Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2009-00339-01
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Consejo de Estado · Sección Primera
Sanción de la aeronáutica civil unidad administrativa especial: A la compañía Aerosucre S.A. y a su Director de Operaciones por…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2009-00339-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2009-00339-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
19 de julio de 2018
SANCIÓN DE LA AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – A la compañía Aerosucre S.A. y a su Director de Operaciones por infringir normas aeronáuticas / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA - Cómputo cuando se trata de actos de ejecución instantánea / CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA – No configuración
Respecto de la manera de entender la temporalidad de la infracción que se viene estudiando, para la Sala es claro que la administración contaba con 3 años contados a partir del 8 de agosto de 2005, por tratarse de una actividad instantánea, para sancionar a los infractores y notificar el correspondiente acto administrativo, independientemente de los actos administrativos que resolvieran los recursos de la entonces denominada vía gubernativa. Como se expuso en párrafos anteriores, la sanción se impuso mediante Resolución No. 00330 del 29 de enero de 2007, la cual fue notificada el 13 de febrero de 2007, fecha en la cual se dio la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria. Ahora, si bien es cierto que contra dicho acto se presentó recurso de reposición resuelto mediante Resolución No. 03464 del 30 de julio de 2007 y que la misma fue revocada por el acto administrativo No. 02227 del 26 de mayo de 2008 debido a un incidente de nulidad presentado en la investigación, por lo que el recurso de reposición fue nuevamente resuelto mediante Resolución No. 00429 de 2009, lo cierto es que el acto sancionatorio – Resolución No. 330 del 29 de enero de 2007- no se vio afectado por el incidente de nulidad mencionado, lo que permite concluir que la caducidad de facultad sancionatoria se interrumpió con su notificación el 13 de febrero de 2007. Igualmente, resulta importante advertir que si bien alegó que para el caso en concreto el término de caducidad era de dos años y no de tres, a partir de lo previsto en las mismas normas que regulaban el término de caducidad en versiones de RAC anteriores, lo cierto es que el acto administrativo sancionatorio se profirió y notificó antes de que se cumplieran dos años desde la ocurrencia del hecho, es decir, 8 de agosto de 2007, sin que por lo mismo dicho argumento tenga la capacidad de demostrar la caducidad alegada por la parte actora. En efecto, según la tesis de la parte actora, la UAEAC contaba hasta el 8 de agosto de 2007 para ejercer su facultad sancionatoria, y en el caso en concreto, aquello ocurrió el 13 de febrero de 2007, con la notificación de la Resolución No. 0330 del 29 de enero del mismo año, por lo que, en todo caso y, en gracia de discusión, tampoco se superó el término de dos años. Teniendo en cuenta lo anterior, en el sub lite, la UAEAC expidió y notificó el acto que impuso la sanción, antes de que caducara la facultad sancionatoria y los actos no adolecen de nulidad por dicho motivo.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 38
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA – DESCONGESTIÓN
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00339-01
Actor: AEROSUCRE S.A
Demandado: AERONÁUTICA CIVIL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia.
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte accionada contra la sentencia dictada el 16 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho ordenó que la sociedad Aerosucre S.A. y el señor Adolfo Rodríguez Arévalo, en su calidad de Director de Operaciones de la referida compañía, no están obligados a pagar las sanciones a ellos impuestas en los actos administrativos declarados nulos.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
La compañía Aerosucre S.A. y el señor Adolfo Rodríguez Arévalo, en calidad de Director de Operaciones de la referida sociedad, actuando a través de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –UAEAC.
Pretensiones:
La parte actora solicitó en el libelo de la demanda las siguientes declaraciones:
“1. Que se declare nula (sic) las resoluciones No 0330/2007 y la confirmatoria No. 03464 del 30 de Julio de 2007, Resolución No. 00249 de Febrero 6 de 2009, expedidas por la Entidad, AERONAUTICA CIVIL – Secretaría de Seguridad Aérea, mediante el cual se imponen unas multas, la suspensión de la licencia al Director de Operaciones Adolfo Rodríguez Arévalo por cinco (05) días y multa de veinte (20) Salarios mínimos legales mensuales, suspensión a la Aeronave HK-4328 por tres (03) días; a la Empresa Aerosucre S.A., carquientos (sic) (500) salarios mínimos legales mensuales.
2.- Que como consecuencia de la nulidad, se declare a manera de restablecimiento del derecho, que la actora no está obligada a pagar la multa impuesta por la Secretaría de Seguridad Aérea., y anular las anotaciones negativas que se hayan hecho con relación al proceso sancionatorio iniciado el 8 de Agosto de 2005.
3.- Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de (sic) establecido en el artículo 176 del CCA.”
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil realizó una inspección a la aeronave HK-4328 explotada por la sociedad Aerosucre S.A. y el 8 de agosto de 2005 encontró que la misma transportó un peso de báscula superior al peso máximo de despegue autorizado para dicha aeronave, por lo que se dio apertura a una investigación en flagrancia y formulación de cargos con auto de apertura de la misma fecha.
2.2. Por lo anterior, se formularon cargos por infracciones a las normas técnicas de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC contra la sociedad Aerosucre S.A., el Director de Operaciones de la misma señor Adolfo Rodríguez, el comandante Gregorio Salcedo Castañeda y el despachador Mauricio Correal Saenz de San Pelayo.
2.3. En acto administrativo 00330 del 29 de enero de 2007 se les declaró infractores de los RAC, por los 2.417 kilogramos de sobre peso transportados en la aeronave HK-4328 el 8 de agosto de 2005 en la ruta Leticia-Bogotá.
Como consecuencia de lo anterior, se impusieron las siguientes multas: a la compañía aérea de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes –s.m.l.m.v., al señor Adolfo Rodríguez de 40 s.m.l.m.v., más la suspensión de la licencia por 180 días y a los señores Gregorio Salcedo Castañeda y Mauricio Correal Saenz de 5 s.m.l.m.v.
