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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00402-02

Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes: régimen legal

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00402-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2008-00402-02

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

12 de julio de 2018

CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES - Régimen legal / CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES – Finalidad. Alcance / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[E]l certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes es un acto administrativo expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes, actualmente liquidada, por autorización expresa del legislador, aplicando un trámite especial, de naturaleza policiva, preventivo y de aplicación inmediata, con el fin de certificar que una determinada persona natural o jurídica no tiene reportes debidamente fundamentados en las entidades competentes del Estado, relacionados con los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o del tipificado en el artículo 6o. del Decreto 1856 de 1989. El certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes se caracteriza por ser preventivo y no genera una situación definitiva en lo que corresponde a dicho certificado, tanto en el evento que la Dirección Nacional Estupefacientes los niega porque el afectado los puede solicitar nuevamente, una vez haya aclarado su situación ante las autoridades competentes, como el evento que la Dirección Nacional de Estupefacientes los anularse unilateralmente en cualquier tiempo con base en los informes provenientes de autoridad u organismo competente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - Aplicación de los informes provenientes de autoridades competentes para efectos del certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes / ANTECEDENTES - Alcance para efectos de certificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación ha considerado, de manera clara y reiterada, que la información que suministran las autoridades u órganos competentes a la Dirección Nacional de Estupefacientes, en los eventos establecidos en los artículos 83 (parágrafo 1) y 89 del Decreto 2150 de 5 de diciembre 1991, no se limitan exclusivamente al concepto de “antecedentes penales” del artículo 248 de la Constitución Política, sino abarca los registros administrativos, policivos o judiciales que reposen en los archivos de tales entidades. De igual forma, se hace necesario indicar que es un deber de las autoridades competentes el garantizar que la información que se entrega sobre los solicitantes del certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes se encuentre debidamente fundamentada y acorde al ordenamiento jurídico, por cuanto, la Dirección Nacional de Estupefacientes solo le corresponde, conforme a los informes recibidos decidir de plano sobre las solicitudes sin que tenga la potestad de hacer valoraciones o juzgamientos respecto de la información entregada por cada entidad competente.

NO EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CARENCIA DE INFORMES POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES – Con fundamento en información de la Fiscalía General de la Nación / FALTA DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES – Para hacer juicios o valoraciones sobre la información sobre tráfico de estupefacientes suministrada por los organismos competentes

Para la Sala es claro que la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación a la Dirección Nacional de Estupefacientes fue lo suficientemente fundada y precisa respecto, por un lado, del señor Luis Guillermo Ángel Restrepo y las actividades de narcotráfico objeto de su declaración, así como del alcance exclusivamente penal del beneficio a él concedido en la Resolución de 26 de julio de 1993. Así las cosas, de conformidad con el marco que rige su función de certificación La Dirección Nacional de Estupefacientes no podía, en los actos administrativos demandados, hacer una interpretación o valoración de las precisiones efectuadas por la Fiscalía General de la Nación, en sus respectivos informes, sobre el beneficio conseguido por dicho organismo al señor Luis Guillermo Ángel Restrepo únicamente tiene aplicación en materia penal “[…] y no se hace extensivo a cuestiones administrativas o de cualquier otra índole […]”. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que la Dirección Nacional de Estupefacientes obró conforme a derecho al soportar en la información reportada por la Fiscalía General de la Nación, su decisión de anular y abstenerse de expedir el certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes, solicitados por el demandante. Respecto de la anterior conclusión es importante indicar que la Dirección Nacional de Estupefacientes, dentro del marco legal de sus competencias, no puede hacer juicios o valoraciones sobre la información sobre tráfico de estupefacientes suministrada por los organismos competentes, lo que tiene por consecuencia que no tiene la potestad para desconocerla o interpretarla, como pretendía el ahora apelante.

FUENTE FORMAL: LEY 30 DE 1986 – ARTÍCULO 93 LITERAL F / DECRETO 2272 DE 1991 / DECRETO 2894 DE 1990 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 2150 DE 1995 – ARTÍCULO 82 / DECRETO 2150 DE 1995 – ARTÍCULO 83 / DECRETO 2150 DE 1995 – ARTÍCULO 89

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-24-000-2008-00402-02

Actor: LUIS GUILLERMO ÁNGEL RESTREPO

Demandado: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho– Fallo de Segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 25 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

Pretensiones

El señor Luis Guillermo Ángel Restrepo, por conducto de apoderada presentó demanda en ejercicio de la acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – en adelante CCA -, en contra de los Oficios nros. D.N.F.S.T 2011 de 22 de mayo de 2007 y DNFST 3062 de 10 de agosto de 2007, expedidos por la Directora Nacional de Fiscalías, así como de las Resoluciones nros. 0051 de 14 de enero de 2008 “Por medio de la cual se abstiene de expedir unos certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes”; 546 de 25 de abril de 2008 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”; 0094 de 23 de enero de 2008 “Por medio de la cual se anula unilateralmente un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes y se abstiene de expedir otro” y 547 de 25 de abril de 2008 “ Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, Expedidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

“Primera: Que se declare la nulidad de los Oficios Nos. D.N.F.S.T 2011 de mayo (sic) y DNFST 3062 del 10 de agosto de 2007 expedidos por la Directora Nacional de Fiscalías.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 0051 del 14 de enero de 2008 y de la Resolución No 546 del 25 de abril de 2008 confirmatoria de la anterior, en cuanto anulan la expedición de un Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (sic), con fundamento en la Resolución del 26 de julio de 1993, emanada de la Fiscalía General de la Nación “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDEN UNOS BENEFICIOS POR COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA”.

Tercera: Que se declare la nulidad de la Resolución 0094 del 23 de enero de 2008 y de la Resolución No 547 del 25 de abril de 2009 confirmatoria de la anterior, en cuanto anulan la expedición de un Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (sic) y se abstiene de expedir otro con fundamento en la Resolución del 26 de julio de 1993, emanada de la Fiscalía General de la Nación “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDEN UNOS BENEFICIOS POR COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA”.

Cuarta: Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Subdirección de Estupefacientes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que expida sin restricción alguna los certificados de carencia de informe por tráfico de estupefacientes negados y anulados con fundamento en la Resolución del 26 de julio de 1993, emanada de la Fiscalía General de la Nación “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDEN UNOS BENEFICIOS POR COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA”.

Quinta: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la parte demandada a pagar al demandante, a título de indemnización de perjuicios materiales la suma de $33,000,000 (treinta y tres millones de pesos) por concepto de salarios dejados de percibir hasta la fecha de presentación de la demanda, más la suma de $3,960,000 (tres millones novecientos sesenta mil pesos) por concepto de aportes pensiónales dejados de realizar hasta la fecha de la presentación de la demanda, más la suma de $1,374,885 (un millón trescientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco) por concepto de vacaciones dejadas de percibir hasta la fecha de presentación de esta demanda, más los salarios, aportes pensionales, vacaciones y demás pagos laborales que resulte probado dentro del proceso, más la suma que resulte probada por concepto de rentas dejadas de percibir por la explotación comercial mediante arrendamiento o venta de las aeronaves a nombre del demandante.

