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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00354-01

Fecha
19 de agosto de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00354-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: 12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección “C”. Sentencia del 10 de septiembre de 2020. Proceso radicado número: 54001 23 33 000 2013 00199 01. Consejero Ponente: Nicolás Yepes Corrales Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 25000 23 24 000 2007 00354 01 Demandante: Flota San Vicente S.A. PRIMERO: NEGAR la solicitud de adición de la sentencia del 28 de abril de 2022, realizada por la sociedad Flota San Vicente S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de corrección de la parte resolutiva de la providencia del 28 de abril de 2022, la cual quedará así: “PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución nro. 001835 del 15 de mayo de 2007, expedida por el Ministerio de Transporte de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.” TERCERA: Una vez ejecutoriada se ordena que por Secretaría se devuelva el proceso al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2007-00354-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de agosto de 2022

Radicado: 25000 23 24 000 2007 00354 01
Demandante: Flota San Vicente S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación núm.: 25000 23 24 000 2007 00354 01
Actor: Flota San Vicente S.A.
Demandado: Nación - Ministerio de Transporte

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – SOLICITUD DE
ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA.

Corresponde a la Sala resolver las solicitudes de adición y corrección propuestas
por la parte actora y el Ministerio de Transporte, respectivamente, respecto de la
sentencia del 28 de abril de 2022, mediante la cual se revocó la sentencia del 18 de
abril de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se declaró
la nulidad de la Resolución No. 001835 del 18 de abril de 2013 (Sic) y se negaron
las demás pretensiones de la demanda.

I. DE LAS SOLICITUDES

1.1. A través de memorial calendado el 24 de mayo de 2022, el apoderado judicial
de la sociedad Flota San Vicente S.A. pidió la adición del mencionado fallo de
segunda instancia, esgrimiendo las siguientes razones1:

Aseguró que, como en la anotada providencia se desechó el dictamen pericial, la
Sala, en lugar de negar las peticiones de restablecimiento, debía decretar de oficio
la reparación integral de los perjuicios que fueron producidos por el acto anulado,
ello a efectos de respetar los principios de pro actione, efectividad de los derechos,
acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y a la
tutela efectiva.

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Visible en el índice número 52 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI

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www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 25000 23 24 000 2007 00354 01
Demandante: Flota San Vicente S.A.

Sostuvo que la doctrina ha precisado que las demandas pueden contener
pretensiones implícitas y que, sin necesidad de que estén incorporadas en el escrito
introductorio, deben ser resueltas por el Juez. En ese sentido, cuestionó que “¿qué
es más importante la rogación tradicional en el proceso o amparar todos aquellos
valores?, ¿podría ante semejante importancia de los principios constitucionales
superponerse la rogación de la jurisdicción que no tiene vocación constitucional”2

Agregó que el Consejo de Estado, en sentencias del 10 de agosto de 2002 y del 31
de agosto de 2006, proferidas dentro de los procesos identificados con número de
radicación 12718 y 1993/9610, respectivamente, ha mencionado que un escrito
demandatorio debe ser interpretado para garantizar la justicia, la equidad y la
eficacia del Estado Social de Derecho vigente.

Sostuvo que el principio de congruencia tampoco podía impedir la oficiosidad del
restablecimiento, toda vez que, en virtud de lo previsto en el artículo 4º Superior,
prevalecían los aludidos valores constitucionales y todos “los sujetos procesales
tenemos el deber de tomar infranqueables los principios relacionados al lado de
otros, apuntando hacia la justicia y a la equidad”3

Trajo a colación el artículo 283 del Código General del Proceso (en adelante CGP)
relacionado con el incidente de reparación de daños y se refirió a los artículos 42
numeral 4,169 y 170 ibídem y 213 del CPACA, para señalar que el decreto de las
pruebas de oficio es un deber del Juez para el esclarecimiento de los hechos
indagados

Expuso que, en materia de reparación, existen las sentencia ultra o extra petitta y
que la lectura de los artículos 90 Constitucional, 16 de la Ley 446 de 1996 y el inciso
final del artículo 283 del CGP, se permite colegir que la valoración de los daños
antijurídicos producidos por el Estado no es competencia facultativa sino obligatoria
de los funcionarios judiciales. Concluyó citando la sentencia T-074 de 2018,
expedida por la Corte Constitucional, relacionada sobre las pruebas de oficio.