Igualmente, se dio por terminada la investigación respecto de los señores Gregorio Salcedo Castañeda y Mauricio Correal Saenz por haberse acogido a la figura jurídica de terminación anticipada de proceso.
2.4. La sociedad Aerosucre S.A. y su Director de Operaciones interpusieron recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 03464 del 30 de julio de 2007 en el sentido de confirmar que los recurrentes son infractores de los RAC y modificó las sanciones impuestas, de la siguiente manera:
600 s.m.l.m.v como sanción principal a la empresa Aerosucre S.A. y como sanción accesoria la suspensión de la aeronave HK-4328 por 12 días
24 s.m.l.m.v para el señor Adolfo Rodríguez como sanción principal, y como accesoria la suspensión de las licencias que lo facultan para ejercer el cargo de Director de Operaciones Aéreas de la referida compañía.
2.5. Mediante Resolución No. 02274 del 28 de mayo de 2008 se revocó el acto administrativo 03464 del 30 de julio de 2007, por medio de cual se había resuelto el recurso de reposición, debido a que el 19 de febrero de 2007 los señores Juan Carlos Solano Recio y Adolfo Rodríguez radicaron en la Secretaría de Seguridad Aérea incidente de nulidad dentro de la investigación arriba mencionada.
El incidente fue resuelto en auto del 29 de junio de 2007 el cual fue notificado mediante edicto fijado el 3 de septiembre de 2007 y desfijado el 14 del mismo mes y año, es decir, con posterioridad a que el fallo sancionatorio quedara en firme, cuando de conformidad con el artículo 137 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, se debió notificar antes:
“Que la Resolución 03464 de fecha 30 de julio de 2007, fue expedida sin que se hubiese dado aplicación a lo establecido en el artículo 140 numeral 4 del Decreto Ley 1400 de 1970 – Código de Procedimiento Civil.”
Así mismo, se ordenó notificar nuevamente el acto administrativo del 29 de junio de 2007 indicando que contra el mismo procedían los recursos de reposición y apelación.
2.6. Mediante Resolución No. 00429 del 6 de febrero de 2009 se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo 00330 del 29 de enero de 2007, en el sentido de (i) confirmar que la sociedad Aerosucre S.A. y el señor Adolfo León Rodríguez son infractores de los RAC; y (ii) modificar las sanciones impuestas de la siguiente manera:
Sancionar con multa equivalente a 500 s.m.l.m.v a la empresa Aerosucre S.A. y accesoriamente con la suspensión de la aeronave HK-4328 por 3 días.
Sancionar con multa equivalente a 20 s.m.l.m.v., como sanción principal al señor Adolfo León Rodríguez, y como sanción accesoria la suspensión de las licencias que lo facultan para ejercer el cargo de Director de Operaciones Aéreas de la sociedad Aerosucre S.A. por 5 días.
3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
La parte actora alega la violación de los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 31, 32 y 84 de la Constitución Política.
De la Organización para la Aeronáutica Civil numeral 9.5.2 literales a, b, y c.
Artículo 1782 del Código de Comercio. Y 32 del Código Penal
Del Reglamento Aeronáutico Colombiano, numerales 7.2.1.15, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6.2, 7.2.15, 7.2.114 y 7.2.16.
De la Guía para Inspectores de Operaciones, parte II, Capítulo IX – Inspección Sorpresa y, finalmente, artículo 55 de la Ley 105 de 1993.
3.1. Cargo primero: falsa motivación
Al respecto, el actor manifestó que los motivos expuestos por la administración no corresponden exactamente a la situación previa que sirvió como justificación de estos.
En primer lugar indicó que, “la inexactitud material de los motivos, que se utilizaron como antecedentes de expedición del acto administrativo, con lo cual la administración falseo la realidad fáctica, que le sirve de fundamento para tomar la medida, pues en el considerando aparecen las manifestaciones de irracionalidad técnica del acto, en el cual se evidencia contradicción entre los mismos.”
Por otro lado, puso de presente que los RAC indican que debe analizarse la conducta del infractor para determinar si es a título de dolo o culpa, por lo que no se hace referencia a una responsabilidad civil, sino de tipo penal, ya que el artículo 4.2.1.15 establece que para lo no previsto allí se debe remitirse al CCA, CPC y Código de Procedimiento Penal.
En ese sentido, para la parte actora se debía probar que hubo una violación a las normas contenidas en los convenios internacionales sobre aviación civil en los que Colombia sea parte, de conformidad con el artículo 7.1.2. de los RAC, cuyos literales a y b indican que las infracciones pueden ser de orden técnico, caso en el cual atentan contra la seguridad aérea, o de orden administrativo que violan cualquier norma reguladora del sector aeronáutico.
Por lo anterior, afirmó que nunca se probó la violación de normas de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 7.1.2. de los RAC.
Adicionalmente, alegó la violación al debido proceso, pues en su criterio, no se siguió el procedimiento establecido para llevar a cabo una investigación por flagrancia, entendida esta como “aquella situaciones (sic) en donde una persona es sorprendida y capturada en el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que en momentos antes ha cometido un hecho punible.”
Así las cosas, manifestó que la infracción administrativa aeronáutica requiere de la tipificación legal preexistente al acto imputable, de la manifestación clara de la antijuridicidad del hecho y de la imputabilidad de la conducta, campo en el cual se proscribe la responsabilidad objetiva, ya que es incompatible con el principio de dignidad humana.
Fundamentó la violación al debido proceso en que, al iniciarse la investigación en flagrancia, en el mismo acto de apertura se profirieron pliego de cargos, sin permitir a los investigados explicar sus actuaciones, lo cual llevó a que no se pudiera exponer las limitantes del decolaje, las cuales son las siguientes:
Peso máximo del decolaje de acuerdo con el peso publicado y aprobado por la Aeronáutica Civil en el análisis de Aeropuerto.
