Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00148-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00148-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2008-00148-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de septiembre de 2022
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Radicado: 25000 23 24 000 2008 00148 02
Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación núm.: 25000 23 24 000 2008 00148 01
Actor: Luis Eduardo Caicedo S.A.
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Tesis: No se vulnera el principio de reparación integral si no se accede a la petición
reparatoria en un juicio adelantado en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que no se demuestra la relación causal entre la
expedición de los actos que se impugnan y el detrimento patrimonial alegado.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 22 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en Descongestión, mediante la
cual declaró la nulidad de las Resoluciones 312-002363 del 22 de mayo de 2007 y
321-004840 del 22 de noviembre de 20071. A título de restablecimiento del derecho
ordenó la cancelación de la inscripción de esos actos administrativos en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.
I. LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), la sociedad
Luis Eduardo Caicedo S.A. interpuso demanda en contra de la Superintendencia
de Sociedades2.
1
Visible a folios 17 a 37 del Cuaderno nro. 2 del Tribunal.
2
Visible a folios 8 a 37 del Cuaderno nro. 1 del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000 23 24 000 2008 00148 02
Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A.
1.1. Pretensiones
PRIMERA: Que se declare la nulidad de los artículos PRIMERO y SEGUNDO
de la Resolución número 312-002363, fechada el veintidós (22) de mayo de
dos mil siete (2007), expedida por el SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES,
mediante la cual se prorrogó el término del sometimiento a control de la
sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) por seis (6) meses.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad del artículo ÚNICO de la Resolución 321-
004840, fechada el veintidós (22) de noviembre de dos mil siete (2007),
expedida por el Superintendente de Sociedades, mediante la cual se confirmó
en su integridad la Resolución número 312-002363, fechada el veintidós (22)
de mayo de dos mil siete (2007).
TERCERA: Que se ordene la cancelación de la inscripción en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá de la Resolución 312-002363,
fechada el veintidós (22) de mayo de dos mil siete (2007) y de la Resolución
número 321-004840, fechada el veintidós (22) de noviembre de dos mil siete
(2007), expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
CUARTA: Que como consecuencia de las declaraciones de nulidad solicitadas,
se condene a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES a pagar a la
sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) la suma de
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000), o la suma que se
pruebe dentro del proceso, por concepto de indemnización de los perjuicios
causados a la sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) con
ocasión de la expedición de la Resolución 312-002363, fechada el veintidós
(22) de mayo de dos mil siete (2007) y de la Resolución número 321-004840,
fechada el veintidós (22) de noviembre de dos mil siete (2007), expedidas por
la misma Superintendencia.
QUINTA: Que se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES el
cumplimiento de la sentencia dentro del término de treinta (30) días, contados
a partir de su comunicación, de conformidad con el Artículo 176 del Código
Contencioso Administrativo”3.
1.2. Actos cuestionados
1.2.1. Las disposiciones censuradas de la Resolución 312-002363 del 22 de mayo
de 2007, son del siguiente tenor:
“ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el término del sometimiento a control
de la sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. LEC S.A., identificada con el
Nit. 860.023.369 y domiciliada en Bogotá, D. C., por seis (6) meses, teniendo
en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y hasta
tanto sea superada la situación que originó dicha medida de supervisión.
3
Folios 9 y 10 del Cuaderno nro. 1 del Tribunal.
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Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A.
ARTICULO SEGUNDO: Se advierte que contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la notificación personal o a la desfijación del edicto, según el caso, ante el
Superintendente de Sociedades, de acuerdo con el artículo 47 del Código
Contencioso Administrativo”4.
1.2.2. La Resolución 321-004840 del 22 de noviembre de 2007 en la parte
resolutiva indicó:
“ARTÍCULO ÚNICO: CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la
Resolución 312-002363 del 22 de mayo de 2007, por la cual fue prorrogado el
término de sometimiento a control de la sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO
S.A. LEC S.A.”.5
1.3. Normas violadas y concepto de violación
1.3.1. Como normas infringidas la sociedad demandante invocó los artículos 29 y
233 de la Constitución Política y el artículo 84 del CCA.
1.3.2. En el acápite de hechos de la demanda, sostuvo que, como consecuencia
de las disposiciones adoptadas en la Resolución 312-002363 del 22 de mayo de
2007, confirmada por la Resolución 321-004840 del 22 de noviembre de 2007, la
sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. quedó sometida al control de la
Superintendencia de Sociedades, en los términos del artículo 85 de la Ley 222 de
1995, por un término de seis (6) meses adicionales al plazo de un (1) año
establecido en la Resolución 350-000088 del 2 de enero de 2006.
1.3.3. En el concepto de violación expresó lo siguiente:
1.3.3.1. En el acápite denominado como “la motivación del acto” alegó que la
Resolución 312-002363 del 22 de mayo de 2007 se expidió con fundamento en el
incumplimiento de una orden de la Superintendencia de Sociedades, relacionada
con el adelantamiento de las gestiones de recaudo de la cuenta por cobrar a los
accionistas de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A., registrada por la compañía
en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2003, pese a que esta
había sido condonada por la Asamblea Ordinaria de Socios el 12 de marzo de 2004.
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Folios 40 a 51 ibídem.
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Folio 26 ibídem.
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1.3.3.2. Mencionó que los actos censurados desconocieron el derecho al debido
proceso en la medida que se ordenó la prórroga al sometimiento sin estudiar las
pruebas allegadas al proceso administrativo.
Reprochó que los actos demandados desconocieron la libertad de empresa,
consagrada en el artículo 333 de la Constitución Política. Para sustentar lo anterior,
sostuvo que en Colombia cobra importancia el principio de mínima injerencia del
Estado en la vida de los asociados, por lo que éste solo debe intervenir como última
ratio. En tal sentido, señaló que en nuestro sistema jurídico los derechos pueden
ejercerse libremente, mientras que no pugnen con el bien común o con la ley, y que
solo en caso de que se presente tal contradicción, el Estado puede intervenir, para
asegurar la convivencia.
Adujo que la medida de control solo tiene cabida en casos de excepción y que no
debe ser interpretada como una sanción, sino como un mecanismo de protección de
los acreedores y de la empresa misma frente a hechos que podrían llevarla a
situaciones no deseadas.
En ese orden, aseguró que, como ya habían desaparecido las circunstancias que se
habían invocado para decretar el sometimiento de la empresa a la Superintendencia
de Sociedades, no existía ninguna razón que justificara que esa entidad continuara
con la intervención.
1.3.3.3. Arguyó que la Resolución 312-002363 del 22 de mayo de 2007 adolece de
falsa motivación pues, al momento de su expedición, la finalidad de la medida de
control ya se había cumplido y la situación identificada como crítica ya había sido
superada. Dicho de otro modo, para la demandante, las razones que originalmente
llevaron a la entidad a adoptar la medida desaparecieron, por lo que, asimismo,
desaparecieron las razones que podrían legitimar su prórroga.
Como fundamento de lo anterior, expuso los siguientes argumentos:
Mencionó que la entidad demandada, al adoptar la medida de sometimiento, de
ninguna forma desestimó los efectos jurídicos de la decisión del máximo órgano social
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de condonar el saldo de la cuenta por cobrar a socios que registraba esa sociedad
para 31 de diciembre de 2003, pues ello condujo que se efectuaran los respectivos
registros contables e impidió el cobro de las obligaciones extinguidas.
Agregó que el propósito perseguido por la Superintendencia de Sociedades al expedir
la Resolución 350-000088 del 2 de enero de 2006, que inicialmente ordenó la medida
de control sobre la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A., no fue el recaudo de la
cuenta por cobrar a los socios, sino supervisar que la compañía no incurriera
nuevamente en la práctica prohibida de realizar préstamos a los socios.
Entonces, sostuvo que, al momento de expedir la Resolución 312-002363 del 22 de
mayo de 2007, para determinar si se había superado o no la situación que dio origen
al control, la Superintendencia de Sociedades no debía verificar el recaudo de esa
cuenta por cobrar, sino la cesación de la mencionada conducta prohibida y la no
reincidencia en esa práctica bajo otras figuras u operaciones contables.
Precisó que la orden de adelantar las gestiones para el recaudo de la cuenta por
cobrar a los socios había sido impartida por la Superintendencia de Sociedades a
través de la Resolución 350-002106 del 2 de julio de 2004, época en la que la
compañía se encontraba bajo la medida de vigilancia, y aún no había sido sometida
a control. Es decir, que la orden de la Superintendencia que fue empleada como
motivación para el acto administrativo demandado, no fue dada dentro del estadio de
supervisión de control ni corresponde a las finalidades propias de éste.
Dijo que, en todo caso, el cumplimiento de la orden de recaudo fue acreditada por el
representante legal de la compañía ante el superintendente delegado para la
inspección, vigilancia y control, mediante escrito con radicado 2005-01-024326 del 22
de febrero de 2005, en el que demostró haber requerido a los accionistas deudores
para que pagaran las sumas de dinero correspondientes o que se sometieran a un
plan de pagos. Y que, durante los ejercicios 2006 y 2007, disminuyó el monto de las
cuentas por cobrar a los accionistas como consecuencia de los pagos que efectuaron
aquellos que celebraron acuerdos de pago.
Alegó, además, que la compañía interrumpió de manera definitiva la realización de
préstamos a los inversionistas, lo cual debe constar en los informes de las visitas
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efectuadas por la Superintendencia durante el periodo en que estuvo sometida a
control, así como en los estados financieros remitidos en cumplimiento de la Circular
Externa 07 de 2005 y en las certificaciones de revisoría fiscal.
Agregó al respecto que la compañía no reincidió en la entrega de recursos a los
accionistas a través de las Cuentas Corrientes Comerciales, y que, si bien no tiene
ninguna prueba de este argumento, el cual, por lo tanto, es una negación indefinida,
solicita que sea tenido en cuenta en virtud del principio de buena fe, en aplicación del
artículo 83 de la Carta Política.
1.3.3.4. Por otro lado, señaló que las cinco (5) órdenes impartidas por la
Superintendencia de Sociedades en la Resolución 350-000088 del 2 de enero de
2006, mediante la cual se adoptó inicialmente la medida de control, han sido
plenamente observadas y cumplidas, como pasa a exponerse:
Situación al momento de presentación
Orden
de la demanda
1. “En lo sucesivo, los estados financieros Adujo que esta orden fue revocada por la
que se pongan a disposición de la Resolución 350-001167 del 18 de mayo de
Asamblea General de Accionistas, para su 2006, que resolvió el recurso de reposición
consideración, cumplan con los requisitos contra la Resolución 350-000088 del 2 de
previstos por los artículos 114 y siguientes enero de 2006, que adoptó la medida.
del Decreto 2649 de 1993, especialmente,
en las notas a los mismos, discriminar los
gastos operacionales de administración y
ventas, así como la forma de determinar la
provisión para el impuesto de renta y
complementarios”.
2. “SE ABSTENGA de celebrar actos Sostuvo que, amparado en el principio de
respecto de los cuales exista conflicto de buena fe, en el recurso de reposición
intereses”. instaurado contra la Resolución 312-
002363 del 22 de mayo de 2007, el
representante legal manifestó a la
Superintendencia que, durante el tiempo
en el que la compañía estuvo sometida a
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control, no incurrió en ninguna actuación
afectada por conflicto de intereses.
3. “ALLEGUE copia de los recibos de Alegó que toda la información contable
consignación y de los comprobantes relacionada con esos recibos de caja fue
respectivos, de los recibos de caja 113967 entregada a la Superintendencia en las
de enero y febrero del año 2003”. visitas realizadas durante el término inicial
de la medida de control, y en la última toma
de información efectuada a la compañía.
