Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00498-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Sanción de superintendencia de servicios públicos domiciliarios: A la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2008-00498-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2008-00498-01
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
26 de julio de 2018
SANCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - A la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB / ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL DELEGATARIO - Recursos procedentes / RÉGIMEN DE LOS ACTOS DEL DELEGATARIO EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS – Recursos procedentes
[E]l cargo del actor no está llamado a prosperar por cuanto les asiste razón a la entidad demandada y al tribunal a quo en cuanto a la improcedencia del recurso de apelación contra los actos proferidos por el Superintendente Delegado para Telecomunicaciones; para arribar a esta conclusión se observa que: I) la Ley 489 es posterior a la 142 y, en ella se señala que sus disposiciones aplican, entre otros, a quienes tienen a su cargo las prestación de servicios públicos; y II) contra los actos del delegatario proceden los mismos recursos que proceden respecto del delegante; ahora bien, teniendo en cuenta que la norma relativa a los servicios públicos señala que contra los actos del Superintendente Delegado de Servicios Públicos Domiciliarios sólo procede recurso de reposición, fuerza es concluir que contra los actos proferidos por su delegatario son susceptibles únicamente de dicho recurso.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta (Acuerdo 357 de 2017), de 12 de abril de 2018, Radicación 25000-23-24-000-2008-00198-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA - El término es el previsto en el artículo 38 del CCA / CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA – Determinación temporal / CADUCIDAD DE LA FACULTAD O POTESTAD SANCIONATORIA – Configuración / CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA – Cómputo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a jurisprudencia del Consejo de Estado en forma pacífica ha señalado que el término de la caducidad de la facultad sancionadora es de tres (3) años; sin embargo, en razón a las varias tesis respecto de los límites temporales para realizar su cómputo no se contaba con un criterio unificado. La anterior discusión fue superada mediante sentencia proferida por la Sala Plena de la Corporación, reiterada por su Sección Primera, en la que se dijo que “basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción”. Postura que no fue acogida por el Tribunal a quo en el fallo censurado. De acuerdo con sus planteamientos fundamentales, la postura acogida permite una interpretación del artículo 38 CCA en virtud de la cual el término de tres años opera únicamente en relación con actuación administrativa principal, razón por la cual la sanción será válidamente impuesta si se expide y notifica el acto administrativo principal dentro de este lapso. Esto, en consideración a que es dicho acto el que pone fin al procedimiento, resolviendo de fondo el asunto, con independencia de que el debate pueda continuar eventualmente si el interesado decide hacer uso de los recursos en vía gubernativa. […] Ahora bien, el a quo advirtió que aun optando por las tesis más amplia, es decir, la que señala que los tres (3) años deben computarse entre la ocurrencia del hecho que dio origen a la investigación administrativa y la notificación del acto mediante el cual se resuelve el recurso de reposición, contra la decisión de imponer sanción, tesis contraria a la señalada por la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, no se advertía que se excediera el término de que trata el artículo 38 del CCA., conclusión que comparte ésta Sala de decisión y, que anticipa tiene la virtualidad suficiente de hacer que el cargo deba ser negado, por cuanto del material que obra en el expediente se encuentra que: I) las quejas que dieron inicio a las actuaciones que culminaron con la imposición de la sanción objeto de estudio se presentaron los días 15 de febrero y 2 de marzo de 2007, respecto de hechos ocurridos en los años 2006 y 2007; y II) la Resolución mediante la cual se impuso sanción se expidió el 12 de marzo de 2008, mientras que la resolución que resolvió el recurso de reposición contra la primera quedó ejecutoriada el 16 de septiembre de 2008. De lo anterior se advierte que el ejercicio de la facultad sancionatoria fue empleado por la entidad demandada dentro del término señalado por el artículo 38 del CCCA, razón por el cargo de alzada carece de respaldo jurídico.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y Sección Primera, de 29 de septiembre de 2009, Radicación 11001-03-15-000-2003-00442-01, C.P. Susana Buitrago Valencia; 26 de noviembre de 2009, Radicación 25000-23-24-000-2004-00339-01, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta; 4 de agosto de 2011, Radicación 25000-23-24-000-2003-01151-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; 23 de febrero de 2012, Radicación 25000-23-24-000-2004-00344-01, C.P. María Elizabeth García González; y 14 de febrero de 2013, Radicación 25000-23-24-000-2003-91003-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
TERMINACIÓN DE CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ ETB – Procedencia / CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ ETB – Requisitos para su terminación son desproporcionados respecto de quienes cuentan con el servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada TPBC e internet banda ancha
De conformidad con el artículo 138 de la Ley 142 de 1994 la terminación del contrato por parte del suscriptor o usuario, tendrá lugar cuando así lo convengan la empresa y los terceros que puedan resultar afectados. […] Al analizar […] los requisitos señalados por ETB en párrafos anteriores, en el cuadro elaborado por ella, se advierte que éstos llegan a ser desproporcionados respecto de quienes cuentan con el servicio de TBPC ofrecido por la mencionada empresa, y en forma adicional con el de internet banda ancha, en tanto ésta señala que no dará trámite en forma simultánea a solicitudes que versen respecto de la terminación de los dos contratos, pese a que a lo largo del proceso ha señalado que se trata de contratos autónomos. […] Como consecuencia de lo anterior, se advierte que el cargo propuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, tampoco tiene vocación de prosperidad.