Peso máximo de decolaje limitado por aterrizaje para el cual se tiene en cuenta el máximo de aterrizaje en el destino más el combustible básico.
Peso máximo de decolaje limitado por MZFW dado por el fabricante, más la carga.
Afirmó que las referidas limitantes fueron desconocidas en el caso en concreto, pues los inspectores de la báscula no efectuaron los cálculos técnicos a la aeronave HK-4328, en consecuencia, la afirmación del sobrepeso no tiene sustento legal, “luego entonces carece de respaldo constitucional la imposición de sanciones administrativas de plano con fundamento en la comprobación objetiva de una conducta ilegal, en razón del desconocimiento de que ello implica de los principios de contradicción y de presunción de inocencia, los cuáles hacen parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso.”
Puso de presente que de conformidad con el artículo 7.1.6.2 de los RAC, iniciada la investigación en flagrancia con el auto de apertura de investigación y formulación de cargos, se culmina el proceso y se inicia el sancionatorio establecido en el artículo 55 de la Ley 105 de 1993, por lo que no se necesita un fallo de comprobación de la presunta flagrancia, lo que a su juicio, es violatorio del debido proceso, la presunción de inocencia, pues nunca se prueban los hechos objeto de investigación.
Por otro lado, manifestó que, “la expedición de la parte Séptima del Reglamento Aeronáutico, que indica los procedimientos sancionatorios, estando ya estos procedimientos establecidos en la ley, viola el debido proceso” y permitiendo que el Director Administrativo de Aeronáutica Civil sustituya al legislador al dictar la referida parte séptima.
Finalmente, afirmó que la administración sobrepasó el término con el que contaba para iniciar la investigación, de conformidad con el artículo 7.2.114 de los RAC.
3.2. Cargo segundo: desconocimiento de audiencia y de defensa
La parte actora manifestó que, “no se oyeron los descargos, hubo una sanción sin formula de juicio, sin que mediara una audiencia previa con su audiencia en la investigación de flagrancia que debía adelantarse con fundamento en la ley, utilizando el procedimiento, demostrando la administración el sobre peso con la INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA que antes de proferir los pliegos de cargos, se ha debido solicitar los descargos, actos estos que no sucedieron en dicha investigación violándose el procedimiento, lo anterior indica que el acto administrativo no se motivó pues al ser revocada y la Resolución confirmatoria No. 03464 del 30 de Julio de 2007, por la Resolución No. 02274 de Mayo 2 de 2008, como puede ser posible que la Resolución No. 00429 de Febrero 6 de 2009, confirme la Resolución No. 0330/2007, como lo manifiesta la parte resolutiva numerales primera, segunda y tercera, habiéndose operado la caducidad para investigar y sancionar y la prescripción para efectuar el cobro coactivo.”
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Auto admisorio de la demanda
Mediante auto del 31 de agosto de 2009 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se declaró incompetente para conocer del proceso de la referencia, por lo que lo remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección primera.
En auto del 3 de diciembre de 2009 la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (i) admitió la demanda; (ii) ordenó notificar a la Aeronáutica Civil Unidad Administrativa Especial, al señor Procurador Judicial – asuntos administrativos; (iii) fijó el negocio en lista por el término de 10 días para que la entidad demandada contestara; (iv) fijó la suma de 40.000 pesos que la parte demandante debía consignar; y (v) reconoció personería para actuar al apoderado judicial de la parte actora.
4.2. Contestación de la demanda
4.2.1. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se opuso a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
En primer lugar, expuso que los actos administrativos demandados fueron expedidos con el lleno de los requisitos de la ley y la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, respetando el debido proceso y garantizando el derecho de defensa, pues la compañía actora tuvo la oportunidad de recurrir las resoluciones sancionatorias y la administración de modificar sus actos.
Así mismo indicó que, en el auto de apertura de la investigación en flagrancia y formulación de cargos del 8 de agosto de 2005, se dejó claro que en inspección efectuada a la aeronave HK-4328 explotada por la sociedad AEROSUCRE S.A. se estableció que la misma transportó según peso de báscula de 51.405 kilogramos de peso de despegue en Leticia, cuando el peso máximo autorizado es de 49.214 kilogramos, presentando un sobrepeso de 2.190 kilogramos.
Así las cosas, se hizo la formulación de cargos, se recibieron los descargos, valoraron las pruebas obrantes, estudiaron las normas infringidas, la tipificación y sanciones aplicables al caso, por lo que en Resolución No. 0330 del 29 de enero de 2007 se profirió fallo dentro de la referida investigación, declarando infractores y sancionando con las multas correspondientes.
Puso de presente que en el acto administrativo No. 03464 del 30 de julio de 2007 se precisó que en el procedimiento adelantado en relación con la investigación quedó demostrada la trasgresión de normas aeronáuticas que eran de estricto cumplimiento tanto para la empresa explotadora de la aeronave, como para su Director de Operaciones.
Así mismo, aclaró que la investigación surgió al ser sorprendido en flagrancia por representantes de las autoridades aeronáuticas, al Comandante de la aeronave HK-4328, es decir, en la consumación de un hecho que constituye infracción administrativa el 8 de agosto de 2005 al despegar de Leticia con un sobrepeso.
Hizo alusión al trámite incidental de nulidad llevado a cabo en sede administrativa, para concluir que no caducó la acción sancionatoria de la administración, pues si bien es cierto que la Resolución 03464 del 30 de julio de 2007 fue revocada por acto administrativo No. 02274 del 28 de mayo de 2008, lo cierto es que la posibilidad que tiene el Estado para revisar sus actuaciones, no quiere decir que solo en ese momento se ejerza la potestad investigativa, pues “cuando el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo fijó el término de tres años para la imposición de sanciones, este se entiende cumplido con la expedición del acto administrativo correspondiente y su debida notificación dentro de éste plazo, sin que se requiera esperar la posibilidad de que interpongan o no los correspondientes recursos.”
