Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00132-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00132-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2010-00132-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de diciembre de 2024
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01 (Acumulado)
Actor: BANCO POPULAR y OTROS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1.
Tesis: No incurren en nulidad los actos administrativos que
declararon el incumplimiento de unos compromisos
adquiridos de manera voluntaria con el objetivo de
clausurar una investigación por prácticas restrictivas de
la competencia e hicieron efectivas las pólizas de
cumplimiento de disposiciones legales dictados por la
SIC.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por las
siguientes entidades bancarias: Banco de Bogotá S.A.2, Banco HSBC
Colombia S.A.3, Banco Agrario4, Banco Davivienda S.A.5, Banco Popular
S.A.6, Banco de Occidente S.A.7, Banco BBVA S.A. y Helm Bank S.A.8,
Banco Citibank Colombia S.A.9, Banco Bancolombia S.A.10, Banco
Santander S.A.11, Banco AV Villas S.A.12 y Banco Pichincha S.A.13, y las
siguientes redes: Redeban Multicolor S.A.14 y Credibanco S.A.15, en contra
1
En adelante SIC.
2
Folios 1195 a 1206 del cuaderno principal de segunda instancia.
3
Folios 934 a 966 del cuaderno principal de segunda instancia.
4
Folios 967 a 979 del cuaderno principal de segunda instancia.
5
Folios 980 a 989 del cuaderno principal de segunda instancia.
6
Folios 990 a 1003 del cuaderno principal de segunda instancia.
7
Folios 1004 a 1019 del cuaderno principal de segunda instancia.
8
Folios 1134 a 1152 del cuaderno principal de segunda instancia.
9
Folios 1153 a 1173 del cuaderno principal de segunda instancia.
10
Folios 1174 a 1194 del cuaderno principal de segunda instancia.
11
Folios 1217 a 1223 del cuaderno principal de segunda instancia.
12
Folios 1234 a 1243 del cuaderno principal de segunda instancia.
13
Folios 1202 a 1206 del cuaderno principal de segunda instancia.
14
Folios 1020 a 1133 del cuaderno principal de segunda instancia.
15
Folios 1207 a 1216 del cuaderno principal de segunda instancia.
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1
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
de la sentencia dictada el 21 de junio de 2012 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B,
mediante la cual se negaron las pretensiones de las demandas
acumuladas y se decidió no condenar en costas.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas acumuladas
Las siguientes entidades bancarias: Banco de Bogotá S.A., Banco HSBC
Colombia S.A., Banco Agrario, Banco Davivienda S.A., Banco Popular
S.A., Banco de Occidente S.A., Banco BBVA S.A. y Helm Bank S.A., Banco
Citibank Colombia S.A., Banco Bancolombia S.A., Banco Santander S.A.,
Banco AV Villas S.A. y Banco Pichincha S.A.16, y las siguientes redes:
Redeban Multicolor S.A. y Credibanco S.A.17, actuando por conducto de
apoderados judiciales, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 del 2 de enero de 1984),
presentaron demandas en contra de la SIC, en la cual formularon las
siguientes pretensiones:
o Radicado nro. 250002324000201000132-01
Demandante: Banco Popular
“PRETENSIONES
Solicito que, con citación y audiencia de la demandada, se pronuncien mediante
sentencia las siguientes declaraciones y condenas:
2.1. Primera Pretensión
Que se declare la nulidad de las Resoluciones 29497 del 19 de agosto de 2008
y 46791 del 15 de septiembre de 2009 de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO respecto a las decisiones que atañen al BANCO POPULAR S.A.
2.2. Segunda Pretensión
Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a título de restablecimiento del derecho y de
reparación de perjuicios patrimoniales, a restituir actualizadas las sumas de
dinero pagadas por el BANCO POPULAR S.A. como consecuencia de hacer
16
En adelante los bancos
17
En adelante las redes
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
efectivas las garantías y a pagar a favor del Banco indicado todos los perjuicios
patrimoniales causados con la expedición de tales resoluciones, junto con sus
respectivos intereses, de conformidad con el Art. 177 del Código Contencioso
Administrativo.
2.3. Tercera Pretensión
Condenar a la parte demandada al pago de las costas que se causen con el
proceso.18”
o Radicado nro. 250002324000201000151-01
Demandante: Banco Agrario
“PRIMERA: Declarar la nulidad de la Resolución No. 46791 del 15 de septiembre
de 2009, notificada mediante edicto desfijado el 7 de octubre de 2009, “por la
cual se deciden unos recursos contra la Resolución 29497 de 2008” que decidió
en su parte resolutiva:
(…)
Segunda: Declarar la Nulidad de la Resolución No. 29497 del 19 de Agosto de
2008, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio: "Por la cual
se decreta el incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones
06816 y 06817 de 2005, modificadas por las números 34402 y 33813 de 2006,
respectivamente, se exige el cumplimiento de las mismas y se hacen efectivas
unas pólizas", la cual decidió en su parte resolutiva (…)
(…)
Tercera: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, que se condene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
al pago del valor cancelado indebidamente a ese Ente de Control por el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A. que ascendió a la suma de Ochocientos Dieciséis
Millones de Pesos ($816.000.000) de conformidad con la póliza de cumplimiento
No. A0063562, con certificado de renovación 6073095, expedida por la
Compañía Mundial de Seguros S.A. a favor de la Superintendencia de Industria
y Comercio, debidamente indexados y a los respectivos intereses a la tasa
máxima permitida por la ley desde el momento en que se verificó el pago y
hasta que se ejecute la sentencia
Cuarta: Que se orden el cumplimiento de la Sentencia dentro del término
establecido por el artículo 176, 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo.19”
o Radicado nro. 250002324000201000185-01
Demandante: Banco Davivienda
“PRETENSIONES
1° Que se revoquen íntegramente las Resoluciones expedidas por el señor
Superintendente de Industria y Comercio números 029497, el 19 de agosto de
2.008, y 46791 del 15 de septiembre de 2.009 que confirma aquella, por las
causales de ilegalidad que en este escrito se precisan
18
Folios 2 a 3 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00132
19
Folios 3 a 11 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00151
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
2° Que, en subsidio de la anterior, se revoquen parcialmente las Resoluciones
expedidas por el señor Superintendente de Industria y Comercio números
029497, el 19 de agosto de 2.008, y 46791 del 15 de septiembre de 2.009 que
confirma aquella, por las causales de ilegalidad que en este escrito se precisan,
en cuanto declaran el incumplimiento de unos supuestos compromisos que, se
afirma, fueron ofrecidos por DAVIVIENDA, el BANCO SUPERIOR Y GRANBANCO
y que manifiesta esa entidad haber aceptado por las Resoluciones 06816 del 31
de marzo de 2.005, modificada por la Resolución número 34402 de 2.006, y
06817 del 31 de marzo de 2.005, modificada por la Resolución número 33813
de 2.006.
3. Que, como consecuencia de cualquiera de las dos pretensiones anteriores, se
ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio reembolsar al
BANCO DAVIVIENDA S.A. la Suma pagada, esto es, un mil novecientos
sesenta millones quinientos mil pesos ($1.960.5000.000) actualizada con
las variaciones del IPC desde el 22 de octubre de 2.009, hasta el día en
que se realice el pago, más los intereses correspondientes.
4° Que, en todo caso, de manera subsidiaria, se ordene a la Superintendencia
de Industria y Comercio reembolsar al BANCO DAVIVIENDA S.A. la suma
pagada, más no debida, por cuenta del BANCO SUPERIOR y de GRANBANCO,
esto es, un mil ciento cuarenta y cuatro millones quinientos mil pesos ($
1.144.500.000) actualizada con las variaciones del IPC desde el 22 de octubre
de 2.009 hasta el día en que se realice el pago, más los intereses
correspondientes.20”
o Radicado nro. 250002324000201000131-01
Demandante: Banco Bancolombia
“PRETENSIONES
De conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicito
al Honorable Tribunal que, con citación y audiencia del Ministerio Público, se
hagan las siguientes DECLARACIONES Y CONDENAS:
PRINCIPALES:
Primera. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 029497 del 19 de agosto
de 2008, expedida por la SIC y suscrita por el Superintendente de Industria y
Comercio, Gustavo Valbuena Quiñones, mediante la cual se decretó el
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Banco en virtud del
ofrecimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones 06816 y 06817 de
2005, modificadas por las resoluciones 34402 y 33813 de 2006,
respectivamente; se exigió el cumplimiento de las mismas, y se hicieron
efectivas las pólizas de cumplimiento otorgadas para respaldar el cumplimiento
de los compromisos contenidos en ellas.
Segunda. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 46791 del 15 de
septiembre de 2009, expedida por la SIC y suscrita por el Superintendente de
Industria y Comercio, Gustavo Valbuena Quiñones, mediante la cual se confirma
"el incumplimiento de los compromisos declarados en los artículos primero y
segundo y lo resuelto en los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, undécimo,
duodécimo y décimo tercero de la Resolución 29497 de 2008"; se modificaron
los parágrafos primero y segundo del artículo tercero; se modificó el artículo
cuarto; se aclaró el artículo octavo y se revocó el artículo décimo de la
Resolución 029497.
20
Folios 1 a 2 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00185
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Tercera, Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento de| derecho, se condene a la SIC a devolver a BANCOLOMBIA
S.A. la suma de MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE
($1,171.000.000,00), o la que el Tribunal encuentre probada, del monto pagado
por BANCOLOMBIA S.A. A favor de la SIC, en nombre propio y de CONAVI, a
través de la Compañía Mundial de Seguros S.A. como otorgante de la póliza de
seguro de cumplimiento, en virtud de lo ordenado en la parte resolutiva de las
Resoluciones demandadas.
Cuarta. Que sobre las sumas que deban devolverse por la SIC a BANCOLOMBIA
S.A. se liquide el interés bancario corriente desde el día en el cual BANCOLOMBIA
S.A. pagó a la SIC, en nombre propio y de CONAVI, a través de la Compañía
Mundial de Seguros S.A. como otorgante de la póliza de seguro de cumplimiento,
la suma de MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.171.000.000,00), esto es, desde el 22 de octubre de 2009, hasta la fecha
de la sentencia o, en su defecto, que sean indexadas de acuerdo con el índice
de Precios al Consumidor (IPC) desde el día en el cual BANCOLOMBIA S.A. pagó
a la SIC hasta la fecha de la sentencia, y sobre la suma resultante se liquide el
interés legal. n dorades de acuerdo con Consumidor (IPC)- desde el día en el
cual BANCOLOMBIA S.A. pagó a la SIC hasta la fecha de la sentencia, y sobre la
suma resultante se liquide el interés legal.
Quinta. Que se condene a la SIC al pago de las costas y agencias en derecho
generadas en este proceso.
Sexta. Que sobre las condenas que se impongan en la sentencia, se disponga
que se causarán los intereses comerciales moratorios previstos en el artículo
177 del C.C.A., desde la ejecutoria del fallo hasta cuando se verifique su pago
efectivo.
SUBSIDIARIAS:
En subsidio de las anteriores declaraciones y condenas:
Primera. Que se declare la nulidad de los artículos PRIMERO Y SEGUNDO de la
parte resolutiva de la Resolución 029497 y del artículo PRIMERO de la parte
resolutiva de la Resolución 46791 (que confirma los artículos PRIMERO Y
SEGUNDO de la Resolución 029497) en cuanto al incumplimiento de
BANCOLOMBIA S.A., puesto que, como quedó expuesto no ha habido
cuestionamiento alguno al cumplimiento de las obligaciones consagradas en las
Resoluciones vigentes a su cargo.
Segunda- Que como consecuencia de la declaración anterior, a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la SIC a devolver a BANCOLOMBIA
S.A. la suma de MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.171.000.000,00), o la que el Tribunal considere adecuada al graduar la
sanción impuesta por la SIC, reduciendo en todo caso el monto de la ejecución
de la póliza de garantía respecto a los asegurados que pudieran calificarse de
incumplidos, en cuanto BANCOLOMBIA S.A. y CONAVI cumplieron en forma
cabal con sus compromisos.
Tercera. Que sobre las sumas que deban devolverse por la SIC a BANCOLOMBIA
S.A. se liquide el interés bancario corriente desde el día en el cual BANCOLOMBIA
S.A. pagó a la SIC la suma de MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS
M/CTE ($1.171.000.000,00) -o la que el Tribunal considere adecuada según la
graduación de la sanción solicitada en la pretensión anterior-, esto es, desde el
22 de octubre de 2009, hasta la fecha de la sentencia o, en su defecto, que sean
indexadas de acuerdo con el índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el día
en el cual BANCOLOMBIA S.A. pagó a la SIC hasta la fecha de la sentencia, y
sobre la suma resultante se liquide el interés legal.
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Cuarta. Que se condene a la SIC al pago de las costas y agencias en derecho
generadas en este proceso
Quinta. Que sobre las condenas que se impongan en la sentencia, se disponga
que se causarán los intereses comerciales moratorios previstos en el artículo
177 del C.C.A., desde la ejecutoria del fallo hasta cuando se verifique su pago
efectivo.”21
o Radicado nro. 250002324000201000203-01
Demandante: Redeban
“PRIMERO.- Es nula la Resolución No. 029497 del 19 de agosto 2008, proferida
por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual i) se declaró el
"incumplimiento de los compromisos derivados de los ofrecimientos de garantías
aceptados por la Superintendencia de Industria y Comercio" en la Resolución
06816 del 31 de marzo de 2005, modificada por la número 34402 del 14 de
diciembre 2006; i) se exigió el cumplimiento inmediato de los citados
compromisos; ii) se declaró la ocurrencia del riesgo asegurado con la póliza de
seguros constituida con el objeto de garantizar los compromisos contraídos y se
dispuso hacerlas efectivas; pólizas y iv) se ordenó a las investigadas constituir
nuevas
SEGUNDO.- Es nula la Resolución No. 46791 del 15 de septiembre de 2009, por
medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra las
Resolución 029497 de 2008, en cuanto dicho acto administrativo: i) confirmó los
incumplimientos declarados en los numerales primero y segundo de la Resolución
029497 de 2008; ii) modificó las obligaciones impuestas en los parágrafos
primero y segundo de su artículo tercero y en el artículo cuarto; y iii) confirmó lo
resuelto en los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, undécimo, duodécimo y
décimo tercero de la Resolución 029497 de 2008.
TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho, se condene a la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a devolver a REDEBAN
MULTICOLOR la suma cancelada a la citada entidad como consecuencia de la
orden de hacer efectivas las garantías, esto es, el valor de SETECIENTOS
SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($763.000.000) y
a pagarle todos los perjuicios patrimoniales causados con la expedición de las
Resoluciones 029497 de 2008 y 46791 de 2009.
Las sumas anteriores deberán ser indexadas desde la fecha de su causación hasta
la fecha del pago y sobre su valor histórico se liquidarán intereses legales durante
el mismo período.
CUARTO. - Que se condene en costas a la demandada”22
o Radicado nro. 250002324000201000181-01
Demandante: Banco de Occidente
“- PRETENSIONES:
Teniendo en cuenta los hechos que se expresan a continuación y el análisis de
las disposiciones violadas por la Superintendencia Bancaria, me permito solicitar
a ese Honorable Tribunal:
21
Folios 3 a 11 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00131
22
Folios 1 a 15 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00203
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6
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
5.1 Declarar la nulidad de las resoluciones números: i) 29497 expedida el 19
de agosto de 2008 por el Superintendente de Industria y Comercio por la cual
se decreta el incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones
06816 y 06817 de 2005, modificadas por los números 34402 y 33813 de 2006
respectivamente, se exige el cumplimiento de las mismas y se hacen efectivas
unas pólizas; ii) la Resolución 46791 del 15 de septiembre de 2009 expedida
por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se deciden los
recursos contra la Resolución 29497 de 2008.
