Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00308-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00308-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2008-00308-02
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 250002324000 2008 00308 02
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
Demandada: Distrito Capital - Alcaldía Local de Usaquén - Consejo de Justicia de
Bogotá
Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Código Contencioso
Administrativo
Tesis: No son nulos los actos administrativos demandados en tanto se expidieron
de conformidad con las normas que rigen los procesos sancionatorios por
infracciones urbanísticas y atendiendo las normas que para el momento de los
hechos regulaban la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
Las obras desarrolladas sin licencia de construcción no quedaron cobijadas por lo
dispuesto en la Resolución núm. 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial ni por lo establecido en la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 29 de
septiembre de 2006, proferida dentro del expediente 25000-23-25-000-2005.0062-
00/03 con el alcance y las determinaciones que respecto de la misma se adoptaron
en la sentencia de la Sala Plena de esta Corporación de 5 de noviembre de 2013.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 3 de agosto de 2023, mediante la cual se negaron
algunas pretensiones de la demanda.
Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
I. DEMANDA
1.1 Las pretensiones
1. Santiago Pardo Ramírez presentó 1 demanda contra el Distrito Capital-Alcaldía
Local de Usaquén-Consejo de Justicia de Bogotá (en adelante la demandada), en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando lo
siguiente a título de pretensiones:
«[…] PRIMERA. -Que se declare que es NULA la Resolución singularizada con
el número 514 de fecha veinticinco (25) de agosto del año 2005, expedida por la
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN, dentro del trámite administrativo N° 3958-
2005, y "Por la cual se impone una sanción''.
SEGUNDA.- Que se declare que es NULA la Resolución singularizada con el
número 079 del diecinueve (19) de mayo del año 2006, expedida por la
ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN, dentro del trámite administrativo N° 3958-
2005, y "Por la cual se resuelve un recurso de reposición".
TERCERA.- Que se declare que es NULA la Resolución singularizada con el
número 0224 de fecha del dos (2) de abril del año 2008, proferida por el
CONSEJO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ, dentro del trámite administrativo de N°
3958-2005, y "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación".
QUINTA. (sic)-- Que se deje sin efecto la orden dada por el Consejo de Justicia
para que se practique la demolición de la construcción realizada en el inmueble
de mi representado.
SEXTA. Que, consecuencialmente, y a título de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, se deje sin efecto y no haya lugar al pago de la sanción a título de
MULTA por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($187.396.800.00), por la nulidad de los actos demandados.
SEPTIMA. - Que, consecuencialmente, y a título de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, se CONDENE a la accionada a cancelar los dineros que por
concepto de HONORARIOS PROFESIONALES debe erogar mi procurada en
su defensa administrativa y jurisdiccional, los cuales ascienden a la suma de
CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($40.000.000.00).
OCTAVA.- Que se condene a la parte demandada al pago de los gastos y costas
del proceso […]»2.
1 Mediante apoderada judicial.
2 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo «CUADERNO PRIMERA INSTANCIA FOLIOS 1
AL 253(.pdf)» folios 46 y siguientes
2
Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
1.2 Los actos demandados
2. La Resolución núm. 514 de 25 de noviembre de 2005 expedida por la Alcaldesa
Local de Usaquén dentro del trámite administrativo núm. 3958- 2005, en la que se
resolvió:
«RESOLUCIÓN No. 514/05
(…)
RESUELVE:
PRIMERO: Reconocer personería Jurídica a la Doctora MARTHA STELLA
CORONELL HERRERA, identificada con la cédula de ciudadanía número
35.497.145 de Suba y tarjeta Profesional de abogada número 42673 del Consejo
Superior de la Judicatura, conforme a los términos del poder conferido.
SEGUNDO: Declarar infractor del Régimen Urbanístico y de Obras al señor
SANTIAGO PARDO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
19.381.973 expedida en Bogotá, por encontrarse responsable de ordenar la
construcción de la casa con uso de vivienda en el predio ubicado en la calle 240
No. 4 A 63, de esta ciudad, Parcelación Floresta de la Sabana, según certificado
de tradición y libertad del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 50N-
20296182.
TERCERO: Imponer al señor SANTIAGO PARDO RAMIREZ. identificado con
la cédula de ciudadanía número 19.381.973 expedida en Bogotá, multa por valor
de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($187.392.800,00) M/CTE., la cual será sucesiva
cada seis (6) meses, hasta la obtención y presentación de la respectiva licencia
de construcción o demolición voluntaria de la obra. Para ello contará con un
término de 60 días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 810
de 2003; el valor de esta multa debe ser pagado a favor de la Tesorería Distrital
con destino al Fondo de Desarrollo Local de Usaquén. El incumplimiento dará
lugar a la aplicación del artículo 65 del Decreto 01 de 1984.
TERCERO: Se advierte al infractor que de no llegar a cancelar la multa impuesta
y adecuarse a las disposiciones urbanísticas, las multas se harán efectivas
mediante cobro de jurisdicción coactivo.
CUARTO: Ratificar la medida policiva de suspensión y sellamiento de la obra,
ordenada mediante acto administrativo de 8 de enero de 2004: el incumplimiento
a lo aquí estipulado faculta a la administración para imponer las multas
contenidas en el artículo 65 del Código Contencioso Administrativo.
QUINTO: Contra este acto administrativo, proceden los recursos de reposición y
en subsidio el de apelación, los cuales deben presentarse por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a su notificación, el primero señalado ante la Alcaldía
Local de Usaquén y el segundo ante el Consejo de Justicia de Bogotá. […]»3
3 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo «CUADERNO ANEXOS DEMANDA FOLIOS 1 AL
19(.pdf) », folios 6-7
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
3. La Resolución núm. 079 de 19 de mayo de 2006 expedida por la Alcaldesa
Local de Usaquén, en la que se dispuso:
«RESOLUCIÓN No. 079/06
(…)
RESUELVE:
PRIMERO: No reponer la decisión contenida el acto administrativo Resolución
514/05 de 25 noviembre de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva
de este proveído.
SEGUNDO: Conceder el Recurso de Apelación ante el Honorable Consejo de
Justicia de Bogotá, en el efecto suspensivo, ordenando desde ya sea enviado el
expediente 3958 ante el superior para lo de su competencia. […]»4.
4. El Acto Administrativo núm. 0224 de 2 de abril de 2008, expedido la Sala de
Decisión de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio
Público del Consejo de Justicia de Bogotá D.C., que señaló:
«ACTO ADMINISTRATIVO No. 0224
Bogotá D.C. Abril 2 de 2008
(…)
RESUELVE
PRIMERO: Modificar el ordinal tercero de la resolución 514 del 25 de noviembre
de dos mil cinco (2005) el cual quedará así:
TERCERO: Imponer al señor SANTIAGO PARDO RAMIREZ identificado con
la C.C. No. 19.381.973 expedida en Bogotá, multa por valor de CIENTO
OCHENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($187.392.800.00) y la demolición de la obra. Para ello
se concede un término de sesenta (60) días de conformidad con lo dispuesto en
el artículo tercero de la ley 810 de 2003; el valor de esta multa debe ser pagado
a favor de la Tesorería Distrital con destino al Fondo de Desarrollo Local de
Usaquén. El incumplimiento dará lugar a la aplicación del artículo 65 del Decreto
01 del 84.
SEGUNDO. Confirmar en lo demás la resolución No. 514 del veinticinco (25) de
noviembre de dos mil cinco (2005)
TERCERO: Contra la presente decisión no proceden recursos.
4 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo «CUADERNO ANEXOS DEMANDA FOLIOS 1 AL
19(.pdf) », folio 10.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
CUARTO: En firme la presente decisión, remítanse las diligencias ante la
Alcaldía Local de origen para lo de su competencia. […]»5
1.3 Presupuestos fácticos
5. Indicó que la Alcaldía Local de Usaquén tramitó en su contra el proceso núm.
3958-2005 por la infracción al régimen urbanístico y de obras, al construir sin licencia
de construcción en el inmueble ubicado en la calle 240 núm. 4A-63, predio que hace
parte de la parcelación de la Floresta de la Sabana.
6. Señaló que la Alcaldía Local de Usaquén profirió la Resolución núm. 514 el 25 de
noviembre de 2005 mediante la cual lo declaró infractor de las normas de urbanismo
por ordenar la construcción de una casa sin su correspondiente licencia en el predio
de la parcelación de La Floresta de la Sabana y le impuso una multa.
7. Sostuvo que pese a interponer recursos de reposición y de apelación contra el
acto sancionatorio, la Alcaldía Local de Usaquén confirmó la multa a través de la
Resolución núm. 079 de 19 de mayo de 2006 y que el Consejo de Justicia de Bogotá
D.C. al tramitar la apelación además de ratificar la multa, ordenó la demolición de la
obra a través de la Resolución núm. 0224 de 2 de abril de 2008.
8. Indicó que el acto emitido por el Consejo de Justicia de Bogotá es ilegal por
haber agravado la sanción impuesta -pese a ser apelante único- concretamente
al ordenar la demolición bajo el argumento de que la construcción no podía
legalizarse.
9. Afirmó que ha pagado los servicios públicos domiciliarios bajo la categoría
de residencial y los impuestos prediales bajo la categoría de uso general y/o
urbano edificado residencial, tal y como se acreditó con los anexos de la
demanda según los formularios de declaración y certificaciones catastrales
respectivas del inmueble objeto del presente trámite.