INFRACCIÓN AL RÉGIMEN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Sanción / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA SANCIÓN – Aplicación / GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN – Criterios / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE – Por empresa de telecomunicaciones por suspender el servicio por existencia de inconvenientes en su sistema de facturación / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE – Por empresa de telecomunicaciones al impartir un trámite desproporcionado a las solicitudes de retiro voluntario
[L]os factores que se deben tener en cuenta para imponer y graduar las sanciones son, en general, la naturaleza y gravedad de la falta y respecto de las multas en particular los siguientes: 1) el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público; 2) al factor de reincidencia. 3) la prolongación de la infracción durante varios años. A juicio de la Sala los actos acusados cumplieron los parámetros expuestos para imponer y dosificar la sanción, aunque no los señaló expresamente, para demostrarlo basta con examinar las resoluciones demandadas donde se describió de manera amplia y detallada la naturaleza de las infracciones en que incurrió la empresa demandante, la afectación del derecho de petición de los denunciantes amparado por el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y la existencia del factor de reincidencia de la empresa. […]En cuanto al abuso de la posición dominante se evidencia que los actos acusados señalaron dos comportamientos como constitutivos de esta conducta, el primero de ello relativo a la suspensión del servicio por existencia de inconvenientes en sus sistema de facturación, carga que traslada al usuario, cuando la responsabilidad ha de ser únicamente de la prestadora del servicio; y el segundo en cuanto al trámite impartido a las solicitudes de retiro voluntario, respecto del cual ya se señaló que comportaba un exceso de requisitos adicionales para poder darlos por terminados.
FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 81 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 111 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 113 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 138 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 139 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 140 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 158 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 186 / LEY 489 DE 1998 – ARTÍCULO 2 / LEY 489 DE 1998 – ARTÍCULO 12 / LEY 489 DE 1994 – ARTÍCULO 13 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 38 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 52
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2008-00498-01
Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - SSPD
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 19 de noviembre de 2012, por la cual la Sección Primera, Subsección “C”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -en adelante ETB-, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que accediera a las siguientes pretensiones:
“I. PRETENSIONES PRINCIPALES
Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:
• Resolución sanción N° 20083400006465 del 12 de marzo de 2008, por la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Delegado para Telecomunicaciones), sancionó a ETB S.A. ESP.
• Resolución No. 20083400037075 del 25 de agosto de 2008 por la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Delegado para Telecomunicaciones), confirmó en su integridad la Resolución No. 20083400006465 del 12 de marzo de 2008. Igualmente, la citada resolución decidió no conceder el recurso de apelación que había sido interpuesto de manera subsidiaria al de reposición.
B. Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de mi representada, declarando que no hay lugar a la sanción pecuniaria contenida en al artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución N° 20083400006465 del 12 de marzo de 2008, que señala: “ARTÍCULO PRIMERO: Imponer sanción consistente en MULTA a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP a favor de la Nación, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES por la SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($350.740.000,00), la cual se hará efectiva en el término de 10 DÍAS hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución; ni a las reparaciones de que trata el artículo segundo de la misma Resolución
C. Que se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rembolsar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($350.740.000,00), valor de la multa consignado el 22 de septiembre de 2008 a órdenes de la Dirección del Tesoro Nacional, suma que deberá ser debidamente ajustada al momento de la devolución tomando como base el índice de precios al consumidor.
II. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
D. Que en caso de no prosperar la pretensión de anulación total de la Resolución sanción N° 20083400006465 del 12 de marzo de 2008 y de la Resolución N° 20083400037075 del 25 de agosto de 2008, se declare la nulidad parcial de las mismas, en virtud de la sanción impuesta por violación de los artículos 11.1 de la Ley 142 de 1994 y 6.1.1 de la Resolución CRT 087 de 1997 por concepto de abuso de posición dominante por suspensión del servicio y supuesto trámite irregular de las solicitudes de retiro voluntario de las líneas telefónicas presentadas por los usuarios.
E. Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de mi representada, declarando que no hay lugar a aplicar el monto total de la sanción pecuniaria impuesta en el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución No 20083400006465 del 12 de marzo de 2008, y por ende, se disminuya el monto de la multa según la estimación del H. Tribunal.
F. Que se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rembolsar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP el saldo que resulte de deducir de los TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($350.740.000,00), (que corresponde al valor de la multa consignado el 22 de septiembre de 2008 por ETB), el monto de la sanción que estime el H. Tribunal En todo caso, el monto a rembolsar deberá ser debidamente ajustado al momento de la devolución tomando como base el índice de precios al consumidor.
G. Que en caso de no prosperar la nulidad parcial de las Resoluciones No. 20083400006465 del 12 de marzo de 2008 y No. 20083400037075 del 25 de agosto de 2008, en todo caso se declare la disminución del monto de la sanción pecuniaria impuesta por la Superintendencia.
H. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rembolsar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP el saldo que resulte de deducir de los TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($350.740.000,00), (que corresponde valor de la multa consignado el 22 de septiembre de 2008 por ETB) el monto de la sanción que estime el H. Tribunal. En todo caso, el monto a rembolsar deberá ser debidamente ajustado al momento de la devolución tomando como base el índice de precios al consumidor”.
1.2. Los hechos
Indicó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios elevó pliego de cargos contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – en adelante ETB-, el 16 de julio de 2007, por: I) suspender el servicio sin causa legal o contractual, debido a la inaplicación de pagos de sus usuarios; II) suspender el servicio no obstante encontrarse en trámite el reclamo de la usuaria Sandra Lorena Guzmán; III) abusar de su posición dominante al suspender injustificadamente el servicio por inaplicación de los pagos de los usuarios e imponerles requisitos adicionales a los contemplados en el contrato; y IV) cambiar unilateralmente el plan elegido por sus usuarios.
Señaló que ETB presentó descargos el 1° de agosto de 2007, y mediante Resolución N° 20083400006465 de 12 de marzo de 2008 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso sanción de multa a ETB en cuantía de trescientos cincuenta millones setecientos cuarenta mil pesos ($350’740.000).