Sexta: Que como consecuencia de las declaraciones solicitadas en la segunda y tercera pretensión, se condene a la parte demandada a pagar a la parte demandante, a título de daño inmaterial el equivalente a OCHOCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES o los que resulten probados dentro del proceso […]”.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El demandante ha ejercido como piloto con licencia nro. 70107287 de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

Para el ejercicio de la profesión de piloto el demandante debía obtener el certificado de carencia por tráfico de estupefacientes, el cual le fue otorgado en diversas oportunidades con el fin de realizar negocios sobre aeronaves, así como para la continuidad de la licencia como piloto.

Mediante Resolución del 26 de julio de 1993, la Fiscalía General de la nación concedió al demandante los beneficios del Decreto 1883 de 1992, por la confesión y denuncia de hechos relacionados con narcotráfico.

Mediante Resolución nro. 0051 del 14 de enero de 2008, la Dirección Nacional de Estupefacientes anuló el certificado de carencia de informes por tráficos de estupefacientes nro. 17742 de 19 de septiembre de 2005, vigente hasta el 19 de septiembre de 2010, expedido a nombre Luis Guillermo Ángel Restrepo.

Contra la anterior determinación se presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución 0546 de 25 de abril de 2008, en el sentido de confirmar en su integridad el acto impugnado.

Mediante Resolución nro. 0094 del 23 de enero de 2008, la Dirección Nacional de Estupefacientes anuló el certificado de carencia de informes por tráficos de estupefacientes nro. 32893 de 10 de agosto de 2007, vigente hasta el 10 de febrero de 2009, expedido a nombre Luis Guillermo Ángel Restrepo.

Contra la anterior determinación se presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución 0546 de 25 de abril de 2008, en el sentido de confirmar en su integridad el acto impugnado.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte actora presentó en su demanda los siguientes cargos de violación:

1.3.1. Desconocimiento de los actos administrativos en que se debían fundar.

Indicó la parte actora que el Decreto 1833 de 1992, estableció beneficios para los ciudadanos que denunciaran hechos ilícitos, los cuales consistían en el perdón de la acción penal que se hubiese adelantado en su contra por la comisión de los delitos denunciados, lo que se convertía en una garantía para el denunciante.

Manifestó que el referido decreto determinó que los testigos nunca podrían ser objeto de investigación o acusación por los hechos declarados, beneficio que no era procedente en dos casos, el primero cuando el declarante ya hubiese sido vinculado al proceso por los hechos y el segundo que las declaraciones no sirvieran para hacerse acreedor al beneficio

Precisó que la Resolución del 26 de julio de 1993, expedida por la Fiscalía General de la Nación con fundamento en el Decreto 1833 de 1992, garantizó que el demandante, en su calidad de testigo no sería investigado, ni juzgado por los hechos sobre los cuales declaró, por lo cual se entendía que fue exonerado de toda responsabilidad.

Aseveró que la Dirección Nacional de Estupefacientes desconoció las garantías obtenidas por el demandante como testigo, al negar el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefaciente, ya que se fundamentó en documentos reservados de la Fiscalía, relacionados con investigaciones que no podían ser adelantadas, pues las mismas fueron cerradas por cuenta de la Resolución del 26 de julio de 1993.

1.3.2. Falsa motivación

Indicó que la Resolución del 26 de julio de 1996 concedió beneficios al demandante, por haber denunciado hechos ilícitos, por lo que su contenido tiene alcance penal y no administrativo, como pretende extenderlo la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Señaló que tal como se establece en el Decreto 1833 de 1992, no es posible adelantar actuaciones penales con fundamento en las confesiones que se realicen para obtener beneficios, por lo cual tampoco es dable desligar decisiones negativas en el ámbito administrativo con base en esas mismas declaraciones, pues ellas se encuentran cubiertas por una reserva que no permite su uso para denegar la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.

Preciso que en virtud de lo anterior, no es posible usar el contenido de la Resolución del 26 de julio de 1996 en contra del actor, pues la misma le reconoció beneficios en el ámbito penal, sin que las declaraciones en ella vertidas puedan ser usadas en su contra, como sustento de la negativa de expedición del certificado solicitado.

1.3.3 Desviación de poder

Afirmó que la certificación fue negada con base en información de más de 14 años atrás, por lo cual carece de soporte serio para ser atendida, lo que implica que no existe en realidad una función de prevención, pues está acreditado que el demandante no tiene anotaciones ni informes en su contra.

Aseguró que la información sobre unos supuestos delitos cometidos por el actor no atiende a que los mismos se encuentran prescritos, por lo cual no pueden ser usados como fundamento de la negativa de la certificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.

Finalmente precisó que los hechos denunciados por el demandante y que dieron lugar a la obtención de beneficios penales datan de los años 1986 y 1987, por lo cual prescribieron en el año 2000, lo que tiene por consecuencia que no puedan ser antepuestos para negar la certificación solicitada.

Actuaciones procesales relevantes

2.1. Auto que rechazó la demanda

Por medio de auto del 14 de mayo de 2009 se rechazó la demanda por las siguientes razones (i) caducidad de la acción respecto de las Resoluciones nros. 0051 de 14 de enero de 2008; 546 de 25 de abril de 2008; 0094 de 23 de enero de 2008 y 547 de 25 de abril de 2008 y (ii) los Oficios nros. D.N.F.S.T 2011 de 22 de mayo de 2007 y DNFST 3062 de 10 de agosto de 2007, expedidos por la Directora Nacional de Fiscalías son actos de trámite que no podían ser demandados.

La anterior decisión fue revocada parcialmente mediante providencia del 18 de noviembre de 2010, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en sede de apelación, en la que se ordenó admitir la demanda respecto de las Resoluciones nros. 0051 de 14 de enero de 2008; 546 de 25 de abril de 2008; 0094 de 23 de enero de 2008 y 547 de 25 de abril de 2008

Auto admisorio de la demanda

En auto del 10 de marzo de 2011, se obedeció y cumplió lo ordenado por el superior, proveyendo sobre la admisión de la demanda respecto de las Resoluciones nros. 0051 de 14 de enero de 2008; 546 de 25 de abril de 2008; 0094 de 23 de enero de 2008 “y 547 de 25 de abril de 2008, disponiendo notificar a las entidades demandadas, para que, en el término de fijación en lista propusieran las excepciones y solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes.

Contestación de la demanda

3.1. Dirección Nacional de Estupefacientes

La Dirección Nacional de Estupefacientes, por conducto de apoderado, contestó la demanda, manifestando su oposición a cada una de las pretensiones elevadas por la parte demandante.

3.2.1. En primer lugar, planteó la excepción de caducidad de la acción, la cual fundamentó en que las resoluciones demandadas quedaron ejecutoriadas el 27 de mayo de 209, por lo que la fecha máxima para presentar la demanda era el 28 de septiembre de 2008, por lo cual, al ser radicada el 17 de octubre de 2008, se presentó extemporáneamente.

Se pronunció frente a los argumentos de la demanda, controvirtiendo los mismos de la siguiente manera:

3.2.2. Señaló que la Ley 30 de 1986 creó en su artículo 96 el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, otorgándole al Ministerio de Justicia como Secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Estupefacientes, el control preventivo de las actividades aéreas, marítimas y para el uso de sustancias químicas controladas.

Indicó que la Dirección Nacional de Estupefacientes una vez solicitado el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, debe requerirá a los diferentes organismos investigativos y de seguridad para que reporten los registros que figuren a nombre de las personas que los soliciten, respecto de los comportamientos referidos al tráfico de estupefacientes e infracciones conexas.