5 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo «CUADERNO ANEXOS DEMANDA FOLIOS 1 AL
19(.pdf)», folio 18.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
10. Explicó que la urbanización en la que está ubicado el inmueble está
regulada por el Decreto Distrital núm. 981 de 1957 y que en la actualidad se
encuentra en proceso de legalización a través del Acuerdo núm. 1 del 12 de
febrero de 1986, proceso que no ha concluido, pero evidencia que la intención
no es la de demoler edificaciones sino lograr que las construcciones de los 301
barrios y a sus propietarios entren dentro del marco de la legalidad. Resaltó que
esta decisión busca proteger a más de 150.000 personas que habitan en los 63
barrios localizados en los Cerros Orientales de Bogotá o Sistema Orográfico
Oriental.
11. Indicó que bajo el criterio anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial expidió la Resolución núm. 0463 del 14 de abril de 2005,
mediante la cual redelimitó la Reserva forestal Protectora del Sistema
Orográfico Oriental de Bogotá, estableciendo que los inmuebles que estuvieran
construidos en la zona llamada de recuperación ambiental y que no contaran
con licencia de construcción no serían objeto de sanción. En esta misma línea
aseguró que resulta evidente que las viviendas localizadas en esta zona no
pueden demolerse toda vez que se debe dar aplicación al principio de
favorabilidad contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política.
12. Argumentó que en desarrollo de la Resolución 0463 de 2005 la Corporación
Autónoma Regional-CAR expidió el «PLAN DE MANEJO RESERVA FORESTAL
PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTA» en la cual se fijaron una
serie de condiciones en idéntico sentido de preservación de las viviendas
existentes.
13. Recalcó que los artículos 3, 4 y 5 del Plan de Manejo reconocen los
derechos adquiridos por los particulares y la libertad de estos de proceder a su
venta o de permanecer en los mismos.
14. Destacó de que de acuerdo con la Resolución 1141 de 2006 expedida por
la Corporación Autónoma Regional-CAR el área de reserva está zonificada así:
Zona de conservación, zona de rehabilitación ecológica, zona de recuperación
paisajística y de recuperación ambiental.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
15. Recalcó que, en consonancia con la zonificación anterior, el artículo 18 de
la Resolución 463 de 2005 del Ministerio de Vivienda dispuso que en la zona
de recuperación ambiental podían existir usos principales y usos condicionados
dentro de los que se encuentran aquellas que cumplan las exigencias para la
normalización de construcciones preexistentes a la expedición de la resolución
463 de 2005.
16. Arguyó que mediante fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 29 de septiembre de 2006 dentro del expediente de la acción
popular con radicado núm. 2005-00662, se estableció que no serían objeto de
demolición las construcciones realizadas antes del 29 de noviembre de 2005 y
que su obra para esa fecha se encontraba totalmente finalizada. En igual
sentido resaltó que según este fallo las construcciones adelantadas después de
la fecha indicada serían demolidas.
17. Concretó que para los inmuebles ubicados en la parcelación La Floresta de
la Sabana se debe tener en cuenta que a través del Acuerdo 1 de 1986 se
ordenó la legalización e incorporación a los planes, programas oficiales y
registro catastral de los desarrollos urbanos existentes.
18. Aseveró que el artículo 191 del nuevo estatuto urbano de Bogotá ordena
que se incorporen como nuevas áreas urbanas los terrenos que debían
legalizarse conforme al Acuerdo 1 del 12 de febrero de 1986.
19. Defendió que es titular de unos derechos adquiridos que impiden la
demolición de la construcción realizada en el inmueble materia del presente asunto,
de conformidad con la Resolución núm. 463 de 2005 y el Plan de Manejo
Ambiental de la CAR contenido en la Resolución núm. 1141 de 2006.
20. Indicó que a pesar de tener los mencionados derechos, tanto la Alcaldía de
Usaquén como el Consejo de Justicia de Bogotá fueron objeto de presiones por
parte del Contralor de Bogotá de la época, con el fin de que se decretara la
demolición del inmueble de su propiedad, hecho que además evidenció la
afectación de la imparcialidad de las autoridades involucradas en el conflicto.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
21. Reiteró que en múltiples escenarios el Contralor de Bogotá manifestó que
la construcción que es objeto del presente trámite debía demolerse,
desconociendo el amparo de lo dispuesto en la Resolución núm.0463 de 2005
y la Resolución núm. 1141 de 2006.
22. Adujo que estas presiones sobre funcionarios de distinto orden le impidió
tener un juez imparcial lo que conllevó a que incluso en la segunda instancia se
desconociera el principio de la non reformatio in pejus.
1.4 Normas violadas
23. Señaló que los actos acusados violaron los artículos 6, 13, 29, 58, 83, 90, 121
y 333 de la Constitución Política.
1.4.1 Violación de las normas en que debía fundarse y vulneración del debido
proceso
24. Aseguró que con los actos acusados se inobservaron las formas propias de la
actuación administrativa sancionatoria y se desconocieron las disposiciones sobre la
caducidad de la potestad sancionatoria.
1.4.2 Caducidad de la potestad sancionatoria
25. Aseguró que la Alcaldía Local como el Consejo de Justicia Bogotá debieron dictar
sus actos dentro de tres (3) años, tal como lo ordena el artículo 38 del C.C.A.
26. Manifestó que el Consejo de Justicia creó una nueva situación en su contra sin
tener la potestad para ello al haber operado el fenómeno de la caducidad. Indicó que
el proceso en su contra se inició el 28 de marzo de 2005, de lo cual se colige que el
Consejo tenía competencia sancionatoria hasta el 28 de marzo de 2008 y la
Resolución núm. 0224 la expidió el 2 de abril de 2008, es decir por fuera del término
legal de 3 años.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
1.4.3 Violación del principio de «non reformatio in pejus» y el artículo 31 de la
Constitución Política
27. Adujo que el Consejo de Justicia de Bogotá como la segunda instancia quebrantó
el principio de «non reformatio in pejus» y por lo tanto violó el artículo 31 de la
Constitución Política porque agravó la situación del recurrente al haber ordenado
la demolición de la construcción realizada en el inmueble que es materia del
presente trámite.
1.4.4 Violación de derechos adquiridos
28. Indicó que la parte demandada le violó derechos adquiridos y reconocidos
mediante la Resolución núm. 463 de 2005 expedida por el Ministerio de Ambiente y
el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 29 de
septiembre de 2006 dentro del expediente de acción popular con radicado núm.
2005-00662.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
29. La parte demandada contestó la demanda 6 y se opuso a las pretensiones
formuladas así:
2.1. Violación de las normas en que debía fundarse-debido proceso
30. Adujo que no violó el debido proceso porque los actos demandados fueron
expedidos cumpliendo todos los parámetros señalados tanto en las normas
sustantivas como procedimentales que regulaban la materia relacionada con obras
y urbanismo.
31. Recalcó que al querellado se le comunicó la iniciación de la actuación, se le citó
para que rindiera los respectivos descargos, se le dieron a conocer las decisiones
tomadas por la Alcaldía Local de Usaquén, tuvo la oportunidad a través de
6 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo «CUADERNO PRIMERA INSTANCIA FOLIOS 1
AL 253(.pdf)», folios 47 y siguientes.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
apoderado de interponer los recursos de reposición y apelación, se le resolvieron en
tiempo.
2.2 Sobre la caducidad de la potestad sancionatoria
32. Explicó que la caducidad de la facultad sancionadora establecida en el artículo
38 del CCA es de tres años contados a partir del hecho generador. En el caso
concreto la querella se inició en 2005 y dentro del trámite de la misma se practicó
una última visita a la obra el día 25 de septiembre de esa misma anualidad, con la
constancia que las obras aún se estaban realizando y luego de dos meses se impuso
la sanción, por lo cual no tiene ningún fundamento lo anotado por la demandante.
33. Indicó que el demandante estimó que la decisión del Consejo de Justicia del 2
de abril de 2008 fue extemporánea, pero a esa fecha sólo había transcurrido dos
años y seis meses después de haberse realizado la visita a las obras del 25 de
septiembre de 2005, por lo que tampoco en este escenario se habría configurado la
caducidad.
2.3 Sobre la violación del principio de «non reformatio in pejus» y el artículo 31
de la Constitución Política
34. Destacó que, de acuerdo con la sentencia del 6 de Julio de 2001, del Consejo de
Estado, Sección Primera, radicado núm. 25000232400019990032401, Consejera
Ponente Olga Inés Navarrete, resulta claro que en la vía gubernativa se pueden
corregir errores del funcionario de inferior jerarquía de lo cual se puede deducir que
el Consejo de Justicia de Bogotá aplicó las normas respectivas para corregir los
errores de la Alcaldía sin que ello suponga un desconocimiento de ningún principio
ni norma.
III.TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
35. En sentencia del 10 de septiembre de 2012, la Subsección C de Descongestión
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la
nulidad de los actos acusados porque: i) «[…] en el presente asunto se configuró la
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Demandante: Santiago Pardo Ramírez
caducidad de la facultad sancionatoria de la administración para imponer sanción de
multa al actor […]» y ii) «[…] la Sala acoge el cargo planteado relacionado con la
vulneración del principio de non reformatio in pejus […]»7.
