 1999, QUÍMICA AMTEX S.A. registró el traspaso de las acciones solicitado (folio 54, cuaderno de anexos nro. 2).
3º. Explica la actora que el día 26 de enero de 2000 se expidió la Resolución nro. 610-007, en la cual se decretó la práctica de una visita a QUÍMICA AMTEX S.A. con domicilio en Medellín (Antioquia).
4º. Que una vez llevada a cabo la mencionada diligencia, se produjo la Resolución nro. 610-056 de 15 de mayo de 2000, en la cual se ordenó correr traslado de cargos a QUÍMICA AMTEX S.A., y al haber presentado los descargos y ser evaluados, se profirió la Resolución nro. 610-125 de 27 de octubre de 2000, en la que se impartió una orden al representante de QUÍMICA AMTEX S.A. para cancelar el registro de acciones efectuado a nombre de ELIO SALA CERIANI. Contra este acto administrativo se interpuso recurso de reposición el día 8 de noviembre de 2000, el cual fue resuelto mediante la Resolución nro. 610-404 de 12 de marzo de 2004, que confirmó lo ordenado.
5º. El Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín profirió sentencia de 22 de abril de 2004 (folios 131 a 172), en una acción de tutela instaurada por I.T.E. CORPORATION LTD. contra la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en la cual tuteló los derechos invocados por la actora y ordenó a la demandada dejar sin efectos la Resolución nro. 610-125 de 27 de octubre de 2000 y rehacer la actuación cuestionada, en forma debida, posibilitándole el derecho a la defensa y al debido proceso, en su condición de persona jurídica distinta a QUÍMICA AMTEX S.A. Que mediante la Resolución nro. 300-001547 de 30 de abril de 2004, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES decidió dejar sin efectos la Resolución nro. 610-125 de 27 de octubre de 2000. La providencia de tutela fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, con sentencia de 1º de junio de 2004 (145-157).
6º. Que el día 15 de diciembre de 2004, a través del Oficio nro. 312-64923, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES decidió rehacer la actuación administrativa de marras, vinculando formalmente a I.T.E CORPORATION LTD. y solicitándole que presentara las consideraciones que tuviera sobre el caso. A partir de sus descargos, la demandada expidió la Resolución nro. 312-04506 de 28 de diciembre de 2005 (folios 56-82), mediante la cual, ordenó al Representante Legal de QUÍMICA AMTEX S.A., cancelar la inscripción del traspaso de 906.471 acciones efectuado por I.T.E CORPORATION LTD. al señor ELIO SALA CERIANI, al considerar que entre estos no hubo existencia de negocio jurídico para poder transferir la referidas acciones.
7º. Que mediante la Resolución nro. 312-001000 de 3 de mayo de 2003 (folio 83 a 93), fue confirmada en todas sus partes la Resolución nro. 312-04506 de 28 de diciembre de 2005, al resolver un recurso de reposición interpuesto por el apoderado especial de QUÍMICA AMTEX S.A., con el que pretendía demostrar que dicho acto administrativo violaba la sentencia de tutela de 22 de abril de 2004, emitida por el Juez 15 Penal del Circuito.
8º. Que a través de la Resolución nro. 312-001618 de 6 de julio de 2006, al notar la demandada que había omitido notificarle la Resolución nro. 312-004506 de 28 de diciembre de 2005 a I.T.E. CORPORATION LTD., procedió a dejar sin efectos la constancia de ejecutoria del mencionado acto, así como el Oficio nro. 312-030181 de 2 de junio de 2006 (folios 94 y 95), y ordenó que se realizara la notificación mencionada, lo cual finalmente ocurrió.
9º. Que, por lo tanto, I.T.E. CORPORATION LTD. interpuso su respectivo recurso de reposición contra la Resolución nro. 312-004506 de 28 de diciembre de 2005, el cual, fue resuelto mediante la Resolución nro. 312-000164 de 31 de enero de 2007 (folios 96-123), que confirmó en todas sus partes aquel acto administrativo.
I.3.- A juicio de la actora, se violaron los artículos 6º, 113, 115, 116 y 121 de la Constitución Política; 406 y 416 del Código de Comercio; 82 y siguientes de la Ley 222 de 20 de diciembre de 1995; y 2º del Decreto 1080 de 19 de junio de 1996.
Explicó el alcance del concepto de la violación, señalando, en resumen, dos tipos de cargos, así: “Violación de los artículos 6° y 121 de la Constitución Política y a la Ley 222 de 1995 y al Decreto 1080”, para lo cual sostuvo la accionante que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES vulneró tales disposiciones, por cuanto las resoluciones demandadas fueron expedidas con el vicio de la incompetencia.
Agregó que, los artículos 84 y 85 de la Ley 222, hacen relación a que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES solo podrá practicar visitas generales a las sociedades vigiladas, de oficio o a petición de parte, y tomar las decisiones necesarias a fin de solucionar las posibles falencias encontradas en la inspección, ordenando los correctivos a esas situaciones de orden contable, económico, administrativo o jurídico, mediante acto administrativo de carácter particular.
Que el artículo 2º del Decreto 1080 de 1996, se refiere a las funciones de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, dentro de las cuales se encuentra la de velar porque las sociedades cumplan la ley y los estatutos y disponer la vigilancia de cualquier sociedad no supervisada por otra Superintendencia, por lo que consideró que la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A. es controlada por la demandada sólo a partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución nro. 300-004127 de 26 de diciembre de 2002, esto es, mucho después de la expedición de la Resolución nro. 007 de 20 de enero de 2000.
Acotó que la competencia de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES hace relación a verificar si se produjo la orden escrita del vendedor y a examinar si se llevaron a cabo los elementos formales de la inscripción, como era la de revisar el número de acciones inscritas en el libro de registro para que la sociedad pudiera hacer la correspondiente inscripción que le da oponibilidad a la enajenación. Concluyó afirmando que los actos demandados fueron emitidos sin competencia para ello.
El otro cargo lo denominó “Violación de los artículos 113, 115 y 116 de la Constitución Política” y agregó que la demandada resolvió un problema entre el señor ELIO SALA CERIANI e I.T.E. CORPORATION LTD., sobre la existencia y validez de un contrato de competencia exclusiva de la rama judicial, lo que trae como consecuencia la incompetencia de la entidad para producir los actos administrativos.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
En el presente proceso funge como demandada la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, que contestó oportunamente la demanda, oponiéndose a las pretensiones. Así mismo, contestó el señor ELIO SALA CERIANI (quien también se opuso a la prosperidad de las pretensiones) y la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A. (que coadyuvó las súplicas de la demanda).
I.4.1. La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES afirmó que sí tiene competencia para tomar las medidas necesarias en orden a que las sociedades vigiladas en su formación y funcionamiento cumplan la ley y los estatutos sociales (artículos 82 y 84 de la Ley 222); debe practicar visitas de oficio o a petición de parte y tomar las medidas necesarias para solucionar las irregularidades que se hubieren encontrado durante la ejecución de las mismas.
Sostuvo el apoderado de la Superintendencia que el hecho investigado hace referencia al procedimiento llevado a cabo para enajenar unas acciones al interior de la sociedad sujeta a control, por haber presentado anormalidades de carácter administrativo, contable y jurídico, tras haber efectuado tres inspecciones el 23 de abril de 1997, el 27 de enero de 2000 y el 23 de junio de 2000.