En relación con la falsa motivación de los actos administrativos y la violación al debido proceso, indicó que la conducta descrita en la Resoluciones demandadas se encuentra tipificada como infracción en la norma, por lo que en el procedimiento adelantado en la investigación fueron cumplidas las formalidades propias establecidas en la parte séptima de los RAC, así como lo establecido para las investigaciones de carácter técnico señaladas en la Ley 105 de 1993 artículo 55.
4.3. Actuaciones relevantes con posterioridad a la admisión de la demanda.
4.3.1. En providencia del 16 de septiembre de 2010 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subsección A resolvió tener como pruebas las aportadas con la demanda.
Igualmente, ofició al Jefe del Grupo de Investigaciones y Sanciones a las Infracciones Técnicas de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, para que remitiera copia auténtica de los antecedentes que dieron origen a las Resoluciones demandadas.
Finalmente, reconoció personería jurídica a la apoderada de la parte demandada.
En auto del 30 de junio de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subsección A corrió traslado a las partes, por el término común de 10 días para alegar de conclusión.
4.4. Alegatos de conclusión
4.4.1. La parte actora manifestó que durante el proceso la Aeronáutica Civil no demostró que habiendo iniciado un proceso cognoscitivo, con relación al supuesto sobrepeso detectado en flagrancia, para establecer los verdaderos hechos y actos constitutivos de la infracción, aquel culminó con un fallo ejecutoriado.
En efecto, explicó que el proceso debía tener 5 etapas (i) introductoria, en la que se pone en conocimiento a las partes de la presunta infracción; (ii) probatoria; (iii) disuasoria o de alegatos de conclusión; (iv) decisoria; y (v) recursos.
Así las cosas, si bien la investigación se dio por flagrancia, lo cierto es que la misma debe ser probada en el proceso, por lo que no se puede asimilar a la investigación técnica, la cual tiene otros componentes.
Igualmente, manifestó que la expedición de la parte séptima de los RAC viola el debido proceso, pues sustituye lo ya establecido por el legislador.
Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
4.4.2. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.
4.4.3. El agente del Ministerio Público, no presentó concepto.
4.5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, mediante sentencia del 16 de abril de 2012, declaró la nulidad de las Resoluciones Nos. 330 del 29 de enero de 2007, 3464 del 30 de julio de 2007, 2274 del 28 de mayo de 2008 y 429 del 6 de febrero de 2009, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
A título de restablecimiento del derecho ordenó que la sociedad Aerosucre S.A. y el señor Adolfo Rodríguez Arévalo, en su calidad de Director de Operaciones de Aerosucre S.A. no se encuentran obligados a pagar sanción alguna impuesta en los actos administrativos anulados, y en caso de que ya hubieran realizado el pago, ordenó que el mismo fuera devuelto indexado.
Como fundamento de su decisión, expuso en relación con la falsa motivación fundamentada en la presunta vulneración al debido proceso que, no le asiste razón al actor, pues el auto del 8 de agosto de 2005 se le notificó personalmente, decisión que fue tomada con base en la confrontación hecha entre el manifiesto de peso y balance, el libro de vuelo de Aerosucre S.A. y el pesaje realizado al llegar al aeropuerto El Dorado, por lo que la sanción impuesta tiene su asidero en el sobrepeso descubierto por la entidad demandada al momento de llegada, configurándose el concepto de flagrancia.
Por otro lado, indicó que la investigación técnica dejó de ser pertinente, conducente y útil desde el momento en el que el comandante de la aeronave y su despachador se declararan culpables de haberla sobrecargado, razón por la cual cancelaron la multa y se dio por terminado anticipadamente el proceso en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el auto de apertura del 8 de agosto de 2005.
Ahora, en relación con la presunta prescripción de la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria, afirmó que no es de recibo el argumento del actor ya que, “si bien es cierto el elemento volitivo es un pilar fundamental del debido proceso en materia punitiva, fiscal, disciplinaria etcétera, no es lo mismo en lo concerniente en el régimen sancionatorio administrativo, como bien lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia C-010 de 2003, de 23 de enero de 2003, M.P. Dra Clara Inés Vargas Hernández.”
En consecuencia, afirmó que en materia sancionatoria administrativa, no es aplicable el elemento volitivo del dolo y culpa para tener en consideración el actuar del agente objeto de sanción, pues la conducta tiene una naturaleza cuantitativa que está relacionada con pesos y medidas que corresponden a valores exactos.
Igualmente adujo que, para el régimen administrativo sancionatorio, la responsabilidad objetiva no se encuentra proscrita per se, ya que, en esta clase de potestades de sanción, lo que se debe observar es sí la conducta desplegada por el sujeto pasivo de la norma se encuentra respaldada o no por esta, siempre teniendo en cuenta los hechos y las pruebas.
Por último, frente al argumento de que no se le dio oportunidad a la parte demandante de presentar los descargos, manifestó que lo despacharía desfavorablemente pues, de la revisión del procedimiento administrativo se tiene que los infractores sí rindieron sus descargos en la oportunidad procesal para ello.
Por otro lado, en relación con el cargo de la caducidad de la facultad sancionatoria, puso de presente que, el numeral 7.2.1.14 de los RAC establece que aquella caduca en el término de 3 años contados a partir desde el día de la consumación para las infracciones instantáneas. En efecto, afirmó que:
“… la administración cuenta con un término de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho que da origen a la sanción, para iniciar la correspondiente investigación administrativa, proferir la decisión de fondo, resolver los recursos de la vía gubernativa y, notificar cada una de las decisiones que se dicten en la misma.