4. “CONVOQUE a la Junta Directiva, a una Manifestó que, mediante escrito con
reunión extraordinaria con el fin de que radicado 2006-01-15824 del 10 de julio de
este órgano fije las asignaciones del 2006, la compañía informó a la
gerente y de sus suplentes, para los Superintendencia que la reunión se llevó a
ejercicios 2004 y 2005”. cabo, como consta en el Acta 10 del 1º de
junio de 2006.
5. “ACATE las citaciones efectuadas por el Dijo que el representante legal de la
Grupo de Conciliación de la sociedad acudió a las sesiones o
Superintendencia de Sociedades”. audiencias del trámite de conciliación
extrajudicial convocadas por la
Superintendencia, como consta en la
constancia de no acuerdo del 20 de abril
de 2006.
1.3.3.5. Señaló que esa sociedad reversó la decisión de condonar las deudas de sus
accionistas y por intermedio de apoderados judiciales, persiguió el recaudo de las
sumas de dinero adeudadas por los accionistas, que no fueron objeto de
condonación, como podía evidenciarse en los Estados Financieros.
Sobre el particular, manifestó que la compañía practicó dos pruebas anticipadas de
interrogatorio de parte, en las que buscó que el señor Luis Eduardo Caicedo Parrado
reconociera las deudas que tiene a cargo, y que, de hecho, al momento de la
presentación de la demanda, cursaban ante los Juzgados Segundo y Noveno Civil
del Circuito de Bogotá dos procesos ordinarios de mayor cuantía contra dicho
accionista.
Sobre el recaudo de las demás cuentas por cobrar a accionistas, adujo que, como se
observa en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2006, que fueron
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oportunamente remitidos a la Superintendencia, en ese año la compañía recibió
cuarenta y ocho millones doscientos cincuenta y seis mil pesos ($48.256.000), y en lo
corrido del año 2007 había recibido la suma de veintitrés millones veinte mil sesenta
y dos pesos ($23.020.062).
1.3.3.6. Por otra parte, sostuvo que la Resolución 321-004840 del 22 de noviembre
de 2007, que resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 312-002363 del
22 de mayo de 2007, que prorrogó por seis (6) meses la medida de control, adolece
de falsa motivación, por las siguientes razones:
Dijo que era impreciso al afirmar que “los señores EDELBERTO y LUIS EDUARDO
CAICEDO PARRADO ordenaron a su favor la ejecución de un acto no autorizado en
el objeto social”, porque no señala a qué acto se refiere.
Aludió a que las razones que expuso la Superintendencia de Sociedades consistieron
en que se vio obligada a imponer la medida de control para impedir que la compañía
autorizara préstamos a los socios, lo cual, a su vez, buscaba el restablecimiento del
orden económico mediante la subsanación de la irregularidad suscitada por esa
conducta prohibida y por la decisión de la Asamblea General de Accionistas del 12 de
marzo de 2004, de condonar esas obligaciones. Sin embargo, cuando se expidió el
acto, la compañía ya había acreditado la superación de las situaciones que dieron
lugar inicialmente a la medida de control.
En tal sentido, dijo que no había vuelto a otorgar préstamos a los socios y que, por el
contrario, había adelantado todas las acciones necesarias para el recaudo de las
obligaciones pendientes por parte de éstos, pactando con algunos de ellos un plan de
pagos y acudiendo a la vía judicial respecto del señor Luis Eduardo Caicedo Parrado.
Manifestó que una de las consideraciones de la Resolución 321-004840 del 22 de
noviembre de 2007 señala que la condonación de las deudas de los socios,
concedida por la Asamblea General de Accionistas el 12 de marzo de 2004,
constituyó extralimitación de la capacidad decisoria de ese órgano, pero que esa
decisión de la Asamblea no fue impugnada ante la jurisdicción ni ante la
Superintendencia, como lo disponen los artículos 191 del Código de Comercio y 137
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de la Ley 446 de 1998, por lo que se encuentra en firme y es oponible a todos los
socios.
Sostuvo que, mediante Resolución 321-004840 del 22 de noviembre de 2007, se
expuso que la compañía debía cumplir la orden contenida en el acto administrativo
320-004472 del 11 de febrero de 2004, en el sentido de abstenerse de otorgar
préstamos a los accionistas. Al respecto, planteó el interrogante de si ese oficio era
realmente un acto administrativo, y sostuvo que, de ser así, éste debió ser notificado
conforme a derecho, indicando qué recursos procedían en su contra.
Dijo que el quinto fundamento de la misma resolución, que señaló que la causa del
sometimiento a control de la sociedad era el incumplimiento de la orden de recaudar
los dineros adeudados por los socios a la compañía, incurrió en contradicción con los
anteriores presupuestos del acto, que señalaban que la medida se sustentaba era en
la necesidad de que no se volvieran a realizar esos préstamos y de que los socios se
allanaran al pago de dichas obligaciones. Es decir, que la Superintendencia cambió
la motivación de la medida de control, para terminar sustentándola en el recaudo. Y
que, en todo caso, ese objeto ya se había cumplido, porque había adelantado las
acciones orientadas a obtener el pago por parte de los socios deudores.
Al respecto, agregó que la medida de control se adoptó solo por un (1) año, por lo que
no sería lógico que su finalidad fuera el adelantamiento de las acciones de cobro
contra los socios, pues éstas tendrían que ejercerse ante la administración de justicia,
con la tardanza que eso implica; y que, por lo tanto, lo lógico es que el objeto del
control fuera obtener seguridad en torno al plan de recuperación de los recursos,
aspecto éste que se cumplió, como quedó acreditado con las comunicaciones que la
sociedad envió a la Superintendencia y con las diligencias de toma de información.
Además, aseveró que exigir a la sociedad que asegurara el pago de deudas por parte
de terceros era ilógico, máxime cuando se trata de obligaciones que se extinguieron
por condonación, conforme con el ordenamiento jurídico. Que, a lo sumo, podría
exigírsele buscar los caminos posibles para ello, lo cual sí lo ha cumplido.
Por último, alegó que, con el sexto argumento del acto cuestionado, que señaló que
la medida de control debía mantenerse hasta verificar que la compañía actuara con
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responsabilidad frente a los acreedores, evitando el menoscabo patrimonial que se
venía produciendo con los préstamos a los socios, la Superintendencia había
cambiado nuevamente el fundamento de la medida de control, pues ésta no había
obedecido a la necesidad de actuar con responsabilidad frente a las personas con las
que esa sociedad había contraído una deuda.
En esa medida, advirtió que en una sola decisión la entidad demandada había variado
la motivación sobre la necesidad de la medida en tres (3) oportunidades, desdibujando
la seguridad que exigía el mantenimiento de la medida de control.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Superintendencia de Sociedades contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones6.
2.1. Señaló que la Resolución 312-002363 del 22 de mayo de 2007 prorrogó la
orden de control sobre la sociedad demandante, al considerar que en ese momento
se mantenían vigentes los presupuestos del artículo 85 de la Ley 222 de 1995. Lo
anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4º de la Circular interna 17 de
2004.
2.2. Sostuvo que las razones en las que la demandante sustentó el alegato de falsa
motivación ya las había expuesto en el recurso de reposición contra la Resolución
312-002363 del 22 de mayo de 2007, y que estos fueron resueltos por la
Superintendencia en la Resolución 321-004840 del 22 de noviembre de 2007,
acusada, por lo que pasó a citar en extenso las consideraciones de este último acto
y solicitó que sean tenidas en cuenta en este proceso.
Resaltó que, en virtud de las competencias que le fueron asignadas por la Ley 222 de
1995, se encontraba facultada para prolongar el sometimiento de la mencionada
sociedad, por lo que pretender que deba pasarse un acto ilegal de condonación de
los préstamos otorgados a los socios en detrimento de la prenda general de los
acreedores, equivaldría a burlar las funciones de control y vigilancia para permitir que
6
Visible a folios 42 a 63 del Cuaderno del Tribunal.
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los socios obtengan recursos por mecanismos distintos a los previstos por la Ley con
el fin de obtener utilidades.
Dijo que los actos enjuiciados no adolecían de falsa motivación, pues las pruebas
obrantes en el plenario acreditaban que la anotada situación trascendía la realidad
societaria y afectaba el normal desarrollo de la empresa; de ahí que, a su juicio, la
sociedad actora seguía en una situación crítica que ameritaba la ampliación de la
medida de sometimiento con fundamento en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, en
concordancia con el artículo 2 del Decreto 1080 de 1996.
III. LA SENTENCIA APELADA
3.1. Mediante sentencia del 22 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en Descongestión, declaró la
nulidad de las Resoluciones 312-002363 del 22 de mayo de 2007 y 321-004840 del
22 de noviembre de 2007, proferidas por la Superintendencia de Sociedades7. A
título de restablecimiento del derecho ordenó la cancelación de la inscripción de
esos actos administrativos en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de
Bogotá8.
La decisión se apoyó en las siguientes consideraciones:
3.1.1. Luego de aludir de manera general a las competencias de la
Superintendencia de Sociedades, mencionó que la Resolución 350-000088 del 2 de
enero de 2006, que adoptó la medida de control sobre la sociedad Luis Eduardo
Caicedo S.A. por el término de un (1) año, y la Resolución 350-001167 del 18 de mayo
de 2006, que resolvió el recurso de reposición contra el anterior acto, fueron
declaradas nulas por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, mediante
sentencia del 4 de octubre de 2010, la cual fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante fallo del
12 de abril de 2012.
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Visible a folios 17 a 37 del Cuaderno nro. 2 del Tribunal.
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Visible a folios 640 a 668 del Cuaderno nro. del Tribunal.
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3.1.2. En atención a lo anterior, el a quo estimó que la Resolución 312-002363 del 22
de mayo de 2007, que aquí se estudia, había perdido fuerza ejecutoria, en los
términos del artículo 66 del CCA, pues ésta simplemente prorrogó por seis (6) meses
la medida de control que ya había sido decretada a través de la Resolución 350-
000088 del 2 de enero de 2006, anulada por la sentencia que acaba de mencionarse.
Al respecto, señaló que, si bien es cierto que la pérdida de fuerza ejecutoria no puede
ser declarada por el juez de lo contencioso administrativo, pues no existe una acción
autónoma para ello, nada impide que se realice el análisis de legalidad del acto, pues
los requisitos de validez se estudian desde el nacimiento del acto, mientras que el
decaimiento tiene efectos hacia el futuro, a partir de su ocurrencia.
3.2. En cuanto al fondo del asunto, señaló que no era cierto que los actos que
adoptaron la medida de control no hubieran ordenado a la sociedad adelantar las
gestiones de cobro de las sumas de dinero prestadas a los socios, pues la Resolución
350-001167 del 18 de mayo de 2006 aludía expresamente a ese mandato.
Sin embargo, indicó que le asistía la razón a la actora al sostener que la
Superintendencia de Sociedades había reconocido los efectos jurídicos de la
condonación de la deuda, pues así lo había manifestado en ese mismo acto. Agregó
que tal condonación, consagrada en el numeral 4º del artículo 1625 del Código Civil y
en el artículo 822 del Código de Comercio, condujo a los respectivos registros
contables y a la imposibilidad del cobro de esas obligaciones, pues ya se encontraban
extintas.
Señaló que la postura de la Superintendencia accionada resultaba contradictoria al
alegar que la sociedad estaba obligada a adelantar las acciones de cobro de las
obligaciones a los socios, cuando antes había señalado que éstas ya estaban
extintas como consecuencia de la condonación conferida por la Asamblea General
de Accionistas. En el mismo sentido, calificó de debatible la postura de la entidad
pues, en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, era
procedente demandar ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles,
y que las deudas a cargo de los socios carecían de este último atributo, justamente
en virtud de la condonación.
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De acuerdo con lo anterior, concluyó que los actos demandados adolecían de falsa
motivación, pues la prórroga de la medida de control sobre la sociedad demandante
se basó en el incumplimiento de la orden de adelantar acciones de cobro de
obligaciones inexistentes, cuando era imposible adelantar acciones para esos
efectos.