Señaló que la demandante se encuentra equivocada al afirmar que las funciones de control no se pueden ejercer frente a la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., por cuanto al iniciar la actuación administrativa la sociedad no estaba sujeta a vigilancia. Esta fue sometida a control en razón de situaciones irregulares ya comentadas de orden jurídico, administrativo, económico y contable y se le comunicó la necesidad de que subsanara las anormalidades; después de las tres visitas administrativas, se expidió una resolución por medio de la cual se sometió a control a dicha sociedad, con fundamento en los artículos 83, 84, 85 de la Ley 222, a fin de prevenir estados que pongan en peligro la estabilidad del ente social.
En lo referente a la separación de poderes del Estado, agregó, que la orden de visita se impartió con fundamento en las funciones de inspección, vigilancia y control que sobre las sociedades comerciales tiene la Superintendencia, previstas en los artículos 82 y 84 de la Ley 222, y en el caso sub examine lo que se buscó fue establecer la legalidad del procedimiento que se cumplió para efectuar la transferencia de las acciones, y es por ello que para ordenar la cancelación del traspaso en el libro de accionistas, no fue necesario atender a potestades jurisdiccionales, por cuanto estaba facultada para llevarlas a cabo, pues tenía esa función.
Determinó que, en ningún momento hubo extralimitación de funciones, ni error de derecho por interpretación errónea, por cuanto la facultad utilizada por el ente de control no es la que prevé el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 222, sino el numeral 1 de la mencionada norma.
Así las cosas, manifestó que si la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES verifica que el procedimiento consagrado en el artículo 406 del Código de Comercio, para realizar un traspaso de acciones se desconoció y que, aun así, la sociedad en la cual este se realiza, hace caso omiso de las exigencias legales prestablecidas para el efecto, debe intervenir con el fin de que se rectifiquen las irregularidades advertidas.
Resaltó que, aunque el referido artículo 406 no exige formalidades especiales puesto que no se necesita más que el simple acuerdo de las partes para que se entienda celebrada una negociación de acciones y, por ende, para que se efectúe la respectiva inscripción en el libro de registro de accionistas, tal como lo dispone el artículo 416 ibidem, lo cierto es que en el caso en cuestión no existió ni siquiera ese simple acuerdo, puesto que la oferta y su aceptación no coincidieron en el objeto.
Trajo a colación las manifestaciones del señor ELIO SALA CERIANI, en el Oficio de 15 de octubre de 1999, dirigidas al representante legal de QUÍMICA AMTEX S.A. (folio 329): “[…] En razón a que existe el antecedente de que en Argentina, sin mi consentimiento, fueron traspasadas de ITE a mi nombre, acciones equivalentes a 38.4% del capital social, me dirijo a Usted para notificarle que no hay de mi parte voluntad de aceptar ningún tipo de traspaso que le sea avisado, en estos términos, por parte del representante de la sociedad ITE, mientras no sea el resultado de un reconocimiento global e integral de mis participaciones en ITE que incluya, entre otras, mi porcentaje en los Fondos […]”.
I.4.2. El señor ELIO SALA CERIANI, a través de apoderada, manifestó su oposición a todas las peticiones de anulación y restablecimiento del derecho (folios 292 a 307). En relación con los cargos indicó, que no se incurrió en transgresión de los artículos 6º y 121 de la Constitución Política, ni de la Ley 222, ni del Decreto 1080 de 1996, dado que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES estaba facultada para expedir las resoluciones acusadas; señaló que lo que se define en los actos demandados, no es la titularidad de un bien, sino que lo que se hace es control a una decisión de la administración de la compañía.
Mencionó que no se incurre con los actos demandados en falta de competencia por vulnerar el artículo 113 de la Constitución Política, por cuanto definir si un traspaso de acciones fue hecho de forma irregular o no, es un asunto de competencia de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, dado que si la ley no le dio la posibilidad para definir la propiedad de unas acciones, sí le otorgó la potestad de impartir órdenes para sanear irregularidades en la enajenación de acciones.
Propuso las siguientes excepciones: “No constatación del acuerdo de la cesión de acciones”, pues la petición efectuada por él no correspondía a la entrega del 38.4% de la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., dado que lo demandado fue la restitución de la totalidad de su participación en la convención fiduciaria.
Adujo que, el allanamiento llevado a cabo por I.T.E. CORPORATION LTD., solo recayó sobre la restitución de activos correspondiente a acciones de QUÍMICA AMTEX S.A., no existiendo identidad en lo pedido y lo restituido, por lo que le hizo surgir la necesidad de exigir la restitución de la totalidad de su participación en la convención fiduciaria, no existiendo un acuerdo de voluntades.
“Necesidad de reconocimiento previo judicial, para la eficacia de una decisión proferida en país extranjero”: Acotó, que respecto del argumento de la actora relativo a que el traspaso de acciones obedeció a un acto procesal que en Suiza tiene entidad para generar el traspaso de las acciones, no puede olvidarse que para que se reconozca el valor a este acto procesal, es necesario adelantar un procedimiento para que sea reconocido en Colombia (Exequátur), y sin este trámite previo, no pueden ser ejecutadas las providencias dictadas en el extranjero.
“Indebido agotamiento de la vía gubernativa”, pues en la exposición del argumento referente a la violación de los artículos 6º y 121 de la Constitución Política, la demandante en la vía administrativa sólo se limitó a manifestar, con relación a la competencia de la Superintendencia, que no podía basarse en el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 222; y en la demanda adujo otros argumentos.
“Indebida representación de la demandante”: Señaló el señor ELIO SALA CERIANI que I.T.E. CORPORATION LTD. no acreditó, de conformidad con el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil (en adelante C.P.C.), su debida representación.
“Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”: Expuso que la actora no aportó prueba que acreditara su existencia y representación, y aunque reposa certificación notarial del poder especial judicial otorgado, este no es suficiente para probarla, de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 77 del C de PC.
I.4.3. Por su parte, QUÍMICA AMTEX S.A. (hoy AMTEX S.A.), coadyuvó todas y cada una de las pretensiones propuestas por la actora porque, en su sentir, al proferirse las resoluciones demandadas, se trasgredió la normatividad legal (folios 241 a 262).
Por lo tanto, sostuvo que ocurrió la prescripción de la acción administrativa sancionatoria, toda vez que las resoluciones acusadas fueron expedidas el día 28 de diciembre de 2005, 3 de mayo de 2006 y 31 de enero de 2007, cuando la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES sólo contaba hasta el día 8 de diciembre de 2004 para impartir órdenes a QUÍMICA AMTEX S.A., de conformidad con el artículo 235 de la Ley 222, quedando así, tales actos, viciados de nulidad.
Indicó que, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES no tenía la facultad para juzgar la existencia o validez de un contrato, dado que la decisión sobre la existencia de un convenio debe ser proferida por un Juez de la República mediante sentencia, y adujo, que las funciones de la accionada están plenamente descritas en los artículos 82 a 88 de la Ley 222, sin que en ninguna de estas aparezca la de conocer contratos y juzgar su existencia o validez.
Así mismo, señaló que las Resoluciones demandadas incurren en falsa motivación, al no tener la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES elementos para juzgar la inexistencia del contrato entre I.T.E. CORPORATION LTD. y ELIO SALA CERIANI, así como para ordenar la reversión de la operación.
Agregó que, el artículo 406 Código de Comercio establece que para que el acuerdo sea inscrito en el libro de registro de accionistas de la sociedad, el enajenante debe formular orden escrita a esta, sin necesidad de otro requisito; por ello, la orden de I.T.E. CORPORATION LTD. a QUÍMICA AMTEX S.A., era suficiente para realizar las anotaciones correspondientes en el referido libro.
