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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00051-02

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00051-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones Nº 908 de 25 de mayo de 2007, por medio de la cual la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, declaró responsable al Distrito Capital de Bogotá del incumplimiento de unas obligaciones e impuso una multa en cuantía de quinientos cincuenta y dos millones veinticuatro mil pesos (552.024.000.oo). y la Nº 1010 de 1º de junio de 2009, por medio de la cual la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 908 del 25 de mayo de 2007, en el sentido de confirmar parcialmente el acto impugnado y reducir la cuantía de la multa a la suma de cuatrocientos cuarenta y un millones seiscientos diecinueve mil doscientos pesos ($441’619.200.oo). SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente […]”. 13 Cfr. Folios 866 a 915 del cuaderno núm. 2 del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Número único de radicación: 25000232400020100005102 Demandante: Secretaria Distrital de Ambiente del Distrito Capital de Bogotá Consideraciones del Tribunal 59. Observó en relación con el cargo formulado sobre el debido proceso, que mediante la Resolución 0561 de 27 de marzo de 200614 se decidió abrir investigación administrativa ambiental contra el Distrito Capital de Bogotá, formulando el cargo único de presuntamente haber incumplido la obligación establecida en el artículo segundo de la Resolución 577 de 12 de junio de 2000, considerando que las actividades a implementar para la segunda fase de la PTAR el Salitre y el cambio de esquema para la descontaminación del río Bogotá, debieron proponerse para la debida aprobación de la parte demandada con la anterioridad que los actos administrativos respectivos y la normativa ambiental requerían; y, en este último acto administrativo que modificó la licencia ambiental otorgada en la Resolución 817 de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2010-00051-02

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

14 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 25000232400020100005102
Demandante: Secretaria Distrital de Ambiente del Distrito Capital de Bogotá
Demandada: Nación- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)1 - Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA)

Tema: Se revoca la sentencia de primera instancia. No se vulneraron los
principios de confianza legítima y de respeto del acto propio con la expedición
de los actos administrativos acusados. No se desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos administrativos demandados.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 25 de abril de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Mediante la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011 se escindió el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial y se creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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Número único de radicación: 25000232400020100005102
Demandante: Secretaria Distrital de Ambiente del Distrito
Capital de Bogotá

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Secretaria Distrital de Ambiente del Distrito Capital de Bogotá, a través de
apoderado judicial, en adelante la parte demandante o SDA, presentó demanda2
contra el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en adelante la parte
demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante, Código
Contencioso Administrativo o CCA, para que se declare la nulidad de las
Resoluciones núm. 0908 de 25 de mayo de 20074 y 1010 de 1 de junio de 20095
expedidas por el Asesor del Despacho del Viceministro de Ambiente y la Directora
de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, respectivamente.

Las pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6:

“[…]

PRIMERA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 908 de 25 de mayo de
2007, por medio de la cual la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, declaró
responsable al Distrito Capital de Bogotá del incumplimiento de unas obligaciones e
impuso una multa en cuantía de quinientos cincuenta y dos millones veinticuatro mil
pesos (552.024.000,oo).

SEGUNDA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 1010 de 1º de junio de
2009, por medio de la cual la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 908 de 25 de mayo de
2007, en el sentido de confirmar parcialmente el acto impugnado y reducir la cuantía
de la multa a la suma de cuatrocientos cuarenta y un millones seiscientos diecinueve
mil doscientos pesos ($441´619.200,oo).

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a
titulo (sic) de restablecimiento del derecho, se declare que no existe fundamento
jurídico para imponer multas a la Secretaría Distrital de Ambiente con ocasión de las
medidas adoptadas -en el marco de mesas interinstitucionales- tendientes a la
descontaminación del Río Bogotá y que se alejen de aquellas autorizadas mediante
la Resolución No. 817 de 24 de julio de 1996 proferida por el entonces Ministerio de
Medio Ambiente.

2 Folios 1 a 31 del cuaderno núm. 3 del expediente.
3 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
4 “[…] POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES […]”
5 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución 908 del 25 de mayo de 2007

y se toman otras determinaciones […]”
6 Folios 754 a 755 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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CUARTO: Que se indemnicen los perjuicios causados a mi representada, y que
serán probados en el desarrollo del proceso.

QUINTO: Que de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso
Administrativo, en concordancia con los artículos 392 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, se condene en costas a la Nación – Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

SEXTA: Que de conformidad con el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil y
en concordancia con el Acuerdo No. 1887 de 26 de junio de 2003 proferido por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o la norma que modifique
o sustituya dicho Acuerdo, se condene y liquiden las agencias en derecho que deberá
pagar la Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a mí
representado.

[…]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4. El programa de tratamiento de aguas residuales de Bogotá D.C. adoptado
mediante la Resolución 577 de 12 de junio de 2000, fue el resultado de un estudio
adelantado por la firma EPAM Ltda. en el año 1993, el cual recomendó la
construcción de tres (3) plantas de tratamiento de aguas residuales, ubicadas en las
desembocaduras de los ríos Salitre (4 m3/s), Fucha (7 m3/s) y Tunjuelo (4 m3/s),
versión original como solución definitiva al problema de la contaminación.

5. Mediante el Decreto 378 de 17 de junio de 1995, se creó el Comité Consultivo
del Río Bogotá integrado por: la Secretaría de Hacienda del Distrito, el Gerente
General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Director del
Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, en adelante DAMA, y la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, para el acompañamiento al
proyecto de descontaminación; y, se suscribió el contrato 015 de 1994, mediante el
cual se diseñó, construyó y operó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PTAR-Salitre.

6. El Ministerio de Medio Ambiente otorgó mediante la Resolución núm. 817 de
24 de julio de 1996, la licencia ambiental al Distrito Capital de Santafé de Bogotá
para la ejecución del proyecto a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado

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de Bogotá, en adelante EAAB, cuya modificación fue solicitada en el año 2003, sin
que se hubiere dado respuesta hasta el año 2006.

7. A través de la Resolución 1301 de 4 de julio de 2006, se sancionó a la parte
demandante por la suma de mil un millones doscientos treinta y dos mil pesos
($1.001.232.000), “[…] decisión que fue recurrida en reposición oportunamente (19-
07-06), y se resolvió este recurso mediante la Resolución No 0908 de fecha 25 de
Mayo de 2007 […]”, y se impuso a la SDA “[…] una segunda multa de quinientos
cincuenta y dos millones veinticuatro mil pesos mcte ($ 552.024.000), […]”, que
también fue materia de recurso de reposición, decidido en la Resolución 1010 de 1
de junio de 2009, imponiendo una multa de cuatrocientos cuarenta y un millones
seiscientos diecinueve mil doscientos pesos ($441.619.200).

8. Transcribió algunos apartes del recurso de reposición contra la Resolución
0908 de 2007, el primero, relacionado con la recomendación del estudio de la firma
EPAM Ltda. realizado en 1993, de construir tres plantas de tratamiento de aguas
residuales: Salitre, Fucha y Tunjuelo; y el segundo, referente a que según el
programa vigente, cada una de las tres (3) plantas será desarrollada en dos (2)
fases.

9. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición a través de la Resolución 1010 de 2009,
imponiendo “[…] una nueva multa por valor de cuatrocientos cuarenta y un millones
seiscientos diecinueve mil doscientos pesos mcte ($ 441.619.200). […].”

10. A través del Acuerdo Interinstitucional de 2006, suscrito por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la CAR y la Secretaría Distrital de
Ambiente, entre otras entidades, “[…] se cambió expresamente el contenido de
la Licencia Ambiental, […]”, adoptando como proyecto para la descontaminación
del Río Bogotá, la construcción de dos (2) plantas la de Salitre segunda fase y la de
Canoas, reemplazando el inicial de construcción de tres (3) plantas (Salitre, Fucha
y Tunjuelo). (Negrilla y subrayado de texto original).

11. Esta actuación sancionatoria vulnera el principio constitucional de la
confianza legítima, que determina que las personas tienen confianza en que las
actuaciones de […] las autoridades, de la Administración Pública, se fundamentan
en los actos y hechos que realizan, comunican y les anteceden, como en este caso,

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donde 9 años de foros y mesas de trabajo destinados a ese propósito (Buscar una
alternativa de tecnología eficiente, moderna, y viable financieramente 2000 2009),
concretados en el Acuerdo Interinstitucional […] generaron la suficiente
credibilidad en las modificaciones efectuadas sobre la licencia ambiental y en el
entendimiento de la necesidad de la variación actual del proyecto […]”.(Negrilla de
texto original).

12. Lo contrario, “[…] enloquecería la actividad pública e institucional, […]”, por
cuanto obligaría al Distrito de Bogotá D.C. a construir las tres (3) plantas de
tratamiento de aguas residuales para que no lo sancionen, como se estableció hace
trece (13) años en la licencia ambiental, mientras que, de otro lado, se hace un gran
esfuerzo en todos los niveles, por ejemplo, presentando en audiencia pública ante
las autoridades judiciales, una alternativa de cierre financiero y tecnológica distinta.

13. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial vulneró lo
establecido en el acuerdo interinstitucional suscrito en 2006, en la sentencia judicial
• Acción Popular 2001-90479 y su pacto de cumplimiento y “[…] todos (sic) las
obligaciones emanadas de la aceptación en diversos foros de la necesidad de
buscar un replanteamiento de la estructura tecnológica a construir, tanto en número
de Plantas como en su ubicación, y en el material tratado ( 4m3 a 8m3 de DBO y
ampliada para tratamiento primario químicamente asistido) […]”.

14. Frente a la disminución de las multas de un acto administrativo a otro,
Resoluciones 1301 de 2006, 0908 de 2007 y 1010 de 2009, no hay explicación al
respecto, existiendo “[…] inmensas dudas sobre la fortaleza de los argumentos con
los cuales se sancionó al investigado, […]”.

Normas violadas

15. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 1, 2, 6, 29, 79, 80, 83 y 228 de la Constitución Política.
• Artículo 84 de la Ley 99 de 1993.

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Concepto de Violación

16. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:

Primer cargo: Desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa

17. Adujo que la Resolución 1010 de 2009 violó el artículo 29 de la Constitución
y “[…] los derechos de contradicción estipulados en el Código Contencioso
Administrativo, Artículo 3: […]”, al omitir dentro del procedimiento administrativo una
“[…] acusación […]”contra la parte demandante, relacionada con el cambio de
esquema para la descontaminación del Río Bogotá, privándola de ejercer su defensa
respecto de este señalamiento el cual aparece como “[…] argumento central del Acto
sancionatorio, […]” sin lograrse probar en su contra, por cuanto las acusaciones que
se realizaron en la actuación administrativa se dirigieron a aspectos diferentes: i)
retardo en el cumplimiento de la modificación de la licencia ambiental; y, ii)
seguimiento a la capacidad real de la PTAR el Salitre y su necesidad de ampliación.
(Negrilla y subrayado de texto original).

Segundo cargo: Falsa motivación

18. Manifestó que: “[…] El Acto demandado contiene fundamentos contrarios a la
verdad de los sucedido en el proyecto, a la verdad técnica y jurídica y desconoce
deliberadamente que no obstante existir una licencia ambiental o un acto
administrativo para la ejecución del proyecto del Río Bogotá, la magnitud de la obra
supone un desarrollo dinámico, que de manera permanente expone al proyecto a
modificaciones técnicas, financieras con la intervención de la máxima autoridad
ambiental del país, el ministerio del medio ambiente a través de los permanentes
foros y mesas de trabajo (Tribunal Administrativo, Procuraduría Contraloría
General). Situación que debe hacer este Ministerio a la luz de los principios de
buena fe, que postula el Artículo 83 de la constitución política de 1.991 -aplicable
especialmente a las autoridades estatales-, conocedor inmediato de los cambios que
es dable introducir a la versión original de la licencia ambiental. […]”. (Negrilla de
texto original).

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19. Indicó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al
conocer como autoridad ambiental la evolución y realidad instrumental del proyecto,
debe conducir a que exonere de sanciones a la parte demandante; además, el
mismo es ejecutado a través de la EAAB quien tiene la operación, administración y
mantenimiento de la PTAR el Salitre, cumpliendo integralmente con el programa de
descontaminación del Río Bogotá y la parte demandante tiene solamente la
responsabilidad surgida exclusivamente de la “[…] detentación de un documento
(licencia ambiental) sin que tome ningún tipo de decisiones por lo complejo del
proyecto. […]”.

20. Manifestó que los aspectos económicos, técnicos, tecnológicos, de alta
ingeniería, de contratación de personal, de construcción de interceptores y canales,
y otros, los decide exclusivamente la EAAB, al punto que el Decreto 626 de 2007
ordenó la cesión de la licencia a dicha empresa, la cual fue aceptada mediante el
acto jurídico correspondiente por cedente y cesionaria.

21. Adujo que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no
puede desconocer que por imposición de la sentencia de la Acción Popular,
expediente núm. 90479, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
M.P. Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, se establecía desde el 25 de agosto
de 2004, en el pacto de cumplimiento del DAMA, el replanteamiento tecnológico de
la descontaminación del Río Bogotá, al establecer que en lugar de tres (3) plantas
de tratamiento de aguas residuales “[…] como se había acordado originalmente, en
la Licencia Ambiental (Resolución No 817 de 1996) […]” Salitre, Fucha y Tunjuelo,
se construiría una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Canoas y una
posible ampliación de la PTAR Salitre.

22. Expuso que las razones del cambio fueron conocidas por dicho ente
ministerial en razón a que también fue […] demandado y condenado en la misma
sentencia, […]”, realizando su pacto de cumplimiento y compartiendo con la SDA
“[…] la suerte de coadyuvar el proceso de descontaminación del Río Bogotá, pacto
en el que dijo el Ministerio: “En el caso de ser necesario la modificación de la licencia
Ambiental por parte del Distrito Capital, el MAVDT dará prioridad a la evaluación y
pronunciamiento sobre su Viabilidad.” […]”.

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23. Citó apartes de la sentencia de Acción Popular 2001-90479 y doctrina sobre
la falsa motivación.

Tercer cargo: Desviación de poder

24. Expresó que los principios de razonabilidad (artículos 3, 35 y 36 del CCA) y
buena fe (artículo 83 de la Constitución), que deben presidir las actuaciones
administrativas, hacen cuestionable que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial “[…] asista, conozca, delibere y decida las necesarias
modificaciones que se han ido introducido (sic) al proyecto, […]”, participe en las
decisiones y posteriormente, como si fuera ajeno al proceso, exija el cumplimiento
de la licencia de 1996, “[…] ignorando lo acordado en las mesas de trabajo (20003
(sic), 2004, 2005, 2006, 2007 etc), con una ritualidad escrita, que efectivamente no
se dio en su momento, y que contradice lo aceptado por el Ministerio. […]”. (Negrilla
de texto original).