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Visible a folio 1 del escrito de adición de la sentencia de segunda instancia
3
Visible a folio 4 ibídem.

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Radicado: 25000 23 24 000 2007 00354 01
Demandante: Flota San Vicente S.A.

1.2. En escrito del 27 de mayo de 2022, el Ministerio de Transporte solicitó la
corrección de la sentencia del 28 de abril de 2002, de conformidad con lo estatuido
el artículo 286 del CGP, pues advirtió que existe un posible error aritmético en la
parte resolutiva de dicha providencia, debido a que se declaró la nulidad de la
Resolución No. 0001835 del 18 de abril de 2013, pese que dicho acto en realidad
fue expedido el 15 de mayo de 20074.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Sea lo primero advertir que el Código Contencioso Administrativo no regula
lo concerniente a la solicitud de corrección y adición de providencias, por lo que es
procedente que, en observancia de lo dispuesto en el artículo 267 ibídem5, se
apliquen los artículos 286 y 287 del CGP.

A su vez, de conformidad con lo expuesto en los artículos 286 y 287 del CGP, las
solicitudes de corrección y adición deben cumplir con los siguientes requisitos:

“Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia
en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por
el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante
auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará
por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión
o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en
la parte resolutiva o influyan en ella.”

Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de
parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de
resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria,
o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

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Visible en el índice número 52 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
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“Articulo 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos
y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.”

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Radicado: 25000 23 24 000 2007 00354 01
Demandante: Flota San Vicente S.A.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal. (Subrayas
de la Sala)

De acuerdo con las normas transcritas, la corrección opera respecto de autos o
sentencias cuando quiera que en ellos se incurran en yerros de naturaleza
puramente aritmética, o también, cuando en determinada providencia, existan
omisiones o cambios de palabras o alteración de éstas, siempre que dichas
falencias estén contenidas en la parte resolutiva o incidan en ella.

Asimismo, frente a la oportunidad para efectuar la corrección, la anotada disposición
prevé que la misma puede ser realizada en cualquier tiempo por el Juez de oficio o
a petición de la parte, mediante auto.

Por su parte, la adición opera únicamente cuando se omite resolver cualquiera de
los extremos de la litis o cualquier punto que debía ser objeto de pronunciamiento,
de oficio o a solicitud de parte, y la misma sea presentada dentro del término de
ejecutoria.

2.2. Análisis de oportunidad

En tal orden, se advierte que la petición de corrección de la sentencia, elevada por
el Ministerio de Transporte, es oportuna, en la medida que, de acuerdo con el
artículo 286 del CGP, ésta puede ser efectuada en cualquier tiempo.

Por otro lado, en cuanto a la solicitud de adición, se evidencia que la sentencia del
28 de abril de 2022, fue notificada a través de edicto que fue fijado el 17 de mayo
de 2022 y que desfijado el 19 de ese mes y año; por ende, el término de ejecutoria
de dicha providencia trascurrió entre el 20 al 24 de mayo del año en curso. En ese
orden, la petición de adición elevada por la actora fue allegada en tiempo, debido a
que se remitió este último día, como consta en el índice número 52 del Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.

2.3. Análisis de fondo

2.3.1. De la solicitud de adición

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Radicado: 25000 23 24 000 2007 00354 01
Demandante: Flota San Vicente S.A.

Debe la Sala resolver si procede emitir un auto adicionando la sentencia que negó
la pretensión de restablecimiento del derecho por evidenciar la insuficiencia del
dictamen que se practicó con ese fin, si, para la prosperidad de tal petición, se alega
que el Juez estaba en la obligación de interpretar la demanda y decretar de oficio la
reparación de los daños que le fueron causados por la expedición del acto
demandado y que fue declarado nulo en la sentencia de segunda instancia.

Por ende, lo que advierte la Sala es que la petición se enmarca dentro del segundo
supuesto previsto en el artículo 287 para la procedencia de una adición de
sentencia, esto es, que el juzgador no se hubiere manifestado sobre un punto que,
de conformidad con la Ley, debía ser objeto de pronunciamiento, por lo que deberá
absolverse si ello aconteció en el presente asunto.

