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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2009-00235-04

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2009-00235-04

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada ésta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2009-00235-04

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00235-04
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actores: VÍCTOR HUGO RAMOS CAMACHO Y OTRO

TESIS: LA PARTE ACTORA NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL AVALÚO OFICIAL QUE
REALIZÓ EL IDU, EN EL QUE SE FUNDAMENTARON LAS
RESOLUCIONES DE EXPROPIACIÓN ACUSADAS DE NULIDAD.
NO CUMPLIÓ CON LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL VALOR
COMERCIAL DEL INMUEBLE, CALCULADO POR EL AVALÚO
OFICIAL, ERA EQUIVOCADO E INCORRECTO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandante contra la sentencia de 10 de octubre de 2019,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección “A” 1 , por medio de la cual se inhibió de

pronunciarse respecto de las resoluciones núms. 1248, 1516 y

2463 de 2008, expedidas por la directora técnica de Predios del

Instituto de Desarrollo Urbano, IDU2; negó la excepción de falta de

legitimación en la causa por pasiva propuesta por la sociedad

1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante el IDU.

2

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TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.; negó las objeciones por error

grave formuladas por las partes; y negó las pretensiones de la

demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1.- Los señores VÍCTOR HUGO Y GILBERTO RAMOS

CAMACHO, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento

del derecho prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio

de 1997 3 , mediante apoderado, presentaron demanda contra el

IDU, la sociedad TERMINAL DEL TRANSPORTES S.A., en la que

formularon las siguientes pretensiones:

“[…] PRETENSIONES PRINCIPALES

[…] PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Se le de el
trámite como pretensión principal a la controversia del
precio indemnizatorio reconocido, para que se eleve el
valor correspondiente de la indemnización, (ART. 71 de la
Ley 388 de 1997) se disponga por parte del honorable
Tribunal lo establecido en el numeral 8 del artículo 71 de la
ley 388 de 1997 a favor de mis poderdantes señores
VÍCTOR HUGO y GILBERTO CAMACHO.

1. Que en la sentencia se ordene elevar el precio
indemnizatorio reconocido por el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO IDU Y A LA TERMINAL DE
TRANSPORTES S.A. de Bogotá, quienes deberán pagar a
los demandantes, a título de indemnización, por concepto
de expropiación administrativa, los valores que a
continuación se indican los (sic) que en su defecto se
acrediten dentro del proceso, a través de los peritos
designados, a saber:

3
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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-Por el cinco punto setenta y cinco por ciento (5.75%) del
derecho de dominio sobre la zona de terreno del inmueble
ubicado en la Calle 193 núm. 41-20 de la ciudad de Bogotá,
identificado con la cédula catastral UQ 2324, código Chip
AAA 142LODM y matrícula inmobiliaria 50N 867256, de
cuarenta mil (40.000) metros cuadrados de terreno la
suma de TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.910.000.000,oo) o lo que
en su defecto se acrediten dentro del proceso, a través de
peritos designados, a saber.

-Por concepto del valor del cinco punto setenta y cinco por
ciento (5.75%) del valor de las construcciones,
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO
PESOS M/L ($578.045,oo) o lo que en su defecto se
acrediten dentro del proceso, a través de peritos
designados, a saber.

2. Por concepto de lucro cesante, la suma de los intereses
moratorios variables a la tasa máxima legal permitida por
la Superintendencia Financiera desde el 20 de noviembre
de 2007 hasta que se haga el pago del valor completo de la
indemnización (Sentencia No. C-153- de 1994, M.P.: Dr.
Alejandro Martínez Caballero, Corte Constitucional).

PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Que se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Y A LA
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. de Bogotá al pago de las
costas del proceso.
[…]

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA: Que como
consecuencia del presente proceso se declare la nulidad de
las resoluciones núms. 1248 de 28 de abril de 2008; 1516
de 19 de mayo de 2008; 2463 de 18 de julio de 2008; 460
de 27 de febrero de 2009; 499 de 5 de marzo de 2009; y
658 de 17 de marzo de 2009, expedidas por la Directora
Técnica de Predios del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO de Bogotá DC, por medio las cuales se resolvió
disponer la expropiación por vía administrativa del cinco
punto setenta y cinco por ciento (5.75%) de CUARENTA
MIL METROS CUADRADOS (40.000 M2) y 99.66 M2 de
construcción, segregados del inmueble de propiedad de mis
poderdantes ubicado en la Calle 193 núm. 41-20 de la
ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral
2324, Chip AAA 142-LODM y matrícula inmobiliaria 50N-
867256, en un área de 176.000 M2 de terreno y de
construcción 99.96 M2 y se fijó como valor del precio

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indemnizatorio la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($194.682.280.oo), de acuerdo con lo señalado en la
Resolución NO. 460 de 27 de febrero de 2009.

1. Que como consecuencia de la declaración anterior de la
pretensión primera subsidiaria se disponga por parte del
Tribunal lo establecido en los literales a), b), c) y d) del
numeral 7 del artículo 71 de la Ley 388, a favor de mis
poderdantes señores VÍCTOR HUGO y GILBERTO RAMOS
CAMACHO, en proporción a sus derechos de cuota inscritos
en el folio de matrícula del inmueble expropiado.

2. Que se ordene la actualización de todas y cada una de
las pretensiones antes señaladas desde el momento en el
que se ha debido hacer el pago de cada una de ellas y
hasta la fecha en que el mismo pago tenga lugar. […]

PRETENSIÓN SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que se condene
al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Y A LA
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. de Bogotá al pago de las
costas del proceso.
[…]

PRETENSIÓN CONSECUENCIAL A LAS PRETENSIONES
PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS: Que sobre el monto de
cada una de las condenas se ordene el pago de intereses
moratorios a la tasa máxima permitida por la Ley. […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los

siguientes:

1º. Los actores son propietarios inscritos del 50% de los derechos

de cuota y poseedores del predio denominado “El Cangrejal”, globo

de terreno materia de la expropiación de 40.000 metros cuadrados,

ubicado en la Calle 193 núm. 41-20 de Bogotá, identificado con la

cédula catastral núm. UQ 2324, CHIP núm. AAA 0142-LODM y

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matrícula inmobiliaria núm. 50N-867256 de la Oficina de Registro

de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona norte.

2º. Los derechos de cuota de dominio y posesión del referido bien

fueron adquiridos por los demandantes a través de adjudicación

que hizo el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, en el

proceso ejecutivo hipotecario, según sentencia de 17 de mayo de

2005, protocolizada mediante escritura pública núm. 03024 de 2 de

agosto de 2005 de la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá,

debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos de esta ciudad.

3º. Que el lote de terreno “El Cangrejal” tiene un área aproximada

de 176.729 metros cuadrados.

4º. Mediante Decreto 359 de septiembre de 2005, el alcalde mayor

de Bogotá, en virtud del Acuerdo 15 de 1999 del Concejo de

Bogotá, que desarrolló la Ley 388, asignó la competencia al alcalde

mayor del Distrito Capital de Bogotá con el fin de declarar, para

todos los eventos, la existencia de condiciones de urgencia que

autoricen la expropiación por vía administrativa del derecho de

dominio y demás derechos reales que recaen sobre inmueble

ubicados en el Distrito Capital.

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5º. Que en el Acuerdo 119 de 2004 del Concejo de Bogotá, por el

cual se adoptó el “Plan de desarrollo social y de obras públicas,

Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la

exclusión” se tenía prevista la construcción de los terminales

interurbanos de transporte para los corredores norte y sur.

6º. El 10 de julio de 2006, la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA

INMOBILIARIA expidió el avalúo corporativo “CONTRATO TERMINAL

DE TRANSPORTES CPR-37272-2006”, en el cual determinó el valor

del metro cuadrado del terreno en $425.000 y la construcción a

$100.000, arrojando como resultado para la adquisición de 35.000

M2 de terreno y 99.66 M2 de construcción, un valor total de

$14.884.966.000.

7º. El 2 de agosto de 2006, la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ-

LONJA INMOBILIARIA, en la reunión de Comité de Avaluadores,

decidió que el valor de metro cuadrado para el inmueble citado es

de $400.000, por lo cual el 9 de agosto de 2006, la CÁMARA DE

PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA expidió el avalúo

CONTRATO TERMINAL DE TRANSPORTES CPR-37272 REVISIÓN, en

el cual formalizaron el valor de $400.000 por M2, arrojando un

valor total de $14.099.966.000 sobre 35.000 M2, que era lo que

inicialmente se pretendió expropiar.

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8º. Posteriormente, el 9 de agosto de 2006, la misma CÁMARA DE

PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA expidió el avalúo

CONTRATO TERMINAL DE TRANSPORTES CPR-37272 REVISIÓN, en

el que señaló que el valor comercial del metro cuadrado del predio

“El Cangrejal”, objeto de expropiación, es de $220.000 por metro

cuadrado, reduciendo el valor del predio a la suma de

$7.717.966.000.oo y finalmente, determinó que el valor del metro

cuadrado del predio a expropiar, según avalúo de 15 de diciembre

de 2006, expedido por la misma Cámara, es de $155.000 para

determinar la oferta de compra para la enajenación voluntaria en la

suma de $6.209.966.000.oo, por los 40.000 M2 y los 99.66 M2 de

construcción.

9º. El IDU, a través de la Resolución núm. 6974 de 19 de

diciembre de 2006, resolvió, entre otros aspectos, determinar la

adquisición de la zona de terreno definida mediante el

procedimiento de expropiación administrativa, con destino a la

construcción del terminal satélite del norte de transporte de

pasajeros de Bogotá D.C.; informó a los demandantes la posibilidad

de negociación directa, así como que el valor del precio

indemnizatorio era de $6.209.966.000, con base en el Informe

Técnico de Avalúo núm. 37272-2006 de 15 de diciembre de 2006

de la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA de

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Bogotá; y, finalmente, notificó por edicto el 24 de enero de 2007,

la oferta de compra de los derechos de cuota.

10º. A través de la Resolución núm. 924 de 16 de febrero de 2007,

el IDU modificó la núm. 6974 de 19 de diciembre de 2006, con el

objeto de dirigir también la oferta de compra a la señora JULIA

TORRES CALVO, propietaria inscrita del 25% de los derechos de

cuota.

11º. Que los actores, mediante oficio radicado el 23 de mayo de

2007, rechazaron la oferta de compra contenida en la Resolución

núm. 6974 de 2006.

12º. El IDU, mediante Resolución 2751 de 22 de junio de 2007,

notificada el 24 de julio de 2007, resolvió la expropiación por vía

administrativa del inmueble, señalando como precio indemnizatorio

la suma de $6.209.966.000; posteriormente, a través de la

Resolución núm. 3123 de 12 de julio de 2007, el IDU modificó la

Resolución núm. 2751 de 2007, en lo que respecta a la forma de

pago de la indemnización, para poner a disposición de los actores

el monto de la indemnización.

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13º. El 31 de julio de 2007, los actores interpusieron recurso de

reposición contra las resoluciones núms. 2751 de 22 de junio de

2007 y 3123 de 12 de julio de 2007, sin obtener respuesta de la

Administración, circunstancia que condujo a la configuración del

silencio administrativo positivo, protocolizado mediante escritura

pública núm. 01759 de 21 de agosto de 2007; y el 23 de agosto de

2007 solicitaron a la directora técnica de predios del IDU el

cumplimiento inmediato del acto administrativo que configuró el

silencio administrativo positivo; sin embargo, el IDU, a pesar de

haber perdido competencia para pronunciarse, expidió la

Resolución núm. 4242 de 6 de septiembre de 2007, por medio de

la cual se revocó un acto presunto, obtenido por el silencio

administrativo positivo.

14. El IDU expidió la Resolución núm. 4347 de 11 de septiembre

de 2007, por medio de la cual se resolvieron los recursos de

reposición interpuestos por los demandantes y se confirmaron las

resoluciones núms. 2751 de 22 de junio de 2007 y 3123 de 12 de

julio de 2007, por medio de las cuales se ordenó la expropiación

administrativa de una zona de terreno que se segrega del inmueble

ubicado en la Calle 193 núm. 41-20.

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15º. El IDU expidió la Resolución núm. 4444 de 18 de septiembre

de 2007, por medio de la cual modificó la Resolución núm. 3123 de

12 de julio de 2007.

16º. La sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES S.A., por orden del

IDU, mediante autorización de pago DRDP-800-698, realizó, entre

otros, los siguientes pagos: a GILBERTO RAMOS CAMACHO, un

cheque de gerencia, por valor de $1.379.291.007; a VÍCTOR

HUGO RAMOS CAMACHO, un cheque de gerencia, por la suma de

$1.418.891.007.

17º. El 28 de abril de 2008, el IDU expidió la Resolución núm.

1248 “Por la cual se modifica la Resolución núm. 2751 de 22 de

junio de 2007, por la cual se ordena una expropiación por vía

administrativa”, para adquirir el 5.75% del derecho de dominio del

predio denominado “El Cangrejal”, perdiendo firmeza los actos

administrativos que permitieron la anotación núm. 31 en la

matrícula núm. 50N-867256, que registró la expropiación por vía

administrativa del 94.25%, vinculados a una zona de terreno de

40.000 metros cuadrados.