5.2 Como consecuencia de lo anterior, restablecer en su derecho al BANCO DE
OCCIDENTE, condenando a la Superintendencia de Industria y Comercio a dicho
título y, por ende:
5.3 Ordenar la devolución de la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($789"500.000)
suma ésta pagada a la Superintendencia de Industria y Comercio como
consecuencia de la orden de hacer efectivas las garantías contenidas en los
actos demandados
5.4 Ordenar el ajuste de dicho valor, desde la fecha en que se produjo su pago
por parte del BANCO DE OCCIDENTE, es decir, desde el 22 de octubre de 2009
y hasta cuando quede en firme la sentencia que declare la Nulidad y
Restablecimiento del Derecho que aquí se demanda, de acuerdo con el índice
de precios al consumidor certificado por el DANE en términos del artículo 178
del Código Contencioso Administrativo
5.5 Ordenar el pago de los intereses corrientes y de mora a la tasa máxima
legal permitida por la Ley, de conformidad con el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo.”23
o Radicado nro. 250002324000201000139-01
Demandante: Banco de Bogotá
“PRETENSIONES
PRIMERA.- Declarar la nulidad de la resolución No. 29497 del 19 de agosto de
2008 "por la cual se decreta el incumplimiento de las garantías aceptadas en
las resoluciones 6816 y 6817 de 2005, modificadas por las números 34402 y
33813 de 2006, respectivamente, se exige el cumplimiento de las mismas y se
hacen efectivas según pólizas"
SEGUNDA.- Declarar la nulidad de la resolución No. 46791 del 15 de septiembre
de 2009 "por la cual se deciden los recursos contra la Resolución 29497 de
2008”
TERCERA.- A título de restablecimiento del derecho y reparación de perjuicios
condenar a la Superintendencia de Industria y Comercio a reintegrar al Banco
de Bogotá S.A. las sumas pagadas a la citada entidad como consecuencia de
hacer efectivas las garantías y se la condene a pagarle todos los perjuicios
patrimoniales causados con la expedición de las resoluciones demandadas
Así mismo, condenar a la Superintendencia de Industria y Comercio a reintegrar
al Banco de Bogotá S.A. las sumas que llegare a pagar la COMPAÑÍA MUNDIAL
DE SEGUROS S.A. con ocasión de la solicitud efectuada mediante oficio Rad.
03-110924 1664-73 de fecha 10 de marzo de 2010, en donde se le requiere
pagar la suma asegurada correspondiente a la disuelta entidad MEGABANCO
S.A. (hoy Banco de Bogotá S.A.)
23
Folio 3 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00181
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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7
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Las sumas anteriores serán indexadas desde la fecha de su causación hasta la
fecha de la ejecutoria de la sentencia y sobre su valor histórico se liquidarán
intereses legales durante el mismo periodo.
CUARTA.- Condenar a la parte demandada al pago de las costas que se causen
con el proceso.
QUINTA.- Disponer que sobre las condenas que se impongan en la sentencia,
se causarán los intereses comerciales moratorios previstos en el artículo 177
del Código Contencioso Administrativo, desde la ejecutoria del fallo hasta
cuando se verifique su pago efectivo.24”
o Radicado nro. 250002324000201000200-01
Demandante: Banco AV Villas
“PRETENSIONES
PRIMERA: Declarar la nulidad de la Resolución No. 29497 del 19 de agosto de
2008 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se
declaró el incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones 06816
y 06817 de 2005, modificadas por las números 34402 y 33813 de 2006,
respectivamente, se exige el cumplimiento de las mismas y se hacen efectivas
unas pólizas.
SEGUNDA: Declarar la nulidad de la Resolución 46791 del 15 de septiembre de
2009 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio "Por medio de
la cual se deciden los recursos interpuestos contra la Resolución 29497 de 2008"
TERCERA: Ordenar el restablecimiento del derecho y la reparación de perjuicios
a mi representado, condenando a dicho título a la Superintendencia de Industria
y Comercio a reintegrar al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A., NIT.
860.035.827-5 las sumas pagadas a la SIC como consecuencia de la orden de
hacer efectivas las garantías contenidas en los actos administrativos
demandados, y se le condene a pagarle todos los perjuicios patrimoniales
causados con la expedición de los mencionados actos administrativos
Las sumas anteriores serán indexadas desde la fecha en que fueron pagadas
por el Banco Comercial AV Villas hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia
y sobre su valor histórico se liquidarán intereses legales durante el mismo
periodo. A partir de la ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se verifique el
pago correspondiente, se causarán intereses comerciales de mora en los
términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTA: Condenar a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de
las costas que se causen con ocasión de este proceso.25”
o Radicado nro. 250002324000201000155-01
Demandante: Banco HSBC Colombia
“PRETENSIONES PRINCIPALES
Primera: Se declare la nulidad de la Resolución 29497 de 19 de agosto de 2008
de la Superintendencia de Industria y Comercio "Por la cual se decreta el
incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones 6816 y 6817 de
24
Folios 2 a 3 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00139
25
Folios 3 a 4 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00200
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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8
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
2005, modificadas por las números 34402 y 33813 de 2006, respectivamente,
se exige el cumplimiento de las mismas y se hacen efectivas unas pólizas"
Segunda: Se declare la nulidad de la Resolución 46791 de 15 de septiembre de
2009 de 2 Superintendencia de Industria y Comercio "Por la cual se deciden los
recursos contra la Resolución 29497 de 2008"
Tercera: Como restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia
de Industria y Comercio a reintegrar a HSBC Colombia S.A. las sumas de dinero
entregadas a la Superintendencia de Industria y Comercio como consecuencia
de la orden de "declarar la ocurrencia del riesgo asegurado" y "hacer efectivas"
las pólizas constituidas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio
en la forma en que lo dispuso a través de los artículos 5, 6,7 y 8 de la Resolución
29497 de 2008, decisiones que fueron confirmadas a través de los artículos 1 y
4 de la Resolución 46791 de 2009; o aquellas sumas que ordene reintegrar el
H. Tribunal.
El reintegro de las sumas de dinero cuyo reintegro se ordene deberá realizarse
debidamente indexadas desde el momento en que se causaron o entregaron y
hasta el momento del pago efectivo o en la forma en que lo disponga el H.
Tribunal.
Cuarta: Se ordene el pago de intereses, en los términos del artículo 177 del
C.C.A. desde que se causaron O entregaron y hasta el reintegro efectivo a HSBC,
en la forma en que lo disponga el H. Tribunal.
Quinta: Condenar en costas a la demandada
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En subsidio de las pretensiones principales solicito despachar favorablemente
las siguientes:
Primera: Se declare la nulidad de la Resolución 29497 de 19 de agosto de 2008
de la Superintendencia de Industria y Comercio "Por la cual se decreta el
incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones 6816 y 6817 de
2005, modificadas por las números 34402 y 33813 de 2006, respectivamente,
se exige el cumplimiento de las mismas y se hacen efectivas unas pólizas" en
cuanto respecta a las imputaciones y sanciones impuestas a HSBC Colombia
S.A., o en la forma en que lo determine el Tribunal.
Segunda: Se declare la nulidad de la Resolución 46791 de 15 de septiembre de
2009 de la Superintendencia de Industria y Comercio "Por la cual se deciden los
recursos contra la Resolución 29497 de 2008" en cuanto respecta a las
imputaciones y sanciones impuestas a HSBC Colombia S.A., o en la forma en
que lo determine el Tribunal.
Tercera: Como restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia
de Industria y Comercio a reintegrar a HSBC Colombia S.A. las sumas de dinero
entregadas a la Superintendencia de Industria y Comercio como consecuencia
de la orden de "declarar la ocurrencia del riesgo asegurado" y "hacer efectivas"
las pólizas constituidas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio
en la forma en que lo dispuso a través de los artículos 5,6,7y 8 de la resolución
29497 de 2008; decisiones que fueron confirmadas a través de los artículos 1 y
4 de la resolución 46791 de 2009; o aquellas sumas que ordene reintegrar el
H. Tribunal.
El reintegro de las sumas de dinero cuyo reintegro se ordene deberán realizarse
debidamente indexadas desde el momento en que se causaron y hasta el
momento del pago efectivo, o en la forma en que lo disponga el H. Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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9
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Cuarta: Se ordene el pago de intereses, en los términos del artículo 177 del
C.C.A. desde que se causó el pago y hasta el reintegro efectivo a HSBC, en la
forma en que lo disponga el H. Tribunal.
Quinta: Condenar en costas a la demandada”26
o Radicado nro. 250002324000201000199-01
Demandante: Banco BBVA
“PRIMERA: Declarar la nulidad de la resolución No 029497 del 19 de agosto
2008, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercia por la cual “se
decreta el incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones 6816
y 6817 de 2005, modificadas por las números 34402 y 33913 de 2006,
respectivamente, se exige el cumplimiento de las mismas y hacen efectivas
unas pólizas”
La nulidad de este acto administrativo no comprende lo dispuesto en el artículo
décimo de su parte resolutiva, el cual fue revocado en el artículo quinto de la
resolución 46791 del 15 de septiembre de 2009
Se transcriben a continuación las disposiciones de esta resolución que deben
ser anuladas:
(…)
SEGUNDA: Declarar la nulidad de la resolución No 46791 del 15 de septiembre
2009, por medio de la cual se “deciden los recursos contra la resolución 029497
del 19 de agosto de 2008”
La nulidad de este acto administrativo no comprende lo dispuesto en el artículo
quinto de su parte resolutiva, el cual se revoca en el artículo décimo de la
resolución 029497 del 19 de agosto de 2008.
Se transcriben a continuación las disposiciones de esta resolución que deben
ser anuladas:
(…)
TERCERA: TERCERA: A título de restablecimiento del derecho y de reparación
de perjuicios, condenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
a reintegrar al BBVA las sumas canceladas a la entidad demandada, como
consecuencia de la orden de hacer efectivas las garantías, la cual asciende a
MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($1.171.000.000), y se le
condene a pagarle todos los perjuicios patrimoniales causados con la expedición
de las resoluciones demandadas
Dichas sumas fueron pagadas así:
· Cuatrocientos ocho millones de pesos ($408'000.000) por concepto de
la efectividad de las garantías en su condición de asociado a
CREDIBANCO.
· Trescientos ochenta y un millones quinientos mil pesos ($381"500.000)
por concepto de la efectividad de las garantías en su condición de
asociado a REDEBAN MULTICOLOR.
· Trescientos ochenta y un millones quinientos mil pesos ($381"500.000)
por concepto de la efectividad de las garantías a cargo de BANCO
26
Folios 2 a 4 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00155
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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10
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
GRANAHORRAR, en su condición de asociado a REDEBAN MULTICOLOR.
GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S.A. se fue absorbida mediante
fusión por BBVA COLOMBIA S.A., según consta en el certificado de
existencia y representación anexo.
Las sumas anteriores serán indexadas desde la fecha de su causación desde la
fecha del pago, hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia y sobre su valor
histórico se liquidarán intereses legales durante el mismo período.
CUARTA: Condenar a la parte demandada al pago de las costas que se causen
dentro del proceso.
QUINTA: Disponer que sobre las condenas que se impongan en la sentencia, se
causaran los intereses comerciales moratorios previstos en el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo, desde la ejecutoria del fallo hasta cuando
se verifique su pago efectivo.27“
o 250002324000201000179-01
Demandante: Helm Bank
“PRIMERA: Declarar la nulidad de la resolución No 029497 del 19 de agosto
2008, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercia por la cual “se
decreta el incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones 6816
y 6817 de 2005, modificadas por las números 34402 y 33913 de 2006,
respectivamente, se exige el cumplimiento de las mismas y hacen efectivas
unas pólizas”
La nulidad de este acto administrativo no comprende lo dispuesto en el artículo
décimo de su parte resolutiva, el cual fue revocado en el artículo quinto de la
resolución 46791 del 15 de septiembre de 2009
Se transcriben a continuación las disposiciones de esta resolución que deben
ser anuladas:
(…)
SEGUNDA: Declarar la nulidad de la resolución No 46791 del 15 de septiembre
2009, por medio de la cual “deciden los recursos contra la resolución 029497
del 19 de agosto de 2008”
La nulidad de este acto administrativo no comprende lo dispuesto en el artículo
quinto de su parte resolutiva, el cual se revoca en el artículo décimo de la
resolución 029497 del 19 de agosto de 2008.
Se transcriben a continuación las disposiciones de esta resolución que deben
ser anuladas:
(…)
TERCERA: A título de restablecimiento de derecho y de reparación de perjuicios,
condenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a reintegrar a
HELM BANCK S.A. las sumas canceladas a la entidad demandada, como
consecuencia de la orden de hacer efectivas las garantías, la cual asciende a
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
(789.500.000), y se le condene a pagarle todos los perjuicios patrimoniales
causados con la expedición de las resoluciones demandadas.
27
Folios 22 al 39 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00199
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Las anteriores sumas serán indexadas desde la fecha del pago, hasta la fecha
de ejecutoria de la sentencia y sobre su valor histórico se liquidarán intereses
legales durante el mismo periodo.
CUARTA: Condenar a la parte demandada al pago de las costas que se causen
dentro del proceso.
QUINTA: Disponer que sobre las condenas que se impongan en la sentencia, se
causaran los intereses comerciales moratorios previstos en el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo, desde la ejecutoria del fallo hasta cuando
se verifique su pago efectivo.28“
o Radicado nro. 250002324000201000150-01
Demandante: Banco CitiBank
“PRETENSIONES PRINCIPALES:
Primera. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 029497 del 19 de agosto
de 2008, expedida por la SIC y suscrita por el Superintendente de Industria y
Comercio, Gustavo Valbuena Quiñones, mediante la cual se decretó el
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Banco en virtud del
ofrecimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones 06816 y 06817 de
2005, modificadas por las resoluciones 34402 y 33813 de 2006,
respectivamente; se exigió el cumplimiento de las mismas, y se hicieron
efectivas las pólizas de cumplimiento otorgadas para respaldar el cumplimiento
de los compromisos contenidos en ellas.
Segunda. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 46791 del 15 de
septiembre de 2009, expedida por la SIC y suscrita por el Superintendente de
Industria y Comercio, Gustavo Valbuena Quiñones, mediante la cual se confirmó
"el incumplimiento de los compromisos declarados en los artículos primero y
segundo y lo resuelto en los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, undécimo,
duodécimo y décimo tercero de la Resolución 29497 de 2008"; se modificaron
los parágrafos primero y segundo del artículo tercero se modificó el artículo
cuarto; se aclaró el artículo octavo y se revocó el artículo décimo de la
Resolución 029497.
Tercera. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la SIC a devolver a CITIBANK-
COLOMBIA S.A. la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($789.500.000,00), o la que el Tribunal
encuentre probada, del monto pagado por CITIBANK-COLOMBIA S.A. a favor de
la SIC, a través de la Compañía Mundial de Seguros S.A. como otorgante de la
póliza de seguro de cumplimiento, en virtud de lo ordenado en la parte
resolutiva de las Resoluciones demandadas.
Cuarta. Que sobre las sumas que deban devolverse por la SIC a CITIBANK-
COLOMBIA S.A. se liquide el interés bancario corriente desde el día en el cual el
Banco pagó a la SIC, a través de la Compañía Mundial de Seguros S.A. como
otorgante de la póliza de seguro de cumplimiento, la suma de SETECIENTOS
OCHENTA NUEVE MILLONES QUINIENTOS L PESOS /CTE ($789.500.000,00),
esto es, desde el 22 de octubre de 2009, hasta la fecha de la sentencia o, en su
defecto, que sean indexadas de acuerdo con el índice de Precios al Consumidor
(IPC) desde el día en el cual CITIBANK-COLOMBIA S.A Pagó a la SIC hasta la
fecha de la sentencia, Y sobre la suma resultante se liquide el interés legal.