Vistas así las cosas, de la revisión de la normatividad que fue invocada por el
accionante para sustentar dichos reparos, no se advierte que éstas prevean un
mandato imperativo para que el Juez interprete de oficio el libelo demandatorio o
para que decrete de oficio la reparación de los daños causados por la expedición
de un acto administrativo declarado nulo; por el contrario, de la lectura misma, lo
que se observa es que éstas únicamente versan sobre las facultades del Operador
Judicial para decretar pruebas de oficio y sobre la cláusula general de
responsabilidad del Estado y los principios de valoración del daño.

Las normas que se citaron como desconocidas por la sentencia del 28 de abril de
2022, son las que siguen a continuación:

A) Numeral 4 del artículo 42 del CGP:

“Artículo 42. Deberes del juez. Son deberes del juez:

(…)

4. Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de
oficio para verificar los hechos alegados por las partes.”.

B) Artículos 169 y 170 ibídem:

“Artículo 169. Prueba de oficio ya petición de parte. Las pruebas pueden ser
decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación
de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo,
para decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos

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Demandante: Flota San Vicente S.A.

aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las
partes.

Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos
que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de
lo que se resuelva sobre costas.

Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio. El juez deberá decretar
pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los
incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos
objeto de la controversia.

Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las
partes.”

C) Artículo 90 de la Constitución Política

“Articulo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de
tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

D) Artículo 16 de la Ley 446 de 1996

“Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta
ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las
personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad
y observará los criterios técnicos actuariales.”

E) Inciso final del artículo 283 del CGP

“Artículo 283. Condena en concreto.

(…)

En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de
reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.”

Así las cosas, es preciso advertir que no existe ninguna obligación legal para que el
fallador interprete la demanda y establezca la existencia de “pretensiones implícitas”
tendientes a obtener la reparación integral del daño. En efecto, esta Corporación,
en atención a lo dispuesto en los artículos 170 del CCA, 281 del Código General del
Proceso y 55 de la Ley 270 de 1995, ha señalado de manera reiterada que en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene aplicación el principio de justicia
rogada, lo que significa que a la parte actora le asiste la obligación de delimitar el

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alcance del estudio de validez y de pedir la forma en la que estima debe serle
reconocido el restablecimiento del derecho.

Ello es así, debido a que la demanda es el momento concebido para delimitar el
objeto (pretensión) y la causa petendi (hechos y fundamentos de derecho) que se
ventilarán en el proceso, de tal suerte que los demás sujetos procesales tengan
absoluta certeza de que es sobre ello, y nada más que ello, sobre lo que deberán
pronunciarse en su respectiva contestación.

Lo dicho está ligado al principio de congruencia, el cual es una garantía del derecho
al debido proceso, cuyo objeto no es otro que asegurar que en la sentencia
únicamente sean abordados aspectos relacionados con los hechos y pretensiones
aducidos en la demanda y su contestación, así como en las demás oportunidades
procesales previstas en el ordenamiento jurídico para que las partes alleguen
argumentos que deban ser tratados en la sentencia. Sobre el particular, el artículo
281 del CGP dispuso:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…)” (Subrayas de la
Sala).

En esa misma línea, esta Corporación, en sentencia del 8 de marzo de 2019,
expresó:

“Sobre el particular, el artículo 138 del CCA (normativa aplicable al caso),
consagra que «cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la
declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente
en la demanda», con lo cual, en la jurisdicción contencioso-administrativa, la
individualización de las pretensiones y el concepto de violación de las normas
demarcan la actividad judicial debido a la prevalencia del principio dispositivo,
que rige la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Dicho principio tiene doble connotación, sustancial y procesal. En lo sustancial,
implica que es el propio demandante quien puede disponer de los derechos
subjetivos y quien incita la función judicial a través de los actos de postulación,
lo cual ha llevado a la doctrina a precisar que «el juez no puede inmiscuirse en
aquello que las partes no aduzcan como thema decidendum»6; en lo procesal,
el principio dispositivo se materializa en el cumplimiento de las cargas
procesales. Así, corresponde a las partes conducir el debate judicial a partir de
las actuaciones procesales que ellos ejerzan dentro de los lineamientos de la

6
MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Bogotá: ABC, 1983, p. 190.

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ley, sin perjuicio de la actividad probatoria oficiosa que puede realizar el juez
para resolver aspectos oscuros o dudosos que le impidan dirimir la controversia.