Precisó que una vez allegadas las respuestas, en caso de no existir reportes fundados, se procede a expedir el certificado, de lo contrario se abstiene de emitir el documento y en caso de que exista información nueva de comportamientos referidos al tráfico de estupefacientes e infracciones conexas, procede a anular unilateralmente el que haya sido concedido previamente, esto con fundamento en el parágrafo 1º del artículo 83 del Decreto 2150 de 1995.

Manifestó que cuando la decisión de la Dirección Nacional de Estupefacientes será contraria a la solicitud del interesado le informa a este las razones de la negativa o de la anulación del certificado de carencia de informes de tráfico de estupefacientes, para que pueda aclarar la situación ante las autoridades competentes.

Arguyó que la función de certificación busca prevenir el ejercicio e incremento de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, por lo que la entidad tiene la posibilidad de denegar y anular el certificado en aquellos casos en que el interesado figure involucrado en una investigación o tenga antecedentes penales, siempre que se trate de infracciones por los comportamientos de narcotráfico y conexos.

3.2.3. Planteó que en el caso del demandante no existió falsa motivación, ya que la negativa de expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes se fundó en el reporte realizado sobre la existencia de una anotación por la existencia de un proceso de extinción de dominio en su contra, lo cual resulta ser una glosa de actividades relacionadas con narcotráfico.

3.2.4. Expresó que los beneficios otorgados por la Resolución de 26 de julio de 1993 son exclusivos del ámbito penal, sin que puedan extenderse a otros ámbitos, por lo cual ante la existencia de una anotación de extinción de dominio por parte de la Fiscalía no es viable la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.

3.2.5. Sostuvo que la negación del certificado no implica la existencia de una incriminación, ni mucho menos de un juicio de responsabilidad penal, ni tampoco tiene carácter sancionatorio, sino que se funda en la información dada por los organismos del Estado, sin que sea dable a la Dirección Nacional de Estupefacientes desconocer el contenido de esta.

3.2.6. Finalmente arguyó que no existe norma que habilite a la Dirección Nacional de Estupefacientes a declarar la prescripción de los registros de información allegadas por las autoridades competentes, por lo que no existe la alegada desviación de poder.

Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

4.1 De la parte demandante

La parte demandante dentro de la oportunidad procesal correspondiente presentó alegatos en los que reitero sus argumentos de nulidad.

4.2. De la Dirección Nacional de Estupefacientes

La parte demandada Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de la oportunidad procesal correspondiente presentó alegatos de conclusión, en los cuales insistió sus argumentos de defensa.

4.3. Concepto del Agente del Ministerio Público.

El Agente del Ministerio Público no presentó concepto en primera instancia.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo del 25 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, denegó las pretensiones de la demanda, determinación que sustentó en las siguientes consideraciones:

5.1. El a quo en primer lugar denegó la excepción de caducidad, determinación que fundamentó en lo resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado en auto de 18 de noviembre de 2010, en el cual se estableció que sí bien en el caso concreto el término de caducidad de la acción vencía el 24 de septiembre de 2008, para dicha fecha los despachos de la Rama Judicial se encontraban cerrados por el paro judicial el cual fue levantado a partir del 17 de octubre, fecha en que se presentada la demanda, por lo que lo fue en tiempo.

5.2. En cuanto al fondo del asunto indicó que el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, acredita la inexistencia de registros debidamente fundados por comportamientos relacionados con los delitos de tráfico de estupefacientes, testaferrato, enriquecimiento ilícito y conexos.

Señaló que el Decreto 2272 de 1991 regula el trámite para la expedición del certificado de carencia de infomes por tráfico de estupefacientes, el cual consiste en que el mismo se expide por solicitud de parte y siempre que a la Dirección Nacional de Estupefacientes los distintos organismos de seguridad del Estado le informaran que no existían reportes de procesos por narcotráfico o conexos.

5.3. Respecto del caso concreto manifestó que el demandante solicitó el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, el cual se negó por el reporte realizado por la Fiscalía General de la Nación, de la existencia de procesos de extinción de dominio en su contra, con lo cual se cumplió cabalmente el trámite preestablecido para su expedición, no existiendo el desconocimiento de normas superiores, ni la falsa motivación, ni la desviación de poder alegadas.

Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

La apoderada del demandante, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando que la misma fuera revocada, bajo la siguiente línea argumentativa.

6.1. Señaló que la Fiscalía General no es un órgano consultivo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por lo cual no podía aclarar el contenido de los reportes realizados y que llevaron a la negativa del certificado solicitado por el demandante.

6.2. Indicó que si bien el Tribunal no admitió la demanda respecto de los oficios en que la Fiscalía aclaró el contenido de sus reportes sobre el demandante, era obligatorio estudiar su alcance, ya que considera que la entidad no tenía competencia para conceptuar sobre sí los mismos debían ser tenidos en cuenta para negar el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.

6.3. Censuró que la sentencia de primera instancia no aplicó correctamente el Decreto 1883 de 1992, ya que dicha normativa creaba beneficios para aquellas personas que confesaran y denunciaran hechos relacionados con narcotráfico, sin que dichas confesiones pudiesen convertirse en sanciones, como la que se aplicó en el caso del demandante, al usar una de dichas declaraciones como fundamento de la existencia de antecedentes por tráfico de estupefacientes.

6.4. Insistió en que la Resolución del 26 de julio de 1993, concedió beneficios al demandante y que no es posible usar esta veinte años después en su contra, so pretexto de una labor preventiva.

6.5. Consideró que el Tribunal no estudio el asunto constitucional que subyace en su causa, ya que no tuvo en cuenta que al actor se le está imponiendo una sanción a perpetuidad, aspecto sobre el que no se dio pronunciamiento de fondo.

6.6. Manifestó que la Dirección Nacional de Estupefacientes negó el certificado con fundamento en una confesión del señor Ángel Restrepo, la cual no está acreditada en el trámite administrativo, lo que vulnera sus derechos fundamentales.

7. Trámite en segunda instancia

7.1. Por auto del 1 de noviembre de 2013, se admitió el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte demandante.

7.2. Mediante auto del 28 de enero de 2014, se ordenó correr traslado para alegar.
7.2.1. La parte actora en escrito visible en folios 18 a 25 reiteró los argumentos de la impugnación, por lo que la Sala se exime de resumirlos.

7.2.2. La parte demandada presentó alegatos de conclusión de segunda instancia, en los que insistió en sus argumentos de defensa, con base en los cuales solicitó se confirmara la decisión de primera instancia.

7.2.3. El señor Agente del Ministerio Público, no emitió concepto en esta instancia.

7.3 Por medio de auto del 24 de mayo de 2017, el Consejero Ponente aceptó al Ministerio de Justicia como sucesor procesal dela Dirección Nacional de Estupefacientes en virtud de la liquidación de esta última.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1 del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del citado acuerdo, el Despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia

En el caso concreto, la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso, de conformidad con el cual “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.”

