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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2009-00181-01

Permiso de instalación de torres, mástiles y antenas en zonas de reserva ambiental: compensación ambiental

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
María Elizabeth García González
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2009-00181-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A CONFÍRMASE la sentencia de 27 de octubre de 2011, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “A”, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2009-00181-01

Consejero ponente: María Elizabeth García González

12 de julio de 2018

COMPETENCIA DE ALCALDE – Para autorizar la instalación de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones /

[E]l Decreto acusado fue dictado previa autorización al Alcalde Municipal para expedir la reglamentación en esta materia y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo 015 de 2008, en cuanto el Concejo Municipal dispuso: “El Alcalde Municipal reglamentará lo concerniente a la instalación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía celular y las estaciones de radiodifusión (am. fm. Y tv) y telecomunicaciones en el municipio de Zipacón”. Esta habilitación representa el sustento de la competencia ejercida por el Alcalde Municipal de Zipacón y, contrario a lo alegado por la asociación accionante, constituye sin lugar a duda, el ejercicio de una facultad asignada a nivel local a los entes territoriales según el artículo 17 del Decreto Ley 1900 de 1990, con el fin de que éstos se procuren en su organización territorial, el desarrollo normativo local frente a los permisos de instalación de mástiles, torres y antenas en su territorio. Tales permisos y licencias están asociados a la garantía y la preservación de las áreas declaradas reserva y/o de protección ambiental, en virtud de las determinaciones que se hayan efectuado en el territorio por parte de la autoridad correspondiente. Entonces, queda demostrado que esta regulación se desarrolla en ejercicio de las competencias que autorizan a los entes territoriales procurarse sus normas en la materia, las cuales se adoptan con el fin de dirigir y administrar sus asuntos, en tanto que no de otra manera podrían regular las actividades que únicamente interesan en ese ámbito local y en cumplimiento de los deberes que le han sido señalados.

SANCIÓN DE MULTA A INFRACTOR – Por incumplimiento a las reglas de instalación de antenas, mástiles o torres para la prestación de servicios de telecomunicaciones en el municipio de Zipacón / COMPETENCIA DE ALCALDE – Para establecer sanciones por infracción a las reglas de instalación de antenas, mástiles o torres para la prestación de servicios de telecomunicaciones en el municipio / PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN MATERIA SANCIONATORIA – No vulneración

[D]ebe en primer lugar aclararse que en materia sancionatoria se aplica el principio de reserva de ley, entendido como aquella potestad privativa del legislador para regular una materia, por ser ésta una manifestación del principio de democracia y de división de los poderes, que implica por lo mismo, un límite a la potestad reglamentaria. Con esta precisión, en este caso, tal potestad no se vacía en la ley, en tanto el Congreso le atribuyó al reglamento el desarrollo de aspectos puntualmente definidos y prestablecidos, con el fin de lograr la debida aplicación y ejecución de la ley, que es precisamente el propósito de que los entes territoriales en su nivel se ocupen de dicha regulación. De todo lo anterior, se colige que no existe violación de las normas superiores invocadas toda vez que la fijación de las sanciones cuestionadas por el Decreto acusado fue prevista por la ley, la que, además, determinó bajo parámetros de límite máximo, el rango para la determinación de las multas, lo que demuestra que esta regulación se gobierna por el respeto a la norma superior. A tal conclusión se arriba, al acreditarse que el ejercicio de esta facultad sancionatoria también le fue autorizada a los entes territoriales de conformidad con las normas superiores analizadas, lo que justifica y ampara su desarrollo en el acto cuestionado.

PERMISO DE INSTALACIÓN DE TORRES, MÁSTILES Y ANTENAS EN ZONAS DE RESERVA AMBIENTAL – Compensación ambiental / COMPENSACIÓN AMBIENTAL – Fin restaurativo

La compensación ambiental prevista en el artículo sexto del Decreto cuestionado, no desconoce el artículo 48 de la Ley 388 de 1997, como lo alegó el apelante. Debe entenderse que la instalación de mástiles o torres y antenas no encaja con el fin de la aludida disposición citada como infringida, pues lo que reconoce la norma acusada es que dicha actividad (la instalación) está permitida, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos para obtener la licencia, se atienda a las reglas de uso del suelo y cuando sea ineludible, que deban ubicarse en zonas de patrimonio arquitectónico y zonas de reserva o alinderamiento ambiental, se suscriba un convenio de cooperación con el fin de compensar la afectación que se produzca. Entonces, si la ubicación de torres, mástiles y antenas de telecomunicaciones y estaciones radioeléctricas es indispensable en tales zonas, la administración municipal contempla una herramienta que equilibra la autorización que se confiere, a la previa suscripción de un convenio de cooperación, con el cual se busca mitigar y compensar la afectación que pueda producirse. Esta implementación responde a la posibilidad de autorización que prevé el esquema de ordenamiento territorial con el reconocimiento pleno de la necesidad de salvaguardar las condiciones ambientales que se alteren con dicho permiso. Al respecto, es oportuno identificar que las compensaciones ambientales se crean como una herramienta que tiene, no un fin lucrativo, sino restaurativo, en cuanto posibilita y persigue agregarle valor ambiental a una obra y con ello, reparar en gran medida las implicaciones que no pueden eludirse a causa o como consecuencia de una actividad humana o de tecnologías frente al medio ambiente.

FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 91 / LEY 99 DE 1993 / LEY 388 DE 1997 / DECRETO LEY 1900 DE 1990 / DECRETO 195 DE 2005 / RESOLUCIÓN 001645 DE 2005 / ACUERDO MUNICIPAL 015 DE 2008

NORMA DEMANDADA: DECRETO 034 DE 2008 (23 de junio) ALCALDÍA DE ZIPACÓN – ARTÍCULO 1 (No anulado) / DECRETO 034 DE 2008 (23 de junio) ALCALDÍA DE ZIPACÓN – ARTÍCULO 2 (No anulado) / DECRETO 034 DE 2008 (23 de junio) ALCALDÍA DE ZIPACÓN – ARTÍCULO 3 (No anulado) / DECRETO 034 DE 2008 (23 de junio) ALCALDÍA DE ZIPACÓN – ARTÍCULO 4 (No anulado) / DECRETO 034 DE 2008 (23 de junio) ALCALDÍA DE ZIPACÓN – ARTÍCULO 5 (No anulado) / DECRETO 034 DE 2008 (23 de junio) ALCALDÍA DE ZIPACÓN – ARTÍCULO 6 (No anulado) / DECRETO 034 DE 2008 (23 de junio) ALCALDÍA DE ZIPACÓN – ARTÍCULO 7 (No anulado) / DECRETO 034 DE 2008 (23 de junio) ALCALDÍA DE ZIPACÓN – ARTÍCULO 9 (No anulado)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00181-01

Actor: ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – ANDESCO

Demandado: MUNICIPIO DE ZIPACÓN

Referencia: Recurso de apelación contra la sentencia de 27 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la asociación demandante contra la sentencia de 27 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, que denegó las pretensiones de la acción de nulidad.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – ANDESCO, en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se declarara la nulidad de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 9° del Decreto 034 de 2008, dictado por el Alcalde del Municipio de Zipacón (Cundinamarca).

I.2. El actor fundó la demanda en el hecho de que el Alcalde del Municipio de Zipacón - Cundinamarca expidió el 23 de junio de 2008 el Decreto 034 “Por medio del cual se reglamenta lo concerniente a la instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones en el municipio de Zipacón Cundinamarca”.

Indicó que, luego de que fuera firmado dicho acto se publicó mediante bando municipal durante los días 24 y 25 de junio de 2008, según consta en la certificación ZIP/BGS Nº 805/08 de 14 de octubre de 2008.

Destacó de manera resumida el propósito de cada una de las disposiciones que demandó y que integran el Decreto accionado.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la asociación accionante invocó la violación de los artículos 121, 122, 123, 313, numerales 2º y 3º y 365 de la Constitución Política; 26 y 28 de la Ley 142 de 1994; 1º del Decreto 796 de 1999; 12, numeral 2 del Decreto 564 de 2006; 31, 84 y 85 de la Ley 99 de 1993; 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Decreto 1900 de 1990; 1º y 2º de la Ley 810 de 2003, y 17 y 48 de la Ley 388 de 1997.

Para fundamentar el alcance del concepto de violación formuló tres cargos: i) falta de competencia, ii) violación de normas superiores y iii) falsa motivación.

FALTA DE COMPETENCIA

Indicó la Asociación demandante que el Alcalde del Municipio de Zipacón – Cundinamarca usurpó la competencia exclusiva del Concejo de esa localidad, ya que es a esa Corporación a la que le corresponde regular el esquema de ordenamiento territorial y en esa medida aquel no podía definir normas concernientes con la clasificación de usos, el establecimiento de restricciones al uso del suelo, la inclusión de disposiciones y requisitos adicionales para el otorgamiento de licencias urbanísticas y/o de construcción, la formación de un régimen sancionatorio por infracciones urbanísticas, ambientales y/o de construcción no previstas en la Ley.

Señaló que, no es del resorte de la autoridad accionada crear obligaciones y restricciones a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones.

Sostuvo que, además usurpó las funciones conferidas al Ministerio de Comunicaciones, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Social y a las Corporaciones Autónomas Regionales, al asumir la reglamentación de aspectos que ya se encuentran regulados en normas superiores, en materia de telecomunicaciones, urbanismo y medio ambiente.

Indicó que, el Decreto cuestionado rebasó las facultades conferidas por el Acuerdo 015 de 2008 del Concejo Municipal en el que solo se le facultó para: i) suscribir contratos o convenios económicos y de cooperación que estime pertinentes, para facilitar las telecomunicaciones públicas y privadas, ii) Reglamentar lo concerniente a la instalación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y estaciones de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones en el Municipio, y iii) Requerir a los propietarios, poseedores o arrendatarios de construcciones, estaciones radioeléctricas, redes de telecomunicaciones, arreglo de antenas que se encuentren instaladas en zonas de reserva, para que den cumplimiento a lo allí previsto, en un término improrrogable de 6 meses.

VIOLACIÓN DE NORMAS SUPERIORES

Las razones por las cuales acusó trasgredidas las disposiciones constitucionales invocadas se compendian en los siguientes reproches:
En relación con los artículos 121, 122, 123 y 313 numerales 2º y 3º consideró que el Decreto acusado invocó normas que no le confieren facultades para expedir la reglamentación acusada.

Aseguró que se arrogó el reglamento de normas que no se encuentran previstas en el Acuerdo de ordenamiento territorial del Municipio, ni en el Plan de Desarrollo Municipal de Zipacón, y menos, frente a las que no medió ningún tipo de atribución conferida por el Concejo Municipal para tal efecto.

Señaló que, se desconocieron los artículos 365 Superior y 26 y 28 de la Ley 142 de 1994 en cuanto el Decreto afectó la eficiente prestación de los servicios públicos a cargo de las empresas que operan en dicho Municipio y estableció una limitación y prohibición que le impidió a las empresas de servicios públicos domiciliarios la instalación permanente de redes destinadas a la prestación de los servicios públicos y, también a la reparación y mantenimiento de las redes locales.

Alegó que, también se desconoció el artículo 26 de la Ley 142, en cuanto prevé que los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de las empresas de servicios públicos en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y demás bienes de uso público. Que las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar las licencias o permisos a las empresas de servicios públicos.

Aludió a que el Decreto acusado infringió el artículo 1º del Decreto 796 de 1999, en cuanto impuso restricciones que no están previstas en la prestación de los servicios a cargo de dichas empresas. Y en ese mismo sentido, alegó que se limitó el otorgamiento de licencias de obra y de funcionamiento de la infraestructura para las empresas de servicios públicos que operan en ese Municipio, en claro desconocimiento del artículo 12 numeral 2 del Decreto 564 de 2006.

Estimó que, el acto demandado desconoció que en los términos del artículo 31 de la Ley 99, ninguna autoridad municipal puede declarar una “reserva forestal”, sin usurpar la competencia que en tal sentido la Ley le confirió a las Corporaciones Autónomas Regionales.