28
Folios 3 al 14 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00179
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Quinta. Que se condene a la SIC al pago de las costas y agencias en derecho
generadas en este proceso
Sexta. Que sobre las condenas que se impongan en la sentencia, se disponga
que se causarán los intereses comerciales moratorios previstos en el artículo
177 del C.C.A., desde la ejecutoria del fallo hasta cuando se verifique su pago
efectivo.
SUBSIDIARIAS:
En subsidio de las anteriores, solicito al H. Tribunal efectuar las siguientes
declaraciones y condenas:
Primera. Que se declare la nulidad de los artículos PRIMERO y SEGUNDO de la
parte resolutiva de la Resolución 029497 y del artículo PRIMERO de la parte
resolutiva de la Resolución 46791 (que confirma los artículos PRIMERO y
SEGUNDO de la Resolución 029497) en cuanto al incumplimiento de CITIBANK-
COLOMBIA S.A., puesto que, como será expuesto no ha habido cuestionamiento
alguno al cumplimiento de las obligaciones consagradas en las resoluciones
vigentes a su cargo.
Segunda. Que como consecuencia de la declaración anterior, a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la SIC a devolver a CITIBANK-
COLOMBIA S.A. la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($789.500.000,00), o la que el Tribunal
considere adecuada al graduar la sanción impuesta por la SIC, reduciendo en
todo caso el monto de la ejecución de la póliza de garantía respecto a los
asegurados que pudieran calificarse de incumplidos, en cuanto CITIBANK-
COLOMBIA S.A. cumplió en forma cabal con sus compromisos
Tercera. Que sobre las sumas que deban devolverse por la SIC a CITIBANK-
COLOMBIA S.A. se liquide el interés bancario corriente desde el día en el cual el
Banco pagó a la SIC la suma de SETECIENTOS OGHENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($789.500.000,00), o la que el Tribunal
considere adecuada según la graduación de la sanción solicitada en la pretensión
anterior, esto es, desde el 22 de octubre de 2009, hasta la fecha de la sentencia
o, en su defecto, que sean indexadas de acuerdo con el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) desde el día en el cual CITIBANK-COLOMBIA S.A. pagó a la
SIC hasta la fecha de la sentencia, y sobre la suma resultante se liquide el
interés legal.
Cuarta. Que se condene a la SIC al pago de las costas y agencias en derecho
generadas en este proceso
Quinta. Que sobre las condenas que se impongan en la sentencia, se disponga
que se causarán los intereses comerciales moratorios previstos en el artículo
177 del C.C.A., desde la ejecutoria del fallo hasta cuando se verifique su pago
efectivo.29”
o Radicado nro. 250002324000201000198-01
Demandante: Banco Inversora Pichincha
“PRETENSIONES:
1. Que se declare la nulidad de la totalidad de la resolución 029497 de 19 de
agosto de 2008.
29
Folios 6 a 8 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00150
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
2. Que se declare la nulidad de la resolución No. 46791 del 15 de septiembre
de 2009, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición
interpuestos contra la resolución 029497 de 2008, en cuanto aquel acto
administrativo afecta negativamente a PICHINCHA, en particular la nulidad de
los siguientes artículos de su parte resolutiva: su artículo primero, que confirma
los incumplimientos declarados en el artículo segundo de la parte resolutiva de
la resolución 029497 y lo resuelto en los artículos sexto, undécimo, duodécimo
y décimo tercero de la misma parte resolutiva de la resolución 029497; su
artículo segundo, que modificó las obligaciones impuestas en la resolución
029497 en su parágrafo segundo de su artículo tercero; su artículo tercero que
modificó el artículo cuarto de la parte resolutiva de la Resolución 029497 de
2008; su artículo cuarto que aclaró el artículo octavo de la resolución 029497
de 2008 y su artículo sexto que ordenó las notificaciones allí mencionadas.
3. Que consecuentemente se revoque en su totalidad la exigencia de las
garantías hechas efectivas respecto de PICHINCHA por las resoluciones citadas
en los numerales 1 y 2 anteriores.
4. Que se condene a la Nación, representada por el Superintendente de
Industria Comercio, restituir PICHINCHA una suma equivalente al valor de las
garantías que esta se vio obligada pagarle a la SIC en virtud de las Resoluciones
aquí mencionadas, como entidad financiera asociadas CREDIBANCO, es decir a
la suma de $816'000.000,0o, efectivamente pagada a la SIC según se
desprende de la documentación que se adjunta, ajustada tomando como base
el índice de precios al consumidor determinado por el DANE o por quien haga
sus veces, conforme lo establece el artículo 178 del CCA, desde la fecha de su
pago a la SIC (el 23 de octubre de 2009, como entidad financiera asociada a
CREDIBANCO) y hasta el día en que efectivamente se le haga a PICHINCHA la
restitución solicitada.
5. Que se condene a la Nación, representada por el Superintendente De
Industria Comercio, pagarle PICHINCHA, sobre la suma de que trata el numeral
4 anterior es decir sobre la suma de $816'000.000,00, debidamente ajustada
como ya se dijo, intereses comerciales corrientes, a la tasa certificada por la
Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia,
desde la fecha de su pago a la SIC (el 23 de octubre de 2009) y hasta la fecha
de la ejecutoria de la sentencia que se profiera dentro de este proceso (arts.
177 del CCA, 884 del Código de Comercio y 305 del CP) Los intereses
comerciales corrientes deberán liquidarse sobre el capital, ajustado con base en
el índice de precios al consumidor determinado por el DANE o por quien haga
sus veces, al final de cada periodo de liquidación.
6. Que se condene a la Nación, representada por el Superintendente de
Industria Comercio, a pagarle a PICHINCHA, sobre la suma de que trata el
numeral 4 anterior es decir sobre la suma de $816'000.000,0o, debidamente
ajustada como ya se dijo, intereses comerciales moratorios a la tasa más alta
permitida por la ley, desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia que se
profiera dentro de este proceso y hasta la fecha en que se le restituya a
PICHINCHA la suma pagada debidamente ajustada y con los intereses
comerciales corrientes correspondientes (arts. 177 del CCA, 884 del Código de
Comercio y 305 del CP). Los intereses comerciales moratorios deberán
liquidarse sobre el capital, ajustado con base en el índice de precios al
consumidor determinado por el DANE por quien haga sus veces, al final de cada
periodo de liquidación
7. Que se condene en las costas del presente proceso contencioso
administrativo a la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio y a favor
de mi poderdante.30”
30
Folios 1 a 4 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00198
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
o Radicado nro. 250002324000201000128-01
Demandante: Credibanco
“PRETENSIONES:
1. Que se declare la nulidad de la resolución 029497 de 19 de agosto de 2008,
en cuanto afecte negativamente a CREDIBANCO, en particular de los siguientes
artículos de su parte resolutiva: segundo, tercero (primer inciso y parágrafo
segundo), cuarto (primer inciso y parágrafos segundo tercero y cuarto), sexto,
octavo, décimo, undécimo duodécimo decimotercero.
2. Que se declare la nulidad de la resolución No. 46791 del 15 de septiembre
de 2009, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición
interpuestos contra la resolución 029497 de 2008, en cuanto aquel acto
administrativo afecta negativamente a CREDIBANCO, en particular los
siguientes artículos de su parte resolutiva; su artículo primero, que confirma los
incumplimientos declarados en los artículos segundo, sexto, undécimo,
duodécimo y décimo tercero de la parte resolutiva de la resolución 029497 de
2008; su artículo segundo, que modificó las obligaciones impuestas en la
resolución 029497 de 2008 en el parágrafo segundo de su artículo tercero de la
parte resolutiva; su artículo tercero que modificó el artículo cuarto de la parte
resolutiva de la Resolución 029497 de 2008 (inciso primero del nuevo artículo
cuarto y parágrafo segundo del mismo nuevo artículo cuarto); su artículo cuarto
que aclaró el artículo octavo de la resolución 029497 de 2008; su artículo sexto
que ordenó las notificaciones allí mencionadas.
3. Que consecuentemente se revoque en su totalidad la exigencia de las
garantías hechas efectivas respecto de Orlando Rafael García Torres y
CREDIBANCO por las resoluciones citadas en los numerales 1 y 2 anteriores.
4. Que se condene a la Nación, representada por el Superintendente de
Industria Comercio, a restituir a CREDIBANCO, una suma equivalente al valor
de las garantías que esta se vio obligada a pagarle a la SIC en virtud de las
Resoluciones aquí mencionadas, es decir a la suma de $938'000.000,00,
efectivamente pagada por CREDIBANCO a la SlC ajustada tomando como base
el índice de precios al consumidor determinado por el DANE por quien haga sus
veces, conforme lo establece el artículo 178 del CCA, desde las fechas de su
pago a la SIC (el 27 de octubre de 2009, para $816'000.000,00 el 28 de octubre
de 2009, para $122,000.000,00) y hasta el día en que efectivamente se le haga
a CREDIBANCO la restitución solicitada.
5. Que se condene a la Nación, representada por el Superintendente de
Industria Comercio, a pagarle a CREDIBANCO, sobre la suma de que trata el
numeral 4 anterior, es decir sobre la suma de $938'000.000,00, debidamente
ajustada como ya se dijo, intereses comerciales corrientes, a la tasa máxima
legal certificada por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia
Financiera de Colombia, desde las fechas de su pago a la SIC (el 27 de octubre
de 2009, para $816'000.000,00 28 de octubre de 2009, para $122.000.000,00)
y hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que se profiera dentro del
proceso contencioso administrativo materia de esta demanda (arts. 177 del
CCA, 884 del Código de Comercio y 305 del CP). Los intereses comerciales
corrientes deberán liquidarse sobre el capital, ajustado con base en el índice de
precios al consumidor determinado por el DANE o por quien haga sus veces, al
final de cada periodo de liquidación.
6. Que se condene a la Nación, representada por el Superintendente de
Industria Comercio, a pagarle CREDIBANCO, sobre la suma de que trata el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
numeral 4 anterior, es decir sobre la suma de $938.000.000,0o, debidamente
ajustada como ya se dijo, intereses comerciales moratorios a la tasa más alta
permitida por la ley, desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia que se
profiera dentro del proceso contencioso administrativo materia de esta demanda
y hasta la fecha en que se le restituya a CREDIBANCO la suma pagada,
debidamente ajustada con los intereses comerciales corrientes
correspondientes (arts. 177 del CCA, 884 del Código de Comercio y 305 del CP).
Los intereses comerciales moratorios deberán liquidarse sobre el capital,
ajustado con base en el índice de precios al consumidor determinado por el
DANE por quien haga sus veces, al final de cada periodo de liquidación,
7. Que se condene en las costas del proceso contencioso administrativo materia
de esta demanda a la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio y a
favor de mi poderdante.31”
o Radicado nro. 250002324000201000113-01
Demandante: Banco Santander
“PRETENSIONES
PRIMERA: Declarar la nulidad la Resolución No. 29497 del 19 de agosto 2008,
proferida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por la cual se
declaró el "incumplimiento de los compromisos derivados de los ofrecimientos
de garantías aceptados por la Superintendencia de Industria y Comercio" en las
resoluciones 06816 y 06817, modificadas por las número 34402 y 33813 de
2006; se exigió el cumplimiento inmediato de los citados compromisos; se
declaró la ocurrencia del riesgo asegurado con las pólizas de seguros
constituidas con el objeto de garantizar los compromisos contraídos y se dispuso
hacerlas efectivas; y se ordenó a las investigadas constituir nuevas pólizas.
SEGUNDA : Declarar la nulidad de la Resolución No. 46791 del 15 de septiembre
de 2009, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición
interpuestos contra la resolución 29497 de 2008, en cuanto dicho acto
administrativo: confirmó los incumplimientos declarados en los numerales
primero y segundo de la resolución recurrida; modificó las obligaciones
impuestas en los parágrafos primero y segundo de su artículo tercero y en el
artículo cuarto; y confirmó lo resuelto en los artículos quinto, sexto, séptimo,
noveno, undécimo, duodécimo y décimo tercero de la resolución recurrida.
TERCERA: A título de restablecimiento del derecho y de reparación de perjuicios,
se condene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a reintegrar
al Banco Santander S.A. las sumas pagadas a la citada entidad como
consecuencia de la orden de hacer efectivas las garantías y se la condene a
pagarle todos los perjuicios patrimoniales causados con la expedición de las
resoluciones demandadas
Las sumas anteriores serán indexadas desde la fecha de su causación hasta la
fecha de la ejecutoria de la sentencia y sobre su valor histórico se liquidarán
intereses legales durante el mismo período.
CUARTA: Condenar a la parte demandada al pago de las costas que se causen
con el proceso.
QUINTA: Disponer que sobre las condenas que se impongan en la sentencia, se
causarán los intereses comerciales moratorios previstos en el artículo 177 del
31
Folios 2 al 4 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00128
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Código Contencioso Administrativo, desde la ejecutoria del fallo hasta cuando
se verifique su pago efectivo.”32
1.2. De los actos acusados
Se procede a transcribir la parte resolutiva de los actos acusados, en
atención a la extensión de estos, sin perjuicio de las citas de los
apartes más relevantes que se hagan al analizar cada cargo.
1.2.1. Resolución 29497 del 19 de agosto de 2008, “por la cual se
decreta el incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones
6816 y 6817 de 2005, modificadas por las números 34402 y 33913 de
2006, respectivamente, se exige el cumplimiento de las mismas y hacen
efectivas unas pólizas”33
“(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento de los compromisos derivados
de los ofrecimientos de garantías aceptados por la Superintendencia de Industria
y Comercio en la resolución 06816 del 31 de marzo de 2005, modificada por la
número 34402 de 2006 a REDEBAN MULTICOLOR S.A., identificada con el Nit.
830.070.527-1 y a sus bancos asociados: BANCO BBVA identificado con el Nit.
860.003.020-1, BANCO DE OCCIDENTE identificado con el Nit. 890.300.279-4,
BANCO SANTANDER identificado con el Nit. 890.903.937-0, BANCOLOMBIA
identificado con el Nit. 890.903.938-8, BANISTMO identificado con el Nit.
860.050.930-9, hoy HSBC identificado con el Nit. 860050930-9, CITIBANK
COLOMBIA identificado con el Nit. 860.051 .135-4, BANCO DAVIVIENDA
identificado con el Nit. 860.032.313-7, GRANBANCO identificado con el Nit.
900.010.939-8 hoy Davivienda identificado con el Nit. 860.032.313-7,
MULTIBANCA COLPATRIA identificado con el Nit. 860.034.594-1, BANCO DE
CREDITO identificado con el Nit. 860.007.660-3, BANCO COLMENA identificado
con el Nit. 860.038.717.7 hoy BCSC identificado con el Nit. 860.007.335-4,
BANCO DE BOGOTA identificado con el Nit. 860.002.964-4, BANCO AV VILLAS
identificado con el Nit. 860.035.827-5, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el incumplimiento de los compromisos
derivados de los ofrecimientos de garantías aceptados por la Superintendencia de
Industria y Comercio en la resolución 06817 del 31 de marzo de 2005, modificada
por la número 33813 de 2006 a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS "CREDIBANCO", identificada con el Nit. 860.032.909-7, a su
representante legal ORLANDO RAFAEL GARCÍA TORRES, identificado con la
cédula de ciudadanía número 19.234.858 y a sus establecimientos asociados:
BANCO AGRARIO identificado con el Nit. 860.037.800-8, BANCO BBVA
identificado con el Nit. 860.003.020-1, BANCO CAJA SOCIAL BCSC identificado
con el Nit. 860.007.335-4, BANCO DE BOGOTA identificado con el Nit.