Expresó que la demanda y el allanamiento son actos de voluntad, donde tanto ELIO SALA CERIANI como I.T.E. CORPORATION LTD., manifestaron su conocimiento para enajenar las referidas acciones.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
A través de sentencia de 26 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión, se declararon no probadas las excepciones de “no constatación del acuerdo de la cesión de acciones”, “necesidad de reconocimiento previo judicial para la eficacia de una decisión proferida en país extranjero”, “indebido agotamiento de la vía gubernativa”, “indebida representación de la demandante” e “ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales” propuestas por el tercero interesado señor ELIO SALA CERIANI, y se denegaron las pretensiones de la demanda interpuesta por I.T.E. CORPORATION LTD.
En cuanto a los cargos de nulidad, el a quo consideró que no había lugar a acceder a los mismos, comoquiera que las resoluciones acusadas no vulneran los artículos 6º y 121 de la Constitución Política; la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, de conformidad con la Ley 222, tiene dentro de sus funciones la inspección, control y vigilancia de las sociedades comerciales y en los artículos 84 y 85 de la mencionada ley, se establece su atribución para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras Superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos, vigilancia que es efectuada de manera permanente.
Que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES es competente para ordenar los correctivos necesarios para sanear una situación que atente contra el “orden jurídico, contable, económico o administrativo” de la sociedad comercial que no esté vigilada por otra entidad, por lo que, lo que hizo la accionada fue establecer la legalidad del procedimiento para transferir el dominio de dichas acciones al señor ELIO SALA CERIANI, tal y como se observa en la Resolución nro. 312–004506 de 28 de diciembre de 2005.
Sostuvo que la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A. no podía negarse a realizar la inscripción en el libro de registro de acciones, a no ser que sea por orden de autoridad competente, o cuando se requieran ciertas formalidades a las cuales no se hayan dado cumplimiento y en el caso bajo examen, al no darse la existencia de la voluntad de una de las partes, no era procedente el registro de dichas acciones.
Que aunque el artículo 406 del Código de Comercio no exige sino el acuerdo de la voluntad entre las partes, en este caso entre la actora y el señor ELIO SALA CERIANI no existió el mismo y, por ello, no es posible determinar la concurrencia de la voluntad, tal y como consta en comunicación de 15 de octubre de 1999, en la que se expresa su falta de voluntad para aceptar el traspaso de las acciones.
Que en la traducción de la providencia de 22 de octubre de 2001, proferida por el Juez del Distrito de Lugano, Cantón del Ticino (Suiza), en el proceso del señor ELIO SALA CERIANI contra la actora, se evidencia que este señor solicitó 2.360.602 cuotas de acciones de QUÍMICA AMTEX S.A. de Medellín (Antioquia), entre otras pretensiones (folios 166 a 178), por lo que al ordenarse el traspaso a su favor de solo 906.471 acciones, se observa la diferencia entre lo solicitado y lo otorgado.
Aunado a lo anterior, también encontró que en el plenario obran las actas de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de QUÍMICA AMTEX S.A., identificadas con los nros. 78, 79, 82 y 84, efectuadas el 7 de julio y 7 de septiembre de 2000, 2 de octubre y 3 de diciembre de 2001, respectivamente, donde el apoderado del señor ELIO SALA CERIANI dejó constancia de la inconformidad respecto al porcentaje de participación asignado (folios 59, 85, 92, 97 y 106).
En relación con la configuración de la supuesta prescripción de la acción administrativa, el Tribunal evidenció que el día 30 de marzo de 2001, mediante auto nro. 610-0340, se suspendió el trámite de la investigación administrativa y solo hasta el día 15 de abril de 2003 con auto nro. 610-0493, se resolvió levantar la suspensión y continuar la investigación. De lo anterior dedujo que del 30 de marzo de 2001 al 15 de abril de 2003 no corrieron términos, por cuanto la actuación administrativa se encontraba suspendida por 2 años y 15 días y al ser la Resolución nro. 312-0004506 expedida el 28 de diciembre de 2003, notificada el día 18 de septiembre de 2006, si bien transcurrieron 6 años nueve (9) meses y dieciocho (18) días, al deducirle el tiempo de la suspensión se tiene que sólo pasaron cuatro (4) años y tres (3), por lo cual no se configuró la prescripción alegada.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
A través de memorial de 15 de mayo de 2012, la actora, I.T.E. CORPORATION LTD., impugnó la sentencia de 26 de marzo de 2012, solicitando su revocatoria para que en su lugar, se acceda a las pretensiones, en la forma que fueron planteadas en la demanda.
Con el objeto de sustentar su recurso, fundamentalmente, insistió en los mismos argumentos fácticos y jurídicos de su demanda, en cuanto que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES se extralimitó en sus funciones, pues sin tener competencia para ello y sin que le fuere posible inmiscuirse en dicho asunto y bajo el pretexto de verificar el cumplimiento de la ley, se refirió a una diferencia entre accionistas, lo que no estaba en sus funciones, vulnerando así el artículo 406 del Código de Comercio que, además, sí fue cumplido a cabalidad por QUÍMICA AMTEX S.A.
Se reafirmó en que el señor ELIO SALA CERIANI presentó la demanda judicial ante el Juzgado del Distrito de Lugano (Suiza), en la que solicitó de I.T.E. CORPORATION LTD., bajo la Convención Fiduciaria, la correspondiente entrega del 38,4% de 2.360.602 cuotas, esto es, de las 906.471 que, efectivamente, le fueron traspasadas, mas no del total de las 2.360.602, como erradamente lo afirmó la providencia impugnada. Señala la actora que, por tanto, acuerdo sí hubo y que el arrepentimiento posterior del señor ELIO SALA CERIANI no invalidó su consentimiento y menos para usarlo como un mecanismo de presión en relación con los demás temas reclamados.
Para la actora, la demanda judicial en Suiza interpuesta por el señor ELIO SALA CERIANI y el allanamiento a la misma por parte de I.T.E. CORPORATION LTD., que obran en el expediente, forman el consentimiento en la enajenación de acciones que desconoce la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y la sentencia apelada, sin consideración válida alguna.
Recalcó que, en efecto, el actuar del señor ELIO SALA CERIANI es contrario a sus propios actos, pues estos han validado la existencia de dicho consentimiento, actuando como titular de las 906.471 acciones en las distintas Asambleas Generales de Accionistas de QUÍMICA AMTEX S.A., tal como se puede observar en las actas nros. 75 de 20 de diciembre de 1999, 84 de 3 de diciembre de 2001 y 86 de 18 de marzo de 2002, así como en las certificaciones del revisor fiscal de 17 de abril de 2002, en las que consta que los días 3 y 4 de abril de 2002 se le pagaron dividendos que ascendieron a la suma de $847.522.630, correspondientes a 1.294.963 acciones, incluidas las transferidas 906.471, y en el año 2003, se le pagaron dividendos por 1.564.333 acciones, que también incluyeron las que fueron objeto de esta contienda, así como en los años 2004 a 2007, un total de 2.057.410 acciones.
Con estas pruebas, la recurrente considera demostrada la circunstancia según la cual el señor ELIO SALA CERIANI ha recibido los dividendos de las acciones cuya transferencia rechaza, pretendiendo actuar en contra de sus propios actos y de su consentimiento otorgado, pero no para devolver los pagos recibidos por su participación accionaria, en cuyo cálculo estuvieron las respectivas 906.471 acciones.