En tratándose de lo acontecido en el presente caso, se observa que dentro de las pruebas obrantes en el plenario, consistente en los antecedentes administrativos que dieron origen a la sanción, se constata que se dio inicio al procedimiento sancionatorio con ocasión de un ‘auto por el cual se dicta apertura de investigación y se formulan cargos en flagrancia’, de fecha 8 de agosto de 2005, con base en este acto administrativo y de flagrancia suscitada en el sub lite, se profiere la Resolución No. 330 de 29 de enero de 2007.
Notificados tanto el Director de Operaciones como el Representante Legal de Aerosucre S.A., en debida forma de la Resolución 330 de 29 de enero de 2007, procedió a interponer los correspondientes recursos dentro de la oportunidad legal para ello. Se resolvió el recurso de reposición mediante Resolución No. 3464 de 30 de julio de 2007, este acto administrativo fue revocado mediante Resolución No. 2274 de 28 de mayo de 2008 por cuanto no se había notificado la resolución que resolvió el incidente de nulidad adelantado previamente a la expedición de la Resolución No. 3464 de 30 de julio de 2008; y por último se profirió la Resolución No. 429 de 6 de febrero de 2009, mediante el que se resuelve el recurso de reposición impetrado, notificado el 17 de febrero de 2009.
Así las cosas, y conforme a la jurisprudencia arriba transcrita, resulta claro para la Sala que en el presente caso han transcurrido más de los tres (3) años establecidos en el numeral 7.2.1.14 del Reglamento Aeronáutico Colombiano, configurándose de esta forma la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, razón por la cual, se ha de declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.”
4.6. Recurso de apelación
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil interpuso recurso de apelación, con el fin de que se revoque dicha providencia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
En primer lugar manifestó que el régimen aplicado en las investigaciones seguidas por incumplimiento a los RAC no tienen el carácter de especial en su totalidad, pues en una investigación de carácter técnico por violación de los reglamentos aeronáuticos de Colombia se aplica el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo y la Constitución.
Por lo anterior, adujo que el artículo 38 de C.C.A. establece que, salvo disposición en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los 3 años de producido el acto que pueda ocasionarlas.
En relación con el caso en concreto expuso:
El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 8 de agosto de 2005.
El 29 de enero de 2007 se expidió la Resolución No. 330 de 2007 por medio de la cual se profirió fallo sancionatorio dentro de la investigación No. 087-05.
La Resolución No. 330 del 29 de enero de 2007 fue notificada al representante legal de Aerosucre y al señor Adolfo León Rodríguez el 13 de febrero de 2007.
Teniendo en cuenta lo anterior, el fallo sancionatorio fue proferido y notificado dentro del lapso de los tres años, por lo que la facultad sancionatoria de la administración no había caducado.
Sobre el punto citó la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado del 9 de junio de 2011 radicado 2004-00986 en la cual se indicó que “los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado.”
Por otro lado, alegó que la sentencia de primera instancia era incongruente, pues si bien la demanda se presentó por la compañía Aerosucre S.A. y el señor Adolfo León Rodríguez, lo cierto es que solo fue admitida para la referida sociedad aérea, sin embargo, en el fallo se resolvió lo correspondiente al mencionado señor León Rodríguez.
4.7 Trámite de segunda instancia
Luego de haber sido concedida la apelación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, mediante auto del 24 de mayo de 2012, el mismo fue recurrido por la parte actora, mediante escrito del 29 de mayo del mismo año, recurso que fue resuelto por el Tribunal en auto del 21 de junio de 2012 en el sentido de no reponerla. Sin embargo, se revocó de oficio el auto del 24 de mayo de 2012 y en su lugar, se ordenó fijar la audiencia de conciliación que debía celebrarse previo a la concesión del recurso de apelación.
El 22 de agosto de 2012 se llevó a cabo la audiencia de conciliación previa de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, la cual fue declarada fallida, al no tener las partes ánimo conciliatorio.
En auto del 26 de junio de 2013 la Sección Primera del Consejo de Estado admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 16 de abril de 2012. En providencia del 1º de noviembre de 2013 le corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión.
La parte actora expuso que la fecha de iniciación de la presunta flagrancia es el 8 de agosto de 2005, el artículo 7.2.1.14 de los RAC establece un término de 2 años para la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, la cual para el caso en concreto, venció el 8 de agosto de 2007.
Puso de presente que el acto principal no es la Resolución 0330 de 2001, pues la misma fue anulada, por lo que el acto administrativo final es el del 2 de mayo de 2008, proferido cuando ya había caducado la referida facultad.
Aclaró que contra el acto administrativo de 2 de mayo de 2008 se interpusieron recursos, resueltos en la Resolución del 6 de febrero de 2009, cuando ya estaba por fuera del término.
Por otro lado, indicó que las presuntas infracciones del RAC se presentaron cuando estaba en vigencia la Resolución No. 04034 del 16 de octubre de 1999, por lo que el término de caducidad era de 2 años y no de tres, el cual fue indicado en la Resolución No. 02369 de junio de 2006.
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ratificó todo lo anotado en el escrito de apelación. Hizo énfasis en que la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 9 de junio de 2011, radicado 2004-00986 señaló: “las diversas tesis aplicadas en su momento por el Consejo de Estado, fueron recogidas por la sentencia de 29 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la que se unifican los criterios de las Secciones, concernientes a la caducidad de la sanción cuyos apartes más importantes para el sub judice, se transcriben a continuación (…) ‘En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual en tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa’.”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1º del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo en los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del citado acuerdo, el Despacho del doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.
En el caso concreto la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el cual “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla.”
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la providencia del 16 de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, para lo cual se deberá resolver el siguiente problema jurídico:
¿Caducó la facultad sancionatoria de la administración en el caso en concreto?