Los actos demandados

La demanda recae sobre as Resoluciones nros. 0051 de 14 de enero de 2008 “Por medio de la cual se abstiene de expedir unos certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes”; 546 de 25 de abril de 2008 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”; 0094 de 23 de enero de 2008 “Por medio de la cual se anula unilateralmente un certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes y se abstiene de expedir otro” y 547 de 25 de abril de 2008 “ Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, Expedidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

El problema jurídico

De acuerdo con los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación por la parte demandante, corresponderá a la Sala determinar si le asiste o no la razón a la parte demandante respecto de estos, esto es, (i) si los actos administrativos demandados se ajustan ordenamiento jurídico vigente y (ii) si la parte demandada adoptó correctamente la decisión de anular y no expedir los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes solicitados por el demandante.

Para resolver ese cuestionamiento, la Sala abordará los siguientes ejes temáticos: (i) marco constitucional, legal y jurisprudencial de los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes; (ii) alcance y aplicación por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes de los informes provenientes de autoridades competentes para efectos del certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes y (iii) el caso concreto.

Marco constitucional, legal y jurisprudencial de los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes

4.1. La Ley 30 de 31 de enero de 1986, en los literales f) del artículo 93, establece el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes de la siguiente manera:

“[…] Artículo 93.- La Oficina de Estupefacientes del Ministerio de Justicia hará las veces de Secretaría Ejecutiva del Consejo, para lo cual cumplirá las siguientes funciones:

[…]

f) Expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes en un plazo máximo de sesenta (60) días, transcurrido el cual se entenderá resuelta favorablemente la solicitud y por consiguiente se expedirá éste a las personas que adelanten trámites ante el Departamento de la Aeronáutica Civil en forma particular o como miembro de empresas para lo siguiente:

1.- Importación de naves;

2.- Adquisición del dominio o cambio de explotador de aeronaves. Este certificado deberá expedirse en el término máximo de diez (10) días, vencido el cual, si no hubiese sido expedido, se entenderá resuelta favorablemente la solicitud. El interesado deberá presentar con éste su cédula de ciudadanía si es persona natural o el certificado de constitución y gerencia si fuere persona jurídica;

3.- Estudio, construcción y reforma de aeródromos o pistas e instalaciones;

4.- Obtención y renovación del permiso de operación de aeródromos o pistas;

5.- Solicitud para obtener o renovar permisos de empresas de servicios aéreos comerciales, escuelas, aeroclubes, talleres aeronáuticos;

6.- Aprobación de los nuevos socios que vayan a adquirir cuotas o acciones de una empresa de servicios aéreos comerciales, escuelas, aeroclubes y talleres aeronáuticos;

7-. Aprobación del nuevo propietario o explotador de un aeródromo o pista;

8-. Aprobación de licencias para personal aeronáutico.

Este certificado podrá revocarse en cualquier momento, por orden del Consejo Nacional de Estupefacientes, por medio de resolución motivada […]” (Destacados de la Sala).

4.2. Por su parte el artículo 7 del Decreto 2272 de 4 de octubre de 1991 adoptó como legislación permanente la normas del Decreto 2894 de 3 de diciembre de 1990 que regulan, entre otras: i) la competencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes para emitir los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, en adelante certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes; ii) el procedimiento a seguir por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes para emisión del certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes; iii) la facultad y la forma como se ejerce la misma por la Dirección Nacional de Estupefacientes de abstenerse de emitir el certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes; iv) la vigencia del certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes y la potestad de “anularse” en cualquier tiempo por la Dirección Nacional de Estupefacientes, “[…] con base en los informes provenientes de los organismos investigativos del Estado […]”.

4.3. Los artículos 82 a 89 de Decreto 2150 de 5 de diciembre de 1991 dispone sobre: i) la competencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes para expedir los certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes, las entidades destinatarias y los asuntos que se debe aportar los certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes, como las excepciones al deber de presentar estos certificados; ii) el término de vigencia de certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes, su renovación y la potestad de anularlos unilateralmente en cabeza de la Dirección Nacional de Estupefacientes; y iii) la petición de información por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes a otras entidades, modificando lo previsto en los incisos 1o. y 2o. del artículo 3o. del Decreto 2894 de 1990, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2272 de 1991.

4.4. La Corte Constitucional, en sentencia C-114 de 25 de marzo de 1993, revisó la constitucionalidad de los literales f) y g) del artículo 93 de la Ley 30 de 1986, declarándolos ajustados a la Constitución Política, considerando, entre otros argumentos, los siguientes:

“[…] Es claro para esta Corporación que las disposiciones de la ley buscan establecer un régimen preventivo tanto de la fundamental libertad de circulación (artículo 24 C.N.), como de la libertad de iniciativa económica privada (artículo 333 C.N.), con miras a asegurar un ejercicio de las mismas acorde con los intereses superiores que informan el interés público, representado en la necesidad de perseguir el delito, en consideración del fin ilícito que caracteriza la comisión de hechos punibles relacionados con el tráfico de drogas a que se destinan los bienes y actividades mencionadas en los literales f) y g) del artículo 93 de la Ley 30 de 1986.

Registra la Corte que efectivamente puede resultar de alguna incomodidad para quienes ejerzan con fines lícitos esas libertades, el requisito, acto administrativo condición, del certificado al que se refiere el precepto. Sin embargo, esta molestia resulta, visto el fundamento de los fines perseguidos por el legislador, tolerable en el marco de las exigencias propias de la sociabilidad. En efecto, la sociedad colombiana acusa una realidad a la cual no puede ser ajena, ni a las previsiones del legislador ni a los deberes sociales, ni a las decisiones de esta Corte que en esta materia ha hecho varios pronunciamientos. Lo anterior en razón de que la libertad además de ser un ideal es una referencia de la autodeterminación de la persona humana en sociedad. Así lo ha entendido el propio constituyente al disponer las competencias de la ley para organizar la libertad, lo que quiere decir que ésta no puede existir sin fronteras sino que requiere de reglamentos jurídicos como garantía de su propia existencia. El propio artículo 24 superior, se refiere a "las limitaciones que establezca la ley" como condición del ejercicio de la libertad de circulación y en similares términos lo hace el artículo 333 ibídem con relación a la libre iniciativa económica de los particulares. Más aún, de manera general los derechos y actividades de las personas pueden ser objeto de reglamentación según el artículo 84 de la Carta Política.

Las competencias de la ley para regular la libertad también tienen un límite, de suerte que no sólo hay regulaciones no permitidas por la naturaleza de la libertad, sino que también una reglamentación demasiado excesiva o detallada, puede igualmente anular el ejercicio de la libertad. Pero en este caso no encuentra esta Corporación que es contraria al ejercicio de las libertades la expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, ni por el contenido material ni por la reglamentación en detalle de los literales acusados del artículo 93 de la Ley 30 de 1986. Cualquier persona movida por intereses lícitos puede obtener sin dificultad el dicho acto condición.

La existencia misma de la ley, tal como se desprende de su texto, no es abusiva del fuero de la libertad autorizado en la Carta Política. Ahora bien, la circunstancia de que un registro de informaciones contenga errores no es imposible. Frente a esta eventualidad, no imputable a la normatividad en examen, puede ser corregida por el interesado en ejercicio de su derecho a rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre él en archivos de entidades públicas (art. 15 C.N.).