860.002.964-4, BANCO DE CREDITO identificado con el Nit. 860.007.660-3,
32
Folios 3 a 4 del cuaderno principal de primera instancia del proceso Rad 2010-00113
33
Folios 1 al 207 del cuaderno de anexos de primera instancia del proceso Rad 2010-00179
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BANCO DE OCCIDENTE identificado con el Nit. 890.300.279-4, BANCO POPULAR
identificado con el Nit. 860.007.738-9, BANCO SANTANDER identificado con el
Nit. 890.903.937-0, BANCO GNB SUDAMERIS identificado con el Nit.
860.050.750-1, BANCOLOMBIA identificado con el Nit. 890.903.938-8,
BANISTMO identificado con el Nit. 860.050.930-9, hoy HSBC identificado con el
Nit. 860050930-9, CITIBANK COLOMBIA identificado con el Nit. 860.051.135-4,
BANCO DAVIVIENDA identificado con el Nit. 860.032.313-7, GRANBANCO
identificado con el Nit. 900.010.939-8 hoy Davivienda identificado con el Nit.
860.032.313-7, INVERSORA PICHINCHA identificada con el Nit. 890.200.756-7,
MULTIBANCA COLPATRIA identificado con el Nit. 860.034.594-1, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: Exigir el cumplimiento inmediato de los compromisos
aceptados por esta Superintendencia en las resoluciones 06816 y 06817 del 31
de marzo de 2005, modificadas por los números 34402 y 33813 de 2006 y
ordenar a los bancos asociados a Credibanco y a Redeban suspender la labor de
determinación de las Tarifas interbancarias de Intercambio·
Parágrafo primero: De acuerdo con los compromisos ofrecidos por Redeban, en
la determinación de las tarifas interbancarias de intercambio, sólo puede incluir
costos únicamente relacionados con el servicio al establecimiento de comercio de
transferencias de los pagos realizados con tarjetas, siempre y cuando no hayan
sido sufragados en su totalidad por otro agente, los cuales deben ser
determinados de manera objetiva aplicando metodologías consistentes e
información de costos soportada y recolectada observando procedimientos de
valor técnico.
Hasta tanto se acredite ante esta Superintendencia la existencia de costos que
cumplan con los requisitos mencionados, Redeban deberá establecer las tarifas
interbancarias de intercambio, sin que sus promedios ponderados superen los
siguientes valores:
• Tll Tarjeta Crédito: 0.54% máximo promedio ponderado en cada trimestre
calendario
• Tll Tarjeta Débito: 0.59% máximo promedio ponderado en cada trimestre
calendario
Parágrafo segundo: De conformidad con los compromisos ofrecidos por
Credibanco, en la determinación de las tarifas interbancarias de intercambio, sólo
puede incluir los costos asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago que
exclusivamente correspondan a los servicios de tarjetas de pago prestados a los
comercios, los cuales deben ser determinados de manera objetiva, aplicando
metodologías consistentes e información de costos soportada y recolectada
siguiendo procedimientos de valor técnico.
Hasta tanto se acredite ante esta Superintendencia la existencia de costos que
cumplan con los requisitos mencionados, Credibanco deberá establecer las tarifas
interbancarias de intercambio, sin que sus promedios ponderados superen los
siguientes valores:
• Tll Tarjeta Crédito: 1.02% máximo promedio ponderado en cada trimestre
calendario
• Tll Tarjeta Débito: 0.75 % máximo promedio ponderado en cada trimestre
calendario
• Tll Tarjeta Electron: 0.37% máximo promedio ponderado en cada trimestre
calendario.
ARTÍCULO CUARTO: Redeban y Credibanco dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberán informar a esta
Superintendencia las tarifas interbancarias de intercambio señaladas en el artículo
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anterior, a nivel de actividad o categoría de comercio y a nivel de establecimiento
de comercio.
Parágrafo Primero: Redeban podrá modificar los porcentajes máximo promedio
ponderados de la TII señalados en el artículo tercero de la presente resolución,
para lo cual deberá acreditar ante esta Superintendencia lo siguiente:
1 Que los costos para la determinación de las Tarifas Interbancarias de
Intercambio son únicamente ‘relacionados con el servicio al establecimiento
de comercio de transferencias de los pagos realizados con tarjetas, siempre y
cuando no hayan sido sufragados en su totalidad por otro agente, más la
utilidad establecida por la Red para la operación del negocio y la exclusión de
los criterios y costos incluidos en el cálculo de la tarifa interbancaria de
intercambio vigente que no corresponden a la prestación de este servicio, de
acuerdo con lo establecido en la resolución 6816 de 2005 y en la parte
considerativa de la presente resolución.
2 El establecimiento de un mecanismo de control que evite o impida la aplicación
de costos duplicados en la determinación de las tarifas interbancarias de
intercambio.
3 Que la metodología para la determinación de los costos tanto de los bancos
como de las redes es objetiva y consistente y que la información utilizada es
recolectada bajo criterios uniformes y utilizando métodos de valor técnico.
4 Que todos los elementos que forman parte de la tarifa están basados en costos.
5 La utilización de mecanismos de ajuste que incorporen los efectos de las
economías de escala resultantes del crecimiento de las operaciones en
períodos futuros y de la dinámica de las operaciones con tarjetas de pago.
6 Que la distribución de la tarifa interbancaria de intercambio es realizada con
base en los factores y criterios objetivos señalados en las resoluciones citadas
y aplicando metodologías e información consistentes.
7 Que se acredite que los denominados “Otros costos directos e indirectos" y
"Asignación Gastos Generales" pertenecen a los costos operativos de los
bancos "relacionados con el servicio al establecimiento de comercio de
transferencias de los pagos realizados con tarjetas".
8 La modificación de la cláusula novena del contrato de recargas de celulares
celebrado con Colombia Móvil en el sentido de abstenerse de fijar las
comisiones a favor de las entidades financieras, las cuales debe ser libremente
negociadas por los bancos.
Parágrafo Segundo: Credibanco podrá modificar los porcentajes máximo
promedio ponderados de la Tll señalados en el artículo tercero de la presente
resolución, para lo cual deberá acreditar ante esta Superintendencia lo siguiente:
1 Que los costos para la determinación de las Tarifas interbancarias de
Intercambio se han tenido en cuenta los costos asociados al negocio de tarjetas
bancarias de pago que "exclusivamente correspondan a los servicios de
tarjetas de pago prestados a los comercios, siempre que no hayan sido
asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero más una utilidad razonable por
este negocio" y la exclusión de los criterios y costos que no corresponden a la
prestación de este servicio, de acuerdo con lo establecido en las resoluciones
6817 de 2005, 12040 de 2006 y 2485 de 2007, así como en la parte
considerativa de la presente providencia.
2 El establecimiento de un mecanismo de control que evite o impida la aplicación
de costos duplicados en la determinación de las tarifas interbancarias de
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intercambio.
3 Que la metodología para la determinación de los costos tanto de los bancos
como de las redes es objetiva y consistente y que la información utilizada es
recolectada bajo criterios uniformes y utilizando métodos de valor técnico.
4 Que todos los elementos que forman parte de la tarifa están basados en costos.
5 La utilización de mecanismos de ajuste que incorporen los efectos de las
economías de escala resultantes del crecimiento de las operaciones en períodos
futuros y de la dinámica de las operaciones con tarjetas de pago.
6 Que la distribución de la tarifa interbancaria de intercambio es realizada con
base en los factores y criterios objetivos señalados en las resoluciones citadas
y aplicando metodologías e información consistentes.
7 Que se acredite que los costos "administrativos de intercambio" pertenecen a
los costos operativos de los bancos asociados al negocio de tarjetas bancarias
de pago que "exclusivamente correspondan a los servicios de tarjetas de pago
prestados a los comercios, siempre que no hayan sido asumidos por el
tarjetahabiente u otro tercero".
Parágrafo Tercero: Los representantes legales de los bancos asociados a
Credibanco y Redeban presentarán mensualmente a esta Superintendencia un
informe firmado por el revisor fiscal en el que se certifiquen los ingresos recibidos
por concepto de las tarifas interbancarias de intercambio y por comisión de
adquirencia de las transacciones efectuadas en el país con tarjetas Crédito, Débito
y Electron emitidas en Colombia de las franquicias Visa y MasterCard. Este informe
deberá ser presentado dentro de los veinte días del mes siguiente.
Parágrafo Cuarto: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria
de la presente resolución, los representantes legales de los bancos asociados a
Credibanco y Redeban informarán a esta Superintendencia, las comisiones
cobradas por las transacciones de recarga de celulares realizadas con tarjetas
crédito, débito y electron de las franquicias Visa y MasterCard.
ARTÍCULO QUINTO: Declarar la ocurrencia del riesgo asegurado en la póliza de
seguro de cumplimiento P-A0059781, con certificados de renovación No. P-
A0147050 y P- A0164645 y anexo de modificación P-A0165218 y en la póliza No.
P-100005280 expedidas por la Compañía Mundial de Seguros, S.A., a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en lo relacionado con el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de REDEBAN y sus bancos asociados
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, según las razones
expuestas en la parte considerativa de la misma.
ARTÍCULO SEXTO: Declarar la ocurrencia del riesgo asegurado en la póliza de
seguro de cumplimiento N. A0063562, con certificado de renovación No. 6073095,
expedida por la Compañía Mundial de Seguros, S.A., a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en lo relacionado con el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la resolución 06817 del 31 de
marzo de 2005, modificada por la número 33813 de 2006, a cargo de la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS “CREDIBANCO”
identificada con el nit 860.032.909-7, de su representante legal ORLANDO
RAFAEL GARCÍA TORRES, identificado con cédula de ciudadanía número (…) y de
sus bancos asociados relacionados en el artículo segundo de la presente
resolución, según las razones expuestas en la parte considerativa de la misma.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Hacer efectiva la póliza P-A0059781, con certificados de
renovación No. P-A0147050 y P-A0164645 y anexo de modificación P-A0165218
y la póliza No. P-100005280 expedidas por la Compañía Mundial de Seguros, S.A.,
a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo relacionado con el
incumplimiento de los compromisos a cargo de REDEBAN y sus bancos asociados
relacionados en el artículo primero de la presente resolución por el 100% de los
valores asegurados, según las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente providencia.
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ARTÍCULO OCTAVO: Hacer efectiva la póliza N. A0051684, con certificado de
renovación No. N-A0112262, expedida por la Compañía Mundial de Seguros, S.A.,
a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo relacionado con el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de CREDIBANCO, su representante
legal, señor ORLANDO RAFAEL GARCÍA TORRES, y sus bancos asociados
relacionados en el artículo segundo de la presente resolución, por el 100% de los
valores asegurados, según las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente providencia.
ARTÍCULO NOVENO. Ordenar a la sociedad REDEBAN MULTICOLOR y a sus
bancos asociados constituir con una compañía de seguros legalmente autorizada
para el efecto y a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, una póliza
que garantice el cumplimiento de los compromisos contenidos en las resoluciones
6816 de 2005, modificada por la 34402 de 2006, con los amparos especificados
en el numeral 2.2. del considerando segundo de la resolución 6816 de 2005, con
vigencia de un año, prorrogable a discreción de esta Entidad. La póliza deberá ser
remitida a esta Superintendencia dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO DÉCIMO: Ordenar a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS "CREDIBANCO", al señor ORLANDO RAFAEL GARCÍA TORRES, y a
sus bancos asociados constituir con una compañía de seguros legalmente
autorizada para el efecto y a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio,
una póliza que garantice el cumplimiento de los compromisos contenidos en las
resoluciones 6817 de 2005, modificada por la 33813 de 2006, con los amparos
especificados en el numeral 2.2. del considerando cuarto de la resolución 33813
de 2006, con vigencia de un año, prorrogable a discreción de esta entidad. La
póliza deberá ser remitida a esta Superintendencia dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolución al representante legal de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS "CREDIBANCO", identificada con el Nit. 860 032 909-7 y al señor
ORLANDO RAFAEL GARCÍA TORRES, identificado con C.C No.19.234.858, al
representante legal de REDEBAN MULTICOLOR S.A., identificada con el Nit.
830.070.527-1 y a los representantes legales de los bancos BANCO BBVA
identificado con el Nit. 860.003.020- 1, BANCO DE OCCIDENTE identificado con el
Nit. 890.300.279-4, BANCO SANTANDER identificado con el Nit. 890.903.937-0,
BANCOLOMBIA identificado con el Nit. 890.903.938-8, BANISTMO identificado con
el Nit. 860.050.930-9, hoy HSBC identificado con el Nit. 860050930-9, CITIBANK
COLOMBIA identificado con el Nit. 860.051.135-4, BANCO DAVIVIENDA
identificado con el Nit 860.032.313-7, GRANBANCO identificado con NIt
900.010.939-8 hoy Davivienda identificado con el Nit 860.032.313-7,
MULTIBANCA COLPATRIA identificado con el Nit. 860.034.594-1, BANCO DE
CREDITO identificado con el Nit. 860.007.660-3, BANCO COLMENA identificado
con el Nit. 860.038.717.7 hoy BCSC identificado con el Nit. 860.007.335-4, BANCO
DE BOGOTA identificado con el Nit. 860.002.964-4, BANCO AV VILLAS identificado
con el Nit. 860.035.827-5, BANCO AGRARIO identificado con el Nit. 860.037.800-
8, BANCO CAJA SOCIAL BCSC identificado con el Nit. 860.007.335-4, INVERSORA
PICHINCHA identificada con el Nit. 890.200.756-7, BANCO POPULAR identificado
con el Nit. 860.007.738-9, BANCO GNB SUDAMERIS identificado con el Nit.
860.050.750-1 o a sus respectivos apoderados, entregándoles copia de la misma
y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.
ARTÍCULO DUOÉCIMO. Notificar personalmente el contenido de la presente
resolución al representante legal de la Compañía Mundial de Seguros S.A.,
identificada con Nit. 860.037.013-6, entregándole copia de la misma y
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advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.
ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Informar para lo de su competencia, a la
Superintendencia Financiera de Colombia sobre la realización del acuerdo suscrito
entre los bancos asociados para establecer las tarifas interbancarias de
intercambio, así como sobre del funcionamiento de los Comités creados para tal
fin, con el fin que se investigue la presunta violación de lo establecido en las
normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.
Dada en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos
mil ocho (2008). (…)”
1.2.2. Resolución 46791 del 15 de septiembre de 2009, “por la cual
se deciden los recursos contra la Resolución 29497 de 2008”34
“RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia, el incumplimiento de los compromisos declarados en los artículos
primero y segundo y lo resuelto en los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno,
undécimo, duodécimo y décimo tercero de la resolución 029497 de 2008
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR, los parágrafos primero y segundo del
artículo tercero de la resolución 29497 de 2008, los cuales quedarán así:
“Parágrafo primero: De acuerdo con los compromisos ofrecidos las tarifas de
intercambio serán determinadas por Redeban teniendo en cuenta únicamente los
costos relacionados con el servicio al establecimiento de comercio de
transferencias de los pagos realizados con tarjetas, siempre y cuando no hayan
sido sufragados en su totalidad por otro agente, debiéndose excluir aquellos costos
que estén relacionados con la emisión de tarjetas y financiamiento al
tarjetahabiente.