25. Citó doctrina sobre la desviación de poder.

26. Expuso que un primer momento del cronograma cumplido por la SDA inició
con la fase de construcción y operación de la Planta el Salitre, a partir del 20 de
septiembre de 2000; con la Resolución 1074 de 1997, se establecen estándares
ambientales en materia de vertimientos; y con la labor institucional de la parte
demandante de reducción de la carga de contaminación entre los años 1995 y 2000,
ésta se disminuyó considerablemente en los cuerpos de agua, “[…] en 75.667
toneladas de sólidos suspendidos totales y 127.832 toneladas de demanda
bioquímica de oxígeno, proveniente del sector industrial de Bogotá, […]”, lo que
denota la seriedad, diligencia y responsabilidad de la parte demandante y los
cuestionables argumentos de la sanción.

27. Cuestionó que “[…] Si los Actos Administrativos verbales no tienen efectos
jurídicos sobre los participantes en una mesa de trabajo, y sobre lo decidido
anteriormente en una Licencia Ambiental, que objetivo tendrían las reuniones para
el estudio de la modificación del macropoyecto del Río Bogotá […]”, convocada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría General de la Nación y
la Contraloría Distrital de Bogotá. (Negrilla y subrayado de texto original).

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28. Trascribió párrafos del Acuerdo Interinstitucional de 24 de noviembre de 2006,
y señaló que: “[…] Este es un Acto administrativo con la importancia de ser
interinstitucional, lo que supone la confluencia de voluntades de diversos órganos
del Estado, que en nuestro criterio implica una relevancia única sobre su naturaleza
y calidad como expresión de la voluntad administrativa, […] a través del cual se
realiza un compromiso que implica un replanteamiento de lo licenciado originalmente
[…]”. (Negrilla de texto original).

29. Adujo que desconocer el contenido del Acuerdo Interinstitucional y requerir el
cumplimiento de la licencia ambiental sancionando a la parte demandante, es “[…]
una total incongruencia jurídica y una atentado contra el derecho que tiene el
estado (sic) de modificar o corregir los grandes proyectos de ingeniería, cuando el
tiempo, la evolución tecnológica, el modo de financiación, la misma actividad
judicial a través de sus sentencias, hacen aconsejable la adopción de una solución
distinta, mejor para la comunidad. […]”. (Negrilla de texto original).

30. Refirió al principio de seguridad jurídica, citando jurisprudencia de la Corte
Constitucional y doctrina.

31. Argumentó que la responsabilidad por la falta de modificación de la licencia
ambiental con la debida anticipación, punto que genera la sanción, es “[…] una
omisión inocua (Advirtiendo que el Ministerio una vez presentada se demoró 4 años
sin decidir sobre la misma 2003-2007) en cuanto el Ministerio RAZONÓ, DISCUTIÓ,
ENTENDIÓ, PROPUSO Y ACEPTÓ dichas reformas al proyecto PTAR – Salitre, […]
comprendiendo la imposibilidad científica y presupuestal de continuar con el
cronograma en la construcción de la segunda fase de la Ptar-Salitre, y los actos
administrativos verbales de modificación o revocación, son plenamente eficaces,
igual que las operaciones administrativas, y sus efectos jurídicos, son inmediatos,
[…]”.(Negrilla de texto original).

32. Manifestó que el acto acusado incurre en una imprecisión al señalar que se
omitió dar inicio a la segunda fase de la PTAR Salitre en el segundo semestre de
2003, cuando el plazo estaba hasta el año 2004 (Resolución 577 de 2000), y además
se exige para la modificación de la licencia el cumplimiento de requisitos

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establecidos “[…] posteriormente por el Decreto 1220/95, […]” expedido 10 años
después de la licencia ambiental. (Negrilla y subrayado de texto original).

Cuarto cargo: Violación de la ley

33. Afirmó que el artículo 84 de la Ley 99 de 1993, disposición sobre la cual se
aplica la sanción de multa a la parte demandante, determina que las sanciones
proceden en caso de violación de las normas sobre protección ambiental, situación
que no se presenta directa ni indirectamente con la conducta de la SDA, quien por
el contrario, se encarga de la protección integral del medio ambiente con ejecuciones
concretas como las PTAR Salitre y Canoas.

34. Sostuvo que los artículos 35 y 36 del CCA establecen que los actos
administrativos deben ser motivados y su fundamentación debe ser adecuada a los
fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa,
lo que permite observar la necesidad de dar a los hechos que han acompañado
durante años el desarrollo del proyecto, que finaliza con la escogencia de la
construcción de la PTAR Canoas, la relevancia e importancia que tiene, y no como
acontece en el expediente donde existió una total “[…] desconexión entre el
fundamento fáctico de la Resolución 1010/09 y la determinación de la sanción […]”,
pues si el proceso administrativo sancionatorio hubiera involucrado la realidad de lo
sucedido con el proceso de descontaminación del Río Bogotá, el resultado habría
sido el entendimiento de la modificación al proyecto original.

35. Planteó que el cambio de esquema del artículo 2 de la Resolución 577 de
2000 “[…] generó una situación jurídica irreal de incumplimiento, […]”, por cuanto si
hubo un cambio éste fue concertado y ejecutado de común acuerdo con la autoridad
ministerial, de tal manera que como resultado de esas reuniones en mesas de
trabajo, se remitió a la parte demandada unas actuaciones que evidencian el interés
por cumplir la licencia ambiental y su modificación.

36. Afirmó que las mesas de trabajo modificaron varios aspectos de la Resolución
577 de 2000, entre otros: sitio de traslado de los biosólidos, forma de financiación,
forma de elección de la tecnología, cierre financiero, sistema de plantas a construir,
tiempos para la construcción de las plantas de tratamiento, estudio de impacto

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ambiental, programa de control de vertimientos industriales y troncales de
conducción con sus respectivos caudales.

37. Alegó que los actos administrativos verbales tienen plenos efectos jurídicos
modificatorios sobre actos anteriores, en especial en asuntos de naturaleza técnico
• ambiental […] QUE NO DAN ESPERA NI PUEDEN ATENERSE A
INTERMINABLES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS […]”.

38. Aseveró que las mesas de trabajo “[…] NO SON CONVERSATORIOS
INOCUOS SINO QUE SURTEN O DEBIERAN SURTIR PLENOS EFECTOS
JURÍDICOS SOBRE LOS TEMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, CIENTIFICOS Y
FINANCIEROS […]”, así se encuentren previamente resueltos por acto
administrativo total o parcialmente. (Negrilla y subrayado de texto original).

39. Aseguró que la revocatoria o modificación directa de las decisiones
administrativas como las licencias ambientales, debe ser un mecanismo al que
puede acudir la administración pública que le permite cambiar decisiones, “[…]
CUANDO ESTA ACOMPAÑADO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD, DE
RAZONES Y FUNDAMENTOS SERIOS PARA EL CAMBIO DEL ACTO Y DEL
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR, SITUACIONES TODAS QUE SE DAN
CUANDO EN LAS MESAS DE TRABAJO SE ACOMPAÑA LA AUTORIDAD
AMBIENTAL-MIN. DEL MEDIO AMBIENTE- DEL SUJETO PASIVO DE SU ACTO,
LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE […]”. (Negrilla de texto original).

Contestación de la demanda

40. La parte demandada contestó la demanda7 y se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, así.

41. Adujo que la formulación de los cargos efectuada por la parte de demandante
no “[…] ataca de manera correcta y directa las consideraciones jurídico-técnicas que
se tuvieron en cuenta en los actos administrativos demandados […]”.

42. Refirió a la facultad sancionadora de la administración, para lo cual, en primer
lugar, citó la Constitución Política de 1991 en la que el tema ambiental adquirió gran
importancia al imponerle al Estado la obligación de proteger las riquezas naturales

7 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 780 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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y culturales de la Nación, la diversidad e integridad del medio ambiente, los deberes
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con la finalidad
de garantizar el desarrollo sostenible y la promoción del bienestar general; y en
segundo lugar, mencionó que la norma Superior atribuyó al Estado la función de
imponer sanciones legales a quienes causen deterioro ambiental, para lo cual
transcribió el artículo 80 ibidem.

43. Señaló que el artículo 1º de la Ley 99 de 22 de diciembre de 19938 mencionó
los principios de la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, de los cuales anotó “[…] los principios 4, 11, 13 y 15, i) la
responsabilidad de los Estados de proteger el medio ambiente; ii) el deber de
promulgar leyes eficaces tanto para la protección del medio ambiente como para el
desarrollo de la responsabilidad y la indemnización de las victimas (sic) de
contaminación ambiental; iii) y la aplicación del principio de precaución Cuando (sic)
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en
función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. […]”. Afirmó
que en “[…] Sentencia 594 de 1992, la Honorable Corte Constitucional, […]” se
pronunció sobre el vigor jurídico y fuerza vinculante de dichos principios y transcribió
unos apartes de dicha providencia.

44. Indicó que se expidió la Ley 1333 de 21 de julio de 2009 9, que estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental y que el Estado es el titular de la
potestad sancionatoria por conducto de la parte demandada y demás autoridades
ambientales competentes según la ley y los reglamentos.

45. Sostuvo que según la sentencia C-710 de 2001, existe una “[…] capacidad
discrecional de la administración en el proceso sancionatorio, sin que ello vulnere el
derecho al debido proceso. […]” y que dicha discrecionalidad se dirige a hacer
efectiva la protección del medio ambiente y los recursos naturales, el cual es un
compromiso adquirido por Colombia en el contexto internacional al promulgar la Ley

8 “[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. […]”
9 “[…] Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. […]”.

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164 de 27 de octubre de 199410, que en el artículo 3º, numeral 3. de la convención
aprobada previó el principio de precaución.

46. Indicó que las normas ambientales son de orden público, según lo dispuso el
artículo 107 de la Ley 99 y refirió a la importancia de esta normativa para el equilibrio
en el funcionamiento de la Nación y la sociedad, así como a la “[…] importancia que
le ha reconocido la jurisprudencia colombiana así como las normas internacionales
reconocidas por nuestro país. […]”.

47. Explicó los fundamentos jurídicos tenidos en cuenta por la parte demandada
cuando se confirmó la sanción impuesta a la parte demandante y se modificó la
multa, para lo cual transcribió literalmente casi en su totalidad algunos
considerandos de la Resolución núm. 1010 de 2009.

Alegatos de conclusión

48. El Despacho sustanciador11, recaudadas las pruebas ordenadas y mediante
el auto proferido el 23 de agosto de 201212, resolvió correr traslado a las partes por
el término común de diez (10) días para que formularan sus alegatos de conclusión.

La parte demandante

49. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y relacionó algunos puntos,
que según su criterio, son claros por no haber sido debatidos, haber sido
reconocidos por las partes o que se encuentran demostrados; de igual manera,
afirmó que carece de prueba el incumplimiento de la parte demandante a los
términos de la licencia ambiental y la “[…] validez de la metodología utilizada para
la tasación de la multa impuesta por el Ministerio a la SDA. […]”.

50. Indicó que “[…] como se ha dicho, con la expedición de los actos acusados
se vulneró el mandato constitucional del Debido proceso, contenido en el artículo 29
de la Constitución Política […]”, al imputar cargos a la parte demandante sin tener

10 “[…] Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. […]”.
11 El auto fue proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”,

doctora Diana Lucía Puentes Tobón.
12 Cfr. folio 847 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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en cuenta las especiales circunstancias en el marco de la acción popular 2011-0479,
que ha influenciado las actividades desarrolladas por las distintas entidades públicas
para el saneamiento y descontaminación del río Bogotá.

51. Adujó que se violó el derecho citado supra al imponer una sanción de multa
única, desbordando lo previsto en el literal a) del numeral 1º del artículo 85 de la Ley
99, y aplicar una fórmula que no se encuentra regulada por ninguna ley ni
reglamento.

52. Manifestó que se infringió dicha norma Superior en razón a que los cargos
formulados no fueron por violación de las normas sobre protección ambiental o
manejo de recursos naturales renovables como lo dispone el artículo 84 ibidem, sino
que tanto los cargos endilgados y la sanción impuesta fueron por el incumplimiento
“[…] del termino (sic) de una licencia ambiental que estaba sujeta a modificaciones
por las distintas actuaciones judiciales y administrativas que le resultaban
relevantes. […]”.

53. Afirmó que con la expedición de los actos acusados se vulneraron el artículo
84 y el literal a) del numeral 1º del artículo 85 de la Ley 99 y que “[…] la sanción que
impone el Ministerio de Ambiente, no es por infracción a una norma sobre protección
ambiental, definida clara y expresamente por el legislador o norma sobre el manejo
de los recursos naturales renovables […]”, sino que la sanción impuesta es por el
“[…] presunto incumplimiento del termino de una licencia […]”.

54. Refirió a tres (3) aspectos en los que la parte demandada desbordó el marco
legal: i) la metodología utilizada para definir el valor de la multa impuesta a la parte
demandante, en razón a que no existe en la Ley 99 ni en el Decreto 1594 de 1984
norma aplicable para este caso, presentándose una extralimitación de funciones y
violación a los principios de legalidad y contradicción, al debido proceso y al derecho
de defensa; ii) la sanción que se imponga debe atender la gravedad de la infracción,
y en el presente asunto, teniendo en cuenta las discusiones previas que se
adelantaron con la parte demandada, no podía producirse una sanción tan gravosa
y desproporcionada como la que se dispuso en los actos acusados; iii) el límite
determinado en el artículo 85 de la Ley 99, el cual señalaba “[…] multas diarias hasta
de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por día de infracción; […]” sin
que se estableciera multas únicas como lo hace la parte demandada.

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55. Expresó que la actuación de la parte demandada constituye una desviación
de poder y falsa motivación, porque existiendo suficientes elementos que condujeran
a la exoneración de la parte demandante, el resultado fue diferente y sin justificación
legal alguna, como si se tratara de ejercer la facultad sancionatoria sin que existiera
mérito para ello.

La parte demandada

56. Guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Concepto del Ministerio Público

57. Guardó silencio en esta etapa procesal.

Sentencia proferida en primera instancia

58. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
“A” mediante sentencia proferida el 25 de abril de 201313, resolvió lo siguiente:

“[…] FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones Nº 908 de 25 de mayo de
2007, por medio de la cual la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, declaró responsable al
Distrito Capital de Bogotá del incumplimiento de unas obligaciones e impuso una multa
en cuantía de quinientos cincuenta y dos millones veinticuatro mil pesos
(552.024.000.oo). y la Nº 1010 de 1º de junio de 2009, por medio de la cual la Dirección
de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución Nº 908 del 25 de mayo de 2007, en el sentido de confirmar parcialmente
el acto impugnado y reducir la cuantía de la multa a la suma de cuatrocientos cuarenta
y un millones seiscientos diecinueve mil doscientos pesos ($441’619.200.oo).