Razones jurídicas de la decisión
Bajo el panorama expuesto, la Sala resuelve el problema jurídico que subyace al caso concreto, para lo cual, por razones de orden metodológico, abordará los siguientes ejes temáticos: i) caducidad de la potestad sancionatoria del Estado; y ii) examen de la caducidad en el caso concreto
Caducidad de la potestad sancionatoria del Estado
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado que la obligación de adelantar las investigaciones sin dilaciones injustificadas hace parte del debido proceso, por lo cual resulta aplicable a toda clase de actuaciones, e implica que la potestad sancionatoria no puede quedar indefinidamente abierta, finalidad que se logra con el señalamiento de un plazo de caducidad que constituye una garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia del interés general, además de cumplir con el propósito de evitar la paralización del trámite administrativo y garantizar la eficiencia de la administración.
En torno al régimen legal de la potestad sancionatoria de la Administración, de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo, la regla general, aplicable en defecto de previsión especial sobre el particular, es la contenida en el artículo 38 del C.C.A., de conformidad con el cual “[s]alvo disposiciones especiales en contrario, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanción caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.” (Negrilla fuera de texto).
Lo anterior implica que el Estado tratándose de sus facultades sancionatorias, tiene un plazo máximo de 3 años para imponer las sanciones a las que haya lugar por las conductas contrarias a derecho, que sean ejecutadas por quienes son sujetos pasivos de dichas facultades.
Al respecto y para realizar una concreción al caso objeto de estudio en la presente providencia, es necesario indicar que, en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia –RAC parte séptima, se establece lo siguiente:
7.2.1.14. Caducidad y Prescripción La facultad que tiene la Autoridad Aeronáutica para investigar y sancionar caducará en el término de tres (3) años. La caducidad de la acción empezará a contarse para las infracciones instantáneas desde el día de su consumación y desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado. Cuando fueren varias las infracciones investigadas en un solo proceso, la caducidad de las acciones se cumplirá independientemente para cada una de ellas. La ejecución de la sanción prescribe en un término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo fallo.
En cuanto a la contabilización del término de caducidad que rige la facultad de imponer sanciones, resulta esencial determinar tanto el extremo temporal inicial como el final, con el fin de establecer si la UAEAC ejerció la potestad sancionatoria dentro del plazo que le concedió el ordenamiento jurídico.
En relación con el primer extremo, el artículo 38 del Decreto 01 de 1984 y el 7.2.1.14 de los RAC, establecen que la caducidad se configura al cabo de tres (3) años de haberse producido el acto que pueda ocasionar la sanción, esto es la ejecución de la conducta contraria al ordenamiento superior y que constituya falta sancionable de acuerdo con el principio de legalidad.
Lo anterior implica que, tratándose de conductas de ejecución instantánea, esto es, aquellas que se consuman en el momento mismo de su realización, la caducidad se contabiliza desde el momento en que se ejecuta la misma.
Con respecto al extremo temporal final, esto es, el momento hasta el cual se extiende la competencia de la administración para la imposición de la sanción, la Sala destaca que, hasta la expedición de la Ley 1437 de 2011, se habían sostenido tres tesis, a saber:
(i) Dentro del término de tres años que establecía el artículo 38 del Decreto 01 de 1994, debía expedirse únicamente el acto administrativo sancionatorio, sin que fuera necesaria su notificación ni el agotamiento de la vía gubernativa;
(ii) Se consideraba válido el ejercicio del poder sancionador con la expedición y notificación del acto principal dentro del término de caducidad de la misma, por estimarse necesario que el administrado conociera la decisión; y
(iii) El acto administrativo que refleje la voluntad de la administración respecto del procedimiento sancionatorio adelantado, debe quedar ejecutoriado dentro del término de caducidad, previsto en el artículo 38 del C.C.A., mediante la resolución y notificación de los recursos interpuestos para agotar la vía gubernativa.
Cabe destacar que actualmente y desde el año 2009, la posición mayoritaria al interior del Consejo de Estado corresponde a la tesis intermedia, en virtud de la cual basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción. En efecto, resulta ser esta la tesis que se impuso, por haber sido acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por las Secciones Primera y Cuarta de esta Corporación, siendo entonces el criterio que gobierna esta clase de controversias.
El argumento que sustenta la tesis mayoritaria sostiene que el acto sancionatorio principal es “el que pone fin al procedimiento, resolviendo de fondo el asunto, con independencia de que el debate pueda continuar eventualmente si el interesado decide hacer uso de los recursos en vía gubernativa”.
Resulta pertinente destacar, que tal como lo narra el recurso de apelación, la anterior tesis fue cimentada por la Sala Plena en la sentencia de 29 de septiembre de 2009, en la cual se estableció con claridad, que es el denominado acto primigenio el que impone la sanción, por lo que su expedición y notificación constituye el extremo final del término de caducidad.
La Sala considera necesario precisar, que si bien no puede desconocerse que la pluricitada sentencia de 29 de septiembre de 2009, resolvió un tema relacionado con una sanción propia del régimen disciplinario de los servidores públicos, la argumentación vertida en la misma es aplicable a toda facultad sancionatoria del Estado, ya que en ella se determina que de conformidad con la teoría general del acto administrativo, las sanciones se entienden impuestas con el acto primigenio y su notificación, por lo que el término en que se resuelvan los recursos de la otrora denominada vía gubernativa, no son tenidos en cuenta en el cómputo de caducidad, lo cual es predicable del ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, no siendo razonable aplicar una interpretación diferente a los demás procedimientos que tiene por finalidad la imposición de sanciones.
En virtud de las anteriores consideraciones, se concluye que tratándose de conductas instantáneas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del CCA y el 7.2.1.14 de los RAC, la autoridad con potestad sancionatoria, tiene tres años contabilizados desde el día de su consumación y desde la realización del último acto, para interrumpir la caducidad de la facultad sancionatoria con la expedición y notificación del acto principal sancionatorio, tal como anteriormente advertido.
En consecuencia, la sentencia de primera instancia aplicó de manera incorrecta la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que si bien como se advirtió previamente, han existido diversas posturas sobre el extremo final de la caducidad de la facultad sancionatoria, es claro que dicha discusión fue zanjada por la Sala Plena en la pluricitada sentencia de 29 de septiembre de 2009.