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18º. El 14 de mayo de 2008 se interpuso recurso de reposición

contra la resolución anterior, el cual fue resuelto a través de la

Resolución núm. 1516 de 19 de mayo de 2008.

19º. Posteriormente, fue expedida la Resolución núm. 2463 de 18

de julio de 2008, “Por la cual se determina la adquisición de una

zona de terreno por el procedimiento de expropiación

administrativa y se formula una oferta de compra”, por el 5.75%

del derecho de dominio y determinó el valor del precio

indemnizatorio en $194.682.280, de conformidad con el informe

técnico de avalúo CPR-37272-2006 REVISIÓN de 15 de diciembre

de 2006, realizado por la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA

INMOBILIARIA.

20º. En firme la nueva actuación administrativa, la sociedad

TERMINAL DE TRANSPORTES S.A., mediante órdenes de pago

núms. 1276 y 1277 de 6 de abril de 2009, le hizo entrega a los

actores del valor indemnizatorio, mediante cheques de gerencia, al

señor GILBERTO RAMOS CAMACHO la suma de $97.341.140 y al

señor VÍCTOR RAMOS CAMACHO el valor de $97.341.140,

quedando de esta forma hecho el pago conforme a las resoluciones

que ordenaron la expropiación.

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I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

los artículos 2, 13, 29, 58, 83, 121 y 122 de la Constitución

Política; 61, 67 y 69 de la Ley 388; 2º, 15, 16 y 19 del Decreto

1420 de 24 de julio de 1998 4; y 69 y 73 de la Resolución IGAC

núm. 762 de 1998.

En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:

Señaló que se vulneraron los artículos 13, 29 y 58 de la

Constitución Política y 67 de la Ley 388, en la medida en que el

avalúo núm. CPR-37272-2006 REVISIÓN de 15 de diciembre de

2006, que sustentó los actos acusados, no comprende el lucro

cesante ni el daño emergente, pues resulta menor respecto del

valor comercial pagado en negociaciones anteriores a esta

expropiación, por ventas parciales de terrenos segregados del

predio “El Cangrejal”, que se celebraron con las sociedades AUTOS

160 LTDA. Y COMBUSTIBLES VEHICULARES DE COLOMBIA S.A.

4
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos".

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Adujo que el IDU obvió todo el procedimiento, pues simplemente

como base de la oferta de compra tomó el avalúo con el valor más

bajo, sin dar a conocer las razones técnicas que llevaron a tal

decisión y sin realizar un nuevo avalúo, toda vez el avalúo base de

la oferta de compra perdió su vigencia por mandato de la ley.

Alegó que se violó el ordenamiento jurídico, al ordenar indexar el

valor del avalúo de 2006, que sirvió de base para la oferta de

compra, dado que la indexación en los avalúos no es un método

aceptado para avaluar inmuebles.

Afirmó que la entidad demandada violó el debido proceso, al no

formular la oferta de compra del inmueble sobre un nuevo avalúo

vigente, y simplemente indexar el avalúo CPR-37272-2006

REVISIÓN de 15 de diciembre de 2006, que ya perdió su vigencia.

Indicó que se vulneró el Decreto 1420, la Resolución 762 de 1998 y

los artículos 58 de la Constitución Política, 61 y siguientes de la Ley

388, al ordenar la expropiación de inmueble segregado del predio

El Cangrejal, sustentándolo en un avalúo que se elaboró mediante

cuatro avalúos diferentes, no obstante que el artículo 18 del

Decreto 1420 prevé que el avalúo tiene una vigencia de un (1) año

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y que el capítulo III de esa norma establece el procedimiento para

la controversia de los avalúos.

Explicó que del 15 de diciembre de 2006 (fecha del avalúo oficial)

al 27 de febrero de 2009 cuando se expidió la Resolución núm.

460 acusada, ya han transcurrido más de dos años, por lo que

expropiar el 5.75% del predio con un avalúo indexado hace más de

2 años constituye violación de la Ley 388 y del Decreto 1420 y, por

ende, del debido proceso administrativo.

Manifestó que dicho avalúo no ejecutó el método de mercado, ni

analizó la información de las ofertas o transacciones de bienes

similares para determinar el valor comercial del bien expropiado;

descontó 10.000 M2 del área bruta del terreno con el ítem de área

de afectación servidumbre, con lo cual contravino lo establecido en

el artículo 23, literal a), del Decreto 327 de 11 de octubre de

20045, ya que de acuerdo con esa norma se deben contabilizar las

áreas de reserva.

Agregó que dicho avalúo, con relación a la utilización del método

residual, para determinar el valor comercial del bien, incurrió en el

error de proyectar el potencial desarrollo para vivienda estrato tres

5
“Por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital”.

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(3), a pesar de que el estrato asignado al predio era cuatro (4); los

valores asignados a los costos utilizados en construcción están

equivocadamente calculados; los datos relacionados como costos

indirectos deben ser sustentados uno a uno; incurrió en errores en

lo referente al cálculo de áreas de construcción y áreas vendibles

correspondientes al comercio y servicios de escala metropolitana;

no tuvo en cuenta que el predio de la referencia tiene el potencial

para el desarrollo de “comercio y servicios de escala

metropolitana”, ni la incidencia que las obras tendrán en el área

restante y adyacente al terreno, esto es, su potencial de desarrollo

y los valores comerciales correspondiente al tipo de comercio y

edificaciones a construir.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- La sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES S.A., por

intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda 6 y para

oponerse a la prosperidad de las pretensiones, adujo que el avalúo

se realizó conforme a los parámetros técnicos definidos en el

Decreto 1420 y que si bien se realizó un avalúo previo por la

CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA, el mismo no

fue utilizado por el IDU, por cuanto tal avalúo no tuvo en cuenta la

normativa urbanística vigente al momento de la expropiación.

6
Folios 211 a 234 del C. 1.

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Anotó que el avalúo que sirvió de base para la expropiación fue el

CPR-37272-2006 REVISIÓN de 15 de diciembre de 2006.

Expresó que la variación en el precio del lote entre el avalúo inicial

que no fue utilizado, y el avalúo, que sirvió de base a la

expropiación, está justificada ya que tuvo cuenta la afectación vial

que tenía el predio, es decir, que las vías aledañas al lote tenían

planeado, según la UPZ, la construcción de la Avenida Tibabitá y

esto determinaba que el valor del metro cuadrado en el sector

tuviera un menor valor.

Adujo que resulta ilegal que los actores pretendan cuestionar el

avalúo realizado con fundamento en criterios posteriores a la

realización de ese estudio y con base en supuestas negociaciones

realizadas por ellos mismos con el fin de mostrar que su predio

tiene un precio mayor al pagado.

Sostuvo que los demandantes no acreditaron la existencia de una

indemnización adicional al valor del bien, toda vez que en el mismo

no realizaban ninguna actividad, ni ejecutaban algún desarrollo que

pudiera ocasionar un perjuicio mayor.

Advirtió que los actores no pueden alegar el vencimiento del

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avalúo, que sirvió de fundamento a la expropiación, toda vez que

fueron ellos los que provocaron que el IDU dictara unos actos de

expropiación del 5.75% del terreno, luego de que se había

dispuesto la expropiación del 94.25% del predio.

Precisó que el fraccionamiento del proceso en dos partes, una

respecto del 94.25% y otra por el 5.75%, obedeció a la existencia

de un conflicto sobre la titularidad del derecho de dominio; y ante

esa situación el IDU adoptó las medidas para actualizar el avalúo y

ordenar el pago del valor real del metro cuadrado para el

momento, en el que se expidieron los actos administrativos para la

expropiación del porcentaje del terreno en discusión.

Propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por

pasiva”, al estimar que no contrató la realización del avalúo, ni

expidió los actos acusados en el trámite del proceso de

expropiación, ni dispuso la expropiación administrativa, razón por

la cual no puede tener la condición de demandada en el presente

proceso.

I.4.2.- El IDU contestó la demanda7 y se opuso a la prosperidad de

las pretensiones.

7
Folios 247 a 268 del C.1.

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Alegó que el valor pagado por el IDU fue justo; que si bien hubo

otras versiones de avalúos que no fueron definitivos, los mismos no

generaron obligación alguna de reconocerlos, pues el único avalúo

que fue tenido en consideración y sobre el cual se expidieron los

actos administrativos acusados es el CPR-37272-2006 REVISIÓN de

15 de diciembre de 2006, por lo cual resulta ilegal exigir que se

reconozca un valor diferente al ofrecido.

Anotó que la posibilidad de revisar el avalúo, base de la oferta de

compra, es una facultad estrictamente radicada en cabeza de la

entidad que ordena el mismo, razón por la cual el IDU solicitó en 2

oportunidades a la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA

INMOBILIARIA, la revisión del avalúo por motivos estrictamente

técnicos, en desarrollo de la cual la mencionada Lonja efectuó

correcciones, hasta llegar a la versión final que fue la base de la

oferta de compra, al amparo de la normatividad vigente sobre la

materia (artículos 15 y 17 del Decreto 1420).

Expresó que no hay lugar a reconocer el daño emergente ni el

lucro cesante, toda vez que en el predio objeto de expropiación no

se identificó algún tipo de actividad económica y/o construcción.

Indicó que para la elaboración de los avalúos se ciñó a los

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procedimientos previstos en el Decreto 1420 y en la Resolución

IGAC 620, normas en las que se fijan los criterios para ello.

Adujo que los actos acusados fueron expedidos con arreglo a la ley

y al ordenamiento jurídico, esto es, los artículos 58 de la

Constitución Política; 38, numerales 3 y 4, del Decreto 1420 y 64

de la Ley 388; tienen como fundamento el beneficio de los

intereses de la comunidad y la primacía del interés público sobre el

particular, sin desconocer el derecho a la indemnización que le

asiste al propietario de los bienes por motivos de utilidad pública o

de interés social.

Concluyó que el avalúo se elaboró según los parámetros

establecidos en el Decreto 1420, el cual establece su elaboración,

revisión e impugnación; resultó ser completo, puesto que tuvo en

cuenta todos los ítems, al momento de aplicar la metodología

valuatoria, además de haber sido realizado por una entidad que se

sometió al proceso licitatorio correspondiente.

II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección de “A”, mediante sentencia de 10 de octubre de 2019,

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se inhibió de pronunciarse respecto de las resoluciones núms. 1248

de 28 de abril de 2008, 1516 de 19 de mayo de 2009 y 2463 de 18

de julio de 2008, expedidas por la directora técnica de Predios del

IDU, por no ser susceptibles de ser enjuiciados a través de la

presente acción; y solamente se pronunció respecto de las

resoluciones núms. 460 de 27 de febrero de 2009, 499 de 5

de marzo de 2009 y 658 de 17 de marzo de 2009, acusadas.

Declaró no probada la excepción de “falta de legitimación en la

causa por pasiva”, propuesta por el TERMINAL DE

TRANSPORTES S.A., toda vez que esta entidad sí fue la

responsable del pago del valor de la expropiación administrativa y

la decisión que eventualmente se adopte podría afectar

directamente sus intereses.

Señaló que si bien no se advierte un error en las metodologías

aplicadas que permitieran dar lugar a objeción por error grave del

dictamen rendido por el perito MANUEL DE JESÚS JAUREGUI

ESPINEL, también lo es que el mismo se realizó para desvirtuar el

dictamen elaborado por la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA

INMOBILIARIA y tomó como referencia una fecha distinta a la que

correspondía, en tanto que determinó el valor del avalúo comercial

en marzo de 2009, a pesar de que debió realizarlo tomando en

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cuenta el valor del predio a la fecha en que se realizó el avalúo

dentro del proceso de expropiación, esto es, diciembre de 2006,

razón por la cual lo desestimó ante dicha inexactitud.

Que lo anterior no implica la prosperidad a la objeción por error

grave, pues esta falencia no reviste tal entidad; sin embargo, no es

posible tenerlo como fundamento para desvirtuar la validez del

avalúo oficial elaborado por la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ-

LONJA INMOBILIARIA, pues los 3 años de diferencia inciden en la

modificación de los factores urbanísticos, con base en los cuales se

establece el precio de un bien en el mercado inmobiliario.

Asimismo, denegó las pretensiones de la demanda, con

fundamento en los siguientes argumentos:

En cuanto al cargo único de infracción de las normas en que

debieron fundarse los actos acusados, indicó que el avalúo, con

base en el cual el IDU fijó el precio indemnizatorio y que fue

realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital, UAECD, se ajusta a las exigencias legales, toda vez que

empleó el método residual y de costo de reposición, definidos en la

Resolución 620 de 2008, “Por la cual se establecen los

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procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la

Ley 388 de 1997”, expedida por el IGAC.