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente

[…]”.

13 Cfr. Folios 866 a 915 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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Consideraciones del Tribunal

59. Observó en relación con el cargo formulado sobre el debido proceso, que
mediante la Resolución 0561 de 27 de marzo de 200614 se decidió abrir investigación
administrativa ambiental contra el Distrito Capital de Bogotá, formulando el cargo
único de presuntamente haber incumplido la obligación establecida en el artículo
segundo de la Resolución 577 de 12 de junio de 2000, considerando que las
actividades a implementar para la segunda fase de la PTAR el Salitre y el cambio
de esquema para la descontaminación del río Bogotá, debieron proponerse para la
debida aprobación de la parte demandada con la anterioridad que los actos
administrativos respectivos y la normativa ambiental requerían; y, en este último acto
administrativo que modificó la licencia ambiental otorgada en la Resolución 817 de
1996, se establecieron obligaciones a los interesados respecto de los términos de
construcción de las dos fases de la planta de tratamiento el Salitre, así como de la
construcción y entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento de Fucha,
basados en los lineamientos de los instrumentos ambientales y posterior
seguimiento que hacen parte fundamental de la licencia ambiental conferida.

60. Indicó que el análisis de la obligación impuesta en la Resolución 577 de 2000
y del cargo único formulado en la Resolución 561 de 2006, le permite al a quo
concluir que el cargo que motivó el inicio de la investigación administrativa ambiental
según la resolución ibidem, “[…] no difiere del cargo por el cual se declaró
responsable e impuso la sanción al Distrito Capital […]; además que se nota la plena
identidad del mismo, toda vez que se “[…] circunscribe a la responsabilidad de la
entidad sancionada por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo de
la Resolución 577, […]”.

61. Para su análisis, agrupó los cargos de falsa motivación, desviación de poder
y violación de la ley, al considerar que guardan relación entre ellos y en todos se
hace referencia a los cambios que sufrió el proyecto original de descontaminación
del río Bogotá “[…] en virtud de la dinámica y complejidad del mismo, situación que
al decir del ente demandante ha (sic) sido desconocidos por el MAVT. […]”.

14 “[…] “Por el (sic) cual se abre una investigación administrativa de carácter ambiental y se formulan cargos”

[…]”.

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62. Expresó que el entonces Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 817
de 24 de julio de 1996, modificada por las Resoluciones 1121 de 16 de octubre de
1996, 577 de 12 de junio de 2000 y 821 de 17 de agosto de 2000 (confirmada
mediante la Resolución 463 de 4 de junio de 2001), otorgó licencia ambiental
ordinaria al Distrito Capital para el proyecto de descontaminación del río Bogotá,
autorizando únicamente “[…] el diseño, construcción, operación y demás actividades
de la Planta del Salitre. […]” y para el diseño, construcción y operación de las Plantas
de los ríos Fucha proyectada su construcción a siete (7) años y Tunjuelo a diez (10)
años, se debía presentar al Ministerio de Medio Ambiente, los estudios técnico-
ambientales correspondientes de acuerdo a los términos de referencia especificados
en su oportunidad, para su aprobación, de tal manera que, la licencia ambiental se
otorgó solo para la PTAR el Salitre.

63. Señaló que en el año 2003 se fijó la entrada en operación de la segunda fase
de la PTAR el Salitre, además que el Distrito Capital debía presentar “[…] los
requerimientos de ampliación en las dos fases de la planta, cuya construcción y
operación se precisó era para el año 2004, y en cuanto a la meta de
descontaminación, con la entrada en operación de la segunda fase de la PTAR El
Salitre se tendría un vertimiento de 30mg/lt de carga orgánica (DBO) y de sólidos
suspendidos totales (SST). […]”.

64. Mencionó que el programa de tratamiento de los vertimientos del río Bogotá,
“[…] está sujeto a los resultados de los estudios de viabilidad técnica y financiera a
cargo de la administración distrital […]”, lo que permite observar el potencial
dinamismo del proyecto derivado de los avances de la tecnología y las formas de
financiación.

65. Transcribió apartes del Decreto 619 de 28 de julio de 200015 sobre el
esquema de tratamiento de aguas residuales en el Distrito Capital y anotó que el
cronograma fue modificado por el Decreto 469 de 23 de diciembre de 2003 16, en el
que se adoptó el nuevo esquema del sistema de tratamiento de aguas residuales,
cuyas modificaciones aparecen consignadas en su artículo 106.

15 “[…] Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. […]”.
16 “[…] Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. […]”.

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66. Precisó que el sistema de tratamiento de aguas residuales “[…] tuvo un
cambio trascendental al pasar de tres PTAR (Salitre, Fucha y Tunjuelo) a dos PTAR
(Salitre y Canoas), junto con el sistema de interceptores Engativá - Cortijo, Fucha
Tunjuelo (durante los años 2004 y 2009), Tunjuelo - Canoas y Canoas – Alicachín
(posterior al año 2010). […]”.

67. Consideró que la entidad sancionadora desconoció los actos previos,
encaminados a la determinación de un nuevo esquema del sistema de tratamiento
de aguas residuales, “[…] adoptado en dicho Decreto no sólo con el aval del MDVT,
sino de los distintos entes gubernamentales que intervinieron en el proyecto de
descontaminación del río Bogotá. […]”; razón por la cual, el a quo hizo referencia al
respeto por los actos propios y el principio de confianza legítima, para luego
relacionar los requisitos para su aplicación.

68. Adujo que el “[…] principio del acto propio y la confianza legítima le impide a
ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues la confianza del
administrado no se genera por la convicción de la apariencia de legalidad de una
actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a
través de un acto que creó situaciones particulares y concretas a su favor, situación
que si se desconoce puede conducir a la violación del principio de la buena fe
contenido en el artículo 83 Constitucional y de ello a la vulneración del debido
proceso. […]”.

69. Refirió a que: i) la Directora del DAMA hoy SDA con oficio Nº 3111-1-12444
de 13 de agosto de 2003, en virtud a la imperiosa necesidad de continuar con el
programa de saneamiento del río Bogotá, a partir de la construcción y operación de
una infraestructura diferente a la prevista inicialmente según la Resolución 817 de
1996, solicitó a la parte demandada iniciar la modificación de la licencia ambiental,
para que se ajustara con el nuevo esquema del sistema de tratamiento de aguas
residuales; ii) el Distrito Capital se abstuvo de implementar acciones dirigidas a la
construcción de la segunda fase de la PTAR Salitre, no solo por innecesarias e
inconvenientes, sino en razón de las mesas de trabajo que se conformaron en el
marco de la acción popular Nº 0479 de 2001 tramitada ante el mismo Tribunal
Administrativo, en la cual las entidades administrativas, incluida la parte demandada,
presentaron sus propuestas y resultados, entre ellas el tema del nuevo esquema de
descontaminación del río Bogotá; y, iii) para la elaboración del documento CONPES

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3320 se conformaron mesas de trabajo para el mes de septiembre de 2003, “[…]
cuyo resultado final fue acoger los lineamientos del nuevo esquema de tratamiento
para el saneamiento del río Bogotá, […]”.

70. Citó la sentencia de acción popular17 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de la cual transcribió algunos párrafos sobre precisiones,
conclusiones después del estudio del caso en concreto y numerales de la parte
resolutiva y señaló que en el estudio de dicha acción se evaluó la alternativa definida
en 1993 y establecida en el POT del año 2000, en cuanto a la construcción de las
PTAR Salitre, Fucha y Tunjuelo, cada una con las dos fases de tratamiento primario
y secundario, produciéndose una reorientación derivada de un mejoramiento en
materia tecnológica y financiera frente a las adoptadas inicialmente y que condujo a
la expedición de la Resolución 817 de 1996.

71. Afirmó que la alternativa inicialmente prevista fue descartada por las
entidades que intervinieron en el proyecto, entre ellas la parte demandada y advirtió
que para el momento de apertura de la investigación que finalizó con la expedición
de los actos acusados, “[…] el MAVDT venia imputando el incumplimiento de un acto
administrativo, como es la resolución Nº 577 de 2000, en su artículo segundo; […]”,
sin considerar la realidad material del proyecto y sancionando el incumplimiento de
un esquema que ambiental y financieramente resultaba inviable y que contaba con
su aval, de acuerdo a lo discutido en las mesas de trabajo que se desarrollaron
dentro del proyecto de descontaminación del río Bogotá.

72. Consideró que la entidad sancionadora no podía desconocer los actos y las
modificaciones que se venían dando en el curso del proyecto de descontaminación
del río Bogotá, es decir, la construcción y puesta en operación del sistema de
tratamiento de aguas residuales en el Distrito Capital, el cual venía siendo objeto de
estudios técnicos ambientales conocidos por esta, en mayor grado si se tiene en
cuenta que “[…] antes de la culminación del plazo inicialmente pactado se ha puesto
de presente la variación en el esquema inicial del proyecto […]”, y enumeró unos
documentos que dan cuenta de ello.

17 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Cuarta, Subsección B, sentencia del 25 de agosto de 2004,

procesos acumulados Nos. 00-122, 01-428, y 01-343. M.P. Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda.

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73. Señaló que no resulta valido que el “[…] MVDT desconozca las actuaciones
que ha venido desarrollando en el marco de la coordinación planificación,
articulación y ejecución del proyecto descontaminación del río Bogotá, pues ha sido
evidente que como ente rector en materia ambiental a nivel nacional, regional,
distrital y local ha tenido conocimiento y ha avalado las modificaciones planteadas
como consecuencia precisamente de los estudios técnicos, económicos, financieros
y de factibilidad tendientes al cumplimiento de las obligaciones suscritas a cargo de
la entidad sancionada […]”, acorde con lo exigido en la Resolución 817 de 1996
(licencia ambiental).

74. Precisó que contrario a lo manifestado por la parte demandada en los actos
enjuiciados, el Distrito Capital no incurrió en incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 2º de la Resolución 577 de 2000, por cuanto según las pruebas obrantes se
puede concluir “[…] que la licencia ambiental ha sido objeto implícitamente de
modificaciones por parte del MDVT (sic) siendo avaladas así mismo en las mesas
de trabajo que hacían parte del plan de cumplimiento del proyecto de
descontaminación del río Bogotá, en los que activamente participó dicho ministerio.
[…]”.

75. Expuso que la solicitud de modificación de la licencia ambiental fue
presentada en una fecha incluida dentro del plazo que figuraba como el de la entrada
en operación de la segunda fase de la PTAR Salitre, y resaltó que “[…] las
observaciones realizadas en el curso de la articulación del proyecto, se reitera,
hacían parte del plan de cumplimiento del mismo, sin que se esté ante la
inobservancia de normas de carácter ambiental y mucho menos se haya obviado
por parte del Distrito Capital – SDA al poner en consideración y requerir previamente
a la entidad la debida aprobación de las modificaciones en el cambio del esquema
de descontaminación conforme a la normatividad ambiental que así lo requería. […]”.

76. Concluyó que en virtud a que la parte demandante logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos acusados se “[…] accederá a las suplicas de la
demanda y como consecuencia se restablecerá el derecho disponiendo que la
Secretaría Distrital de Ambiente no está obligada al pago de la sanción impuesta
[…]” en las Resoluciones 908 de 2007 y 1010 de 200918.

18 Mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando parcialmente la Resolución 908

de 2007 y redujo la cuantía de la multa a la suma de cuatrocientos cuarenta y un millones seiscientos diecinueve
mil doscientos pesos ($441.619.200).

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Recurso de apelación

77. La parte demandada interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación19 contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:

78. Refirió al objetivo y obligaciones de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, en adelante ANLA, para lo cual mencionó que según el literal
e) del artículo 18 de la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011 20 se le concedieron
facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear, escindir y
cambiar la naturaleza jurídica de establecimientos públicos y otras entidades u
organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro de las que se creó la
ANLA en el sector de ambiente y desarrollo sostenible mediante el Decreto 3573 de
27 de septiembre de 201121. Para el efecto, transcribió los artículos 1º22., 2º23. y 3º24.
del decreto ibidem.

Frente al cargo (i)

79. En razón a que respecto de este cargo el a quo consideró que, “[…] “(…) el
cargo que motivó el inicio de la investigación ambiental a través de la Resolución
561 de 2006, no difiere del cargo por el cual declaró responsable e impuso la sanción
al Distrito Capital, […]” y concluyó que no prosperaba, la recurrente no presentó
comentario sobre el mismo.

Frente al cargo (ii)

80. Transcribió parcialmente lo expresado por la parte demandante frente a este
cargo, hizo una relación de los antecedentes que dieron origen a la licencia
ambiental ordinaria que fue otorgada al Distrito Capital de Santafé de Bogotá por
parte del entonces Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Resolución 817 de

19 Cfr. Folios 933 a 947 del cuaderno núm. 2 del expediente.
20 “[…] Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al

Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la
Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. […]”.
21 “[…] Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan otras

disposiciones […]”.
22 Creación Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–.
23 Objeto.
24 Funciones.

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24 de julio de 1996, para el proyecto de descontaminación del río Bogotá, la cual fue
cedida a la EAAB a través de la autorización contenida en la Resolución 0993 de 29
de mayo de 200925 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

81. Manifestó que a pesar que el Decreto 626 de 28 de diciembre de 2007, ordenó
la cesión de la licencia ambiental anotada supra y que la “[…] titularidad jurídica para
la ejecución técnica del proyecto se estableció a través del acuerdo 006 de 2004, el
trámite de cesión de la Licencia Ambiental solamente se llevó a cabo mediante
radicado No. 4120-E1-43123 del 22 de abril de 2009. […]”. También señaló que es
importante establecer el alcance de lo previsto en el Decreto 1220 de 2005, sobre la
cesión de la licencia ambiental. (Subrayado de texto original).

82. Mencionó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no
podía actuar por fuera de los parámetros normativos del decreto idem, razón por la
que sin que mediara una solicitud escrita del cedente o beneficiario de la licencia
ambiental y la “[…] voluntad expresa del cesionario de aceptar dicha cesión y de
común acuerdo realizar la petición al Ministerio sobre la autorización de ceder cada
una de las obligaciones de la Licencia, no se podía efectuar la mencionada cesión,
[…]”. (Subrayado de texto original).