3.3. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados
y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó la cancelación de la inscripción
de estos en la Cámara de Comercio de Bogotá.
3.4. La parte demandante solicitó la adición del fallo de primera instancia, por
considerar que el Tribunal había omitido decidir sobre la cuarta pretensión del libelo
introductorio, esto es, sobre el reconocimiento de una indemnización equivalente a
doscientos millones de pesos ($200.000.000) o la suma que resulte probada en el
proceso, por los perjuicios causados con ocasión de los actos demandados.
Sostuvo que solicitó la práctica de un dictamen pericial sobre la afectación de la
imagen comercial de la compañía, en el que debían calcularse los ingresos que
dejó de percibir y los nuevos gastos en que tuvo que incurrir como consecuencia
de la expedición de los actos demandados.
Señaló que el dictamen pericial se refirió a cada uno de esos conceptos de manera
clara y determinó la dimensión y la cuantía del daño causado por la prórroga de la
medida de control ordenada por la Superintendencia sobre la sociedad Luis
Eduardo Caicedo S.A., en particular, frente a los clientes, proveedores, acreedores
y demás agentes económicos que interactúan con la sociedad.
Dijo que, si bien el experto determinó que se habían causado daños a esa empresa
que superaban los miles de millones, en aras “de la lealtad procesal y la probidad
de mi mandante, manifestamos que nuestra reclamación solo versa sobre aquellos
nuevos gastos en los que tuvo que incurrir LEC S.A. para atender los efectos de los
actos demandados”9, por lo que pidió que Superintendencia demandada solo fuera
9
Visible en a folio 677 del Cuaderno Principal número 2.
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condenada a pagar a la compañía la suma de mil cuatrocientos cincuenta y nueve
millones trescientos ochenta y tres mil pesos ($1.459.383.000).
En esta misma oportunidad se pronunció contra los argumentos de la objeción por
error grave formulada por la apoderada de la Superintendencia de Sociedades, y
señaló que, si la entidad consideraba que el peritaje era incorrecto, debió
controvertirlo con otra prueba de la misma naturaleza, carga que no cumplió.
En el mismo sentido, sostuvo que a la autoridad judicial tampoco le era permitido
apartarse de las conclusiones del perito, a no ser que cuente con otro criterio
técnico que lo contradiga. Y que, si lo encuentra insuficiente, debe decretar otra
prueba similar, para corroborar o dejar sin fundamento las conclusiones del experto.
3.5. Mediante sentencia complementaria del 29 de julio de 2013, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
Descongestión, señaló que, de acuerdo con el artículo 241 del Código de
Procedimiento Civil (en adelante CPC), al valorar el dictamen, el juez debe tener en
cuenta la precisión y la firmeza de sus fundamentos, además de la competencia del
perito, lo que quiere decir que el fallador es autónomo para valorar la prueba y que
no está obligado a aceptar ciegamente sus conclusiones.
Frente al caso particular, sostuvo que la prueba pericial carecía de firmeza,
precisión y claridad, y que sus conclusiones fueron inexactas. Destacó que el
dictamen se refirió a los supuestos efectos económicos de las Resoluciones 350-
000088 del 2 de enero de 2006 y 350-001167 del 18 de mayo de 2006, que decretaron
inicialmente la medida de control, pues a juicio del experto era imposible apartar el
impacto de las resoluciones iniciales respecto de los actos enjuiciados, omitiendo
así que el objeto de este proceso eran únicamente las Resoluciones 312-002363 del
22 de mayo de 2007 y 321-004840 del 22 de noviembre de 2007, que prorrogaron
la medida por seis (6) meses. Por ende, consideró que la prueba abarcó elementos
de juicio extraños al sub lite, que no pueden ser fundamento para declarar el
restablecimiento así solicitado en esta oportunidad.
Reiteró que en las situaciones descritas en el dictamen no se diferenciaron los
detrimentos provenientes del acto que sometió a control a la empresa accionante
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de los derivados de la prórroga de dicha medida, por lo que ese medio probatorio
resultaba inútil para generar elementos de convicción sobre el restablecimiento del
derecho pretendido.
Aseguró que el perito en el estudio técnico simplemente dio por cierto que las
variaciones financieras y los incrementos de gastos tienen origen en la intervención
de la Superintendencia de Sociedades, sin explicar la relación de causalidad entre
unas y otras.
Mencionó que en el plenario tampoco obraban otras piezas que permitieran estimar
la pretensión de restablecimiento, en atención a que el demandante era quien tenía
la carga de la prueba de acreditar ello, de conformidad con lo previsto en el artículo
177 del CPC, aplicable por la remisión expresa autorizada por el artículo 267 del
CCA.
En consecuencia, el Tribunal consideró que no había lugar al restablecimiento del
derecho reclamado.
IV. El RECURSO DE APELACIÓN
La sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. interpuso oportunamente recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia10. Los fundamentos se
sintetizan así:
4.1. Alegó que el Tribunal desconoció los artículos 233 y 240 del CPC, que señalan
que el Juez, en caso de considerar que el dictamen es insuficiente, debe pedir su
aclaración o complementación, o en caso de considerar que éste contiene un error
grave, decretar la práctica de uno nuevo. Como fundamento de lo anterior, invocó
la sentencia dictada por Corte Suprema de Justicia el 7 de marzo de 1994,
expediente 3925.
10
Visible a folios 694 al 709 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Adujo que en el presente asunto el Juez no estaba facultado para mantenerse
pasivo y declarar como no probado un hecho derivado de la ilegalidad ya declarada
del acto administrativo, menos cuando éste es necesario para motivar la decisión.
Advirtió que, dado que se controvirtió el mencionado dictamen, la única posibilidad
viable jurídicamente era proferir una sentencia con las pruebas técnicas y científicas
obrantes en el plenario, como quiera que el Juez no es experto en materias distintas
al Derecho.
Mencionó que, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, los Jueces
deben garantizar la reparación integral de los daños causados a las personas,
mandato que, alega, se extiende al plano procesal y probatorio, para prevenir que
se expidan providencias que reconozcan la existencia de un daño sin ordenar su
resarcimiento.
4.2. Por otra parte, sostuvo que, para determinar la existencia del daño, era
necesario referirse a los actos que originalmente impusieron la medida de control,
como lo hizo el perito, pero que, para la liquidación del perjuicio reclamado, solo
debía tenerse en cuenta el periodo transcurrido desde los actos que ordenaron la
prórroga.
Ello era así, pues, para identificar el daño, era necesario referirse al momento en el
que surgió la modificación financiera de esa sociedad, circunstancia que sólo
acaeció al momento en el que ésta fue sometida al control de la Superintendencia
de Sociedades en el año 2006 y que se extendió con la prórroga de esa decisión
en los actos enjuiciados.
4.2.1. En cuanto a la falta de conexidad entre los perjuicios calculados por el
dictamen y la prórroga de la medida, sostuvo que el perito observó el
comportamiento financiero de la compañía desde el año 2003, es decir, tres (3)
años antes de la imposición de la medida de control, pues, si se pretendía
determinar la aparición de nuevos gastos, era necesario tener un marco de
referencia que permitiera evidenciar la variación financiera producto de la
intervención de la Superintendencia.
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En ese sentido, señaló que el experto determinó que la fluctuación de los gastos
durante el periodo que inició con la imposición de la medida de control fue
incorrecta, por lo que procedió a estudiar los balances generales y los estados de
ganancias y pérdidas, e identificó los nuevos gastos originados en las resoluciones
demandadas, como, por ejemplo, los honorarios que debió pagar la compañía para
atender los efectos de los actos administrativos.
Agregó que en el expediente no obra ninguna prueba técnica o científica que
desvirtúe las conclusiones del perito, y que lo único que sirvió al a quo para
desestimarlas fue su propio criterio no calificado en materias financieras, lo que
está prohibido por la norma procesal.
En esa medida, alegó que deben serle reconocidos mil cuatrocientos cincuenta y
nueve millones trescientos ochenta y tres mil pesos ($1.459.383.000), como
consecuencia de los nuevos gastos en los que tuvo que incurrir por la prórroga de
la medida de sometimiento por parte de los actos enjuiciados.
4.3. Finalmente, señaló que el Tribunal había confundido la existencia del
perjuicio con la determinación de su cuantía, puesto que para resolver ello hizo
referencia a las apreciaciones en contra del dictamen pericial sobre la
determinación de la indemnización, lo que llevó a que concluyera de forma
imprecisa, esto es, que no existía sustento para deducir la causalidad entre la
imposición de los actos que ordenaron medidas de control y los nuevos gastos en
los que esa empresa incurrió.
Resaltó que lo expresado en el informe técnico no son meras conjeturas, sino que
son precisiones técnicas soportadas que se desprenden de un estudio económico
y financiero de los periodos anteriores y posteriores a la expedición de los actos
enjuiciados; o, en otras palabras, lo que se evaluó fue el comportamiento de las
condiciones normales en las que operaba esa sociedad comparado a otro
escenario, es decir, el de las circunstancias a las que fue sometida cuando se emitió
la orden de control de la empresa.
Manifestó que, si bien al momento de la presentación de la demanda el daño no
era cierto sino futuro, también lo era que, al practicarse la pericia, ya era un daño
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consolidado, por lo que resultaba incomprensible el razonamiento relacionado con
la inexistencia del daño o que no se había cumplido con la carga probatoria que
incumbía a esa parte.
V. SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Encontrándose el proceso en el trámite de la segunda instancia ante esta
Corporación, el apoderado de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A., con
fundamento en los artículos 169, 212 y 214, numeral 1º, del CCA, solicitó que se
ordenara la aclaración o complementación del dictamen rendido por el perito
economista, o, subsidiariamente, la práctica de uno nuevo.
Como fundamento de la solicitud, alegó que la contradicción del dictamen no se
practicó en debida forma, pues se desconoció el procedimiento previsto en el
artículo 233 del CPC, si se tiene en cuenta que el Tribunal no ordenó la aclaración
o complementación ni ordenó la práctica de otro, pese a considerarlo insuficiente.
Mencionó que no ha incurrido en ninguna omisión, pues solicitó la práctica de la
citada prueba, pagó los honorarios y prestó toda la colaboración para su
elaboración, pero que fue el a quo el que incumplió con sus deberes frente a la
misma.
5.2. Mediante proveído del 15 de julio de 2014, esta Corporación denegó la
solicitud11, al considerar que el hecho de que el dictamen no haya dado certeza de
los perjuicios sufridos no implica que no haya sido practicado en debida forma, sino
que no logró probar lo que la actora pretendía. Adujo que, si la sociedad
demandante tenía alguna objeción frente al dictamen, era su deber formularla en la
oportunidad debida, pues, aunque el juez estaba facultado para pedir la aclaración
u ordenar la práctica de uno nuevo, la carga de la prueba recaía sobre la actora, y
en su momento no la cumplió.
5.3. La demandante instauró recurso de súplica contra la anterior decisión y
reiteró los argumentos. Agregó que los artículos 169 del CCA y 179 del CPC
11
Visible a folios 13 a 15 ibídem.
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permiten al juez decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para
esclarecer hechos oscuros o dudosos, y que el artículo 4 del CPC señala que el
objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la
ley sustancial.
5.4. La Superintendencia de Sociedades intervino dentro del término de traslado
del recurso de súplica, y alegó que no eran ciertas las afirmaciones de la
demandante, pues la prueba pericial surtió el trámite procesal correspondiente,
tanto así que esa entidad presentó en oportunidad la objeción por error grave.
5.5. Mediante proveído del 4 de febrero de 2016, esta Corporación resolvió el
recurso de súplica y confirmó la providencia recurrida12, al considerar que, a través
de auto del 22 de marzo de 2012, el Tribunal corrió traslado del dictamen pericial a
las partes por tres (3) días, término dentro del cual la sociedad guardó silencio, por
lo que no se había configurado la causal establecida en el numeral 1º del artículo
214 del CPC.