En lo que corresponde a los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Decreto 1900 de 1990, aludió a que el desarrollo de un régimen sancionatorio consecuencia del incumplimiento de las disposiciones que prevé el Decreto acusado viola el principio de reserva de ley.

Alegó que, se desconoció el régimen punitivo en materia urbanística en tanto el acto cuestionado transgredió los artículos 1 y 2 de la Ley 810 de 2003, pues sobre esta materia existe restricción legal.

Así mismo, indicó que los parágrafos, tercero (numeral 2) y cuarto del artículo séptimo del acto acusado transgredieron los artículos 84 y 85 de la Ley 99 de 1993, porque establecen un régimen sancionatorio en materia ambiental, lo cual se aparta del previsto en dicha reglamentación y se aplica para el Municipio de Zipacón – Cundinamarca.

Afirmó que, se transgreden las siguientes disposiciones de la Ley 388 de 1997: i) el artículo 48, porque se crea una figura de compensación por afectación en detrimento de los derechos de los destinatarios de la norma, ii) el artículo 17 porque el Decreto acusado prevé una restricción al uso del suelo para la ubicación de mástiles, torres y antenas de telefonía móvil celular y estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones, que no está comprendida en el esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Zipacón – Cundinamarca.

FALSA MOTIVACIÓN

Hizo radicar este vicio en que los considerandos del Decreto acusado invocaron como fundamento los artículos 2º de la Constitución Política y 91 numeral 14 literal d) de la Ley 136, normas que no respaldan ni fundamentan la adopción de las disposiciones que se demandan, es decir, que se utilizaron para dar una apariencia de legalidad a dicho acto.

A pesar de que se invocaron como respaldo de la adopción de este reglamento, indicó que tales disposiciones no encuentran soporte para el ejercicio de la competencia que ejerció el Alcalde Municipal. Que el Decreto acusado no desarrolló facultades encomendadas como tampoco existe relación con la zona de reserva que se dice proteger, en tanto el Acuerdo 015 de 2008, no la estableció.

Que el acto acusado constituyó la realización de una facultad de facto que el Alcalde del Municipio de Zipacón – Cundinamarca, utilizó indebidamente.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 27 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, negó las pretensiones de nulidad invocadas. Los razonamientos expuestos pueden resumirse, así:

En relación con el cargo de incompetencia concluyó que no le asistía razón a la accionante.

Destacó que el marco fáctico del Decreto 034 de 23 de junio de 2008, se fundó en la autorización que le permite el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política para que el Alcalde celebre contratos y ejerza pro tempore, las precisas funciones que corresponden al Concejo, en concordancia con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 136.
Indicó que, en el asunto bajo examen, el Concejo Municipal de Zipacón – Cundinamarca profirió el Acuerdo 015 de 23 de junio de 2008 “por medio del cual se conceden unas facultades al señor alcalde municipal de Zipacón Cundinamarca, se reglamentan y se dictan otras disposiciones”. Que su propósito fue que el Gobierno Municipal reglamentara la utilización de los terrenos de propiedad privada localizados en zonas de reserva forestal y, que recuperara y mejorara la calidad de vida de la comunidad en donde se encuentren instaladas o puedan llegarse a instalar estaciones radioeléctricas, redes de telecomunicaciones o antenas.

Que el objeto de dicho Acuerdo descansó sobre la siguiente autorización:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al Alcalde Municipal de Zipacón para suscribir contratos o convenios económicos y de cooperación que estime pertinentes sin previa autorización del Concejo Municipal con el fin de facilitar las telecomunicaciones públicas o privadas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Alcalde Municipal reglamentará lo concerniente a la instalación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones en el Municipio de Zipacón Cundinamarca.

ARTÍCULO TERCERO: Se autoriza al señor Alcalde Municipal de Zipacón, para requerir a los propietarios, poseedores o arrendatarios de construcciones, Estaciones Radioeléctricas, Redes de Telecomunicaciones, Arreglo de Antenas o Antena que se encuentren instaladas en zonas de reserva forestal dentro del término improrrogable de transición de seis (6) meses para dar cumplimiento a lo aquí establecido. […]”

Indicó que el Concejo Municipal de Zipacón adoptó mediante Acuerdo 005 de 2000 el Esquema de Ordenamiento Territorial. Como sustento de la decisión transcribió las siguientes disposiciones:

“[…]CAPÍTULO II

DEFINICIONES

ARTÍCULO 5.- […] SUELO DE PROTECCIÓN: Estas están constituidas por zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases que por sus características geográficas, paisajistas o ambientales, o por formar parte de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de zonas de amenazas o riesgos no mitigables para la localización de asentamientos, tiene restringida la posibilidad de ubicarse.
[…]
ARTÍCULO 13.- SUELO DE PROTECCIÓN: Forman parte del suelo de protección los terrenos e inmuebles que se encuentran localizados dentro de los perímetros localizados en el plano Usos del Suelo Rural y urbano. Este suelo está constituido por los terrenos e inmuebles que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales tienen restricción de urbanizarse y edificarse, así como las áreas definidas como de alto riesgo para la localización de asentamientos por amenazas naturales o salubridad y las zonas de reserva para la localización de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios; igualmente los inmuebles declarados de patrimonio histórico, cultural y arquitectónico tal como se delimita en el plano Zonificación Zona Centro Zipacón. Igualmente forman parte de este suelo los terrenos e inmuebles delimitados en el plano Delimitación de Suelos, en zona rural.

La C.A.R. mediante el acuerdo número 43 de 1993 declaró y alinderó el Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales renovables del sector Salto del Tequendama – Cerro de Manjui en una extensión de 10.422 hectáreas y que comprende parte de los Municipios de Albán, Anolaima, Cachipay, Zipacón, Facatativa, Bojacá, Tena, San Antonio del Tequendama y Soacha. Por tanto el Municipio de Zipacón se compromete a formar parte de este Distrito el cual será regulado por las disposiciones de la Corporación.
[…]
ARTÍCULO 135.- ÁREAS DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS PÚBLICOS: Corresponden a las áreas previstas para la instalación de obras de infraestructura y prestación de servicios públicos. Se consideran las áreas ubicadas en la zona de la Planta de Tratamiento de Acueducto la Vereda Pueblo Viejo y la Planta de tratamiento de Aguas residuales en la vereda Rincón Santo.
Uso Principal: Cementerios, sistemas de tratamiento de agua potable, plaza de ferias y exposiciones.
Usos compatibles: Infraestructura necesaria para el establecimiento del uso principal.
Usos condicionados: Embales, infraestructura de saneamiento y sistemas de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, frigoríficos, terminales de transporte de pasajeros y polideportivos.
Usos prohibidos: Industria, minería, agropecuarios y vivienda.
[…] ARTÍCULO 157.- CERRO DE MANJUI: El cambio de uso del suelo en el cerro de Manjui para el establecimiento de infraestructura de telecomunicaciones, será autorizado por el municipio de Zipacón en concordancia con las leyes que regulan la materia.
[…].” (se resalta).

Afirmó que la Resolución 1596 de 2006 emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, adoptó el Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de los recursos naturales renovables del sector Salto del Tequendama - Cerro Majui.

Mediante dicho acto administrativo se estableció que el Municipio de Zipacón – Cundinamarca integra dicha delimitación, lo que obligó a que se adoptaran las medidas de conservación y protección de los recursos naturales renovables ahí previstas, así como los controles y limitaciones a las actividades que se realicen en esa área.

Con fundamento en estos antecedentes concluyó el a quo que la falta de competencia alegada no tiene asidero, pues el Alcalde de esa localidad tenía la atribución para emitir el acto acusado en razón a las precisas facultades de reglamentación en cuanto a la instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones en ese municipio.

Que dichas facultades no excedieron lo mandado por el Acuerdo 015 de 2008 pues éste lo facultó para reglamentar lo relacionado con los mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y estaciones de radiodifusión y telecomunicaciones.

Tampoco encontró que se hubiesen usurpado las funciones de otras autoridades. A tal conclusión llegó el Tribunal pues descartó que se hubiese arrogado competencias.

Que en el acto acusado no hubo una nueva clasificación de suelos, ni restricciones de uso del suelo, ni se incluyeron requisitos para el otorgamiento de licencias urbanísticas y/o de construcción, y mucho menos, la formación de un autónomo régimen sancionatorio, en tanto que lo allí delimitado constituyó para el Municipio de Zipacón el desarrollo de disposiciones del orden nacional, departamental y municipal que ya existían, que ameritaban su reglamentación por el Alcalde de la localidad, ante la ausencia de normatividad, específicamente, en lo que concierne a señalar los requisitos y los procedimientos a los que debían ajustarse los interesados, usuarios y concesionarios de las antenas y torres de telecomunicaciones en esa localidad.

En tales condiciones, no encontró probado el vicio de incompetencia.

En cuanto al segundo de los cargos, señaló que no halló probada la trasgresión de los artículos 121, 122, 123, 313 y 365 constitucionales, debido a que se acreditó que su actuar estuvo precedida del cumplimiento de sus atribuciones.

Señaló que, el entendimiento que ha de concedérsele al artículo 26 de la Ley 142 no prevé una libertad absoluta para las empresas prestadoras de servicios públicos. Que la actuación de las empresas de telecomunicaciones admite restricciones y exigencias que habilitan a que en el Municipio de Zipacón – Cundinamarca se reglamente la instalación de las antenas y torres de comunicaciones, y se regulen actuaciones de índole técnico en materia de telecomunicaciones.

En tales condiciones, estimó que no es de recibo el argumento consistente en que la entidad demandada solo quiere limitar el ejercicio comercial de tales empresas, pues su objeto fue el de reglamentar y ajustar la instalación de antenas y torres de telecomunicaciones en general y dentro del municipio.

Concluyó que, no se está prohibiendo o limitando el ejercicio de derecho alguno, sino lo que se hizo a través del Decreto acusado, fue reglamentar su ejercicio, así, cualquier empresa que cumpla con los requisitos y trámites allí contenidos puede acceder sin ninguna restricción, a instalar, modificar, remover, renovar, funcionar o ejercer cualquier otra acción sobre una antena, mástil o torre de telecomunicaciones, telefonía móvil celular y estaciones radioeléctricas de servicios de radiodifusión.

Explicó que, el hecho de que gran parte del territorio del Municipio de Zipacón – Cundinamarca haya sido declarado reserva forestal, justifica el que exista un mayor control de esas actividades por parte de la autoridad local.

Aclaró que, el Decreto acusado no creó un nuevo régimen sancionatorio en materia urbanística, por cuanto las disposiciones de esa naturaleza establecen que las sanciones allí previstas serán aplicables sin perjuicio de otras, lo que quiere decir que son complementarias a otras conductas constitutivas de sanción.

Que, para este caso, es claro que están dirigidas a una materia concreta como lo es, el incumplimiento de las normas que reglamentan la instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación y funcionamiento de mástiles y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en el referido Municipio. Así lo contempla el parágrafo tercero del artículo séptimo del demandado Decreto 034 de 2008.

Concluyó que, no se creó un nuevo régimen sancionatorio en materia urbanística, de telecomunicaciones y mucho menos ambiental. Sólo se reglamentaron las consecuencias de índole sancionatorio ante el incumplimiento de las disposiciones concernientes a la instalación de antenas y torres.

Al respecto, señaló que en este caso se debe aplicar el principio del rigor subsidiario, a través del cual, en tratándose de asuntos ambientales, existe la competencia concurrente entre el legislador y las autoridades locales para regular y reglamentar los aspectos relacionados con la protección del medio ambiente.

Que las sanciones y medidas previstas en el Decreto demandado están al margen de otros regímenes sancionatorios. El fundamento está radicado en que en el Municipio de Zipacón - Cundinamarca debe reglamentar la instalación de antenas y torres de comunicación y las consecuencias de dicho incumplimiento por la ausencia de reglamentación conlleva a un deterioro de la reserva forestal.
Concluyó que el Decreto acusado desarrolló el ordenamiento jurídico con un claro propósito de protección del medio ambiente.