83. Adujo que la Resolución 0993 de 2009 previó en su artículo tercero que el
Distrito Capital o la Secretaria Distrital de Ambiente continúan siendo responsables
de la decisión final que se produzca con ocasión de la investigación administrativa
iniciada mediante la Resolución 0561 de 2006, la cual fue resuelta a través de las
Resoluciones 0908 de 2007 y 1010 de 2009; y que la EAAB fue clara en no aceptar
en el documento de cesión de la licencia el proceso sancionatorio que cursaba
contra la Secretaria Distrital de Ambiente “[…] reconociendo de esta manera la falta
en la cual había incurrido la Secretaria de Ambiente al incumplir la normativa
ambiental del momento. […]”. (Subrayado de texto original).

84. Sostuvo que se puede determinar que “[…] la responsabilidad del
incumplimiento descrito en la Resolución 561 de 2006, la cual motivó la Resolución
908 del 25 de mayo de 2007 y la Resolución 1010 del 01 de junio de 2009

25“POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 817 DEL 24 DE JULIO DE 1996 Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES”.

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corresponde al Distrito Capital y/o Secretaría Distrital de Ambiente y no a la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. ESP. […]”. (Subrayado de texto
original).

Frente al cargo (iii)

85. Presentó en relación con el cargo relativo a que si los actos administrativos
verbales no tienen efectos jurídicos sobre quienes participan en unas mesas de
trabajo y lo decidido en una licencia ambiental, “[…] no ve el objetivo de las reuniones
encaminadas al estudio de la modificación del macroproyecto del río Bogotá,
máxime si posteriormente su contenido es desconocido.” […]”, un contexto en el cual
aludió al Acuerdo Interinstitucional suscrito el 24 de noviembre de 2006, que tiene
como propósito dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades asignadas
en el documento CONPES 3320 de 2004 y a los temas que debía atender la mesa
interinstitucional de trabajo prevista en dicho acuerdo.

86. Adujo que, de acuerdo con los resultados de la mesa de trabajo
interinstitucional, se pueden establecer tres (3) situaciones: “[…] a.) La mesa de
trabajo se desarrolló desde el mes de septiembre hasta noviembre de 2006, la
apertura de investigación dio inicio en marzo 27 de 2006 mediante la Resolución
561, razón por la que al momento de concluir las reuniones el hecho motivante de
la sanción se encontraba vigente. b.) El conocimiento de la situación y la
participación del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
no es una casual para incumplir con los criterios normativos legales vigentes,
definidos en la Ley 99 de 1993. c.) La participación de la mesa de trabajo
interinstitucional tenía por objeto cumplir con las obligaciones del CONPES 3320, el
cual establece: […]”.

87. Afirmó que no era deber del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial desconocer los actos administrativos ejecutoriados mediante los cuales
se imponen sanciones por incumplimiento de acciones aprobadas y reiteró que el
conocimiento del estado del proyecto no exime a la parte demandada de “[…] cumplir
con los alcances y funciones establecidos en torno al cumplimiento de los actos
administrativos proferidos antes de la citada mesa de trabajo. […]” (Subrayado de
texto original).

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88. Transcribió apartes del documento CONPES 3320 de 2004 y manifestó que,
acorde con ello, el DAMA y la EAAB no se eximen de cumplir con los lineamientos
normativos vigentes en relación con la licencia ambiental, por lo que se obligan a
cumplir con los actos administrativos derivados de su trámite.

89. Reseñó respecto del argumento de la parte demandante relativo a que la
responsabilidad en la falta de modificación de la licencia ambiental con la
anticipación requerida la cual generó la imposición de una sanción, es “[…] una
omisión inocua advirtiendo que el Ministerio una vez presentada la solicitud se
demoró 4 años sin decidir sobre la misma (…) […]”, unas aclaraciones citando unos
radicados, iniciando con el 3111-1-12444 de 13 de agosto de 2003, emanado del
DAMA en el cual solicita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
modificar la licencia ambiental expedida mediante la Resolución 817 de 1996, con
la finalidad de acoger el esquema ajustado del sistema de tratamiento de aguas
residuales para Bogotá, resoluciones, autos, conceptos técnicos, la sentencia del 25
de agosto de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
finaliza con el radicado 4120-E1-69203 de 6 de julio de 2007, a través del cual la
Secretaria Distrital de Ambiente envía comunicación al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial “[…] solicitando desistir del trámite de modificación
de la Licencia Ambiental; iniciado desde el año 2003; […]”, argumentando que
acorde con los estudios realizados y las mesas de trabajo adelantadas, el esquema
presentado no es el adecuado para lograr los objetivos definidos para el proyecto de
descontaminación del río Bogotá.

90. Precisó que el Acuerdo Interinstitucional de 2006, no tuvo por objeto el tema
de la licencia ambiental sino alcanzar el cierre financiero que permitiera cubrir el
déficit presupuestal de los municipios incluido el Distrito Capital, razón por la cual
independientemente de los acuerdos finales estos no eximían al Distrito Capital ni al
DAMA, hoy Secretaria Distrital de Ambiente, de cumplir con las orientaciones
normativas en materia de licenciamiento ambiental.

91. Resaltó que desde el momento que el Distrito Capital solicitó la modificación
de la licencia ambiental, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
actuó conforme a la normativa aplicable y afirmó que no se puede inferir que dicho
ministerio se demoró cuatro (4) años en definir un criterio frente a la solicitud de

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modificación de la licencia ambiental, cuando esta cartera ministerial dio el trámite
correspondiente conforme a la legislación.

92. Expresó que se presentó falta de planeación por parte del Distrito Capital lo
que condujo a retrasos en el trámite que se reflejan en dos aspectos: i) después de
cuatro (4) años de solicitar la modificación de la licencia ambiental, decidió desistir
de la petición; y ii) el DAMA (hoy Secretaria Distrital de Ambiente), solicitó la inclusión
de actividades adicionales como la realización de pruebas operativas en la PTAR.

93. Aclaró que las autorizaciones ambientales de los interceptores y colectores,
requeridos para el sistema de tratamiento de aguas residuales del río Bogotá, no
son de competencia de esta autoridad, según lo establecido en el artículo 8 del
Decreto 2820 de 2010.

Frente al cargo (iv)

94. Expuso respecto del argumento de la parte demandante de que la multa
procede cuando se violan las normas sobre protección ambiental, lo que, en su
criterio, no ocurrió en este caso, que es importante tener en cuenta los criterios
fijados en el concepto técnico 218 de 3 de febrero de 2006, que dio origen al
incumplimiento expresado en la Resolución 561 de 2006, los cuales transcribe así:
“[…] (…) se hace evidente la falta de planeación con que el Distrito Capital solicitó
la modificación de la Licencia tanto para la PTAR El Salitre como para las demás
plantas, dado que el cambio de filosofía de tres plantas a dos y con un colector, son
obras que requieren de una serie de actividades planificadoras que hacían prever
que se incumpliría con los plazos establecidos en la Resolución 577/00.” […]”.

95. Manifestó que la solicitud de modificación de la licencia ambiental (radicado
3111-1-12444 de 13 de agosto de 2003), se realizó cuando estaba vencido el plazo
para el cumplimiento de la construcción y operación de la segunda fase de la PTAR
Salitre, y la presentación “[…] del nuevo esquema para ajustar el POT no es un
argumento válido ya que legalmente existía un esquema aprobado desde el año
1996. […]”.

96. Arguyó que la imposición de la multa se dio en el contexto de “[…] corregir y
conminar a la Secretaria de Ambiente en representación del Distrito Capital a

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acelerar el control de los vertimientos de la Ciudad Capital sobre el rio Bogotá
reflejados en la cuenca del Río Salitre a su paso por la ciudad, en tal sentido, las
remociones autorizadas a obtener en la Resolución 577 de 2000 que tenían como
plazo iniciar en el año 2004 no se han cumplido. […]”. (Subrayado de texto original).

97. Sostuvo que el radicado 4120-E1-69203 de 6 de julio de 2007, permite
evidenciar la gestión llevada a cabo por el Distrito Capital y el DAMA respecto del
incumplimiento establecido en la Resolución 561 de 2006, debido a que acorde con
su contenido desde el año 2002 se había previsto que el sistema propuesto no era
el adecuado y requería ser ajustado, información que debió remitirse en esa
oportunidad al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pero fue
hasta julio del año 2007 que se reporta esta conclusión, cuando “[…] ya estaba
definida la resolución 561 del 27 de marzo de 2006; […]”. (Subrayado de texto
original).

98. Reiteró que la participación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en las mesas de trabajo que generaron el Acuerdo Interinstitucional, en el
cual se convino la forma de alcanzar el cierre financiero que permitiera cubrir el
déficit presupuestal de los municipios incluido el Distrito Capital, no exime a esta
autoridad de exigir el cumplimiento de los actos administrativos expedidos cuya
finalidad es “[…] impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la
naturaleza y de establecer criterios para la recuperación, conservación, protección,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a fin de
asegurar el desarrollo sostenible. […]”. (Subrayado de texto original).

Actuaciones en segunda instancia

99. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de abril de 201426, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
• ANLA, contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.

26 Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 3 del expediente.

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Alegatos de conclusión en segunda instancia

100. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
sustanciador, mediante auto proferido el 31 de mayo de 201627, corrió traslado a las
partes y al Procurador Delegado ante esta Corporación, por el término de diez (10)
días, para que presentaran sus alegatos de conclusión.

Ministerio Público

101. Guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Parte demandante

102. En el escrito de alegatos presentó los siguientes argumentos:

103. Refirió que el “[…] Ministerio de Ambiente, mediante Resolución 817 del 24
de Julio de 1996, Otorgó Licencia Ambiental al Distrito Capital para la ejecución del
proyecto, a través de la EAAB; y en el año 2003 se solicitó a ese Ministerio la
modificación de la Licencia Ambiental, sin que fuera atendida, solo hasta el año
2006, pero sugiriendo el desistimiento de la solicitud modificatoria. […]”.

104. Indicó que “[…] a raíz del acuerdo interinstitucional del 2006, que contaba con
la participación del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Secretaría de
Ambiente del Distrito, se concertó cambiar el contenido de la Licencia Ambiental,
donde se adoptó como proyecto para poder descontaminar el Río Bogotá, la
construcción de dos plantas: Salitre segunda fase y Canoas, proyecto este que
aún está vigente. […]”. (Negrilla de texto original).

105. Manifestó que no se puede aceptar que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial luego de “[…] conocer el proceso, asistir, deliberar y decida de
las modificaciones que se le introdujeron al proyecto, a más de exigir el cumplimiento
de lo dispuesto en la Licencia de 1996, olvide, desconozca o ignore después lo

27 Cfr. Folio 32 ibidem.

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acordado en las múltiples mesas de trabajo llevadas a cabo a lo largo del proyecto
que nos ocupa […]”.

106. Argumentó que el ministerio anotado supra desconoció los actos previos que
dieron origen al nuevo esquema del sistema de tratamiento de aguas residuales “[…]
que se adoptó en el Decreto CON EL AVAL del Ministerio de Vivienda y otros entes
Gubernamentales […]” que participaron en el proyecto de descontaminación del río
Bogotá, lo que evidencia las contradicciones del ente ministerial entre su actuar y
sus decisiones, por lo que su participación y posterior sanción constituye un
desconocimiento de los actos propios, de las tareas y actuaciones realizadas con su
anuencia y concluyó que no hay “[…] concurrencia entre su actuar y el resultado
adoptado; […]”.

Parte demandada

107. Guardó silencio en este momento procesal.

II. CONSIDERACIONES

108. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema
jurídico y, iv) análisis del recurso de apelación.

Competencia de la Sala

109. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo28, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos

28 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión. […]”.

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del artículo 30829 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201130, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

110. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el
25 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 328
del Código General del Proceso31, norma aplicable al presente caso en virtud de lo
dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo32, se limitará a
conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, puesto
que los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que
habrá de adoptarse en la segunda instancia.

111. La Sala no observa en el presente proceso la configuración de causal de
nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub
lite.

Actos administrativos acusados

112. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

113. La Resolución núm. 0908 de 25 de mayo de 200733 “[…] POR LA CUAL SE
IMPONE UNA SANCIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES […]”
expedida por el Asesor del Despacho del Viceministerio de Ambiente – Dirección de
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, que en su parte resolutiva señaló:

29[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos

(2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. […]”.
30 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
31 “[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
[…].”
32 “[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento

Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
en lo contencioso administrativo […]”.
33 Cfr. folios 61 y 110 a 138 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar por improcedente la solicitud del Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA- de Cesación del Procedimiento de la
investigación administrativa de carácter ambiental iniciada por este Ministerio, mediante la
Resolución Nro. 0561 del 27 de Marzo de 2006, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar responsable al Distrito Capital de Bogotá por el Cargo
formulado en la Resolución Nro. 0561 del 27 de marzo de 2006 , consistente en:
“Presuntamente haber incumplido la obligación establecida en el Artículo Segundo de la
Resolución Nro 577 del 12 de junio de 2000, por parte del Distrito Capital de Bogota,
considerando que las actividades a implementar para la segunda fase de la PTAR El Salitre
y el cambio de esquema para la Descontaminación del Río Bogota debieron ser propuestas
para la debida aprobación del Ministerio con la anterioridad que dichos Actos Administrativos
y la normatividad ambiental lo requerían” proferida por este Ministerio, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- Imponer al Distrito Capital de Bogota una multa neta por valor de
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS
($552.024.000) M/Cte., por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

PARÁGRAFO.- El valor de la multa impuesta en la presente resolución, deberá ser
cancelada por el Distrito Capital de Bogota, mediante consignación a nombre del Fondo
Nacional Ambiental-FONAM, en la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 230-05554-
3, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución. El
incumplimiento a los términos y cuantías señalados, dará lugar a su exigibilidad por
jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO CUARTO.- La sanción pecuniaria impuesta mediante el presente acto
administrativo, no exime al infractor del cumplimiento de las obligaciones contraídas a través
de los actos administrativos expedidos por este Ministerio y de observar las normas sobre
protección ambiental y sobre el manejo de los recursos naturales renovables.

ARTÍCULO QUINTO.- El Distrito Capital tendrá tres (3) meses a partir de la ejecutoria del
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico para presentar a este Ministerio
las obras y las actividades con sus responsables, el cronograma de ejecución y la
financiación para poder cumplir con lo establecido en la Resolución 577 de 2002..

ARTÍCULO SEXTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, notifíquese el presente acto
administrativo al representante legal o apoderado debidamente constituido del Distrito
Capital de Bogota y/o del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente-DAMA.