Señaló que, además, para establecer el valor comercial tuvo en

cuenta los siguientes parámetros y características: (i) Respecto del

terreno: a) la reglamentación urbanística vigente del inmueble

objeto del avalúo; b) la estratificación socioeconómica del bien; c)

aspectos físicos tales como el área, ubicación, topografía y forma

de la reserva vial; y d) la dotación de redes primaria, secundarias y

acometidas de servicios públicos domiciliarios. (ii) Frente a las

construcciones: a) el área de construcciones existentes autorizadas

legalmente; b) los elementos constructivos empleados en su

estructura y acabados; c) el estado de conservación física; d) la

vida útil de la construcción; y e) la funcionalidad del inmueble en

relación con el objeto para el cual fue construido.

Anotó que, igualmente, se identificó físicamente al predio

señalando su localización, una dirección clara, el uso que se le

estaba dando, la edad y estado de conservación; también se indicó

que se había realizado una visita al predio en el mes de julio de

2006, la cual permitió la identificación de las características del

mismo.

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Expresó que con el propósito de controvertir el dictamen anterior,

la parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial, el cual

fue realizado por el auxiliar de justicia MANUEL DE JESÚS

JAUREGUI ESPINEL, sin embargo, como se dijo anteriormente, se

determinó que la experticia rendida sería desestimada como medio

para desvirtuar el avalúo que sirvió de fundamento al IDU, ya que

el dictamen pericial fue realizado teniendo en cuenta el valor del

inmueble en marzo de 2009, a pesar que debió basarse en el de

diciembre de 2006, por ser la fecha del avalúo técnico CPR-37272-

2006 REVISIÓN.

Manifestó que ante la imprecisión del dictamen pericial elaborado

por el señor MANUEL DE JESÚS JAUREGUI ESPINEL, éste será

desestimado; y, por tanto, el avalúo oficial rendido por la CÁMARA

DE PROPIEDAD RAÍZ, LONJA INMOBILIARIA, que sirvió de

fundamento al IDU para expedir los actos acusados, satisface los

requerimientos del caso.

Sostuvo, frente a la vigencia del avalúo oficial CPR-37272-2006

REVISIÓN para establecer el precio indemnizatorio, que éste fue

realizado desde el 15 de diciembre de 2006, pero que se

presentaron distintas situaciones que condujeron a la dilación del

trámite, a saber:

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-Se dispuso la adquisición y se formuló la correspondiente oferta de

compra respecto de 40.000 m2, a través de la Resolución núm.

6974 de 2006.

-Se expidieron las resoluciones núms. 924 y 1439 de 2007,

mediante los cuales se modificaron los destinatarios de la oferta de

compra.

-Se ordenó la expropiación administrativa, a través de la

Resolución núm. 2751 de 2007, la cual fue modificada respecto a la

forma de pago, por la Resolución núm. 3123 de 2007; y se

realizaron pronunciamientos sobre el silencio administrativo

mediante la Resolución núm. 4242 de 2007; y la resolución de los

recursos con la Resolución núm. 4347 de 2007.

-Y a través de la Resolución núm. 2463 de 2008 se formuló una

oferta de compra con respecto al 5.75% del derecho de dominio

sobre la zona de terreno de propiedad de los actores, con base en

el avalúo realizado el 15 de diciembre de 2006.

Afirmó que este conjunto de situaciones condujo a que se superara

el término de 1 año previsto en el artículo 19 del Decreto 1420

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sobre la vigencia del avalúo; no obstante, el IDU desarrolló el fin

perseguido por la norma mediante la indexación del avalúo, lo cual

ocurrió según memorando STTR-7400-23736.

Advirtió que si bien es cierto que el avalúo oficial se utilizó cuando

ya había transcurrido más de 1 año desde su elaboración, también

lo es que el precio fijado en el mismo se indexó a efectos de

mantener el poder adquisitivo del precio y evitar un detrimento a la

parte actora.

III-. RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia

y que, como consecuencia de ello, se declare la nulidad de los

actos acusados8. Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia,

así:

Señaló que la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA

no podía anular y reemplazar el avalúo de 10 de julio de 2006 con

el avalúo CPR–37272-2006 REVISIÓN de 15 de diciembre de 2006.

Expresó que para determinar el precio base de la oferta de compra

e indemnizatorio, a efectos de expropiar el 5.75% de los 40.000
8
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M2 del inmueble objeto de expropiación, el IDU elaboró cuatro (4)

avalúos en un lapso de tres (3) meses; se basó en un avalúo oficial

sin vigencia; ordenó la indexación del avalúo CPR- 37272-2006

REVISIÓN de 15 de diciembre de 2006, a pesar de que la

indexación del avalúo no está permitida por la Ley.

Alegó que para bajar el precio del avalúo el principal argumento de

la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA y del IDU

lo constituyó la reserva que supuestamente existe de la avenida

Tibabitá sobre el predio; sin embargo, según el artículo 23, literal

a, del Decreto 327, dicha avenida no afecta el área neta

urbanizable y, por tanto, no se puede reducir el área neta

urbanizable, ni el precio establecido, con lo cual se contravino esa

norma.

Indicó que no se valoraron las pruebas de las ventas parciales

realizadas por la parte actora con AUTOS 160 LTDA. y con

COMBUSTIBLES VEHICULARES DE COLOMBIA S.A., que

demuestran que el valor determinado por la CÁMARA DE

PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA es muy bajo.

Adujo que la sentencia apelada violó el principio de igualdad de las

partes y el debido proceso, en razón a que aplicó de manera

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diferente su criterio a hechos iguales, por cuanto argumentó que

no se podía tener como fundamento, para desvirtuar el avalúo

oficial, el dictamen pericial rendido por el auxiliar de justicia

MANUEL DE JESÚS JAUREGUI ESPINEL, ya que este tuvo como

referencia una fecha diferente a la que se indicó en el avalúo

oficial, “pues los tres años de diferencia inciden en la mediación de

los factores urbanísticos con base en los cuales se establece el

precio de un bien en el mercado inmobiliario”; y posteriormente

indicó “que si bien se utilizó cuando ya había transcurrido más de

un año desde su elaboración, lo cierto es que el precio fijado en el

mismo se indexó a efectos de mantener el poder adquisitivo y

evitar un detrimento a los demandantes”.

Manifestó “que entonces que pasó con el fundamento de la

sentencia de que tres años de diferencia inciden en la mediación de

los factores urbanísticos con base en los cuales se establece el

precio”.

Afirmó que el fallo apelado no valoró el peritaje rendido por el

auxiliar de justicia LUIS JAIME CUARTAS MURILLO, que se pidió

como prueba a la objeción por error grave al peritaje de MANUEL

DE JESÚS JAUREGUI ESPINEL, el cual indica que el valor del predio

expropiado era muy superior al pagado a los actores.

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Advirtió que el proceso expropiatorio se inicia con la notificación de

la oferta de compra, contenida en la Resolución núm. 2463 de

2008 y se concluyó con la Resolución núm. 460 de 2009, por lo

que la fecha del avalúo debe ser de julio de 2008, pues es la que

corresponde a la Resolución núm. 2463, que contiene la oferta de

compra.

Anotó que el Tribunal se refirió en el fallo apelado al avalúo oficial

realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital, cuando el avalúo cuestionado no lo hizo esa entidad, sino

la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la parte actora 9 , reiteró los mismos argumentos

esgrimidos en la demanda y en la sustentación del recurso de

apelación, en el sentido de que la actuación adelantada por el IDU,

para la expropiación objeto de las resoluciones cuestionadas, se

basó en avalúo sin vigencia, no debió aplicar la indexación,

reconoció un precio indemnizatorio muy bajo, no valoró el peritaje

rendido por el auxiliar de justicia LUIS JAIME CUARTAS MURILLO.

9
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IV.2- Por su parte, la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA

INMOBILIARIA1011, adujo que el único avalúo valido es el de 15

de diciembre de 2006, dado que con el mismo se determinó el

valor comercial del inmueble de manera correcta y con arreglo a la

Constitución Política, leyes y demás normativa.

IV.3- El IDU 12 indicó que los actos acusados se ajustaron a

derecho teniendo en cuenta que fueron expedidos con el lleno de

los requisitos legales; sus motivaciones aparecen exentas de

ilegalidad o capricho; se brindaron a los demandantes todas las

garantías procesales y del debido proceso y estos contienen la

totalidad de los elementos de forma y fondo que exige la ley para

tal fin.

IV.4- La sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. 13 reiteró

los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e

indicó que el IDU ordenó el pago de una suma que correspondía al

valor comercial del inmueble y constituye una indemnización justa

e integral para los demandantes.

10
Mediante auto de 9 de agosto de 2012, el Tribunal aceptó el llamamiento en garantía de la
mencionada Cámara, realizado por el IDU.
11
Índice 35 del sistema digital SAMAI.
12
Índice 36 del sistema digital SAMAI.
13
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Anotó que el precio indemnizatorio fue fijado con fundamento en

un avalúo en el que se estableció su valor comercial, considerando

todas las condiciones del inmueble al momento de su valoración y

los métodos valuatorios definidos por el Decreto 1420.

Además, precisó que el avalúo, con base en el cual se formuló la

oferta, lo constituye el CPR-37272-2006 REVISIÓN de 15 de

diciembre de 2006.

IV.5- El Ministerio Público, en esta etapa procesal, guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 460 de 27 de febrero de 2009, “Por la

cual se ordena una expropiación por vía administrativa”; 499 de 5

de marzo de 2009, “Por la cual se modifica la resolución 460 del

27 de febrero de 2009 por la cual se ordena una expropiación por

vía administrativa”; y 658 de 17 de marzo de 2009, “Por la cual

se deciden los recursos de reposición”, expedidas por la directora

técnica de Predios del IDU, mediante las cuales, respectivamente,

ordenó la expropiación administrativa del 5.75% del derecho de

dominio de la zona de terreno que se segrega del inmueble ubicado

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en la Calle 193 núm. 41-20 de Bogotá D.C., identificado con la

cédula catastral UQ 2324, CHIP núm. AAA 0142-LODM y matrícula

inmobiliaria núm. 50N-867256 de la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, de propiedad de los

actores, para lo cual fijó un precio indemnizatorio de

$194.682.280; y resolvió el recurso de reposición interpuesto

contra las anteriores resoluciones, en el sentido de confirmar las

decisiones recurridas.

Cabe mencionar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

en la sentencia apelada, se inhibió de conocer de las resoluciones

núms. 1248 de 28 de abril de 2008, “Por la cual se modifica la

Resolución 2751 del 22 de junio de 2007 por la cual se ordena una

expropiación por vía administrativa; 1516 de 19 de mayo de 2008,

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”; y 2463 de 18 de

julio de 2008, “Por la cual se determina la adquisición de una zona

de terreno por el procedimiento de expropiación administrativa y se

formula una oferta de compra”, que también fueron demandadas,

al considerar que la primera resolución modificó un acto

administrativo, mediante el cual se determinó la adquisición de una

zona de terreno, por el procedimiento de expropiación

administrativa y se formuló una oferta de compra; la segunda

resolución resolvió un recurso de reposición, en el sentido de

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revocar la citada Resolución 1248 de 2008; y la tercera resolución

también determinó la adquisición de una zona de terreno, por el

procedimiento de expropiación administrativa y se formuló una

oferta de compra, por lo que no eran susceptibles de control

judicial.14

Precisado lo anterior, la Sala observa que el a quo denegó las

pretensiones de la demanda, por considerar que la parte actora no

demostró las incorrecciones del avalúo oficial realizado por la

CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA, que sirvió de

sustento para la fijación del precio indemnizatorio que estableció el

IDU en las resoluciones acusadas.

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de

apelación, argumentando que la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ-

LONJA INMOBILIARIA no podía anular y reemplazar el avalúo del

10 de julio de 2006 con el avalúo CPR–37272-2006 REVISIÓN de

15 de diciembre de 2006; que el IDU, con el objeto de determinar

el precio base para expropiar el inmueble, elaboró cuatro (4)

avalúos y se basó en un avalúo oficial sin vigencia; que se ordenó

14
Al respecto, cabe mencionar que esta Sección ha considerado que el acto por medio del cual la
entidad pública hace una oferta de compra para adquirir el bien inmueble previo a ordenar su
expropiación no es susceptible de control judicial, por cuanto la acción prevista en el artículo 71 de la
Ley 388 no procede contra este tipo de actos; y que la acción especial contencioso administrativa
tendiente a obtener la nulidad y restablecimiento del derecho o a controvertir el precio indemnizatorio, se
predica en exclusiva del acto administrativo expropiatorio en los términos del indicado artículo 71. (Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de abril de 2025,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez; núm. único de radicación 25000232400020070025401).

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la indexación del avalúo oficial, a pesar de no estar permitida por la

Ley; que se bajó el precio del avalúo oficial con el argumento de

que el predio tenía una reserva, a pesar de que ésta no afecta o

reduce el área neta urbanizable; que no se tuvieron en cuenta las

ventas parciales realizadas por la parte actora con AUTOS 160

LTDA. y con COMBUSTIBLES VEHICULARES DE COLOMBIA S.A.; y

que el fallo apelado no valoró el peritaje rendido por el auxiliar de

justicia LUIS JAIME CUARTAS MURILLO.