En cuanto al vicio de falsa motivación, el Tribunal destacó que se presenta cuando la sustentación fáctica en que se apoya un acto administrativo no corresponde a la realidad.

Afirmó que no resulta admisible el reproche al artículo 2º Superior porque el sustento de las disposiciones demandadas recayó en la declaratoria de reserva forestal, situación que impone la protección del medio ambiente y, por ende, el ejercicio y garantía del derecho a gozar de un ambiente sano, fines que se realizan con el decreto acusado.

Precisamente, para el Tribunal la autoridad accionada ejerció su deber como autoridad administrativa de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades y, de ajustar y acatar la normatividad vigente, en lo que concierne a la instalación, modificación, remoción, ampliación, renovación y funcionamiento de torres y antenas de telecomunicaciones en general.

Aclaró que, el acto acusado no se funda en el Acuerdo núm. 015 de 2008 del Concejo Municipal de Zipacón, sino en el Acuerdo núm. 012 de 2008, que estableció zonas de reserva forestal.

Esta inexactitud la estimó suficiente para despachar desfavorablemente el reclamo y señaló que debió haberse acreditado la existencia del acto administrativo invocado y, además, allegarlo al proceso, en los términos de lo previsto en el artículo 141 del C.C.A.

El Tribunal concluyó que existieron verdaderos motivos fácticos y jurídicos en los que se soportó el acto administrativo. Que al no existir una reglamentación sobre la materia y ante la declaratoria de reserva forestal en el Municipio De Zipacón – Cundinamarca se hacía necesario que el Alcalde, en virtud de las atribuciones expresa y legalmente concedidas por el Concejo Municipal emitiera la reglamentación correspondiente, en procura de evitar actos ilegales, arbitrariedades y la sujeción de las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones al ordenamiento jurídico.

Que la reglamentación sobre instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación y funcionamiento de las antenas y mástiles de telecomunicaciones no constituye trasgresión ni limitación en el ejercicio de la actividad económica de tales empresas. Representa la vigilancia y seguimiento especial por parte de las autoridades de las actividades que se desarrollan en el Municipio de Zipacón - Cundinamarca debido a la declaratoria especial de reserva forestal.

Por todo lo expuesto, denegó las pretensiones de la demanda.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la asociación demandante fundó su inconformidad con la sentencia de 27 de octubre de 2011, en síntesis, así:

Cuestionó las conclusiones del fallo en cuanto a la competencia del Alcalde para expedir el acto acusado.

Estimó que ninguna competencia le asiste al Alcalde Municipal para expedir las normas sobre las materias de las que se ocupó. Insistió que tales atribuciones están restringidas al Concejo (nivel local) la Corporación Autónoma (nivel regional) Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y Ministerio del Medio Ambiente (nivel nacional).

Reiteró su posición de transgresión por la asunción de facultades que dice están restringidas por la materia, a este funcionario municipal. Que, en todo caso, y de entenderse que fueron delegadas, tal reglamentación excedió los asuntos que autorizó el Acuerdo núm. 15 de 2008.

Se opuso a la conclusión de no violación del Acuerdo y de la Ley 99, puesto que la declaratoria de una reserva forestal está atribuida a las Corporaciones Autónomas.

Que no es cierto que se hubiesen atendido aspectos sobre conservación de la naturaleza, toda vez que, aunque loable, a la motivación de protección al medio ambiente era necesario que le precediera la competencia que echa de menos.

Frente a la motivación en la que se fundó la autorización que confirió el Acuerdo núm. 015 de 2008 destacó que en este acto no se declaró una reserva forestal. Además, se opuso a la conclusión del fallo frente a una presunta imprecisión de la demanda respecto de la identificación del acuerdo invocado en la motivación del acto demandado. Que si se lee la transcripción del Decreto 034 de 2008 se advierte que se invoca el Acuerdo núm. 15 de 2008.

En cuanto al artículo 6° y sus parágrafos, los cuales contemplan sanciones, señaló: i) que en materia de comunicaciones éstas se encuentran en el Decreto 1900 de 1990 y son de reserva legal, ii) en temas urbanísticos dice que el legislador se ocupó de ello en las Leyes 810 de 2003 y 388 de 1997; y iii) en materia ambiental están desarrolladas por la ley 99 de 1993.

Que, en ese sentido, no son de recibo las afirmaciones respecto de la atribución de estas precisas y expresas facultades, en tanto insistió en que se usurparon competencias, porque:

Se cambió la clasificación de la actividad de instalación de mástiles, antenas de telefonía móvil celular y estaciones radioeléctricas, ya que según el Acuerdo 005 de 2000 son institucionales y no comerciales, como las clasifica el Decreto acusado.

No existe justificación para que se exigiera una licencia expedida por el Jefe Asesor de la Oficina de Planeación que demuestre el cumplimiento de los requisitos. Que esta reclamación es prueba clara de que se arrogaron competencias que no le estaban atribuidas.

Que la situación de compensación por afectación que contempla el Decreto acusado desconoce la Ley 388 de 1997.

Que la prohibición sobre la ubicación de mástiles y antenas en determinados sitios a los que se refiere el Decreto es una restricción no contemplada por las normas superiores.

Por último, señaló que esos requisitos que se piden en las licencias constituyen una extralimitación de competencias, en tanto superan el cumplimiento de exigencias únicas previstas por la ley.

Cuestionó la conclusión frente al ejercicio del principio de rigor subsidiario en aras de preservar el medio ambiente, pues, en su criterio, precisamente tiene límites en esta materia y no puede en forma desafortunada eludirse so pretexto de disfrazar un fin oscuro que pretende suplantar la ley, y justificar una falta de control que no puede confundirse con falta de reglamentación.
Respecto a la falsa motivación señaló que no es cierto que el acto acusado se refiera al Acuerdo 012 de 2008, pues según la copia que se entregó en virtud de una petición que elevó al ente accionado, corresponde al Acuerdo 015 de 2008 e insistió que los motivos de falsa motivación alegados en la demanda se encuentran probados.

IV.- ALEGATOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

El apelante presentó escrito de alegatos en el que insistió en las explicaciones expuestas en el recurso de apelación para impetrar la revocatoria del fallo de primera instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Este asunto se contrae a establecer si el acto administrativo cuestionado está viciado de nulidad por las causales que invocó la asociación demandante y que reiteró en su escrito de apelación.
V.1. El contenido del acto que se demandó es del siguiente tenor:

“[…] DECRETO No. 034 DE 2008
(junio 23 de 2008)

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LO CONCERNIENTE A LA INSTALACIÓN, MODIFICACIÓN, EXPANSIÓN, AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MÁSTILES O TORRES Y ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR Y LAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN (AM FM Y TV) Y TELECOMUNICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ZIPACÓN CUNDINAMARCA

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ZIPACÓN CUNDINAMARCA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, Y

CONSIDERANDO:

Que la Función Administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia, siempre en garantía del interés general.

Que la Constitución Nacional define en su artículo 2º, que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, además, facilitar la participación de todos (sic) las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que el Acuerdo N° 012 de 2008 del Honorable Concejo Municipal de Zipacón, estableció zonas de reserva forestal y que es competencia inherente a la Administración Municipal, la orientación del desarrollo territorial bajo su jurisdicción, así como la regulación, utilización, transformación y ocupación del espacio, en estrecha armonía con las políticas de desarrollo económico y social de la Nación, el Departamento, el municipio y el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.

Que las políticas y medio tendientes a lograr la conformación de una mejor y más eficiente estructura urbana y rural, hace que se deba exigir el adecuado control de toda actividad susceptible de causar impactos negativos.

Que el alcalde es la primera autoridad de policía en el municipio, y es su deber cumplir con la Constitución y la ley, por lo cual, la Constitución Política le otorga atribuciones especiales para conservar el orden público y dirigir la acción administrativa del municipio en beneficio de los intereses colectivos de sus habitantes.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del literal D del Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, es facultad de los alcaldes, distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos administrativos y los establecimientos públicos.

Que ante diversas solicitudes presentadas por empresas de telefonía móvil celular, de comunicaciones y de televisión para proceder a instalar antes que permitan ampliar la cobertura y calidad de este servicio desde el Municipio de Zipacón, se hace necesario expedir una reglamentación que responda a los intereses colectivos de los habitantes del Municipio.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO.- Esta reglamentación tiene por objeto, establecer una serie de condiciones a tener en cuenta para permitir la instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones, en conformidad con las disposiciones del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zipacón y del Decreto Nacional No. 195 de 2005.

ARTÍCULO SEGUNDO: NORMA GENERAL.- Los mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones y antena de telefonía móvil celular, se considera (sic) como una instalación especial diseñada para la transmisión y recepción de datos, imágenes, telefonía y comunicación, la que para los efectos del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio, será una actividad de carácter comercial, no obstante, podrá ser autorizada su instalación y/o ubicación dentro de la jurisdicción del Municipio.

ARTÍCULO TERCERO: DE LA LICENCIA.- Para la instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones, se requerirá la licencia respectiva debidamente expedida por el Jefe Asesor de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces, atendiendo los requisitos exigidos en el presente Decreto.

ARTÍCULO CUARTO: REQUISITOS.- Para conceder la respectiva licencia, el Jefe Asesor de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces deberá observar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Identificación del propietario y constructor responsable.
2. Un juegos (sic) de planos arquitectónicos en el que aparezca los mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones y antena de telefonía móvil celular a escala 1:50 o 1:100.
3. Poder debidamente otorgado cuando el solicitante sea diferente al propietario.
4. Certificado de paz y salvo, por concepto de impuesto predial del predio, expedido por el Jefe de la Tesorería Municipal o quien haga sus veces.
5. Determinación de la Corporación Autónoma Regional CAR, en donde se certifique, mediante estudio, que la instalación de la antena de telefonía móvil celular no ocasionará un impacto negativo en el entorno del sitio de su ubicación, si a ello hubiere lugar.
6. Copia de la Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica con la marca oficial de recibido del Ministerio de Comunicaciones.
7. Reconocimiento de la factibilidad estructural de la estructura, mediante un estudio técnico-estructural para cada caso, expedida por un ingeniero civil debidamente matriculado.
8. Programa y tipo de mantenimiento previsto para la antena.

ARTÍCULO QUINTO: ALTURA.- La altura de los mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones y antena de telefonía móvil será de competencia de la Aeronáutica Civil.

ARTÍCULO SEXTO: UBICACIÓN RESTRINGIDA.- Para zonas consideradas como patrimonio arquitectónico y zonas de reserva forestal, los mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones no podrán ubicarse, por lo que se considera indispensable que para su aprobación o autorización, previo cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 012 de junio de 2008 y el artículo cuarto (4) del presente Decreto, se suscriba convenio de cooperación con la Administración Municipal cuyo objeto es compensar la afectación que llegaré a causar el uso de las zonas de reserva forestal del Municipio de Zipacón.

ARTÍCULO SÉPTIMO: LEGALIZACIÓN DE LOS MÁSTILES O TORRES Y ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR Y LAS ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN (AM, FM Y TV) Y TELECOMUNICACIONES Y ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR.- Los propietarios, arrendatarios o poseedores de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones y antena de telefonía móvil celular que se encuentren instaladas o en funcionamiento y que cumplan con las disposiciones del presente Decreto, deberán solicitar su legalización dentro de un término de seis (6) meses posteriores a su publicación, so pena del desmonte de los mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones y antena de telefonía móvil en un término no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la determinación adoptada por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, una vez haya agotado el respectivo procedimiento administrativo, quien para el efecto, deberá atender de manera estricta las disposiciones contenidas en el Decreto Nacional No. 195 de 2005.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquier red, mástiles o torres, antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones que se instale, modifique, expanda, amplíe o se renueve sin autorización previa será considerado como clandestino y el Jefe Asesor de la Oficina de Planeación Municipal y las autoridades de policía procederán al desmonte, sin perjuicio de las sanciones de orden administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. Los elementos decomisados serán depositarios a órdenes del Ministerio de Comunicaciones, el cual les dará la destinación y el uso que fijen las normas pertinentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las violaciones a lo contenido en el presente Decreto darán lugar a la imposición de sanciones por parte de la Oficina Asesora del Interior o quien haga sus veces hasta por cien (100) salarios mínimos legales mensuales, caducidad del convenio de cooperación o cancelación de la licencia o autorización según la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión. Los operadores de servicios de telecomunicaciones deberán colaborar con la Oficina asesora del Interior o quien haga sus veces en la investigación de los hechos relacionados con posibles infracciones.

PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otros estatutos, constituyen infracciones específicas a la reglamentación concernientes a la instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones en el Municipio de Zipacón Cundinamarca” (sic) las siguientes:

1. El establecimiento, uso, explotación, ampliación, modificación o renovación de red, mástiles o torres, antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones sin la previa autorización de la Alcaldía Municipal.

2. La alteración de lo establecido en el convenio de cooperación suscrito con la Administración Municipal cuyo objeto es compensar la afectación que llegaré (sic) a causar el uso a las zonas de reserva forestal del Municipio de Zipacón y que permita el establecimiento, uso, explotación, ampliación, modificación o renovación de red, mástiles o torres, antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones sin la previa autorización de la Alcaldía Municipal.

3. La alteración de las características técnicas las cuales sirvieron de fundamento para la expedición de la licencia o permiso por parte de la Oficina Asesora de planeación municipal.

4. La conexión de otras torres o antenas de telecomunicaciones distintas a las autorizadas por la Alcaldía Municipal de Zipacón, sin autorización o en forma distinta a la autorizada o a lo previsto en el presente Decreto.

5. La conducta dolosa negligente que permita el uso, explotación, ampliación, modificación o renovación de red, mástiles o torres, antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones sin la previa autorización de la Alcaldía Municipal.

16 (sic). Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales establecidas en el presente contrato.

PARÁGRAFO CUARTO: La persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo anterior será sancionada con multa hasta por el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, revocación del permiso, caducidad del convenio o cooperación o cancelación de la licencia o autorización, según la gravedad de la falta y la reincidencia en su comisión.

PARÁGRAFO QUINTO: Por las infracciones que se comentan en materia de instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones en el Municipio de Zipacón Cundinamarca, además del autor de las mismas, responderá el titular de la concesión, permiso o autorización del respectivo servicio o actividad, por acción u omisión en relación con aquellas.

PARÁGRAFO SEXTO: El procedimiento aplicable para la imposición de la sanción será el previsto en el Libro Primero del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO (sic): DE LA NO UBICACIÓN.- No se podrá autorizar la ubicación de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión 8am, fm y tv) y telecomunicaciones, sobre las siguientes zonas:

Retiro de frente o ante-jardín.
Zonas o corredores viales.
Zonas de plazas o parques.
Sobre los bienes de uso público o colectivo. […]”.

V.2. De la lectura del acto que se cuestiona y teniendo en consideración los cargos que analizó el Tribunal a quo y la oposición que respecto de la decisión planteó la asociación recurrente al fallo denegatorio de las pretensiones, se tiene que los problemas jurídicos que corresponde examinar en esta instancia, con el propósito de pronunciarse sobre las cuestiones en las que insistió la apelante radican en resolver tres (3) argumentos principales: i) la competencia del Alcalde del Municipio de Zipacón para expedir la reglamentación sobre la instalación y mantenimiento en las zonas de su municipio de mástiles, torres y antenas de transmisión de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, ii) la violación de normas superiores, específicamente en relación con: a) la fijación de sanciones y el desconocimiento del principio de reserva legal b) la calificación de la actividad comercial para la autorización del uso del suelo, c) la licencia y la autoridad competente, d) la compensación ambiental exigida en zonas de reserva ambiental y e) la aplicación del principio del rigor subsidiario y iii) la falsa motivación que se predica del acto porque las normas que se invocaron para el ejercicio de esta competencia no la justifican.

Con el fin de abordar los cuestionamientos que informan este recurso, la Sala precisa lo siguiente:

¿EXISTE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL DE ZIPACÓN PARA DICTAR LA REGLAMENTACIÓN QUE SE CUESTIONA?

La asociación apelante afirma que el Alcalde Municipal de Zipacón no contaba con la competencia para reglamentar lo concerniente a la instalación de mástiles, torres y antenas de telefonía móvil celular y radioeléctricas de radiodifusión.

Para establecer si el Alcalde Municipal estaba autorizado para dictar esta reglamentación, la que fundó en las atribuciones y facultades genéricas (legales y constitucionales), la Sala verificará las mismas y cuáles fueron los motivos expresos que manifestó para justificar dicha reglamentación. Los razonamientos que allí se esbozaron, fueron:

La realización de los fines del Estado en los términos del artículo 2° Superior.

El Acuerdo núm. 015 de 2008 del Concejo Municipal de Zipacón, estableció zonas de reserva forestal.

Le corresponde a la administración municipal la orientación del desarrollo territorial bajo su jurisdicción, así como la regulación, utilización, transformación y ocupación del espacio, en estrecha armonía con las políticas de desarrollo económico y social de la Nación, el Departamento, el Municipio y el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.

En su ejercicio como primera autoridad de policía en el municipio, es su deber cumplir con la Constitución y la ley. La Constitución Política le otorga atribuciones especiales para conservar el orden público y dirigir la acción administrativa del municipio en beneficio de los intereses colectivos de sus habitantes.

Según el numeral 14 del literal d) del Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, es facultad de los alcaldes, distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos administrativos y los establecimientos públicos.

Las empresas de telefonía móvil celular, de comunicaciones y de televisión han solicitado instalar antenas que permitan ampliar la cobertura y calidad de este servicio desde el Municipio de Zipacón, y se hace necesario expedir una reglamentación que responda a los intereses colectivos de los habitantes del mismo.

De acuerdo con estas afirmaciones, que son las que motivan el acto cuestionado, la Sala advierte que su propósito principal fue intervenir en la actividad regulatoria en materia de ordenamiento territorial y ambiental, que en el nivel local y en principio, corresponde a los concejos municipales, de conformidad con el artículo 313 Superior.

En desarrollo de estos objetivos y en ejercicio de su autonomía, a esas Corporaciones administrativas municipales les incumbe entre otros: i) promover el ordenamiento de su territorio, ii) el uso equitativo y racional del suelo, iii) la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial, iv) la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo y v) la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.

De modo que una primera conclusión respecto de la competencia para reglamentar en el nivel territorial las materias de que trata el acto acusado es que a estas entidades administrativas les está reconocida tal atribución.

Precisamente, en este orden territorial, los municipios deben procurarse las disposiciones que en su ámbito realicen de mejor manera el desarrollo de su comunidad, que atiendan sus necesidades y que cumplan los cometidos constitucionales y legales que les están fijados.

Entonces, de acuerdo con las competencias que le han sido atribuidas a las autoridades locales, para la Sala la regulación atacada bajo esta acción, relativa a la autorización e instalación de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones, encuentra asidero en las siguientes disposiciones que autorizan su adopción:

Norma
Atribución
Ley 99 de 1993
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”

“[…] Artículo 63.- Principios Normativos Generales. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y RIGOR SUBSIDIARIO definidos en el presente artículo. Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación. Principio de Gradación Normativa. En materia normativa las reglas que dicten las entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables respetarán el carácter superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. Las funciones en materia ambiental y de recursos naturales renovables, atribuidas por la Constitución Política a los Departamentos, Municipios y Distritos con régimen constitucional especial, se ejercerán con sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales. Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley. […]”
Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.”
ARTICULO 9o. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar en aplicación de la presente ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. […]”
ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 1.

Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales;
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica;
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales;
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente. 3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de influencia. 4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como las normas generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 128 de 1994 y la presente ley. Decreto - Ley 1900 de 1990 "Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines". Artículo 17. Para los efectos previstos en este Decreto, tampoco forman parte de la red de telecomunicaciones del Estado, las redes físicas de distribución para uso particular asociadas a estaciones terrenas que estén destinadas exclusivamente a la recepción de señales incidentales de televisión transmitidas por satélite. Estas redes no podrán atravesar el espacio público. LA INSTALACIÓN DE DICHAS ESTACIONES Y REDES ESTÁ SUJETA A PERMISO DEL MUNICIPIO RESPECTIVO. No se permitirá su operación comercial y su uso debe limitarse al disfrute privado del propietario o copropietarios. Estarán sometidas a las REGULACIONES urbanísticas y de planeación que establezcan las autoridades municipales. En el evento en que se verifique el incumplimiento de las disposiciones contempladas en este artículo, deberá aplicarse lo establecido en el artículo 10 de la Ley 72 de 1989. El permiso otorgado para el funcionamiento de estas estaciones no exime del cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Decreto.

Decreto 195 de 2005 (enero 31) “por el cual se adoptan límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones”. Artículo 8°. Prueba suficiente. Las entidades territoriales, en el procedimiento de autorización para la instalación de antenas y demás instalaciones radioeléctricas, en ejercicio de sus funciones de ordenamiento territorial, deberán admitir como prueba suficiente para el cumplimiento de dicho requisito, la copia de la Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica con la marca oficial de recibido del Ministerio de Comunicaciones. Parágrafo. Para la autorización de instalación de las antenas y demás instalaciones radioeléctricas, los municipios y distritos deberán tener en cuenta las disposiciones que en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables hayan expedido las autoridades ambientales conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y la compatibilidad con el uso del suelo definido en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial. Resolución Número 001645 de 29 de julio de 2005 “Por la cual se Reglamenta el Decreto 195 de 2005”
Artículo 1º. OBJETO: La presente Resolución, tiene por objeto reglamentar los Artículos 2, 3, 5, 15 y 17 del Decreto 195 de 2005, en cuanto a la definición de las Fuentes Inherentemente conformes, el Formato de Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica, el procedimiento de ayuda para definir el porcentaje de mitigación en el caso de la superación de los límites máximos de exposición, la metodología de medición para evaluar la conformidad de las Estaciones radioeléctricas y los parámetros para las fuentes radiantes con frecuencias menores a 300 MHz. Artículo 2º. MODELOS DE CATEGORÍAS DE ACCESIBILIDAD. Se adoptan por la presente Resolución los modelos de categorías de accesibilidad, en concordancia con la Recomendación de Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT-T K.52 "Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos":

CATEGORÍA DE ACCESIBILIDAD 1: Cuando la antena se encuentra instalada en una estructura (torre o mástil), inaccesible al público en general, el centro de radiación está ubicado a una altura h sobre el nivel del suelo (h > 3m). […]

CATEGORÍA DE ACCESIBILIDAD 2: Cuando la antena se encuentra instalada al nivel del suelo, el centro de radiación está a una altura h sobre el nivel del suelo y exista un edificio adyacente o una estructura accesible al público en general, a una distancia d, de la antena. […]

CATEGORÍA DE ACCESIBILIDAD 3a: Cuando la antena está instalada en una estructura (edificio) a una altura h (h > 3m) con respecto a la azotea, el único acceso admisible es para la zona ocupacional, que representa una geometría rectangular típicamente, y cuyos elementos radiantes pueden estar sostenidos por un mástil al borde de la estructura física. […]

CATEGORÍA DE ACCESIBILIDAD 3b: Cuando la antena está instalada en una torre encima de una estructura (edificio) a una altura h con respecto a la azotea del edificio. El único acceso admisible es para la zona ocupacional que representa una geometría circular típicamente. […]

CATEGORÍA DE ACCESIBILIDAD 4: Cuando el elemento radiante está instalado en un recinto cerrado donde el centro de radiación está a una altura h del suelo. Esta categoría aplica típicamente para redes LAN inalámbricas. El propósito de estos dispositivos es cubrir áreas confinadas por estructuras físicas. […]

Ahora bien, el Decreto acusado fue dictado previa autorización al Alcalde Municipal para expedir la reglamentación en esta materia y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo 015 de 2008, en cuanto el Concejo Municipal dispuso: “El Alcalde Municipal reglamentará lo concerniente a la instalación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía celular y las estaciones de radiodifusión (am. fm. Y tv) y telecomunicaciones en el municipio de Zipacón”.