ARTICULO SEPTIMO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales de
éste Ministerio, notificar el contenido de la presente providencia y en su calidad de terceros
intervinientes a los señores Ángel Humberto Medellín, Miguel Ángel Amaya Pedraza,
Fernando Matallana Usaquén y a la Fundación Amigos del Planeta, así como a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR-, o a los respectivos apoderados
debidamente constituidos.

ARTÍCULO OCTAVO- Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta
Ambiental de este Ministerio.

ARTÍCULO NOVENO- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición el
cual podrá interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro
de los cinco (5) días siguientes a su notificación o a la desfijación del edicto si a ello hubiere

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lugar, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 52 y concordantes del Código
Contencioso Administrativo.

[…]”.

114. La Resolución núm. 1010 de 1 de junio de 200934, “[…] Por la cual se resuelve
un recurso de reposición en contra de la Resolución 908 del 25 de mayo de 2007 y
se toman otras determinaciones […]” expedida por la Directora de Licencias,
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, que en su parte resolutiva dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar el cargo único señalado en el artículo segundo de la
Resolución No. 561 del 27 de marzo de 2006, formulado en contra del Distrito Capital de
Bogotá y/o Secretaría Distrital de Ambiente.

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 908 del 25 de
mayo de 200, en el sentido de imponer al Distrito Capital de Bogotá y/o Secretaría Distrital
de Ambiente una sanción consistente en una multa por un valor de Cuatrocientos Cuarenta
y Un Millones Seiscientos Diecinueve Mil Doscientos Pesos m/cte ($441.619.200), por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, notificar el contenido del
presente acto administrativo al Doctor Orlando Sepúlveda Otálora en su calidad de
Apoderado Especial de la Secretaría Distrital de Ambiente y al Representante Legal y/o
Apoderado debidamente constituido del Distrito Capital de Bogotá y/o Secretaría Distrital de
Ambiente.

ARTÍCULO CUARTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, notificar el contenido del presente
acto administrativo, en su calidad de terceros intervinientes a los representantes legales y/o
apoderados de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR-, de la
Fundación Amigos del Planeta, de la Personería Municipal de Soacha y de la ONG Cabildos
Verdes de Soacha.

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta
Ambiental de este Ministerio.

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno y
se da por agotada la vía gubernativa.

[…]”.

34 Cfr. folios 36 a 52 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Problema jurídico

115. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la decisión del a quo
y el recurso de apelación, determinar si: i) la responsabilidad por el incumplimiento
de la licencia ambiental se encontraba o no en cabeza de la parte demandante; ii) la
parte demandada con la expedición de los actos administrativos acusados vulneró
o no los principios de confianza legítima y de respeto del acto propio; iii) se cumplió
la normativa que regula el procedimiento para la modificación de la licencia
ambiental; y iv) la multa impuesta estaba soportada legalmente.

116. En consecuencia, se determinará si hay lugar a revocar o confirmar la
sentencia proferida, en primera instancia.

Análisis del recurso de apelación

Identidad del cargo de la investigación administrativa ambiental con el que
produjo la declaratoria de responsabilidad y la imposición de la sanción

117. El recurrente respecto del argumento en el que el a quo consideró que “[…]
“(…) el cargo que motivó el inicio de la investigación ambiental a través de la
Resolución 561 de 2006, no difiere del cargo por el cual declaró responsable e
impuso la sanción al Distrito Capital, […]” el cual tiene plena identidad y se
circunscribe a la responsabilidad de la entidad sancionada por el incumplimiento del
artículo segundo de la Resolución 577 de 2000, el cual no prosperó en la providencia
de primer grado, manifestó que “[…] desde punta (sic) de vista técnico no se tiene
ningún comentario al respecto. […]”.

Responsabilidad respecto del incumplimiento de la licencia ambiental que
motivó la investigación administrativa y la expedición de los actos acusados

118. La parte demandada indicó en relación con el cargo según el cual las
decisiones de naturaleza técnica, económica, tecnológica, de alta ingeniería,
contratación de personal, construcción de interceptores y canales, solamente las
podía tomar la EAAB, y en tal medida, mediante el Decreto 626 de 28 de diciembre

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de 200735 se dispuso la cesión de la licencia ambiental a dicha empresa; que, este
trámite se inició mediante el radicado No. 4120-E1-43123 de 22 de abril de 2009, el
cual se encontraba sujeto a la normatividad contenida en el Decreto 1220 de 2005,
razón por la que sin que existiera una solicitud escrita del cedente o beneficiario de
la licencia ambiental y la voluntad expresa del cesionario de aceptar dicha cesión,
realizando de mutuo acuerdo la petición ante el ministerio, no se podía efectuar
dicha cesión independientemente de la existencia de actos administrativos como el
Decreto 626 de 2007, en particular su artículo 3º36.

119. Señaló que no se le puede demandar por hacer cumplir la norma ambiental
vigente en materia de licenciamiento ambiental al momento que se presentó la
petición de cesión de la licencia ambiental.

120. También indicó que acorde con el artículo 3º. de la Resolución 0993 de 2009,
el Distrito Capital y la Secretaria Distrital de Ambiente continúan siendo
responsables de la decisión final que se produzca con ocasión de la investigación
administrativa iniciada mediante la Resolución 561 de 2006, contenida en los actos
administrativos acusados y que la EAAB no acepto en el documento de cesión de la
licencia ambiental el proceso sancionatorio indicado, por lo que concluye que, la
responsabilidad del incumplimiento establecido en la Resolución 561 de 2006 y en
las decisiones sancionatorias 908 de 2007 y 1010 de 2009 corresponde al Distrito
Capital y/o Secretaria Distrital de Ambiente y no a la EAAB.

121. Sobre este planteamiento del recurrente, la Sala, en primer lugar, hace
mención de la Resolución 817 de 1996, mediante la cual el Ministerio del Medio
Ambiente otorgó la licencia ambiental ordinaria al Distrito Capital de Santafé de
Bogotá (hoy Bogotá D.C.), para el proyecto de descontaminación del río Bogotá,
localizado en Santafé de Bogotá, Departamento de Cundinamarca.

122. En dicho acto administrativo, se dispuso: i) que la licencia ambiental
únicamente autorizaba el diseño, construcción, operación y demás actividades de la

35 “[…] "Por el cual se asigna a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., la función de

establecer las condiciones de uso y tenencia de la estructura actual de la Planta de Tratamiento de Aguas
residuales El Salitre y la ejecución, operación, administración y mantenimiento de la misma." […]”.
36 “[…] La Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P deberán

realizar todos los trámites administrativos necesarios ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial para la cesión de la licencia ambiental conferida para la descontaminación del Río Bogotá según
Resolución No 817 calendada el 24 de julio de 1996. […]”.

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Planta de Tratamiento del río Salitre; ii) que para efectos del diseño, construcción y
operación de las Plantas de los ríos Fucha (proyectada su construcción a 7 años) y
Tunjuelo (proyectada a 10 años), se presentaría ante la cartera ministerial anotada
supra, los estudios técnicos-ambientales respectivos conforme a los términos de
referencia que se señalen para tales efectos, previa solicitud del beneficiario de la
licencia ambiental; y que una vez se presentaran, evaluaran y aprobaran dichos
estudios para la ejecución de las plantas de los ríos Fucha y Tunjuelo por el
Ministerio del Medio Ambiente, se procedería en su momento a la modificación de
la licencia37.

123. Los artículos décimo segundo y décimo sexto del citado acto administrativo
aluden, en su orden, a la responsabilidad que tiene el Distrito Capital de todos los
daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de los términos, requisitos,
exigencias, condiciones y obligaciones impuestas en la resolución que otorgó la
licencia ambiental y a que los delegados del Ministerio del Medio Ambiente ejercerán
la supervisión y verificación, en cualquier momento, del cumplimiento de los
lineamientos y recomendaciones contenidos en la licencia y los contenidos en el
estudio de impacto ambiental, el plan de manejo ambiental y los exigidos en la
resolución anotada supra, que tengan como propósito la ejecución y operación del
proyecto, precisando que cualquier contravención de la misma dará lugar a la
aplicación de las sanciones legales vigentes, sin perjuicio de las acciones penales y
civiles a que haya lugar.

124. La Resolución 0561 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, mediante la cual se abre una investigación administrativa de
carácter ambiental y se formulan cargos, en sus consideraciones previó que “[…]
mediante Resolución No. 817 del 24 de julio de 1996, modificada por las
Resoluciones Nos. 1121 del 16 de octubre de 1996, 577 del 12 de junio de 2000
y 821 del 17 de agosto de 2000 (confirmada mediante Resolución No. 0463 del 4 de
junio de 2001), otorgó a favor del Distrito Capital de Santafé de Bogotá y/o Alcaldía
Mayor de Santafé de Bogotá D.C., Licencia Ambiental ordinaria para el proyecto
“Descontaminación del Río Bogotá”, […]”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

125. Posteriormente el mismo acto administrativo aludió a la modificación de la
licencia ambiental, así: “[…] en atención a la solicitud radicada bajo el No. 3111-1-

37 Parágrafos primero y segundo del artículo primero de la Resolución 817 de 1996.

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12444 del 13 de agosto de 2003, presentada por el Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, este Ministerio expidió el Auto No. 0899
del 23 de septiembre de 2003, modificado por el Auto No. 1064 del 12 de noviembre
de 2003, por el cual se inició el trámite de modificación de la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0817 de 1996 (modificada por las
Resoluciones Nos. 1121 de 1996, 577 y 821 de 2000), en el sentido de acoger el
nuevo esquema ajustado del sistema de tratamiento de aguas residuales para
la ciudad de Bogotá D.C. […]”. (Negrilla fuera de texto).

126. En cuanto a la modificación indicada, el acto administrativo de inicio de
investigación señaló que correspondía a “[…] la ampliación de la capacidad de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre y su adecuación como Planta
de Tratamiento Primario Químicamente Asistido; la construcción del Interceptor
Engativa-Cortijo; construcción y operación del Interceptor Fucha – Tunjuelo y la
estación elevadora del Tunjuelo; la construcción del Interceptor Tunjuelo – Canoas,
la Estación Elevadora de Canoas, y el Interceptor Canoas – Alicachín; y finalmente,
la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas. […]”.

127. También reseño frente a las obligaciones contenidas en la Resolución 577 de
2000, que “[…] se establecieron obligaciones a los interesados en cuanto a los
términos de construcción de las dos fases de la Planta de Tratamientos (sic) del
Salitre, así como de construcción y entrada en funcionamiento de la planta de Fucha,
basados en los lineamientos de los instrumentos ambientales y seguimiento
posterior, que hace parte fundamental de la licencia ambiental otorgada al proyecto
en comento. […]”.

128. La Resolución 0561 de 2006 resolvió abrir investigación administrativa
ambiental al Distrito Capital de Bogotá por el presunto incumplimiento de las
obligaciones previstas en el artículo segundo de la Resolución 577 de 2000, en
cuanto a los términos exigidos para el cambio de esquema del proyecto de
descontaminación del río Bogotá, el cual fue licenciado mediante Resolución 817 de
1996; y como cargo único formuló el siguiente: “[…] Presuntamente haber
incumplido la obligación establecida en el Articulo Segundo de la Resolución Nro
577 del 12 de junio de 2000, por parte del Distrito Capital de Bogotá, considerando
que las actividades a implementar para la segunda fase de la PTAR El Salitre y el
cambio de esquema para la Descontaminación del Río Bogotá debieron ser

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propuestas para la debida aprobación del Ministerio con la anterioridad que dichos
Actos Administrativos y la normatividad ambiental lo requerían. […]”.

129. De lo expuesto se observa que: i) el otorgamiento de la licencia ambiental
ordinaria se hizo en el año de 1996 por parte del Ministerio del Medio Ambiente al
Distrito Capital de Santafé de Bogotá (hoy Bogotá D.C.), para el proyecto de
descontaminación del río Bogotá; ii) la licencia ambiental únicamente se autorizó
para el diseño, construcción, operación y demás actividades de la Planta de
Tratamiento del río Salitre; iii) en lo concerniente al diseño, construcción y operación
de las Plantas de los ríos Fucha y Tunjuelo, cuya proyección de construcción era de
7 y 10 años, respectivamente, se deberían presentar los estudios técnicos-
ambientales respectivos conforme a los términos de referencia, previa solicitud del
beneficiario de la licencia ambiental; y una vez se presentaran, evaluaran y
aprobaran dichos estudios, se procedería en su oportunidad con la modificación de
la licencia; iii) la responsabilidad del proyecto estaba en cabeza del Distrito Capital
de Bogotá y la supervisión y verificación, en cualquier momento, del cumplimiento
de la licencia ambiental, del estudio de impacto ambiental y del plan de manejo
ambiental, así como de las condiciones y requerimientos establecidos en la
resolución de otorgamiento de la misma, podría dar lugar a la comisión de cualquier
contravención con la aplicación de las sanciones legales vigentes; iv) el 13 de agosto
de 2003 se solicitó por parte del DAMA el trámite de modificación de la licencia
ambiental otorgada mediante la Resolución 817 de 1996, para que se acogiera un
nuevo esquema ajustado para el sistema de tratamiento de aguas residuales para
Bogotá D.C., que se centraba en que se pasaría de tres plantas de tratamiento a
dos y otros cambios que se expusieron anteriormente; v) mediante la Resolución
0561 de 2006 se dispuso abrir investigación administrativa ambiental contra el
Distrito Capital de Bogotá, por incumplir presuntamente las obligaciones
comprendidas en el artículo segundo de la Resolución 577 de 2000 y se formuló un
cargo único.

130. Desde el inicio de la investigación administrativa ambiental según la
Resolución 0561 de 2006, se determinó que la misma era contra el Distrito Capital
de Bogotá, quien fue a quien se le otorgó la licencia ambiental ordinaria para el
proyecto de descontaminación del río Bogotá, independientemente de que

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apareciera interviniendo en el proceso administrativo el DAMA y luego la Secretaria
Distrital de Ambiente o la EAAB.