Sostuvo que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, respecto de los cuales la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios profirió la Resolución N° 20083400037075 de 25 de agosto de 2008 confirmando la decisión sancionatoria y no concedió el recurso de apelación.
Agregó que ETB consignó el valor de la multa ($350’740.000), el 22 de septiembre de 2008, a la cuenta N° 31011110 del Banco BBVA a órdenes de la Dirección del Tesoro Nacional.
1. 3. Las normas violadas y el concepto de la violación
Constitución Política artículo 29.
Ley 142 de 1994 artículos 11, 81, 111, 113, 138, 152, 154 y 159.
Resolución 87 de 1997.
La parte actora en el concepto de violación aseguró que contra los actos administrativos proferidos por el Superintendente de Servicios Públicos Delegado para Telecomunicaciones procede el recurso de apelación, tal como lo señala el artículo 113 de la Ley 142 de 1994; así pues, con la decisión contenida en el acto sancionatorio primigenio, en el que se señaló que procedía únicamente el recurso de reposición, le fue obstaculizada la posibilidad de que el superior jerárquico del Superintendente Delegado realizara un pronunciamiento respecto de la sanción impuesta a ETB.
Indicó que en el presente asunto acaeció la caducidad de la potestad sancionadora, pues en virtud del artículo 111 de la Ley 142 de 1994, que regula los procedimiento administrativos para actos unilaterales, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuenta con 5 meses desde la primera citación para decidir sobre las actuaciones administrativas, so pena de entender que ha perdido competencia para tal efecto; resaltando que dentro de ésta premisa deben incluirse hasta los actos derivados de los procedimientos sancionatorios.
Sostuvo que la entidad demandada no puede ordenar reintegros a favor de los usuarios por incumplimiento contractual, pues ello no deviene de la potestad sancionadora, sino de una natural consecuencia de un incumplimiento contractual, siendo el usuario el único llamada a solicitarlo.
Afirmó que la Superintendencia no puede confundir el concepto de prestación de servicio público respecto de todas las obligaciones a cargo de ETB, sino únicamente respecto de la prestación del servicio de telefonía fija pública básica conmutada. En esa medida, no era procedente la imposición de la sanción por abuso de posición dominante, por establecer requisitos adicionales a los legales, o el cambio unilateral del plan tarifario.
Señaló que mediante los actos acusados se sancionó doblemente a ETB por el mismo hecho, estos es, por la suspensión del servicio: con lo cual se desconoce el principio del non bis in ídem, razón suficiente para disminuir el quantum de la sanción impuesta.
Aseguró que los actos acusados incurren en vicio de falsa motivación por cuanto señalan que ETB exigía el cumplimiento de requisitos adicionales a los señalados en la norma, para dar trámite a las solicitudes de retiro de sus usuarios en el servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada – en adelante TPBC-, precisando que sólo cuando se trataba de usuarios comerciales se solicita el certificado de representación legal, pues la decisión de dar por terminado el contrato puede afectar intereses de terceros, y este documento se exige al momento de realizar la suscripción, por lo que no puede entenderse como un requisito adicional, máxime cuando los usuarios comerciales actúan a través de su representante legal.
Agregó que la exigencia de solicitar la terminación del contrato de internet para atender la solicitud de terminación del de TPBC tiene como sustento el hecho de que el servicio de internet depende técnicamente del de la línea telefónica, por lo que al suspenderse primero el de TPBC indefectiblemente se suspendería el de internet, y se requiere certeza respecto de tal decisión por parte del suscriptor; razón por la que no puede tramitar en simultaneo la terminación unilateral de estos contratos.
Puso de presente los requisitos que exigía para dar por terminados los contratos con fundamento en los que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió investigación e impuso sanción a ETB, para demostrar que su actuar se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, razón que permiten evidenciar los argumentos expuestos en párrafos precedentes y que, a su juicio, son suficientes para acceder a las pretensiones de la demanda de la referencia, así:
QUIEN SOLICITA LA CANCELACIÓN
REQUISITOS EXIGIDOS
Suscriptor del TPBC
Estar al día en pagos.
Carta solicitando el trámite de cancelación del servicio.
Fotocopia del documento de identidad.
Usuario no suscriptor del TPBC
Estar al día en pagos.
Carta firmada por el suscriptor en la cual solicita el trámite de cancelación del servicio.
Fotocopia del documento de identidad del suscriptor.
En caso de no ser el suscriptor del servicio pero si el propietario del inmueble, debe cumplir los anteriores requisitos firmando la carta de solicitud con su nombre y anexando copia de su documento de identidad, allegando el certificado de tradición y libertad del inmueble con fecha de expedición no mayor a 30 días, a fin de acreditar su calidad de propietario del inmueble en el cual se encuentra instalado el servicio.
Suscriptor de TPBC no suscriptor del servicio de internet banda ancha
Estar al día en pagos
Haberse cancelado previamente el contrato de internet banda ancha (pues se trata de un servicio adicional que depende del servicio básico de telefonía)
Carta firmada por el suscriptor de TPBC en la cual solicita el trámite de cancelación de dicho servicio.
Fotocopia del documento de identidad del suscriptor.
Suscriptor del servicio de internet banda ancha (contrato con permanencia mínima) pero no suscriptor de TPBC
No puede solicitar la cancelación del servicio de TPBC
Únicamente puede solicitar la cancelación del servicio respecto del cual es suscriptor, es decir, internet banda ancha.
Suscriptor comercial (persona jurídica) del servicio de TPBC
Estar al día en pagos.
Carta solicitando el trámite de cancelación del servicio de TPBC.
Documento de identificación del representante legal
Certificado de existencia y representación legal de la empresa.
II. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
2.1. Por auto de 24 de septiembre de 2009 se admitió la demanda de la referencia, ordenando notificar del contenido de la misma a la Superintendencia de Servicios Publico Domiciliarios, al agente del Ministerio Público y, solicitó a la parte demandada aportar los antecedentes administrativos que originaron los actos demandados.
2.2. La contestación de la demanda.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de apoderad judicial, solicitó nieguen las pretensiones de la demanda de conformidad con los siguientes argumentos:
Sostuvo que los actos acusados se expidieron de conformidad con la normativa aplicable, enfatizando en que: I) no se vulneró el debido proceso o el derecho de defensa de la actora, al no conceder recurso de apelación contra la decisión que impuso la sanción, por cuanto se atendió el criterio jurisprudencial señalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para tal efecto; II) no operó la caducidad de la facultad sancionatoria comoquiera que, en ausencia de regulación por parte de la Ley 142 de 1994 se hace necesario acudir al CCA, que señala el término de 3 años para tal efecto, recalcando que los actos acusados se expidieron dentro de dicho margen temporal; III) La intervención del Estado es fundamental para la protección de los derechos de los consumidores; así pues, cuando se cobran sumas indebidas a los usuarios de determinado servicio cobra relevancia la intervención estatal; y IV) la imposición de la sanción se adecua a la conducta cometida a la luz de la interpretación y adecuación desplegada, de manera que no resulta de recibo el señalamiento de desproporcionalidad.
2.3. Alegatos de conclusión
Surtida la etapa probatoria, a la cual se dio apertura con auto de 25 de febrero de 2010, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
2.3.1. La parte actora reiteró, en líneas generales, los argumentos expuestos en su escrito de demanda.
2.3.2. La parte demandada se ratificó en que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho, por las razones expuestas en su escrito de contestación de demanda.
2.3.3. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.
III. LA SENTENCIA APELADA
La Sección Primera, Subsección “C”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en descongestión, negó las pretensiones de la demanda de conformidad con las siguientes consideraciones:
Indicó que contra los actos proferidos por un Superintendente Delegatario de Funciones, soló procederán los recursos que resultaran viables contra las decisiones del delegante, y comoquiera que el Superintendente Delegado en materia de Servicios Públicos no tiene superior jerárquico, contra las decisiones proferidas por este sólo procederá el recurso de reposición, tal como se señaló en el acto primigenio de los censurados, esto es, en la Resolución N° 20083400006465 de 12 de marzo de 2008; postura que encuentra soporte en la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado.
Aseguró que no se pretendía desconocer la especialidad de la Ley 142 de 1994 en materia de servicios públicos; sin embargo, en el caso de las modalidades de la administración, la delegación fue expresamente regulada por la Ley 489 de 1998, ley posterior que prevalece por temporalidad y especialidad respecto de la ley de servicios públicos domiciliarios.
Precisó que respecto al cómputo de la caducidad de la facultad sancionadora, consagrada en el artículo 38 del CCA, no existe postura unificada en el Consejo de Estado y, que existiendo tres opciones para proveer sobre el tema, adoptaba la tesis según la cual la caducidad de la facultad sancionatoria se configura cuando dentro de los tres (3) años se impone la sanción y esta queda debidamente ejecutoriada, es decir, que dentro de dicho término se resuelvan y notifiquen los actos que agotan la vía gubernativa.
Señaló que acudiendo a dicha tesis, procedía a verificar si en el asunto sub exámine se cumplía o no tal supuesto, aclarando que la fecha inicial para el cómputo de la facultad sancionatoria es, la última vez que la investigada incurrió en la conducta constitutiva de la infracción debidamente probada.
Concluyó que los actos acusados se profirieron dentro del término señalado en el artículo 38 del CCA, toda vez que las reclamaciones se radicaron el 15 de febrero y 2 de marzo de 2007, por hechos ocurridos en 2006 y 2007, a su turno los actos censurados quedaron ejecutoriados en septiembre de 2008, es decir, dentro de los 3 años de que trata la norma.
Agregó que la orden de reintegrar dineros no se erige como una sanción, sino como un derecho derivado de la inadecuada prestación del servicio público, conforme lo establece el artículo 137 de la Ley 142 de 1994.
Aseguró que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios goza de una discrecionalidad para sancionar frente al incumplimiento de los operadores y le es potestativo graduar la sanción dentro de un verdadero análisis de los hechos, y a la naturaleza de la infracción, los cuales verificó y dio por cumplidos respecto de los actos censurados.
Sostuvo que, contrario a lo señalado por la demandante, no se desconoció el principio de non bis in idem toda vez que los cargos imputados a la ETB no tienen el mismo fundamento fáctico, pues si bien se relacionan los hechos, las consecuencias generadas respecto de los usuarios fueron distintas, por lo que se hicieron imputaciones disímiles; la primera atinente a fallas del servicio comprobadas, y la segunda relativa al abuso de posición dominante derivado del incumplimiento de las funciones de realizar una prestación continua, eficiente y de buena calidad. Figuras que vulneran normativas diferentes, y que mal podría entenderse como doble juzgamiento por una misma conducta, pues como se señaló tiene soporte en fundamentos fácticos diferentes.
Dijo que el cargo de falsa motivación no tenía vocación de prosperidad, por cuanto de la lectura de los actos acusados se observa que estos guardan relación entre los fundamentos fácticos y jurídicos, a la luz de lo decidido, los cuales estuvieron precedidos de una actuación administrativa que era de conocimiento de la parte actora. Agregando que la resolución mediante la cual se resolvió el recurso de reposición se evidencia debidamente motivada.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a la totalidad de pretensiones de la demanda de conformidad con los siguientes argumentos:
Sostuvo que el artículo 113 de la Ley 142 de 1998 tiene aplicación preferente sobre el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, por cuanto la primera es una ley integradora de servicios públicos domiciliarios por mandato constitucional, mientras que la segunda se ocupa de reglamentar el régimen general de la delegación de funciones. Así las cosas, insiste en la vulneración a su derecho al debido proceso y a la defensa por no haber tramitado el recurso de apelación contra el acto inicial que impuso sanción.