Esta habilitación representa el sustento de la competencia ejercida por el Alcalde Municipal de Zipacón y, contrario a lo alegado por la asociación accionante, constituye sin lugar a duda, el ejercicio de una facultad asignada a nivel local a los entes territoriales según el artículo 17 del Decreto Ley 1900 de 1990, con el fin de que éstos se procuren en su organización territorial, el desarrollo normativo local frente a los permisos de instalación de mástiles, torres y antenas en su territorio.

Tales permisos y licencias están asociados a la garantía y la preservación de las áreas declaradas reserva y/o de protección ambiental, en virtud de las determinaciones que se hayan efectuado en el territorio por parte de la autoridad correspondiente.

Entonces, queda demostrado que esta regulación se desarrolla en ejercicio de las competencias que autorizan a los entes territoriales procurarse sus normas en la materia, las cuales se adoptan con el fin de dirigir y administrar sus asuntos, en tanto que no de otra manera podrían regular las actividades que únicamente interesan en ese ámbito local y en cumplimiento de los deberes que le han sido señalados.

De este modo, las autoridades administrativas de orden local están habilitadas por esos lineamientos normativos generales a los que se refirió esta Sala en el cuadro que antecede, para adoptar la regulación necesaria en el ejercicio de las facultades conferidas constitucional y legalmente y, teniendo en consideración las especiales circunstancias que se presentan en su localidad.

En este caso, está probado y no lo discute la asociación actora que existe una declaratoria de alinderamiento ambiental de protección para el manejo de los recursos naturales renovables del sector Salto del Tequendama - Cerro de Manjui, en una extensión que comprende, entre otros, el Municipio de Zipacón, del que se ocupó la CAR mediante Acuerdo 43 de 1993.

También que fue mediante Acuerdo núm. 005 de 2000 que el Concejo Municipal de Zipacón adoptó el Esquema de Ordenamiento de esa Localidad.

Asimismo, que mediante Resolución núm. 1596 de 2006, la CAR adoptó el Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables del Salto del Tequendama - Cerro Manjui. En éste se delimitaron las prácticas de aprovechamiento en dicha área y por zonas se conformaron las actividades permitidas, restringidas y prohibidas.

En dicho plan también se delimitaron los porcentajes del Distrito de Manejo Integrado - DMI para el Municipio de Zipacón, los que se identificaron por veredas y área de protección, según recomendación de la CAR.

También se aprecia de la prueba documental aportada, que el Acuerdo 015 de 2008, fundamento del Decreto acusado, alude a que mediante Acuerdo núm. 06 de marzo 8 de 2002 se establecieron algunas zonas de reserva forestal dentro de la jurisdicción del municipio de Zipacón.
De esta manera, son éstas las disposiciones que integran el régimen de ordenamiento territorial y ambiental, las que constituyen el fundamento para establecer las actividades permitidas en el suelo de ese municipio y que delimitan las condiciones en que se permite la instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones.

Entonces, queda claro que para la interpretación y aplicación del Decreto acusado han de considerarse las leyes del medio ambiente, de ordenamiento territorial y de telecomunicaciones, las disposiciones del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zipacón, el Decreto Nacional 195 de 2005 y aquellas de alinderamiento ambiental que declaran zonas de reserva y/o de protección ambiental, en cuanto se refieran a dicha localidad.

Para la Sala esas disposiciones de carácter general a las que se aludió, facultan, contrario a lo que invoca la asociación demandante, que: i) los municipios están autorizados para expedir esta regulación en conexión con sus atribuciones de ordenamiento territorial y protección ambiental, y ii) que es mandatorio tener en cuenta las disposiciones que en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables fueron expedidas por las autoridades ambientales y también aquellas relativas al uso del suelo definido en el respectivo Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial, pues es de ellas que se justifican o derivan los permisos de instalación que regula el acto acusado.

De esta manera, y atendiendo a las facultades constitucionales conferidas en los numerales 7° y 9° del artículo 313 de la Constitución Política, se concluye que a los concejos municipales les corresponde reglamentar los usos del suelo y las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

Aunado a estas potestades, la Carta Política autoriza al Concejo Municipal para que entregue transitoriamente dichas facultades al Alcalde, en virtud del numeral 3º del citado artículo 313 y confiera autorizaciones pro tempore que le permitan el ejercicio de tales potestades.
En este orden de ideas, con fundamento en estas disposiciones constitucionales y además en las legales y reglamentarias ya referidas, la Sala considera que la competencia de la que se valió el Alcalde de Zipacón para asumir la atribución de dictar el Decreto acusado sí se encuentra fundada.

No es acertado, como lo alega la apelante, que el acto cuestionado se haya ocupado de la declaratoria de una reserva forestal. Debe aclararse que el artículo 6° lo que señala es que en dichas áreas de reserva no podrán ubicarse o legalizarse mástiles o antenas, hecho que difiere de la alegación de la recurrente, pues una situación es que la declare y la otra, es que tal declaratoria preexistente, constituya un fundamento para negar, restringir o condicionar su ubicación, lo que de ningún modo representa una causal de incompetencia.

En este sentido, el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Zipacón define en el artículo 135 cuáles son las áreas de protección de infraestructura para servicios públicos, necesarias para la instalación y prestación de los mismos y también establece en el artículo 157 en relación con el Cerro Manjui, que “[…] el cambio del uso del suelo en el cerro de Manjui para el establecimiento de telecomunicaciones, será autorizado por el municipio de Zipacón en concordancia con las leyes que regulan la materia […]”.

Bajo estos razonamientos, queda demostrado que este primer planteamiento de apelación no resulta de recibo para revocar la decisión cuestionada y declarar la nulidad total del Decreto acusado, dado el vicio de incompetencia que se planteó.

¿EXISTE VIOLACIÓN DEL ORDENAMIENTO SUPERIOR CON LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ACUSADO?

La Sala para pronunciarse sobre las inconformidades de la apelación en relación con este cargo, plantea el siguiente interrogante:

2.A. ¿FIJÓ EL DECRETO ACUSADO UN REGIMÉN SANCIONATORIO? ¿EXISTE VIOLACION DEL PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL?

En lo que respecta a la determinación de si le asiste al Alcalde la potestad de señalar o fijar sanciones a través del Decreto cuestionado es preciso, previo a tomar una decisión, que se analice la normatividad general que regula la materia y se establezca si tiene competencia para ese fin, si hay una autorización para imponerlas o si, por el contrario, como lo alega la apelante, la autoridad administrativa de orden local se extralimitó en sus competencias.

En principio ha de reiterarse que el Alcalde estuvo autorizado por el Concejo al que le correspondía este desarrollo por determinación constitucional, para regular la materia en esa localidad.

Ahora, corresponde establecer si se afectó el principio de reserva legal para su fijación, como lo señala la parte actora o si las sanciones están previstas en la regulación legal general y si de ella es posible fundar la competencia de imposición que señala el Decreto acusado.

Para analizar este punto sobre la violación del ordenamiento superior, la Sala se ocupará en primer lugar de examinar si el incumplimiento sobre las reglas de instalación de antenas, mástiles o torres para la prestación de servicios de telecomunicaciones en el Municipio de Zipacón lo habilita para imponer multas a los infractores, como lo establece el acto acusado.
Las disposiciones que deben considerarse son del siguiente tenor:

Decreto 195 de 2005 (enero 31) “Por el cual se adopta límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones”.

“[…] Artículo 7°. Vigilancia y control. En ejercicio de las funciones de vigilancia y control y sin perjuicio de las funciones atribuidas a las entidades territoriales en relación con la ordenación y uso del suelo, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el marco de lo dispuesto en el Decreto-ley 1295 de 1994, el Decreto-ley 1900 de 1990, y la Ley 99 de 1993, impondrán las sanciones derivadas del incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto.

El Ministerio de Comunicaciones impondrá sanciones a quienes presten servicios y/o actividades de telecomunicaciones que no cumplan con las condiciones y límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, y con las demás obligaciones establecidas en el presente decreto, en los términos de lo establecido en el numeral 11 del artículo 52 y en el artículo 53 del Decreto-ley 1900 de 1990.
En materia de salud pública, corresponde a las entidades territoriales ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, para lo cual podrán aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones correspondientes, en virtud de lo establecido en los artículos 576 y siguientes de la Ley 9ª de 1979.
Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables conforme lo dispone el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, por parte de las autoridades ambientales. […]”.
Decreto ley 1900 de 1990 (agosto 19) "Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines".

“[…] Artículo 50. Cualquier red o servicio de telecomunicaciones que opere sin autorización previa será considerado como clandestino y EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES y las autoridades militares y de policía procederán a suspenderlo y a decomisar los equipos, sin perjuicio de las sanciones de orden administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes.
Los equipos decomisados serán depositados a órdenes del Ministerio de Comunicaciones, el cual les dará la destinación y el uso que fijen las normas pertinentes.
La anterior disposición se aplicará de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 72 de 1989.
Artículo 51. Las violaciones a las normas contenidas en el presente Decreto y sus reglamentos darán lugar a la imposición de sanciones por parte del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, salvo cuando esta facultad sancionatoria esté asignada por ley o reglamento a otra entidad pública.
Los operadores de servicios de telecomunicaciones deberán colaborar con el Ministerio de Comunicaciones o la entidad facultada para sancionar, en la investigación de los hechos relacionados con posibles infracciones.
Artículo 52. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otros estatutos, constituyen infracciones específicas al ordenamiento de las telecomunicaciones las siguientes:
1. El establecimiento, uso, explotación, ampliación, modificación o renovación de redes de telecomunicaciones sin la previa autorización del Ministerio de Comunicaciones
2. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios sin la correspondiente concesión o autorización, así como la utilización de frecuencias radioeléctricas sin permiso o en forma distinta de la permitida.
3. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios amparados por concesión o autorización que no correspondan al objeto o al contenido de éstas.
4. La conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones del Estado, sin autorización o en forma distinta a la autorizada o a lo previsto en el presente Decreto y en sus reglamentos.
5. La instalación, la utilización o la conexión a la red de telecomunicaciones del Estado, de equipos que no se ajusten a las normas fijadas por el Ministerio de Comunicaciones.
6. La producción de daños a la red de telecomunicaciones del Estado como consecuencia de conexiones o instalaciones no autorizadas.
7. La conducta dolosa negligente que ocasione daños, interferencias o perturbaciones en la red de telecomunicaciones del Estado en cualquiera de sus elementos o en su funcionamiento.
8. La alteración de las características técnicas de terminales homologados o la de sus signos de identificación.
9. La emisión de señales de identificación falsas o engañosas.
10. La violación o el desconocimiento de los derechos y deberes consagrados en este estatuto.
11. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones.
Artículo 53. La persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo anterior será sancionada con multa hasta por el equivalente a un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, suspensión de la actividad hasta por dos meses, revocación del permiso, caducidad del contrato o cancelación de la licencia o autorización, según la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión.
Artículo 54. Por las infracciones que se cometan en materia de telecomunicaciones, además del autor de las mismas, responderá el titular de la concesión, permiso o autorización del respectivo servicio o actividad, por acción u omisión en relación con aquellas.

El argumento esbozado por la asociación demandante se sustenta en que el ente territorial, en el ámbito de su competencia, no podía fijar sanciones pues éstas se encuentran asignadas a autoridades del orden nacional y en ese sentido no se puede vaciar dicha atribución mediante la creación y aplicación de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones y requisitos relativos con la instalación de mástiles, torres o antenas en el Municipio de Zipacón.