[…]

Ahora bien, no puede entenderse que la exigencia de un requisito administrativo, como el certificado expedido por la Oficina del Ministerio de Justicia, resulte violatorio del derecho a la honra, o al fuero íntimo, o al trabajo, o a la presunción de inocencia, por cuanto una persona no puede deducir que de esa exigencia legal per se, haya sido invadida su intimidad o su honra resulte vulnerada, o su inocencia puesta en entredicho, como tampoco puede un funcionario público de la más alta jerarquía, sostener, por el hecho de que, para tomar posesión del cargo, deba exponer su declaración de renta, que se está desconfiando de su honorabilidad, inocencia o buena fe actual o futura o atentando contra su libertad de trabajo (art. 122 C.N.). Son prevenciones ordinarias impuestas, se repite, por la lógica de convivencia de nuestro tiempo y sus exigencias, y es deber de los ciudadanos ajustarse a ellas como un aporte más a la vigencia de un orden justo (art. 2o. C.N.).

Es usual que, tanto en las instancias públicas como en las instancias privadas, se recojan informaciones, bien como fin propio de su actividad o para servir de soporte a otras actividades igualmente de naturaleza pública o privada. Ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación la importancia de la información en el funcionamiento de la sociedad actual. Sus abusos han sido el motivo del surgimiento del nuevo derecho denominado "habeas data", como una evocación similar a la clásica expresión latina del derecho de "habeas corpus" aportado por la tradición inglesa, según la cual se protegía la esencialísima libertad física, que se expresa en la dicha frase. […] No puede entonces pensarse que una entidad pública no sólo no disponga sino que no tenga la posibilidad de utilizar informaciones, recogidas con motivo de la persecución del delito, con fines de interés público. Toda una estrategia criminal, conocida en el lenguaje especializado, como las actividades de "inteligencia y contrainteligencia", no hacen más que recoger y manejar informaciones relacionadas con los ilícitos, por lo que se constituyen en instrumento fundamental del Estado contemporáneo en la lucha contra el delito, lucha que no sólo se realiza frente a los actos delictivos consumados, sino también en el campo preventivo, tal como lo dispone la preceptiva en examen.

El artículo 248 elabora un concepto de "antecedentes penales", indicando que debe entenderse por tales únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales, con ocasión de delitos o contravenciones. Sin detenerse en los interrogantes por la incoherencia que plantea en este artículo la expresión "contravención", que es inconducente para el presente caso, observa la Sala que se dispone constitucionalmente la elaboración o el mantenimiento de una información que tiene que ver con los condenados judicialmente, con motivo de sus conductas antisociales. Esta información lógicamente no puede entenderse como una prohibición del constituyente para que existan otras informaciones relacionadas con los delitos y las contravenciones, en manos de las agencias públicas encargadas de la defensa social, porque tal interpretación conduciría al absurdo de eliminar instrumentos indispensables para la prevención del delito, como antes se indicó. […]” (Destacados de la Sala).

4.5. Respecto del alcance del Certificado de Carencia de Informes sobre tráfico de estupefacientes, la Corte Constitucional en sentencia a T-067 de 7 de febrero de 2011, precisó lo siguiente:

“[…] 11. El CCITE es un documento que expide la DNE mediante el cual se certifica que su titular no tiene reportes debidamente fundamentados por tráfico de estupefacientes y delitos conexos.

12. De acuerdo al “Manual de Trámite del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes”, mediante la expedición de este documento, la Administración, a través de la Subdirección de Estupefacientes de la DNE, ejerce un control de carácter administrativo que se enmarca dentro de la lucha contra la producción y la comercialización de estupefacientes. En efecto, la expedición del CCITE es una herramienta de control administrativo creada con el fin de regular actividades que eventualmente pudieran servir de soporte al narcotráfico.

[…]

17. Así mismo, según lo disponen los artículos 6º del Decreto 2894 de 1990, adoptado como legislación permanente mediante el Decreto 2272 de 1991, y el parágrafo 1º del artículo 83 del Decreto 2150 de 1995, la DNE tiene la facultad para anular unilateralmente el CCITE en cualquier tiempo, con base en los informes por tráfico de estupefacientes y delitos conexos, provenientes de las entidades competentes.

En este sentido, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, para proceder a anular unilateralmente el CCITE, no es necesario que exista un antecedente judicial en los términos del artículo 248 de la C.P., es decir, una condena proferida en sentencia judicial ejecutoriada, pues basta con que exista un informe por tráfico de estupefacientes y delitos conexos que esté debidamente fundamentado por la autoridad competente.

18. En conclusión, el CCITE es un acto administrativo expedido por la Subdirección de Estupefacientes de la DNE a aquellas personas que no reportan informes sobre tráfico de estupefacientes y delitos conexos que se erige como requisito para obtener y renovar la licencia de personal aeronáutico. Según la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Suprema de Justicia, la exigencia de dicho documento se enmarca dentro de las facultades de reglamentación e inspección del derecho a la libre escogencia y ejercicio de la profesión u oficio que la Constitución le otorga al Legislador, de manera que no constituye una violación del derecho al trabajo. En efecto, su exigencia representa una carga pública razonable que se justifica en atención al deber que tiene el Estado de regular las actividades que eventualmente pudieran servir de soporte al narcotráfico. De allí que la existencia de un reporte debidamente fundamentado relacionado con la posible comisión de delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes, sin necesidad de que exista un antecedente judicial, permite su no expedición o su revocación. Sin embargo, para asegurar el derecho al debido proceso, la persona afectada por la decisión de revocación o de no expedición del acto administrativo estudiado, tiene la posibilidad de aclarar su situación jurídica ante las autoridades competentes, con el objetivo de asegurar que no se cometan errores en el registro de informes por tráfico de estupefacientes y delitos conexos. En todo caso, cuando el registro corresponde a un antecedente penal por la comisión de un delito relacionado con el tráfico de estupefacientes, el cumplimiento de la pena o su extinción, no permiten aclarar la situación jurídica del solicitante, en el sentido de eliminar dicho dato. […]” (Destacados de la Sala).

4.6. En el mismo sentido, La Sección Primera del Consejo de Estado ha señalado sobre el certificado de carencia de informes por tráfico de Estupefacientes, lo siguiente:

“[…] Conviene empezar por dejar en claro que de acuerdo a lo expuesto por la Sala en casos como el del sub lite, la decisión enjuiciada tiene un carácter preventivo o cautelar, por ello provisional, tanto que el afectado puede solicitar nuevamente el certificado en mención, una vez haya aclarado su situación ante las autoridades competentes, y por lo mismo no genera una situación definitiva en lo que corresponde a dicho certificado.

Se trata de asuntos que tienen un trámite especial, que puede calificarse de naturaleza policiva, de aplicación inmediata y como tal, de carácter preventivo frente al interés social. Dicho trámite está regulado por los artículos 2 a 8 del Decreto 2894 de 1990, adoptados como legislación permanente mediante el artículo 7º del Decreto Núm. 2272 de 1991 y modificados por el Decreto 2150 de 1995. Este trámite especial indica que las normas generales sobre procedimientos administrativos que regula la primera parte del Código Contencioso Administrativo no son aplicables en el asunto sub examine, porque existe en la materia un procedimiento especial.

Se tiene, entonces, que su trámite es de plano, atendiendo solamente los informes a que se ha aludido, según se desprende del artículo 6º, inciso 4º, del Decreto 2894 de 1990, modificado por el parágrafo 1º del artículo 83 del Decreto 2150 de 1995, que a la letra dice: […]” (Destacados de la Sala).