IV.- ALEGATO DE CONCLUSIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las Resoluciones nros. 312-004506 de 28 de diciembre de 2005, 312-001000 de 3 de mayo de 2006 y 312-000164 de 31 de enero de 2007, expedidas por la Superintendencia Delegada para Inspección, Vigilancia y Control de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, por medio de las cuales, se le ordenó a la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., (i) la cancelación de la inscripción del traspaso de 906.471 acciones que había realizado I.T.E. CORPORATION LTD. al señor ELIO SALA CERIANI, en el libro de registro de acciones de aquella, el día 9 de noviembre de 1999, y (ii) la anulación de los títulos de acciones expedidos como consecuencia de dicha transferencia, así como también se resolvieron dos recursos de reposición, confirmándolas en todas sus partes, respectivamente.
La impugnante aduce en su recurso tres argumentos para sustentar la solicitud de revocatoria de la providencia de primera instancia; el primero es aquel según el cual, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES se extralimitó en sus funciones, pues sin tener competencia para ello y sin que le fuere posible inmiscuirse en dicho asunto, bajo el pretexto de verificar el cumplimiento de la ley, se refirió a una diferencia entre accionistas, vulnerando así el artículo 406 del Código de Comercio que, además, sí fue cumplido a cabalidad por QUÍMICA AMTEX S.A.
El segundo es, que en el caso de sí estar facultada, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES no tuvo en cuenta que sí hubo acuerdo y que el arrepentimiento posterior del señor ELIO SALA CERIANI no invalidó su consentimiento inicial, y menos para usarlo como un mecanismo de presión en relación con los demás temas reclamados. Esto por cuanto dicho señor presentó una demanda judicial ante el Juzgado del Distrito de Lugano (Suiza), en la que solicitó de I.T.E. CORPORATION LTD., bajo la Convención Fiduciaria, la correspondiente entrega del 38,4% de 2.360.602 cuotas, esto es, de las 906.471 que efectivamente le fueron traspasadas, a lo que en efecto se dio cumplimiento a través de la referida transferencia de acciones.
Para la impugnante, la demanda judicial en Suiza interpuesta por el señor ELIO SALA CERIANI y el allanamiento a la misma por parte de I.T.E. CORPORATION LTD., que obran en el expediente, forman el consentimiento en la enajenación de acciones que desconoce la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y la sentencia apelada, sin consideración válida alguna.
Y por último, insistió en que el actuar del señor ELIO SALA CERIANI es contrario a sus propios actos, pues estos han validado la existencia de dicho consentimiento, actuando como titular de las 906.471 acciones en las distintas Asambleas Generales del Accionistas de QUÍMICA AMTEX S.A., tal como se puede observar en las actas nros. 75 de 20 de diciembre de 1999, 84 de 3 de diciembre de 2001 y 86 de 18 de marzo de 2002, así como en las certificaciones del revisor fiscal de 17 de abril de 2002, en las que consta que los días 3 y 4 de abril de 2002 se le pagaron dividendos que ascendieron a la suma de $847.522.630, correspondientes a 1.294.963 acciones, incluidas las transferidas 906.471, y en el año 2003, se le pagaron dividendos por 1.564.333 acciones, que también incluyeron las que fueron objeto de esta contienda, así como en los años 2004 a 2007, un total de 2.057.410 acciones.
Así las cosas, considera demostrado el mencionado acuerdo por la circunstancia según la cual, el señor ELIO SALA CERIANI, ha recibido los dividendos de las acciones cuya transferencia rechaza, pretendiendo actuar en contra de sus propios actos y del consentimiento otorgado, criterio que, sin embargo, no aplica para devolver los pagos recibidos por su participación accionaria, en cuyo cálculo estuvieron las respectivas 906.471 acciones.
Para revisar cada uno de los argumentos de la apelación, la Sala considera oportuno advertir, previamente, bajo qué contexto fueron iniciadas y tramitadas las investigaciones que dieron lugar a las decisiones de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES que son materia de la litis.
A través de la Resolución nro. 610-007 de 26 de enero de 2000, fue decretada la práctica de una visita a la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., con domicilio en la ciudad de Medellín (Antioquia), y como consecuencia de la diligencia practicada, fue expedida la Resolución nro. 610-056 de 15 de mayo de 2000, por medio de la cual se ordenó correr traslado de cargos, entre otras personas, al representante legal de la mencionada compañía.
Una vez evaluados los descargos presentados, fue expedida la Resolución nro. 610-0125 de 27 de octubre de 2000, mediante la cual se impartieron órdenes al representante legal de QUÍMICA AMTEX S.A., y luego, la Resolución nro. 610-404 de 12 de marzo de 2004, por medio de la cual se resolvió su recurso de reposición.
No obstante, el fallo de tutela de 22 de abril de 2004, proferido por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Medellín (Antioquia) y confirmado por el Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) con providencia de 1º de junio de 2004, tuteló los derechos fundamentales de I.T.E. CORPORATION LTD., en su calidad de accionista de QUÍMICA AMTEX S.A., y ordenó a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES dejar sin efectos la actuación hasta allí surtida, debiendo además, rehacerla posibilitando su derecho a la defensa y debido proceso.
Fue por esto que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES decidió, a través de la Resolución nro. 300-1547 de 30 de abril de 2004, en acatamiento de la sentencia de tutela, dejar sin efectos la Resolución nro. 610-0125 de 27 de octubre de 2000 y rehacer debidamente la actuación, garantizando así los derechos a la defensa y debido proceso del accionista societario I.T.E. CORPORATION LTD., otorgándole los respectivos traslados para sus descargos y pretensiones probatorias.
Luego de surtirse lo propio, el Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, expidió los actos acusados, esto es, las Resoluciones nros. 312-004506 de 28 de diciembre de 2005, 312-001000 de 3 de mayo de 2006 y 312-000164 de 31 de enero de 2007, con las decisiones y órdenes ya referidas, impartidas a QUÍMICA AMTEX S.A.
Pero paralelo a todo este trámite administrativo y a sus actos finales, la Sala pudo constatar que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES ya había decidido someter bajo su control, desde antes, a la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A. por una lista de posibles irregularidades que estaban siendo investigadas con anticipación, entre ellas, la relacionada específicamente con la transferencia de las acciones al señor ELIO SALA CERIANI.
Esos actos administrativos con los que la demandada sometió bajo su control a QUÍMICA AMTEX S.A., correspondieron a las Resoluciones nros. 610-00137 de octubre 16 de 2001 y 300-004127 de 26 de diciembre de 2002, los cuales, también fueron demandados por dicha sociedad ante esta jurisdicción, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado nro. 11001-03-24-000-2003-00131-01(8898), por esta Sección, Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero pretensiones denegadas mediante la sentencia de 20 de agosto de 2004, proferida.
En esa ocasión, se dejó constancia de que la Intendencia Regional de Medellín (Antioquia) de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, había adelantado desde el año 1997 algunas investigaciones a QUÍMICA AMTEX S.A. relacionadas con la supuesta asunción por parte de la sociedad de gastos personales de algunos miembros de la Junta Directiva y accionistas, presunto trato inequitativo a uno de ellos, eventuales otorgamientos de préstamos a algunos accionistas y viaje de un funcionario a la República Popular China. Esta investigación terminó con la imposición de algunas multas.
Posteriormente, fueron investigadas otras conductas, como por ejemplo, la designación de un gerente con un salario tres veces superior al de su antecesor y un traspaso de acciones. Otra indagación de irregularidades tuvo origen en una actuación de la Intendencia realizada desde el año 2000.
Entretanto, el accionista ELIO SALA CERIANI presentó algunas demandas de impugnación contra decisiones de la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva de QUÍMICA AMTEX S.A., tales como el nombramiento de presidente, la reforma estatutaria y el traspaso de acciones hecho a su favor pues, en su opinión, no era propietario de más sino de menos acciones en la Compañía.