Redeban en la determinación de las tarifas interbancarias de intercambio, deberá
corregir las inconsistencias señaladas en la parte motiva de esta resolución y solo
podrá incluir los costos determinados y cuantificados de manera objetiva,
aplicando metodologías consistentes e información recolectada observando
procedimientos de valor técnico.
Parágrafo segundo: De acuerdo con los compromisos ofrecidos las tarifas de
intercambio serán determinadas por Credibanco teniendo en cuenta los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que exclusivamente
correspondan a los servicios de tarjetas de pago prestados a los comercios,
siempre que no hayan sido asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero. Por
tanto, no se podrán incluir aquellos costos que correspondan o estén relacionados
con la emisión del instrumento de pago y la intermediación financiera.
Credibanco en la determinación de las tarifas interbancarias de intercambio,
deberá corregir las inconsistencias señaladas en la parte motiva de la presente
resolución y solo podrá incluir los costos determinados y cuantificados de manera
objetiva, aplicando metodologías consistentes e información recolectada
observando procedimientos de valor técnico".
34
Folios 236 al 504 del cuaderno de anexos de primera instancia del proceso Rad 2010-00179
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ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR, el artículo cuarto de la resolución 29497 de
2008, el cual quedará así:
"ARTÍCULO CUARTO: Redeban y Credibanco dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberán informar a esta
Superintendencia las tarifas interbancarias de intercambio para cada una de sus
tarjetas, discriminadas a nivel de actividad o categoría de comercio y entregar los
estudios técnicos con base en los cuales se determinan tales tarifas. Dichos
estudios deberán cumplir con las indicaciones señaladas en los parágrafos primero
y segundo de este artículo, respectivamente y ser suministrados en medio impreso
y la información de carácter cuantitativo, adicionalmente, en archivos magnéticos
con extensión xls.
Parágrafo Primero: Redeban en el estudio técnico para la determinación de las
tarifas deberá acreditar ante esta Superintendencia, lo siguiente:
1. La metodología aplicada para el cálculo de la tarifa interbancaria de
intercambio y la cuantificación de los costos utilizados, incluyendo los anexos
y soportes
2. Que los costos para la determinación de las Tarifas lnterbancarias de
Intercambio son únicamente los relacionados con el servicio al
establecimiento de comercio de transferencias de los pagos realizados con
tarjetas, siempre y cuando no hayan sido sufragados en su totalidad por otro
agente, debiéndose excluir cualquier costo que esté relacionado con la
emisión de tarjetas y financiamiento al tarjetahabiente.
3. La exclusión de los criterios y costos incluidos en el cálculo de la tarifa
interbancaria de intercambio vigente que no corresponden a la prestación de
este servicio, de acuerdo con los compromisos aceptados en la resolución
06816 de 2005, modificada por la resolución 34402 de 2006, como quedó
establecido en la parte considerativa de la presente resolución.
4. El establecimiento de un mecanismo de control que evite o impida la
aplicación de gastos duplicados en la determinación de las tarifas
interbancarias de intercambio.
5. Qué la metodología para la determinación de los costos tanto de los bancos
como de la Red es objetiva y consistente y que la información utilizada es
recolectada bajo criterios Uniformes y utilizando métodos de valor técnico.
6. La utilización de mecanismos de ajuste que permitan mantener actualizados
el valor de los costos y de las Tll's incorporando los efectos de las economías
de escala.
7. Que la distribución de la tarifa interbancaria de intercambio es realizad con
base en los factores y criterios objetivos señalados en las resoluciones citadas
y aplicando en metodologías e información consistentes.
Parágrafo Segundo: Credibanco en el estudio técnico para la determinación de las
tarifas deberá acreditar ante esta Superintendencia, lo siguiente:
1. La metodología aplicada para el cálculo de las tarifas interbancarias de
intercambio y la unificación de los costos utilizados, incluyendo los anexos y
soportes correspondientes con la indicación de las fuentes de la información
y los códigos contables respectivos.
2 Que los costos para la determinación de las Tarifas interbancarias de
Intercambio son los asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago que
"exclusivamente corresponden a los servicios de tarjetas de pago prestados
a los comercios, siempre que no hayan sido asumidos por el tarjetahabiente
u otro tercero".
3 La exclusión de los criterios y costos que no corresponden a la prestación de
este servicio, de acuerdo con los compromisos aceptados en la resolución
06817 de 2005, modificada por la resolución 33813 de 2006, como quedó
establecido en la parte considerativa de la presente resolución.
4 El establecimiento de un mecanismo de control que evite o impida la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
aplicación de costos duplicados en la determinación de las tarifas
interbancarias de intercambio.
5 Que la metodología para la determinación de los costos tanto de los bancos
como de la Red es objetiva y consistente y que la información utilizada es
recolectada bajo criterios uniformes y utilizando métodos de valor técnico.
6 La utilización de mecanismos de ajuste que permitan mantener actualizados
el valor de los costos y de las Tll's incorporando los efectos de las economías
de escala.
7 Que la distribución de la tarifa interbancaria de intercambio es realizada con
base en los factores y criterios objetivos señalados en las resoluciones citadas
y aplicando metodologías e información consistentes.
Parágrafo tercero: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria
de la presente resolución Redeban deberá acreditar ante esta Superintendencia
que ha efectuado un ofrecimiento unilateral e irrevocable de modificación de la
cláusula novena del contrato de recargas de teléfonos móviles celebrado con
Colombia Móvil S.A., en lo relacionado con la fijación de las comisiones a favor de
las entidades financieras, advirtiendo que éstas deben ser determinadas
libremente con los bancos adquirientes y que este ofrecimiento se ha realizado
igualmente en los demás casos en los que tenga suscritas este tipo de cláusulas
que a la fecha no se han modificado.
Igualmente deberá informar las Tarifas interbancarias de Intercambio aplicadas a
las transacciones de recarga de teléfonos móviles realizadas con tarjetas crédito
y débito que ofrezca a Colombia Móvil.
ARTÍCULO CUARTO: ACLARAR, el artículo octavo de la Resolución 029497 de
2008 en el sentido que la póliza de seguro de cumplimiento cuya efectividad se
declara es la N. A003562, con certificado de renovación No. 6073095, expedida
por la Compañía Mundial de Seguros, S.A"., cuya ocurrencia del riesgo asegurado
se declaró en el artículo sexto de la misma resolución.
ARTÍCULO QUINTO: REVOCAR, el artículo décimo de la Resolución 29497 de
2008.
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente
resolución al representante legal de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS "CREDIBANCO", identificada con el Nit. 860 032 909-7 y al señor
ORLANDO RAFAEL GARCÍA TORRES, identificado con CC No.19.234.858, al
representante legal de REDEBAN MULTICOLOR S.A. identificada con el Nit.
830.070 .527-1 y a los representantes legales de las entidades de crédito BANCO
BBVA identificado con el Nit. 860.003.020-1, BANCO DE OCCIDENTE identificado
con el Nit. 890.300.279-4, BANCO SANTANDER identificado con el Nit. 890.903
.937-0, BANCOLOMBIA identificado con el Nit. 890 .903.938-8, BANISTMO
identificado con el Nit. 860.050.930-9, hoy HSBC identificado con el Nit.
860050930-9, CITIBANK COLOMBIA identificado con el Nit. 860.051. 135-4,
BANCO DAVIVIENDA identificado con el Nit. 860 .032.313-7, GRANBANCO
identificado con el Nit. 900.010.939-8. hoy Davivienda identificado con el Nit.
860.032.313-7, MULTIBANCA COLPATRIA identificado con el Nit. 860.034.594-1,
BANCO DE CREDITO identificado con el Nit. 860.007.660-3, BANCO COLMENA
identificado con el Nit. 860 .038.717.7 hoy BCSC identificado con el Nit.
860.007.335-4, BANCO DE BOGOTA identificado con el Nit. 860.002.964-4,
BANCO AV VILLAS identificado con el Nit. 860.035 .827-5, BANCO AGRARIO
identificado con el Nit. 860.037 .800-8, BANCO CAJA SOCIAL BCSC identificado
con el Nit. 860 .007.335-4, INVERSORA PICHINCHA identificada con el Nit.
890.200.756-7, BANCO POPULAR identificado con el Nit. 860.007. 738-9, BANCO
GNB SUDAMERIS identificado con el Nit. 86.050.750-1 y a la COMPAÑÍA MUNDIAL
DE SEGUROS S.A., identificada con Nit. 860 .037.013-6, o a sus respectivos
apoderados, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no
procede ningún recurso.
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los quince días del mes de septiembre del año dos mil
nueve (2009). “(…)
1.3. Normas violadas
Las sociedades demandantes en el presente proceso acumulado indicaron
como vulneradas las siguientes normas:
• Los artículos 2, 3, 6, 29, 56, 58, 59, 84, 85, 121, 122, 333, 334 y
335 de la Constitución,
• Los artículos 2, 4 y 52 del Decreto 2153 de 1992,
• El artículo 1602 del Código Civil,
• Los artículos 13, 14 y 77 de la Ley 80 de 1993,
• Los artículos 1, 2, 3, 12, 14, 34, 36, 59 y 66 numeral 2 del CCA
• Los artículos 7 y 9 de la Ley 1328 de 2009.
• Ley 155 de 1959,
• El artículo 98, 325, 326 y parágrafo 1 del numeral 2 del artículo
325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero35.
• Los Decretos 1440 y 2999 de 2005.
• Los artículos 1080 del Código de Comercio.
• Decreto 1133 de 1999 (derogado desde 2004)
• El decreto 1400 de 2005.
1.4. Concepto de violación
Las sociedades demandantes en el presente proceso acumulado
fundamentaron sus demandas con los siguientes argumentos:
o Radicado nro. 2010-00132 - Banco Popular
Señaló el Banco Popular que hubo violación del (i) principio de legalidad
de la función administrativa, (ii) falta de competencia de la SIC para
35
Decreto 663 de 1999
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
declarar el incumplimiento de las garantías, (iii) extralimitación de
funciones por falta de competencia para declarar las consecuencias de la
terminación de un contrato del cual es parte, (iv) incompetencia para
exigir obligaciones derivadas de garantías declaradas incumplidas, (v)
extralimitación de funciones al fijar la tasa interbancaria a través de la
intervención y declarar nuevos incumplimientos, (vi) violación del debido
proceso por no agotar los esfuerzos para el cumplimiento del objeto de
las garantías, (vii) irrazonabilidad de la medida adoptada y (viii) falsa
motivación de los actos acusados.
o Radicado nro. 2010-00151 - Banco Agrario
Sostuvo que hubo violación del orden jurídico superior en el cual debieron
fundarse los actos acusados por (i) aplicación de una norma inexistente,
(ii) falta de competencia de la SIC para expedir los actos acusados y por
caducidad de la potestad sancionatoria, (iii) falsa motivación por error
en los motivos en lo que debía fundarse, (iv) ausencia de motivación, (v)
expedición irregular de los actos por desconocimiento del procedimiento
para la notificación, (vi) desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa y desviación de poder.
o Radicado nro. 2010-00185 - Banco Davivienda
Según el Banco Davivienda, los actos acusados fueron expedidos con (i)
falta de competencia de la SIC para fijar las tarifas interbancarias, (ii)
errónea motivación, (iii) violación de la ley por errores de hecho en la
apreciación de las pruebas y de los hechos que sirvieron de sustento, (iv)
falta de competencia para imponer la sanción y, (v) violación al debido
proceso por haberlo hecho sin mediar investigación contra el banco.
o Radicado nro. 2010-00131 - Banco Bancolombia
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
El banco Bancolombia indicó que las resoluciones demandadas están
viciadas por (i) ausencia de motivación, (ii) falsa motivación, (iii)
desviación de poder, (iv) violación del debido proceso, (v) falta de
competencia, (vi) extralimitación en el ejercicio de las competencias de
la SIC e (vii) ilegalidad por violación de otras normas.
De otra parte, señaló que desde la perspectiva de las resoluciones 33813
y 34402 de 2006, era claro que no se había incumplido los compromisos
porque su coadyuvancia no implicaba asumir obligaciones de las redes,
que las tres obligaciones que le correspondían fueron cumplidas en los
términos de dichos actos, que las tarifas interbancarias no fueron
modificadas por los bancos ni por las redes y por lo mismo no fueron
afectados ni el mercado ni la libre competencia y que la SIC no podía
sancionar al banco por la inactividad del Estado en el estudio técnico
sobre criterios de costos y metodología para determinar las tarifas.
Agregó que era improcedente la ejecución de las garantías y el
cumplimiento de las resoluciones, que hubo caducidad de la facultad
sancionatoria porque la conducta investigada fue suspendida desde abril
de 2005 y no era posible constituir pólizas para garantizar obligaciones
indeterminadas e indeterminables.
o Radicado nro. 2010-00203 - Redeban
Precisó Redeban que hubo (i) falta de competencia de la SIC porque no
existe norma que le permita hacer exigibles las garantías y al mismo
tiempo exigir el cumplimiento de los compromisos declarados
incumplidos, (ii) falsa motivación porque nunca fueron aplicadas las
tarifas que iban a ser determinadas por los bancos, (iii) violación del
debido proceso porque no tuvo oportunidad de discutir el modelo de
costos para determinar las tarifas, y en suma señaló que no fue
decretada ni practicada la prueba testimonial pedida para soportar los
argumentos sobre el cumplimiento de los compromisos, al igual que (iv)
violación del deber de promoción de la competencia.
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
o Radicado nro. 2010-00181 - Banco de Occidente
Señaló el Banco de Occidente que, al formularse las ofertas y su
aceptación por parte de la SIC, surgió un contrato que impedía a la
entidad declarar su incumplimiento y hacer efectivas las garantías
porque carecía de facultades para tales efectos; igualmente explicó que
la entidad demandada incurrió en falta de competencia por agotamiento
de la vía gubernativa. De otra parte, adujo que las obligaciones
establecidas por las redes eran independientes de aquellas asumidas por
los bancos y que hubo cobro sin causa de la póliza de cumplimiento,
violación del debido proceso por desconocimiento del principio de juez
natural, falsa motivación, caducidad de la facultad sancionatoria y
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el banco.
o Radicado nro. 2010-00139 - Banco de Bogotá
Explicó el Banco de Bogotá que el organismo demandado incurrió en (i)
falta de competencia para dictar las resoluciones, (ii) expedición irregular
porque el Superintendente había agotado su competencia respecto del
incumplimiento de los compromisos y (iii) falsa motivación y desviación
de poder porque el banco no incumplió ninguna de sus obligaciones.
o Radicado nro. 2010-00200 - Banco AV Villas
Según el Banco AV Villas, las resoluciones fueron expedidas con (i) falta
de competencia porque la investigación correspondía a la
Superintendencia Financiera y la declaratoria de incumplimiento del
contrato a un juez de la república, (ii) falsa motivación por cuanto al
banco no le fueron pedidas explicaciones por incumplimiento de sus
compromisos sino por incumplimiento de las obligaciones de Redeban, y
(iii) violación del derecho de defensa y del debido proceso porque el
requerimiento al banco no fue por un hecho propio y la entidad incluyó
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
supuestas infracciones respecto de las cuales no le fueron pedidas
explicaciones, (iv) omitió la entrega completa de la resolución No. 29497
de 2008 en la diligencia de notificación, (v) desconoció el principio de
juez natural, y (vi) los bancos nunca fueron sujetos de investigación por
prácticas violatorias de la libre competencia.
o Radicado nro. 2010-00155 - Banco HSBC Colombia
Indicó el Banco HSBC que los actos acusados fueron expedidos con (i)
violación del debido proceso porque la SIC impuso sanción sin garantizar
el derecho de defensa durante la actuación administrativa y en suma
señaló que no era posible declarar el incumplimiento de compromisos
que los bancos no estipularon; (ii) extralimitación de funciones por
imposición de obligaciones adicionales a los bancos, constitución de
nuevas pólizas y ejercicio de la función de regulación del mercado al
imponer tarifas, (iii) errónea motivación por haber adoptado un cálculo
secreto a través del cual impuso las tarifas, desconociendo que la
obligación incumplida estaba a cargo de las redes y de igual manera
señaló que la declaración de la ocurrencia del riesgo y efectividad de las
pólizas se fundaron en actos y hechos que no eran oponibles al Banco
HSBC.
o Radicados nros. 2010-00199 - Banco BBVA y 2010-00179
• Banco Helm Bank
Las demandas se fundamentan de manera similar al contar con el mismo
apoderado judicial, en esa medida, se tiene que los argumentos de
defensa fueron los siguientes: (i) la SIC declaró la ocurrencia de los
incumplimientos no imputados en la solicitud de explicaciones; (ii) la ley
no le permite declarar el incumplimiento y clausurar la investigación; (iii)
no podía fundamentar sus determinaciones en un concepto de la Sala de
Consulta del Consejo de Estado y tampoco podía pronunciarse sobre el
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
alcance de actos respecto de los cuales declaró agotada la vía
gubernativa y están impugnados ante la jurisdicción.