131. El Decreto 626 de 28 de diciembre de 200738 expedido por el Alcalde Mayor
de Bogotá D.C. en su parte considerativa señala que “[…] la operación y
mantenimiento de la Fase Inicial de la PTAR El Salitre está actualmente a cargo de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. en virtud de los
convenios firmados, se hace necesario que la Empresa asuma de manera definitiva
la tenencia, administración, operación y mantenimiento de la estructura de la Planta
actual, fijando las condiciones de uso de la misma. […]” y en su artículo tercero
dispuso que la Secretaria Distrital de Ambiente y la EAAB debían realizar “[…] todos
los trámites administrativos necesarios ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial para la cesión de la licencia ambiental conferida para la
descontaminación del Río Bogotá según Resolución No. 817 calendada el 24 de
julio de 1996. […].” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

132. La Resolución 0908 de 25 de mayo de 2007, rechazó por improcedente la
solicitud del DAMA de cesación del procedimiento de investigación administrativa
ambiental iniciada a través de la Resolución 0561 de 2006, declaró responsable al
Distrito Capital de Bogotá por el cargo formulado en la resolución ibidem y le impuso
una multa por la suma de $552.024.000; y la Resolución 1010 de 1 de junio de 2009
ratificó el cargo único señalado en el artículo segundo del acto administrativo que
dio apertura a la investigación administrativa ambiental “[…] formulado en contra del
Distrito Capital de Bogotá y/o Secretaria Distrital de Ambiente. […]”, y modificó el
valor de la multa impuesta a la entidad territorial anotada y/o Secretaria Distrital de
Ambiente quedando en la suma de $441.619.200.

133. Además, es pertinente mencionar que según lo alegado por la parte
demandada, no obstante se autorizó la cesión de la licencia ambiental otorgada
mediante la Resolución 817 de 1996 a la EAAB, en el mismo acto administrativo
(Resolución 0993 de 2009) se mantuvo a cargo del Distrito Capital y/o Secretaria
Distrital de Ambiente la responsabilidad en torno a la decisión final que se produzca
por motivo de la investigación administrativa ambiental que se inició con la
expedición de la Resolución 0561 de 2006.

38 “[…] "Por el cual se asigna a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., la función de

establecer las condiciones de uso y tenencia de la estructura actual de la Planta de Tratamiento de Aguas
residuales El Salitre y la ejecución, operación, administración y mantenimiento de la misma." […]”.

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134. En suma, los actos acusados, en cuanto a este argumento, están conformes
con el ordenamiento jurídico aplicable.

Desconocimiento de los actos previos. Cumplimiento de la normativa que
regula el procedimiento para la modificación de la licencia ambiental

135. Según la parte demandada este cargo se resume en que el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial asistió, deliberó, participó y decidió sobre
las modificaciones que se le efectuaron al proyecto de descontaminación del río
Bogotá y exige el cumplimiento de la licencia ambiental de 1996, desconociendo lo
acordado en mesas de trabajo realizadas en desarrollo del proyecto y que los actos
administrativos verbales no tienen efectos jurídicos sobre quienes intervienen en las
mesas de trabajo y lo dispuesto en la licencia ambiental, por lo que no tiene objeto
adelantar dichas reuniones tendientes a estudiar las modificaciones del proyecto, si
con posterioridad su contenido es desconocido.

136. El recurrente, respecto de este argumento, manifestó que: i) durante las
fechas de realización de las mesas de trabajo (de septiembre a noviembre de 2006),
en concreto a la terminación de las mismas, las causas generadoras de la sanción
ya se encontraban vigentes; ii) la participación y conocimiento de la situación por
parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, no constituye una
causal para incumplir la aplicación de la normativa vigente prevista en la Ley 99; iii)
la participación del ente ministerial en las mesas de trabajo derivadas del Acuerdo
Interinstitucional de 2006, tenía por objeto cumplir las obligaciones del CONPES
3320 de 2004.

137. Reiteró que las mesas de trabajo y el Acuerdo Interinstitucional de 2006 no
tuvieron como objeto tratar el tema de la licencia ambiental sino lograr el cierre
financiero del proyecto que permitiera cubrir el déficit presupuestal de los municipios
y del Distrito Capital de Bogotá, lo cual no eximía a esta última entidad territorial o al
DAMA, hoy Secretaria Distrital de Ambiente, de cumplir con las exigencias
normativas del licenciamiento ambiental del proyecto anotado supra.

138. Expresó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actuó
acorde con la normatividad y surtió el trámite pertinente según la legislación, cuando
se solicitó la modificación de la licencia ambiental por parte del Distrito Capital, y por

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ello, no se puede colegir que se demoró cuatro (4) años en decidir la misma, lo cual
obedeció a la falta de planeación del ente territorial.

139. En la sentencia de primera instancia el a quo consideró: “[…] Observa la Sala
que se desconoce por parte de la entidad sancionadora, los actos previos tendientes
a la adopción del nuevo esquema del sistema de tratamiento de las aguas
residuales, adoptado en dicho Decreto no solo con el aval del MDVT, sino de los
distintos entes gubernamentales que intervinieron en el proyecto de
descontaminación del río Bogotá. […]”. (Negrilla fuera de texto).

140. De igual manera la providencia indicada refirió a la doctrina del respeto por
los actos propios y al principio de confianza legítima, citando apartes de
pronunciamientos de esta Corporación sobre dichos temas y señaló que “[…] el
principio del acto propio y la confianza legítima le impide a ese sujeto de derecho
modificar unilateralmente su decisión, pues la confianza del administrado no se
genera por la convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la
seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un acto que
creo situaciones particulares y concretas a su favor, situación que si se desconoce
puede conducir a la violación del principio de la buena fe contenido en el artículo 83
Constitucional y de ello a la vulneración del debido proceso. […]”.

141. El a quo precisó que: “[…] contrario a lo manifestado por la cartera ministerial
en los actos demandados el Distrito no incurrió en incumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 2 de la Resolución 577 de 2000, por cuanto la (sic) pruebas obrantes
permiten concluir que la licencia ambiental ha sido objeto implícitamente de
modificaciones por parte del MDVT siendo avaladas así mismo en las mesas de
trabajo que hacían parte del plan de cumplimiento del proyecto de descontaminación
del río Bogotá, en los que activamente participó dicho ministerio. […]”.

142. La Sala considera que para el análisis de este cargo, se requiere tener de
presente el desarrollo jurisprudencial de los principios de confianza legítima y de
respeto del acto propio, para luego, determinar bajo la óptica de estos principios si
en el caso sub examine, como lo afirma el a quo, sustentado en los mismos, se logró
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, o por el
contrario, estos se encuentran conforme a la normatividad superior con base en la
cual fueron expedidos.

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143. La Corte Constitucional en la sentencia T-158 de 2 de marzo de 200639 señaló
sobre el principio de confianza legítima que: “[…] “…pretende proteger al
administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados
por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado
no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable
por las autoridades.”40; y en relación con la tesis del respecto por el acto propio indicó
que deriva del anterior principio: “[…] en la medida en que, cuando los ciudadanos
están vinculados por los actos de la administración, las situaciones generadas por
estos actos no pueden ser revertidas de manera unilateral ni arbitraria en detrimento
del administrado. En la T-073 de 2005 se dijo: “La Corte ha considerado con
fundamento en la teoría del respeto al acto propio41, que actos administrativos que
reconocen un derecho subjetivo en cabeza de una determinada persona no pueden
ser revocados, salvo con el consentimiento del titular del derecho subjetivo o por
orden judicial.42” […]”.

144. En la sentencia T-698 de 6 de septiembre de 201043 la Corte Constitucional
precisó los principios en que se fundamenta, en que consiste y la finalidad del
principio de confianza legítima, de la siguiente manera:

“[…] 17. El principio de confianza legítima se fundamenta en los principios de
la buena fe, seguridad jurídica y respeto al acto propio. Consiste en que la
administración “no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza
debida a quienes con ella se relacionan”44

Según la Corte este principio, que es “éticamente deseable y jurídicamente
exigible”45, pretende proteger a los administrados frente a cambios bruscos e
intempestivos efectuados por las autoridades.

39 M.P. Doctor HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
40 C-478 de 1998.
41 [Cita del aparte transcrito] La teoría del respeto por el acto propio tiene su fundamento en el principio de la

buena fe. En la sentencia T-295 de 1999 la anterior tesis fue definida como “una limitación del ejercicio de
derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias
concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior
conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho
se traduce en una extralimitación del propio derecho.
42 [Cita del aparte transcrito] Ver Sentencia T-035 de 1998 y T-614 de 2001.
43 M.P. Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ.
44 Sentencia T-617 de 1995
45 T-1159 de 2004.

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[…]”.

145. En la misma providencia se precisó que el principio de respeto del acto propio
es una manifestación del principio de la buena fe y señaló como opera y los
elementos que se deben presentar para verificar su desconocimiento.

“[…] 19. El principio de respeto del acto propio, que también es una
manifestación del principio de la buena fe, opera en el sentido de impedirle a
un sujeto de derecho que ha emitido un acto que genera una situación
particular, concreta y definida a favor de otro, modificar unilateralmente su
decisión; porque la confianza del administrado no se genera “por la convicción
de la apariencia de legalidad”46 de una actuación, sino por la seguridad de
haber obtenido una determinada posición jurídica favorable.

En la sentencia T-295 de 1999, se expuso la forma como la jurisprudencia
constitucional se ha pronunciado acerca de cuáles son los elementos que
deben coincidir para considerar que el principio de respeto del acto propio ha
sido desconocido:

“a. Una conducta jurídicamente anterior,
relevante y eficaz. b. El ejercicio de una facultad
o de un derecho subjetivo por la misma persona
o centros de interés que crea la situación
litigiosa, debido a la contradicción -atentatorio de
la buena fe- existente entre ambas conductas. c.
La identidad del sujeto o centros de interés que
se vinculan en ambas conductas.”47

146. Concluyó sobre estos dos principios: “[…] la jurisprudencia constitucional ha
establecido que, en desarrollo del principio de confianza legítima y de respeto del
acto propio, se sanciona “como inadmisible toda pretensión lícita, pero
objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por
el sujeto”48. […]”.

46 Ver Sentencia T-083 de 2003.
47 Sentencia T-295 de 1999.
48 Ver también sentencias T-475 de 1992, T-1228 de 2001 y T-141 de 2004.

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147. Esta Sección49 se pronunció sobre la “teoría de los actos propios” señalando
que esta soportada a partir de los principios de la confianza legítima y de la buena
fe, según la cual le prohíbe a una parte ir en contra de sus propios actos, con el
propósito de salvaguardar la confianza depositada en el comportamiento y las
conductas según los actos propios, “[…] sin que resulte posible desconocer los
efectos jurídicos que se desprenden de una conducta precedente.”50 […]”.

148. Esta Corporación en la sentencia citada, aludió al alcance de dicha teoría:
“[…] “(…) nadie puede venir válidamente contra sus propios actos, regla cimentada
en el aforismo ´adversus factum suum quis venire non potest´, que se concreta
sencillamente en que no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con una
conducta anterior, o sea, ´venire contra factum proprium non valet´. Es decir va
contra los propios actos quien ejercita un derecho en forma objetivamente
incompatible con su conducta precedente, lo que significa que la pretensión que se
funda en tal proceder contradictorio, es inadmisible y no puede en juicio prosperar.
(…) En suma, la regla ´venire contra factum proprium non valet´ tiene una clara
aplicación jurisprudencial, pero además goza de un particular valor normativo en la
medida en que está fundada en la buena fe, la cual el ordenamiento erige como
principio de derecho que irradia todas las relaciones jurídicas, como ética media de
comportamiento exigible entre los particulares y entre éstos y el Estado. La buena
fe está consagrada como canon constitucional en el artículo 83 de la C.P 51”.

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de mayo de
2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 05001-23-31-000-2005-07646-01.
50 Puede consultarse la sentencia T- 618 de 2000, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez, en la cual se dijo:

“(…) Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos
lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser
contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar,
porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho (…)En la
doctrina y en la jurisprudencia colombiana no ha sido extraño el tema del acto propio, es así como la Corte
Constitucional en la T-475/92- dijo: “La doctrina, por su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar
situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de requisitos formales, sin pretender
con esta enumeración limitar el principio a tales circunstancias."(…) Miguel S. Marienhoff dice que: “El acto que
creó derechos, si es ‘regular’ no puede ser extinguido por la administración pública mediante el procedimiento de
la revocación por razones de ‘ilegitimidad”. Es válido el anterior concepto para toda clase de actos que definen
situaciones jurídicas porque la razón para que no haya revocatorias unilaterales también lo es para el respeto al
acto propio, por eso agrega el citado autor: “Es este un concepto ético del derecho que, tribunales y juristas,
deben tener muy en cuenta por el alto valor que con él se defiende” El respeto al acto propio no se predica solo
de magistrados y juristas, sino de todos los operadores jurídicos porque se debe a que la estabilidad de dicho
acto tiene como base el principio de la buena fe, no solo en la relación del Estado con los particulares sino de
estos entre sí, buena fe que hoy tiene consagración constitucional en Colombia”.

51 Sentencia de 9 de mayo de 2011, Número de Radicado: 25000-23-26-000-2003-02021-01 (33913), Magistrada

Ponente: Olga Mélida Valle de la Hoz, Sección Tercera, Subsección

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149. Acorde con los lineamientos jurisprudenciales expuestos, se pueden extraer
los siguientes aspectos de cada uno de los siguientes principios: el de confianza
legítima: i) consiste en que la administración no puede ejercer sus atribuciones
defraudando la confianza que ha generado en sus actuaciones y actos en cabeza
de quienes se vinculan con ella; ii) su finalidad es proteger al administrado frente a
cambios bruscos e intempestivos de la administración; iii) se presenta en eventos
en los que el administrado no tiene un derecho adquirido, en razón a que su posición
jurídica puede alterarse por las autoridades públicas; iv) se fundamenta en los
principios de la buena fe, seguridad jurídica y respeto al acto propio; y v) se sanciona
por no ser permitida, toda pretensión, que aun cuando licita, es objetivamente
contradictoria, frente al propio comportamiento realizado por el sujeto. El de respeto
del acto propio: i) la administración no puede revertir de forma arbitraria ni unilateral
las situaciones generadas por sus actos, en perjuicio de los administrados; ii)
también es una manifestación del principio de la buena fe; iii) tiene como finalidad
impedirle al sujeto que expidió un acto que genera una situación particular, concreta
y definida en cabeza de otro, modificar unilateralmente su decisión, en razón a que
el administrado deriva su confianza del convencimiento absoluto y pleno de haber
logrado una posición jurídica beneficiosa a sus intereses; y iv) prohíbe a una parte ir
en contra de sus propios actos, sin que le sea posible desconocer los efectos
jurídicos derivados de una conducta previa, siendo incompatible y contradictoria con
esta última.

150. Reseñados los principales elementos de los principios indicados, la Sala
procede a analizar si con la expedición de los actos administrativos acusados fueron
desconocidos los principios de confianza legítima y de respeto del acto propio, para
lo cual se hará un recuento sobre el procedimiento administrativo ambiental que se
surtió y concluyó con la expedición de las resoluciones sancionatorias demandadas
y que fueron declaradas nulas por el a quo.