Esos hechos fueron los mismos que el Intendente tomó como base para justificar la decisión de someter a control a QUÍMICA AMTEX S.A., pues son ellos los que aparecen citados y narrados en la parte motiva de la resolución inicial de la Superintendencia, de donde provino la supuesta crítica situación de orden jurídico y administrativo que implicó la adopción del control, que es el grado máximo de supervisión que puede imponer y ejercer esa entidad.
En algunos de los considerandos que sirvieron de fundamento a esas Resoluciones nros. 610-00137 de octubre 16 de 2001 y 300-004127 del 26 de diciembre de 2002, se consignó:
“[…] Cuarto. Que de acuerdo con lo expuesto en esta providencia, se observan las dificultades y deficiencias de diversa índole presentes en la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A. motivo por el cual se encuentra pertinente someter al grado de supervisión de control a la mencionada Compañía, en consideración al alcance y ámbito de lo expuesto y presente en las mencionadas actuaciones administrativas.
No sobra resaltar cómo las decisiones que se tomen en la Sociedad, mientras procede el pronunciamiento definitivo en torno a la situación del eventual traspaso de acciones sometido hoy al trámite de la impugnación de decisiones de órganos sociales y mientras se evidencia el cumplimiento de las diversas órdenes impartidas por esta Superintendencia, cuando ello ha procedido en el curso de las actuaciones administrativas mencionadas, podrían profundizar y ahondar la situación crítica expuesta, así como afectar los intereses de los accionistas, situación que debe evitarse en aras de cumplir las funciones que por ley han sido asignadas a la Superintendencia de Sociedades, consagradas en la Ley 222 de 1995, en el Decreto 1080 de 1996 y demás normas concordantes […]” (Negrillas por fuera de texto).
Y la Sala, para mantener incólume la legalidad de tales actos, consideró:
“[…] Señala el demandante que si bien hay irregularidades, no por ello hay crisis, pero, a juicio de la Sala, precisamente la decisión de policía administrativa aplicada por la Superintendencia de Sociedades pretende que a tiempo se apliquen correctivos a fin de evitar que las sociedades lleguen a situaciones imposibles de resolver.
Como lo anota la Superintendencia, estas son algunas de las actuaciones que dieron lugar a la adopción del control:
• Asunción de gastos personales de algunos miembros de la junta directiva y accionistas por parte de la sociedad.
• Trato inequitativo denunciado por uno de los accionistas.
• Otorgamiento de préstamos por fuera del marco legal.
• Aprobación de donaciones sin autorización el órgano social competente.
• Irregularidades en la contabilidad como insuficiente revelación de algunas partidas.
• Designación de un accionista como gerente con una asignación injustificada.
• Aprobación de un cuantioso reconocimiento laboral retroactivo a favor de un accionista, cuyos perjuicios no se han determinado y es materia de debate ante los distintos estrados judiciales.
• Traspaso de acciones e inscripción en el libro de registro de accionistas, sin el lleno de las formalidades pertinentes que es objeto de controversia entre accionistas y materia de investigación administrativa.
• Demanda de impugnación en curso contra decisiones de la asamblea general de accionistas, adoptadas en reuniones del 7 de julio y 7 de septiembre de 2000.
• Demanda de impugnación en curso contra decisiones de la junta directiva adoptadas el 21 de diciembre de 2000.
• Aumento del capital autorizado aprobado por la asamblea general de accionistas el 2 de octubre de 2002, cuya consiguiente suscripción se halla cuestionada por indefinición del traspaso de acciones, materia de investigación.
Como puede apreciarse, han sido varias las situaciones denunciadas ante la Superintendencia que hoy son motivo de investigación y que han propiciado el sometimiento al control por parte de esta entidad, respecto de la sociedad demandante. Como bien lo señala la norma contenida en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, la medida de control supone el ordenamiento de correctivos para subsanar la situación de crisis administrativa y jurídica, no necesariamente económica y financiera, que puede surgir al interior de una sociedad comercial y que se justifica plenamente en aras de proteger no solamente los intereses de los accionistas, sino también los de terceros.
Esta decisión de sometimiento se encuentra ajustada a derecho, como medida preventiva y temporal que puede ser modificada una vez se hayan superado los motivos que la propiciaron, tal como quedó consignado en los actos demandados. Y, como bien lo anota el Ministerio Público en su concepto, no se trata de una sanción sino de una medida preventiva que se debe aplicar para contrarrestar futuros daños a terceros, a la misma sociedad y a sus socios.
Al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, la Sala procederá a denegar las pretensiones de la demanda […]” (Negrillas por fuera de texto).
Las situaciones irregulares acontecidas al interior de la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., muchas de ellas originadas entre socios y denunciadas por ellos mismos, y por la cuales, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES ha venido desde hace mucho tiempo interviniendo con órdenes, medidas y actuaciones policivas en general, no son extrañas ni novedosas para la Sala porque, precisamente, como ya se vio, ha tenido que pronunciarse en torno a la legalidad de decisiones relacionadas con dicho conglomerado societario, emitidas por esa entidad de control y vigilancia.
En esta oportunidad, el caso concreto emerge como otro episodio en el transcurrir, aparentemente agitado, de la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., esta vez entre I.T.E. CORPORATION LTD. (fiducia) y el señor ELIO SALA CERIANI (fideicomitente), por discrepancias en torno a la transferencia (devolución) de acciones de la primera al segundo y la orden impartida, en ese sentido, por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
Resaltadas estas precisiones fácticas en el marco del asunto sub judice, la Sala observa que la Ley 222 establece en su artículo 82:
“[…] Artículo 82. COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de Sociedades, la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales, en los términos establecidos en las normas vigentes.
También ejercerá inspección y vigilancia sobre otras entidades que determine la ley. De la misma manera ejercerá las funciones relativas al cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera, inversión colombiana en el exterior y endeudamiento externo. […]”.
La norma es clara al determinar que la Superintendencia tiene a su cargo funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las sociedades comerciales. Es importante delimitar el alcance de cada una de estas facultades, así:
“[…] Artículo 83. INSPECCIÓN. La inspección consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria o sobre operaciones específicas de la misma. La Superintendencia de Sociedades, de oficio, podrá practicar investigaciones administrativas a estas sociedades […]”
“[…] Artículo 84. VIGILANCIA. La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente.
Estarán sometidas a vigilancia, las sociedades que determine el Presidente de la República. También estarán vigiladas aquellas sociedades que indique el Superintendente cuando del análisis de la información señalada en el artículo anterior o de la práctica de una investigación administrativa, establezca que la sociedad incurre en cualquiera de las siguientes irregularidades:
a. Abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias;
b. Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad;
c. No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados;
d. Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social.
Respecto de estas sociedades vigiladas, la Superintendencia de Sociedades, además de las facultades de inspección indicadas en el artículo anterior, tendrá las siguientes:
1. Practicar visitas generales, de oficio o a petición de parte, y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsanen las irregularidades que se hayan observado durante la práctica de éstas e investigar, si es necesario, las operaciones finales o intermedias realizadas por la sociedad visitada con cualquier persona o entidad no sometida a su vigilancia.
2. Autorizar la emisión de bonos de acuerdo con lo establecido en la ley y verificar que se realice de acuerdo con la misma.
3. Enviar delegados a las reuniones de la asamblea general o junta de socios cuando lo considere necesario.
4. Verificar que las actividades que desarrolle estén dentro del objeto social y ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del mismo.