De esta forma, la actuación judicial que el demandante promueve descansa
sobre el principio de la justicia rogada, de manera que acceder a peticiones no
reclamadas (extra petita y ultra petita), contraría el principio dispositivo, al paso
que desconoce el principio de congruencia de la sentencia.”7 (Subrayas de la
Sala).

De igual forma, es preciso señalar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 167
del CGP8, es una carga de las partes comprobar el supuesto de hecho y los efectos
jurídicos de las normas que persiguen, por lo que, en el presente asunto, era
responsabilidad de la actora acreditar cuál era el daño que le había sido irrogado
con la expedición de los actos impugnados a efectos de obtener la medida de
reparación solicitada.

Además, es conveniente recordar que la facultad de adoptar pruebas de oficio
prevista en el artículo 169 del CCA9, se encuentra restringida a los eventos en los
cuáles el funcionario judicial necesite un nuevo elemento probatorio para lograr el
esclarecimiento de los de hechos, sin que dicha potestad pueda suplir las cargas de
las partes o constituirse en un deber, pues ello rompería el equilibrio procesal. A
similar conclusión arribó la Corte Constitucional en sentencia SU-636 de 2015;
veamos:

“53. En ese orden de ideas, el uso de la facultad oficiosa para ordenar la práctica
de pruebas necesarias para establecer la verdad material y, con ello, acercarse
a un fallo en el que prevalezca el derecho sustantivo (art. 228 CP) no entra en
colisión con otros principios constitucionales allí donde se ejercita para obtener
prueba de hechos que el juez estima relevantes pero sobre los cuales no ha
existido controversia entre las partes al interior del proceso, pues afirmación de
su verdad por la parte interesada no ha sido controvertida por la opositora. En
cambio, allí donde tales hechos forman parte del litigio, la decisión respecto del
uso de la facultad inquisitiva requiere del juez ponderar la tensión que en este
caso se plantea entre el imperativo de dar prevalencia al derecho sustantivo
(art. 228 CP) y, de otro lado, el de no alterar el equilibrio procesal entre las

7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Auto del 8 de marzo
de 2019. Proceso radicado número 76001 23 31 000 2011 01132 01. Consejero Ponente: Julio
Roberto Piza Rodríguez.
8
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…).” (Subrayas de la Sala).
9
“Artículo 169. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán
decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el
Ponente sólo podrá decretarlas al vencimiento del término de fijación en lista.
Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá
disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la
contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la
distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso.” (Subrayas de la Sala)

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partes a fin de garantizar su derecho a recibir un trato igual en lo que respecta
a la exigencia del cumplimiento de sus deberes y cargas procesales (art. 13 y
229 CP). En tales eventos, la decisión del juez de intervenir para solicitar de
oficio la prueba que le correspondería aportar a una de las partes se encuentra
justificada cuando esta se encuentra en situación de indefensión o en
condiciones de debilidad manifiesta, o cuando la parte concernida enfrenta
obstáculos demostrables para cumplir con su carga probatoria, pero ha
mostrado una actitud diligente dentro del proceso (vgr. aportando de otros
medios de prueba para acreditar el hecho, poniendo en conocimiento del juez
su dificultad para aportar la prueba requerida, solicitando su práctica, entre
otros). Bajo estas circunstancias, la intervención del juez, en lugar de alterar el
equilibrio procesal entre las partes, se orienta a garantizarlo, en tanto se orienta
a remover los obstáculos para que la igualdad entre las partes sea real y efectiva
(art. 13 CP).