151. Debe observarse que el criterio del a quo para aplicar los principios de
confianza legítima y de respeto del acto propio fue que, por un lado, “[…] la entidad
sancionadora no podía desconocer los actos y las modificaciones que se han venido
desarrollando en el curso del proyecto de descontaminación del río Bogotá, esto es
la construcción y puesta en operación del sistema de tratamiento de aguas
residuales en el Distrito Capital el que ha venido siendo objeto de estudios técnicos

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ambientales dada su complejidad, pues ha sido conocedor de estos, […]”; y, por el
otro, “[…] el Distrito no incurrió en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de
la Resolución 577 de 2000, por cuanto la (sic) pruebas obrantes permiten concluir
que la licencia ambiental ha sido objeto implícitamente de modificaciones por parte
del MDVT siendo avaladas así mismo en las mesas de trabajo que hacían parte del
plan de cumplimiento del proyecto de descontaminación del río Bogotá, en los que
activamente participó dicho ministerio. […]”.

152. De esta manera, en la sentencia de primera instancia se consideró que la
parte demandante no incurrió en el incumplimiento endilgado en los actos
administrativos acusados, específicamente del artículo segundo de la Resolución
577 de 2000, la cual modificó la Resolución 817 de 1996, en virtud a que: i) en el
año 2006 que se inició la investigación ambiental por la parte demandada, ésta tenía
conocimiento del nuevo esquema adoptado y aprobado en el pacto de cumplimiento
para el proyecto de descontaminación del río Bogotá, puesto a consideración del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual descartaba la ejecución de la
segunda fase de la PTAR Salitre; ii) las recomendaciones del documento CONPES
3320 de 2004, daban cuenta de las mesas de trabajo que se adelantaban por la
complejidad de la problemática de la descontaminación del río Bogotá; iii) la entidad
demandada no podía desconocer “[…] los actos y las modificaciones […]”, que se
dieron en el trámite del proyecto indicado, el cual fue materia de estudios técnicos
ambientales conocidos por la cartera ministerial, en especial la variación del
proyecto inicial; y iv) la licencia ambiental fue implícitamente modificada.

153. La Sala encuentra frente a este argumento que, el procedimiento
administrativo ambiental que adelantó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial contra el Distrito Capital de Bogotá, el cual se inició con la
expedición de la Resolución 0561 de 2006, por el presunto incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo segundo de la Resolución 577 de 2000,
referente al cambio del esquema para el proyecto de descontaminación del río
Bogotá, al considerar que las actividades a implementar para la segunda fase de la
PTAR Salitre y el cambio de esquema mencionado se debieron proponer para la
aprobación de la entidad ministerial, con la antelación que se requería acorde con
los actos administrativos correspondientes y la normatividad ambiental, y que
culminó con la declaratoria de responsabilidad de la entidad territorial y la imposición

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de una multa mediante la Resolución 0908 de 2007 y su ratificación en cuanto al
cargo único y modificación del monto de la multa en la Resolución 1010 de 2009, se
sujetó a la normativa vigente aplicable al mismo.

154. En tal virtud, el procedimiento administrativo ambiental se agotó acorde con
las disposiciones que justificaron su inicio y terminación, como consta en los
fundamentos52 de los actos administrativos anotados supra, es decir, obedeció al
ejercicio de una atribución normativa la cual esta regulada en el ordenamiento
jurídico, cumplió con todas las exigencias procedimentales y se circunscribió a
investigar el presunto incumplimiento de las obligaciones comprendidas en el
artículo segundo de la Resolución 577 de 12 de junio de 2000, respecto de los
términos exigidos para el cambio del esquema para el proyecto de
descontaminación del río Bogotá, el cual fue licenciado a través de la Resolución
817 de 1996, por lo que, una vez surtido, la parte demandada expidió las
Resoluciones 0908 de 2007 y 1010 de 2009 mediante las que impuso la sanción de
multa y ratificó la misma en el segundo acto administrativo modificando su valor.

155. Para la Sala, el conocimiento que tuvo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en relación con el proyecto de descontaminación del río
Bogotá y específicamente sus modificaciones, en virtud de las gestiones,
intervenciones o participaciones que haya adelantado sobre el mismo, previamente
a la decisión administrativa reglada que se sometió a la normativa aplicable y que
inició el 27 de marzo de 2006 (Resolución 0561), no se puede considerar para
efectos de sustentar la aplicación de la teoría de los actos propios en el asunto bajo
estudio.

156. En efecto, en el caso sub examine, no se puede tener como fundamento de
la ilegalidad de los actos administrativos acusados, el desconocimiento del principio
de respeto del acto propio, por las razones que se explican a continuación, pero
antes es importante poner de relieve, que los actos administrativos enjuiciados,
frente a los cuales se consideró la aplicación de la teoría de los actos propios y se

52 Resolución 0561 de 2006 “[…] en cumplimiento con lo previsto en la Ley 99 de 1993, los Decretos 1594 de

1984 y 1220 de 2005, de la Ley 790 de 2002, los Decretos 0216 de 2003 y 3266 de 2004, y […]”. (Negrilla fuera
de texto).
Resolución 0908 de 2007 “[…] En ejercicio de las funciones […], especialmente las conferidas en la Ley 99 de
1993, en el Decreto 216 del 3 de febrero de 2003, Decreto 1594 de 1984, Decreto 3266 del y (sic) 8 de octubre
de 2004, y […]”. (Negrilla fuera de texto).
Resolución 1010 de 2009 “[…] En ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución No. 1393 de
agosto 8 de 2007 y proferida por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y […]”.

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concluyó que se desvirtuó su presunción de legalidad, corresponden a la
declaratoria de responsabilidad por el incumplimiento de la obligación fijada en el
artículo segundo de la Resolución 577 de 2000, correspondiente a “[…]
considerando que las actividades a implementar para la segunda fase de la PTAR
El salitre y el cambio de esquema para la Descontaminación del Río Bogotá debieron
ser propuestas para la debida aprobación del Ministerio con la anterioridad que
dichos Actos Administrativos y la normatividad ambiental lo requerían” […]” y la
imposición de una sanción de multa en cuantía inicial de quinientos cincuenta y dos
millones veinticuatro mil pesos mcte ($552.024.000), modificada posteriormente a
cuatrocientos cuarenta y un millones seiscientos diecinueve mil doscientos pesos
mcte ($441.619.200). Si bien la obligación que se le impuso a la parte demandante
está vinculada a la segunda fase de la PTAR El Salitre y el cambio de esquema para
el proyecto de descontaminación del río Bogotá y cuyo incumplimiento suscitó el
procedimiento administrativo ambiental sancionatorio, ésta se encuentra contenida
en el artículo segundo de la resolución anotada supra, mediante la cual se modificó
la licencia ambiental.

157. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la
Resolución 577 de 2000, modificó parcialmente el artículo tercero, numerales 3.1.2.,
3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.7., 3.4.3. de la Resolución núm. 817 de 1996 por la cual se
confirió licencia ambiental ordinaria al Distrito Capital de Bogotá y/o Alcaldía Mayor
de Bogotá, para el proyecto de descontaminación del río Bogotá.

158. Por tanto, la declaratoria de incumplimiento e imposición de una multa,
previstas en los actos administrativos acusados, tuvieron como origen la
inobservancia de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental otorgada en
el año 1996 (modificada con la Resolución 577 de 2000).

159. Si bien como lo señala el a quo, antes del inicio del procedimiento
administrativo sancionatorio ambiental (Resolución 0561 de 27 de marzo de 2006),
la entidad ministerial en virtud de diferentes escenarios (decisiones, documentos y
mesas de trabajo) había conocido la propuesta de un nuevo esquema para el
proyecto de descontaminación del río Bogotá, como fueron la sentencia de 25 de
agosto de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección
cuarta, subsección “B” y el documento CONPES 3320 de 2004, ello no implicaba

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que se estuvieran modificando las obligaciones a cargo de la entidad beneficiaria de
la licencia ambiental, establecidas en la Resolución 817 de 1996 y sus posteriores
modificaciones (Resolución 577 de 2000), en razón a que: i) legalmente la
modificación de la resolución mediante la cual se otorgó la licencia ambiental al
Distrito Capital de Bogotá, para el proyecto de descontaminación del río Bogotá,
debía llevarse a cabo según lo previsto en la normativa aplicable y vigente para tal
efecto y con la expedición de una resolución contentiva de los ajustes pertinentes a
la autorización ambiental, acorde con los fundamentos que fueran acogidos o no por
la autoridad ambiental competente; ii) el procedimiento administrativo de
modificación y expedición de la nueva resolución esta reglado, y no es viable
considerar, como en el caso sub lite, que con la sentencia de la acción popular
referida supra o en unas mesas de trabajo o por conducto de un documento
CONPES, se modificó tácitamente la licencia ambiental; iii) estos planteamientos de
la necesaria expedición de una nueva resolución de modificación de la Resolución
817 de 1996, están acreditados en la medida que desde que se expidió este acto
administrativo, se han emitido varias resoluciones modificatorias de la misma, como
han sido las siguientes: 1121 de 16 de octubre de 1996, 577 de 12 de junio de 2000
y 821 de 17 de agosto de 2000, confirmada por la Resolución 0463 de 4 de junio de
200153. Incluso estando en curso el procedimiento administrativo ambiental iniciado
con la Resolución 0561 de 2006 y que finalizó con la expedición de las resoluciones
acusadas (Resolución 0908 de 2007 y 1010 de 2009), se expidió la Resolución 1929
de 1º. de noviembre de 200754; y iv) la misma parte demandante presentó el 13 de
agosto de 2003 la solicitud de trámite administrativo de modificación de la licencia
ambiental, cuando previamente la parte demandada le había expuesto en la
comunicación 2211-2-135 de 6 de febrero de 2003 que, “[…] Considerando que el
proyecto de descontaminación del Río Bogotá se piensa modificar a una única planta
de tratamiento de aguas residuales, […] y que el sistema de tratamiento secundario
biológico previsto para la fase II de la PTAR El Salitre se cambiaría a un tratamiento
físico-químico, como fue presentado en la reunión sostenida el pasado 27 de enero,
se recomienda iniciar los trámites de modificación a la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución No. 817 de julio de 1996; teniendo en cuenta
además, que el nuevo programa contempla obras diferentes, caudales mayores al

53 Resolución 0908 de 25 de mayo de 2007. Cfr. Folio 61 cuaderno 3 del expediente.
54 Modificó las Resoluciones Nos. 817 y 1121 de 1996, 577 de 2000 que fue modificada con la 821 del mismo

año. Cfr. Folio 729 cuaderno 2 del expediente.

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incluir al municipio de Soacha, ocurrencia de otros impactos que no han sido
evaluados y un mayor volumen de lodos, […]”55. (Negrilla fuera de texto).

160. En cuanto al Acuerdo Interinstitucional del 24 de noviembre de 2006, la Sala
observa que: i) fue suscrito con posterioridad al inicio del procedimiento
administrativo ambiental sancionatorio, casi ocho (8) meses después de la
expedición de la Resolución 0561 de 2006; ii) se celebró con fundamento en el
documento CONPES 3320 de 2004, “[…] dando cumplimiento a las obligaciones y
responsabilidades asignadas en dicho documento a cada una de las entidades
involucradas, […]”56; iii) en dicho acuerdo se alude a unas sesiones de trabajo de la
mesa interinstitucional realizadas en el año 2006, en fechas previas a su suscripción:
septiembre 6 y 26, octubre 9 y 19, y noviembre 16 y 24 fecha esta última en la que
se suscribió el acuerdo indicado supra, pero siendo todas estas fechas posteriores
al inicio del procedimiento administrativo ambiental sancionatorio en marzo de
2006); iv) ningún aparte del acuerdo interinstitucional refiere a la licencia ambiental
otorgada para el proyecto de descontaminación del río Bogotá y a su modificación
contenida en la Resolución 577 de 2000; v) los temas tratados en la mesa
interinstitucional se limitaron a la inversión de los recursos de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR provenientes de la tasa ambiental del
Distrito Capital, las inversiones del Distrito Capital en el programa de
descontaminación del río Bogotá y la propiedad de la PTAR Salitre; y vi) en las firmas
aparece una anotación según la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial “acompaña” la firma del acuerdo, conforme a las
“recomendaciones” del documento CONPES 3320 de 2004.

161. En razón a que se requiere de una solicitud, el agotamiento de un
procedimiento administrativo y la expedición de una nueva resolución que modifique
la licencia ambiental, la parte demandante, el Departamento Técnico Administrativo
del Medio Ambiente – DAMA, radicó dicha solicitud bajo el núm. 3111-1-12444 de
13 de agosto de 2003 y la parte demandada expidió los Autos 0899 de 23 de
septiembre de 2003, modificado por el Auto 1064 de 12 de noviembre del mismo
año, por el cual se dio inicio al “[…] trámite de modificación de la Licencia

55 Cfr. Folio 147 cuaderno 1 del expediente.
56 Cfr. Folio 226 cuaderno 1 del expediente.

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Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0817 de 1996 (modificada por las
Resoluciones Nos. 1121 de 1996, 577 y 821 de 2000) en el sentido de acoger el
nuevo esquema ajustado del sistema de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Bogotá D.C. […]”57.

162. Según lo expuesto, desde antes de la sentencia de acción popular (25 de
agosto de 2004) y del documento CONPES 3320 de 2004 (6 de diciembre de 2004),
la parte demandante tenía pleno conocimiento de que se requería adelantar el
trámite de modificación de la licencia ambiental para ajustarla según las
modificaciones del proyecto para la descontaminación del río Bogotá, al punto que,
como se mencionó previamente, presentó la petición pertinente ante la autoridad
ambiental competente, el 13 de agosto de 2003. Adicionalmente, desde el año 1996
en que se otorgó la licencia ambiental, se han expedido cuatro (4) modificaciones a
la resolución que concedió la licencia ambiental, mediante las resoluciones que se
enunciaron en esta providencia.

163. Los Decretos 1180 de 10 de mayo de 200358 y 1220 de 21 de abril de 200559,
previeron los casos en que procedía la modificación de la licencia ambiental, el
procedimiento para su modificación y una vez se reuniera toda la información
requerida, la autoridad ambiental competente decide sobre la modificación o no de
la licencia ambiental.

164. En este orden de ideas, existía un procedimiento regulado normativamente
en los decretos reglamentarios citados, bajo los cuales se debía adelantar el trámite
de modificación de la licencia ambiental, sin que se pueda considerar que: i) la
autorización ambiental fue modificada implícitamente; y ii) la modificación se produjo
en virtud a que la entidad concedente de la licencia ambiental tuvo conocimiento de
los cambios del proyecto de descontaminación del río Bogotá a través de su
participación o intervención en procesos judiciales, reuniones o mesas de trabajo o
por ser destinataria de recomendaciones de un documento de política pública
(CONPES 3320 de 2004), porque ello es contrario a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico para la modificación de la licencia ambiental.