De otra parte, señalaron que esos bancos no incumplieron sus
compromisos y en suma explicaron que la SIC debió declarar la
expiración de los topes fijados tras la reforma de las garantías y que
incurrió en desviación de poder al fijar unilateralmente las tasas
interbancarias.
Concluyeron señalando que era evidente la violación del debido proceso
por parte de la SIC al sancionar a los bancos por el incumplimiento de
una obligación que no estaba vigente y la ilegalidad de la decisión por la
imposibilidad de causación del siniestro amparado con las pólizas y la
falta de proporcionalidad en la cuantía de la pérdida.
o Radicado nro. 2010-00150 - Banco Citibank
Manifestó el Banco Citibank que los compromisos fijados en las
resoluciones 33813 y 34402 de 2006 no fueron incumplidos porque la
coadyuvancia no implicaba asumir obligaciones de las redes, que las
obligaciones del banco fueron cumplidas en los términos de dichos actos,
que las tarifas interbancarias no fueron modificadas por los bancos ni por
las redes y que tampoco fueron afectados el mercado ni la libre
competencia. Señaló que el banco no podía ser sancionado por la
inactividad del Estado al no presentar el estudio sobre los criterios de
costos y metodología para determinar las tarifas, que era improcedente
la ejecución de las garantías y el cumplimiento de las resoluciones, que
hubo caducidad de la potestad sancionatoria porque la conducta fue
suspendida desde el primero (1º) de abril de 2005 y que no era
procedente constituir pólizas para garantizar obligaciones
indeterminadas e indeterminables.
o Radicado nro. 2010-00198 - Banco Pichincha
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Advirtió el Banco Pichincha que en las resoluciones acusadas (i) no
aparece mención ni prueba del supuesto acuerdo de precios que originó
la investigación, (ii) que las decisiones no fueron fundamentadas en
estudios técnicos, (iii) que la SIC desconoció las normas sobre libre
competencia, (iv) que el banco cumplió los compromisos según las ofertas
de garantías aceptadas, y (v) que el incumplimiento provino del Gobierno
Nacional al no entregar a Credibanco las recomendaciones técnicas.
Destacó que la conducta violatoria de la libre competencia había cesado
desde abril de 2005, que la SIC tenía la obligación de clausurar la
investigación y mantenerla clausurada y que hubo violación al debido
proceso por irregularidades en la apertura de la investigación, la
notificación de los actos acusados, la omisión del procedimiento
matemático para determinar las tarifas y la exigencia de las garantías sin
que hubiera sido reabierta la investigación.
o Radicado nro. 2010-00128 - Credibanco
Subrayó Credibanco que en los actos acusados no obra mención ni
prueba del acuerdo de precios que motivó la investigación, que las
decisiones de la SIC no fueron sustentadas en estudios técnicos de
carácter económico y que la entidad incumplió la obligación de
presentarle a Credibanco la recomendación basada en el estudio que
llevaría a cabo el Gobierno Nacional. Insistió en el cumplimiento de las
obligaciones previstas según las ofertas y garantías aceptadas por la SIC
y señaló que la entidad incurrió en falsa motivación, desviación de poder,
infracción de las normas en que debería fundarse y otras equivocaciones
al determinar las tarifas que se debían aplicar.
o Radicado nro. 2010-00113 - Banco Santander
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Consideró el Banco Santander que la SIC incurrió en (i) exceso de
competencia porque se arrogó la facultad de establecer los costos que
debían excluirse de la tarifa y desconoció que la ley no le otorga
competencia para ordenar el cumplimiento coactivo de los compromisos;
(ii) en expedición irregular de los actos acusados porque declaró el
incumplimiento de las resoluciones 06816 y 06817 de 2005 respecto de
la cual su competencia estaba agotada e impuso la sanción por razones
distintas al incumplimiento sobre fijación de las tarifas, y (iii) en falsa
motivación porque los bancos investigados no incurrieron en el
incumplimiento imputado sobre la modificación del sistema de tarifa y el
suministro de información dentro del esquema de seguimiento.
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
2.1. El estudio de las anteriores demandas correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera - Subsección B,
corporación que decidió su acumulación mediante auto del 7 de julio de
201136, en el cual se señaló lo siguiente:
“Luego del análisis de las demandas a que hace referencia a la solicitud de
acumulación, advierte el despacho que se encuentran reunidos los requisitos
establecidos en el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil aplicable por
remisión expresa del artículo 145 del Código Contencioso Administrativo - para
el decreto de la acumulación, por cuanto las pretensiones formuladas habrían
podido acumularse en la misma demanda, los actos administrativos acusados
coinciden, el demandado es el mismo, las excepciones propuestas se
fundamentan en los mismos hechos, todos los procesos pueden tramitarse por el
mismo procedimiento y en la actualidad todos se encuentran en el trámite de
primera instancia.
Así mismo, teniendo en cuenta que el proceso radicado con el número
250002324000201000132-01 fue el primero que surtió de manera completa
el trámite de notificación del auto admisorio de la demanda, corresponde a este
despacho conocer de la acumulación en cuestión.”
2.2. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó las demandas
acumuladas argumentando lo siguiente:
36
Folios 273 a 281 del expediente principal de primera instancia proceso Rad. 2010-00132
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
En primer lugar, frente a la alegada falta de competencia, explicó que
tenía facultades para dictar los actos demandados como autoridad que
vigila el régimen de competencia, y destacó que, dentro de la previa
actuación administrativa, se suscitó un conflicto positivo de competencias
entre la SIC y la Superintendencia Financiera que fue resuelto por el
Consejo de Estado en providencia del cinco (5) de marzo de 2008, en la
cual declaró que la SIC era competente para exigir el cumplimiento de las
resoluciones 06816 y 06817 de 2005.
Señaló igualmente que, mediante el Decreto 2153 de 1992, se atribuyó a
la SIC la función de velar por la observancia de las normas sobre
promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas en los
mercados nacionales, sin perjuicio de las señaladas a otras autoridades, y
que, con la expedición del Decreto 1400 de 2005, que fue modificado por
el Decreto 2999 del mismo año, se fijó en cabeza de la SIC la competencia
para el control de las prácticas comerciales restrictivas de la competencia
de los administradores de sistemas de pago de bajo valor, incluyendo
aquellas derivadas de la utilización de tarjetas de crédito y débito, como
Credibanco y Redeban.
Adujo que, frente a las garantías otorgadas por las redes en
coadyuvancia de los bancos, los artículos 12 y 52 del Decreto 2153 de
1992 le otorgaron al organismo la competencia para aceptar las garantías
y clausurar la investigación cuando el presunto infractor brinde garantías
suficientes de que suspenderá o modificará la conducta investigada.
Explicó que dicha facultad implica la apreciación discrecional de la SIC
frente al cumplimiento o no de los compromisos ofrecidos por los
interesados y aceptados por la entidad, y, por ende, son exigibles incluso
contra la voluntad del administrado, puesto que solo de esta manera se
cumplen las finalidades previstas en las normas sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas; y, de conformidad con
los artículos 62, 64 y 65 del CCA, el incumplimiento total o parcial de las
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
garantías aceptadas en actos definitivos y en firme, permite que la SIC
exija el cumplimiento de los compromisos ofrecidos por los investigados y
a hacer efectivas las pólizas de garantía.
Frente a las alegadas violaciones al debido proceso, señaló que la SIC
no impuso sanción a las redes y bancos demandantes, puesto que lo que
hizo en los actos acusados fue declarar el incumplimiento de los
compromisos asumidos por tales entidades, señalando igualmente que
durante la actuación se observaron las normas del CCA y del debido
proceso, ya que fueron solicitadas las explicaciones, se resolvió sobre las
pruebas pedidas y aportadas, se practicaron aquellas decretadas y se
notificó la decisión con indicación de los recursos procedentes, que fueron
resueltos mediante el segundo acto acusado.
Sobre la posible omisión por la entrega incompleta del texto de la
resolución 29497 de 2008 a las redes y bancos, como parte de la supuesta
violación al debido proceso, explicó que a los interesados les fue notificada
la decisión con la información con base en la cual fue declarado el
incumplimiento de sus compromisos de cada una de manera
independiente, atendiendo la solicitud de reserva realizada por los bancos
y las redes en los ofrecimientos de garantías aceptados en las resoluciones
06816 y 06817 de 2005, lo cual hace que dicha circunstancia no pueda ser
ahora invocada como violatoria del derecho a la defensa.
De otra parte, señaló que la SIC no fijó la tasa de las tarifas
interbancarias de intercambio por cuanto los compromisos
voluntariamente ofrecidos por las redes, sus representantes legales y los
bancos asociados se constituyeron en obligaciones a cargo de aquéllos que
no fueron impuestas por la entidad, ni implican la invasión del ámbito de
ejercicio de sus actividades, y, en consecuencia, advirtió que no es cierto
que se estuviera regulando el negocio propio de tales sociedades, pues
simplemente procedió a la verificación del cumplimiento de los
compromisos ofrecidos en las respectivas garantías.
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Explicó que el hecho de haber declarado el incumplimiento de los
compromisos, para clausurar la investigación, no significa que desaparezca
el deber de observar tales obligaciones, pues ellas constan en actos en
firme y con carácter ejecutivo y ejecutorio, lo que descarta la presunta
incompetencia del organismo en cada caso concreto.
Indicó que la SIC no excedió su competencia al no haber dispuesto la
reanudación de la investigación y agregó que las decisiones adoptadas en
las resoluciones acusadas no pueden considerarse ilegales porque está
acreditado el incumplimiento de los compromisos ofrecidos por las redes y
bancos, lo que lleva, no a la imposición de una sanción, sino a la efectividad
de la póliza de cumplimiento, a la cual se llegó luego de realizar un juicio
de proporcionalidad con base en las pruebas y razones aducidas en sus
textos, especialmente sobre el incumplimiento de los compromisos
asumidos por los investigados y la aplicación indefinida del sistema de
tarifas provisionales.
Desestimó la indebida y falsa motivación, en atención a que en la
actuación quedó claro que desde junio de 2007 Credibanco y Redeban
dejaron de establecer las tarifas, para ser asumidas por los bancos, por lo
cual no puede afirmarse que hayan cumplido sus compromisos, ni que la
motivación no sea seria, adecuada, suficiente, y con arreglo a los artículos
29 de la Constitución y 35 del CCA.
Descartó la expedición irregular de los actos demandados puesto
que, contra la resolución 6817 de 2005, no fueron presentados recursos,
y tampoco es cierto que la SIC hubiera sido notificada de acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho contra dicho acto.
Señaló que, estando vigentes los compromisos aceptados en dicha
resolución, esa Superintendencia era la competente para verificar su
cumplimiento y este factor deja sin fundamento el agotamiento de su
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
competencia y la presunta sanción por hechos y situaciones diferentes a
los contenidos en la solicitud de explicaciones a redes y bancos.
Advirtió que algunas demandas incurrieron en el error de invocar la
caducidad de la potestad sancionatoria, pues la SIC no impuso sanción a
las redes y bancos porque su decisión fue la de declarar el incumplimiento
de los compromisos derivados del ofrecimiento de las garantías y declarar
la ocurrencia de los riesgos asegurados, e hizo efectiva las pólizas de
garantía que los respaldaban.
Precisó que no es cierto que el incumplimiento de los actores obedezca a
la falta de presentación del estudio técnico que debía hacer el Gobierno
Nacional, puesto que su causa fue el hecho de que los bancos hubieran
reasumido la función de fijar las tarifas interbancarias.
Descartó la falta de competencia por agotamiento de la vía gubernativa e
indicó que la inobservancia de los compromisos no conlleva la desaparición
de las obligaciones ni del deber de su cumplimiento.
III. PRUEBAS
El Tribunal, mediante auto de fecha 1º de septiembre de 2011, procedió
a pronunciarse sobre las pruebas37.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El Tribunal, mediante auto de fecha 16 de febrero de 2012, ordenó correr
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión38.
4.1. Las sociedades demandantes
37
Folio 390 a 394 del cuaderno principal de la primera instancia. Proceso 2010-00132
38
Folio 454 del cuaderno principal de la primera instancia. Proceso 2010-00132
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Las sociedades demandantes, en la oportunidad procesal, presentaron
alegatos de conclusión39, reiterando los planteamientos hechos en cada
una de las demandas acumuladas.
4.2 La SIC
En la oportunidad correspondiente, la SIC presentó alegatos de
conclusión40, mediante el cual defendió la facultad que tiene como
autoridad encargada de vigilar el régimen de competencia y la atribución
para aceptar las garantías y ordenar la clausura de las actuaciones por
prácticas comerciales restrictivas, descartó la extralimitación de funciones
y la falsa motivación y aseguró que la entidad no fijó tarifas interbancarias
de intercambio.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Aunque no fue rendido concepto dentro del traslado del proceso
acumulado, en el expediente 250002324000201000132-01 el Procurador
135 Judicial solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda, pues la
competencia reconocida a la SIC en el artículo 52 del decreto 2153 de
1992 no puede entenderse como una mera potestad sin consecuencias
jurídicas para su labor de vigilancia y control. Agregó que la información
de los estudios sobre los criterios para establecer la tarifa interbancaria
no fue oportunamente presentada, por lo cual consideró que fueron
incumplidos los compromisos adquiridos voluntariamente por los actores.
En cambio, en los procesos número 250002324000201000151-01 y
250002324000201000200-01, el Procurador 127 Judicial solicitó declarar
la nulidad de las resoluciones acusadas por tratarse de actos falsamente
motivados y violatorios del debido proceso y del derecho de defensa.
Según explicó, tales actos fueron dictados cuando había operado la
caducidad de la potestad sancionatoria, pidieron explicaciones por el
39
Folios 484 a 830 del cuaderno principal de la primera instancia. Proceso 2010-00132
40
Folios 833 a 860 del cuaderno principal de la primera instancia. Proceso 2010-00132
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Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
hecho de terceros, es decir, pidieron a los bancos información sobre el
cumplimiento de obligaciones que fueron asumidas por las redes, no
podían imponer obligaciones como forma de sanción, desbordaron la
competencia de la SIC al establecer la regulación indirecta sobre el
mercado de las tarjetas e incurrieron en falsa motivación porque el
gobierno nacional incumplió el compromiso de proporcionar los estudios
referentes a las tarifas interbancarias de intercambio.