Las disposiciones que se cuestionan del Decreto acusado prevén:

Disposición demandada
Análisis comparado con las normas superiores
PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquier red, mástiles o torres, antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones que se instale, modifique, expanda, amplié (sic) o se renueve sin autorización previa será considerado como clandestino y el Jefe Asesor de la Oficina de Planeación Municipal y las autoridades de policía procederán al desmonte, sin perjuicio de las sanciones de orden administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. Los elementos decomisados serán depositados a órdenes del Ministerio de Comunicaciones, el cual les dará la destinación y el uso que fijen las normas pertinentes.Esta disposición reproduce la primera parte del artículo 50 del Decreto Ley 1900 de 1990, en cuanto califica que cualquier red o servicio de telecomunicaciones que opere sin autorización previa, será considerado clandestino.

En este ámbito territorial se le atribuye al Jefe Asesor de la Oficina de Planeación y a las autoridades de Policía su desmonte. Esta orden no riñe con la norma fundamento porque tal actuación se apareja con la orden de suspensión y decomiso de que trata el Decreto Ley 1900/90.

Tampoco con poner a órdenes del Ministerio de Comunicaciones los elementos decomisados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las violaciones a lo contenido en el presente Decreto darán lugar a la imposición de sanciones por parte de la Oficina Asesora del Interior o quien haga sus veces hasta por cien (100) salarios mínimos legales mensuales, caducidad del convenio de cooperación o cancelación de la licencia o autorización según la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión. Los operadores de servicios de telecomunicaciones deberán colaborar con la Oficina asesora del Interior o quien haga sus veces en la investigación de los hechos relacionados con posibles infracciones.
Esta disposición prevé: i) la fijación de una sanción ii) su valor y iii) la autoridad competente de imponerla.

El artículo 51 del Decreto Ley 1900 de 1990, señala que el desconocimiento de las disposiciones previstas en esa norma da lugar a la imposición de sanciones, es decir, que es la ley, la que fija las conductas objeto de prohibición.

El Decreto señala que la autoridad competente de imponer la sanción es en principio el Ministerio de Comunicaciones, pues reconoce que esta facultad también la ejercerá la entidad pública designada por Ley o Reglamento.

En esa medida, tal habilitación permite que la entidad territorial determine a quién facultar para la imposición de sanciones por desconocimiento de las normas que fija dicha reglamentación en ese ámbito. A esta conclusión se arriba en la medida en que les corresponde a los municipios conferir el permiso de instalación, lo cual justifica que tal competencia, para este caso, haya sido atribuida a la Oficina Asesora del Interior de esa Localidad.

En relación con su monto se aprecia que el valor de la multa fue fijado por el Artículo 53 del Decreto Ley 1900 de 1990 en hasta 1000 SMLMV. Este monto representa un tope máximo en la fijación del valor de las sanciones, lo que equivale a que, en este caso, el parámetro límite respecto de la cuantía se considere ajustado al principio de legalidad.
En materia sancionatoria administrativa estos topes máximos constituyen un criterio que autoriza que las infracciones sean impuestas bajo principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que oscilen en tales cuantías. Un menor valor dentro del límite autorizado de ningún modo representa desconocimiento de la norma superior.
PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otros estatutos, constituyen infracciones específicas a la reglamentación concernientes a la instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación y funcionamiento de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones en el Municipio de Zipacón Cundinamarca” (sic) las siguientes:

1. El establecimiento, uso, explotación, ampliación, modificación o renovación de red, mástiles o torres, antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones sin la previa autorización de la Alcaldía Municipal.

2. La alteración de lo establecido en el convenio de cooperación suscrito con la Administración Municipal cuyo objeto es compensar la afectación que llegaré (sic) a causar el uso a las zonas de reserva forestal del Municipio de Zipacón y que permita el establecimiento, uso, explotación, ampliación, modificación o renovación de red, mástiles o torres, antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones sin la previa autorización de la Alcaldía Municipal.

3. La alteración de las características técnicas las cuales sirvieron de fundamento para la expedición de la licencia o permiso por parte de la Oficina Asesora de planeación municipal.

4. La conexión de otras torres o antenas de telecomunicaciones distintas a las autorizadas por la Alcaldía Municipal de Zipacón, sin autorización o en forma distinta a la autorizada o a lo previsto en el presente Decreto.

5. La conducta dolosa negligente que permita el uso, explotación, ampliación, modificación o renovación de red, mástiles o torres, antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones sin la previa autorización de la Alcaldía Municipal.

16 (sic). Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales establecidas en el presente contrato.
Este parágrafo coincide con el contenido del artículo 52 de la Ley 1900 de 1990, en los numerales 1, 2, 3, 4 y 11. Su contenido se ajusta al objeto y materia regulada por el decreto.
De esta manera, se concluye que lo dispuesto en este parágrafo y en sus numerales 1, 3, 4, 5 y 6 tiene soporte legal y no riñe con las normas superiores.
En lo que respecta al numeral 2° el análisis correspondiente se abordara en otro acápite, atendiendo a la alegación que invoca la asociación apelante.

PARÁGRAFO CUARTO: La persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo (sic) anterior será sancionada con multa hasta por el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, revocación del permiso, caducidad del convenio o cooperación o cancelación de la licencia o autorización, según la gravedad de la falta y la reincidencia en su comisión.
En relación con el monto que se fija para las infracciones del parágrafo tercero, la Sala reitera que el monto se determinó en observancia de los topes máximos fijados por el artículo 53 del Decreto Ley 1900 de 1990.
Se aclara que en materia sancionatoria el criterio de límite máximo corresponde a un techo respecto de la cuantía en que puede moverse una sanción administrativa, atendiendo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben consultarse para su determinación y que representa el valor de ajuste al principio de legalidad.

De acuerdo con el anterior análisis, debe en primer lugar aclararse que en materia sancionatoria se aplica el principio de reserva de ley, entendido como aquella potestad privativa del legislador para regular una materia, por ser ésta una manifestación del principio de democracia y de división de los poderes, que implica por lo mismo, un límite a la potestad reglamentaria.

Con esta precisión, en este caso, tal potestad no se vacía en la ley, en tanto el Congreso le atribuyó al reglamento el desarrollo de aspectos puntualmente definidos y prestablecidos, con el fin de lograr la debida aplicación y ejecución de la ley, que es precisamente el propósito de que los entes territoriales en su nivel se ocupen de dicha regulación.

De todo lo anterior, se colige que no existe violación de las normas superiores invocadas toda vez que la fijación de las sanciones cuestionadas por el Decreto acusado fue prevista por la ley, la que, además, determinó bajo parámetros de límite máximo, el rango para la determinación de las multas, lo que demuestra que esta regulación se gobierna por el respeto a la norma superior.

A tal conclusión se arriba, al acreditarse que el ejercicio de esta facultad sancionatoria también le fue autorizada a los entes territoriales de conformidad con las normas superiores analizadas, lo que justifica y ampara su desarrollo en el acto cuestionado.

En lo que respecta a la alegación de ser una competencia exclusiva del Ministerio de Comunicaciones la imponer sanciones, la Sala debe acotar que solo aquellas de que trata el inciso segundo del artículo 7° del Decreto 195 de 2005 pueden ser decididas por dicha autoridad administrativa, en cuanto se ciñe únicamente a verificar el cumplimiento del régimen de telecomunicaciones en relación con las condiciones y límites de exposición de los campos electromagnéticos y sus consecuentes mediciones, conforme lo prevén los artículos 13 y 14 ibidem.

De la anterior precisión, y comoquiera que las sanciones de las que se ocupó el Decreto acusado no corresponden con la condiciones y límites de exposición de los campos electromagnéticos, sino con aspectos relativos a los permisos requeridos, uso de suelo, salud pública y medio ambiente, se concluye que las competencias asignadas a las autoridades administrativas son concurrentes, en la medida en que la ley determinó que fueran asumidas por los entes territoriales, conforme lo dispuso el acto cuestionado.

De este modo, frente a este argumento que constituye el reproche de la apelación respecto de la legalidad de las disposiciones contenidas en los cuatro parágrafos del artículo 7° del Decreto acusado, la Sala estima que por las razones que preceden no hay lugar a declarar su nulidad.

Otros aspectos de los que se debe ocupar la Sala, y que hacen parte del cargo principal denominado violación de normas superiores, descansan en los siguientes reproches:
2.B ¿EXISTE INFRACCIÓN A LAS NORMAS SUPERIORES POR LA CALIFICACIÓN DE ACTIVIDAD COMERCIAL A LA INSTALACION DE TORRES, MÁSTILES Y ANTENAS?

La apelación de la sentencia cuestiona la conclusión del a quo relativa a la actividad comercial que dijo habérsele endilgado a la instalación de antenas, torres o mástiles para la prestación del servicio de telecomunicaciones y radiofrecuencias. Señaló que el Decreto desconoce que dicha actividad es institucional y no comercial. En este sentido, el reclamo se limitó a la siguiente disposición, que a la letra dice:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: NORMA GENERAL.- Los mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones y antena de telefonía móvil celular, se considera (sic) como una instalación especial diseñada para la transmisión y recepción de datos, imágenes, telefonía y comunicación, la que para los efectos del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio, será una actividad de carácter comercial, no obstante, podrá ser autorizada su instalación y/o ubicación dentro de la jurisdicción del Municipio. […]”

La reclamación de la parte actora radica en que no puede dársele un contenido comercial a la instalación de estos artefactos, porque la prestación del servicio de telecomunicaciones está a cargo del Estado, de donde se deriva su carácter de institucional.

Para entender en qué medida la presunción que adopta el Municipio de Zipacón de tener como una actividad comercial la instalación de la torres, antenas o mástiles en los servicios de telecomunicaciones, a juicio de la apelante justifica su alegación como “institucional”, la Sala debe destacar que: i) la telefonía móvil celular es una especie de servicio de telecomunicación bajo el concepto de la Ley 37 de 1993 y el entendimiento que le dio la Corte Constitucional corresponde a la de un servicio público y ii) que dicho servicio está a cargo del Estado, el cual podrá prestarlo directa o indirectamente, dando cabida a la participación de los particulares y a la iniciativa privada.

Con esta precisión y de acuerdo con la norma objeto de examen, se tiene que el propósito de concederle el carácter de comercial a esta actividad tiene una justificación que recae en determinar el modelo de ocupación permitido y la compatibilidad con el uso del suelo. No se advierte que el propósito sea el desconocer el carácter de servicio público del mismo, sino de identificar esta necesidad de instalación de redes con el fin de autorizar su implementación e instalación.

Esta opción por la que transitó el Decreto acusado para generar un sentido de ordenamiento geográfico en el Municipio de Zipacón, conlleva el ejercicio consciente de que la instalación de estos artefactos para telefonía móvil y radiofrecuencia, comparado con la red de los demás servicios públicos, tiene condicionamientos propios debido a las estructuras que se requieren, y la regulación técnica sobre emisiones y accesibilidad, todo lo cual impone limitaciones propias de la zonificación, como lo consideró el legislador al facultar dicha reglamentación en cabeza de los entes territoriales.

Aceptar el argumento de la parte actora, en cuanto a que esta clase de infraestructura no puede tener ningún tipo de restricción por parte del ente territorial por tratarse de servicios públicos, desconocería la reglamentación que le autoriza a conceder permisos, previa verificación de los impactos que sobre el ordenamiento territorial y las zonas de reserva y alinderamiento ambiental deben valorarse.

Una compresión diferente también desconocería la regulación nacional que considera que las normas de ordenamiento territorial y las decisiones ambientales sobre el territorio son componentes necesarios para la instalación de torres, mástiles y antenas de telefonía móvil y estaciones radioeléctricas, en tanto estas disposiciones garantizan un aparejado y adecuado crecimiento y desarrollo municipal, que no solo debe favorecer la prestación del servicio que se habilitaría con dichas instalaciones sino el progreso integral y ordenado del territorio con prevalencia y garantía de un ambiente sano y protegido.

Todo lo anterior, para señalar que la disposición cuestionada no puede considerarse como una barrera normativa y de desarrollo del municipio, pues es evidente que, bajo las estrictas condiciones para autorregularse, y en observancia de los principios de supremacía constitucional y de legalidad, en aquellos asuntos que les son propios, está autorizados para acoger las políticas que respeten, optimicen y coordinen los usos del territorio con prevalencia de la protección del ambiente.