Insistió en que, de conformidad con el artículo 111 de la Ley 142 de 1994, la facultad sancionatoria en materia de servicios públicos es de cinco (5) meses, por lo que el término de tres (3) años de que trata el CCA no resulta de recibo en el presente asunto.
Aseguró que exigir el certificado de existencia y representación legal de las sociedades que figuran como suscriptores comerciales, para verificar que quien solicita la terminación del contrato de servicios públicos se encuentre facultado para ello, no puede entenderse como una exigencia adicional a la señalada en la ley para proceder a dar por terminado el contrato en forma unilateral.
Agregó que la exigencia de dar por terminado primero el contrato de internet, para luego atender la solicitud de terminación del relativo a la prestación de TPBC no vulnera lo dispuesto en la ley, sino todo lo contrario, en tanto busca el consentimiento para dar por terminado un contrato cuya prestación depende de otros servicios, pues mal haría en suspender el de internet, que depende técnicamente del de telefonía, sin que el suscriptor del primero este enterado de la situación.
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1.- La parte actora, reiteró los argumentos expuestos en el proceso, haciendo especial énfasis en el recurso de apelación contra la sentencia.
5.2.- La parte demandada presentó escrito de alegatos de conclusión en forma extemporánea.
VI. CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos de Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 129 numeral 1º del CCA y, en cumplimiento al Acuerdo Nº 357 de 5 de diciembre de 2017 celebrado entre las Secciones Quinta y Primera ante la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta de la Corporación es competente para proferir la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia, en tanto ha sido remitido dentro del acuerdo de descongestión por la Sección Primera.
7.2. Problema jurídico
Observa la Sala que el problema jurídico gira en torno a dilucidar si era procedente denegar las pretensiones de la demanda; en caso afirmativo se confirmará la sentencia apelada, y en caso negativo se procederá a revocar la sentencia impugnada para realizar el pronunciamiento que corresponda en derecho.
Para solucionar el problema jurídico, la Sala procederá a analizar los argumentos de los escritos de apelación, de cara a la decisión del a quo que se decantó por encontrar ajustados a derecho los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso sanción a ETB S.A. E.S.P.
Al efecto, se abordarán los siguientes derroteros: I) los actos acusados; II) procedencia del recurso de apelación contra las decisiones proferidas por el Superintendente Delegado para las Telecomunicaciones; III) caducidad de la facultad sancionatoria en materia de servicios públicos domiciliarios; IV) requisitos exigidos para dar por terminado el contrato de TPBC; y IV) el caso concreto.
7.2.1. Los actos acusados
7.2.1.1. Resolución N° SSPD – 20083400006465 del 12 de marzo de 2008.
“Por medio de la cual se sanciona a una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA TELECOMUNICACIONES
En ejercicio de las facultades conferidas por el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios, contenido en la Ley 142 de 1994, Decreto 990 de 2002, Resolución 000021 de enero 5 de 2005 y, CONSIDERANDO (…)
RESULEVE:
ARTICULO PRIMERO.- Imponer sanción consistente en MULTA a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP., a favor de la Nación, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($350’740.000), la cual se hará efectiva en el término de 10 DIAS hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP., a ejecutar la reparación de que trata el numeral 1 del artículo 137 de la Ley 142 de 1994, conforme lo expuesto en la parte motiva del primer y segundo cargo de la presente resolución. Una vez efectuada la reparación, la empresa dentro de los 5 días siguientes deberá remitir, a esta Superintendencia Delegada, las pruebas documentales que demuestren el cumplimiento de este numeral.
ARTÍCULO TERCERO. .- Notificar personalmente la presente Resolución a MARCELA EUGENIA DORIA GÓMEZ, en calidad de apoderada especial de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. o a quien haga sus veces, quien puede ser citada en la Carrera 8 No. 20-56 Piso 9 de la ciudad de Bogotá - D.C., haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta Resolución procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para Telecomunicaciones dentro de los cono (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
ARTÍCULO CUARTO- Una vez en firme la presente resolución, la sanción impuesta deberá ser consignada en efectivo o en cheque de gerencia. Para proceder al pago el prestador deberá obtener el formato de pago de sanciones disponible en el sitio WEB de la https://www.superservicios.gov.co/ bajo el canal Servicios a Empresas/formatos de pago. El prestador deberá acreditar el pago de la sanción dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo. La multa se debe pagar en efectivo o en cheque de gerencia en cualquiera de las instituciones financieras: Banco Agrario de Colombia, BBVA, BANCAFE".
ARTÍCULO QUINTO- La empresa deberá cancelar el valor de la multa establecida en la presente resolución conforme lo indica el numeral anterior y enviar constancia del cumplimiento, acompañada de las pruebas idóneas. Así mismo deberá enviar pruebas del cumplimiento en los términos señalados en el artículo segundo de este acto y en el plazo allí estipulado, a la Superintendencia Delegada para Telecomunicaciones, so pena de dar aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 del C.C.A.”
7.2.1.2. Resolución N° SSPD – 20083400037075 del 25 de agosto de 2008 no se transcribe por cuanto confirmó en su integridad la resolución que impuso sanción.
7.2.2. Procedencia del recurso de apelación contra las decisiones proferidas por el Superintendente Delegado para las Telecomunicaciones.