VI. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera -
Subsección “B” dictó la sentencia del 21 de junio de 201241, por la cual
decidió no acceder a las pretensiones de los actores en el proceso
acumulado, con base en los siguientes argumentos:
1. Caducidad de la facultad sancionatoria
Señaló el tribunal que Bancolombia, Banco Agrario, Banco de Occidente y
Citibank alegaron la caducidad de la facultad sancionatoria, por cuanto la
conducta investigada fue suspendida el primero (1º) de abril de 2005 y la
resolución 029497 fue expedida el diecinueve (19) de agosto de 2008,
después de los tres (3) años establecidos en el artículo 38 del CCA.
Frente a lo anterior la primera instancia señaló que no compartía dicho
argumento, en atención a que la decisión adoptada por la SIC realmente
no tenía el carácter de sanción, puesto que únicamente hizo efectivas las
garantías entregadas por las redes y bancos por el incumplimiento de los
compromisos dentro del proceso de fijación de las tarifas interbancarias y
las comisiones cobradas al comercio por el uso de las tarjetas.
Afirmó el tribunal que los actos acusados, a pesar de que afectan los
intereses de las redes y los bancos, surgieron a la vida jurídica como
41
Folios 866 a 930 del cuaderno principal de la primera instancia. Proceso 2010-00132
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consecuencia de la inobservancia de los compromisos que los respaldaban
y no como sanción derivada del régimen legal que buscaba proteger la
actuación, y por ende declaró no probado dicho cargo.
2. Falta de competencia de la SIC por cuanto el conocimiento de la
situación le correspondía a la Superintendencia Financiera
El tribunal señaló que, frente al asunto relacionado con la competencia
específica de la Superintendencia Financiera que fue planteado dentro de
la actuación administrativa, no requería consideraciones adicionales, en
atención a que la controversia relativa a la competencia funcional para
determinar el cumplimiento de los compromisos, reclamada por ambas
entidades, fue resuelta por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado en providencia de 5 de marzo de 2008, en la cual se determinó
que la competencia para exigir los compromisos adquiridos mediante las
resoluciones que fueron sustento para dictar los actos administrativos
demandados, le correspondía a la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Explicó el tribunal que en dicha providencia se concluyó que la regulación
normativa vigente mantiene el criterio material para radicar en la SIC las
atribuciones de policía administrativa de las prácticas restrictivas de la
competencia sobre los administradores de los sistemas de pago, según la
asignación expresa hecha por el Decreto 2999 de 2005, y por lo tanto se
abstuvo de realizar nuevos análisis sobre un aspecto que por mandato
legal quedó resuelto en forma definitiva.
3. Falta de competencia de la SIC para expedir las resoluciones
demandadas y hacer efectivas las garantías
El tribunal señaló que la aceptación de las garantías y la terminación de la
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investigación por parte de la SIC implicaban la verificación de los
compromisos ofrecidos y en caso de incumplimiento se generaba la
efectividad de las garantías que respaldaban las obligaciones adquiridas
por quien era sujeto del procedimiento.
Por lo anterior explicó que la competencia ejercida por el organismo frente
a las redes y bancos, luego del incumplimiento de los compromisos sobre
fijación de las tarifas interbancarias, tenía pleno respaldo legal, y por lo
mismo no podía concluirse que carecía de dicha potestad, puesto que la
competencia asignada a la entidad en el campo de las prácticas
comerciales restrictivas no es contraria a la conclusión a la cual llegó el
Consejo de Estado en la providencia de 5 de marzo de 2008, pues la Sala
de Consulta nunca desconoció las facultades que tiene la Superintendencia
Financiera para la vigilancia del sector.
4. Falta de competencia por agotamiento de la vía gubernativa y
por agotamiento de la competencia de la SIC
Explicó el tribunal que, de conformidad con lo que constaba en el
expediente, se pudo establecer que, mientras estaba en curso el recurso
de reposición interpuesto contra la resolución que declaró el
incumplimiento de los compromisos, las redes, apoyadas por los bancos
asociados, propusieron la modificación de los compromisos inicialmente
ofrecidos a la SIC, lo cual en esencia estaba orientada a que la redes
hicieran la determinación de las tarifas interbancarias, con base en los
estudios elaborados a partir de los criterios y la metodología que debía
aprobar la SIC.
En ese orden, señaló el tribunal que los nuevos compromisos fueron
aceptados por el organismo mediante las resoluciones 33813 y 34402 de
2006, en las cuales la entidad aceptó los cambios propuestos y ordenó la
modificación de las pólizas para la garantía de los nuevos compromisos.
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Por lo anterior en la sentencia de primera instancia se estableció que la
decisión involucró las actuaciones que siguieron a la expedición de las
resoluciones 12040 de 2006 y 2485 de 2007 que declararon el
incumplimiento inicial y cuyos compromisos fueron objeto de modificación
propuesta por los interesados y aceptada por el organismo de vigilancia,
circunstancia que, en consideración del tribunal, hace que no pueda
entenderse agotada la vía gubernativa respecto de la actuación que en el
momento del requerimiento hecho por la entidad, ya estaba regulada por
los nuevos compromisos establecidos en las resoluciones de 2006.
El tribunal adujo que también descartó el agotamiento de la competencia
de la SIC, ya que la función de vigilancia fue ejercida frente a los nuevos
compromisos que no estaban cubiertos por los efectos de las resoluciones
12040 de 2006 y 2485 de 2007, puesto que, al estar revocadas las
primeras órdenes de cumplimiento y vigentes los nuevos compromisos,
distintos de aquellos inicialmente pactados, era incuestionable la
competencia de la entidad para continuar la actuación, vigilar la ejecución
de las nuevas obligaciones y resolver sobre el posible cumplimiento de los
compromisos surgidos de las modificaciones hechas mediante las
resoluciones 33813 y 34402 de 2006.
5. Falta de competencia para fijar la tarifa interbancaria a partir de
su intervención
El tribunal consideró que la SIC no había fijado las tarifas interbancarias,
puesto que en los actos acusados quedó claro que la determinación le
corresponde a Credibanco y a Redeban, pero al amparo de los costos del
servicio. No obstante, como estas entidades incluyeron aspectos
adicionales que estaban al margen de la fijación provisional de la tarifa
autorizada por el organismo al aceptar los compromisos, resultaba
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procedente que acudiera a verificar el cumplimiento de la obligación sujeta
al costo del servicio prestado al establecimiento comercial.
De igual manera, señaló el tribunal que la SIC, al encontrar que la adopción
de la tarifa no guardaba plena correspondencia con el parámetro
autorizado, le era viable señalar los porcentajes para el promedio
ponderado de cada trimestre, mientras las redes ajustaban el cálculo a los
requisitos establecidos en el compromiso que permitió la clausura de la
investigación.
Concluyó señalando que el hecho de disponer el ajuste del costo promedio
en el cual estaba basada la tarifa tampoco implica el ejercicio de facultades
legales de intervención en el mercado, pues simplemente se trataba de
evitar la inclusión de factores ajenos al parámetro de costo previamente
acordado entre las redes, los bancos asociados y la entidad, y, por ende,
la intervención de la SIC no había sido ejercida como agente regulador del
mercado de las tarjetas de pago, a las cuales es aplicable la tarifa, sino
como autoridad encargada de la vigilancia y control de los aspectos propios
del régimen de la competencia.
6. Violación del debido proceso y del derecho de defensa por haber
formulado el requerimiento por un hecho de terceros
Explicó el tribunal que, al ordenar la SIC la clausura de la investigación
adelantada contra las redes bancarias, los compromisos que estaban a
cargo de Credibanco y Redeban, sus representantes legales y los bancos
asociados en calidad de coadyuvantes, quedaron plasmados en las
resoluciones 06816 y 06817 de 2005, modificadas posteriormente
mediante resoluciones 33813 y 34402 de 2006.
Adujo el tribunal que el requerimiento hecho por la SIC previamente a la
expedición de los actos acusados, que fue igual para redes y bancos, y por
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ende era claro que el incumplimiento imputado estaba relacionado con la
implementación del nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a
cargo de los establecimientos de comercio por las compras realizadas con
tarjetas de pago, haciendo especial énfasis en el posible incumplimiento
de las obligaciones de las redes, sus representantes y los bancos en el
establecimiento de las tarifas interbancarias de las cuales son
responsables los bancos adquirentes frente a los bancos emisores.
En ese orden, el tribunal señaló que, a pesar de que la solicitud de
explicaciones está centrada en el incumplimiento de los compromisos para
la adopción de las tarifas, dicha circunstancia no viola el debido proceso ni
el derecho de defensa de los bancos, ya que los establecimientos de crédito
no eran ajenos al procedimiento de fijación de las tarifas requeridas para
establecer las comisiones a su cargo y, por ende, era indudable que la
adopción de las comisiones por parte de cada uno de los bancos
coadyuvantes, en forma independiente, estaba condicionada
expresamente a la implementación de las tarifas interbancarias que debían
hacer Credibanco y Redeban.
Señaló el tribunal que, respecto de los bancos, el incumplimiento advertido
por la SIC, desde el mismo requerimiento, no radicaba en la omisión de
las redes sino en la decisión de los bancos de asumir directamente su
adopción, cuando dicha función le correspondía a Credibanco y a Redeban.
Finalmente señaló que el incumplimiento de los compromisos por parte de
las redes era evidente, pues estaba probado que decidieron
unilateralmente abstenerse de seguir fijando las tarifas interbancarias para
radicar dicha función directamente en los bancos asociados, sin tener en
cuenta que las resoluciones que clausuraron la investigación señalaron que
las tarifas de intercambio tenían que ser determinadas por Credibanco y
Redeban.
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7. Improcedencia de la sanción por la inactividad del Estado en el
estudio que debía elaborar sobre criterios, costos y metodología
para determinar las tarifas interbancarias
Frente a este punto señaló el tribunal que dentro del expediente no obraba
prueba que demostrara que el estudio técnico hubiera sido elaborado y
entregado por la funcionaria de la Presidencia, como lo destacaron las
redes y bancos, sin que este hecho hubiere sido desvirtuado por la SIC en
las contestaciones de la demanda, lo que permite concluir que dicho
compromiso fue incumplido por el Gobierno Nacional.
No obstante lo anterior, concluyó el tribunal que la omisión en que incurrió
la ministra consejera de la Presidencia carecía de incidencia en la legalidad
de los actos acusados, pues el análisis técnico no era determinante para
el establecimiento de los criterios, costos y metodología de las tarifas
interbancarias; ello, teniendo en cuenta que, en los términos de las
resoluciones 33813 y 34402 de 2006, dicho concepto tenía el carácter de
simple recomendación que iba a ser adoptada por las redes para la
determinación de las tarifas, sin que fuera indispensable para cumplir los
compromisos asumidos por Credibanco y Redeban.
Igualmente señaló que la implementación del sistema, denominado REMI
por los bancos, según la presentación hecha por la Asociación Bancaria a
la Superintendencia Financiera, permitía establecer que el estudio técnico
no era condición necesaria para la fijación de las tarifas.
8. Violación del debido proceso por no haber tenido la oportunidad
de discutir el modelo para la fijación de las tarifas
Anotó el tribunal que varios actores señalaron que los actos acusados
desconocieron el debido proceso porque algunos bancos y redes no
tuvieron la oportunidad de intervenir en la discusión del modelo de costos
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Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
dispuesto para la determinación de las tarifas. Sin embargo, a pesar de
que, si bien es cierto que algunos actores hicieron énfasis en sus propias
propuestas para la implementación del costo para las tarifas
interbancarias, también lo es que la posible inobservancia de estas no
afecta la validez legal de los actos demandados.
Explicó que el modelo de costo para la fijación de las tarifas, tanto en el
sistema provisional como en aquel que iba a ser implementado en
cumplimiento de los compromisos ofrecidos a la SIC, fue dispuesto para
las redes y bancos, en igualdad de condiciones, en los textos de las
resoluciones 33813 y 34402 de 2006.
En ese orden señaló el tribunal que, al no haber manifestado su
desacuerdo con el mecanismo dispuesto en esos actos y dado que fue
adoptado a partir de los ofrecimientos hechos por las mismas redes, en
coadyuvancia con los bancos, se entendía que había existido participación
en su definición por parte de los demandantes.
9. Extralimitación de funciones por falta de competencia de la SIC
para declarar las consecuencias de la terminación de un contrato
en el cual era parte
Señaló el tribunal que no comparte el argumento planteado por los actores
según el cual la constitución de las garantías originaba un vínculo de
carácter contractual entre los bancos y la SIC, puesto que, de conformidad
con el Decreto 2153 de 1992, era claro que la clausura de la investigación
inicialmente adelantada contra las redes bancarias y la posterior
aceptación de las garantías, a partir del ofrecimiento de los interesados,
fueron ordenadas en ejercicio de la función administrativa reconocida de
vigilancia y control de las disposiciones sobre promoción de la competencia
y prácticas restrictivas en el ámbito comercial.
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Por lo tanto, el tribunal explicó que las decisiones adoptadas en
cumplimiento de dicha potestad tienen la naturaleza de actos
administrativos, incluyendo aquellas que aceptaban las garantías con las
cuales los investigados respaldaban los compromisos dirigidos a superar
la conducta irregular imputada, y por ende, al ordenarse y aceptarse las
garantías ofrecidas por los presuntos infractores, lo que surgía no era una
relación contractual sino el deber de cumplimiento de unas obligaciones
acordadas en ejercicio de la función administrativa que le corresponde a
la SIC.
Concluyó señalando que el incumplimiento de los compromisos y la
efectividad de las garantías que respaldaban su ejecución no requería la
intervención del juez porque hacen parte de las facultades que tiene la
entidad dentro del procedimiento previsto en el Decreto 2153 de 1992 y,
en consecuencia, el juez natural no puede ser aquel encargado de las
controversias contractuales, por cuanto el desacuerdo de las partes está
centrado en los alcances de unos actos administrativos expedidos en
ejercicio de la función reconocida a la SIC en materia de la competencia
comercial.
10. Expedición irregular por desconocimiento del procedimiento
para la notificación de los actos acusados
Señaló el tribunal que, en las demandas del proceso acumulado, diferentes
actores advirtieron que las resoluciones impugnadas fueron expedidas
irregularmente, pues la entidad omitió el procedimiento para la notificación
de la decisión, puesto que únicamente fue entregada una versión
incompleta de los actos acusados, lo cual desconoció el artículo 44 del CCA
y obstaculizó el ejercicio del derecho de defensa de los bancos.
Frente a lo anterior el tribunal explicó que esta circunstancia estaba clara
y era conocida por las redes y bancos, pues desde la aceptación inicial de
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los compromisos y garantías, en las resoluciones 06816 y 06817 de 2005,
el organismo demandado señaló que parte de la información era
confidencial y reservada y esto hacía que no pudiera ser compartida, y por
tal motivo el derecho de defensa tenía que ser ejercido respecto de las
motivaciones separadas e independientes hechas por la SIC sobre cada
una de las redes y cada uno de los bancos, lo que sin duda descartaba la
necesidad de conocer los motivos expuestos sobre los demás
establecimientos de crédito.
En conclusión, señaló el tribunal que la omisión descrita sobre los días que
siguieron a la comunicación previa al edicto no comporta la violación del
debido proceso, ni una indebida notificación, particularmente cuando todos
los establecimientos de crédito conocieron oportunamente la decisión y
ejercieron su derecho a la defensa a través del recurso de reposición.