Asimismo, adujo que la sentencia apelada violó el principio de

igualdad de las partes y el debido proceso en razón a que aplicó de

manera diferente su criterio a hechos iguales, porque argumentó

que no se podía tener como fundamento, para desvirtuar el avalúo

oficial, el dictamen pericial rendido por el auxiliar de justicia

MANUEL DE JESÚS JAUREGUI ESPINEL, ya que este tuvo como

referencia una fecha diferente a la que se indicó en el avalúo

oficial, “pues los tres años de diferencia inciden en la mediación de

los factores urbanísticos con base en los cuales se establece el

precio de un bien en el mercado inmobiliario”; y posteriormente

indicó “que si bien se utilizó cuando ya había transcurrido más de

un año desde su elaboración, lo cierto es que el precio fijado en el

mismo se indexó a efectos de mantener el poder adquisitivo y

evitar un detrimento a los demandantes”.

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Así las cosas, para la Sala se hace necesario traer a colación los

criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción

especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento

del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso

interpuesto. Al respecto, se ha señalado:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará
si, como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen
analizó indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas
y las pruebas allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en
la medida en que el valor de la indemnización es
incorporado en el acto administrativo que ordena la
expropiación es analizar su legalidad, aun cuando la
demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o
ajuste del precio indemnizatorio ya que, como se ha
sostenido, el principio de legalidad, fundamento de todo
Estado de Derecho, es uno de los pilares sobre los cuales
descansa el trámite de expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la
legalidad de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el
control de legalidad sobre la decisión de expropiación al
verificar su cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo,
lo cual no implica, como aduce el recurrente, que la acción
especial contencioso administrativa se aborde como una
acción ordinaria de nulidad.
[…]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y

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reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.

Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al
acto administrativo que ordena la expropiación se
ajusta a la normativa aplicable […]” 15 (Destacado fuera
del texto).

Igualmente, cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo

acusado, que decretó la expropiación, este se encuentra amparado

por la misma presunción de legalidad y certeza, que se predica de

las decisiones definitivas de la Administración, y debe tenerse como

válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien

recurre, en este caso, a los demandantes, demostrar en el proceso

que el avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

incorreciones. Sobre el particular, la Sala ha indicado:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha
sostenido que el precio establecido en los actos acusados
se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico,
lo cual no ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de
fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección
Primera sostuvo que “al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.

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demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el
actor tiene la carga de demostrar en el proceso que
el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”16.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección 17
sostuvo que “todo lo anterior conduce a la Sala a
considerar que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las
decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio
de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” 18 (Destacado fuera de
texto).

CASO CONCRETO

-Del AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR LA CÁMARA DE
PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA.

En orden a resolver, la Sala debe puntualizar que el avalúo CPR–

37272-2006 REVISIÓN de 15 de diciembre de 2006,

elaborado por la CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ- LONJA

16
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
17
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.

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INMOBIILIARA19, fue el que fundamentó los actos acusados, y en el

mismo consta la siguiente información:

19
Cabe mencionar que si bien el Tribunal, en el fallo apelado, señaló que el avalúo oficial fue
realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, lo cierto es que el mismo fue
elaborado por la CÁMARA DE PROPEIDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA, como lo anotó el apelante.

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Asimismo, debe ponerse de presente que en dicho avalúo oficial se

indicó, expresamente, que se dejaba sin valor los avalúos

anteriores, esto es, los de 10 de julio y 9 de agosto de 2006, así:

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Aclarado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos

expuestos en el recurso de apelación, de la siguiente manera:

En lo concerniente al argumento referente a que la CÁMARA DE LA

PROPIEDAD RAÍZ- LONJA INMOBILIARIA no podía anular y

reemplazar el avalúo de 10 de julio de 2006 con el avalúo CPR–

37272-2006 REVISIÓN de 15 de diciembre de 2006; y que el IDU,

para determinar el precio base para expropiar el inmueble, elaboró

cuatro (4) avalúos, la Sala considera lo siguiente:

Sobre este asunto, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse

en sentencia de 20 de marzo de 202520, en la que se denegaron las

pretensiones de la demanda, las partes que actuaron son las mismas

que en este proceso y se cuestionó el mismo avalúo oficial, pero se

demandaron diferentes resoluciones, por lo que se remite y prohíja

lo expuesto en ella, en la cual se sostuvo lo siguiente:

“[…] La parte actora cuestiona el procedimiento de
elaboración y revisión del avalúo de 15 de diciembre de
2006 que sustentó el precio indemnizatorio de los actos
demandados, al estimar que i) no era posible acoger dicho
avalúo, en razón a que el elaborado el 10 de julio de 2006,
estaba vigente y se encontraba en firme, en razón a que la
solicitud de revisión se presentó de manera extemporánea,
por lo que era en este último en el que se debían

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
marzo de 2025, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-2007-
00498-02.

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fundamentar los actos de expropiación; ii) no se podían
elaborar nuevos avalúos, ya que sólo se podía tramitar una
solicitud de revisión; iii) no se agotó el trámite de
impugnación ante el IGAC; iv) no es cierto que la norma de
uso del suelo del predio objeto de expropiación hubiese
cambiado, por lo que no era un argumento para revisar el
avalúo, y v) la única manera de revocar los avalúos del 10
de julio y 9 de agosto de 2006 era mediante el ejercicio de
la acción de lesividad.

Para resolver los anteriores cuestionamientos es preciso
hacer un recuento de los siguientes hechos:

1. El 10 de julio de 2006 la Cámara de la Propiedad
Raíz – Lonja Inmobiliaria elaboró el avalúo CPR–37272-
2006 al predio ubicado en la Calle 193 Nro. 41-20 de la
ciudad de Bogotá, en el que se indica como norma
urbanística el Decreto 190 de 2004, tratamiento de
desarrollo, reglamentado por el Decreto 327 de 2004, y se
fija el valor total del avalúo en la suma de
$14.884.966.000 discriminado de la siguiente manera:

El anterior avalúo fue comunicado al IDU mediante oficio
CPR 498-2006 recibido el 12 de julio de 200621.

2. Mediante comunicación IDU-045701-DTDP-8000 de
19 de julio de 2006 el IDU solicitó a la Cámara de la
Propiedad Raíz la revisión del anterior avalúo22, con el fin,
entre otras observaciones, que aclarara si al momento de
elaborar el desarrollo potencial se tuvieron en cuenta los
índices de ocupación y construcción propuestos y las cargas
y beneficios determinados en el Decreto 327 de 2004;
informar sobre cuál área se aplicaron los índices de
ocupación y construcción y la norma específica que la
sustenta; señalar si en la técnica residual se encuentra
afecto plan parcial y si es así que cargas y beneficios se
pueden generar del posible desarrollo potencial.

3. El 9 de agosto de 2006 la Cámara de la Propiedad
Raíz – Lonja Inmobiliaria revisó el avalúo anterior mediante
el avalúo CPR–37272-2006 Revisión en el que se indica en
la norma urbanística el Decreto 190 de 2004, tratamiento

21
Pág. 451 Archivo denominado 24_Expedientedigi_Anexo2.pdf.
22
Pág. 449 Archivo denominado 24_Expedientedigi_Anexo2.pdf.

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de desarrollo, reglamentado por el Decreto 327 de 2004.

En las observaciones de este avalúo se indica que
reemplaza el avalúo CPR–37272-2006 de fecha 10 de julio
de 2006 y que se adjunta acta del Comité de Avalúos de la
Cámara de la Propiedad Raíz de agosto 2 de 2006, en la
cual se propuso y se reconsideró el precio de m2 a
$400.000.

4. En comunicación CPR-662-2006 de 14 de agosto de
2006, la Cámara de la Propiedad Raíz informa al IDU que
anula en su totalidad el avalúo CPR–37272-2006 Revisión,
por cuanto para su elaboración no se dispuso de las
características de las afectaciones viales. En esta misma
comunicación se indicó que una vez el Departamento
Administrativo de Planeación defina el área de reserva y las
afectaciones viales del predio, se procedería a la
elaboración del avalúo. La anterior comunicación es
recibida el 15 de agosto de 2006 en el IDU23.

5. En comunicación IDU-065794-DTDP-8000 de 28 de
septiembre de 2006, el IDU solicita a la Cámara de la
Propiedad Raíz dar aplicación al Decreto 354 de 2006, por
el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal –
UPZ Nro. 9 Verbenal, ubicada en la Localidad de Usaquén,
para la revisión del predio el Cangrejal24.

6. En oficio CPR-877-2006 de 27 de octubre de 2006 la
Cámara de la Propiedad Raíz reitera al IDU que se anuló el
avaluó CPR-662-2006 Revisión.

7. En comunicación nro. IDU-082714-DTDP-8000 de 16
de noviembre de 2006, la directora de Predios del IDU
informa a la Cámara de la Propiedad Raíz que remite plano
donde se definen las reservas viales de las Avenida Santa
Barbara y Tibabitá sobre el predio El Cangrejal, las cuales
corresponden a una intervención aproximada de 10.000
m2, áreas que se deben incluir en el desarrollo potencial
con el cual se determinará el valor por metro cuadrado de
terreno para dicho inmueble. Así mismo, indicó que a la
fecha no existen diseños aprobados por Planeación donde
se establezcan las áreas reales, ya que esa administración

23
Pág. 445 Archivo denominado 24_Expedientedigi_Anexo2.pdf.
24
Pág. 443 Archivo denominado 24_Expedientedigi_Anexo2.pdf.

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no tiene previsto ejecutar dichas obras25.

8. Oficio nro. DEBIC-C-200-2006 de 4 de diciembre de
2006 de la Terminal de Transporte S.A. al IDU en el que
remite plano con el trazado de la Avenida Tibabitá.

9. Comunicación GOPER-215 de 1 de diciembre de 2006
de la Terminal de Transporte en la que indica que la
reserva vial de las Avenida Tibabitá no afecta el área de
40.000 m2 pero si afecta los 88.000 m2 definida por el
Departamento de Planeación26.

10. El 15 de diciembre de 2006 la Cámara de la
Propiedad Raíz – Lonja Inmobiliaria elaboró el avalúo CPR–
37272-2006 Revisión, en el que se indica como norma
urbanística el Decreto 190 de 2004, tratamiento de
desarrollo, reglamentado por el Decreto 327 de 2004, UPZ
Verbenal reglamentado mediante Decreto 354 de 2006,
Tratamiento de Desarrollo. Uso área de actividad
residencial con zonas27. En este avalúo se fija el valor total
en $6.209.966.000 discriminado de la siguiente manera:

En el estudio económico se indicó que se utilizó el método
residual y el método de reposición y que adjunta el estudio
previo de un proyecto – potencial de desarrollo para El
Predio El Cangrejal.

11. En las observaciones del citado avalúo se precisa que
anula y reemplaza los avalúos anteriores según
comunicación CPR887 del 27 de octubre de 2006. Así
mismo, indica que el predio tiene una afectación por la
Avenida Tibabitá y que es susceptible de generar plusvalía
en el momento en que se soliciten los respectivos permisos
de desarrollo urbanístico, lo cual debe ser tenido en cuenta
en el momento de la negociación.

Este avalúo es comunicado mediante oficio CPR 1126-2006,
radicado en el IDU el 18 de diciembre de 2006, en el cual
se indica que anula y reemplaza los de fecha 9 de agosto y
10 de julio de 200628.

25
Pág. 436 Archivo denominado 24_Expedientedigi_Anexo2.pdf.
26
Pág. 90 Archivo denominado 24_Expedientedigi_Anexo2.pdf.
27
Pág. 452 Archivo denominado 24_Expedientedigi_Anexo2.pdf.
28
Pág. 437 Archivo denominado 24_Expedientedigi_Anexo2.pdf.

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12. Por Resolución 6974 del 19 de diciembre de
2006 se determinó la adquisición mediante el
procedimiento de expropiación administrativa de la zona de
terreno de 40.000 m2 y construcción de 99.66 m2 que se
segrega del inmueble ubicado en la Calle 193 No. 41-20 de
la ciudad de Bogotá, y se formula una oferta de compra por
valor de $6.209.966.000 con fundamento en el avalúo #
37272-2006 REVISION del 15 de diciembre de 2006
elaborado por la Cámara de Propiedad Raíz – Lonja
Inmobiliaria.

Realizado el recuento anterior, es preciso señalar que los
artículos 15 a 18 del Decreto 1420 de 1998 establecen el
procedimiento para controvertir los avalúos por medio
de los cuales se determina el valor comercial de los bienes
inmuebles que se adquieren a través del proceso de
expropiación por vía administrativa, en el que se indica que
la entidad solicitante del avalúo podrá pedir su revisión e
impugnación dentro de los 5 días siguientes a la fecha en
que tuvo conocimiento. Señala la citada normativa que la
revisión es el trámite por el cual la entidad solicitante,
fundada en consideraciones técnicas, requiere a quien
practicó el avalúo para que reconsidere la valoración
presentada, a fin de que lo corrija, reforme o confirme. Por
su parte, la impugnación es un trámite que se adelanta por
la entidad solicitante ante el Instituto Agustín Codazzi, que
deberá examinar el avalúo, también a fin de que lo corrija,
reforme o confirme.