No obstante lo anterior, la Sala estima necesario realizar un análisis concreto de la caducidad en el sub examine, esto teniendo en cuenta que la misma fue contabilizada de manera errada por el a quo.
Examen de la caducidad en el caso en concreto
La UAEAC, profirió fallo dentro de la investigación 087-05, iniciada contra la parte actora, mediante Resolución No. 00330 del 29 de enero de 2007 en la cual resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar infractores de las normas aeronáuticas ya citadas y transcritas en la parte motiva de esta providencia, por los 2.417 Kg, de sobre peso transportados en la aeronave HK-4328, el día 08 de agosto de 2005, en la ruta Leticia-Bogotá, a la sociedad AEROSURE S.A., en su condición de Explotador de la aeronave HK-4328, identificada con NIT 890115166, a ADOLFO LEON RODRIGUEZ AREVALO, en su condición de Director de Operaciones de Aerosucre S.A., identificado con cédula de ciudadanía 19.064.088, A Gregorio Salcedo Castañeda, EN SU CONDICIÓN DE Comandante de la citada aeronave, identificado con cédula de ciudadanía 7.441.972, Licencia PTL-1018, y a MAURICIO CORREAL SAENZ DE SAN PELAYO, persona que efectuó el despacho de la mencionada aeronave, identificado con cédula de ciudadanía 80.409.504, Licencia PCA 4952.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior, sancionar a los infractores, así:
-A la Sociedad AEROSUCRE S.A., con multa equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y como sanción accesoria, suspensión de actividades de vuelo de la aeronave HK-4328, por veinte (20) días calendario.
A ADOLFO LEON RODRIGUEZ AREVALO, con multa equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales vigentes y la suspensión de la licencia por un término de ciento ochenta (180) días.
(…)”
La infracción estuvo fundamentada en la infracción de los siguientes numerales de los RAC:
Para el explotador: 4.4.1.3, 4.18.1.1, 4.19.3, conductas aplicables a las sanciones contempladas en las numerales 7.1.7.2.10 c y 7.1.7.2.10.1
Para el Director de Operaciones: 4.18.1.2., 4.18.1.3, conductas aplicables a las sanciones contempladas en los numerales 7.1.7.2.5 d y 7.1.7.2.5.1.
Lo anterior por cuanto en inspección efectuada a la aeronave HK-4328 explotada por la compañía Aerosucre S.A. que cubría la ruta Leticia-Bogotá, Inspectores de la Secretaría de Seguridad Aérea de la Aeronáutica Civil, el 8 de agosto de 2005 encontraron que la citada aeronave transportó, según peso de báscula 46.280 kg de peso de despegue, presentando un sobrepeso de 2.190 Kg, pues el máximo permitido era de 49.214 Kg.
Respecto de la manera de entender la temporalidad de la infracción que se viene estudiando, para la Sala es claro que la administración contaba con 3 años contados a partir del 8 de agosto de 2005, por tratarse de una actividad instantánea, para sancionar a los infractores y notificar el correspondiente acto administrativo, independientemente de los actos administrativos que resolvieran los recursos de la entonces denominada vía gubernativa.
Como se expuso en párrafos anteriores, la sanción se impuso mediante Resolución No. 00330 del 29 de enero de 2007, la cual fue notificada el 13 de febrero de 2007, fecha en la cual se dio la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria.
Ahora, si bien es cierto que contra dicho acto se presentó recurso de reposición resuelto mediante Resolución No. 03464 del 30 de julio de 2007 y que la misma fue revocada por el acto administrativo No. 02227 del 26 de mayo de 2008 debido a un incidente de nulidad presentado en la investigación, por lo que el recurso de reposición fue nuevamente resuelto mediante Resolución No. 00429 de 2009, lo cierto es que el acto sancionatorio – Resolución No. 330 del 29 de enero de 2007- no se vio afectado por el incidente de nulidad mencionado, lo que permite concluir que la caducidad de facultad sancionatoria se interrumpió con su notificación el 13 de febrero de 2007.
Igualmente, resulta importante advertir que si bien alegó que para el caso en concreto el término de caducidad era de dos años y no de tres, a partir de lo previsto en las mismas normas que regulaban el término de caducidad en versiones de RAC anteriores, lo cierto es que el acto administrativo sancionatorio se profirió y notificó antes de que se cumplieran dos años desde la ocurrencia del hecho, es decir, 8 de agosto de 2007, sin que por lo mismo dicho argumento tenga la capacidad de demostrar la caducidad alegada por la parte actora.
En efecto, según la tesis de la parte actora, la UAEAC contaba hasta el 8 de agosto de 2007 para ejercer su facultad sancionatoria, y en el caso en concreto, aquello ocurrió el 13 de febrero de 2007, con la notificación de la Resolución No. 0330 del 29 de enero del mismo año, por lo que, en todo caso y, en gracia de discusión, tampoco se superó el término de dos años.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el sub lite, la UAEAC expidió y notificó el acto que impuso la sanción, antes de que caducara la facultad sancionatoria y los actos no adolecen de nulidad por dicho motivo.
Así las cosas, es claro que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos dentro del término de caducidad de la potestad sancionatoria, por lo cual habrá de revocarse la sentencia de primera instancia y en su lugar denegar las pretensiones de la demanda.
Del segundo argumento de la apelación
En relación con el argumento de la apelación según el cual la sentencia de primera es incongruente pues si bien la demanda fue interpuesta por la compañía Aerosucre S.A. y su Director de Operaciones, la misma solo fue admitida para la sociedad referida, por lo que no se podían pronunciar sobre las pretensiones elevadas por el señor Adolfo Rodríguez, la Sala considera que no le asiste razón pues, si bien en el auto del 3 de diciembre de 2009 no se mencionó a éste último, lo cierto es que el trámite se adelantó teniendo en cuenta que la parte actora estaba conformada por dos sujetos procesales, quienes, a través de apoderado judicial intervinieron a lo largo del proceso.