5. Decretar la disolución, y ordenar la liquidación, cuando se cumplan los supuestos previstos en la ley y en los estatutos, y adoptar las medidas a que haya lugar.
6. Designar al liquidador en los casos previstos por la ley.
7. Autorizar las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión.
8. Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos previstos por la ley.
9. Autorizar la colocación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y de acciones privilegiadas.
10. Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias cuando no se ajusten a la ley.
11. Ordenar la inscripción de acciones en el Libro de Registro correspondiente, cuando la sociedad se niegue a efectuarla sin fundamento legal […]”.
En cuanto a las facultades específicas de control, dispone el artículo 85:
“[…] Artículo 85. CONTROL. El control consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente de Sociedades mediante acto administrativo de carácter particular.
En ejercicio del control, la Superintendencia de Sociedades tendrá, además de las facultades indicadas en los artículos anteriores, las siguientes:
1. Promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar la situación que hubiere originado el control y vigilar la cumplida ejecución de los mismos.
2. Autorizar la solemnización de toda reforma estatutaria.
3. Autorizar la colocación de acciones y verificar que la misma se efectúe conforme a la ley y al reglamento correspondiente.
4. Ordenar la remoción de administradores, revisor fiscal y empleados, cuando se presenten irregularidades que así lo ameriten.
5. Conminar bajo apremio de multas a los administradores para que se abstengan de realizar actos contrarios a la ley, los estatutos, las decisiones del máximo órgano social o junta directiva, o que deterioren la prenda común de los acreedores u ordenar la suspensión de los mismos.
6. Efectuar visitas especiales e impartir las instrucciones que resulten necesarias de acuerdo con los hechos que se observen en ellas.
7. Convocar a la sociedad al trámite de un proceso concursal.
8. Aprobar el avalúo de los aportes en especie.
Parágrafo. Las sociedades sujetas a la vigilancia o control por determinación del Superintendente de Sociedades, podrán quedar exonerados de tales vigilancia o control, cuando así lo disponga dicho funcionario […]” (Negrillas por fuera de texto).
Por su parte el artículo 406 del Código de Comercio determina:
“[…] Artículo 406. <NEGOCIACIÓN DE ACCIONES NOMINATIVAS>. La enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes; más para que produzca efecto respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su inscripción en el libro de registro de acciones, mediante orden escrita del enajenante. Esta orden podrá darse en forma de endoso hecho sobre el título respectivo.
Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos expedidos al tradente.
PARÁGRAFO. En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones nominativas, el registro se hará mediante exhibición del original o de copia auténtica de los documentos pertinentes […]”.
Y, además, el artículo 416 del Código de Comercio señala:
“[…] Artículo 416. <NEGATIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA A LA INSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN EL LIBRO DE REGISTRO>. La sociedad no podrá negarse a hacer las inscripciones en el libro de registro de acciones, que se prevén en esta Sección sino por orden de autoridad competente, o cuando se trate de acciones para cuya negociación se requieran determinados requisitos o formalidades que no se hayan cumplido […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
De conformidad con estas normas, para la Sala es claro que la Superintendencia tiene dentro de sus funciones la inspección, control y vigilancia permanente de las sociedades comerciales, y en el artículo 84 de la mencionada ley, se establece la atribución de velar porque estas se ajusten a la ley y a los estatutos, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social.
Por lo tanto, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES sí es competente para ordenar los correctivos necesarios en aras de sanear una situación que atente contra el “orden jurídico, contable, económico o administrativo” de la sociedad comercial sometida a su vigilancia, en este caso, QUÍMICA AMTEX S.A. En los actos acusados, se estableció la legalidad del procedimiento cumplido para transferir el dominio de dichas acciones, desde el socio I.T.E. CORPORATION LTD. hacia otro socio, el señor ELIO SALA CERIANI, en el ejercicio legítimo de una de sus funciones, cual es la de velar porque las sociedades, tanto en su formación como en su funcionamiento y desarrollo de su objeto social, actúen acorde con la ley y los estatutos.
Como pudo constatarse, si bien la sociedad no puede negarse a realizar la inscripción en el libro de registro de acciones, esa orden de “no hacer” sí la debe cumplir cuando se la impone una autoridad competente o incluso, aquella misma puede abstenerse cuando note que ciertas formalidades no han sido cumplidas; en el caso concreto, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, luego de realizar las visitas de inspección referidas, surtir los trámites de rigor y estando investida de plenas facultades para ello, determinó que no era procedente el registro de dichas acciones en el libro de QUÍMICA AMTEX S.A., y que ante la consumación de tal actuación, lo procedente era ordenar la cancelación de la misma.
La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, contrario a lo expuesto por la impugnante, sí estaba facultada para ordenar los correctivos necesarios para sanear las irregularidades detectadas en medio de la investigación adelantada a la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., sin que bajo circunstancia alguna exista razón válida o legítima que excluya de su radio de acción, las circunstancias que rodearon la transferencia irregular de unas acciones entre socios porque estos desatendieron los elementos mínimos para su perfeccionamiento, pues una mala o descuidada praxis en ese aspecto, sin duda alguna que sí atenta contra el buen desarrollo de su objeto social, contra la ley y los estatutos societarios.
Con relación a la supuesta aceptación irrevocable del señor ELIO SALA CERIANI del traspaso de las 906.471 acciones que le fuese efectuado por la actora I.T.E. CORPORATION LTD. mediante comunicación de 1º de septiembre de 1999 (folio 31), operación que no debió haber sido objeto de cancelación por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, en los términos planteados por la demanda y el recurso de apelación, para la Sala resulta inexpugnable la imperfección de este negocio intentado por los mencionados sujetos, que si bien tenían fundadas razones para materializarlo, ello no se pudo llevar a cabo debido a la decisión unilateral y oportuna exteriorizada por el primero de aquellos, tornándose en irregular la pluricitada inscripción para la fecha en que se produjo: 9 de noviembre de 1999.
Las evidencias en el expediente dan cuenta de ello. A folio 32 obra la carta reseñada a lo largo del proceso, mediante la cual, el señor ELIO SALA CERIANI le informa al señor José Miguel Arango CH., Gerente de QUÍMICA AMTEX S.A., su falta de voluntad para aceptar el traspaso de las 906.471 acciones por parte de I.T.E. CORPORATION LTD., así:
“[…] Medellín, octubre 15 de 1999
Doctor
JOSÉ MIGUEL ARANGO CH.
Doctor Arango:
En razón a que existe el antecedente de que en Argentina, sin mi consentimiento, fueron traspasadas de ITE a mi nombre, acciones equivalentes a 38.4% del capital social, me dirijo a Usted para notificarle que no hay de mi parte voluntad de aceptar ningún tipo de traspaso que le sea avisado, en estos términos, por parte del representante de la sociedad ITE, mientras no sea el resultado de un reconocimiento global e integral de mis participaciones en ITE que incluya, entre otras, mi porcentaje en los Fondos.
Esto como bien lo debe saber usted, por cuanto el proceso que se encuentra instaurado en Suiza busca no solo la separación de participaciones, sino además de créditos y bienes sociales, de tal forma que no hay interés alguno en aceptar una solución parcial consistente solo en la entrega de las acciones que indirectamente me corresponden en la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A. a través de ITE. Además, de no haberse respetado nuevamente la convención fiduciaria, la cual obliga al representante a contar con la aprobación unánime de los fiduciantes para la adopción de cualquier decisión.
Así las cosas, espero se respete esta mi decisión, hasta tanto por escrito le comunique algo diferente.