En el caso particular, la parte actora cuestiona el
procedimiento de elaboración y revisión que se surtió
respecto del avalúo que se acogió en los actos
demandados, al estimar que la solicitud de revisión se
realizó de manera extemporánea, por lo que los actos
acusados debían acoger el avalúo de 10 de julio de 2006.

Pues bien, de los hechos descritos se advierte que sobre el
bien objeto de expropiación se elaboró el avalúo número
CPR–37272-2006 el 10 de julio de 2006 por parte de la
Cámara de la Propiedad Raíz – Lonja Inmobiliaria, por valor
total de $14.884.966.000. Sin embargo, el IDU, como
entidad solicitante del avalúo, pidió su revisión mediante
comunicación IDU-045701-DTDP-8000 de 19 de julio de
2006, esto es, dentro del término de 5 días previsto en la
ley para adelantar dicho trámite, teniendo en cuenta que el
avalúo le fue comunicado el 12 de julio de 2006.

Adicionalmente, de la lectura de la solicitud de revisión se
observa que dicho requerimiento se realizó por razones de

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carácter técnico, ya que en la citada comunicación se pidió
aclarar diferentes aspectos relacionados con la técnica de
valuación utilizada (método residual), específicamente
cuestionamientos del potencial de desarrollo que se elaboró
para determinar el valor del terreno el Cangrejal, aspectos
que en principio dieron origen a la revisión de 9 de agosto
de 2006.

Continuando con el proceso de revisión, se observa que el
IDU solicitó el 28 de septiembre de 2006 tener en cuenta
en la elaboración del avalúo el Decreto que reglamentó la
UPZ donde está ubicado el inmueble. Así mismo, se
advierte que los avalúos del 10 de julio y 9 de agosto de
2006 fueron anulados al no haber considerado en su
elaboración la reserva vial de la Avenida Tibabitá,
circunstancia que se informó al IDU mediante las
comunicaciones de 14 de agosto y 27 de octubre de 2006,
y que se reiteró en el avalúo elaborado el 15 de
diciembre de 2006 en la que se indicó expresamente
que se dejaba sin valor los citados avalúos.

En el anterior contexto, se debe señalar que, aunque el
proceso de revisión se extendió más allá del término
que señala la norma29, lo cierto es que la solicitud de
revisión del avalúo elaborado el 10 de julio de 2006
se presentó dentro del término previsto en la ley y se
sustentó en razones de carácter técnico, y que, como
consecuencia de dicho proceso, fue que se
advirtieron circunstancias de carácter técnico
adicionales (la reserva vial de la Avenida Tibabitá y la
expedición de Decreto 354 de 2006 que reglamenta
la UPZ Verbenal) que no habían sido consideradas al
momento de elaborar el primer avalúo y su revisión
inicial, las cuales justificaron un nuevo análisis que
concluyó en la anulación de los avalúos anteriores y
en la elaboración de uno nuevo, el que,
independientemente de su resultado, tuvo en
consideración aspectos técnicos que antes no habían
sido observados y que eran relevantes.

En este punto, es preciso indicar que la parte actora alega
que la norma de uso del suelo no se modificó, por lo que no
era necesario realizar un nuevo avalúo; sin embargo, el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997 establece que el valor
comercial del bien a expropiar se determinará teniendo en
cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital

29
Decreto. 1420 de 1998. Artículo 17.- “Corresponde a la entidad y al perito que realizaron el avalúo
pronunciarse sobre la revisión planteada dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación.
[…]”

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vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir. En ese sentido, como el 4 de
septiembre de 2006 el alcalde Mayor de Bogotá expidió el
Decreto 354, “Por el cual se reglamenta la Unidad de
Planeamiento Zonal (UPZ) No. 9, VERBENAL, ubicada en la
Localidad de USAQUEN”, era obligación de quien elaboró el
avalúo tener en cuenta dicha normativa, ya que el predio
objeto de expropiación estaba ubicado en la zona
reglamentada, además de que la oferta de compra del bien
a expropiar aún no se había expedido.

Adicionalmente, no es acertado afirmar que el avalúo del
10 de agosto de 2006 estaba en firme y vigente, así como
que se elaboraron diferentes avalúos de manera
independiente, ya que, como se expuso, respecto de
dicho avalúo la entidad solicitante adelantó el
proceso de revisión, el cual culminó con su anulación
y la elaboración el 15 de diciembre de 2006. Se debe
agregar que no se tramitaron diferentes solicitudes de
revisión, pues fue con ocasión de la solicitud de revisión
presentada en término que surgieron observaciones
adicionales que, al ser de orden técnico, requerían de su
estudio y trámite correspondiente.

De otro lado, tampoco era necesario agotar el trámite de
impugnación ante el IGAC de que trata los artículos 1530 y
1731 del Decreto 1420 de 1998, ya que dicho procedimiento
sólo era necesario en caso de que la entidad que elabora el
avalúo negara la solicitud de revisión o cuando se interpone
directamente, circunstancias que no ocurrieron en el
presente caso.

Por último, no le asiste razón a la parte actora cuando
indica que la única manera de revocar los avalúos del 10 de
julio y 9 de agosto de 2006 era mediante el ejercicio de la
acción de lesividad, ya que, como se explicó, los artículos
15 a 18 del Decreto 1420 de 1998 establecen los
mecanismos para solicitar a quien elaboró el avalúo
reconsidere la valoración, mecanismo que fue
agotado por el IDU mediante la solicitud de revisión.

Así las cosas, los argumentos expuestos por el recurrente

30
Artículo 15º.- “La entidad solicitante podrá pedir la revisión y la impugnación al avalúo dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que la entidad que realizó el avalúo se lo ponga en
conocimiento. || La impugnación puede proponerse directamente o en subsidio de la revisión”.
31
Artículo 17º.- “[…] Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi le corresponde resolver las
impugnaciones en todos los casos. || Una vez decidida la revisión y si hay lugar a tramitar la
impugnación, la entidad que decidió la revisión enviará el expediente al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la de la fecha del acto por el cual se resolvió
la revisión.[…]”

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no están llamados a prosperar. […]” (Destacado fuera de
texto).

Por lo tanto, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

En cuanto al reproche de que se bajó el precio del avalúo oficial

con el argumento de que el predio tenía una reserva, a pesar de

que esta no afecta o reduce el área neta urbanizable, también es

del caso traer a colación la citada sentencia de 20 de marzo de

2025, en la que, al respecto, precisó que la parte actora no

demostró que el área de reserva del predio incrementaría el valor

del M2 del área total, esto es, no probó que dicho error influyó en

el valor final del M2 y, por tanto, en el resultado final del avalúo

oficial, de la siguiente manera:

“[…] El Decreto 190 de 200432, que compila las normas del
Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Bogotá,
define en el artículo 177 las zonas de reserva vial como
las franjas de terreno necesarias para la construcción o la
ampliación de las vías públicas, que deben ser tenidas en
cuenta al realizar procesos de afectación predial o de
adquisición de los inmuebles y en la construcción de redes
de servicios públicos domiciliarios. Así mismo, indica que la
demarcación de las zonas de reserva vial tiene por objeto,
además, prever el espacio público vial de la ciudad con
miras a su paulatina consolidación, de conformidad con el
plan de inversión y mantenimiento establecido en el Plan
de Ordenamiento y los instrumentos que lo desarrollen.

El artículo 445 ibidem señala que las zonas de reserva para
la imposición de futuras afectaciones son las áreas del
territorio Distrital que, de conformidad con el Plan de

32
“Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de
2000 y 469 de 2003”

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Ordenamiento o con cualquiera de los instrumentos que lo
desarrollen, sean necesarias para la localización y futura
construcción de obras del sistema vial principal de la
ciudad, de redes matrices de servicios públicos, de
equipamientos colectivos de escala urbana y, en general,
de obras públicas o para la ejecución de programas o
proyectos con inversión pública, o para protección
ambiental, a fin de que sean tenidas en cuenta para la
imposición oportuna de las respectivas afectaciones. Acto
seguido, el artículo 446 indica que la determinación y
delimitación de las áreas de reserva está a cargo del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Resalta el artículo 178 ibidem que las zonas de reserva vial
no constituyen afectaciones en los términos de los artículos
37 de la Ley 9 de 1989 y 122 de la Ley 388 de 1997, por lo
que su delimitación no producirá efectos sobre los trámites
para la expedición de licencias de urbanismo y construcción
en sus diferentes modalidades. Asimismo, el artículo 179
aclara que sobre los predios donde se hayan demarcado
zonas de reserva, se podrán solicitar licencias de
urbanismo y construcción, en sus diferentes modalidades,
con base en las normas vigentes.

Por su parte, el artículo 447 de la citada normativa define
la afectación como la restricción impuesta a uno o más
inmuebles específicos, que limita o impide la obtención de
las licencias urbanísticas de que trata la Ley 388 de 1997,
por causa de la construcción o ampliación de una obra
pública o por razón de protección ambiental, definición que
reitera lo previsto en el artículo 37 de la Ley 9 de 198933, el
cual señala que toda afectación por causa de una obra
pública deberá notificarse personalmente al propietario e
inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria,
so pena de inexistencia.

[…]

En efecto, de las pruebas obrantes en el proceso lo que
se advierte es que el predio de mayor extensión “EL
Cangrejal”, del cual hace parte la franja de terreno
que fue objeto de expropiación, se encontraba en
zona de reserva vial, tal como se confirma de la
comunicación del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital TTV-1225-2005 de 16 de mayo de

33
Artículo 37. “[…] Para los efectos de la presente ley, entiéndase por afectación toda restricción
impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de
parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección
ambiental […]”.

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2005, que indica: “[…] el predio se encuentra en zona de
reserva vial para la avenida Tibabitá (avenida calle 191),
que corresponde a vía arteria tipo V-3 con 30 metros de
ancho y 10 metros de zona de control ambiental a cada
lado […]” 34 . Así mismo, en el Decreto 354 de 4 de
septiembre de 2006, que reglamenta la UPZ 9 Verbenal, se
establecen las reservas viales, en la que se indica como
malla vial arterial la Avenida Tibabitá costado Norte y Sur,
desde la Avenida Paseo Libertadores hasta la Avenida
Alberto Lleras Camargo; así como en la comunicación IDU-
082714-DTDP-8000 de 16 de noviembre de 2006, en la
cual la Directora de Predios del IDU anexa el plano35 donde
se definen las reservas viales de las Avenidas Santa
Bárbara y Tibabitá sobre el predio denominado El
Cangrejal 36 , las cuales asegura corresponden a una
intervención aproximada de 10.000 m2.

Ahora bien, alegan los actores que el avalúo oficial
incurrió en error al descontar dicha reserva del área
neta urbanizable, ya que tal circunstancia afectó el
valor del metro cuadrado. Específicamente, aseguran
que, de acuerdo con el artículo 23 del Decreto 327 de
200437, en los procesos de urbanización que se adelanten
en predios ubicados en zonas de reserva se deben
contabilizar las áreas de reserva como parte del área neta
urbanizable para efectos del cálculo de la edificabilidad, por
lo que el avalúo incurrió en error al descontar el área de
reserva vial al momento de efectuar el estudio de
“potencial de desarrollo”.

Pues bien, para resolver, es preciso citar la norma que la
parte actora estima desconocida, la cual señala:

“ARTÍCULO 23. MANEJO DE LAS ZONAS DE RESERVA
VIAL. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 179 del
Decreto 190 de 2004, y las definiciones que al respecto
haga el plan parcial cuando sea del caso, los procesos de
urbanización que se adelanten en predios ubicados en
zonas demarcadas de reserva tendrán las siguientes
alternativas para su manejo:

a. Contabilizar las áreas de reserva como parte del área
neta urbanizable para efectos del cálculo de la edificabilidad
básica, caso en el cual dichas áreas se mantendrán libres

34
Pág. 205 del Archivo denominado 25_expedientedigi_anexo6.pdf
35
Pág. 427 del Archivo denominado 25_expedientedigi_anexo6.pdf
36
Pág. 436 del Archivo denominado 24_expedientedigi_anexo6.pdf
37
“Por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital”

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de construcciones para su futura afectación o adquisición
por parte de las entidades distritales competentes.

b. Ceder las áreas de reserva al Distrito Capital, mediante
el sistema de reparto de cargas y beneficios definido en el
Capítulo 8 del presente Decreto.

Parágrafo 1: Mientras no se perfeccione la afectación o la
adquisición, se podrán desarrollar en las áreas de reserva
los usos temporales de que trata el citado artículo, los
cuales se sujetarán a la reglamentación específica que se
expida para el efecto.