En efecto, tanto en el auto de pruebas, como en los traslados para alegar de conclusión se hizo referencia a la parte actora, entendida esta como la compañía Aerosucre S.A. y su Director de Operaciones.
Así las cosas, resultaría violatorio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, concluir que la omisión en la que incurrió el Tribunal de primera instancia, debe entenderse como un rechazo de la demanda frente al señor Adolfo Rodríguez, como lo pretende la accionada, pues es claro que la demanda fue admitida y que el a quo no profirió una decisión de inadmisión o rechazo.
Finalmente, la Sala advierte que en el escrito de demanda la parte actora presentó cargos de falsa motivación y de violación al debido proceso, los cuales fueron estudiados por el Tribunal en primera instancia, autoridad judicial que consideró que los mismos no se configuraban, de conformidad con lo expuesto en los antecedentes de esta providencia, decisión que no fue apelada por las partes, por lo que teniendo en cuenta el límite de la competencia del juez en segunda instancia, circunscrito únicamente a los argumentos del recurso, esta Sección no puede emitir pronunciamiento al respecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – Descongestión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: En su lugar, se dispone DENEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folios 80 y 81 del cuaderno 1. Folio 65 del cuaderno 1. Folio 68 del cuaderno 1. Folio 70 del cuaderno 1. Folio 74. Artículo 55º.- Régimen sancionatorio. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, sancionar administrativamente a los particulares, personas naturales o jurídicas relacionadas con el sector, por la violación de los reglamentos aeronáuticos y las demás normas que regulan las actividades del sector aeronáutico. Las sanciones aplicables son: amonestación, multa hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales, suspensión o cancelación de licencias, matrículas, registros; suspensión de la utilización de bienes o servicios, suspensión o cancelación de permisos o cualquier autorización expedida por esta autoridad. Estas sanciones se aplicarán de acuerdo con la gravedad de la infracción y podrán imponerse acumulativamente y agravarse con la reincidencia. Las sanciones se aplicarán previo traslado de cargos al inculpado, quien tendrá derecho a presentar sus descargos y solicitar pruebas dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Contra la resolución sancionatoria sólo procede el recurso de reposición en efecto devolutivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Cuando se trate de infracciones detectadas en flagrancia, cuya realización atente contra la seguridad aérea o aeroportuaria a juicio de las autoridades aeronáuticas, se tomarán las medidas preventivas inmediatas que sean necesarias para neutralizar la situación de peligro creada por el infractor, las cuales pueden incluir medidas de conducción y retiro de personas y bienes, para lo cual se contará con la colaboración de las autoridades policivas. Folio 79 del cuaderno 1. Folio 89 de cuaderno 1. Folios 93 a 97 del cuaderno 1. Folios 101-111 del cuaderno 1. . Folio 104 del cuaderno 1. Folios 113-115 del cuaderno 1. Folios 122-123 del cuaderno 1. Folios 124-130 del cuaderno 1. Folios 131 -135 del cuaderno 1. El proceso fue enviado a la Subsección C el 5 de septiembre de 2011 por descongestión. Folios 150-168 del cuaderno 1
Folio 159 del cuaderno 1. Folios 165-166 del cuaderno 1. Folios 171-176 del cuaderno 1. Folios 178-179 del cuaderno 1. Folios 171-173 del cuaderno 1. Folios 185-192 del cuaderno 1. Folios 202-203 del cuaderno 1. Folio 8 del cuaderno 2. Folio 11 del cuaderno 2. Folios 12-14 del cuaderno 2. Folios 15-20 del cuaderno 2. Folio 17-18 del cuaderno 2. Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar corrió entre el 25 de mayo el 8 de junio de 2011 (folio 395 reverso cuaderno número 1), el presente asunto se encuentra para fallo previó a la entrada en vigencia del Código General del Proceso (1 de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente nro. 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Ver al respecto la sentencia del Consejo de Estado – Sección Quinta del 10 de mayo de 2018 M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 25000232400020090035301
Corte Constitucional, Sentencia C-401 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Modificado según Art. Primero de la Resolución N°. 02369 de Junio 09 de 2006. Publicada en el Diario Oficial N° 46.294 del 09 de Junio de 2006. Normatividad que zanjó las diferencias de posturas que existían al interior de la Corporación. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia, Sentencia del dos (2) de agosto de dos mil doce (2012), radicación número:
25000-23-24-000-2004-00030-01(17439), actor: Instituto de Fomento Industrial -IFI- en liquidación
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de septiembre de 2009, Rad. No. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S). C.P.: Susana Buitrago Valencia.
Entre otras, en los siguientes fallos: las sentencias del 26 de noviembre de 2009, Rad. 25000 23 24 000 2004 00339 01. C.P.: Rafael Ostau de Lafont Pianeta; 9 de junio de 2011, Rad. 2004 00586 01. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno; de 4 de agosto de 2011, Rad. No. 2003 01151 01. C.P.: María Claudia Rojas Lasso; 23 de febrero de 2012, Rad. No. 2004-00344-01. C.P.: María Elizabeth García González; 14 de febrero de 2013, Rad. No. 25000 23 24 000 2003 91003 01. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno y 28 de veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Radicación Núm.: 25000 23 24 000 2008 00369 01 Actor: GAS PAÍS SA Y CIA. SCA ESP. Demandados: NACIÓN- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, M.P. Guillermo Vargas Ayala.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del primero (1º) de octubre de dos mil catorce (2014), Radicación: 250002324000200700081 01 No. Interno: 18917 Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: BANCO DAVIVIENDA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
Ob. Cit.
Ob. Cit.
Ib-, p. 13.
Folio 40 del cuaderno 1.
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