Al contrario, no podrá imputarse defecto alguno a la decisión del juez de
abstenerse de emplear su facultad probatoria oficiosa para relevar a las partes
de cumplimiento de sus cargas, allí donde no exista una justificación de orden
constitucional para obrar en tal sentido. Como lo ha señalado esta Corporación
en decisiones anteriores, “se asume y demanda del juez una actitud más
oficiosa y activa en aquellos casos en los que la tutela la invoca un sujeto de
especial protección constitucional o una persona que, por sus particulares
circunstancias, ve limitado sus derechos de defensa. De igual forma, el juez no
puede desempeñar el mismo papel si el proceso, por el contrario, es adelantado
por alguien que sí cuenta con todas las posibilidades y los medios para acceder
a una buena defensa judicial.10 ” (Subrayas de la Sala)11.

A su vez, esta Corporación, en sentencia del 26 de abril de 2018, manifestó:

“De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en
cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde la
imputación del daño antijurídico alegado requiere de prueba, cuya omisión por
el demandante, a quien corresponde tal onus, impide comprobar la existencia
de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, sin el cual, en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su declaración.

Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con
ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una
deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta
manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para
esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede
esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria que corresponde atender a las
partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos, pues
al juez corresponde guardar la debida neutralidad de en el transcurso del
proceso, salvo que se presenten o existan condiciones excepcionales que
exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.

En el presente expediente se encuentra un evidente desinterés de la parte
demandante de ofrecer al plenario la ilustración probatoria de las afirmaciones
de la demanda, que impide al juez de instancia completar el material probatorio

10
Sentencia T-146 de 2010, MP. María Victoria Calle Correa.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU 636 del 7 de octubre de 2015. Magistrada Ponente: María
Victoria Calle Correa

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Demandante: Flota San Vicente S.A.

en la medida en que no se trata en este caso de llenar vacíos probatorios, de
lograr compensar aspectos que permanecieron oscuros por ausencia de alguna
prueba o de superar alguna condición o situación de la parte que propone la
litis, sino de una ausencia probatoria más profunda que implica dejar sin
fundamento alguno la proposición judicial contenida en la demanda. De suplirse
tal desidia en la iniciativa probatoria se rompería el aludido equilibrio procesal
que propugna la Sala.”12 (Subrayas de la Sala).

En tal contexto, es evidente que, en la sentencia del 28 de abril de 2022, no se dejó
de resolver un punto que, por mandato legal, debía ser objeto de pronunciamiento,
sino que lo que pretende la actora es subsanar con el escrito de adición una falencia
de las pretensiones de la demanda y de las pruebas que acrediten el daño, razón
por la que se negará la solicitud así definida.

2.3.2. De la solicitud de corrección de la sentencia

En cuanto a la petición efectuada por el Ministerio de Transporte, se observa que
es procedente efectuarla, debido a que en la sentencia del 28 de abril de 2022, por
un error involuntario, se indicó que se anulaba la Resolución No. 0001835 del 18 de
abril de 2013, cuando dicho acto en realidad fue emitido el 15 de mayo de 2007.

En consecuencia, la Sala corregirá la parte resolutiva del anotado fallo, así:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de abril de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, mediante la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución nro. 001835 del 15 de
mayo de 2007, expedida por el Ministerio de Transporte de conformidad con lo
dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de
origen.”

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección “C”.
Sentencia del 10 de septiembre de 2020. Proceso radicado número: 54001 23 33 000 2013 00199
01. Consejero Ponente: Nicolás Yepes Corrales

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Radicado: 25000 23 24 000 2007 00354 01
Demandante: Flota San Vicente S.A.

PRIMERO: NEGAR la solicitud de adición de la sentencia del 28 de abril de 2022,
realizada por la sociedad Flota San Vicente S.A., por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de corrección de la parte resolutiva de la
providencia del 28 de abril de 2022, la cual quedará así:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de abril de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, mediante la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución nro. 001835 del 15 de
mayo de 2007, expedida por el Ministerio de Transporte de conformidad con lo
dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de
origen.”

TERCERA: Una vez ejecutoriada se ordena que por Secretaría se devuelva el
proceso al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 19 de agosto de 2022.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ H ERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Consejera de Estado Conjuez
Aclaro Voto

JAIME HUMBERTO TOBAR ORDÓÑEZ
Conjuez

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Radicado: 25000 23 24 000 2007 00354 01
Demandante: Flota San Vicente S.A.

El presente auto fue firmado electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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