Mencionó que, de conformidad con el artículo 169 del CCA, frente a la petición de
decretar de oficio un nuevo dictamen pericial, ello sería conducente al momento de
resolver el fondo de la controversia, en el caso de que se adviertan hechos dudosos
que no puedan ser esclarecidos con los elementos obrantes en el expediente.
VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
6.1. Dentro del término del traslado para alegar de conclusión, la sociedad Luis
Eduardo Caicedo S.A. presentó escrito en el que reiteró los argumentos del
recurso de apelación contra la sentencia del 22 de marzo de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
Descongestión.
6.1.1. Agregó que, de acuerdo con la prueba pericial practicada en el asunto, los
nuevos gastos y los ingresos dejados de percibir por la sociedad como
consecuencia de la expedición de las resoluciones demandadas, era de treinta y
12
Visible a folios 29 a 34 ibídem.
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un mil millones trescientos noventa y ocho millones seiscientos setenta y siete mil
trescientos veintinueve pesos ($31.398.667.329). Sin embargo, señaló que la suma
reclamada era de mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones trescientos ochenta
y tres mil pesos ($1.459.383.000).
6.1.2. Enfatizó que los daños reclamados en este asunto son los causados por los
actos que prorrogaron por seis (6) meses la medida de control, esto es, desde el
27 de noviembre de 2007 hasta el 27 de abril de 2008, pero que era necesario que
el perito se refiriera a las resoluciones que inicialmente la impusieron. Al respecto,
sostuvo que, si la Superintendencia no hubiera prorrogado por seis (6) meses la
medida de control, la compañía habría vuelto a la normalidad, sin tener que incurrir
en los gastos y en las pérdidas que generaron los actos demandados.
6.2. La Superintendencia de Sociedades guardó silencio.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto en el proceso de
la referencia.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código
Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de la referencia.
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7.2. Hechos.
7.2.1. Mediante la Resolución No. 350-000088 del 2 de enero de 2006, confirmada
en Resolución No. 350-001167 del 18 de mayo de 2006, la Superintendencia de
Sociedades, con fundamento en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, sometió a
control a la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A. por el término de un (1) año,
prorrogable.
7.2.2. Dicha medida fue extendida por el lapso de seis (6) meses en los actos
enjuiciados, esto son, las Resoluciones No. 312-002363 del 22 de mayo de 2007 y
la 321-004840 del 22 de noviembre de ese año.
7.2.3. La sociedad en mención interpuso acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los anteriores actos, controversia que fue definida mediante
sentencia del 22 de marzo de 2013, la Subsección “C” en Descongestión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declarando la nulidad y ordenando a
título de restablecimiento del derecho la cancelación de la inscripción en el Registro
Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá.
7.2.4. En memorial del 21 de abril de 2013, la sociedad actora pidió la
complementación del fallo, en el sentido que el Tribunal se pronunciara sobre la
cuarta pretensión de la demanda.
7.2.5. A través de sentencia complementaria el a quo negó la pretensión.
7.2.6. Inconforme con dicha decisión la parte demandante interpuso recurso de
alzada.
7.3. Planteamiento
La Sala observa que el Tribunal y la recurrente concuerdan en relación con la
ilegalidad de los actos censurados. Sin embargo, difieren respecto al alcance del
dictamen pericial que fue decretado para acreditar la pretensión de restablecimiento
del derecho invocada por la sociedad accionante en los siguientes aspectos: sobre
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los periodos que cobijaron el experticio, debido a que, para la accionante, era
menester referirse al momento de la imposición de la medida de control y no
solamente a las decisiones que la prorrogaron, que eran las controvertidas en el
proceso de la referencia, pues de esa manera se acreditaba el daño generado por
las resoluciones impugnadas, por lo que la liquidación del restablecimiento sólo
debía abarcar desde que se impuso la prórroga hasta el día en que se defina el
litigio; mientras que para el a quo, como el perito excedió el objeto del litigio al
referirse al impacto financiero de actos que no son objeto de reproche en este
proceso y además tampoco diferenció los detrimentos provenientes de las
decisiones que aquí se impugnan, entonces no cumple con los presupuestos del
artículo 241 del CPC al no ser claro, preciso y firme y aportar conclusiones
inexactas.
El segundo punto de divergencia se relaciona con el nexo causal entre el detrimento
y la imposición de las medidas que se censuran, pues la memorialista es del parecer
que tal elemento estuvo demostrado en el dictamen, dado que el auxiliar analizó
tres (3) años antes de la imposición de la medida de control y procedió a estudiar
los estados de ganancias y pérdidas así como los balances generales,
precisamente para identificar los gastos que se produjeron para atender las
exigencias impuestas por las decisiones que se enjuician; pero para el Tribunal no
se advirtió explicación alguna sobre ese particular en la prueba practicada.
En lo que hace al tercer motivo de diferencia, este es, el del cumplimiento de la
carga de probar la prosperidad de la petición económica, lo que asegura la apelante
es que no se explica la razón por la cual en la sentencia se afirmó que no existió
daño y no se asumió la citada carga cuando sí lo hizo al haber solicitado la práctica
del dictamen y haberse efectuado con fundamento en un criterio especializado y
calificado del perito que lo llevó a cabo, lo cual contrasta con los argumentos del
Juzgador de Primera Instancia que desechó la prueba con base en su criterio
propio, es decir, desprovisto de elementos técnicos y científicos que sí se aportaban
en el concepto.
Agregó la accionante que el Tribunal confundió la existencia del perjuicio con la
determinación de la cuantía e indicó que el primero estaba plenamente demostrado
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siendo que al momento de la presentación de la demanda era cierto pero futuro
pero que para la presentación de la pericia ya se había consolidado.
También adujo que, con el fallo objeto del recurso de alzada, se habían vulnerado
los artículos 233 y 240 del CPC, así como el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, toda
vez que, en cuanto a los primeros, el Tribunal omitió el deber de pedir aclaración o
complementación del dictamen si lo consideraba insuficiente o decretar la práctica
de uno nuevo si hallaba errores en él. En lo concerniente a la última disposición,
fue del criterio de que se violó el mandato que ordena la reparación integral como
quiera que, pese al reconocimiento de un daño, no se ordenó su resarcimiento.
Vistas así las cosas, lo que halla la Sala es que el punto de controversia en el que
convergen las anotadas inconformidades lo es el de la falta de acreditación del nexo
causal entre la expedición de los actos y el perjuicio invocado, de modo que se
resolverá tal cuestión en la forma que a continuación se enuncia.
7.4. De la reparación integral en juicios de nulidad y restablecimiento del
derecho
7.4.1. Sin duda el mandato de reparación integral está ligado al ejercicio de las
acciones que tienen por objeto reclamar el reconocimiento de un derecho subjetivo,
lo cual supone que exista primero una decisión en ese sentido para que, de manera
consecuencial, se analice la procedencia de la indemnización o reparación.
La acción aquí impetrada no es ajena a tal concepto, pues, de acuerdo con lo que
prevé el artículo 85 del CCA, una vez se demuestre que la presunción de validez
que cobijaba las decisiones de carácter particular cuestionadas se ha desvirtuado,
procede el examen de la pretensión de restablecimiento y de reparación, siempre
que se haya demostrado que hay lugar a ello. El siguiente es el tenor del precepto
mencionado:
“Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda
persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica,
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca
en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma
acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra
clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”. (Subrayas de la Sala).
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Síguese de lo atrás señalado que la acción se ejerce no solo para garantizar el
principio de legalidad en abstracto, sino que también con ella se pretende la
defensa de un interés particular que ha sido vulnerado por la expedición del acto
administrativo. En ese sentido, son dos (2) los escenarios que se pueden derivar
de la anulación de un acto administrativo a través de este instrumento judicial, esto
es, el restablecimiento del derecho y la reparación del daño.
En relación con el concepto de restablecimiento del derecho, resulta oportuno
señalar que se refiere a que las cosas se retrotraigan al estado anterior al que se
encontraban antes de que se profiriera el acto administrativo enjuiciado; es decir,
el status quo ante, como si no hubiese sido proferido el acto que ha sido retirado
del ordenamiento jurídico, desde el momento de su expedición hasta que se
profiera sentencia definitiva, siempre que ello sea posible13.
En lo que hace a la noción de reparación, se parte indispensablemente de la
acreditación de un daño, que, se reitera, debe ser consecuencia de una decisión
previa sobre la nulidad del acto administrativo.
7.4.2. Evaluado lo anterior, la Sala advierte que, siendo procedente un pedimento
de reparación en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
su procedencia se encuentra ligada a la prueba del daño y su adecuada imputación
a la autoridad que expidió el acto demandado.
Siendo ello así, no coincide la Sala con la afirmación de la apelante cuando señaló
que el a quo había reconocido la existencia del daño, pero no ordenó su
resarcimiento, toda vez que el reparo del Tribunal fue precisamente la falta de
demostración del vínculo causal entre la actuación de la Administración y el
perjuicio, en tanto que la prueba que lo sustentaba no demostraba que fueren los
actos expedidos, objeto de censura, los que le hubieren irrogado afectación en su
patrimonio.
13
Desde la perspectiva etimológica, restablecimiento hace referencia a la "acción y efecto de
restablecer o restablecerse", y 'restablecer' significa "volver a establecer algo o ponerlo en el estado
que antes tenía".
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Nótese entonces que la premisa que utilizó la actora para construir el cargo de
vulneración del principio de reparación integral no es cierta, cuestión que impide
acceder al cargo así formulado.
7.4.3. Sin perjuicio de lo anterior, resulta esclarecedor aludir a los razonamientos
del experto en su dictamen, de tal suerte que pueda determinarse si su concepto
otorgó los elementos de juicio necesarios para tener por acreditada la
responsabilidad de la Superintendencia en el daño alegado y por ende acceder a
la petición de reparación.
Para ello, es menester traer a colación la solicitud de la demandante:
“5. Prueba pericial
Ruego al Despacho decretar dictamen pericial que verse sobre la
afectación o no de la imagen comercial de LEC S.A. y las relaciones
comerciales de LEC S.A. con terceros, con ocasión de la expedición de las
Resoluciones números 350-000088 de fecha 2 de enero de 2006 y 350 -001167
de fecha 18 de mayo de 2006 por parte de la Superintendencia de Sociedades,
así como respecto de las Resoluciones 312-0002363 del veintidós (22) de
noviembre de dos mil siete (2007). Así mismo, para que determine si LEC S.A.
ha incurrido o no en nuevos gastos administrativos con ocasión de la
expedición de los referidos actos administrativos.
Para el efecto solicito al Despacho que del listado de auxiliares de la justicia,
se designe a un profesional magíster en economía para que dictamine sobre:
a) Determinación de la existencia o no de cambios en las relaciones de
acreedores y proveedores de LEC S.A. y de las entidades financieras para con
LEC S.A., luego de expedidas las citadas Resoluciones.
b) Determinación de la existencia o no de nuevos en LEC S.A. para atender los
efectos jurídicos y administrativos de las mencionadas Resoluciones, y para
hacer frente al comportamiento comercial de los terceros acreedores y
proveedores de LEC S.A. y de las entidades financieras para con LEC S.A.,
luego de la expedición de los referidos actos administrativos.
c) Proyección de ingresos dejados de percibir por LEC S.A. con ocasión del
cambio del comportamiento comercial de acreedores y proveedores de LEC
S.A. y de las entidades financieras frente a LEC S.A., con ocasión de la
existencia o no de limitaciones al acceso financiero directo de materia prima
por parte de los proveedores y de capital de trabajo
d) Concepto y cuantía de los NUEVOS GASTOS en que incurrió LEC S.A.
luego de la expedición de las Resoluciones números 350-000088 de fecha 2
de enero de 2006 y 350 – 001167 de fecha 18 de mayo de 2006 por parte de
la Superintendencia de Sociedades, con ocasión de un análisis comparativo de
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los gastos de la misma Compañía durante los ejercicios 2003, 2004, 2005 y
2006”14. (Subrayas y negritas de la Sala).