36. Inconforme con dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de alzada,
el cual fue resuelto por esta Corporación mediante sentencia del 14 de julio de 2022,
en la que se ordenó revocar la providencia recurrida y devolver el proceso al Tribunal
para que se pronunciara de fondo sobre los otros cargos de la demanda.
“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2012 por la
Subsección C de Descongestión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para los fines señalados
en el ordinal anterior y para que, teniendo en cuenta la plena observancia de los
principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia procesal, adopte la decisión
de fondo respecto de los otros cargos de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia. Esta decisión deberá proferirse con la orden de
obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la recepción del
expediente, de conformidad al 120 de la Ley 1564, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia”.
IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
37. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 3 de agosto de 20238, resolvió:
«1º Obedécese y cúmplase a los resuelto por la Sección Primera del Consejo de
Estado en sentencia del 14 de julio de 2022, por la cual revocó la providencia
apelada y, dispuso la devolución del expediente a este tribunal para que
resolvieran los demás cargos de la demanda que no fueron objeto de análisis en
la sentencia proferida, en primera instancia.
2°) Deniéganse las pretensiones de la demanda, en relación con los demás
cargos planteados por la parte demandante (tercero y cuarto), por las razones
expuestas en esta providencia. […]»
38. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cumplimiento de lo ordenado por
esta Sección en sentencia del 14 de julio de 2022 solo estudió los cargos de nulidad
7 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo «CUADERNO PRIMERA INSTANCIA FOLIOS 1
AL 253(.pdf)», folios 108 y siguientes
8 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo «CUADERNO PRIMERA INSTANCIA FOLIOS 1
AL 253(.pdf)», folios 157 y ss.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
que no fueron abordados en la sentencia de primera instancia del 10 de septiembre
de 2012; los cuales son:
4.1. Violación de las normas en que debía fundarse-debido proceso
39. Estimó que no se violó el debido proceso porque los actos acusados observaron
las formas propias de la actuación administrativa sancionatoria, ya que para el
momento de los hechos procedía la imposición de la sanción ante la infracción
urbanística por no contar con la respectiva licencia de construcción.
40. Consideró que ni en la Resolución núm. 463 de 2005 expedida por el Ministerio
de Ambiente ni en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 29 de septiembre de 2006 dentro del expediente de acción
popular con radicado núm. 2005-00662 se permitieron las construcciones
ilegales ni la legalización de las viviendas construidas de forma ilícita al interior
de la reserva forestal, teniendo en cuenta que las construcciones indebidas
desarrolladas con posterioridad a la Resolución núm. 463 de 2005 no podían
ser normalizadas.
4.2. Violación de los derechos adquiridos
41. Señaló que no se violaron los derechos adquiridos a la demandante porque no
contaba con una licencia de construcción conseguida legítimamente y/o una obra
construida legalmente en la franja de adecuación, antes de la anotación de
afectación por reserva forestal en el folio de matrícula inmobiliaria del predio.
42. Aclaró que el problema jurídico no radicaba en si resultaba procedente o no el
pago de mejoras o de la normalización del predio como lo indicó la parte
demandante, sino de una situación de infracción a normas urbanísticas por no contar
con la licencia de construcción, por lo cual, procedía la imposición de la sanción por
parte de la Alcaldía Local.
V. RECURSO DE APELACIÓN
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
43. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación9 contra la sentencia proferida en primera instancia el 3 de agosto de 2023.
5.1. Ineficacia de la decisión adoptada por esta Corporación el 14 de julio de
2022 y por el Tribunal el 3 de agosto de 2023
44. Aseguró que tal como lo planteó el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo
López, en el salvamento de voto a la sentencia del 14 de julio de 2022, la Corporación
no debió devolver el expediente al Tribunal, sino que debió resolver todos los cargos
de la demanda en atención a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 287 de la Ley
1564 de 2012.
5.2. Falta de competencia para la adopción del fallo del Tribunal de 3 de agosto
de 2023
45. Expuso que el fallo del Tribunal objeto de censura fue proferido después de
haber transcurrido el plazo de 40 días ordenado en la sentencia de esta Corporación
del 14 de julio de 2022 y en todo caso la decisión fue adoptada cuando habían
transcurrido más de 6 meses, esto es, desconociendo lo dispuesto en el artículo 121
de la Ley 1564 de 2012, por lo cual se presentó la falta de competencia del Tribunal
que acarrea dejar sin valor y efectos el fallo recurrido.
5.3. Indebido e insuficiente análisis frente a la existencia de caducidad de la
facultad sancionatoria
46. Estableció que el Tribunal no contaba con un fundamento para desestimar la
ocurrencia de la caducidad de la potestad sancionatoria de la administración bajo el
equívoco entendido que la administración contaba hasta el 28 de marzo de 2008
para adoptar el acto sancionatorio, pues esta facultad no excluye la decisión de los
recursos por ser una etapa integrante y conclusiva de la actuación administrativa;
por lo cual, no resulta ajena a la actuación como erróneamente lo ha interpretado la
jurisdicción.
9 Cfr. índice núm. 2 del expediente digital de Samai, archivo «CUADERNO PRIMERA INSTANCIA FOLIOS 1
AL 253(.pdf)», folios 228 y siguientes.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
5.4. Ausencia de fundamento en la desestimación del cargo de violación de
normas en que debía fundarse en armonía con el desconocimiento del debido
proceso por desatender la afectación de non reformatio in pejus
47. Señaló que se desconoció el artículo 29 de la Constitución Política porque al
resolver el recurso de apelación el Consejo de Justicia de Bogotá se extralimitó y
terminó agravando su situación, en clara violación del artículo 31 ibidem sobre el
principio de non reformatio in pejus.
48. Afirmó que no le era dado al Consejo de Estado dar una interpretación distinta a
la decisión administrativa para estimar que no hubo lugar a la afectación de la no
reformatio in pejus. Tampoco le era dado, aseverar que la orden de demolición de
las obras era una consecuencia lógica, amparando con ello la extralimitación del
funcionario y a pesar de que con el acto definitivo e impositivo de la sanción jamás
se produjo orden alguna de demolición. Tal conducta del Consejo de Estado vulneró
el debido proceso.
5.5. Ausencia de fundamento para desestimar los cargos de nulidad que fueron
resueltos con el fallo del 3 de agosto de 2023
49. Argumentó que los planteamientos para desestimar los cargos de nulidad no
tienen asidero jurídico porque de manera subjetiva se dispuso que al momento del
inicio de la actuación sancionatoria se llevaba construido el 80% de la totalidad de la
obra, lo cual no podía ser el sustento de la imposición de la sanción ni de la orden
de demolición.
50. Sostuvo que la administración tuvo las facultades y oportunidades para imponer
multas sucesivas y periódicas o acciones coercitivas de cara a la existencia de la
presunta infracción, de manera que su inacción lo que terminó fue concretando un
estado de satisfacción y no de infracción, “[…] ello a partir de la consolidación de
unos derechos constructivos y adquiridos para mi procurado y no de una mera
expectativa como erradamente se destaca en el fallo de instancia”.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
51. Agregó que es errado considerar que las actualizaciones catastrales sirven para
colegir el incremento de las áreas del inmueble y la intervención del inmueble en
tiempos posteriores.
VI. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
52. El Despacho Sustanciador mediante auto de 7 de diciembre de 202310, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3
de agosto de 2023.
53. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
Sustanciador, mediante auto proferido el 5 de febrero de 202411 corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera el concepto.
VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
54. La parte demandante 12 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
55. La parte demandada13 alegó la inexistencia de la causal de nulidad invocada
por el demandante, teniendo en cuenta que se respetó el debido proceso y se
cumplieron los requisitos del procedimiento que regulan los trámites de obras y
urbanismo.
VIII. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
56. El Agente del Ministerio Público no conceptuó en esta oportunidad procesal.
10 Cfr. índice 4 del expediente digital de Samai.
11 Cfr. Índice 9 del expediente digital de Samai.
12 Cfr. índice 13 del expediente digital de Samai.
13 Cfr. índice 14 del expediente digital de Samai.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
IX. CONSIDERACIONES
9.1 Competencia
57. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, lo
ordenado en el artículo 129 del C.C.A. y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201914,
la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, en segunda instancia.
58. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
9.2. Análisis del caso en concreto
9.2.1. Asunto preliminar
59. La Sala estima necesario precisar que el recurso de apelación interpuesto y que
se decide en el presente fallo, se formuló contra lo resuelto en la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, del 3 de
agosto de 2023.
60. Es importante igualmente recordar que la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca del 3 de agosto de 2023 se profirió en cumplimiento de la orden
dada por esta Corporación a través del fallo del 14 de julio de 2022 y por de ello el
Tribunal únicamente abordó los cargos relativos a: (i) la vulneración de las normas
en que deberían fundarse los actos demandados y (ii) la vulneración de los derechos
adquiridos del demandante, toda vez que respecto de los restantes cargos de la
demanda ya se había producido tanto el fallo de primera como de segunda instancia.