Una apertura en la instalación sin barreras de dichos artefactos como la que reclama la asociación apelante desconoce el propósito de la función pública que se cumple mediante el ordenamiento local y las acciones que la Ley 388 de 1997 le permiten adoptar a los entes territoriales con sujeción a la Constitución y a la ley, relativas con la clasificación del territorio, la localización de la infraestructura y los equipamientos que garanticen la prestación de este servicio.

Por las anteriores razones, no encuentra la Sala que los argumentos de la apelante impongan la declaratoria de nulidad que reclama.

2.C. ¿EL ENTE TERRITORIAL TENÍA COMPETENCIA PARA EXIGIR EN EL DECRETO ACUSADO, LA LICENCIA PARA LA INSTALACIÓN O MODIFICACION DE ANTENAS?

La exigencia que hace el acto acusado en su artículo 3°, relativa a que se obtenga una licencia a efectos de autorizar la instalación, modificación, ampliación, renovación y modificación de una antena de comunicación o mástiles en el municipio de Zipacón, no constituye la apropiación de competencias, conforme lo alegó la apelante.

La anterior conclusión, por cuanto el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, señala como requisito para la instalación de las estaciones radioeléctricas el que “se acredite el título habilitante para la prestación del servicio y/o actividad, bien sea la ley directamente, o licencia, permiso o contrato de concesión para la prestación de servicios y/o actividades de telecomunicaciones, según sea el caso”.

Esto representa, de acuerdo con la norma en comento, que necesariamente para la instalación de estaciones eléctricas de radiocomunicaciones deben acreditarse entre otros, no solo la licencia o permiso de operación sino aquella relativa con el permiso de urbanismo que corresponda.

Así las cosas, cuando dicha instalación implique obras de construcción, ampliación, modificación o demolición es necesario que se trámite la correspondiente licencia “ante los curadores urbanos y las Oficinas de Planeación de los Municipios y Distritos para las licencias de construcción y/o de ocupación del espacio público, en su caso, serán los únicos trámites para la instalación de Estaciones Radioeléctricas de Telecomunicaciones”.

De este modo, queda evidenciado que son las normas de orden superior en las que se fundó el decreto acusado, las que prevén esta exigencia de que se tramite la licencia urbanística y por lo mismo, el artículo 4° de este Decreto, en cuanto señala los requisitos para tal fin, guarda coherencia con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8° del Decreto 195 de 2005, que establece en qué condiciones pueden operar o autorizarse.

De otro parte, la apelante no determinó cuál de los requisitos fijados constituye una extralimitación sobre las exigencias únicas del ordenamiento general, lo cual impide establecer en qué medida se exceden aquellos previstos por el artículo 16 del Decreto 195 de 2005, pues está claro que, si bien la actividad es libre, está sujeta al cumplimiento de unos requisitos que fueron previamente definidos.

Al no estar acreditada la violación alegada, no hay lugar a declarar la nulidad invocada.

2.D. ¿ES LEGAL LA COMPENSACION AMBIENTAL EXIGIDA PARA EL PERMISO DE INSTALACIÓN DE TORRES, MÁSTILES Y ANTENAS EN ZONAS DE RESERVA AMBIENTAL?

La compensación ambiental prevista en el artículo sexto del Decreto cuestionado, no desconoce el artículo 48 de la Ley 388 de 1997, como lo alegó el apelante.
Debe entenderse que la instalación de mástiles o torres y antenas no encaja con el fin de la aludida disposición citada como infringida, pues lo que reconoce la norma acusada es que dicha actividad (la instalación) está permitida, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos para obtener la licencia, se atienda a las reglas de uso del suelo y cuando sea ineludible, que deban ubicarse en zonas de patrimonio arquitectónico y zonas de reserva o alinderamiento ambiental, se suscriba un convenio de cooperación con el fin de compensar la afectación que se produzca.

Entonces, si la ubicación de torres, mástiles y antenas de telecomunicaciones y estaciones radioeléctricas es indispensable en tales zonas, la administración municipal contempla una herramienta que equilibra la autorización que se confiere, a la previa suscripción de un convenio de cooperación, con el cual se busca mitigar y compensar la afectación que pueda producirse.

Esta implementación responde a la posibilidad de autorización que prevé el esquema de ordenamiento territorial con el reconocimiento pleno de la necesidad de salvaguardar las condiciones ambientales que se alteren con dicho permiso.

Al respecto, es oportuno identificar que las compensaciones ambientales se crean como una herramienta que tiene, no un fin lucrativo, sino restaurativo, en cuanto posibilita y persigue agregarle valor ambiental a una obra y con ello, reparar en gran medida las implicaciones que no pueden eludirse a causa o como consecuencia de una actividad humana o de tecnologías frente al medio ambiente.

Según el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, las medidas de compensación “son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados.”

Además, sobre este tema particular, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 0258 de 2018 “Por la cual se adopta la actualización del Manual de Compensaciones del Componente Biótico y se tomas otras determinaciones”.

Esto con el fin de delimitar las reglas que permiten obtener en mejor medida la aplicación de los recursos para restaurar el medio ambiente afectado o menguado por una intervención u obra.

En este orden de ideas y, comoquiera que este análisis no desvirtuó la legalidad cuestionada se procederá a confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

2.E ¿ES APLICABLE EL PRINCIPIO DEL RIGOR SUBSIDIARIO PARA EXPLICAR LA COMPETENCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EN LA MATERIA CUESTIONADA?

Finalmente, para despachar este cargo de violación directa de la ley, la asociación apelante alegó que en esta materia no era posible aplicar el principio de rigor subsidiario.

Al respecto, la Sala estima necesario aclarar, en primer lugar, que no es cierto que el acto acusado se haya expedido con el fin de disfrazar un fin oscuro, pues está probado que el tema exige de las autoridades locales la reglamentación para la instalación de las torres, mástiles y antenas para telecomunicaciones y estaciones radioeléctricas, en coordinación con las disposiciones ambientales, de ordenamiento territorial y de comunicación.

Dentro de estos aspectos, se advierte que el ámbito en el que desarrolla el principio de rigor subsidiario es el relativo a la protección del paisaje y del medio ambiente, conforme lo señala el artículo 313, numeral 9, de la Constitución Política, en armonía con el artículo 63 de la Ley 99 de 1993.

Corresponde dicho principio a esa habilitación conferida a los entes territoriales para expedir normas de carácter ambiental más rigurosas que las generales y con fundamento en ellas atender las necesidades locales.

El principio de rigor subsidiario tiene como dirección la priorización que el Estado se fija respecto de la protección, conservación y recuperación del entorno y el medio ambiente, objetivo que se cumple a través de la concurrencia y colaboración normativa que tienen las autoridades respecto de los temas de naturaleza ambiental y que habilita incluso que, en los niveles territoriales se regulen aspectos de esta materia con rangos de exigencia que no se contemplan a nivel nacional.

Este principio tiene sentido con ocasión de ese fin último de protección y garantía, pues no se lograría tal eficacia si no se asignaran herramientas normativas a los funcionarios de nivel local para adoptar regulaciones que propendan por su realización, en los asuntos ambientales específicos de su territorio.

Además, tal reconocimiento encuentra armonía y respaldo en el principio décimo primero de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo adoptado por la Organización de Naciones Unidas. Tal Principio señala:

“Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo. (….)“
Y es precisamente el principio de rigor subsidiario, el que permite que a nivel territorial se refleje en la adopción de las normas ese contexto ambiental, que implica en la mayoría de los casos, que se requiera una regulación específica. Algunas veces, debe contemplar restricciones o determinaciones puntuales ante la imposibilidad que tiene la norma general de abarcar todas las especiales situaciones de protección que un ecosistema o un territorio demandan para la conservación o la recuperación del medio ambiente, hecho que se traduce precisamente, en la adopción de normativa que esa efectiva para lograr dicho objetivo.

Es el artículo 1º de la Ley 99, la norma que acoge esta Declaración y sus principios, en los siguientes términos:

"Artículo 1o. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:

1.  El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (…)”

Es con fundamento en estos principios, respaldados además en el de rigor subsidiario, que el ejercicio de las funciones ambientales de la administración local, la habilitaban para delimitar y regular lo concerniente con las restricciones y los permisos de las instalaciones de antenas y mástiles de comunicación, según lo previsto en el decreto cuestionado, máxime si la razón de tal proceder se fundó en la delimitación y el alinderamiento de una reserva forestal o una zona de protección, que le imponen necesariamente a la administración la adopción de un reglamento efectivo para su protección y conservación.

De manera que este desarrollo normativo en ningún caso, y encontrándose de por medio la garantía del medio ambiente implica, como lo alegó la apelante, la extralimitación de las competencias asignadas a los entes territoriales, puesto que esas facultades encuentran fundamento en las competencias otorgadas bajo el principio de rigor subsidiario, aplicable en materia ambiental y con el propósito de preservar, promover, proteger y garantizar el medio de ambiente.

Sobre el aludido principio la Jurisprudencia Constitucional aclaró:

“[…] Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley […]”. (Subrayado fuera de texto).

¿EXISTIÓ FALSA MOTIVACIÓN AL EXPEDIRSE EL ACTO ACUSADO?

La falsa motivación como vicio de nulidad de los actos administrativos se presenta cuando las razones que se expresan como fuente de éstos, no son reales, no existen o están distorsionadas. Para acreditar esta causal le corresponde a quien la alega demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad.

Atendiendo a las explicaciones de la parte actora es evidente que los fundamentos del acto tienen coincidencia con el propósito de la normativa expedida.

No es cierto que las normas invocadas no respalden la actuación cumplida por cuanto los artículos 2° de la Constitución Política y 91.14 de la Ley 136 de 1994, además de justificar las funciones para las cuales se encomendó de manera pro tempore por el Concejo al Alcalde Municipal de Zipacón para expedir el acto de acuerdo con las normas superiores atrás analizadas, evidencian que el relato considerativo, aunque no fue el más completo, pues aludió de manera general a las atribuciones constitucionales y legales que fueron atrás comprobadas, explicó y justificó su actuar.
En un primer aspecto, se tiene que el llamado a la Ley 136/94 se explica en la medida en que el decreto analizado asignó competencias al jefe de la Oficina de Planeación y a la Oficina Asesora del Interior para que asumieran atribuciones relativas a la concesión del permiso y la imposición de las multas previstas.

De otra parte, la alusión del artículo 2° Constitucional no representa un error en la motivación en tanto lo consideró para indicar que a través de esa reglamentación se realizan los fines que le atribuye la norma superior y en específico, aquellas que le están asignadas en los artículos 311 y 315.1-3 de la Carta Política.

Bajo estas consideraciones, no le asiste razón a la parte actora, frente a la insistencia de este reclamo en tanto existe coherencia entre las disposiciones fundamento del acto acusado con su finalidad.

En este orden de ideas y, comoquiera que este análisis no desvirtuó la legalidad cuestionada se procederá a confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

CONFÍRMASE la sentencia de 27 de octubre de 2011, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “A”, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de julio de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”
“Por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 1504 de 1998.”
“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones.”
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”
“Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines.”
“Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.”
concordante con el artículo 12 numeral 2 del Decreto 564 de 2006
Según el artículo sexto del acto demandado. Artículo 6 del acto acusado.
“[…] Artículo 26. Permisos Municipales. En cada municipio, quienes prestan servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen. Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes. Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia. […]”
Con tal propósito solicitó la práctica de una inspección judicial denegada mediante auto del 17 de septiembre de 2012 (folios 7-8 del C. 2 del expediente)
Folios 12 a 32 del C. 2 del Expediente. Aunque en el expediente se encuentra dos copias del acto acusado y en una se lee en los considerandos que se trata del Acuerdo 015 (folio 4 del expediente) y en la otra, se advierte que se alude al Acuerdo 012 (folio 240 del expediente), lo representativo para el análisis del que se ocupa la Sala es que el Acuerdo 015 de 2008 fue aportado al expediente y que consultada la página web del municipio, el Acuerdo 012 de 2008 corresponde a aquel "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN - CUNDINAMARCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". Consultado en: http://www.zipacon-cundinamarca.gov.co/normatividad_vigente.shtml?apc=kaxx-2-&x=1784227. De esta manera, se entiende que el texto de dicho Decreto se refiere al Acuerdo 015 de 2008 que está conectado con el tema asunto de examen y además se aportó al proceso. El artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, previó que sin perjuicio del régimen de transición previsto en la citada Ley, quedan derogadas todas las disposiciones que le sean contrarias y, entre ellas el Decreto-ley 1900 de 1990, exclusivamente en cuanto haga referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulte contraria a las normas y principios contenidos en la nueva legislación.