4.7. Con base en el anterior marco legal y jurisprudencial se puede concluir que el certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes es un acto administrativo expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes, actualmente liquidada, por autorización expresa del legislador, aplicando un trámite especial, de naturaleza policiva, preventivo y de aplicación inmediata, con el fin de certificar que una determinada persona natural o jurídica no tiene reportes debidamente fundamentados en las entidades competentes del Estado, relacionados con los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o del tipificado en el artículo 6o. del Decreto 1856 de 1989.

El certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes se caracteriza por ser preventivo y no genera una situación definitiva en lo que corresponde a dicho certificado, tanto en el evento que la Dirección Nacional Estupefacientes los niega porque el afectado los puede solicitar nuevamente, una vez haya aclarado su situación ante las autoridades competentes, como el evento que la Dirección Nacional de Estupefacientes los anularse unilateralmente en cualquier tiempo con base en los informes provenientes de autoridad u organismo competente.

4.8. Precisado el marco constitucional, legal y jurisprudencial aplicable al caso sub lite, la Sala procederá analizar los argumentos de inconformidad presentados por la parte demandante en el recurso de apelación contra la sentencia proferida en el trámite de primera instancia.

Alcance y aplicación por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes de los informes provenientes de autoridades competentes para efectos del certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes

5.1. El artículo 82 del Decreto 2150 de 5 de diciembre de 1995, al referirse a la expedición del certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes, señala:

“[…] Artículo 82º.- Expedición del certificado. El Certificado de Carencia de Informes Tráfico de Estupefacientes se expedirá por la Dirección Nacional de Estupefacientes con destino a las siguientes entidades y exclusivamente para los fines previstos en este artículo:

1. Con destino a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para:

a) La importación de aeronaves;

b) La adquisición del dominio o cambio de explotador de aeronaves, aeródromos, pistas o helipuertos;

c) La construcción, reforma y permiso de operación de aeródromos, pistas o helipuertos;

d) La obtención o renovación del permiso de operación de empresas de servicios aéreos comerciales, escuelas y aeroclubes;

e) La obtención o renovación de permiso de funcionamiento de talleres aeronáuticos y empresas de servicios aeroportuarios;

f) La aprobación de nuevos socios o el registro de la cesión de cuotas e interés social;

g) El otorgamiento de licencias del personal aeronáutico. […]” (Destacados de la Sala).

5.2. El artículo 2 del Decreto 2894 de 3 de diciembre de 1990 establece:

“[…] Artículo 2o. Para el trámite de expedición de los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, el interesado, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, formulará la solicitud escrita aportando con ella los documentos con los cuales acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada evento en las disposiciones legales pertinentes.
La solicitud se presentará personalmente por el interesado, su representante legal, o a través de apoderado debidamente constituido, ante la Dirección Nacional de Estupefacientes. […]”.

5.3. Por su parte el artículo 89 del Decreto 2150 de 5 de diciembre 1991 dispone:

“[…] Recibidas la solicitudes debidamente diligenciadas, la Dirección Nacional de Estupefacientes, demandará simultáneamente de las entidades competentes la información de los registros debidamente fundamentados que posean sobre antecedentes relacionados con los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito o del tipificado en el artículo 6o. del Decreto 1856 de 1989, que reposen en los respectivos archivos en relación con las personas solicitantes […]” (Destacados de la Sala).

5.4. El parágrafo 1 del artículo 83 del Decreto 2150 de 5 de diciembre 1991 establece:

“[…] No obstante, el Certificado podrá anularse unilateralmente en cualquier tiempo por la Dirección Nacional de Estupefacientes, con base en los informes provenientes de autoridad u organismo competente. Dicha anulación será informada a las autoridades correspondientes y contra ella procede únicamente el recurso de reposición […]” (Destacados de la Sala)

5.5. De conformidad con las normas transcritas, se tiene que la Dirección Nacional de Estupefacientes sustenta la decisión de anular o negar el certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes, como las adoptadas en los actos administrativos demandados, en “[…] los informes provenientes de autoridad u organismo competentes […]”, debiendo presumir que tales informes están debidamente fundamentados por la autoridad competente que los expide.

5.6. La anterior postura ha sido aplicada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que en materia del alcance y aplicación de los informes que remiten las entidades competentes a la Dirección Nacional de Estupefacientes para efectos de los certificados carencia de informe por tráfico de estupefacientes, ha señalado:

“[…] Ciertamente, el concepto de “informes” contenido en el precepto trascrito, no puede ser confundido con el de “antecedentes” a que se refiere el artículo 248 de la Carta Política, según el cual “Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales.”

La jurisprudencia de la Sala ha sido enfática en indicar que el vocablo “antecedentes” evoca necesariamente la idea de “sentencias judiciales condenatorias definitivas”. Sobre el particular ha dicho lo siguiente:

‘Si la intención del Constituyente en el artículo 248 hubiera sido la de darle a la expresión “antecedentes” también efectos administrativos, así lo habría previsto expresamente, como lo hizo en el artículo 29 frente a la garantía del debido proceso, al consagrar que este principio se aplica a “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”; y si la voluntad del legislador en los artículos 83 y 89 del Decreto 2150 de 1995 hubiera sido la de que tal vocablo tuviera la misma connotación del artículo 248 constitucional, no habría utilizado el término genérico autoridad u organismo competente o entidades competentes, sino que hubiera empleado el específico “autoridades judiciales”.

Así pues, la Dirección Nacional de Estupefacientes puede anular certificados de Carencia de Informes, con base en informaciones debidamente fundamentadas de autoridades administrativas, de policía o judiciales, y frente a estas últimas, por estar dirigidas a una autoridad administrativa, no judicial, no se requiere de la existencia de sentencia penal condenatoria definitiva, sino que basta, un informe debidamente fundamentado.’

[…]

En Sentencia de fecha 7 de febrero de 2002, en un caso parecido a este, la Sala ya había tenido la oportunidad de expresar lo siguiente:

‘ […] Lo anterior permite deducir que la decisión de la Dirección Nacional de Estupefacientes debe tener como fundamento principal los informes que reciba de las autoridades competentes o que reposen en sus archivos, en cuanto a actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y asociadas a ésta, que vinculen al peticionario o interesado, de suerte que la actividad probatoria pertinente está dada por la actuación que ha de desplegar dicha entidad encaminada exclusivamente a la obtención de la información anotada de las autoridades que se le señalan, y decidir de plano, esto es, sin que haya lugar a dar traslado previo al interesado ni a pedirle explicación alguna sobre tales informes, puesto que nada puede hacer en relación con los hechos objeto de tales informes, toda vez que el examen de los mismos y su juzgamiento escapa a su competencia. Así las cosas, no se observa que la Dirección Nacional de Estupefacientes se hubiere apartado de las formas propias del asunto atinente a las solicitudes de la actora, y que con ello le hubiera vulnerado el derecho al debido proceso.’

[…]

En lo tocante al carácter vinculante de los informes presentados por las autoridades competentes, la Sala ha tenido la oportunidad de hacer las siguientes precisiones:

[…] A la Dirección Nacional de Estupefacientes no le está dado hacer pronunciamiento alguno sobre los hechos contenidos en los informes, sino que debe atenerse a éstos en la medida en que traten de las actividades previstas en las normas citadas; de allí que resulte inocua toda actividad probatoria que desarrolle sobre tales hechos, la cual sólo le concierne a las autoridades competentes que conocen de los mismos, de modo que es ante ellas que el afectado debe acudir, en lo que le interese.