9.2.2. Cosa juzgada derivada de la sentencia del Consejo de Estado del 14
de julio de 2022
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
61. Considerando lo anterior se precisa que los cargos de la demanda de nulidad y
restablecimiento relacionados con: (i) La caducidad de la potestad sancionatoria y
(ii) la violación del principio de la reformatio in pejus fueron objeto de estudio en
primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C de Descongestión, en sentencia del 10 de septiembre de
2012 y, en segunda instancia, por parte del Consejo de Estado, Sección Primera, en
la sentencia del 14 de julio de 2022, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
62. Lo anterior significa que habiéndose agotado la doble instancia sobre los cargos
de (i) caducidad de la potestad sancionatoria y (ii) violación del principio de la no
reformatio in pejus, lo señalado por esta Corporación en la sentencia del 14 de julio
de 2022 hizo tránsito a cosa juzgada.
63. En consecuencia, cualquier inconformidad del demandante sobre el análisis
hecho por el Consejo de Estado en el mencionado fallo de 2022, ha debido
manifestarse dentro de las oportunidades legales pertinentes a través del recurso de
revisión de ser este aplicable.
64. En este orden de ideas, los argumentos contenidos en el recurso de apelación
formulado contra el fallo del 3 de agosto de 2023 pero referentes a (i) el indebido e
insuficiente análisis frente a la existencia de caducidad sancionatoria y (ii)
desconocimiento de la garantía fundamental del debido proceso por desatender la
afectación de la non reformatio in pejus, no serán objeto de análisis en tanto -se
reitera- sobre ellos operó el fenómeno de la cosa juzgada y no pueden ser objeto de
un nuevo estudio.
65. Así las cosas procede la Sala a analizar los restantes cargos del recurso de
apelación en el orden en que fueron planteados por el recurrente.
9.2.3. Ineficacia de la Sentencia del Consejo de Estado del 14 de julio de 2022
y de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 3 de
agosto de 2023
66. Deberá la Sala definir si el Consejo de Estado vulneró lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 287 del C.G.P. al ordenar en la sentencia del 14 de julio de
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
2022, la devolución del expediente al Tribunal para que este “[…] adopte la decisión
de fondo respecto de los otros cargos de la demanda […]” y si ello conduce a la
ineficacia de su fallo y a la ineficacia de la decisión que adoptada por el Tribunal
atendiendo la orden recibida.
67. Al respecto es pertinente recordar que la demanda de nulidad y restablecimiento
formuló como cargos los siguientes: (i) inobservancia de las formas propias e las
actuación administrativa sancionatoria; (ii) Caducidad de la potestad sancionatoria
administrativa; (iii) violación del principio de la non reformatio in pejus y (iv) violación
de los derechos adquiridos reconocidos por la Resolución núm. 463 de 14 de abril
de 2005 y por el fallo del Tribunal Administrativo del 29 de septiembre de 2006.
68. Igualmente resulta importante reiterar que la sentencia de la Subsección C de
Descongestión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
del 10 de septiembre de 2012 solo abordó el estudio de los cargos referentes a (i) la
caducidad de la potestad sancionatoria y (ii) la violación del principio de la no
reformatio in pejus.
69. En razón de lo anterior fue que el Consejo de Estado en su sentencia del 14 de
julio de 2022 indicó lo siguiente:
“La Sala considera que, de manera especial en el presente caso, se deberá
devolver el expediente al Tribunal de origen con el propósito de garantizar el
derecho fundamental de las partes al debido proceso y a la segunda instancia,
para que se pronuncie sobre los demás cargos de nulidad que no fueron objeto
análisis de la sentencia proferida, en primera instancia, en atención a que dicha
sentencia se centró exclusivamente en los cargos de la caducidad de la facultad
sancionatoria de la administración y la no reformatio in pejus, sin analizar y
resolver los demás fundamentos jurídicos de la demanda, especialmente, porque
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca únicamente resolvió dichos cargos
de nulidad y se abstuvo de analizar los restantes”.
70. Para sustentar su decisión el Consejo de Estado reiteró e hizo extensivas al caso
las consideraciones hechas por la Sección en la sentencia del 26 de abril de 2013,
las cuales han sido reiteradas en varios fallos posteriores. Indicó al respecto:
“[…] Cabe advertir que esta Corporación, al estudiar en segunda instancia los
recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera por
los Tribunales Contencioso Administrativos, en las cuales no se ha resuelto el
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
fondo del asunto -ello ha sido considerado injustificado-, en su lugar, ha
procedido a proferir la providencia de mérito que corresponda, en aplicación del
ultimo inciso del artículo 357 del C. de P.C., el cual prevé:
“[…] Sin embargo, la Sala observa que esta norma resulta incompatible con el
texto de los artículos 29 y 31 de la Carta Política, que consagran el principio de
la doble instancia. […]
Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los artículos 29 y 31 de la Carta
Fundamental, sino que también aparece consagrado en las normas de derecho
internacional humanitario, concretamente, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, los cuales le otorgan el carácter de garantía judicial y de
mecanismo de protección, destinado a hacer efectivos los derechos
consagrados en el ordenamiento jurídico y a velar por la recta actuación de la
administración, máxime en aquellos casos en los cuales a partir del ejercicio de
sus funciones puede imponer sanciones (v.gr. en los procesos penales).
Así, en torno al desarrollo del procedimiento penal, el artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), dispone que:
"Garantías judiciales. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas: h) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal
superior". A su vez, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece que: " (...) 5. Toda persona declarada culpable de un delito
tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
Luego, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera
genérica y en relación con todo tipo de procedimientos, determina que: "Artículo
25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales. […]
Es claro que a partir de la interpretación armónica y sistemática de la
Constitución Política y de los tratados internacionales de derechos humanos, el
principio de la doble instancia se erige en una garantía esencial para preservar
el debido proceso y, además, para mantener incólume la integridad de los
derechos e intereses de los asociados.
En esta medida, el principio de la doble instancia se convierte en una garantía
constitucional que informa el ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus
manifestaciones, no sólo cuando se trata de la aplicación del derecho penal por
los órganos judiciales sino también en el derecho administrativo sancionatorio y,
específicamente, en tratándose del desarrollo y práctica del derecho
disciplinario.
Es, entonces, indudable que en el origen de la institución de la doble instancia
subyacen los derechos de impugnación y de contradicción. En efecto, la garantía
del derecho de impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión, exigen
la presencia de una estructura jerárquica que permita la participación de una
autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de una
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
actuación previa, sea porque los interesados interpusieron el recurso de
apelación o resulte forzosa la consulta. […]
Como quiera que el asunto a que se contrae la sentencia dictada en el
proceso de la referencia, no está considerado dentro de los casos que
deban ventilarse en única instancia, resolver de fondo la controversia en la
segunda instancia, implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos
de la demanda que no realizó y equivale a convertirla en única instancia,
privando a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer
legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al
acceso a la Administración de Justicia […]” (Negrillas de la Sala).
71. Nótese que el fundamento de la decisión fue precisamente el de garantizar el
principio de la doble instancia como componente del debido proceso, considerado
como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política y en varios
acuerdos o pactos internacionales de derechos humanos.
72. Considerando lo anterior, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 287 del
C.G.P. debe interpretarse de manera armoniosa con las garantías constitucionales,
en el caso concreto, con la garantía de doble instancia. Lo contrario supondría que
en cuanto a los puntos no fallados por el a quo y que serían directamente abordados
por el a quem tal garantía no operaría, en desmedro precisamente de quien se ha
visto afectado por la omisión del juez, perdiendo una oportunidad de decisión y
perdiendo el derecho a que el superior de quien adoptó la decisión revise la misma
73. Tratándose de los argumentos del recurrente fundados en el salvamento de voto
presentado por el doctor Oswaldo Giraldo López al fallo de esta Corporación del 14
de julio de 2022, es preciso señalar que dicho salvamento refleja únicamente la
posición personal que sobre el asunto tuvo el honorable Consejero y esta medida no
constituye la posición de la Sala de la Sección la cual quedó mayoritariamente
aprobada y vertida en el fallo del 14 de julio de 2022.
74. En este orden de ideas y por los argumentos ya expuestos, el cargo de ineficacia
de la sentencia del Consejo de Estado del 14 de julio de 2022 y del fallo del Tribunal
del 3 de agosto de 2023 no está llamado a prosperar.
9.2.4. Falta de competencia para la adopción del fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de 3 de agosto de 2023
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
75. Deberá la Sala determinar si por haberse proferido el fallo de primera instancia
por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por fuera del término que para
el efecto le fijó el Consejo de Estado en la sentencia del 14 de julio de 2022 [40 días
siguientes a la recepción del expediente] y por fuera del término de seis (6) meses
dispuesto en el artículo 121 del C.G.P. se produjo o sobrevino su falta de
competencia.
76. A efectos de dar respuesta al problema planteado la Sala estima importante
recordar que los plazos fijados por el legislador para la adopción de decisiones tienen
como objeto promover la pronta y eficaz administración de justicia, en concordancia
con la efectividad de otros derechos y en consonancia con tratados internacionales
como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derecho Civiles y Políticos, entre otros.
77. Ahora bien, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación al
existir dentro del CPACA [artículos 179 al 182 y el 293 de la Ley 1437 de 2011]
normas especiales sobre los términos procesales dentro de los cuales deben
tramitarse ciertas actuaciones y adoptarse las decisiones de primera y la segunda
instancia, son estas disposiciones y no las del CGP las que aplican a los trámites
que se siguen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en razón de su
especialidad.