El a quo afirmó que la Superintendencia Delegada que profirió los actos demandados no violó el debido proceso por no haber concedido el recurso de apelación contra la Resolución N° SSPD – 20083400006465 del 12 de marzo de 2008, porque a la luz del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 ese recurso no procedía. Para arribar a esta conclusión, sostuvo que dicho acto administrativo fue expedido por una autoridad delegataria, razón por la que sólo podía atacarse con los medios procedentes contra los actos del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios delegante, es decir, a través del recurso de reposición.
Para controvertir el fundamento del fallo apelado, el censor insiste en que la norma aplicable a los recursos en procedimientos sancionatorias seguidos por la Superintendencia demandada es el artículo 113 de la Ley 142 de 1994 dado que es ésta la que tiene carácter especial por ser por mandato constitucional el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios por mandato constitucional; agregando que el artículo 13 de la Ley 489 de 1998 reconoció y avaló la existencia de procedimientos especiales.
En ese orden de ideas, la Sala considera necesario acudir al contenido de las disposiciones aludidas tanto en el fallo censurado como en el recurso de apelación, a efecto de establecer si era procedente o no el recurso de apelación invocado por el demandante.
Los artículos 113 y 186 de la Ley 142 de 1994 disponen:
“Artículo 113. Recursos contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones administrativas. Salvo esta Ley disponga otra cosa, contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los ministros, del Superintendente de Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación o publicación.
Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.
Durante el trámite de los recursos pueden completarse las pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar”.
(…)
Artículo 186. Concordancias y derogaciones. Para efectos del artículo 84 de la Constitución Política, esta Ley reglamenta de manera general las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta Ley; deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las leyes especiales que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto con otras leyes sobre tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de excepciones o derogaciones, no se entenderá que ella resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de modo preciso la norma de esta Ley objeto de excepción, modificación o derogatoria (…)
De otro lado, la Ley 489 de 1998 señala:
(…)
“ARTICULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley se aplica a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos y, en lo pertinente, a los particulares cuando cumplan funciones administrativas.” (Negrillas de la Sala)
(…)
“ARTÍCULO 12. RÉGIMEN DE LOS ACTOS DEL DELEGATARIO. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (…)” (Negrillas y subrayado de la Sala)
Artículo 13º.- Delegación del ejercicio de funciones presidenciales. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y en otras disposiciones especiales, el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamento administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado el ejercicio de las funciones a que se refieren los numerales 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 de la Constitución Política.
De la lectura de los artículos antes transcritos, la Sala advierte que el cargo del actor no está llamado a prosperar por cuanto les asiste razón a la entidad demandada y al tribunal a quo en cuanto a la improcedencia del recurso de apelación contra los actos proferidos por el Superintendente Delegado para Telecomunicaciones; para arribar a esta conclusión se observa que: I) la Ley 489 es posterior a la 142 y, en ella se señala que sus disposiciones aplican, entre otros, a quienes tienen a su cargo las prestación de servicios públicos; y II) contra los actos del delegatario proceden los mismos recursos que proceden respecto del delegante; ahora bien, teniendo en cuenta que la norma relativa a los servicios públicos señala que contra los actos del Superintendente Delegado de Servicios Públicos Domiciliarios sólo procede recurso de reposición, fuerza es concluir que contra los actos proferidos por su delegatario son susceptibles únicamente de dicho recurso. Al respecto, se considera necesario señalar que, en reciente jurisprudencia, ésta Sala de decisión realizó un pronunciamiento en iguales términos.
7.2.3. Caducidad de la facultad sancionatoria en materia de servicios públicos domiciliarios.
Según lo expuesto por la sentencia del Tribunal de origen los actos administrativos demandados fueron expedidos dentro del término legalmente señalado para el ejercicio de la potestad sancionatoria, esto es, dentro de los tres (3) años a que hace referencia el artículo 38 del CCA.
Por su parte el recurrente señala que la facultad sancionatoria, en materia de servicios públicos de cinco (5) meses, de allí que asegure que se incurrió en un error en la decisión adoptada por el juzgador de primera instancia.
En ese orden de ideas procede la Sala a analizar el contenido de los artículos 111 de la Ley 142 de 1994 y 38 del CCA., cuyo tenor literal es el siguiente:
DECRETO 01 DE 1984
“ARTÍCULO 38.Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.
LEY 142 DE 1994
“Artículo 111. Oportunidad para decidir. La decisión que ponga fin a las actuaciones administrativas deberá tomarse dentro de los cinco meses siguientes al día en el que se haya hecho la primera de las citaciones o publicaciones de que trata el artículo 108 de la presente Ley”.
La Sala evidencia que el recurrente confunde la figura de la potestad sancionatoria, respecto de su caducidad, con la oportunidad para decidir las actuaciones administrativas iniciadas por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, que como se dijo en párrafos precedentes el artículo 111 de la Ley 142 de 1994 señala que es de 5 meses, de allí que a su juicio se deba declararse la ocurrencia de la primera.
Al respecto, se considera necesario poner de presente que la jurisprudencia del Consejo de Estado en forma pacífica ha señalado que el término de la caducidad de la facultad sancionadora es de tres (3) años; sin embargo, en razón a las varias tesis respecto de los límites temporales para realizar su cómputo no se contaba con un criterio unificado. La anterior discusión fue superada mediante sentencia proferida por la Sala Plena de la Corporación, reiterada por su Sección Primera, en la que se dijo que “basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción”. Postura que no fue acogida por el Tribunal a quo en el fallo censurado.