57 Resolución 0561 de 27 de marzo de 2006. Cfr. Folio 4 cuaderno 1 del expediente.
58 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales.”
59 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.” Este decreto

derogó el 1180 de 2003.

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165. Para la Sala también es contradictorio que, la parte demandante haya
solicitado el inicio de un trámite administrativo de modificación de la licencia
ambiental, acorde con la normativa que regulaba el procedimiento de modificación
de la autorización ambiental, el que debía finalizar a través de la decisión
correspondiente, y que además, era necesario para que se modificaran las
obligaciones impuestas en la Resolución 577 de 2000, que motivaron el inicio del
procedimiento administrativo ambiental sancionatorio, para que se ajustara
conforme a las cambios del proyecto de descontaminación del río Bogotá, pero que
fue desistido60; y que se fundamente la sentencia de primera instancia en la
configuración del desconocimiento del principio de respeto del acto propio, al
modificarse implícitamente la licencia ambiental por parte del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la forma que se expuso en párrafos
precedentes de esta sentencia, por cuanto lo que en derecho correspondía era
modificar la resolución que confirió la licencia ambiental ordinaria para el proyecto
de descontaminación del río Bogotá, conforme a la normatividad aplicable a dicha
modificación, mediante el trámite del procedimiento administrativo respectivo y la
expedición de la resolución de modificación, tal y como se había efectuado en
ocasiones anteriores, para ajustar la licencia ambiental a los cambios que se
hubieren producido en el proyecto licenciado, y como lo inició la parte
demandante en el año 2003 pero luego desistió en el año 2007.

166. El haber conocido la parte demandada las modificaciones que estaba
teniendo el proyecto de descontaminación del río Bogotá, no constituye una
conducta o actuación de la magnitud y eficacia requerida para que pudiera
considerarse que estaba siendo desconocida en la decisión administrativa ambiental
sancionatoria y con incompatibilidad frente a aquella, con mayor razón cuando lo
que se sancionó fue el incumplimiento de unas obligaciones establecidas en la
licencia ambiental (artículo segundo Resolución 577 de 2000) y, como se mencionó,
el conocimiento que tuvo la parte demandada fue atinente a los cambios del proyecto
aludido; por el contrario, está demostrado en el proceso, que la parte demandada le
sugirió a la parte demandante adelantar el trámite administrativo de modificación de
la licencia ambiental, en razón a los cambios que se estaban adelantando al

60 La Secretaria Distrital de Ambiente solicitó con radicado 4120-E1-69203 de 6 de julio de 2007, desistir del

trámite de modificación de la licencia ambiental iniciado en el año 2003; el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial mediante Auto 1816 de 13 de julio de 2007aceptó el desistimiento. Cfr. Folio 944 cuaderno
2 del expediente.

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proyecto de descontaminación del río Bogotá. Por tanto, no existió contradicción
alguna en el proceder de la parte demandada, su conducta no vulneró los principios
de confianza legítima, de la buena fe, y el acto posterior no desconoció ningún acto
previo propio.

167. En síntesis, para la Sala no se transgredieron los principios de confianza
legítima y de respeto del acto propio con la expedición de los actos administrativos
acusados, y por ello, no se desvirtuó su presunción de legalidad.

La multa impuesta tenía como finalidad acelerar el control de los vertimientos
y mitigar sus efectos sobre el medio ambiente

168. El recurrente refirió que la parte demandante señaló que “[…] “(…) la sanción
de multa procede cuando se violan las normas sobre protección ambiental, lo que
no ocurrió en el presente caso (…) […]”61 y frente a este argumento se debe tener
en cuenta los criterios plasmados en el concepto técnico 218 de 3 de febrero de
2006, que sustentó el incumplimiento dispuesto en la Resolución 561 del mismo año
y reiteró que para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es
evidente la falta de planeación con la que el Distrito Capital solicitó la modificación
de la licencia ambiental, tanto para la PTAR Salitre como para las demás plantas,
por cuanto el cambio de esquema de tres a dos plantas y un colector, son obras que
exigen una serie de actividades de planificación que permitieron observar que se
incumplirían los plazos establecidos en la Resolución 577 de 2000.

169. Además, indicó que, la multa impuesta tenía como propósito corregir y
conminar a la Secretaria Distrital de Ambiente a acelerar el control de los
vertimientos sobre el río Bogotá en el Distrito Capital, y en tal medida, las remociones
autorizadas a obtener con la Resolución 577 de 2000 que tenían como plazo para
iniciar en el año 2004, no se ha cumplido.

170. Anotó que desde el año 2002 se había establecido que el sistema propuesto
no era el adecuado, época en la cual se debió remitir la información al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y solo hasta julio de 2007 se reportó dicha
conclusión, cuando ya se había expedido la Resolución 561 de 27 de marzo de 2006.

61 Cfr. Folio 945 cuaderno 2 del expediente.

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171. Insistió en que la participación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial en las mesas de trabajo que dieron origen al Acuerdo
Interinstitucional, no lo releva de cumplir los actos administrativos cuya finalidad es
promover una relación de armonía y respeto del hombre con la naturaleza y fijar
unos criterios para la recuperación, conservación, protección, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables para garantizar un desarrollo
sostenible.

172. La Sala comparte el argumento expuesto por la parte demandada, en cuanto
a que el procedimiento administrativo ambiental que se adelantó contra la parte
demandante, no se limitaba a verificar el presunto incumplimiento de las
obligaciones del artículo segundo de la Resolución 577 de 2000 (modificatoria de la
licencia ambiental), sino que además estaba la consecuencia derivada de dicho
incumplimiento que fue la contaminación que se produjo al recurso hídrico con las
demás repercusiones para el medio ambiente.

173. La Sala realiza un recuento normativo y jurisprudencial sobre la licencia
ambiental, para efectos de determinar si la multa impuesta en los actos
administrativos acusados estaba autorizada legalmente.

174. El artículo 49 de la Ley 99, previó la obligatoriedad de la licencia ambiental
para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje.

175. La licencia ambiental es entendida en los términos del artículo 50 de la Ley
99, como “[…] la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la
ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la
licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la
obra o actividad autorizada. […]”.

176. La Corte Constitucional consideró en la sentencia C-746 de 26 de septiembre
201262, que la licencia ambiental “[…] es el resultado del agotamiento o la decisión

62 M.P. Doctor LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.

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final de un procedimiento complejo que debe cumplir el interesado para obtener una
autorización para la realización de obras o actividades, con capacidad para incidir
desfavorablemente en los recursos naturales renovables o en el ambiente. […]”, es
un mecanismo de intervención del Estado en la economía y su otorgamiento es una
función en la que concurren las competencias del legislador, de la administración
central, y descentralizada territorialmente y por servicios.

177. En la providencia anotada supra se concluyó que, con fundamento en la
jurisprudencia constitucional, la licencia ambiental: “[…] (i) es una autorización que
otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos
naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii)
tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los
efectos ambientales que produzcan tales actividades; […] (iv) opera como
instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión,
mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre
ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de
especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y
realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, […]”.
(Negrilla fuera de texto).

178. La Corte Constitucional en la sentencia T-462A de 8 de julio de 201463, indicó
que la figura de la licencia ambiental está prevista para, “[…] responder a la
necesidad de prevenir, mitigar, corregir, compensar, manejar y controlar los
impactos al ambiente generados por la actividad humana, en aras de establecer la
forma en que puedan ser gestionados de manera responsable con la protección del
ambiente”64 […]”.

179. La sentencia referida definió la licencia ambiental de la siguiente manera: “[…]
es el acto administrativo emitido por la autoridad ambiental competente, a través del
cual se autoriza a una persona jurídica pública o privada a ejecutar una obra o
proyecto de infraestructura que puede producir deterioro grave a los recursos

63 M.P. Doctor JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.
64 Cfr. Rodríguez, Gloria Amparo. “Las licencias ambientales y su proceso de reglamentación en Colombia”. Foro

Nacional Ambiental, Bogotá mayo de 2011.

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naturales o al medio ambiente o introducir modificaciones notorias al paisaje, y
que por eso, debe darse un cumplimiento estricto a las obligaciones y
requisitos establecidas en ella para la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos negativos ambientales de la obra
autorizada. […]”; y también aludió al contenido que le ha dado la jurisprudencia
constitucional a la naturaleza y alcance de esta autorización, según las siguientes
premisas: “[…] (b) La razón de ser de las licencias ambientales es la protección de
los derechos individuales y colectivos. Corresponde a las autoridades públicas velar
por estos derechos, en particular cuando la amenaza de su vulneración aumenta
debido al desarrollo de actividades riesgosas.65 […] (d) La licencia ambiental tiene
un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo
menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la
ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos
naturales y el ambiente.66 […]”. (Negrilla fuera de texto).

180. En tal medida, este instrumento integra la normativa para la protección
ambiental o el manejo de recursos naturales renovables, cuya infracción da lugar a
la aplicación de los artículos 8467 y 85 de la Ley 99.

181. Por lo expuesto, la multa impuesta en los actos administrativos demandados
se encuentra soportada normativamente en la atribución conferida en los artículos
84 y 85 de la Ley 99, que facultan a la autoridad ambiental competente, en el caso
sub lite, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para imponer al
infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada
y según la gravedad de la infracción, las sanciones y medidas preventivas previstas
en el artículo 85 citado.

182. En ese orden de ideas, en la Resolución 0908 de 2007, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial señaló que el cargo único de
incumplimiento establecido dentro del proceso administrativo ambiental no

65 Ver sentencia C-328 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
66 Ver sentencia C-035 de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell y reiterado en la sentencia T-282 de 2012 M.P.

Juan Carlos Henao Pérez.
67 “ARTÍCULO 84. Cuando ocurriere violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de

recursos naturales renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán las sanciones que se prevén en el artículo siguiente, según el tipo de infracción y la gravedad de la
misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho ante las autoridades competentes para que se inicie la
investigación penal respectiva.”

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corresponde a una “[…] presunción caprichosa de mero incumplimiento de términos
[…]”68, sino a las consecuencias reales que con el incumplimiento de los niveles de
remoción de la planta de tratamiento el Salitre se le causaba al cuerpo de aguas y
al entorno en general. Esta consideración es sustentada en el concepto técnico No.
689 de 3 de mayo de 2007, según el cual “[…] “Es claro entonces, que para el año
2004, el sistema de tratamiento de aguas residuales de la PTAR el Salitre, debía
estar cumpliendo con las remociones en mención, lo que a la fecha no se ha
cumplido. Esto implica que el Distrito Capital y/o Secretaría del Medio Ambiente
viene generando una afectación al cuerpo de agua y a su entorno, desde el 01
de enero de 2005 y que hasta hoy se presenta sin haber implementado ninguna
medida para lograr estas remociones.” […]”69. (Negrilla fuera de texto).

183. Respecto de la afectación al medio ambiente producida como consecuencia
del incumplimiento del artículo segundo de la Resolución 577 de 2000, la resolución
citada supra determinó que, “[…] no es posible que los habitantes de la ciudad de
Bogotá sigan padeciendo las consecuencias nocivas en el recurso hídrico del río
Bogotá derivadas de un incumplimiento del titular de la Licencia Ambiental para el
proyecto, en cuanto a los términos aprobados para la implementación de la segunda
fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre, con los
porcentajes de remoción pertinentes, […]”70; y a continuación precisa sobre el agua
que “[…] es un recurso natural que forma parte del llamado ambiente natural o
entorno, el cual resulta insustituible para el mantenimiento de la salud y para
asegurar la vida del ser humano, […]”71 y es un “[…] elemento esencial del
ambiente, su preservación, conservación, uso y manejo están vinculados con
el derecho que tienen todas personas a gozar de un ambiente sano. […]”72,
citando sentencias de la Corte Constitucional sobre el derecho a un ambiente sano
y la función estatal de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y los
efectos y consecuencias de la contaminación del recurso hídrico73. (Negrilla fuera
de texto).

68 Cfr. Folio 171 cuaderno 1 del expediente.
69 Cfr. Folio 172 ibidem.
70 Cfr. Folio 174 ibidem.
71 Cfr. Folio 176 cuaderno 1 del expediente.
72 Ibidem.
73 Ibidem.

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184. Por su parte, la Resolución 1010 de 2009, señaló sobre la diferencia negativa
en la remoción en el sistema de tratamiento de aguas residuales y la afectación que
se produce al río Bogotá, que:

“[…] Para ese caudal se estarían vertiendo al río con el funcionamiento de la
primera fase, 648 g/s de DBO y 560 g/s de SST y con la entrada en operación
de la segunda fase de la PTAR El Salitre se tendría un vertimiento de 30mg/lt
de DBO y de SST.

Lo anterior indica que actualmente se presenta una diferencia negativa en la
remoción propuesta por la Alcaldia de Bogotá en el sistema de tratamiento de
aguas residuales de la PTAR Salitre de 132mg/lt de DBO y 110mg/lt de SST,
situación que nos permite inferir que los beneficios ambientales propuestos
por dicha entidad no se están alcanzando en los niveles propuestos lo que
evidentemente se ve reflejado sobre el cuerpo de agua que se está tratando
al privarlo de estos beneficios ambientales generando con ello una afectación
no porque se esté degradando el recurso hídrico ni por que dicha entidad sea
la causante de la contaminación de dicho recurso sino porque se está
privando al río Bogotá de los beneficios ambientales establecidos en el
artículo segundo de la Resolución 577 del 2000, al efectuar una remoción
menor a la esperada. […]”74.

185. En suma, en razón a que la licencia ambiental, y en particular las obligaciones
previstas en el artículo segundo de la Resolución 577 de 2000, forman parte de la
normativa sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales
renovables, la multa impuesta en los actos administrativos acusados esta conforme
al ordenamiento normativo superior.

Conclusión

186. La Sala, considera que, con fundamento en los argumentos expuestos
previamente, los actos administrativos acusados se encuentran ajustados al
ordenamiento jurídico superior y no vulneraron los principios de confianza legítima

74 Cfr. Folio 242 cuaderno 1 del expediente.

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y de respeto del acto propio, y por ello, no se desvirtuó su presunción de legalidad;
en consecuencia, procederá a revocar la sentencia proferida en primera instancia,
el 25 de abril de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”.

Condena en costas

187. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá
de condenar en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, de 25 de abril
de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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