78. En este sentido se resalta que la Sección en sentencia del 19 de septiembre de
2019, radicación número: 25000-23-41-000-2017-01141-01, con ponencia de la
doctora Nubia Margoth Peña indicó:
“Frente a lo anterior, en primer lugar, la Sala estima pertinente precisar que la
solicitud de nulidad invocada por la parte actora resulta improcedente, por
cuanto, no existe fundamento legal alguno para dar una orden en tal sentido. En
efecto, aun cuando el artículo 121 del CGP indica que cuando dentro de un
trámite judicial no se dicte la decisión correspondiente en un término de un (1)
año para primera o única instancia y de 6 meses en segunda instancia, el
funcionario a cargo del trámite judicial pierde automáticamente la competencia
para conocer del asunto, dicho precepto, como ya lo ha indicado esta
Corporación, no resulta aplicable en la jurisdicción contencioso
administrativa, ya que el CPACA contiene normas especiales sobre la
duración de los procesos ordinarios y especiales que se adelantan ante
ella.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
Sobre el particular, el auto de 6 de agosto de 201415, expresamente señaló:
“[…] De igual forma, es importante señalar que no todas las normas
contenidas en el Código General del Proceso resultan aplicables a los
procesos –escriturales u orales– que se adelantan ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo como, por ejemplo, la contenida en el artículo
121 del CGP (ley 1465 de 2012) […].
En efecto, el precepto citado no resulta aplicable en la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, toda vez que tanto el C.C.A. como el CPACA
contienen normas especiales sobre la duración de los procesos ordinarios y
especiales que se adelantan ante esta jurisdicción; por consiguiente, el
artículo 121 del C.G.P. se trata de una reproducción de la disposición
contenida en el artículo 9 de la ley 1395 de 2010 que era única y
exclusivamente aplicable a la Jurisdicción Ordinaria Civil. A contrario sensu,
se itera, los artículos 179 y siguientes del CPACA establecen las etapas, los
términos, y las competencias para surtir el proceso ordinario contencioso
administrativo, circunstancia por la que no puede ser transpolado ese
término de un año y seis meses de prórroga a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo que, se insiste, tiene sus propias normas sobre
duración y competencia dentro del proceso […]”. (Negrilla de la Sala).
79. Posteriormente en sede de tutela, esta Corporación nuevamente manifestó:
“[…] Sin embargo, tal como lo manifestó el juez constitucional de primera
instancia, dicha disposición es incompatible e inaplicable en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pues no existe vacío normativo en la Ley 1437 de
2011, en lo concerniente a la duración del proceso y a los términos en los que
se deben proferir las sentencias. Se tiene que, tratándose de los términos de
instrucción del proceso, la etapa de juzgamiento y el término para proferir
las sentencias en primera y única instancia, estos se encuentran regulados
expresamente en los artículos 179 al 182 del C.P.A.C.A.; del mismo modo, en
artículo 293 ibidem se establece lo relacionado con el trámite, término y reglas
de la segunda instancia, por lo que no es cierto que la Ley 1437 de 2011 no trae
de manera expresa los términos máximos en que se debe proferir la sentencia
de segunda instancia, razón por la cual al no estar regulado dicho término, tal
vacío entra a ser regulado por el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012 .En virtud
de lo anterior, se tiene que en la codificación para la jurisdicción de lo
contencioso administrativo se previeron expresamente normas que
regulan el trámite, términos y reglas de los asuntos en única, primera y
segunda instancia, por lo que al no existir un vacío normativo no es posible
acudir a lo estipulado en el artículo 121 del Código General del Proceso,
pues, se repite, no existe un vacío que permita la remisión a esa
codificación. La Corte Constitucional, sobre el referido asunto ha dicho que: Se
tiene entonces como principio general uno, según el cual, las disposiciones que
regulan la sustanciación y ritualidad del juicio, prevalecen sobre las anteriores,
desde el momento en el cual deben empezar a regir. En esta medida, entiende
la Corte Constitucional que en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el
CPACA al estar hoy en pleno vigor, regula la materia de la expedición del fallo.
Dicho sea de paso, el asunto no está huérfano, pues si se revisan los
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, Auto de 6 de agosto de 2014; Exp. núm. 88001-23-
33-000-201400003-01.
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Demandante: Santiago Pardo Ramírez
procedimientos contemplados en el CPACA, se observa como regla general en
el artículo 181 un término para llevar a cabo la audiencia de alegaciones y
juzgamientos y, en el artículo 182 se establecen los términos y condiciones para
la expedición del fallo. [7: Corte Constitucional, sentencia C-229 de 2015” 16 .
(Negrillas de la Sala),
80. Y en este mismo fallo también se reconoció que la disposición que invoca el
recurrente en su recurso de alzada [artículo 121 del C.G.P.] es de imposible
aplicación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo:
[…] Del mismo modo, esta Corporación se ha manifestado sobre la imposibilidad
de aplicar dicha norma en la jurisdicción contencioso administrativa, así: En
efecto, aun cuando el artículo 121 del CGP indica que cuando dentro de un
trámite judicial no se dicte la decisión correspondiente en un término de un (1)
año para primera o única instancia y de 6 meses en segunda instancia, el
funcionario a cargo del trámite judicial pierde automáticamente la competencia
para conocer del asunto, dicho precepto, como ya lo ha indicado esta
Corporación, no resulta aplicable en la jurisdicción contencioso administrativa,
ya que el CPACA contiene normas especiales sobre la duración de los procesos
ordinarios y especiales que se adelantan ante ella .[Consejo de Estado, Sección
Cuarta, 11 de julio de 2019, exp. 11001- 03-15-0002019-01048-00(AC).] Así las
cosas, se advierte que el artículo 121 del C.G.P. no es aplicable en la jurisdicción
contenciosa administrativa como lo solicita el actor para declarar la pérdida de
competencia del tribunal accionado, por haber trascurrido más del término
estipulado en dicha codificación17.
81. A más de lo anterior y en consonancia con ello, resulta esencial recordar que
esta Corporación18 recogiendo la jurisprudencia constitucional [T-803 de 2012 y T-
1249 de 2004] también ha señalado que aunque la mora judicial afecta el derecho a
una administración de justicia pronta y eficaz, lo cierto es que no genera de manera
automática la afectación al debido proceso como derecho fundamental, en tanto se
requiere que dicha mora sea injustificada. Luego, si existen circunstancias o
condiciones que expliquen la mora de la jurisdicción [la complejidad del tema,
problemas estructurales en la administración o circunstancias imprevisibles entre
otras] no habrá lugar a alegar la vulneración del debido proceso.
82. En este orden de ideas y sin perjuicio de lo ya reseñado respecto a la no
aplicación del artículo 121 del C.G.P. en la jurisdicción contencioso administrativa, a
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2020, expediente nº 11001-03-15-
000-2020-03574-01.
17 Ídem
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2020, expediente nº 11001-03-15-
000-2020-03574-01.
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Demandante: Santiago Pardo Ramírez
juicio de la Sala el que la sentencia de primera instancia [respecto de los cargos no
fallados] se hubiera proferido más allá del término fijado por el Consejo de Estado en
la sentencia del 14 de julio de 2022 y más allá del término aplicable en el
procedimiento contencioso administrativo, no implica que el fallo carezca de validez
o pierda su eficacia, pues aun siendo ciertos los términos en realidad estos no son
preclusivos, es decir, que no impiden que se adopte una decisión en tanto el
legislador no indicó como consecuencia expresa de la superación de los plazos
legales, la pérdida automática de competencia, efecto que por demás ni siquiera
opera de forma automática en el jurisdicción civil conforme a lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-443 de 201919. En este sentido merece la pena
destacar las siguientes consideraciones de la Corporación en relación con los
términos procesales:
“La Sala reitera que, en general, los términos procesales que tiene el Estado
para proferir las decisiones correspondientes son términos de tipo
perentorio pero no necesariamente preclusivos. Es decir que, así esté
vencido un plazo, la decisión correspondiente resulta válida y eficaz, salvo que
el legislador expresamente haya consagrado otra disposición como cuando
estipula la preclusión del término en el sentido de indicar que la Administración
pierde competencia para decidir y que, en su lugar, surja el acto ficto o presunto
favorable al administrado. El vencimiento de los plazos meramente perentorios
puede implicar la responsabilidad personal del agente que se ha demorado en
tomar la decisión pero no afecta la validez de la decisión misma. Ese tipo de
plazos son los más comunes en el derecho procesal, como por ejemplo, el plazo
para dictar la sentencia que instituye tanto el C.C.A. como el C.P.C. Así esté
vencido el plazo, la sentencia es válida y eficaz, sin perjuicio de que pueda existir
en un momento dado responsabilidad personal del funcionario judicial si el
vencimiento del plazo ocurrió injustificadamente. En general, las normas de
competencia temporal, esto es, por razón del tiempo, que es el tema que
subyace en un plazo legal para producir una decisión, deben interpretarse
a favor de la competencia misma. Así, sólo cuando está expresamente previsto
otro efecto, el vencimiento del plazo no comporta siempre y necesariamente un
caso de silencio administrativo positivo y mucho menos de nulidad de los actos
administrativos”20.
83. Por las razones expuestas anteriormente este cargo no prospera.
9.2.5. Ausencia de fundamento para desestimar los cargos de nulidad que
fueron resueltos con el fallo cuestionado
19 Ver sobre la exequibilidad condicionada del artículo 121 del CGP la sentencia C-443 de 2019.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 12 de abrir de 2012.
Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas, Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01364-01(17497)
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Demandante: Santiago Pardo Ramírez
84. Cuestionó el recurrente bajo este título “[…] cuál fue el insumo o prueba técnica
para determinar que al momento del inicio de la actuación sancionatoria se llevaba
construido el 80%, y porque no el 90% o su culminación definitiva”.
85. Luego indicó “[…] llama la atención que la administración tuvo las facultades y
oportunidades para imponer multas sucesivas y periódicas, o mejor acciones
coercitivas de cara a la existencia de la presunta infracción de manera que su
inacción lo que termina es concretando un estado de satisfacción y no infracción de
parte de mi representada, ello a partir de la consolidación de unos derechos
constructivos y adquiridos para mi procurado y no de una mera expectativa como
erradamente se destaca en el fallo de instancia”.
86. Y, posteriormente agregó que es errado considerar que las actualizaciones
catastrales sirvan para colegir el incremento de las áreas del inmueble y la
intervención del inmueble en tiempos posteriores.
87. La Sala precisa que varias de las alegaciones que ahora expone el recurrente
son asuntos nuevos que no fueron incluidos en la demanda y que por lo tanto no
pueden ser abordados en esta instancia.
88. En razón de lo anterior, la Sala no abordará las aseveraciones relativas al
porcentaje de avance de obra ni lo relacionado con el valor probatorio asignado a las
actualizaciones catastrales, por ser, como ya se indicó, argumentos traídos al trámite
con el recurso de alzada.
89. Sobre este punto, resulta pertinente recordar que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 137 y 208 del CCA21, la oportunidad que tiene el extremo
21 «Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa
deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia»
(Subrayas de la Sala).
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activo de la litis para exponer los puntos de hecho y de derecho que considera
pertinentes para atacar la validez del(os) acto(s) que se cuestiona(n) ante el Juez de
lo Contencioso Administrativo es en la demanda o en su reforma.
90. Siendo ello así, y habida cuenta de que los cargos a que se ha hecho referencia
no fueron formulados en el momento procesal oportuno, esto es, en el libelo
introductorio ni se presentó reforma a ese escrito, no puede la Sala abordarlos, so
pena de desconocer el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa de
que es titular la parte demandada al no haber tenido la oportunidad de pronunciarse
sobre ellos en primera instancia.
91. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al indicar
que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de congruencia
entre el petitum (pretensiones de la demanda), lo expuesto en la contestación y el
decisum, de modo que exista una total correspondencia; veamos:
«Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte
Constitucional, el de congruencia constituye “un concepto nuclear dentro del
derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede
reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra
petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o
negativamente, los límites de su potestad”22. En últimas, representa “un principio
general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el
debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida coherencia, en
todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones y la decisión”23.
Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el principio
de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes (petitum) y lo
resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará contra él allí
donde el juez concede más o algo distinto de lo que le fue demandado por la
parte actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la verificación de la
congruencia de un fallo exige hacer una comparación entre lo decidido con lo
reclamado por las partes. En materia de contencioso de anulación de actos
«Artículo 208. Aclaración o corrección de la demanda. Hasta el último día de fijación en lista
podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en
el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez.
Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el
resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se surtirá
directamente con éste.» (Subrayas de la Sala).
22 Sentencia T-450 de 2001.
23 Sentencia T-592 de 2000.
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administrativos, dado el carácter rogado de la jurisdicción y las formalidades que
la ley plantea a la demanda, que exigen la formulación de los cargos de
invalidación propuestos y el señalamiento expreso de su fundamento normativo
(artículo 162.4 del CPACA), ello implica que el juez no puede fallar lo pedido
desbordando los cargos formulados por la parte actora»24. (Subrayas de la Sala).
92. Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:
«En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de
lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a la
congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión y los
argumentos que la fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida, en
primera instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de apelación; se imponen
que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación hechos,
cargos y pretensiones nuevas que no hayan sido alegados en la demanda o en
su contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio de estos
nuevos reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales
al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso”»25 (Subrayas de
la Sala).
93. En cuanto a la afirmación según la cual la inacción de la administración terminó
por generar unos derechos adquiridos en favor del demandante, se estima que, si
bien no es clara la desavenencia del recurrente respecto de lo decidido por el a quo
sobre el tema ni el fundamento de la misma, sí es claro que el tema de los derechos
adquiridos fue expuesto en la demanda por lo cual la Sala estima oportuno abordarlo.
94. Así pues, la Sala deberá determinar si la inacción de las autoridades pudo
generar en el actor un derecho adquirido sobre la construcción desarrollada y que
fue desconocido o ignorado por la administración.
95. A efectos de abordar el tema, la Sala precisa en primer lugar, que no hubo
inacción por parte de las autoridades y que fue precisamente en atención a una
querella que se adelantó el procedimiento sancionatorio por infracción de las normas
24 Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-
41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de
noviembre de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8 de
junio de 2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7 de
mayo de 2015 dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de
noviembre de 2014 expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-00705-
01.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
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urbanísticas que terminó en la imposición de las órdenes y la multa al demandante
y, en segundo lugar, que no tiene asidero legal la afirmación según la cual la
“inacción” de la administración generó a favor del demandante derechos adquiridos
y no meras expectativas.
96. Ahora bien, concretamente sobre la existencia de derechos adquiridos es
importante recordar que en su demanda el actor adujo que los actos administrativos
demandados habían ocasionado la vulneración de los derechos que él había
adquirido de acuerdo con lo establecido en: (i) la Resolución núm. 463 de 2005 y (ii)
el fallo de la acción popular contenido en el sentencia del 29 de septiembre de 2006
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
el expediente 25000-23-25-000-2005.0062-00/03, pues uno y otro protegían las
construcciones que hubiesen sido realizadas antes de determinadas fechas, e
impedían la sanción urbanística y la orden de demolición. Literalmente afirmó:
“Las resoluciones emanadas tanto de la ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
como del CONSEJO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ, están violando derechos
adquiridos por mi representado y reconocidos mediante la resolución 463 del 14
de abril de 2005 y el fallo del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO del 29 de
septiembre de 2006 ya mencionadas en cuanto dichas resoluciones fueron
dictadas con posterioridad y las autoridades DISTRITALES no pueden pretender
desconocer la aplicación ni de la RESOLUCION DEL MINISTERIO NI MUCHO
MENOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL”.
97. Revisado el alcance de lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial núm. 463 de 2005 y el Plan de Manejo Ambiental
para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Resolución núm.
1141 de 2006), así como el fallo de la acción popular contenido en el sentencia del
29 de septiembre de 2006 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
sentencia de la Sala Plena de esta Corporación de 5 de noviembre de 2013 a través
de la cual se resolvió el recurso de apelación contra la decisión del Tribunal, la Sala
considera que lo afirmado por el recurrente en relación con la existencia a su favor
de derechos adquiridos no es correcto, tal y como pasa a verse.
98. La Resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial núm.
463 de 2005 que entró en vigencia el 15 de abril de 2005, por medio de la cual se
redelimitó la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, dispuso en su
artículo 3 numeral 4 lo siguiente:
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“Artículo Tercero […] la zonificación que a continuación se define no implica
diferentes grados de protección sino medidas de manejo especial a fin de
garantizar su manejo integral, considerando las situaciones particulares del área
en término de sus potencialidades, restricciones, alteraciones, degradaciones y
presiones de ocupación
[…]
4. Zona de recuperación ambiental.
Zonas destinadas a la recuperación y mantenimiento del efecto protector de la
reserva forestal dentro de áreas que han sido alteradas por el desarrollo de
viviendas rurales semiconcentradas y/o dispersas o de edificaciones de uso
dotacional, generando procesos de fragmentación y deterioro de coberturas
naturales. Dichas áreas deben ser sometidas a tratamientos de recuperación
ambiental para garantizar que las infraestructuras allí presentes no pongan en
riesgo el efecto protector de los suelos y el funcionamiento integral de la reserva
forestal protectora
[…]
c) El plan de Manejo de la Reserva Forestal deberá especificar las medidas de
prevención, mitigación, corrección y compensación a que están obligados los
propietarios de las edificaciones contenidas en estas zonas, así como los demás
parámetros para su correcta armonización y funcionamiento.
d) Para la normalización de las construcciones preexistentes en estas
zonas de vivienda dispersa y dotacionales, las demás normas y demás
regulaciones se establecerán mediante la figura que establezca el Plan de
Manejo de la Reserva Forestal y que será objeto de aprobación por parte
de la Corporación autónoma regional de Cundinamarca -CAR.
[…]
e) Los mecanismos indicados anteriormente solo se aplicarán para las
construcciones preexistentes sin excepción las construcciones ilegales
desarrolladas con posterioridad a la expedición de esta resolución no
podrán ser normalizadas al interior de la reserva forestal y deberán ser
objeto de las medidas policivas judiciales y administrativas conducentes a
la aplicación de las sanciones la demolición de lo construido y la
restauración de las condiciones ambientales preexistentes conforme a las
normas vigentes”. (Negrilla de la Sala).