[…]” (Subrayas fuera del texto original)

De la lectura del artículo transcrito, se advierte que le
asiste razón al recurrente cuando señala que en los
procesos de urbanización que se adelanten en
predios ubicados en zonas demarcadas de reserva se
deben contabilizar las áreas de reserva como parte
del área neta urbanizable para efectos del cálculo de
la edificabilidad básica, por lo que no es correcto que
en el avalúo oficial, al efectuar el potencial de
desarrollo, se indique que se descuentan 10.000 m2
de “área afectación vial”; pues, como se explicó, de un
lado, el predio no estaba sujeto a ninguna afectación, y de
otro, si dicho ítem se refería a reserva vial, lo cierto
es que, conforme la norma transcrita, la citada zona
debía ser considerada para efectos del proceso de
urbanización.

Sin embargo, cabe señalar que, aunque en el potencial de
desarrollo del avalúo oficial se descuenta equivocadamente
dichos metros cuadrados, dado que no existía tal
afectación, sino reserva, y la norma indica que las zonas de
reserva deben ser consideradas como urbanizables y, por
tanto, se deben incluir en el área neta urbanizable, lo
cierto es que la parte actora no demostró que el área
de reserva no prevista en el potencial de desarrollo
incrementaría el valor del m2 del área total.

En otras palabras, si bien en el potencial de
desarrollo que se realizó al predio de mayor
extensión para determinar el valor del m2 del
terreno, se debía tener en cuenta la reserva vial que
no hacía parte del bien expropiado, pero si del predio
de mayor extensión para determinar el área neta
urbanizable, la Sala advierte que la parte actora no
acreditó que contabilizar tal área incrementaría el

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valor del m2; esto es, no probó que dicho error
influyó en el valor final del m2 y, por tanto, en el
resultado final del avalúo oficial. […]” (Destacado fuera
de texto).

Aunado a lo anterior, la Sala también se remite y prohíja lo

considerado en la citada sentencia de 20 de marzo de 2025, frente

al argumento de que no se tuvieron en cuenta las ventas parciales

realizadas por la parte actora con AUTOS 160 LTDA. y con

COMBUSTIBLES VEHICULARES DE COLOMBIA S.A., así como

cuando precisó que el avalúo oficial fue elaborado teniendo en

cuenta los parámetros previstos en la normativa para la

determinación del valor comercial, aplicó los métodos residual y de

reposición, y que en el proceso no obra prueba que indique que el

avalúo que sustentó los actos demandados incurrió en los errores

aducidos por la parte actora, bajo los siguientes razonamientos:

“[…] De otro lado, alegan los recurrentes que en el
proyecto de potencial de desarrollo elaborado en el avalúo
oficial se manipularon los costos directos e indirectos, los
costos financieros y la utilidad del proyecto, lo que llevó a
que el valor del m2 fuera menor al real.

Al respecto, cabe recordar que la jurisprudencia de
esta Corporación 38 ha sostenido que el precio
indemnizatorio está amparado por la presunción de
legalidad al ser incorporado al acto administrativo
que ordena la expropiación; por lo tanto, la parte
demandante tiene la carga de probar cuál es el error
o la incorrección del avalúo oficial.

38
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado. Sección
Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01. C.P: Oswaldo
Giraldo López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-2331-000-2010-0195901, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.

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“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de
la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección.”39

La Sala reitera que para concluir que hay incorrección del
avalúo oficial, no basta con realizar una comparación del
valor del precio indemnizatorio entre el avalúo oficial y los
allegados o solicitados por la parte40, sino que se requiere
demostrar de manera clara y precisa el error en que
incurrió el avalúo oficial y su impacto en el precio
oficialmente establecido, teniendo en cuenta que para fijar
dicho valor se analizan diferentes criterios y parámetros
técnicos, situación que no se acreditó en el caso particular.

En efecto, se debe señalar que, revisado el avalúo
oficial, se encuentra que fue elaborado teniendo en
cuenta los parámetros previstos en la normativa para
la determinación del valor comercial, esto es, la
reglamentación urbanística, la destinación económica
del bien y las condiciones particulares del inmueble.
Específicamente, en el avalúo se identificó plenamente la
franja de terreno a avaluar, se describieron las
características tanto para el terreno como la construcción,
así como la norma aplicable. Se aclaró que el predio de
mayor extensión es de 147.553,47 m2, lo que implicaba
que requería un desarrollo en plan parcial de acuerdo con
lo que establece el Decreto 327 de 2004. Así mismo, se
señaló que los métodos usados fueron el residual y el
de reposición, y que para desarrollar el método
residual se realizó un modelo matemático con el
potencial desarrollo teniendo en cuenta el índice de
ocupación y el índice de construcción y los demás
criterios técnicos que fueron tenidos para su
elaboración.
39
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Rad. 05001-23-31-000-
2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
40
Sobre la carga de la parte actora para controvertir el avalúo oficial en sentencia del 20 de febrero
de 202, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01 se indicó: “[…] Para
precisar el alcance de la carga que recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que
gozan los actos de la administración, no es del caso que el escrito de demanda anexe otros avalúos,
si se pretende con ellos desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la presunción de
legalidad y veracidad de que goza el avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en las
normas que regulan la materia, indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio
oficialmente establecido, pues de lo que se trata es precisamente de llevar al convencimiento del
juez de que se ha incurrido en error al establecer el monto de la indemnización, y no simplemente de
identificar otras alternativas probables. […]” (Subraya del texto original)

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Adicionalmente, es necesario reiterar que, a pesar de que
el avalúo no fue acertado al indicar que el bien tenía una
afectación vial, no se puede olvidar que realizarlo bajo la
norma urbanística vigente para el momento de su
elaboración fue determinante, contrario a lo afirmado por la
parte actora, ya que ello permitió tener claridad sobre que
el bien de mayor extensión del que hacía parte la franja de
terreno expropiada tenía una reserva vial; circunstancia
que influiría en la aplicación del método valuatorio, técnica
residual, ya que, al momento de realizar el proyecto del
potencial de desarrollo, dicha condición afectaría el proceso
de construcción del predio, ya que no será lo mismo
proyectar la construcción de un terreno urbano
desarrollable que cuente con un plan parcial que tenga
definido los usos permitidos que no se vean impactados por
ninguna reserva ni afectación vial y que, eventualmente,
permita un desarrollo de comercio y servicios a escala
metropolitana, como lo pretenden los recurrentes, a un lote
de terreno urbano desarrollable que no tiene plan parcial y
que al momento de realizarlo deberá tener en cuenta la
reserva vial y a futuro la posible afectación de la Avenida
Tibabitá, la cual necesariamente impactará en las
características del predio, ya que no contará con el área
mínima requerida para un desarrollo a gran escala en los
usos permitidos y, por tanto, en la forma de urbanizarlo.

En ese sentido, es preciso indicar que, más allá de las
afirmaciones de la parte actora sobre los errores en
el proyecto de potencial de desarrollo, en el proceso
no obra prueba que indique que el avalúo que
sustentó los actos demandados incurrió en los
errores atribuidos.

Por último, frente a que no se tuvieron en cuenta los
contratos de compraventa celebrados con Autos 160
Ltda. y Combustibles Vehiculares de Colombia S.A., los
cuales reflejan el valor real del m2, la Sala comparte lo
señalado por el a quo al estimar que no existe en el
expediente prueba que demuestre cuáles fueron los
métodos valuatorios que se utilizaron para determinar
los valores para fijar el precio de las citadas
compraventas y de esta manera analizar las
circunstancias, condiciones y características que se
tuvieron en cuenta en dicha oportunidad para
controvertir el método utilizado en el avalúo oficial.
[…]” (Destacado fuera de texto).

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Por consiguiente, este cargo tampoco prospera.

Ahora, sobre la vigencia del referido avalúo CPR–37272-2006

REVISIÓN de 15 de diciembre de 2006, que fundamentó los actos

acusados, y la censura de que se ordenó la indexación de ese

avalúo oficial, a pesar de no estar permitida por la Ley, cabe

mencionar que el IDU, en la Resolución núm. 658 de 17 de

marzo de 2009 acusada, puso de presente que como acaeció el

vencimiento del avalúo oficial de 15 de diciembre de 2006,

mientras la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona

Norte definía la titularidad de los derechos de dominio sobre el

porcentaje de la zona de terreno, era necesario realizar su

indexación, de la siguiente manera:

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Asimismo, la Sala debe señalar que le asistió razón al fallador de

primera instancia cuando sostuvo que dicho avalúo fue empleado,

superado el término previsto en el artículo 1941 del Decreto 1420, -

1 (un) año desde su expedición-, porque se presentaron distintas

situaciones que condujeron a la dilación la actuación

administrativa, pero que el precio fijado en ese avalúo se indexó a

efectos de mantener su poder adquisitivo y evitar un detrimento a

los actores.

Así, lo indicó el a quo:

“[…] Desde el 15 de diciembre de 2006, fecha en la cual se
realizó el avalúo que sirvió de fundamento para realizar la
expropiación administrativa de la que aquí se trata, se
presentaron distintas situaciones que condujeron a la
dilación del trámite.

Se dispuso la adquisición y se formuló la correspondiente
oferta de compra respecto de 40.000 M2 (Resolución No.
6974 de 2006).

Se expidieron dos actos administrativos modificando
los destinatarios de la oferta de compra (resoluciones
Nos. 924 y 1439 de 2007).

Se dispuso la expropiación administrativa (Resolución No.
2751 de 2007), acto respecto del cual también se
presentaron distintas vicisitudes que condujeron a dilatar la
actuación administrativa, a saber, la modificación respecto
de la forma de pago (Resolución No. 3123 de 2007),
pronunciamiento sobre el silencio administrativo positivo

41
“[…] Artículo 19.- Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su
expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación. […]”.

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(Resolución No.4242 de 2007) y la resolución de los
recursos (Resolución No. 4347 de 2007).

Finalmente, mediante la Resolución No. 2463 de 2008 se
formuló una oferta de compra con respecto al 5.75% del
derecho de dominio sobre la zona de terreno de propiedad
de los aquí demandantes, con base en el avalúo realizado
el 15 de diciembre de 2006.

Este conjunto de situaciones condujo a que se
superara el término de 1 año previsto en la norma
últimamente transcrita sobre la vigencia del avalúo.
No obstante, el IDU desarrolló el fin perseguido por la
norma mediante la indexación del avalúo, determinación
que ocurrió según memorando STTR-7400-23736.

Así las cosas, se advierte que si bien el avalúo se
utilizó cuando ya había transcurrido más de 1 año
desde su elaboración, lo cierto es que el precio fijado
en el mismo se indexó a efectos de mantener el
poder adquisitivo del precio y evitar un detrimento a
los demandantes. […]” (Destacado fuera de texto).

Al respecto, la Sala considera que, en efecto, los avalúos en los

procesos de expropiación pueden ser objeto de indexación para

actualizar el valor de la indemnización.

La indexación se justifica porque el valor de los bienes puede

cambiar significativamente entre el momento del avalúo inicial y

el pago de la indemnización; y busca reflejar el deterioro del valor

de la moneda y el aumento del costo de vida, asegurando que la

indemnización sea justa y corresponda al valor real del bien al

momento del pago, considerando la depreciación monetaria.

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Esta Sección, sobre el particular, ha reconocido la necesidad de

indexar los avalúos en procesos de expropiación, a fin de ajustar

el valor de la indemnización y garantizar una compensación justa.

En efecto, en sentencia de 13 de marzo de 2025 42 , la Sección

Primera precisó que es el propio ordenamiento jurídico el que

proporciona las herramientas para restablecer el derecho de las

partes, a fin de que reciban una compensación económica, de la

siguiente manera:

“[…] El Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia,
siguiendo lo previsto en el numeral 6.° del artículo 238 del
Código de Procedimiento Civil 43 , se pronunció sobre la
objeción grave y la resolvió en el sentido de acoger el
dictamen pericial rendido el 4 de diciembre de 2007; y,
conforme con ello, para restablecer a la parte demandante
el derecho subjetivo lesionado, tomó como base el
avalúo dictaminado por el perito, y motivó la
necesidad de actualizarlo en orden, precisamente, al
lapso transcurrido entre el momento en que se rindió
la pericia y el momento en que se profería la
sentencia; además, consideró la vigencia de dicho
avalúo, según lo previsto en el ordenamiento y aplicó
la fórmula correspondiente

[…] la Sección Primera considera que el criterio que
tiene el apelante sobre la obsolescencia del dictamen
pericial no tiene cabida alguna, puesto que es el
propio ordenamiento jurídico el que proporciona las
herramientas para enfrentar situaciones como la que
se plantea en el recurso; cual es, en este caso concreto,
restablecer el derecho de la parte demandante, a garantía
de recibir una compensación económica […] que, al

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
marzo de 2025, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 730012331000 2004
01405 02.
43
Norma aplicable en virtud de los dispuesto en el artículo 625 de la Ley 1564 de 12 de julio de
2012, “[…] por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones […]”.

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momento de ser recibida haya sido indexada o
actualizada conforme al Índice de Precios al
Consumidor previsto en el artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo, es decir, que
corresponda al valor presente de aquello que no le
fue cumplido en oportunidad.