[…]

Como complemento de lo dicho, vale anotar que la falsa motivación que se pueda predicar de decisiones como las acusadas, depende de que los informes invocados como fundamento de las mismas no existan, o sean irrelevantes, empero no de la falsedad de lo que en ellos se diga, esto es, de sus contenidos, lo cual el afectado debe demostrar ante la autoridad competente y no ante la Dirección Nacional de Estupefacientes.’

[…]

Recapitulando lo dicho hasta aquí, debe tenerse bien presente que la Dirección Nacional de Estupefacientes se encuentra facultada para disponer la cancelación unilateral de este tipo de certificados; que el control policivo que ejerce es de naturaleza preventiva y no se encuentra sujeto ni al procedimiento administrativo ordinario ni a las decisiones de la justicia penal; que para la adopción de tales determinaciones basta simplemente con la existencia cierta y comprobada de un informe emanado de autoridad competente, debidamente fundamentado […]” (Destacados de la Sala).

5.7. La anterior postura, fue reiterada recientemente, por la Sección Primera de esta Corporación que, en sentencia de 24 de mayo de 2018, sostuvo que:

“[…] De conformidad con las disposiciones citadas, la Dirección Nacional de Estupefacientes, una vez sea solicitada la expedición del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, debe requerir a los diferentes organismos de investigación y de seguridad del Estado para que reporten los registros debidamente fundamentados que figuren a nombre de las personas incluidas en la actuación administrativa, respecto de comportamientos referidos al tráfico de estupefacientes y demás infracciones conexas, por prestar su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes de esta clase de conductas punibles por testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Ello significa que la expedición del certificado no requiere fundarse únicamente en antecedentes penales, entendidos éstos como sentencias penales ejecutoriadas de condena, pues como ya se expresó, tanto la normatividad como la jurisprudencia reconocen que dicho informe o registro se interpreta en sentido amplio y pueden ser anotaciones de índole policivo o de informes de policía judicial, registros de inteligencia, informes de investigación preliminar con imputación concreta en contra de una determinada persona y respecto de una específica conducta y, en general, cualquier clase de información proveniente de una autoridad judicial o administrativa, tales como una resolución de la Fiscalía General de la Nación […]” (Destacados de la Sala).

5.8. Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación ha considerado, de manera clara y reiterada, que la información que suministran las autoridades u órganos competentes a la Dirección Nacional de Estupefacientes, en los eventos establecidos en los artículos 83 (parágrafo 1) y 89 del Decreto 2150 de 5 de diciembre 1991, no se limitan exclusivamente al concepto de “antecedentes penales” del artículo 248 de la Constitución Política, sino abarca los registros administrativos, policivos o judiciales que reposen en los archivos de tales entidades.

5.9. De igual forma, se hace necesario indicar que es un deber de las autoridades competentes el garantizar que la información que se entrega sobre los solicitantes del certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes se encuentre debidamente fundamentada y acorde al ordenamiento jurídico, por cuanto, la Dirección Nacional de Estupefacientes solo le corresponde, conforme a los informes recibidos decidir de plano sobre las solicitudes sin que tenga la potestad de hacer valoraciones o juzgamientos respecto de la información entregada por cada entidad competente.

5.10. Lo anterior conlleva a que la falsa motivación de las decisiones de la Dirección Nacional de Estupefacientes se configuraría en las siguientes situaciones: i) invoca, como sustento de los informes de autoridades u organismos competentes que sean inexistentes o irrelevantes; ii) hace caso omiso de los informes relevantes; o iii) hace juicios o valoraciones de la información en ella contenida.

El caso concreto

6.1. La parte apelante alega que los actos administrativos demandados no podían haberse sustentado en la información que suministró la Fiscalía General de la Nación a la Dirección Nacional de Estupefaciente, dentro del trámite de los certificados de carencia de informes por tráficos de estupefacientes solicitados por la el señor Luis Guillermo Ángel Restrepo y sus declaraciones relacionadas con actuaciones de narcotráfico, por que sobre las mismas la Fiscalía General de la Nación le concedió al señor Ángel Restrepo los beneficios establecidos en el Decreto 1833 de 13 de noviembre de 1992.

6.2. Al respecto, la Sala advierte que no es objeto de la presente controversia judicial los mencionados oficios de la Fiscalía General de la Nación y la información en ellos suministrada a la Dirección Nacional de Estupefacientes, por lo tanto, el análisis del caso sub examine se circunscribe, como lo hizo el a quo, a las decisiones adoptadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, en los actos administrativos demandados, con base en la información entregada en atención al marco normativo aplicable.

6.3. En tal sentido, la Sala evidencia que los actos administrativos demandados se fundaron en la información remitida por la Fiscalía General de la Nación relacionada con la Resolución de 26 de julio de 1993, en la que consta la declaración que el señor Luis Guillermo Ángel Restrepo, que realizó ante la referida autoridad competente, sobre el secuestro y homicidio de los hermanos Moncada, sobre “[…] diversas actividades de narcotráfico realizadas durante 1986 y 1987 trabajando con Pablo Escobar Gaviria […]” y sobre el secuestro de “[…] Alonso Cárdenas, Andrés Pastrana Arango y Hugo Valencia, hechos que sindica a Pablo Escobar […].

Adicional a la resolución de 26 de julio de 1993, la Fiscalía General de la Nación informó, a la Dirección Nacional de Estupefacientes que:

“[…] Como usted podrá advertir, el beneficio concedido solamente era dentro de las investigaciones penales y no se hacía extensivo a cuestiones administrativas o de cualquier otra índole. Además, operaba exclusivamente, por las conductas confesadas y con un preciso límite temporal […].”

6.5. Para la Sala es claro que la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación a la Dirección Nacional de Estupefacientes fue lo suficientemente fundada y precisa respecto, por un lado, del señor Luis Guillermo Ángel Restrepo y las actividades de narcotráfico objeto de su declaración, así como del alcance exclusivamente penal del beneficio a él concedido en la Resolución de 26 de julio de 1993.

6.6. Así las cosas, de conformidad con el marco que rige su función de certificación La Dirección Nacional de Estupefacientes no podía, en los actos administrativos demandados, hacer una interpretación o valoración de las precisiones efectuadas por la Fiscalía General de la Nación, en sus respectivos informes, sobre el beneficio conseguido por dicho organismo al señor Luis Guillermo Ángel Restrepo únicamente tiene aplicación en materia penal “[…] y no se hace extensivo a cuestiones administrativas o de cualquier otra índole […]”.

6.7. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que la Dirección Nacional de Estupefacientes obró conforme a derecho al soportar en la información reportada por la Fiscalía General de la Nación, su decisión de anular y abstenerse de expedir el certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes, solicitados por el demandante,

Respecto de la anterior conclusión es importante indicar que la Dirección Nacional de Estupefacientes, dentro del marco legal de sus competencias, no puede hacer juicios o valoraciones sobre la información sobre tráfico de estupefacientes suministrada por los organismos competentes, lo que tiene por consecuencia que no tiene la potestad para desconocerla o interpretarla, como pretendía el ahora apelante.

6.8. De otra parte, el apelante sostiene como argumento de inconformidad respecto de la sentencia proferida por el Tribunal, que en esta se debió estudiar la falta de competencia de la Fiscalía para dar alcance a los reportes que brindó sobre el demandante.