Era el Decreto Ley 1900 el vigente para el momento de la expedición del acto cuestionado.

Vigente para la época de expedición del acto cuestionado. No se aportó al expediente. De este acto no se acompañó prueba al proceso.
“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: […] 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo. […]”
Folio 186 del expediente. Folio 195 del expediente.
“Artículo 52. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otros estatutos, constituyen infracciones específicas al ordenamiento de las telecomunicaciones las siguientes:
[…] 11. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones. […]”
“Artículo 53. La persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo anterior será sancionada con multa hasta por el equivalente a un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, suspensión de la actividad hasta por dos meses, revocación del permiso, caducidad del contrato o cancelación de la licencia o autorización, según la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión.”
“ARTÍCULO 85. El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas: 1) Sanciones:
a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;
b) Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización;
c) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión;
d) Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables;
e) Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos utilizados para cometer la infracción. 2) Medidas preventivas:
a) Amonestación verbal o escrita;
b) Decomiso preventivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos e implementos utilizados para cometer la infracción;
c) Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización;
d) Realización dentro de un término perentorio, los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas. PARÁGRAFO 1. El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la entidad responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados; PARÁGRAFO 2. Las sanciones establecidas por el presente artículo se aplicará sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar; PARÁGRAFO 3. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya; PARÁGRAFO 4. En el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las sanciones contempladas en los artículos 28, 29 y 35 de la Ley 47 de 1993, se aplicarán, sin perjuicio de las previstas en este artículo.” Este artículo fue subrogado por el artículo 40 de la Ley 3333 de 2009.

Subrayado Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-189 de 1994 . Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-189 de 1994 . Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-189 de 1994 . Sobre el particular la Corte Constitucional refirió: “El derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, suele no establecer una sanción para cada una de las infracciones administrativas que se presente, sino que se opta por establecer clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos criterios que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le permite tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto”. Sentencia C-710 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Según el artículo 16 de la Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”. El Ministerio de Comunicaciones se denominará en adelante Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Artículo 7°. Vigilancia y control. En ejercicio de las funciones de vigilancia y control y sin perjuicio de las funciones atribuidas a las entidades territoriales en relación con la ordenación y uso del suelo, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el marco de lo dispuesto en el Decreto-ley 1295 de 1994, el Decreto-ley 1900 de 1990, y la Ley 99 de 1993, impondrán las sanciones derivadas del incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto. El Ministerio de Comunicaciones impondrá sanciones a quienes presten servicios y/o actividades de telecomunicaciones que no cumplan con las condiciones y límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, y con las demás obligaciones establecidas en el presente decreto, en los términos de lo establecido en el numeral 11 del artículo 52 y en el artículo 53 del Decreto-ley 1900 de 1990. En materia de salud pública, corresponde a las entidades territoriales ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, para lo cual podrán aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones correspondientes, en virtud de lo establecido en los artículos 576 y siguientes de la Ley 9ª de 1979. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables conforme lo dispone el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, por parte de las autoridades ambientales.

“[…] Artículo 3º.- Prestación del servicio. El servicio de telefonía móvil celular estará a cargo de la Nación, quien lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de concesiones otorgadas mediante contratos a empresas estatales, sociedades privadas, o de naturaleza mixta en las que participen directa o indirectamente operadores de la telefonía fija o convencional en Colombia. Los contratos administrativos de concesión se adjudicarán previo el trámite de la licitación pública, de acuerdo con los requisitos, procedimientos, términos y demás disposiciones previstas en el Decreto Ley 222 de 1983 o las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen. En todo caso, para la licitación, concesión y operación del servicio se deberán observar los principios de igualdad y de acceso democrático. El acto de adjudicación tendrá lugar en audiencia pública.[…]”
“[…] DE LA LICENCIA.- Para la instalación, modificación, expansión, ampliación, renovación de mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones, se requerirá la licencia respectiva debidamente expedida por el Jefe Asesor de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces, atendiendo los requisitos exigidos en el presente Decreto. […]”
Parágrafo del artículo 16 del Decreto 195 de 2005.
“Artículo 8° […] Parágrafo. Para la autorización de instalación de las antenas y demás instalaciones radioeléctricas, los municipios y distritos deberán tener en cuenta las disposiciones que en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables hayan expedido las autoridades ambientales conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y la compatibilidad con el uso del suelo definido en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial.

Artículo 16. Requisitos únicos para la instalación de estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones. En adelante para la instalación de Estaciones Radioeléctricas para aquellos que operen infraestructura de telecomunicaciones, y para los trámites, que se surtan ante los diferentes entes territoriales, se deberá relacionar la siguiente información: 1. Acreditación del Título Habilitante para la prestación del servicio y/o actividad, bien sea la ley directamente, o licencia, permiso o contrato de concesión para la prestación de servicios y/o actividades de telecomunicaciones, según sea el caso. 2. Plano de localización e identificación del predio o predios por coordenadas oficiales del país, de acuerdo con las publicaciones cartográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y/o levantamientos topográficos certificados, indicando con precisión la elevación del terreno sobre el cual se instalará la estación, la ubicación, distribución y altura de las torres, antenas y demás elementos objeto de instalación y la localización de la señalización de diferenciación de zonas, todo ello mostrando claramente la dimensión y/o tamaño de las instalaciones. Adicionalmente, se debe incluir la relación de los predios colindantes con sus direcciones exactas y los estudios que acrediten la viabilidad de las obras civiles para la instalación de las torres soporte de antenas. Cuando sea necesario adelantar obras de construcción, ampliación, modificación o demolición de edificaciones, se deberá adjuntar la respectiva licencia de construcción expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente. 3. El prestador de servicios y/o actividades de telecomunicaciones debe presentar ante la entidad territorial correspondiente (distrito o municipio), dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su instalación copia, de la Declaración de Conformidad Emisión Radioeléctrica, DCER, con sello de recibido del Ministerio de Comunicaciones, que incluya la estación radioeléctrica a instalar. Parágrafo 1°. Los procedimientos que conforme a las normas vigentes deben surtirse ante el Ministerio de Comunicaciones, cuando se refiera al uso del espectro electromagnético; la Aeronáutica Civil de Colombia, en cuanto al permiso de instalación de Estaciones Radioeléctricas; el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o las Corporaciones Autónomas Regionales, cuando se requiera licencia, permiso u otra autorización de tipo ambiental; y ante los curadores urbanos y las Oficinas de Planeación de los Municipios y Distritos para las licencias de construcción y/o de ocupación del espacio público, en su caso, serán los únicos trámites para la instalación de Estaciones Radioeléctricas de Telecomunicaciones. Parágrafo 2°. Quienes presten servicios y/o actividades de telecomunicaciones, deberán ubicar las estaciones radioeléctricas, de acuerdo con los reglamentos aeronáuticos y demás normas expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC. ARTÍCULO SEXTO: UBICACIÓN RESTRINGIDA.- Para zonas consideradas como patrimonio arquitectónico y zonas de reserva forestal, los mástiles o torres y antenas de telefonía móvil celular y las estaciones radioeléctricas de los servicios de radiodifusión (am, fm y tv) y telecomunicaciones no podrán ubicarse, por lo que se considera indispensable que para su aprobación o autorización, previo cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 012 de junio de 2008 y el artículo cuarto (4) del presente Decreto, se suscriba convenio de cooperación con la Administración Municipal cuyo objeto es compensar la afectación que llegaré a causar el uso de las zonas de reserva forestal del Municipio de Zipacón. ARTICULO 48. COMPENSACION EN TRATAMIENTOS DE CONSERVACION.

Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten. Artículo 157. (fl. 195 del expediente)
artículo 3.2.2.1.1.1 Definiciones. Respecto de la condición normativa de esta Declaración la Corte Constitucional ha preciado. “Por otro lado, la Declaración de Rio de 1992 sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, pregona que la protección del medio ambiente debe constituir parte importante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Así, subraya la necesidad de que los procesos económicos adopten un carácter sustentable para el ambiente. En ese marco, los Estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra. En particular, dicha declaración indica que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos, al permitir informarse sobre las decisiones de las autoridades, intervenir de manera deliberada en ellas y facilitarles el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos que protejan de derechos y reconozcan el resarcimiento de daños. También resalta el papel del legislador en este campo, al señalar que los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre medio ambiente, normas que deben reflejar el contexto al que se aplican. Igualmente, reconoce el papel que los pueblos indígenas y sus comunidades locales desempeñan en la ordenación del medio ambiente, de modo que los Estados deben reconocer y apoyar su identidad, cultura e intereses y velar porque participen efectivamente en el logro del desarrollo sostenible. Así mismo, dicho instrumento pone de presente la necesidad de emprender una evaluación del impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad que haya de producir un efecto negativo en el medio ambiente. Los anteriores documentos internacionales, a pesar de ser Declaraciones y no Tratados Internacionales, han sido utilizados por la Sala Plena de la Corte Constitucional al momento de realizar el control abstracto de normas legales. Ejemplo de ello son las providencias C-528 de 1994, C-293 de 2002 y C-245 de 2004, fallos en los cuales se indicó que la protección de la diversidad e integridad del ambiente, así como la prevención y control de los factores de deterioro ambiental constituyen deberes del Estado, “en virtud de expreso mandato constitucional, se que armonizan con varios instrumentos de carácter internacional que consagran a su vez principios rectores y herramientas importantes para el cumplimiento de los citados propósitos” (…)”. Corte Constitucional C-048 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.

Esta disposición se declaró exequible en la sentencia C- 528 de 1994, en los siguientes términos: “No existe duda acerca del vigor jurídico, ni del carácter normativo de la parte acusada del artículo 1o. de la Ley 99 de 1993, así como de su capacidad para producir efectos jurídicos, pero bajo el entendido de que en ella se establecen unos principios y valores de rango legal, que sólo se aplican de modo indirecto y mediato, y para interpretar el sentido de las disposiciones de su misma jerarquía, y el de las inferiores cuando se expiden regulaciones reglamentarias o actos administrativos específicos; en este sentido se encuentra que la norma que se acusa está plenamente delimitada en cuanto al mencionado vigor indirecto y mediato dentro del ordenamiento jurídico al que pertenece, sin establecer conductas específicas y sin prever consecuencias determinadas, las cuales quedan condicionadas a la presencia de otros elementos normativos completos. Este tipo de disposiciones opera como pautas de interpretación y de organización del Estado, y no se utilizan como reglas específicas de solución de casos. La declaración a la que se hace referencia no es un instrumento internacional, ni es un documento que está abierto a la adhesión de los Estados o de los organismos internacionales o supranacionales, con el carácter de un instrumento internacional con fuerza vinculante; es una declaración producida por la Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se proclaman los mencionados principios. (…)” M.P. Fabio Morón Díaz. Corte Constitucional. Sentencia C-554 de 2007
De acuerdo con la Jurisprudencia de esta Sección, la falsa motivación del acto ocurre cuando: (i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública, (ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas, (iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y (iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Rad.: 250002324000200800265-01 C.P. María Claudia Rojas Lasso. ARTÍCULO 91. FUNCIONES. <Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: […]
d) En relación con la Administración Municipal: […]
14. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos administrativos y establecimientos públicos […]”.
“[…] ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. […]”
“[…] ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 2. […]
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. […]”

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