[…] como lo indicó el Tribunal Administrativo del Tolima,
en los casos en los que se trata de limitaciones a la
propiedad de los particulares, prevé el reconocimiento
del valor del inmueble y cualquier otro perjuicio que
se cause, siempre que esté demostrado, y respecto
de los cuales, el paso de tiempo impone su
actualización a valor presente.

77. En consecuencia, acertó el Tribunal Administrativo
del Tolima al considerar que el avalúo […] realizado
por el perito en el mes de diciembre de 2007, debía ser
tomado como base de la condena por concepto de daño
emergente, debido a que: por un lado, ese avalúo
comercial correspondía a las condiciones de la zona
en ese momento; y por el otro, al aplicar la fórmula
de actualización, se garantizó el valor presente de
dicho avalúo. […]” (Destacado fuera de texto).

De manera, que no le asistió razón a la parte apelante al sostener

que la entidad demandada ordenó la indexación al avalúo oficial, a

pesar de que no es permitida en la ley, pues lo cierto es que,

según se puso de presente anteriormente, es el propio

ordenamiento jurídico el que permite la actualización o indexación

a un avalúo comercial de un inmueble, conforme al índice de

precios al consumidor, para que este corresponda al valor

presente, a fin de considerar dicho avalúo, cuando sobre el mismo

ha transcurrido un período de tiempo superior al previsto en la

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ley 44 (o se considere “obsoleto”), siempre y cuando ese avalúo

comercial corresponda a las condiciones de la zona en el momento

en que se practicó.

En otras palabras, se puede reconocer o considerar un avalúo

comercial de un inmueble, sobre el cual ha transcurrido un

período de tiempo superior al previsto en la ley (vigencia), desde

la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la

revisión, mientras ese avalúo corresponda a las condiciones de la

zona en el momento en que se practicó, y se aplique la fórmula de

indexación, en orden a actualizarlo por el lapso transcurrido desde

la época en que se expidió o se revisó, toda vez que con ello se

garantiza el valor presente de dicho avalúo.

En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

-Del DICTAMEN PERICIAL ELABORADO POR EL PERITO
MANUEL DE JESÚS JAUREGUI ESPINEL.

Con el fin de desvirtuar el avalúo oficial, en el decurso del proceso

el Tribunal ordenó una prueba pericial, designándose para

practicarla al señor MANUEL DE JESÚS JAUREGUI ESPINEL. En

virtud de ello, fue elaborado el dictamen de 24 septiembre de

44
Artículo 19 del Decreto 1420.

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2014, en el cual se llevó a cabo un avalúo del predio que

pertenecía a la parte demandante.

En el recurso de apelación, la parte actora adujo que la sentencia

recurrida violó el principio de igualdad de las partes y el debido

proceso, en razón a que aplicó de manera diferente un criterio a

hechos iguales, en cuanto argumentó que no se podía tener como

fundamento, para desvirtuar el avalúo oficial, el dictamen pericial

rendido por el auxiliar de justicia MANUEL DE JESÚS JAUREGUI

ESPINEL, ya que este tuvo como referencia una fecha diferente a

la que se indicó en el avalúo oficial, “pues los tres años de

diferencia inciden en la mediación de los factores urbanísticos con

base en los cuales se establece el precio de un bien en el mercado

inmobiliario”; y, posteriormente, indicó “que si bien se utilizó

cuando ya había transcurrido más de un año desde su elaboración,

lo cierto es que el precio fijado en el mismo se indexó a efectos de

mantener el poder adquisitivo y evitar un detrimento a los

demandantes”.

Cabe mencionar que del dictamen pericial rendido por el auxiliar de

justicia MANUEL DE JESÚS JAUREGUI ESPINEL, se destaca la

siguiente información:

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Además, se observa que dicho dictamen pericial arrojó el siguiente

resultado:

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Como se puede observar, en los ítems “TIPO DE AVALÚO”,

“DESTINACIÓN ACTUAL”, y “X. AVALÚO COMERCIAL” del dictamen

rendido por el señor MANUEL DE JESÚS JAUREGUI ESPINEL, el

mismo fue determinado con valores del año 2009, a pesar de que

debieron calcularse con respecto al año 2006, cuando se llevó a

cabo el avalúo oficial, que sustentó las resoluciones demandadas,

lo cual para la Sala impide su comparación con el avalúo oficial con

el fin de establecer si se ajusta o no al valor real del inmueble,

dadas las dinámicas del mercado inmobiliario45.

Sobre el particular, se tiene que la sentencia apelada señaló lo

siguiente:

“[…] El dictamen pericial rendido por el perito auxiliar
de la justicia Manuel de Jesús Jáuregui Espinel se
efectuó determinando el valor del avalúo comercial
en marzo de 2009, según se aprecia en el acápite “X:
AVALÚO COMERCIAL”, del documento respectivo.

Por lo tanto, se advierte que no corresponde a la fecha
en la que debió realizarse el avalúo, pues conforme se
advierte en la Resolución No. 2463 de 18 de julio de 2008,
el valor del precio indemnizatorio se fijó con fundamento en
el avalúo técnico No. 37272 de 15 de diciembre de 2006.
En tal sentido, debe indicarse que en la providencia de 20
de marzo de 2014, proferida por el Despacho sustanciador
de la presente causa, se manifestó:

“Del análisis integral que se hace de la prueba pericial
solicitada por la demandante y decretada por esta
Corporación, encuentra el Despacho que la experticia para

45
Al respecto, ver sentencia de 29 de febrero de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación
73001233100020120017101).

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la cual se designó al auxiliar de la justicia Manuel de Jesús
Jáuregui Espinel está orientada no a revisar un dictamen
pericial sino a establecer el valor comercial del inmueble
objeto del presente asunto, a la fecha en que se realizó
el avalúo dentro del proceso de expropiación por vía
administrativa y bajo la normatividad aplicable al
momento de la elaboración del avalúo que dio paso a
la expropiación; y si bien lo anterior no se expresó de
esta forma en el auto recurrido, resulta obvio que el avalúo
del perito judicial deba efectuarse tomando en cuenta el
valor del predio a la fecha de expropiación, pues el
presente juzgamiento se realiza respecto de los actos
correspondiente, esto es, de los expedidos al momento de
ser expropiado el bien a los entonces propietarios, que hoy
reclaman.” (Destacado fuera del texto original).

En consecuencia, en tanto el dictamen pericial tuvo
como referencia una fecha diferente a la que se
indicó, no es posible tenerlo como fundamento para
desvirtuar la validez del dictamen elaborado por la
Cámara de Propiedad Raíz – Lonja Inmobiliaria pues
los 3 años de diferencia inciden en la modificación de
los factores urbanísticos con base en los cuales se
establece el precio de un bien en el mercado
inmobiliario.

Tampoco podría ser subsanada esta falencia
mediante una simple deflación del valor para
trasladarlo del año 2009 al año 2006, en la medida
en que el elemento fundamental del avalúo de un
bien inmueble es la apreciación del contexto
urbanístico del predio respectivo, que normalmente
varía en un lapso de 3 años debido a la dinámica en
el desarrollo de la ciudad.

Así las cosas, si bien no se advierte un error en las
metodologías aplicadas, que permitiera, por lo tanto, hacer
lugar a la objeción por error grave, lo cierto es que se tomó
como referencia una fecha distinta a la que correspondía,
circunstancia que por sustracción de materia hace inoficioso
continuar con el examen de los demás argumentos de la
Cámara de Propiedad Raíz – Lonja Inmobiliaria y la
sociedad Terminal de Transporte S.A.

Lo anterior no implica la prosperidad a la objeción por error
grave, pues esta falencia no reviste tal entidad, sin
embargo, se desestimará ante la inexactitud advertida.
[…]

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Con el propósito de controvertir el dictamen anterior, la
parte accionante solicitó la práctica de un dictamen pericial
el cual, luego de ser decretado por el Despacho
sustanciador, fue realizado por el auxiliar de la justicia
señor Manuel de Jesús Jáuregui Espinel; sin embargo, en
relación con este aspecto resulta importante tener en
cuenta que en el acápite referido a las objeciones por error
grave propuestas por la Cámara de Propiedad Raíz – Lonja
Inmobiliaria y la sociedad Terminal de Transporte S.A., se
determinó que la experticia rendida sería
desestimada como medio para desvirtuar el dictamen
que sirvió de base al IDU, pues el dictamen pericial
rendido por el perito auxiliar de la justicia señor
Manuel de Jesús Jáuregui Espinel se hizo situando el
valor del avalúo comercial en marzo de 2009, cuando
debió realizarse para diciembre de 2006, por ser la
fecha del avalúo técnico No. 37272. […]” (Destacado
fuera de texto).

Y posteriormente, dicho fallo apelado indicó:

“[…] El Decreto 1420 de 1998 “Por el cual se reglamentan
parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo
27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62,
67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen
referencia al tema de avalúos”, establece:

“Artículo 19º.- Los avalúos tendrán una vigencia de un (1)
año, contado desde la fecha de su expedición o desde
aquella en que se decidió la revisión o impugnación.”.

El propósito de la norma transcrita, a juicio de esta Sala de
decisión, es el de asegurar que el precio indemnizatorio que
se reconozca no se deprecie por el transcurso del tiempo,
esto es, que se trate de un valor que corresponda a la
realidad económica y que no se vea afectado por el
fenómeno inflacionario.

[…]

Este conjunto de situaciones condujo a que se superara el
término de 1 año previsto en la norma últimamente
transcrita sobre la vigencia del avalúo. No obstante, el IDU
desarrolló el fin perseguido por la norma mediante la
indexación del avalúo, determinación que ocurrió según
memorando STTR-7400-23736.

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Así las cosas, se advierte que si bien el avalúo se
utilizó cuando ya había transcurrido más de 1 año
desde su elaboración, lo cierto es que el precio fijado
en el mismo se indexó a efectos de mantener el
poder adquisitivo del precio y evitar un detrimento a
los demandantes. […]” (Destacado fuera de texto).

De conformidad con lo trascrito de la sentencia apelada y lo antes

expuesto sobre la indexación, la Sala estima que el referido fallo

recurrido no violó el principio de igualdad de las partes y el debido

proceso, toda vez que no es cierto que haya aplicado un criterio de

manera diferente a hechos iguales, dado que, en manera alguna,

se trata de hechos iguales.

En efecto, el dictamen pericial realizado por el señor MANUEL DE

JESÚS JAUREGUI ESPINEL no tuvo en cuenta las condiciones de

la zona o factores urbanísticos del año 2006, sino las de 2009, para

establecer el precio del predio; mientras que el avalúo oficial, que

fundamentó los actos acusados, sí valoró las condiciones del predio

para el 2006, esto es, correspondió a la condiciones de la zona en

el año 2006 (cuando se realizó el avalúo), pero debía ser objeto de

indexación, en orden a actualizarlo por el lapso transcurrido desde

la época en que se expidió, a efectos de mantener el poder

adquisitivo del precio, garantizar el valor presente de dicho avalúo

y evitar un detrimento a los demandantes.

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En otras palabras, mientras el dictamen elaborado por el perito

valoró las condiciones o factores urbanísticos del predio en el año

2009, el avalúo oficial consideró las condiciones o factores

urbanísticos del inmueble de 2006, lo que pone de manifiesto que

se trataron de dos hechos o momentos diferentes y, en tal sentido,

no se le podía aplicar un mismo criterio.

Al respecto, se reitera que la fecha que se tiene en cuenta para

establecer el valor real del inmueble resulta ser relevante, dadas

las dinámicas del mercado inmobiliario46.

Además, de que no puede perderse de vista que para que se

pueda reconocer o considerar un avalúo comercial de un

inmueble, sobre el cual ha transcurrido un período de tiempo

superior al previsto en la ley, desde la fecha de su expedición o

desde aquella en que se decidió la revisión, se requiere que ese

avalúo corresponda a las condiciones de la zona en el momento

en que se practicó, y se aplique la fórmula de indexación, en

orden a actualizarlo por el lapso transcurrido desde la época en

46
Al respecto, ver sentencia de 29 de febrero de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación
73001233100020120017101).

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que se expidió o se revisó, para con ello garantizar el valor

presente de dicho avalúo47.

Por consiguiente, no le asiste razón a la parte apelante al sostener

que se aplicó de manera diferente un criterio a hechos iguales y, en

tal sentido, esta censura no tiene vocación de prosperidad.

Ahora bien, el apelante también alegó que la sentencia recurrida no

valoró el peritaje rendido por el auxiliar de justicia LUIS JAIME

CUARTAS MURILLO, que se pidió como prueba a la objeción por

error grave al peritaje de MANUEL DE JESÚS JAUREGUI ESPINEL, el

cual, a su juicio, indica que el valor del predio expropiado era muy

superior al pagado a los actores.