Así, por ejemplo, para contestar lo dispuesto en el literal a) sobre la “Determinación
de la existencia o no de cambios en las relaciones de acreedores y proveedores de
LEC S.A. y de las entidades financieras para con LEC S.A., luego de expedidas las
citadas Resoluciones”15, adujo:
“RESPUESTA
El análisis se realza, a través de la observación de la cuenta PASIVO A CORTO
PLAZO, PCP, desde el año 2003 al 2010, la cual se encuentra en el Cuadro 1
junto con su presentación gráfica y el Cuadro 2.
De dicho cuadro y gráfica, se obtienen las siguientes conclusiones:
1. Las obligaciones financieras constituyen en promedio el 59 % del total
PCP y dentro de ellas, los bancos nacionales (Popular, Colpatria, Bogotá y
Davivienda entre otros), comparten el 46 %. El resto de obligaciones financieras
está compuesto casi por partes iguales por las Compañías de Financiamiento
Comercial del ramo textil (Coltefinanciera – la más importante, Leasing
Bancolombia, leasing Bogotá, Leasing Corficolombia y Leasing Popular) y por
otras obligaciones, en donde sobresalen Fiduciaria Colpatria, Coltejer –
Corficolombia y acreedores personales varios. En esas circunstancias el
movimiento de la cuenta PCP, está en correlación directa con las obligaciones
financieras. El impacto sobre esta cuenta de las resoluciones iniciales, se
observó sólo a partir del año 2008. En este año, el monto se redujo de
$10.082.736 miles en el 2007 a $ 6.781.089 miles; continuó su tendencia
decreciente en el año siguiente con una leve recuperación en el 2010.
2. Respecto a los proveedores nacionales de materias primas que
representan el 15 % del PCP, tuvo una leve caída en el año 2007, creció en los
años 2008 y 2009 y decreció levemente en el año 2010.
3. Los impuestos a pagar (renta, ventas e industria y comercio), mantuvo un
comportamiento estable en términos corrientes.
4. Las obligaciones laborales, luego de presentar un pico en el año 2006, se
reducen en año 2007 y crecen en los años 2008 a 2010.
1. Es de resaltar que a partir del año 2005, la sociedad le compró materias
primas a proveedores extranjeros, aunque en pequeña cuantía.
En conclusión, luego de la expedición de las resoluciones, se observó cambios
de carácter negativo en las obligaciones financieras”.16 (Subrayas de la Sala
y negritas del original).
14
Folios 35 y 36 del Cuaderno número 1 del Tribunal.
15
Ibídem.
16
Ibídem.
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Al referir al cambio que se produjo en las relaciones de acreedores, proveedores y
entidades financieras, concluyó que, luego de la expedición de “las resoluciones”,
se observaron cambios negativos, atendiendo no sólo los periodos
correspondientes al año 2007, que fue cuando se expidieron los actos que se
cuestionan en este proceso, sino al periodo comprendido entre 2003 y 2010.
En lo que hace a la pregunta formulada en los literales b)17 y e)18, respondió:
“RESPUESTA
1. Los nuevos gastos que realizó la sociedad para atender los efectos
jurídicos de las resoluciones iniciales se manifiestan en los GASTOS NO
OPERACIONALES (ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS), Honorarios,
la cual se origina en el año 2007 y se mantiene hasta el 2010. En los años 2007,
2008, 2009 y 2010, dicha cuenta presenta los siguientes valores,
respectivamente $ 172.758.00, $139.354.000, $ 88.238.00 y $ 77.020.000, para
un total de $ 447.370.000.
Para los años 2008 a 2010, esos valores suman $ 304.612.000.
2. Respecto al segundo punto, en el ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN en los Gastos de Personal, se observa un
crecimiento anormal en el año 2007; de $ 1990.555.000 en 2006 pasa a $
2.123.970.000, con un aumento de $ 133.415.000, que representa el 6.70 %.
En los años siguientes los valores de esa cuenta se consideran normales:
$1.876.607.00 en 2008, $ 1.644.667.000 en 2009 y $ 1.692.907.00 en 2010.
Para los años 2008 en adelante no se determinan gastos adicionales por este
concepto.
De igual forma, se observan nuevos gastos en ESTADOS GANANCIAS Y
PERDIDAS, GASTOS NO OPERACIONALES, en la cuenta Gastos
Financieros.
En comparación con el año 2006, representaron $1.154.771.
Tal situación se observa en el Cuadro 3.
17
“Determinación de la existencia o no de nuevos en LEC S.A. para atender los efectos jurídicos y
administrativos de las mencionadas Resoluciones, y para hacer frente al comportamiento comercial de
los terceros acreedores y proveedores de LEC S.A. y de las entidades financieras para con LEC S.A.,
luego de la expedición de los referidos actos administrativos”.
18
“Concepto y cuantía de los NUEVOS GASTOS en que incurrió LEC S.A. luego de la expedición de
las Resoluciones números 350-000088 de fecha 2 de enero de 2006 y 350 – 001167 de fecha 18 de
mayo de 2006 por parte de la Superintendencia de Sociedades, con ocasión de un análisis comparativo
de los gastos de la misma Compañía durante los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006”.
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”19
Se desprende del razonamiento descrito que, para determinar los gastos no
operacionales, se tuvo como fundamento las “resoluciones iniciales”,
entendiéndose por tales actos los que impusieron la medida de control en 2006, y
no las que fueron objeto de debate en el asunto bajo examen.
En lo atinente al estado de ganancias y pérdidas, gastos de administración, el
comportamiento anormal se identifica en 2007, esto es, un año antes de la
expedición de las decisiones que se enjuician en el proceso que nos ocupa, y frente
a los años subsiguientes se afirma una conducta normal y no se determinan gastos
adicionales por ese concepto, todo lo cual deja ver que el dictamen no ofrecía
claridad acerca de si fueron las Resoluciones 312-002363 del 22 de mayo de 2007
y 321-004840 del 22 de noviembre de 2007 (acusadas), expedidas por la
Superintendencia de Sociedades, las que generaron los daños económicos que
refiere, o lo fueron las Resoluciones números 350-000088 del 2 de enero de 2006
y 350-001167 del 18 de mayo de esa anualidad que, vuelve a repetirse, no son
reprochadas en esta sede, o incluso, si el impacto se derivó de las propias
actuaciones de la misma sociedad cuando procedió a condonarse las deudas
emitidas generando con ello la pérdida de confianza de sus proveedores,
acreedores o inversionistas.
De cara a la petición del literal c), es decir, la “Proyección de ingresos dejados de
percibir por LEC S.A. con ocasión del cambio del comportamiento comercial de
acreedores y proveedores de LEC S.A. y de las entidades financieras frente a LEC
S.A., con ocasión de la existencia o no de limitaciones al acceso financiero directo
de materia prima por parte de los proveedores y de capital de trabajo”20, también
se encuentran irregularidades en las apreciaciones del perito que impiden el
19
Folios 4 y 5 ibídem.
20
Folios 5 a 7 ibídem.
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establecimiento de una relación causal de la que se concluya que la intervención
de la demandada desencadenó en el perjuicio que pretende sea reparado, puesto
que manifiesta en varias oportunidades el impacto de ”las resoluciones” sin precisar
si está haciendo referencia a las expedidas en 2006 o a las que se emitieron en
2007, y tampoco permite desvirtuar que el hecho que fue objeto de investigación
no hubiere acontecido y con ello, que tal proceder diera como resultado los
desbalances a que apunta el concepto técnico; veamos:
“RESPUESTA
En primer lugar, en el Cuadro 4 se presentan las VENTAS NETAS observadas
en los años 2003 a 2010, a precios corrientes, según los ESTADOS DE
GANANCIAS Y PERDIDAS aportados por la demandante.
Con los valores absolutos, se elabora el ÍNDICE DE VENTAS, con base en el
año 200621, el cual se presenta abajo en el Cuadro 4.
21
El índice se elabora haciendo el Valores de las VENTAS NETAS del año 2006, se constituya en base
e igual a 100. Los índices del resto de años, se calcula mediante una regla de tres, en la cual X es el
índice de cada año, distinto al de 2006; el numerador es el valor de las VENTAS NETAS de cada año
y el denominador para todas las operaciones, es el VALOR DE VENTAS NETAS de 2006.
Por ejemplo, a continuación se calculan los índices de los 2007 y 2005
INDICE 2007 = ( 20.839.412 x 100) / $ 25.340.338 = 102.0
INDICE 2005 = 23.691.297 X100) / $ 25.340.338 =93.5
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De acuerdo con el índice, los ingresos por ventas, crecieron en el año 2007, en
el 2% con respecto al año 2006 y decrecieron en el 6.5 %, 5.2. % y 2.4. % con
respecto al mismo año.
Lo anterior indica que, el impacto de las resoluciones se dejó sentir sólo en
el año 2008 y subsiguientes. En los periodos 2009 y 2010, el valor de las
ventas, aunque menores que las del 2006, presentan signos de recuperar el
nivel de ese año.
En el Cuadro 5 se realiza la proyección de los ingresos dejados de percibir por
la sociedad LEC S.A. por la expedición de las resoluciones ya citadas.
Para realizar la proyección se recurre a determinar la tasa promedio de
crecimiento de las VENTAS NETAS de los años 2003 a 2006. Con esa tasa
obtenida se efectúa la proyección para los años 2008 en adelante.
El total de los ingresos dejados de percibir por la sociedad LEC S.A. entre los
años 2008 a 2010 es de $29.939.294.000.
Por último en el Cuadro 6 se presentan de forma resumida los resultados
obtenidos, del impacto de las resoluciones a partir del año 2008.
De acuerdo con dicho cuadro, el total de los nuevos gastos y de los
ingresos dejados de percibir por el impacto de las resoluciones
demandadas, es igual a TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 31.398.677.329).
En este estado doy por concluido el dictamen pericial solicitado por el
apoderado de la parte Demandante y estaré atento a resolver cualquier
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solicitud de aclaración y/o complementación”22. (Subrayas y negritas de la
Sala).
Correlato de lo expresado lo es que, tal y como lo advirtió el Tribunal en el fallo de
primera instancia, el análisis del experto no permite identificar el vínculo de
causalidad requerido para acreditar ese elemento de la responsabilidad, en tanto
que, si bien precisa unos valores que corresponden a pérdidas de la sociedad, no
permite establecer con claridad que la causa eficiente y adecuada de ese daño sea
atribuible a la expedición de las Resoluciones número 312-002363 del 22 de mayo
y 321-004840 del 22 de noviembre las dos de 2007 por parte de la Superintendencia
de Sociedades, pues incorpora una valoración de los efectos de las Resoluciones
números 350-000088 del 2 de enero de 2006 y 350-001167 del 18 de mayo de ese
mismo año (que no se enmarcan como parte del objeto de este litigio), proferidas
por la misma entidad, sin elementos que permitan diferenciar el impacto de unas u
otras.
Ello pudo haberse debido a que en el proceso identificado con el número 11001 33
31 002 2006 00031 01, que se adelantó por la misma empresa que funge aquí como
demandante contra los actos que impusieron inicialmente la medida de control23, el
apoderado de Luis Eduardo Caicedo S.A. elevó la misma petición de prueba siendo
ahora reproducida sin advertir que los actos que se cuestionaban eran distintos;
veamos la solicitud que reposaba en el citado expediente en lo pertinente y la que
se efectuó en el caso sub judice:
Prueba solicitada por la actora en el Prueba solicitada por la actora en el
expediente expediente
11001 33 31 002 2006 00031 01 25000 23 24 000 2008 00148 02
“D. Dictamen pericial “5.3. PRUEBA PERICIAL
(…)
2. Ruego al Despacho decretar Ruego al Despacho decretar dictamen
dictamen pericial que verse sobre la pericial que verse sobre la afectación o
afectación o no de la imagen comercial no de la imagen comercial de LEC S.A. y
de LEC S.A. y las relaciones las relaciones comerciales de LEC S.A.
comerciales de LEC S.A. con terceros, con terceros, con ocasión de la
con ocasión de la expedición de las expedición de las Resoluciones números
Resoluciones números 350-000088 de 350-000088 de fecha 2 de enero de 2006
fecha 2 de enero de 2006 y 350- y 350 -001167 de fecha 18 de mayo de
22
Ibídem.