Atentamente,
ELIO SALA CERIANI […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Estas manifestaciones hechas por el señor ELIO SALA CERIANI son elocuentes, en tanto que, de forma perentoria y expresa, rechazan cualquier intento de transferencia de acciones provenientes de I.T.E. CORPORATION LTD., en lo que se constituye como una legítima ausencia de voluntad negocial y en una imposibilidad material de constituir dicho acuerdo.
Pero además, las razones para asumir esta conducta quedaron claramente expuestas en dicha misiva; ellas consistían en que tales acciones no podían tratarse de forma individual y aislada de un paquete general de negociación conformado también por otros créditos y bienes sociales, que por demás, se encontraba sub judice para esa época, a las resultas de un proceso judicial instaurando por él ante el Juzgado del Distrito de Lugano, República y Cantón Del Ticino (Suiza), desde el día 31 de enero de 1994.
Que, por lo tanto, para el señor ELIO SALA CERIANI era necesario que se le efectuara un reconocimiento global e integral de todas sus acciones, créditos bancarios y bienes sociales por parte de I.T.E. CORPORATION LTD., sin que fuese de su interés recibir solamente la porción correspondiente a las acciones, esto es, que no aceptaba una negociación parcial.
Debe recordarse, que el señor ELIO SALA CERIANI, en su demanda interpuesta ante el Juez del Distrito de Lugano, República y Cantón Del Ticino (Suiza), pretendía una condena judicial en contra de I.T.E. CORPORATION LTD., para que esta sociedad financiera e industrial, con sede en ese país europeo y que estuvo fungiendo como su fiduciaria desde la convención fiduciaria de 25 de agosto de 1989 (encargo fiduciario en los términos nacionales), (i) le restituyera la totalidad de sus participaciones que desde entonces les había confiado, equivalentes al 38.4% de: 4.387.498 acciones “serie B” de QUÍMICA AMTEX S.A. de C.V. en Ciudad de México (México); 4.387.448 acciones de INVERQUIM S.A. de C.V. en Ciudad de México (México); 2.360.602 cuotas de QUÍMICA AMTEX S.A. en Medellín (Antioquia); 36.000.000 acciones de QUÍMICA AMTEX LTDA. en Santiago de Chile (Chile); 1.603.875 acciones de LATINOQUÍMICA S.A. en Buenos Aires (Argentina); 49 acciones de AMTEX en Buenos Aires (Argentina); y, a su vez, (ii) le entregara el 38.4% de los créditos con la banca y con las sociedades de grupo, todo lo anterior por la presunta violación de las obligaciones asumidas por dicha fiduciaria.
Es por esto que, se encuentra coherente la decisión tomada por señor ELIO SALA CERIANI, el día 15 de octubre de 1999, de no aceptar las acciones que I.T.E. CORPORATION LTD. había resuelto devolverle, radicadas en la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A. de Medellín (Antioquia), pues hasta esa fecha, la suerte de las específicas acciones involucradas en el caso concreto y de todas las demás arriba citadas, así como de los créditos con la banca y con las sociedades de grupo, y de los activos sociales, permanecía sometida al rigor del sistema judicial suizo.
Incluso, nuevamente con carta de 29 de octubre de 1999, el señor ELIO SALA CERIANI, volvió a dirigirse al representante legal de QUÍMICA AMTEX S.A., para reiterar su voluntad inequívoca:
“[…] Medellín, octubre 29 de 1999
DOCTOR
JOSÉ MIGUEL ARANGO CH.
DOCTOR ARANGO:
Me refiero a la comunicación que me permití dirigirle el día 15 de octubre y de la cual, no he recibido ninguna respuesta. Es posible que usted haya recibido instrucciones relacionadas con el tema que le expongo en mi comunicación, le pido el favor de transmitirme por escrito lo que haya ocurrido.
Atentamente:
ELIO SALA C. […]” (Negrillas por fuera de texto).
A partir de esos instantes, debió haberse abortado cualquier actuación por parte de la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., tendiente a inscribir en su libro de acciones, la referida transferencia de las 906.471 acciones al señor ELIO SALA CERIANI, solicitada por I.T.E. CORPORATION LTD., o al menos, desplegar preventivamente las gestiones administrativas necesarias que le permitieran esclarecer la evidente contradicción existente entre las dos personas, antes de proceder con la inscripción irregular el día 9 de noviembre de 1999, que terminó siendo cancelada por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, a través de los actos acusados.
No fueron desacertadas las Resoluciones nros. 312-004506 de 28 de diciembre de 2005, 312-001000 de 3 de mayo de 2006 y 312-000164 de 31 de enero de 2007, al haberle ordenado a la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A., la cancelación de la inscripción, apresurada y precipitada por demás, del traspaso de las 906.471 acciones efectuada el día 9 de noviembre de 1999 en su libro de registro, pues la vigencia de dicha actuación societaria implicaba la transgresión tanto de los derechos del señor ELIO SALA CERIANI, como de dicho conglomerado empresarial de cara al idóneo desarrollo de su objeto social.
Ahora bien, no es de recibo el argumento de la impugnación según el cual, la demanda judicial en Suiza interpuesta por el señor ELIO SALA CERIANI y el allanamiento a la misma por parte de I.T.E. CORPORATION LTD., forman el consentimiento de la enajenación de las acciones y, por ende, del acuerdo que echaron de menos la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y la sentencia apelada.
Ello, por cuanto observa la Sala lo siguiente: en ese proceso judicial fue proferida la providencia de 22 de octubre de 2001, por el Juzgado del Distrito de Lugano, República y Catón Del Ticino (Suiza) (folios 158 a 178), mediante la cual, se accedió a las pretensiones de la demanda y fue condenada I.T.E. CORPORATION LTD. a entregar al señor ELIO SALA CERINI, el 38.4% de las participaciones accionarias de todas las relacionadas en su escrito, tal como fueron reseñadas con anterioridad, dentro de la cual se encontraban las 2.360.602 cuotas de QUÍMICA AMTEX S.A. de Medellín (Antioquia), que una vez aplicada la fórmula porcentual, arrojan efectivamente un total de 906.471. Igualmente, fueron denegadas por improcedentes, las demás pretensiones relacionadas con la entrega, en el mismo porcentaje del 38.4%, de los créditos con la banca y con las sociedades de grupo, y de los activos sociales.
El día 2 de septiembre de 2002, la II Cámara Civil del Tribunal de Apelación del Cantón Ticino, confirmó esta sentencia. Sin embargo, I.T.E. CORPORATION LTD. interpuso un “recurso de derecho público” contra esta sentencia confirmatoria, el cual le fue resuelto a su favor con sentencia de 23 de abril de 2003 (folios 197 a 213), a través de la cual, la I Corte Civil del Tribunal Federal de Suiza, anuló los dispositivos (artículos) III y IV de la sentencia de 2 de septiembre de 2002, pues una vez se constató la aquiescencia parcial (consentimiento parcial) de la fiduciaria a las pretensiones iniciales del señor ELIO SALA CERIANI, lo cual ocurrió con escrito de 2 de septiembre de 1999 (con el que se limitó a devolverle solo los títulos accionarios), el juez y el Tribunal de Apelación debieron proceder a la eliminación parcial de la causa y no a proferir un fallo de fondo condenatorio.