99. Revisado el texto acabado de citar, resulta incuestionable afirmar que la
Resolución núm. 463 de 2005 no generó derechos “adquiridos”. Lo que hizo este
acto administrativo como consecuencia de la redelimitación de la Reserva Forestal,
fue diferenciar dos situaciones: La primera relacionada con las construcciones que
estando dentro de la reserva forestal se habían desarrollado y concluido antes de su
entrada en vigencia, es decir, antes del 15 de abril de 2005, y que por lo tanto eran
prexistentes a dicho acto administrativo. Respecto de estas edificaciones la
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Demandante: Santiago Pardo Ramírez
resolución generó ciertamente una expectativa de derechos y de obligaciones al
señalar que tales predios estarían sujetos a una serie de medidas ambientales que
serían adoptadas o definidas a través del correspondiente plan de manejo ambiental
para la Reserva Forestal26.
100. La segunda situación es la relativa a las construcciones desarrolladas con
posterioridad a la expedición de la Resolución núm. 463 de 2005 y en relación con
las cuales, por expresa disposición del acto administrativo, se deberían adoptar las
medidas judiciales, policivas y administrativas correspondientes a la imposición de
sanciones y la demolición.
101. La Resolución núm. 463 de 2005 en ningún caso dispuso que se procedería
con la legalización de las viviendas construidas en forma ilegal, pues se reitera, la
expectativa creada era únicamente respecto de las construcciones preexistentes
pero desarrolladas en forma legal, tal y como se verá en otras normas y decisiones
a partir de las cuales debe interpretarse la voluntad de la administración vertida en
dicha resolución.
102. En efecto, en el artículo 4 de la Resolución núm. 1141 de 2006 de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR a través de la cual se
adoptó el Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva Forestal Bosque Oriental
de Bogotá, se dispuso:
Artículo 4°. Derechos adquiridos y mejoras. Modificado por la Resolución de
la CAR 2439 de 2006. Las personas naturales o jurídicas que consideren que
tienen derechos adquiridos dentro del Área de la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, deberán poner en conocimiento de la entidad dicha
condición, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la publicación del presente
acto administrativo, anexando para ello, las pruebas que les legitimen dicha
condición, tal es el caso de la escritura de propiedad del inmueble, el
certificado de libertad del predio, la licencia, permiso, concesión o
autorización ambiental, y demás documentos que acrediten la legalidad del
proyecto o actividad económica desarrollada dentro de la reserva.
Así mismo, quienes consideren que tienen derecho al pago de mejoras de
acuerdo con lo previsto en el literal c del artículo 3 del presente acto
26Este Plan de Manejo Ambiental se adoptó a través de la Resolución 1141 de 2006 que
posteriormente se modificó a través de la Resolución 2439 de 2006.
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Demandante: Santiago Pardo Ramírez
administrativo, deberán anunciarlas en un plazo de cuatro (4) meses contados a
partir de la publicación del presente acto administrativo”. (Negrillas de la Sala)
103. Y además se reiteró lo ya señalado en la Resolución núm. 463 de 2005 en el
siguiente sentido de establecer la normalización de las viviendas preexistente a su
entrada en vigencia
Artículo 18. Zona de recuperación ambiental. En la zona de recuperación
ambiental se permitirán los siguientes usos:
[…]
d) Los propietarios de las viviendas que serán normalizadas en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución 463 de 2005 están obligados a pagar
compensaciones dinerarias, las cuales serán reglamentadas por el Gobierno
Nacional-Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Este mecanismo sólo se aplicará para las construcciones preexistentes al
momento de la expedición de la Resolución 463 de 2005. Sin excepción, las
construcciones ilegales desarrolladas con posterioridad a esta fecha no podrán
ser normalizadas al interior de la reserva forestal, y deberán ser objeto de las
medidas penales, policivas, judiciales y administrativas pertinentes”.
104. De estas disposiciones del PMA de la Reserva Forestal puede extraerse una
protección para quienes de forma previa a la redelimitación de la misma habían
desarrollado obras bajo el amparo de una licencia de construcción, pero no a quienes
desarrollaron total o parciamente obras después de la declaratoria de afectación a la
Reserva Forestal más aún si tales obras fueron desarrolladas sin licencia.
105. En el caso concreto la Sala pone de presente que para el mes de marzo de
2005 según consta en el acta de visita27, las obras que estaban en desarrollo eran,
según la clasificación dada por el arquitecto, obras nuevas, que tenían un avance del
80% y que se ejecutaban sin licencia de construcción. Igualmente consta en el acta
correspondiente que, para 20 de septiembre de 200528 las obras llevaban un avance
del 90% y que por las características observadas podía señalarse que dichas obras
“[…] fu[eron] iniciadas desde hace un año aproximadamente […]”.
27 Cfr. Índice 00002 de SAMAI, archivo denominado 001CUADERNO ANEXOS FOLIOS 1 AL 286, folio 7
28 Cfr. Índice 00002 de SAMAI, archivo denominado 001CUADERNO ANEXOS FOLIOS 1 AL 286, folio 24
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
106. Además, según consta en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble en
cuestión, la afectación de la reserva forestal se anotó el 20 de mayo de 2005
(anotación No. 4) de lo cual cabe concluir que aún después de la afectación del
predio por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda el propietario continuó
desarrollando obras
107. En este orden de ideas y atendiendo las pruebas recabadas, es claro que a las
obras desarrolladas en el predio de Santiago Pardo Ramírez no le resultaba aplicable
lo dispuesto en el artículo 3 numeral 4 de la Resolución núm. 463 de 2005 ni tampoco
lo establecido en el PMA de la Reserva Forestal por cuanto dichas obras no solo no
eran preexistentes al 15 de abril de 2005 (fecha de entrada en vigencia de la
Resolución núm. 463 de 2005) sino que además se desarrollaron con posterioridad
a Redelimitación de la Reserva Forestal y a la anotación de la citada afectación del
inmueble. En consecuencia, lo que correspondía respecto de estas obras era aplicar
lo dispuesto en el literal e) del numeral cuarto del artículo tercero de la mencionada
resolución, el cual preveía la imposición de sanciones y la demolición de las obras
ilegalmente desarrolladas.
108. Ahora bien, tratándose de los derechos del demandante supuestamente
derivados del fallo de la acción popular proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B el 29 de septiembre de 2006,
resulta pertinente traer a colación algunos apartes de dicha decisión judicial con el
fin de definir su alcance:
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6.7. Situaciones de conflicto, derivados de la declaratoria de la Zona de
reserva, por la afectación de predios de propiedad privada.
[…]
De allí, que el Tribunal disponga que el Ministerio de Ambiente, que es la
autoridad competente para reglamentar la materia, lo haga prontamente. Así
mismo, se dirá que el Plan de Manejo Ambiental para la Zona de "recuperación
ambiental, será concertado entre la CAR y PLANEACIÓN DISTRITAL con la
participación del DAMA, a efectos que el Distrito resuelva todas las situación
legales frente aquellos propietarios que de manera ilegal hayan construido
dentro de la esta zona, construcciones que no podrán legalizarse, a fin de
propender por su recuperación. Además para que las autoridades Distritales, en
su totalidad queden vinculadas con la decisión que habrá de tomarse en el plan
de manejo, en el sentido de prohibir toda actuación urbanística dentro de la zona
de recuperación ambiental, declarada al interior de la reserva”. (Negrillas y
Subrayas del texto).
109. Y destacar especialmente lo señalado en la parte resolutiva del fallo que al
respecto dispuso:
“1 CONCEDER la acción popular impetrada por la señora SONIA ANDREA
RAMÍREZ LAMY y sus coadyuvantes por las razones dichas en este fallo.
[…]
7. PROHIBIR A las autoridades distritales y curadores urbanos, expedir licencias
o permisos de urbanismo y construcción, tanto así como licencias para
actividades mineras o relacionadas con la explotación de recursos naturales, en
la “franja de adecuación· así como del área la reserva forestal “Bosque Oriental
de Bogotá”. Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante toda construcción
realizada a partir del 29 de noviembre 2005, data de las medidas cautelares
decretadas en este caso que las prohibió en la franja de adecuación y en el área
de la reserva será demolida por las autoridades de policía una vez ejecutoriado
este fallo y con observancia del debido proceso que siempre habrá de
garantizarse.
[…]
8.2.- Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR- la
realización las siguientes medidas y actividades:
8.2.1.- Modificar el Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, adoptado por medio de la resolución
1141 de 2006, ajustándolo a lo decidido en este fallo. Término dos (2) meses a
partir de la ejecutoria de este fallo.
[…]
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Demandante: Santiago Pardo Ramírez
8.2.3.- Elaborar en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria
de este fallo, un Plan de Manejo Ambiental conjunto con Planeación Distrital y el
DAMA, para la administración de la "Zona de Recuperación Ambiental" de que
trata el artículo 4. de la resolución 463 de 2005, que permita la compatibilización
de ese zona con el resto de la Reserva Forestal; el plan contendrá la prohibición
absoluta de nuevos desarrollos urbanísticos dentro de esa área, lo que incluye
la prohibición de licencias para construcciones y ampliaciones de las existentes
y la prohibición de " normalización" de las construcciones ilegales
preexistentes en esta zona a juicio de la autoridad policiva competente y un
inventario de las viviendas a reubicar conforme al artículo 6, de esta parte
resolutiva; Solamente para los efectos últimamente indicados se dispone la
inaplicación del literal d) del numeral 4, de la parte resolutiva de la resolución
463 de 2005 y el artículo 18 de la resolución CAR 1141 de 2006, en cuanto lo
reglamenta”. (Negrillas del texto y subrayas de la Sala).