De acuerdo con sus planteamientos fundamentales, la postura acogida permite una interpretación del artículo 38 CCA en virtud de la cual el término de tres años opera únicamente en relación con actuación administrativa principal, razón por la cual la sanción será válidamente impuesta si se expide y notifica el acto administrativo principal dentro de este lapso. Esto, en consideración a que es dicho acto el que pone fin al procedimiento, resolviendo de fondo el asunto, con independencia de que el debate pueda continuar eventualmente si el interesado decide hacer uso de los recursos en vía gubernativa. En definitiva, como ha recalcado la jurisprudencia de esta Corporación:
Es éste el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta (…) En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración. Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el acto. La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que se concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Esta posición fue acogida recientemente por el legislador, que en el inciso primero del artículo 52 del CPACA distingue con claridad que la caducidad de la facultad sancionatoria opera en tiempos distintos cuando se trata de resolver la actuación principal y cuando se predica de los recursos en vía administrativa. Dispone esta norma lo siguiente:
Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.
No hay duda que la caducidad consagrada por el artículo 38 del CCA implica que dentro del término de tres años allí establecido debe expedirse y notificarse el acto sancionatorio, sin incluir en ese lapso la interposición de los recursos.
Ahora bien, el a quo advirtió que aun optando por las tesis más amplia, es decir, la que señala que los tres (3) años deben computarse entre la ocurrencia del hecho que dio origen a la investigación administrativa y la notificación del acto mediante el cual se resuelve el recurso de reposición, contra la decisión de imponer sanción, tesis contraria a la señalada por la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, no se advertía que se excediera el término de que trata el artículo 38 del CCA., conclusión que comparte ésta Sala de decisión y, que anticipa tiene la virtualidad suficiente de hacer que el cargo deba ser negado, por cuanto del material que obra en el expediente se encuentra que: I) las quejas que dieron inicio a las actuaciones que culminaron con la imposición de la sanción objeto de estudio se presentaron los días 15 de febrero y 2 de marzo de 2007, respecto de hechos ocurridos en los años 2006 y 2007; y II) la Resolución mediante la cual se impuso sanción se expidió el 12 de marzo de 2008, mientras que la resolución que resolvió el recurso de reposición contra la primera quedó ejecutoriada el 16 de septiembre de 2008.
De lo anterior se advierte que el ejercicio de la facultad sancionatoria fue empleado por la entidad demandada dentro del término señalado por el artículo 38 del CCCA, razón por el cargo de alzada carece de respaldo jurídico.
7.2.4. Requisitos exigidos para dar por terminado el contrato de TPBC
De conformidad con el artículo 138 de la Ley 142 de 1994 la terminación del contrato por parte del suscriptor o usuario, tendrá lugar cuando así lo convengan la empresa y los terceros que puedan resultar afectados.
A su turno, de las clausulas contenidas en los Contratos de Condiciones Uniformes se advierten como derechos de la ETB y como causales para dar por terminado el contrato las siguientes:
“CLAUSULA SEXTA.- DERECHOS DE ETB: son derechos de ETB los siguientes.
Exigir que el usuario o suscriptor se encuentre a paz y salvo por todo concepto, para atender cualquier trámite relacionado con la solicitud de nuevos servicios o con la suspensión voluntaria de algunos. (…)
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.- Terminación del contrato: el contrato se terminará por las siguientes causas:
La solicitud del SUSCRIPTOR o USUARIO que no desee más la prestación del servicio, realizada con por lo menos dos (2) meses de anticipación y siempre que se encuentre a paz y salvo por todo concepto con ETB”.
Al analizar lo anterior a la luz de los requisitos señalados por ETB en párrafos anteriores, en el cuadro elaborado por ella, se advierte que éstos llegan a ser desproporcionados respecto de quienes cuentan con el servicio de TBPC ofrecido por la mencionada empresa, y en forma adicional con el de internet banda ancha, en tanto ésta señala que no dará trámite en forma simultánea a solicitudes que versen respecto de la terminación de los dos contratos, pese a que a lo largo del proceso ha señalado que se trata de contratos autónomos.
Precisamente, resulta contrario a los intereses del suscriptor o usuario que deba esperar un periodo más de pago para poder dar por terminado su contrato de telefonía, aun cuando los dos servicios pudieron ser instalados al mismo tiempo; es acá donde se evidencia que ETB impone un requisito adicional a su suscriptor o usuario, pues no se entiende como se requiere un periodo adicional de facturación y pago al suscriptor o usuario para la verificación de datos que en estricto sentido deberían proceder en forma simultánea, carga que no debe soportar quien no tiene la intención de continuar con dichos servicios, máxime cuando la norma que regula la prestación de servicios públicos y los respectivos contratos señalan que para el efecto basta con el acuerdo de voluntades entre éstos y la empresa prestadora, supuesto que exige que el suscriptor o usuario demuestre estar a paz y salvo por todo concepto con ETB.
Como consecuencia de lo anterior, se advierte que el cargo propuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, tampoco tiene vocación de prosperidad. Así las cosas, continuando con el esquema trazado para la solución del asunto sub exámine, la Sala procederá a analizar el caso concreto.
7.2.5. El caso concreto
El asunto de la referencia se contrae a dilucidar si la sanción impuesta a la demandante por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se encuentra ajustada a derecho o no.
Para el efecto, se hace necesario analizar el contenido del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 que establece algunos criterios para la imposición de multas a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios por la Superintendencia del ramo, así:
“Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta:
81.1. Amonestación.
81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia.
Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11., las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. (…)
La norma transcrita pone de presente que los factores que se deben tener en cuenta para imponer y graduar las sanciones son, en general, la naturaleza y gravedad de la falta y respecto de las multas en particular los siguientes: 1) el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público; 2) al factor de reincidencia. 3) la prolongación de la infracción durante varios años.