23
Resoluciones números 350-000088 del 2 de enero de 2006 y 350-001167 del 18 de mayo de 2006,
proferida por la Superintendencia de Sociedades.
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001167 de 18 de mayo de 2006 por 2006 por parte de la Superintendencia de
parte de la Superintendencia de Sociedades, así como respecto de las
Sociedades, y sobre si LEC S.A. ha Resoluciones 312-0002363 del veintidós
incurrido o no en nuevos gastos (22) de noviembre de dos mil siete
administrativos con ocasión de la (2007). Así mismo, para que determine si
expedición de los referidos actos LEC S.A. ha incurrido o no en nuevos
administrativos. gastos administrativos con ocasión de la
expedición de los referidos actos
administrativos.
Para el efecto solicito al Despacho que
Para el efecto solicito que del listado de del listado de auxiliares de la justicia, se
auxiliares de la justicia designe a un designe a un profesional magíster en
profesional en economía para que economía para que dictamine sobre:
dictamine sobre:
a) Determinación de la existencia o
A) Existencia o no de cambio en las no de cambios en las relaciones de
relaciones de acreedores y acreedores y proveedores de LEC S.A. y
proveedores de LEC S.A. y de las de las entidades financieras para con
entidades para con LEG S.A., luego de LEC S.A., luego de expedidas las citadas
expedidas las citadas Resoluciones. Resoluciones.
b) Determinación de la existencia o
B) Existencia o no de nuevos no de nuevos en LEC S.A. para atender
gastos en LEC S.A. para atender los efectos jurídicos y administrativos de
efectos jurídicos y administrativos de las mencionadas Resoluciones, y para
las mencionadas Resoluciones y para hacer frente al comportamiento
hacer frente al comportamiento comercial de los terceros acreedores y
comercial de los terceros acreedores y proveedores de LEC S.A. y de las
proveedores de LEC S.A. y de las entidades financieras para con LEC S.A.,
entidades financieras para con LEC luego de la expedición de los referidos
S.A., luego de la expedición de los actos administrativos.
referidos actos administrativos.
c) Proyección de ingresos dejados
C) Proyección de ingresos dejados de percibir por LEC S.A. con ocasión del
de percibir por LEC S.A. con ocasión cambio del comportamiento comercial de
del comportamiento comercial de acreedores y proveedores de LEC S.A. y
acreedores y proveedores de LEC S.A. de las entidades financieras frente a LEC
y de las entidades financieras frente a S.A., con ocasión de la existencia o no de
LEC S.A., con ocasión de la existencia limitaciones al acceso financiero directo
o no de limitaciones al acceso al de materia prima por parte de los
financiamiento directo de materia prima proveedores y de capital de trabajo
por parte de los proveedores y de
capital de trabajo. d) Concepto y cuantía de los
NUEVOS GASTOS en que incurrió LEC
D) Concepto y cuantía de los S.A. luego de la expedición de las
NUEVOS GASTOS en que incurrió LEC Resoluciones números 350-000088 de
S.A. luego de la expedición de las fecha 2 de enero de 2006 y 350 – 001167
Resoluciones números 350-000088 de de fecha 18 de mayo de 2006 por parte
fecha 2 de enero de 2006 y 350-001167 de la Superintendencia de Sociedades,
de fecha 18 de mayo de 2006 por parte con ocasión de un análisis comparativo
de la Superintendencia de Sociedades, de los gastos de la misma Compañía
con ocasión de análisis comparativo de durante los ejercicios 2003, 2004, 2005 y
gastos de las mismas Compañía 2006”25.
25
Folios 35 y 36 del Cuaderno número 1 del Tribunal.
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durante los ejercicios 2003, 2004, 2005
y 2006” (fls. 27 y 28 cdno 1)”24
Se suma a lo dicho que el experticio emitido por auxiliar de la justicia tampoco define
con claridad si los hechos que propiciaron la intervención de la demandada no
pudieron resultar en el detrimento alegado, máxime cuando tales supuestos no
fueron desvirtuados; es decir, la sociedad hacía préstamos a sus accionistas y
luego los condonaba, pudiendo entonces ser esa la causa del deterioro de su
imagen, toda vez que esa conducta defrauda la confianza de acreedores e
inversionistas.
En efecto, en el proceso tramitado bajo el número 2006-00031, en el que se
controvertía la legalidad de las Resoluciones números 350-000088 del 2 de enero
de 2006 y 350-001167 del 18 de mayo de esa misma anualidad, el fallo de primera
instancia26, que declaró la nulidad de esas decisiones dispuso literalmente lo que
sigue:
“De los textos relacionados, se deduce que las actuaciones de la
Administración deben ser transparentes, a ojos de todo el mundo, en aras evitar
que se produzcan efectos jurídicos de manera sorpresiva o actuaciones a
espaldas de los administrados, a excepción de las circunstancias en que la
misma legislación determina que se trata de asuntos reservados. Por esta
razón es que el mismo artículo 14 del C.C.A., prevé la obligación de vincular al
trámite administrativo a las personas que puedan verse perjudicadas
eventualmente con la decisión de la administración.
Dicho principio va de la mano con el de contradicción, en aras del cual, el
ciudadano tiene la posibilidad de controvertir las determinaciones de los entes
administrativos y de solicitar las pruebas que considere pertinentes para
reforzar sus afirmaciones; dicho derecho no se agota con solo tener la
oportunidad de interponer recursos, sino que también tiene como propósito que
el ciudadano participe de manera directa, inmediata y efectiva en el trámite
administrativo, más aún cuando se evidencie que sus derechos puedan verse
afectados con la decisión final.
Ahora bien, la Superintendencia de Sociedades en su escrito de contestación
adujo que la sociedad controlada sí estuvo al tanto del hecho según el cual en
contra suya se surtía una solicitud para someterla a control. Por cuanto había
sido notificada de las resoluciones No. 350-001531 de 11 de julio de 2003, 350-
000197 de 5 de febrero de 2004 y 350-002106 de 2 de julio de 2004.
24
Folios 546 y 547 del Cuaderno número 2 del Tribunal. De la sentencia de segunda y primera instancia
dan cuenta los folios 498 a 552 ibídem.
26
Emitido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Primera.
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Sin embargo, el Despacho advierte que éstas hacen arte de una actuación
administrativa totalmente distinta que culminó con la orden del recaudo de las
cuentas por cobrar a los socios a los que se les había condonado sus deudas.
Por tanto, el Despacho observa que aquellas actuaciones obedecen a un
trámite anterior y diferente del que dio lugar a la expedición de los actos
administrativos que aquí se demandan, ya que en el anterior procedimiento no
se hizo referencia al sometimiento al control de la sociedad, además que
obedeció a una investigación iniciada de oficio por la Supersociedades en
ejercicio de sus funciones habituales de vigilancia y no a raíz de un derecho de
petición. Por consiguiente, es evidente que de conformidad con el artículo 14
del C.C.A., la entidad a penas recibió la petición para que ejerciera control de
dicha sociedad, ha debido citarla a efectos de que pudiera participar en la
respectiva actuación.
Así las cosas, para el Despacho no son de recibo los argumentos esgrimidos
por la demandada, dado que la vulneración del derecho de la sociedad se
produjo con anterioridad a la expedición de la Resolución No. 350-003158 de 8
de septiembre de 2005, es decir, que la transgresión se produjo principalmente
por el desconocimiento del artículo 14 del código contencioso administrativo al
no comunicarle a la empresa que contra ella existía una solicitud de control,
cuya decisión podría afectarla y que pese a ello la Supersociedades tomó
decisión sin contar con la previa participación del afectado, luego no interesa
que la primera decisión haya sido positiva para la compañía, toda vez que
actuar de la forma en como lo hizo la demandada implica que la administración
proceda a partir de juicios predeterminados, siendo indispensable escuchar o
valorar lo que tiene que decir el particular antes de tomar una decisión.
De todo lo anterior, el Despacho colige que hay motivos suficientes para
considerar que los actos acusados son susceptibles de nulidad por el
desconocimiento al debido proceso de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A.,
toda vez que con las actuaciones de la administración se vulneraron los
artículos 3 y 14 del Código Contencioso Administrativo, razón a que a la
investigada no se le comunicó que en contra de ella cursaba una solicitud para
someterla a control, por lo que la Superintendencia de Sociedades emitió una
decisión a raíz de un derecho de petición y pese a que de las resultas del mismo
se vislumbraba con claridad que dicho particular iba a ser eventualmente
afectado, la autoridad no ejerció los actos para que éste compareciera sino
hasta después de proferir la decisión definitiva.
Por consiguiente, el cargo prospera.”27
La sentencia de segunda instancia emitida en ese proceso resolvió lo que sigue:
“4) A partir de ese marco conceptual entonces, en relación con la supuesta falta
de notificación de la queja presentada el 1 de junio de 2005 por el señor Luis
Eduardo Caicedo y la sociedad Luis Eduardo Caicedo Parrado y Cia. S. en C.
en calidad de socios accionistas de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S. A.
demandante en el proceso objeto de análisis, mediante la cual se solicitó la
intervención de toma de control de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S. A.
debido a las diferentes situaciones críticas de orden jurídico, contable,
administrativo y económico que se vienen presentando a lo largo de varios años
en la sociedad referida (f!. 93 cdno. no. 3), la Sala advierte lo siguiente:
27
Folios 513 y 514 del Cuaderno del Tribunal.
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a) De conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 14 del Código
Contencioso Administrativo, las decisiones adoptadas en toda actuación
administrativa deben darse a conocer mediante las formas que para ello ha
previsto la Ley
El contenido de las normas en mención es el siguiente:
Artículo 3o. Principios orientadores. Las actuaciones administrativas
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme
a las normas de esta parte primera.
En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más
documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni
autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo
ordene en forma expresa.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso
oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios,
utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de
ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la
obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los
interesados.
El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede
imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.
.
En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las
nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en
cualquier tiempo a petición del interesado.
En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar
teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en
asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún
género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de
tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos.
En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus
decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones
que ordenan este código y la ley.
En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán
oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios
legales.
Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan
suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento.
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Las autoridades deberán observar estrictamente los principios
consagrados en este artículo al expedir los reglamentos internos de que
tratan los artículos 1o., de la Ley 58 de 1982 y 32 de este código.
“Artículo 14. Citación de terceros. Cuando de la misma petición o de
los registros que lleve la autoridad, resulte que hay terceros determinados
que pueden estar directamente interesados en las resultas de la decisión,
se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos.
La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay
otro medio más eficaz.
En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del
peticionario y el objeto de la petición.
Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o
demorada, se hará la publicación de que trata el artículo siguiente.”
B) Al respecto, es especialmente relevante advertir el hecho de que el acto
administrativo sancionatorio tuvo por origen una queja presentada el 1 de junio
de 2005 por el señor Luis Eduardo Caicedo y la sociedad Luis Eduardo Caicedo
Parrado y Cia S. en C. en calidad de socios accionistas de la sociedad Luis
Eduardo Caicedo S.A. demandante en el proceso objeto de análisis.