110. Del fallo se desprende nuevamente que, de existir algún derecho este seria
reconocido únicamente a quienes hubieren desarrollado obras dentro de la Reserva
Forestal bajo el amparo de una licencia de construcción, ergo no serían objeto de
protección ni de normalización las construcciones ilegales.
111. Tras la adopción de las medidas cautelares y del fallo de la acción popular la
Sala Plena de esta Corporación en la sentencia de 5 de noviembre de 2013, precisó
lo siguiente en relación con los derechos adquiridos:
“[…] El concepto de derecho adquirido para efectos de este fallo hace
relación a las licencias de construcción válidamente expedidas al amparo
de la normatividad vigente, o a las construcciones levantadas en virtud de
esas licencias, cumpliendo todos los requisitos de ley.
Bajo el anterior contexto, la Sala encuentra que deben respetarse los derechos
adquiridos de quienes obtuvieron licencias de construcción y/o construyeron
legalmente en la franja de adecuación y en la zona de recuperación ambiental,
ubicada dentro de la reserva forestal protectora, antes de la anotación registral
de la afectación a la reserva del predio respectivo.
[…]
Precisamente, frente a las licencias urbanísticas importa destacar que de
conformidad con el Decreto Extraordinario 19 de 2012281 las licencias
urbanísticas otorgan derechos que no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes y decisiones posteriores, de conformidad con el artículo 58 de la
Constitución Política.
[…]
En síntesis, se advierte que existen derechos adquiridos que la Sala debe
proteger en la parte resolutiva de esta sentencia. No obstante lo anterior, se
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Demandante: Santiago Pardo Ramírez
ordenará a las entidades demandadas que adopten las medidas pertinentes para
que las urbanizaciones y/o construcciones levantadas legítimamente en la “zona
de recuperación ambiental”, porque a sus propietarios se les reconocen
derechos adquiridos, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se ajusten
a la normatividad ambiental, dando aplicación inmediata a las tasas
compensatorias, por las consecuencias nocivas a que hace referencia el artículo
42 de la Ley 99 de 1993, por el aprovechamiento de la reserva y/o para
compensar los gastos de mantenimiento, reposición y operación del programa
que permita y garantice la renovabilidad de los recursos naturales renovables
[…]”. (Negrillas de las Sala).
112. Y en la parte resolutiva del mencionado fallo, la Sala Plena de esta Corporación
dispuso:
“[…] 2. MODIFÍCASE en todo lo demás la sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2006 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B”, la cual quedará así:
[…]
2. ORDÉNASE conjuntamente al Ministerio de Ambiente, a la CAR y
al Distrito Capital de Bogotá, respetando el ámbito material y funcional de sus
respectivas competencias que ha sido definido en las normas jurídicas vigentes:
2.1. Elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, dentro del término de un (1)
año, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, un “Plan de manejo del
área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y
agricultura, de la franja de adecuación”, en el área de “canteras”, “vegetación
natural”, “pastos”, “plantaciones de bosque”, “agricultura”, ubicada en la franja de
adecuación, y que corresponde al área de ocupación pública prioritaria, con el
objeto de proyectar una gran zona de aprovechamiento ecológico para los
habitantes de la ciudad, de modo que compense los perjuicios ambientales
sufridos por los habitantes de la ciudad y asegure los derechos a la recreación,
el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, previstos en el artículo 52 de la
Constitución Política.
[…]
2.2. Respetar los derechos adquiridos, en la forma como ha quedado
definido en la parte considerativa, a quienes obtuvieron licencias de
construcción y/o construyeron legalmente en la franja de adecuación y
en la “zona de recuperación ambiental”, ubicada dentro de la reserva
forestal protectora, antes de la anotación registral de la afectación a la
reserva del predio respectivo.
No obstante lo anterior, no se reconocerán los derechos adquiridos si se
demuestra que, a pesar de no existir una anotación registral dentro de la historia
traditicia del inmueble que lo afectara a la reserva forestal protectora, por
actuaciones se deduzca inequívocamente que el propietario, poseedor o tenedor
del inmueble conocía la afectación que pesaba sobre el inmueble en cuanto a la
existencia de la reserva.
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Demandante: Santiago Pardo Ramírez
Igualmente, se advierte que lo dicho no excluye la posibilidad de que puedan
negociarse directamente o, en su lugar, expropiarse predios ubicados dentro de
la zona de reserva forestal protectora – no en la franja de adecuación -, que
revistan especial importancia ecológica que amerite que su propiedad sea
Estatal”.
2.3. No conceder nuevas licencias, autorizaciones o permisos que permitan el
desarrollo urbanístico o de construcción en la reserva forestal protectora; […]”.
(Negrillas del texto y Subrayas de la Sala).
113. Así pues, a la luz de lo establecido por la Sala Plena el reconocimiento y
protección de los derechos adquiridos solo beneficiaba a quienes hubiesen
desarrollado obras legalmente y con licencia de construcción antes de la anotación
de la respectiva afectación a la reserva en el folio de matrícula inmobiliaria.
114. En esta medida aunque a juicio del demandante la obra desarrollada en el
predio que es objeto del presente trámite no debía ser objeto de sanción ni
demolición de acuerdo con lo señalado en el fallo de la acción popular y del Consejo
de Estado, lo cierto es que la sanción impuesta por la Alcaldía Local de Usaquén y
confirmada por el Consejo de Justicia de Bogotá derivó de la construcción de las
obras sin licencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 810 de
2003 específicamente sus numerales 1 y 3.
115. En consecuencia, para la Sala resulta claro que respecto al demandante no era
aplicable la protección del fallo de acción popular en los términos fijados por la Sala
Plena de esta Corporación, en primer lugar, porque la construcción que fue objeto
del trámite sancionatorio se desarrolló sin licencia de construcción y, en segundo
lugar, porque las obras se ejecutaron, al menos parcialmente, después de la
anotación de la afectación a la reserva forestal29.
116. Como lo declaró el a quo en la sentencia del 3 de agosto de 2023, ni en la
Resolución núm. 463 de 2005 ni en el fallo de la acción popular se protegió la
construcción desarrollada por el demandante en tanto ésta se había desarrollado, al
menos parcialmente, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución
núm. 463 de 2005 (15 de abril de 2005) y a la anotación de la afectación del precio
29 Sobre la anotación puede verse Índice 00002 de SAMAI, archivo denominado 001CUADERNO ANEXOS
FOLIOS 1 AL 286, folios 42-43
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
a la Reserva Forestal y, en todo caso, se había ejecutado sin licencia de
construcción, por lo cual no podía quedar amparada por la medida ordenada en el
fallo de la acción popular que protegía las construcciones hechas antes del 29 de
noviembre de 2005 bajo el amparo de la licencia. Indicó el a quo lo siguiente:
“No obstante, se observa que al demandante lo sancionaron con los actos
acusados debido a que se encontró responsable de la construcción sin licencia
en el predio de la calle 240 número 4ª-63 con matrícula inmobiliaria 50 N
20296182 […] por la infracción de las normas urbanísticas, por construir sin
licencia conforme con el artículo 2 de la Ley 810 de 2003, numerales 1 y 3.
De modo que, se encuentra que ni la Resolución 463 de 2005, ni en el fallo
de la referida acción se permitían las construcciones ilegales y mucho
menos, la legalización de las viviendas construidas en forma ilegal al
interior de la reserva forestal, pues se estableció que las construcciones
ilegales desarrolladas con posterioridad a la expedición de dicha
resolución (publicada el 15 de abril) no podrían ser normalizadas”. (Negrillas
de la Sala)
117. Y respecto de la sentencia de la acción popular el a quo señaló:
“Por lo expuesto, se observa que en la mencionada sentencia se dispuso el
respeto de los derechos adquiridos de las licencias de construcción, pero de
aquellas obtenidas legalmente y/o construyeron legalmente en la franja y en la
“zona de recuperación ambiental” obtenidas antes de la anotación de la
afectación por reserva”.
118. La Sala estima que el análisis del a quo sobre los derechos supuestamente
adquiridos por el demandante bajo la Resolución núm. 463 de 2005 y el fallo de la
acción popular fue correcto y en esta medida no hay razón para admitir la
prosperidad de este reclamo pues cualquier forma de legalización o protección de la
construcción desarrollada dentro de la Reserva Forestal estaba sujeta al
cumplimiento de unos términos y condiciones que en el caso concreto según lo ya
anotados no fueron satisfechos.
9.3. Conclusión de la Sala
119. La Sala considera que, en el caso sub examine, los argumentos expuestos por
la parte demandante en el recurso de apelación no están llamados a prosperar, por
cuanto no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos
demandados y, por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia apelada.
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
9.4. Condena en costas
120. En atención a lo dispuesto por el artículo 171 del CCA, sobre condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de
condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
3 de agosto de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR que frente a los cargos relacionados con la caducidad de
la facultad sancionatoria y la vulneración del principio de la no reformatio in pejus
debe estarse a la establecido en el fallo del Consejo de Estado, Sección Primera, del
14 de julio de 2022, por aplicación del principio de la cosa juzgada.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
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Número de radicación: 25000232400020080030802
Demandante: Santiago Pardo Ramírez
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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