A juicio de la Sala los actos acusados cumplieron los parámetros expuestos para imponer y dosificar la sanción, aunque no los señaló expresamente, para demostrarlo basta con examinar las resoluciones demandadas donde se describió de manera amplia y detallada la naturaleza de las infracciones en que incurrió la empresa demandante, la afectación del derecho de petición de los denunciantes amparado por el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y la existencia del factor de reincidencia de la empresa.
Como evidencia de ello se puede apreciar que se realizaron suspensiones de servicio que no contaban con el soporte fáctico para ello, mismas que en algunos casos superaron los quince (15) días sin contar tampoco con sustento en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley 142 de 1994, ni en lo estipulado en el Contrato de Condiciones Uniformes suscrito por cada uno de los suscriptores o usuarios.
Lo anterior se traduce en el incumplimiento de la ETB a su obligación como prestador del servicio público de telecomunicaciones, en forma continua y eficiente, situación que incide en forma directa en la satisfacción de las necesidades básicas de comunicación y los parámetros a que debe sujetarse los servicios que ofrece.
Adicionalmente, se observa que la exigencia consistente en solicitar al suscriptor comercial del servicio de TPBC el certificado de existencia y representación legal, para dar por terminado dicho contrato, desbordan los requisitos legales y contractuales para tal efecto, que itera la Sala apuntan al común acuerdo respecto de dicho procedimiento y a encontrarse a paz y salvo, por todo concepto, con la empresa.
Sumado a ello debe tenerse en cuenta que si para contratar dicho servicio con la ETB se requirió al suscriptor que aportara tal documento, corresponde a la empresa verificar que quien solicita la terminación del contrato sea quien lo suscribió y no como equivocadamente lo afirmó en la demanda, esto es, requerirlo para tramitar la terminación del contrato, pues ello no se encuentra estipulado en las cláusulas del contrato, especialmente la contenida en el artículo décimo sexta del contrato de condiciones uniformes, transcrita párrafos antes, entender lo contrario conllevaría a advertir el abuso de la posición dominante que ostenta la empresa respecto de sus suscriptores o usuarios.
En cuanto al abuso de la posición dominante se evidencia que los actos acusados señalaron dos comportamientos como constitutivos de esta conducta, el primero de ello relativo a la suspensión del servicio por existencia de inconvenientes en sus sistema de facturación, carga que traslada al usuario, cuando la responsabilidad ha de ser únicamente de la prestadora del servicio; y el segundo en cuanto al trámite impartido a las solicitudes de retiro voluntario, respecto del cual ya se señaló que comportaba un exceso de requisitos adicionales para poder darlos por terminados.
En consecuencia, como los argumentos expuestos por el recurrente no tienen la virtualidad de enervar la presunción de acierto de la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda, se impone para la Sección Quinta confirmarla al haber desechado el argumento de alzada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sección Primera, Subsección “C”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 19 de noviembre de 2012.
Segundo.- DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez quede en ejecutoriada la presente providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
El 5 de diciembre de 2008 (fls. 31 a 88 del cuaderno N° 1 del expediente).
Folios 32 a 33 del cuaderno N° 1 del expediente.
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Por la cual la Comisión de regulación de Telecomunicaciones “regula en forma integral los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) en Colombia.”
Folios 173 a 174 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 179 a 194 del cuaderno N° 1 del expediente.
Auto de 24 de mayo de 2012 (folio 314 del cuaderno N° 1 del expediente).
Folios 339 a 360 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 316 a 330 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 424 a 468 del cuaderno N° 1 del expediente.
Sentencia de 18 de agosto de 2011. M.P.: María Claudia Rojas Lasso. Rad.: 2002 00911 01.
Folios 645 a 661 del cuaderno N° 2 del expediente.
Folios 15 a 18 de este cuaderno.
Según la constancia secretarial que obra al respaldo del auto que corrió traslado para alegar de conclusión (folio 7 de este cuaderno) el término corrió entre los días 9 y 29 de abril de 2014, mientras que el escrito de alegatos de conclusión de segunda instancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue radicado el 3 de diciembre de 2014 (folios 19 a 33 de este cuaderno).
Sentencia de 12 de abril de 2018. M.P.: Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad.: 2008 00198. Demandante: ETB S.A. E.S.P.
Artículo 108. Período probatorio. Dentro del mes siguiente al día en que se haga la primera de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído a los interesados, si existen diferencias de información o de apreciación sobre aspectos que requieren conocimientos especializados, la autoridad decretará las pruebas a que haya lugar.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de septiembre de 2009. Rad. No. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S). C.P.: Susana Buitrago Valencia.
Cfr. las sentencias del 26 de noviembre de 2009, Rad. 25000 23 24 000 2004 00339 01. C.P.: Rafael Ostau de Lafont Pianeta; 9 de junio de 2011, Rad. 2004 00586 01. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno; de 4 de agosto de 2011, Rad. No. 2003 01151 01. C.P.: María Claudia Rojas Lasso; 23 de febrero de 2012, Rad. No. 2004-00344-01. C.P.: María Elizabeth García González; y 14 de febrero de 2013, Rad. No. 25000 23 24 000 2003 91003 01. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de septiembre de 2009. Rad. No. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S). C.P.: Susana Buitrago Valencia.
Artículo 138. Suspensión de común acuerdo. Podrá suspenderse el servicio cuando lo solicite un suscriptor o usuario, si convienen en ello la empresa y los terceros que puedan resultar afectados. De la misma manera podrán las partes terminar el contrato.
Líneas telefónicas números: 4370847, 6931936, 6702615, 2247538, 2407765, 2698860, 2613852, 6179601 y 7140105 (Folio 120 del cuaderno N° 1 del expediente.
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