6.8.1. La Sala precisa que la decisión de rechazo de la demanda respecto de los oficios nros. D.N.F.S.T 2011 de 22 de mayo de 2007 y DNFST 3062 de 10 de agosto de 2007, expedidos por la Directora Nacional de Fiscalías, quedó en firme, tras ser confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia del 18 de noviembre de 2010, por tal razón, el debate procesal se centró, objetiva y legalmente, en los actos administrativos expedidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes y en lo cargos de la demanda formulados respecto de los mismos, de esta forma, el Tribunal dirigió el proceso y decidió de fondo la controversia en forma coherente y consecuente con la decisión adoptada en el auto admisorio de la demanda.

6.8.2. Corolario de lo anterior el a quo, al analizar el referido cargo de la demanda, interpretó y aplicó adecuadamente al caso concreto las competencias y potestades legales de la Dirección Nacional de Estupefacientes respecto de la información reportada por la Fiscalía General de Nación, atendiendo las normas y la jurisprudencia ampliamente expuestas en el presente fallo, tanto de la Corte Constitucional como de la Sección Primera del Consejo de Estado.

6.8.3. Ahora bien, en virtud de las anteriores consideraciones y en relación con el reporte de información por parte de la Fiscalía General de la Nación, correspondía a la parte demandante acudir ante dicha autoridad, como competente, depositaria y responsable sobre la gestión de la información que sobre el reposa en sus archivos, para que, en virtud de su derecho de habeas data, solicitar la actualización y rectificación de las informaciones suministradas a la Dirección Nacional de Estupefacientes.

6.8.4. Respecto de la anterior aseveración la Sala reitera lo manifestado por la Sección Primera del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre que no se genera una situación definitiva en lo que corresponde a los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, por lo que la existencia de reportes genera que el interesado debe solicitar a la autoridad las modificaciones o aclaraciones sobre su situación jurídica, actuación que debe darse por la parte y no por la Dirección Nacional de Estupefacientes, ya que está última como se concluyó previamente no puede cuestionar o desatender la información dada por los organismos competentes.

6.9. Así las cosas, ninguno de los argumentos de la parte apelante tienen asidero que permita revocar la sentencia de primera instancia, por lo que habrá de confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folios 3 a 55 cuaderno nro. 1. Folio 11 cuaderno anexos de la demanda
Folios 14 a 25 cuaderno anexos de la demanda
Folios 18 a 29 cuaderno de antecedentes administrativos
Folios 51 a 62 cuaderno antecedentes administrativos
Folios 169 a 232 cuaderno antecedentes administrativos
Folios 249 a 263 cuaderno de antecedentes administrativos
Folios 169 a 232 cuaderno antecedentes administrativos
Folios 65 a 68 cuaderno nro.1
Folios 15 a 22 cuaderno nro.1
Folios 91 a 93 cuaderno nro.1
El texto de la contestación fue presentado en dos ocasiones obrando la primea en folios 75 a 83 y la segunda en folios 95 a 103 del cuaderno nro. 1
Folios 336 a 377 cuaderno nro. 1
folios 379 a 382 cuaderno nro.1
Folio 4 cuaderno nro. 3
Folio 7 cuaderno nro.3
Folios 8 a 11cuaderno nro.3
Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 627 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar fue concedido mediante auto del 28 de enero de 2014, el presente asunto se encuentra para fallo en vigencia del Código General del Proceso (1 de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente nro. 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero).
“Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del estado de sitio”.
“Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público”.
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Corte Constitucional, sentencia C-114 de 25 de marzo de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz expediente núm. D-167. Corte Constitucional, sentencia T-067 de 7 de febrero de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez expediente núm. T-2.808.968.
“[…] Este texto fue publicado por la Dirección Nacional de Estupefacientes en el año 2007 con el objetivo de ofrecer “una útil herramienta tanto para las empresas que manejan sustancias químicas controladas, como para las autoridades involucradas en el control administrativo ejercido sobre precursores químicos” (pág. 6 del citado manual que se puede consultar en la página web de la DNE) […]”
“[…] Sobre este tema se puede consultar, entre muchas otras, la sentencia de 29 de noviembre de 2001 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en la que se resolvió una acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra unas resoluciones de la DNE mediante las cuales se anuló unilateralmente un CCITE. En ese evento, se afirmó que: ‘si se restringiera en materia administrativa el alcance de la expresión `antecedentes` al de sentencias judiciales condenatorias definitivas, se llegaría al absurdo de sostener que los informes de la Policía, debidamente fundamentados, por no tener el carácter de sentencia, no pueden ser tenidos en cuenta por la Dirección Nacional de Estupefacientes. No obstante que las normas que regulan su actividad se refieren en forma genérica a solicitar información de la autoridad u organismo competente o de las entidades competentes.

Así pues, la Dirección Nacional de Estupefacientes pues anular [CCITE], con base en informaciones debidamente fundamentadas de autoridades administrativas, de policía o judiciales, y frente a estas últimas, por estar dirigidas a una autoridad administrativa no judicial, no se requiere de la existencia de sentencia penal condenatoria definitiva, sino que basta un informe debidamente fundamentado’ […]”.
“[…] Así, en la sentencia C-114 de 1993, la Corte Constitucional afirmó que: ‘caso distinto al que se contempla en las disposiciones examinadas es el que tuvo oportunidad de considerar esta Corte cuando resolvió sobre la inexequibilidad del artículo 12 perteneciente al Decreto 262 de 1988, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2270 de 1991, (Sentencia No. C-007/93 del dieciocho de enero de 1993. Magistrado Ponente: Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO), pues al paso que allí se establecía de manera expresa una exigencia de antecedentes de la persona, los cuales, según el artículo 248 de la Constitución únicamente pueden estar contenidos en sentencias judiciales definitivas y no en la documentación llevada por las unidades o bases militares cuyos comandantes estaban encargados de expedir los correspondientes certificados, en las normas acusadas se habla muy concretamente de carencia de informes sobre los datos que -como corresponde a su función- debe poseer la Oficina Nacional de Estupefacientes no necesariamente sobre antecedentes relativos a condenas proferidas en contra del solicitante, sino sobre conductas de éste que puedan ameritar una consideración previa por parte del Departamento de Aeronáutica Civil, el INCOMEX y el Ministerio de Salud, para lo de su cargo, en virtud de una labor preventiva, según se deja dicho’ […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2005, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 25000-23-24-000-1999-00270-01.
“[…] Ver sentencia de 7 de febrero de 2002, expediente núm. 4396, consejero ponente doctor Manuel Santiago Urueta Ayola […]”.
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Bogotá, 29 de noviembre de 2001, Radicación número: 25000-23-24-000-1999-0219-01 (5745) […]”.
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 7 de febrero de 2002. Exp: 25000-23-24-000-1997-9197-01(4396), Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola. […]”.
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 7 de febrero de 2002. Exp: 25000-23-24-000-1997-9197-01(4396), Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola […]”. Consejo de Estado, Sala de loa Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de julio de 2010, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 25000-23-24-000-1999-00290-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. Único de radicación: 25000-23-24-000-2008-00409-01. Folios 319 a 320 cuaderno de antecedentes administrativos

Demandante: Luis Guillermo Ángel Restrepo
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes y otro
Radicado: 25000-23-24000-2008-00402-01
Sentencia de segunda instancia

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