En ese orden, era obligatorio para la Superintendencia de Sociedades para
garantizar el derecho al debido proceso de la investigada, aplicar y cumplir
efectivamente con las normas y requisitos indicados en la Parte Primera del
Código Contencioso Administrativo, esencialmente aquellas que hacen
referencia al debido proceso administrativo y, en particular, las contenidas en
los artículos 14, 28, 34 y 35 del citado cuerpo normativo, por cuanto, por
expresa disposición del citado artículo 1, tales normas son de aplicación
general aunque supletoria, vale decir, aplicables en cualquier actuación
administrativa que adelante una entidad o autoridad de cualquier nivel
(nacional, regional, departamental, municipal, etc.) o sector de la administración
(central o descentralizado), siempre y cuando no exista norma legal especial
que regule el asunto o materia objeto de trámite y decisión, ya sea por ausencia
total o simplemente parcial.
De esta manera, así como cuando la actuación administrativa se inicia en
ejercicio del derecho de petición ejercido por el administrado, la entidad
demandada tenía, entre otras obligaciones, las generales de formar un
expediente contentivo de la actuación que promovía de manera oficiosa junto
con los antecedentes del asunto (artículo 29 C.C.A.); luego, la de establecer un
periodo para la práctica de pruebas y allegar toda clase de documentos sin
requisitos ni términos especiales de oficio o a petición del interesado (artículo
34): en el evento de establecer o existir la presencia de terceros interesados,
les debía citar conforme los artículos 14, 15 y 16 del Código Contencioso
Administrativo, y, finalmente, con el lleno de todos estos requisitos si quedaba
habilitada para tomar la decisión correspondiente, decisión susceptible de los
correspondientes recursos en la vía gubernativa.
En este sentido, sobre el derecho del investigado a conocer desde un comienzo
de la existencia de la actuación que adelantaba la administración y a ser
escuchado previamente, el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo
expresa e inequívocamente prescribe lo siguiente:
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“Artículo 28. Deber de comunicar. Cuando de la actuación
administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que
pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará la
existencia de la actuación y el objeto de la misma.
En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los
artículos 14, 34 y 35.”
Ahora bien, las normas anteriores, como parte integral del derecho al debido
proceso administrativo, como se puede observar, contemplan para este tipo de
actuaciones iniciadas de manera oficiosa la garantía de ser informado y
escuchado previamente dentro del trámite correspondiente para la expedición
del acto administrativo, sea cual fuere la materia y el sentido de la decisión,
hecho este que tiene gran importancia y se resalta, pues, la administración en
estos casos actúa en la fase de formación de la actuación administrativa de
manera discrecional, lo que puede traducirse, eventualmente, en ausencia del
administrado afectado, en una actuación arbitraria y violatoria del derecho de
defensa y también transgresora del ordenamiento jurídico.
Sobre el derecho a ser escuchado previamente y el núcleo de la mencionada
garantía, se ha pronunciado el Consejo de Estado28 en los siguientes términos:
“la administración entonces no puede sostener válidamente, como lo
hace en el presente caso, que no se desconoce el derecho de defensa
cuando expresamente en el acto administrativo deja establecido la
procedencia de los recursos gubernativos, ya que allí el particular puede
defenderse y solicitar las pruebas que encuentre necesarias. Tales
recursos no suplen esa exigencia porque se trata de otra fase de la
actuación administrativa, (procedimiento de segundo nivel) en el que se
discute la decisión con quien participó en el procedimiento de formación
de la misma”
La misma Corporación29 en sentencia posterior igualmente manifestó:
"... el Ministerio de Obras Públicas y Transporte no vinculó al particular
afectado en forma previa a la imposición de la sanción enunciada,
infringiendo de esa manera, de acuerdo con los elementos de juicio
precisados anteriormente, el derecho al debido proceso contenido en el
artículo 29 constitucional aplicable a esta clase de procedimientos
punitivos, en los términos expresamente señalados en los artículos 3, 28,
34 y 35 del Código Contencioso Administrativo. El hecho de que ¡a
administración hubiere dado lugar a la interposición de los recursos de
reposición y apelación contra la anterior decisión, tal situación no
restaura" la referida trasgresión, si se tiene en cuenta que ésta implica el
desconocimiento de los principios de contradicción y presunción de
inocencia, los cuales hacen parte del núcleo esencial del derecho al
debido proceso, como lo sostiene la jurisprudencia constitucional."
La Corte Constitucional30 se ha pronunciado en el mismo sentido en los
siguientes términos:
28
Sentencia de 28 de noviembre de 2002, Sección Tercera, actor: Ricardo Afanador Soto, Consejero
Ponente Dr. Ricardo Hoyos Duque.
29
Consejo de Estado, Sección Tercera, ext. 16334. M.P. Fredy Ibarra Martínez
30
Sentencia T-020/98 M.P. Jorge Arango Mejía.
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“La Corte, en numerosas sentencias, ha explicado el alcance de este
principio, especialmente cuando se refiere al debido proceso
administrativo. Ha señalado que excluir al administrado del conocimiento
previo de la sanción a aplicar y negar, por ende, la posibilidad de
controvertirla antes de su imposición, vulnera el derecho fundamental al
debido proceso, pues puede convertirse en un acto arbitrario, contrario al
Estado de derecho. También ha manifestado esta Corporación, que
lo que la norma constitucional pretende es que la aplicación de una
sanción sea el resultado de un proceso, por breve que éste sea, aún
en el caso de que la norma concreta no lo prevea (resalta la Sala).
Del contenido del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, a la luz
del criterio jurisprudencial referido como criterio auxiliar para este proceso, se
tiene que esta norma contiene un derecho y una obligación: para el
administrado, se traduce en la oportunidad de ser escuchado previamente
dentro del trámite de la actuación administrativa, y para la administración
pública, en la obligación de realizar la citación de los particulares afectados
cuando esta inicie oficiosamente una actuación dirigida a afectar en cualquier
manera los derechos de los asociados; garantía que no se sustituye ni tampoco
se subsana o purga la deficiencia con la sola posibilidad posterior del ejercicio
de los recursos, ya que aquella constituye una etapa previa en la que se discute
la decisión con el administrado, quien puede, entre otras cosas, hacer uso de
su derecho de defensa y de la solicitud de pruebas y su contradicción en tiempo
real y de manera eficaz.
c) A! respecto, es preciso tener en cuenta que si bien la Superintendencia de
Sociedades afirmó, reiteradamente en todo el trámite adelantado en la primera
instancia, que el inicio de la investigación administrativa había sido puesto en
conocimiento de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S. A. a través de la
notificación de las resoluciones números 350-001531 de 11 de julio de 2003,
350-000197 de 5 de febrero de 2004, 350-002106 de 2 de julio de 2004 y 350-
003158 de 8 de septiembre de 2005, lo cierto es que tales actos administrativos
dan cuenta de una actuación administrativa completamente distinta e incluso
anterior a la que dio origen a las resoluciones demandadas en el proceso de la
referencia.
Advierte la Sala que como en el presente asunto la Superintendencia de
Sociedades no logró acreditar de qué manera puso en conocimiento a la
sociedad Luis Eduardo Caicedo S. A. el contenido de la queja presentada por
el 1 de junio de 2005 por el señor Luis Eduardo Caicedo y la sociedad Luis
Eduardo Caicedo Parrado y Cia. S. en C. en calidad de socios accionistas de
la sociedad Luis Eduardo Caicedo S. A., ni cómo garantizó los derechos de
contradicción y defensa de la misma, no tiene vocación de prosperidad el cargo
de apelación por ella propuesto.” 31
En cuanto al restablecimiento del derecho, el Tribunal dijo:
“En ese sentido, contrario a lo aducido por la sociedad actora en el escrito
contentivo del recurso de apelación, el a quo decidió apartarse de las
conclusiones que arrojó el dictamen pericial practicado en primera instancia no
precisamente por el mero capricho de desconocerlo, pues, como se trascribió
en los párrafos anteriores, este arribó a unas cifras que no están demostradas
de manera alguna, es decir, no entró a determinar qué situaciones particulares
31
Visible a folios 540 a 545 del Cuaderno del Tribunal.
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pudieron llegar a causar un detrimento patrimonial al que hizo mención con
ocasión de la expedición de las resoluciones acusadas, así como tampoco
especificó de donde extractó los datos para concluir los precisos montos
económicos que, a su juicio, constituyeron nuevos gastos para la sociedad, ni
desvirtuó los aspectos particulares sobre las pruebas por esta sociedad
aportadas ante la entidad demandada en la sede administrativa.
Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que la decisión adoptada por el juez
de primera instancia de apartarse de las conclusiones resultantes del dictamen
pericial rendido se encuentra debidamente ajustada al ordenamiento jurídico,
pues de conformidad con lo previsto en el artículo 241 del C. de P. C., en
concordancia con el artículo 168 del C.C.A., al momento de apreciar el
dictamen el juez debe evaluar “(...) la firmeza, precisión y calidad de sus
fundamentos, la competencia de los peritos y los elementos probatorios que
obren en el proceso".
Así las cosas, para la Sala no es de recibo la acusación que presentó la
sociedad actora en el sentido de afirmar que con las conclusiones presentadas
en el dictamen pericial rendido en primera instancia se acreditaban los
perjuicios que a su juicio padeció con ocasión de la expedición de las
resoluciones acusadas, pues, se reitera, tales conclusiones no tienen respaldo
probatorio alguno que acredite lo afirmado.
Por todo lo anterior, la Sala encuentra que con la actuación adelantada por la
Superintendencia de Sociedades se vulneró flagrantemente el derecho
constitucional al debido proceso de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S. A. por
el hecho de no haberle puesto en conocimiento el contenido de la queja
presentada por el señor Luis Eduardo Caicedo y por la sociedad Luis Eduardo
Caicedo Parrado y Cia S. en C. en su condición de socios de la sociedad Luis
Eduardo Caicedo S. A., cercenándole así el derecho de defensa y contradicción
a la sociedad actora, por lo tanto, el fallo objeto de apelación será confirmado”32
A su turno, en la sentencia de primera instancia expedida en el asunto que aquí se
analiza, se dejó dicho que:
“Observa la Sala que la sociedad actora basa su alegato general de falsa
motivación de los actos administrativos demandados sosteniendo que contrario
a lo afirmado por la Superintendencia, sí dio cumplimiento a las órdenes
impartidas en la Resolución No. 350-000088 de 2 de enero de 2006 y que se
están (Sic) desconociendo la decisión de condonación de deudas adoptada por
la Asamblea General de Accionistas.
Como primer argumento de ilegalidad de los actos por falsa motivación el actor
alegó que no existió una orden de la Superintendencia de Sociedades,
contenida en el acto administrativo que decretó la medida de sometimiento a
control en relación con la cuenta por cobrar a socios que registró la compañía
a 31 de diciembre de 2003.
Indudablemente éste cargo se encuentran dirigido, no directamente contra los
actos administrativos que se demanda, sino por el contenido del
pronunciamiento genitor tramitado en vía administrativa, esto es la Resolución
32
Visible a folios 550 y 551 del Cuaderno del Tribunal.
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No. 350-000088 de 2 de enero de 2006 que fue declarado nulo por ésta
Corporación, como se anotó previamente
En esa oportunidad, la entidad demandada expuso lo siguiente en punto al
tema:
“1. En torno al tema de la cuenta por cobrar a socios, originada en
préstamos a accionistas y la condonación de la misma, es preciso comenzar
por hacer un recuento de la actuación de esta Entidad, sobre el particular
(...) hecho el anterior recuento, y analizada la situación actual de la
compañía, en relación con el tema de la cuenta por cobrar a accionistas,
que a 31 de diciembre de 2003 registraba la compañía por $789.425.000,
la cual fue condonada en Junta de Socios celebrada el 12 de marzo de 2004,
y la posición adoptada tanto por sus asociados, como por la administración
social, según la cual, definitivamente no reversarán el castigo de la cuenta,
hasta tanto el máximo órgano social revocara tal decisión o una autoridad
competente la declarase nula, este Despacho considera configurada una
situación crítica de orden jurídico y administrativo en la sociedad LUÍS
EDUARDO CAICEDO S.A. LEC S.A., respecto de la cual se han agotado
los mecanismos con que fue dotada esta Entidad en el estadio(Sic) de
vigilancia de las sociedades comerciales, siendo necesario someter a la
compañía a una supervisión mayor que permita tomar las medidas
correspondientes frente a los efectos que pudiere generar el desacato
a las órdenes impartidas por la Entidad y, en caso de reincidencia en la
práctica glosada, con el fin de proteger el orden público involucrado." (...)