Frente al particular debe señalarse que si bien es cierto que dicho

dictamen, rendido por el auxiliar de justicia LUIS JAIME

CUARTAS MURILLO, no fue valorado por el a quo, también lo es

que el mismo no desvirtuó el precio del bien expropiado,

establecido en el avalúo oficial realizado por el IDU y que fue acogido

en las resoluciones demandadas.

47
Ver sentencia de 13 de marzo de 2025 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 730012331000 2004
01405 02).

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En el dictamen elaborado el 3 de diciembre de 2015 por el auxiliar

de justicia LUIS JAIME CUARTAS MURILLO, que se pidió como

prueba a la objeción por error grave al peritaje de MANUEL DE

JESÚS JAUREGUI ESPINEL, se observa lo siguiente:

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[…]

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El referido dictamen pericial arrojó el siguiente resultado:

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Sobre el particular, la Sala estima que el citado dictamen pericial

determinó que el valor del inmueble es de $2.645.000.000, pero no

aportó elementos probatorios que permitan constatar la veracidad de

las cifras expuestas, la necesaria relación de causalidad que debe

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existir entre la suma cuyo reconocimiento se procura y la medida

expropiatoria, que conduzca a demostrar la corrección del

justiprecio que se hace en este avalúo y que entraña, obviamente,

la incorrección del avalúo oficial.

Y si bien es cierto que identificó algunas características del sector,

como su ubicación, las actividades predominantes, la estratificación

socio-económicas, los tipos de edificación, las vías de acceso e

influencia del sector, los parques y zonas verdes, el alumbrado

público, las redes de servicio, el transporte público, la actividad

edificadora, la reglamentación urbanística (normatividad vigente), así

como las características de las construcciones generales, como el

relieve, la reserva vial y características generales de la construcción,

también lo es que dicho dictamen pericial, para calcular el valor

comercial del predio, aplicó un método valuatorio diferente al

utilizado en el avalúo oficial.

En efecto, el dictamen practicado por el señor LUIS JAIME

CUARTAS MURILLO, en el trámite de la objeción por error grave,

aplicó el método residual, como lo hizo el avalúo oficial CPR-37272

REVISIÓN de 15 de diciembre de 2006; sin embargo, también

aplicó el método de mercado o comparación, a pesar de que el

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citado avalúo oficial no utilizó ese método valuatorio, sino el de

reposición.

Cabe advertir, al respecto, que para controvertir el avalúo oficial

practicado a partir de la metodología de residual y de reposición, lo

procedente era que el nuevo cálculo fuera hecho aplicando el

mismo sistema técnico que permitiera el análisis de la posible

diferencia de precio entre el avalúo oficial y el dictamen.

En cuanto a la realización de un nuevo avalúo, en el que se aplique

un método valuatorio diferente al utilizado en el avalúo oficial, en

sentencia de 19 de abril de 202148, esta Sección señaló que para

desvirtuar el avalúo oficial no se puede tener en cuenta un avalúo

en el que se haya utilizado un método distinto al del avalúo oficial,

en la medida en que el precio final puede resultar diferente dadas

las particularidades y lineamientos que se deben seguir en cada

método valuatorio.

Así lo indicó esta Sala:

“[…] La parte demandante en su recurso de alzada, aduce
que el tribunal en primera instancia debió ponderar que si
bien en la demanda se pidió la realización de un nuevo
avalúo dando aplicación al método comparativo, el perito
no tenía otra alternativa distinta a la de aplicar el método

48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.

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de capitalización de rentas y no el comparativo, dada la
imposibilidad de acceder al inmueble expropiado y a los
demás inmuebles vecinos, ya que a la fecha en la que se
realizó el dictamen, los inmuebles ya habían sido
totalmente demolidos.

[…] La Sala observa que el avalúo rendido en primera
instancia no podía ser tomado en cuenta, en razón
que se utilizó un método distinto al de comparación y
que las especificaciones y criterios contenidos en
este, difieren de aquel utilizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá mediante avalúo No. AV-466-
07-36549 IDU 04-07 del 27 de diciembre de 2007, en
la medida en que el precio final puede resultar
diferente dadas las particularidades y lineamientos
que se deben seguir en cada método valuatorio. […]”
(Destacado fuera de texto).

Asimismo, se observa que en el referido dictamen se asignó un

valor comercial al bien con la dinámica de oferta y demanda de

bienes inmuebles del año 2008, así como con los valores de

construcción por metro cuadrado de 2008, pese a que el avalúo

oficial, que fundamentó los actos acusados, corresponde al año

2006.

Por lo tanto, la Sala considera que el dictamen realizado por el

mencionado perito evidencia que el mismo está desprovisto de la

suficiente fundamentación fáctica y probatoria que permita

corroborar la corrección y certeza de sus dichos, esto es, que

respalde los valores señalados en el mismo para obtener el valor

del inmueble, objeto de expropiación, pues, conforme se indicó

anteriormente, tuvo en cuenta valores que no correspondían al año

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cuando se realizó el avalúo oficial y utilizó un método valuatorio

distinto al de ese avalúo oficial, en el cual, se reitera, el precio final

puede resultar diferente dadas las particularidades y lineamientos

que se deben seguir en cada método valuatorio.

Así las cosas y después de revisar los dictámenes practicados por

los peritos MANUEL DE JESÚS JAUREGUI ESPINEL y LUIS

JAIME CUARTAS MURILLO, la Sala da cuenta de que estos se

limitaron a señalar de forma autónoma un nuevo y mayor valor

comercial para el bien expropiado, con base en datos de los años

2009 y 2008, respectivamente, pero no estuvieron encaminados a

desvirtuar el resultado al que llegó el IDU en su avalúo CPR-37272

REVISIÓN de 15 de diciembre de 2006.

Lo anterior, debido a que en estos dictámenes no se incluyeron

argumentos que permitieran determinar si el avalúo oficial, que

sirvió de fundamento a las resoluciones acusadas, se realizó de

forma contraria a la ley o incurrió en yerros que propiciaron un

valor de precio comercial del predio que no se ajustaba a la

realidad.

Adicionalmente, debe señalarse que no es de recibo para esta Sala

que los argumentos que sustentan la incorrección del avalúo

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realizado por el IDU, que fundamentó la expedición de los actos

administrativos acusados, se basen en que los precios

determinados en los dictámenes practicados en el proceso son

superiores y que demuestran una diferencia importante con

relación al arrojado en el avalúo oficial, y que ello resulte suficiente

para concluir que el avalúo oficial del IDU adolece de un error

grave en la estimación del precio de los inmuebles objeto de

expropiación, pues la parte demandante debe convencer al juez del

error en el que ha incurrido la Administración al fijar un monto

específico para la indemnización, para lo cual debe aportar las

pruebas para demostrar los errores de este.

Precisamente, sobre el particular, en sentencia de 19 de abril de

2021 49 , la Sala sostuvo que se presume la legalidad del acto

administrativo que incorporó el avalúo oficial, y que por ello la

parte demandante debe aportar las pruebas para demostrar los

errores de este; y que no es de recibo que los argumentos que

sustentan la incorrección del avalúo oficial, que sustentaron la

expedición de los actos administrativos acusados, sean que al ser

mayor el precio del avalúo comercial determinado en los avalúos

49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.

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contratados por el demandante, ello resulte suficiente para

decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Así discurrió la Sección, en la citada providencia:

“[...]
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección 50 […].” (la Sala destaca)
[…]”51

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de
texto).

Asimismo, debe aclararse que el dictamen solo tiene fuerza para

desvirtuar la presunción de legalidad que pesa sobre los avalúos

oficiales y para constituir prueba para el juez con el propósito de

determinar el precio real del inmueble que se expropia, una vez

50
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601.

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demuestre que el avalúo oficial incurrió en errores en el cálculo,

conforme lo expresó esta Sección en sentencia de 19 de abril de

202152, cuando sostuvo:

“[…] el dictamen rendido en un proceso judicial es un
medio probatorio que, por sí mismo, no tiene la fuerza para
desvirtuar la presunción de legalidad que pesa sobre el
avalúo oficial del IGAC; pues aquél simplemente constituye
prueba para el juez con el propósito de determinar el precio
real del bien inmueble que se expropia, una vez se haya
demostrado que el avalúo incurrió en errores en el cálculo.
En estos términos lo procedente, antes de acudir al
dictamen producido dentro del proceso, era demostrar
específicamente el error en qué incurrió el IGAC, para
establecer con base en tal dictamen el valor a pagar. […]”.

En los términos que anteceden, la Sala estima que las falencias de

los dictámenes periciales decretados y practicados en el proceso,

que han quedado evidenciadas, impiden darle plena credibilidad y,

por ende, demuestran que la demandante no cumplió con la carga

procesal de probar que el valor comercial del inmueble, calculado

en el avalúo oficial por el IDU, era equivocado e incorrecto, por lo

que debe tenerse como válido, creíble y debidamente

fundamentado, el referido avalúo oficial, que sirve de sustento a

las resoluciones acusadas, sin que el mismo pueda ser objeto de

modificación dado que la parte actora, quien tenía la carga

probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo.

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00240-
01.

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Cabe destacar y reiterar que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que correspondía a la parte

demandante, demostrar en el proceso que el avalúo oficial es

equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones, conforme

se precisó en la citada sentencia de 15 de agosto de 201953, lo cual

no hizo.

En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

Ahora, en lo que respecta al argumento del apelante de que el

proceso expropiatorio se inició con la notificación de la oferta de

compra, contenida en la Resolución núm. 2463 de 2008 y se

concluyó con la Resolución núm. 460 de 2009, por lo que la

fecha del avalúo debe ser de julio de 2008, pues es la que

corresponde a la Resolución núm. 2463, que contiene la oferta de

compra, debe advertirse que dicho argumento, aducido en el

recurso de apelación, constituye un nuevo cargo contra los actos

acusados que no fue alegado en la demanda.

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-
2011-00196-01.

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Para la Sala la indicación de nuevos cargos contra los actos

acusados en el recurso de apelación resulta a todas luces

improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el momento

procesal es en la demanda o su adicción, sino en razón a que de

acometer su estudio se estaría violando el derecho de defensa de la

parte demandada en el proceso y el deber del juez de hacer

efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201854, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que
no fueron invocadas en la demanda como violadas, pues
las indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y
58 de la Constitución Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a
todas luces improcedente, no solamente por
extemporáneos, pues el momento procesal es en la
demanda o su adición, sino en razón a que de acometer su
estudio se estaría violando el derecho de defensa de la
parte demandada en el proceso y el deber del juez de
hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al
cargo de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).

54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-
00074-02.

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Asimismo, en posterior pronunciamiento, esto es, en sentencia de

8 de octubre de 202055, esta Sección consideró que el ad quem no

puede abordar materias o cuestiones que se plantean en la

apelación, que no hacen parte del concepto de violación del libelo,

ni de lo que la sentencia de primera instancia estudió, pues es su

deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso

y de defensa de la contraparte en el proceso, en los siguientes

términos:

“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los
procesos ordinarios el recurso de apelación tiene límites,
toda vez que debe guardar correspondencia con el petitum
de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia. Sobre el particular, esta Sección
precisó:

“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente
de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho
recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único,
definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en
esta instancia. […] Sobre el particular, esta Sección en
diversas oportunidades ha puesto de presente que “[…] el
juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la
apelación, a los planteamientos expuestos en el recurso de
alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que
no fueron objeto de impugnación. Igualmente ha
reiterado que no puede abordar materias o
cuestiones que se plantean en la apelación, pero que
no hacen parte del concepto de violación del libelo, ni
que la sentencia de primera instancia estudió” […] La
Sala reitera que en virtud de los principios de lealtad
procesal, contradicción y de defensa y la congruencia
que debe existir entre el recurso, la sentencia

55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-
2017-00135-01.

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censurada, el concepto de violación de la demanda y
los argumentos expuestos en la contestación de la
misma, imponen que al apelante le esté vedado
exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y
presentar pretensiones nuevas que no alegó ni en la
demanda ni en la contestación. Si lo hiciere, el ad
quem no puede abordar el estudio de estos nuevos
reproches, pues es su deber salvaguardar los
derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa de la contraparte en el proceso […]” 56 .
(Resaltado fuera de texto).

Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y
probatorio, para que el superior funcional las revoque,
modifique o adicione; en esa medida, no es un
instrumento para incluir cargos nuevos en contra del
acto administrativo acusado porque ello desconocería
los principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y
congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo

alguno sobre este cargo, habida cuenta que solo fue invocado como

argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder de

manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de

las partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de

controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue

planteado en la demanda57.

56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de

diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000
2009 01122 01.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301.

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Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados

por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad

necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a

los actos administrativos acusados, toda vez que en el plenario no

se encuentran elementos probatorios que demuestren la

incorrección del avalúo oficial que sirvió de sustento para la

fijación del precio indemnizatorio reconocido y pagado a los

actores, con ocasión de la expropiación administrativa dispuesta

mediante las resoluciones acusadas.

En consecuencia, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este

proveído.

Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que

de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con

los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión

del artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación

procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de octubre de 2019,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección “A”, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una

vez ejecutoriada ésta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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