A partir de lo contenido en estos documentos, se advierte con claridad que, si bien una autoridad judicial europea pudo verificar que I.T.E. CORPORATION LTD. aceptó parcialmente las pretensiones judiciales del señor ELIO SALA CERIANI, en cuanto a la restitución de todas las acciones que le habían sido encargadas por él en el fideicomiso:
(i) Ello fue advertido, por la I Corte Civil del Tribunal Federal de Suiza, cuatro años después de haberse realizado la inscripción del traspaso de las 906.471 acciones, por lo que esa inscripción prematura no tuvo como causa el pronunciamiento de dicha Corte, ni se realizó en cumplimiento de orden judicial alguna que la respaldara;
(ii) por la misma razón, los actos impugnados de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, mediante los cuales se canceló dicha inscripción, no fueron expedidos en contravía de providencia judicial alguna;
(iii) y, por último, la figura procesal de la aquiescencia parcial, prevista en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil de la República y Cantón Ticino de Suiza y que fuese aplicado en la providencia del 23 de abril de 2003, refleja la conducta procesal asumida por I.T.E. CORPORATION LTD. dentro de esa causa y para los efectos allí contemplados, sin que sea posible aplicarla automáticamente en el territorio nacional, sin al menos haber cumplido con los requisitos y elementos internos exigidos para ello. La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES tuvo conocimiento de las mencionadas sentencias suizas, pero eso no desvirtuó la consumación de la inscripción irregular del traspaso de las 906.471 acciones.
Esas providencias no tienen la capacidad de subsanar la praxis que, erráticamente, ya se había adelantado por la sociedad QUÍMICA AMTEX S.A. en Colombia, cuya autoridad de vigilancia y control de sociedades observó y decidió corregir, legítimamente, a través de las órdenes impartidas en los actos demandados, sin perjuicio, claro está, de que, posteriormente, puedan iniciarse los trámites necesarios para formalizar el referido traspaso y su consecuente inscripción en el libro de registro de acciones, de lograrse un acuerdo al respecto.
Por su parte, el argumento de la apelación que recalca que el actuar del señor ELIO SALA CERIANI es contrario a sus propios actos, pues estos han validado la existencia de dicho consentimiento, actuando como titular de las 906.471 acciones en las distintas Asambleas Generales del Accionistas de QUÍMICA AMTEX S.A., y recibiendo el pago de dividendos, tampoco tiene vocación de prosperidad, en cuanto no demuestra la ilegalidad de las resoluciones expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, al referirse al devenir societario y cotidiano asumido por el señor ELIO SALA CERIANI a través de su representante, lo que en manera alguna desacredita la maniobra de intervención asumida por la demandada, en aras de que se corrigiera el pluricitado error.
Además, no se puede desconocer que en las actas de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de QUÍMICA AMTEX S.A. nros. 78, 79, 82 y 84, efectuadas los días 7 de julio y 7 de septiembre de 2000, 2 de octubre y 3 de diciembre de 2001, respectivamente, el apoderado del señor ELIO SALA CERIANI dejó constancia varias veces de la inconformidad respecto al porcentaje de participación asignado (folios 59, 85, 92, 97, 106 del cuaderno de Anexo nro. 1), lo que en principio no torna en permanente ni uniforme la conducta reprochada por I.T.E. CORPORATION LTD. al referido socio.
Por demás, no sobra anotar que la forma cómo se realizan las reuniones de asambleas en QUIMICA AMTEX S.A., sus convocatorias, orden del día, contabilización del quórum, distribución y pago de utilidades, entre muchos otros aspectos de su operación, son temas que si bien atañen a sus socios, permanecen bajo la órbita de vigilancia, inspección y control de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES; así las cosas, si a partir de la ejecutoria de la orden de cancelación impartida por esta entidad, sobrevino la ilegalidad o antijuridicidad de actuaciones adelantadas con anterioridad o posterioridad a la misma, deberán ponerse en conocimiento de dicha autoridad para que se tramiten las investigaciones de rigor y se tomen las decisiones que permitan corregirlas.
Finalmente, y aunque no fue un argumento principal del recurso de apelación bajo estudio, la Sala considera procedente aclarar el aspecto de la prescripción de la acción administrativa sancionatoria analizado por el a quo. En la sentencia impugnada se explicó que el día 30 de marzo de 2001, mediante auto nro. 610-0340 se suspendió el trámite de la investigación administrativa y solo hasta el día 15 de abril de 2003 con auto nro. 610-0493, se resolvió levantar la suspensión y continuar la investigación. De lo anterior dedujo que, del 30 de marzo de 2001 al 15 de abril de 2003 no corrieron términos, por cuanto la actuación administrativa se encontraba suspendida por 2 años y 15 días, y al ser la Resolución nro. 312-0004506 expedida el 28 de diciembre de 2003, notificada el día 18 de septiembre de 2006, si bien transcurrieron 6 años nueve (9) meses y dieciocho (18) días, al deducirle el tiempo de la suspensión se tiene que sólo pasaron cuatro (4) años y tres (3) días sin que se configurara la prescripción alegada.
La Sección al explicar el alcance del artículo 235 de la Ley 222, consideró lo siguiente:
“[…4.3 Configuración de la caducidad y/o la prescripción:
[…]
El citado artículo 235 de la Ley 222 de 1995 prevé que: “Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el Libro Segundo del Código de Comercio y en esta ley, prescribirán en cinco años, salvo que en ésta se haya señalado expresamente otra cosa” (se subraya).
Esta norma, como lo ha precisado la Sala, se refiere a la “acción administrativa sancionatoria”, es decir, a las acciones administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el Libro Segundo del Código de Comercio y en la citada ley, y que se dirigen a verificar dicha violación e imponer las sanciones correspondientes (artículo 86.3 de la Ley 222 de 1995), pero no propiamente a las demás actuaciones que por mandato legal le corresponde cumplir a la Superintendencia de Sociedades en desarrollo de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades mercantiles, frente a las cuales la Ley 222 de 1995 no consagra un término para su ejercicio.
En efecto, del estudio de los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995 se desprende que las demás atribuciones de la Superintendencia de Sociedades no tienen caducidad y/o término de prescripción, pues las mismas son de carácter ocasional, permanente o transitorio y, por ende, pueden ser ejercidas en cualquier momento, de oficio cuando las circunstancias así lo ameriten, o a petición de parte interesada, siempre que se den los presupuestos para cada una de ellas.
En este orden, entonces, no es acertado el cargo formulado por la parte actora, pues la norma legal que invoca no es aplicable frente al presente asunto, en el cual no se está juzgando la legalidad de actos administrativos de carácter sancionatorio. En consecuencia, el cargo no prospera […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
En este sentido, no fue atinado el análisis realizado por el Tribunal para desvirtuar el cargo de la prescripción, en tanto que, de conformidad con la Jurisprudencia reiterada de la Sala, en el caso sub lite se judicializan actos de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES con los que se ordenó la cancelación de una inscripción del traspaso de 906.471 de I.T.E CORPORATION LTD. al señor ELIO SALA CERIANI, es decir, decisiones en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222, que no sancionatorias, carentes de término de prescripción alguno.
Al no tener vocación de prosperidad los cargos de la apelación, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia en su integridad, manteniéndose así la legalidad de las Resoluciones nros. 312-004506 de 28 de diciembre de 2005, 312-001000 de 3 de mayo de 2006 y 312-000164 de 31 de enero de 2007, expedidas por la Superintendencia Delegada para Inspección, Vigilancia y Control de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
CONFÍRMASE la sentencia apelada.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de marzo de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
"Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades y se dictan normas sobre su administración y recursos”.
Citada sentencia de 20 de agosto de 2004, radicado nro. 11001-03-24-000-2003-00131-01(8898), Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
Disponible [en línea]: [https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/id/748/previg/1].
Sentencia de 2 de noviembre de 2006, expediente nro. 25000-2324-000-2003-00022-01, demandante: Eduardo López Obregón, demandado: Superintendencia de Sociedades, Consejero ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
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