En igual sentido, la Superintendencia atacada pronunció posteriores
consideraciones relacionadas con el cargo alegado, en concreto, en la
Resolución No. 350-001167 de 18 de mayo de 2006, “La cual resuelve un
recurso de reposición”, así:
“F. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRESUNTAS
IRREGULARIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LAS QUE SE
FUNDAN LAS ÓRDENES DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
Señala el memoralista (SIC) que en el caso en que se les hubiera notificado
desde su inicio la actuación orientada al sometimiento a control, la compañía
habría podido poner de presente los argumentos que enumera, así:
(...)
CUARTO. - Que el Despacho efectúa el siguiente análisis:
4. Por lo anterior, lo ordenado a la administración social fue adelantar
las gestiones de cobro de los préstamos a accionistas, siendo claro que,
con la decisión del máximo órgano social de condonar esa cuenta, en la que
además los administradores y la revisoría fiscal no efectuaron ninguna
advertencia, siendo ampliamente conocedores del mandato legal y, por el
contrario, votaron afirmativamente los primeros a pesar de su condición de
deudores, la sociedad se apartó del ordenamiento jurídico y de la finalidad
expresamente perseguida con la orden impartida cual era “el recaudo
efectivo” de los dineros ilegalmente prestados a los asociados, razones por
las cuales mal puede pretender el recurrente que los hechos descritos no
constituyan situación crítica de orden administrativo y Jurídico.
5. Efectivamente, y en cuanto a la pregunta que formula el recurrente acerca
del título ejecutivo con el que iniciaría una acción ejecutiva en contra de los
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asociados o de la prosperidad de una acción ordinaria para que se declarase
la existencia de las obligaciones en cabeza de los mismos, hay que
reconocer que la orden impartida al respecto, esto es, adelantar las
gestiones de cobro, implicaba precisamente obtener la constitución de
pagarés o títulos que garantizaran el pago de las deudas por parte de los
accionistas.
6. La situación crítica de orden Jurídico y administrativo de LEC S.A. se
materializa entonces en el hecho de que luego de tres años de seguimiento
por parte de esta Entidad a la irregularidad consistente en los gastos sin
relación de causalidad con el objeto social y préstamos efectuados a los
socios, hoy accionistas, en los que la Superintendencia se pronunció
claramente indicando la ilegalidad de tales prácticas y requiriendo
suspenderlas y cobrar los dineros debidos, si bien los primeros fueron
recaudados y respecto de los segundos existe certificación del revisor fiscal
de la compañía, según la cual la sociedad no estaría incurriendo en la
actualidad en ellos, la compañía optó por condonar y castigar el rubro de
$789.425.000 que para esa época pesaba en cabeza de sus asociados,
decisión muy diferente a la que se hubiera esperado de personas que hagan
empresa en el país y que por tanto deben desplegar la buena fe, diligencia
y cuidado propios del buen hombre de negocios.” (Resalta y subraya la Sala)
Considera la Sala, frente a la afirmación de la actora consistente en que no
existió una orden de la demandada, en el pronunciamiento que decretó la
medida de sometimiento a control en relación, relacionada con la cuenta por
cobrar a socios que registró la compañía a 31 de diciembre de 2003, que de la
simple revisión de los actos, requeridos por éste despacho, al no ser aportados
por la actora, se observa que efectivamente sí existe tal declaración de la
administración que ahora se pretende desconocer, razón por la cual el cargo
no tiene vocación de prosperidad.
Adujo también la sociedad como argumento de su cargo, que en ese mismo
pronunciamiento inicial, la demandada señaló en ella que no desconocía los
efectos jurídicos de la condonación del saldo de la cuenta por cobrar.
Se observa, de la inspección de los antecedentes administrativos, que
efectivamente le asiste la razón al apoderado de la parte accionante, en la
medida en la que en la Resolución No. 350-001167 de 18 de mayo de 2006
(folios 628 a 638 del cuaderno principal), se anotó sobre lo referente:
“En efecto, el argumento del señor Elberto Caicedo Parrado según el cual
“económicamente era evidente que las cuentas por cobrar a socios
constituían un activo que no se iba a hacer efectivo para la compañía", dado
“que correspondían al cúmulo de prácticas inveteradas en la compañía de
recurrir a recursos de la misma para cubrir gastos de los socios", además de
incomprensible resulta bastante alejado de la lógica del tráfico mercantil
según la cual las obligaciones deben atenderse y, tratándose de asociados,
velar por los intereses de la empresa antes que por los propios; es ese el
tema que recrimina esta Entidad y que en ningún momento pretende
desconocer los efectos jurídicos de la condonación como una forma
de extinguirlas obligaciones.
(...)
Resulta claro que la Entidad no puede discutir si una deuda incobrable debe
castigarse para mostrar la realidad contable y financiera de una compañía
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más si el que hubiere condonado una deuda generada en un
comportamiento ilegal cual es el de los préstamos a socios, por las razones
antes expuestas" (Resalta la Sala)
En el análisis de éste cargo sorprende a la Sala la actitud desplegada por la
Superintendencia demandada, que en su contestación se limitó a transcribir el
contenido del texto impulsor, sin argüir razón de defensa alguna en contra del
planteamiento expuesto por la sociedad demandante.
Así las cosas, se tiene que efectivamente existió un pronunciamiento de la
accionada, reconociendo los efectos del acuerdo societario desarrollado por los
miembros accionistas de LUIS EDUARDO CAICEDO S.A., para condonar el
saldo de la cuenta por cobrar a socios, registrado a 31 de diciembre de 2003,
fenómeno jurídico que conllevó los respectivos registros contables y que
impide, como lo aceptó la demandada, el cobro de obligaciones que ya se
encuentra extintas.
La condonación como medio de extinción de las obligaciones se encuentra
prevista en la Legislación Civil Colombiana, aplicable en materia comercial por
remisión expresa del Artículo 822 del Código de Comercio, en el Artículo 1625
del Código Civil, en los siguientes términos:
“Artículo 1625. Modos de extinción. Toda obligación puede extinguirse por
una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer
libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1. Por la solución o pago efectivo.
2. Por la novación.
3. Por la transacción.
4. Por la remisión.
5. Por la compensación.
6. Por la confusión.
7. Por la pérdida de la cosa que se debe.
8. Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
9. Por el evento de la condición resolutoria.
10. Por la prescripción."
Sobre la impugnación de decisiones de las Asambleas o Juntas de Socios de
las sociedades comerciales, cuando las mismas sean consideradas por un
administrador social, accionista o un tercero afectado por la respectiva decisión
como contraria a la Ley o a los Estatutos Sociales, el Artículo 191 del Código
de Comercio, establece lo siguiente:
“Articulo 191. Impugnación de las decisiones de la Asamblea. Los
administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes
podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de socios
cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos.
La impugnación sólo podrá ser intentada dentro de los dos meses siguientes
a la fecha de la reunión en la cual sean adoptadas las decisiones, a menos
que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban ser inscritos en
el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se contarán a partir de
la fecha de la inscripción.”
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Por otra parte, en materia procesal civil y en especial en relación con el
fundamento táctico y jurídico de los procesos judiciales de ejecución, conocidos
como procesos ejecutivos, el Artículo 488 del Código de Procedimiento Civil,
señala como presupuesto e insumo de los mismos, los denominados títulos
ejecutivos, cuya conceptualización efectuó el legislador en dicha norma bajo
los siguientes criterios:
“Artículo 488. Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra
él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por Juez o
tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga
fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso- administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o
señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo,
pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294" (Subraya
y resalta la Sala)
En consecuencia, es debatible la fundamentación argüida por la
Superintendencia demandada, en el sentido de prorrogar la medida de control
impuesta, con el fin de que la sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO LEC S.A.,
adelante los procesos tendientes a la recuperación de las deudas por cobrar a
los socios accionistas, cuando existe un pronunciamiento suyo en el cual
reconoce la imposibilidad de tener como activos de la compañía, las deudas
amparadas por efecto de esa figura jurídica que extingue las obligaciones
fiscales, resultó por tanto, contradictoria su posición, razón que amerita la
declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado y de su posterior
confirmación al resolver el recurso de alzada interpuesto en sede gubernativa,
en donde adujo las mismas razones aquí ventiladas: (subrayamos)
“En lo que tiene que ver con el tema de las cuentas por cobrar a los
accionistas que a 31 de diciembre de 2003 registraba la compañía y que
fueron condonadas en Asamblea Ordinaria de Socios celebrada el 12
de marzo de 2004, la Superintendencia ordenó al representante legal
que adelantara las gestiones tendientes a su recaudo, para lo cual
debía remitir los documentos pertinentes que demostraran su gestión,
sin embargo, a la fecha la administración no ha efectuado
manifestación alguna al respecto.
(...)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el término de sometimiento a control
de la sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. LEC S.A. identificada con
el Nit 860.023.369 y domiciliada en Bogotá D.C. por seis (6) meses,
teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia y basta tanto sea superada la situación que originó dicha
medida de supervisión ..." (Resalta la Sala)
La Resolución antes transcrita basa la prórroga del término de sometimiento a
control, en el incumplimiento de las órdenes dadas refiriéndose puntualmente
a las cuentas por cobrar a los accionistas a 31 de diciembre de 2003 y que
fueron condonadas por la Asamblea.
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Radicado: 25000 23 24 000 2008 00148 02
Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A.
La prosperidad del cargo exime a la Sala a pronunciarse sobre otros aspectos
propuestos por el actor.
Por las razones antes expuestas la Sala concluye que está llamado a prosperar
el cargo de falsa motivación propuestos por la parte actora y en consecuencia
procederá a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.”
Bajo tales premisas, también concuerda la Corporación con lo estimado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca cuando en el proceso de la referencia
indicó que las razones que esbozó el extremo activo del litigio no fueron suficientes
para la demostración de la causalidad y, por ende, al ser éste uno de los
presupuestos de la responsabilidad a efectos de determinar la prosperidad de la
pretensión reparatoria, no es viable acceder a ella, dado que no basta con la
petición de una prueba técnica para entenderse cumplida la carga respectiva, sino
que es menester que se otorguen elementos técnicos fundamentados y precisos
para que ello proceda, en atención a lo dispuesto en los artículos 176, 232, 233,237
240 y 241 del CPC.
En este asunto, como ya se advirtió, la nulidad de los actos administrativos que
fueron expedidos por la demandada obedeció a razones de una supuesta
incoherencia entre la medida que fue tomada y la realidad de la sociedad, como
quiera que se ordenó el recaudo de deudas condonadas y para tal propósito se
prorrogó la misma; pero no cabe duda de que los autopréstamos y sus
condonaciones no fueron desvirtuadas, ni en sede administrativa ni en sede judicial.
Motivo que resulta suficiente para concluir que una empresa que actúa de tal
manera defrauda la confianza en sus acreedores e inversionistas, razón que bien
puede explicar los resultados que arroja el dictamen pericial.
Bajo tal perspectiva, fuerza es confirmar el fallo del 22 de marzo de 2013 junto con
la complementación de la sentencia emitida el 29 de julio de esa anualidad, como
en efecto se pasará a indicar en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley,
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Radicado: 25000 23 24 000 2008 00148 02
Demandante: Luis Eduardo Caicedo S.A.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de marzo de 2013 junto con su
correspondiente complementación calendada el 29 de julio de esa anualidad,
expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, en Descongestión, pero por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 29 de septiembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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