11. Imposición de la sanción por incumplimiento de compromisos
de terceros que no fueron asumidos por los bancos y por razones
distintas al incumplimiento sobre la fijación de las tarifas
interbancarias
Señaló el tribunal que en la totalidad de las demandas del expediente
acumulado los actores consideraron que los actos acusados son nulos
porque la sanción fue impuesta por el incumplimiento de compromisos de
terceros que no fueron asumidos por los bancos y por razones diferentes
al incumplimiento sobre la fijación de las tarifas interbancarias, y de igual
manera señalaron que la determinación de las tarifas le correspondía
únicamente a las redes, y que la coadyuvancia de los bancos no implicaba
asumir dicho compromiso, ya que su deber estaba limitado a los aspectos
relacionados con la fijación de las comisiones.
Frente a lo anterior, el tribunal explicó que la conducta reprochada por
parte de la SIC no fue la supuesta omisión a la cual hacen referencia los
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bancos, en el sentido de no haber fijado las tarifas, sino la ejecución de
una determinación que desbordó el compromiso asumido dentro de la
coadyuvancia de las obligaciones de las redes, puesto que el compromiso
de los bancos estaba circunscrito a los aspectos relacionados con la fijación
de las comisiones y, como lo destacaron en las demandas, escapaba a la
órbita de su coadyuvancia la implementación de las tarifas que debían
adoptar Credibanco y Redeban.
Concluyó el tribunal que fue la propia conducta de los bancos lo que originó
la decisión administrativa, por lo cual no puede concluirse que la SIC haya
sustentado sus actos en el incumplimiento de la determinación de las
tarifas interbancarias, pues la realidad muestra todo lo contrario, al punto
que los bancos admitieron haber asumido directamente esta función.
12. Cumplimiento de las obligaciones por parte de las redes y los
bancos
Señaló el tribunal que, de forma reiterada, los actores advirtieron que la
SIC no podía expedir los actos demandados porque las redes y los bancos
cumplieron las obligaciones ofrecidas y aceptadas como parte de la
actuación, puesto que, según indicaron las redes, dentro del plazo
establecido en la resolución 34402 de 2006 fue reportada a la SIC la
adopción del modelo para la determinación de las tarifas por parte de los
bancos asociados, lo cual no estaba descartado ni prohibido.
Explicó el tribunal que dentro del expediente no existen pruebas que
permitan concluir que las acciones desplegadas por las redes y los bancos
estaban ajustadas a los términos acordados en las resoluciones 06816 y
06817 de 2005, modificadas por las resoluciones 33813 y 34402 de 2006
puesto que:
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El principal compromiso que estaba a cargo de las redes consistía en la
adopción del nuevo modelo para la fijación de las tarifas interbancarias,
con base en unos factores objetivos que debían presentar a la SIC para su
aprobación.
De otra parte, señaló el tribunal que la adopción del modelo REMI por parte
de los bancos tampoco podía considerarse como cumplimiento de la
obligación, como lo sostuvieron las redes, dado que fue hecho al margen
de los compromisos asumidos por Credibanco y Redeban para la fijación
de las tarifas y en contra de las directrices trazadas en las resoluciones
que aceptaron las garantías, y en suma, explicó que los elementos de juicio
aportados no ofrecieron certeza sobre el conocimiento que tuvo la SIC
acerca del modelo adoptado por los bancos, ni sobre el visto bueno que
según los compromisos tenía que darle antes de su implementación por
parte de las redes.
13. Falta de motivación, falsa motivación y desviación de poder
Señaló el tribunal que, en diferentes demandas del expediente acumulado,
los actores indicaron que la SIC incurrió en falta de motivación, falsa
motivación y desviación de poder en la expedición de los actos
impugnados.
Explicó el tribunal que, analizados los diferentes argumentos que
sustentan este cargo, no les asiste razón a los actores pues las situaciones
descritas no configuran ninguna de las causales invocadas, por lo
siguiente:
1. No puede hablarse de la ausencia de motivación cuando las
resoluciones acusadas incluyeron aquellas razones que sustentaron la
decisión de declarar incumplidos los compromisos y hacer efectivas las
garantías constituidas como respaldo. En particular, el hecho de no
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haberse referido al cumplimiento de los compromisos no implica falta
de motivación.
2. En cuanto a la desviación de poder, el tribunal insistió en que la SIC no
dispuso la fijación de las tarifas interbancarias, ya que en los actos
acusados es evidente que su determinación fue hecha unilateralmente
por los bancos. Dado que esta decisión desbordó el acuerdo aceptado
en las resoluciones 06816 y 06817 de 2005, modificadas por las
resoluciones 33813 y 34402 de 2006, era lógico que la entidad
procediera a ajustar sus porcentajes a los promedios ponderados que
fueron establecidos en dichos actos al clausurar la investigación.
3. Frente a la supuesta falsa motivación basada en que los bancos nunca
fueron sujetos de investigación, como lo afirmaron algunos actores,
como el Banco AV Villas, afirma el Tribunal que este hecho no fue
materia de discusión y desde la iniciación de la actuación estaba clara
la calidad de coadyuvantes que tenían los establecimientos de crédito.
14. Inexistencia de norma que le permitía a la SIC hacer efectivas
las garantías y exigir el cumplimiento de los compromisos
Señaló el tribunal que la mayoría de los actores estimaron que los actos
acusados son nulos porque no existe disposición que le permitiera a la SIC
hacer efectivas las garantías y exigir simultáneamente el cumplimiento de
los compromisos.
Frente a lo anterior, el tribunal adujo que en los actos acusados la SIC
declaró incumplidos los compromisos de las redes y bancos, hizo efectivas
las garantías y dispuso el cumplimiento de las obligaciones que aquellas
respaldaban en la actuación; no obstante, el hecho de que no existiera una
norma especial que le permitiere a la entidad la adopción simultánea de
tales decisiones no afecta la legalidad de los actos acusados, pues dicha
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posibilidad se entiende como parte del ejercicio de las atribuciones
previstas en el Decreto 2153 de 1992.
Adujo el tribunal que, frente al caso de las redes, no era procedente la
reapertura de la investigación, por cuanto es claro, como lo admiten
incluso los actores, que aquélla había sido clausurada mediante unos actos
que estaban en firme y cuyos mandatos vinculaban a las partes, y,
adicionalmente, en el expediente constaba que el requerimiento hecho por
la SIC a las redes y bancos no estaba relacionado directamente con la
conducta imputada en la investigación, sino precisamente con el
incumplimiento de los compromisos adquiridos en las citadas resoluciones.
Por otra parte, señaló el tribunal que, respecto de los distintos bancos,
resultaba improcedente la reapertura de la actuación, ya que, como bien
lo expusieron en el curso del proceso acumulado, no tenían la condición
de sujetos investigados porque el procedimiento únicamente involucró a
las redes, lo cual descarta la supuesta violación del debido proceso alegada
por algunos bancos por el hecho de no haber mediado la investigación,
pues no era necesaria, ya que su vinculación al procedimiento obedeció al
respaldo manifestado en favor de las redes y no a la presunta infracción
inicialmente atribuida a Credibanco y Redeban.
15. Falta de razonabilidad y proporcionalidad de la medida
adoptada por la entidad demandada
Señaló el tribunal que algunos actores estimaron que la decisión adoptada
por la SIC, al disponer la efectividad de las garantías por la totalidad del
valor amparado, era irrazonable y desproporcionada, puesto que las tres
obligaciones a cargo de los bancos fueron cumplidas, lo que hacía que no
tuviera sentido hacer efectiva la garantía por el cien por ciento por el
incumplimiento de uno de los compromisos de las redes, que incluso no
correspondía a los bancos.
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Frente a lo anterior, el tribunal reiteró que el cuestionamiento hecho por
la SIC a los bancos estaba relacionado con la decisión unilateral de asumir
directamente la determinación de las tarifas interbancarias, cuya
implementación, según lo pactado, les correspondía a las dos redes, y, por
lo tanto, para el tribunal la medida tomada por la parte demandada no fue
irracional ni desproporcionada, dado que las garantías estaban destinadas
a respaldar el adecuado cumplimiento de los compromisos.
16. Cargos específicos de Bancolombia y Citibank
Señaló el tribunal que en sus demandas, Bancolombia y Citibank señalaron
que en el curso de la actuación no era procedente la constitución de pólizas
para garantizar obligaciones indeterminadas e indeterminables, pues los
riesgos cubiertos no fueron materializados y los bancos cumplieron los
compromisos acordados.
Frente a lo anterior, el tribunal señaló que los actores no explicaron en
forma concreta las razones por las cuales las obligaciones tenían el
carácter de indeterminadas e indeterminables, menos aun cuando, por el
contrario, al sustentar otros cargos, fueron descritas claramente para
invocar su cumplimiento y, en suma, luego de la revisión de los actos
acusados, se advirtió que los compromisos cuya ejecución correspondía a
los bancos, en su condición de coadyuvantes de Credibanco y Redeban,
quedaron específicamente consignados a instancias precisamente de la
propuesta voluntaria hecha por las redes.
17. Cargos específicos de los Bancos BBVA y Helm Bank
Señaló el tribunal que el Banco BBVA y Helm Bank indicaron que la SIC no
podía pronunciarse sobre actos administrativos cuya vía gubernativa
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
estaba agotada y que fueron impugnados ante la jurisdicción, como las
resoluciones 06817 de 2005 y 02485 de 2007.
El tribunal señaló que el hecho de haber adoptado decisiones que
involucran a dichos actos no incide en la legalidad de los actos acusados,
por cuanto no fueron aportados los elementos que permitan establecer el
alcance de las afirmaciones que sustentaban el cargo. Igualmente señaló
que no fue aportada prueba que demuestre que dichas resoluciones fueron
demandadas ante la jurisdicción, ni fue explicado el fundamento jurídico
de esas acciones en lo que corresponde a las obligaciones y decisiones
tomadas respecto de los dos bancos.
Por último, el tribunal en la sentencia de primera instancia decidió negar
las pretensiones de las demandas del proceso acumulado al no quedar
desvirtuada la presunción de legalidad que cobija a las resoluciones 29497
de 2008 y 46791 de 2009, y no encontró elementos de juicio para imponer
condena en costas.
VII. EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconformes con lo decidido por el a quo, los apoderados de las
sociedades demandantes interpusieron, dentro del término legal, recurso
de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia; por lo
tanto, se procederá a indicar en primer lugar los argumentos presentados
por las redes, es decir, Redeban y Credibanco, y posteriormente se
expondrán los planteamientos de los bancos.
7.1. De las redes
Los recursos de apelación fueron sustentados con base en los siguientes
argumentos:
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Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
• Apelante: Redeban42
Adujo que se encuentra probado que la SIC desbordó sus competencias,
puesto que reguló y fijó dentro de los actos acusados los precios de las
tarifas interbancarias de intercambio - TII - para las tarjetas débito y
crédito estableciendo límites a las mismas y creando una distorsión de
precios dentro del mercado que supuestamente era la generadora de las
prácticas restrictivas de la competencia por las cuales se inició la
investigación que derivó en estas sanciones.
Reiteró que la obligación en cabeza de Redeban referente a la definición
de una metodología que sirviera para la determinación de la TII no era
una obligación pura y simple; por el contrario, se trataba de una
obligación compleja y sujeta a una condición, la cual era la aceptación
por parte de la SIC. En suma, señaló que Redeban presentó
oportunamente un sistema (modelo REMI) sin que la SIC hubiera
realizado pronunciamiento alguno frente al mismo.
En conclusión, señaló Redeban que no existió incumplimiento alguno
frente a la presentación de los estudios y plazos otorgados en la
resolución 06816 de 2005, modificada por la resolución 34402 de 2006,
en atención a que los estudios y metodologías para la determinación de
la TII fueron remitidas en tiempo cumpliendo a cabalidad con todos los
compromisos adquiridos. De otra parte, adujo que el incumplimiento fue
por parte de la SIC al no pronunciarse frente al estudio presentado.
• Apelante: Credibanco43
Explicó Credibanco que el a-quo no tuvo en cuenta que la omisión por
parte del Gobierno Nacional en la elaboración de un concepto técnico
para la fijación de la TII era de forzosa adopción por parte de Credibanco
y en consecuencia este hecho impedía dar cumplimiento a lo pactado en
42
Folios 1020 a 1132 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
43
Folios 1207 a 1216 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
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54
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
las resoluciones de 2005 y 2006, situación que se puso en su
conocimiento tanto en la demanda como en el escrito de alegatos de
conclusión.
Reiteró que estaba obligado a aceptar la recomendación técnica que le
formulara el Gobierno Nacional, ya que, con base en esa recomendación,
se podía establecer un modelo de costos o la recomendación de no
realizar algún modelo. Por lo tanto, ante este incumplimiento era
imposible cumplir con la obligación de presentar a la SIC los criterios
objetivos y la metodología para la cuantificación de los costos o las
correspondientes modificaciones de las garantías.
7.2. De los Bancos
Los recursos de apelación fueron sustentados con base en los siguientes
argumentos:
• Apelante: Banco Popular44
Señaló el Banco Popular que el fallo de primera instancia cometió varios
errores, entre los cuales se encuentra el argumento que señalaba que la
coadyuvancia del banco lo convertía en responsable de las conductas
cometidas por las redes y, por ende, debería responder por esos hechos
a pesar de no haber incumplido ninguno de los compromisos pactados.
Explicó que era evidente la falta de competencia sancionatoria de la SIC
en atención a que se demostró dentro del proceso la no existencia de
norma legal que así lo avalara.
• Apelante: Banco Agrario45
44
Folios 990 a 1003 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
45
Folios 967 a 979 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
El Banco Agrario, en primera medida, señaló que el tribunal, al momento
de dictar la sentencia de primera instancia, realizó una agrupación de los
cargos; no obstante, no se pronunció frente a cargos específicos que se
plantearon en las diferentes demandas acumuladas.
De otra parte, señaló que el tribunal de manera errada consideró que las
resoluciones acusadas no eran de carácter sancionatorio, puesto que el
hecho de hacer efectivas las pólizas y ordenar el pago de éstas constituía
indudablemente una sanción, más aún cuando el Banco Agrario no
incumplió ninguno de los compromisos acordados con la SIC.
Igualmente insistió en la falta de competencia de la SIC para expedir los
actos acusados, puesto que la norma aplicable que regula las prácticas
restrictivas de la competencia se encontraba en el artículo 98 del
Estatuto Financiero y no en la Ley 155 de 1959, modificada por el Decreto
2153 de 1992, y por lo tanto la SIC no tenía la potestad sancionatoria
que lo habilitara para hacer efectivas las pólizas.
Puntualizó que las obligaciones asumidas eran en nombre propio y por
lo mismo no podían ser extendidas a las demás y, por lo tanto, las
responsabilidades debían ser asumidas individualmente y no por todos a
la vez, como lo hizo la SIC, situación que configura una falsa motivación
de los actos.
Explicó que los actos acusados incurrieron en falta de motivación por
cuanto agrupó de manera incorrecta los argumentos de todos los bancos
sin especificar las responsabilidades individuales de cada uno de éstos,
así como las de las redes, y adicionalmente señaló la existencia de
violación al derecho de defensa y debido proceso, por cuanto la citación
de notificación personal nunca fue recibida por este banco.
• Apelante: Banco Davivienda46
46
Folios 980 a 989 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Señaló que el tribunal en la sentencia de primera instancia no se
pronunció frente a la pretensión subsidiaria referente a la solicitud de
devolución de los valores pagados por concepto de afectación de las
pólizas del Banco Superior y Bancafé, en atención a que a la fecha en la
cual se dictaron los actos acusados dichos bancos ya se habían fusionado
con el Banco Davivienda, y, por ende, la SIC se enriqueció sin justa
causa.
De otra parte, y frente a los argumentos expuestos por la primera
instancia, explicó que el alcance y los compromisos adquiridos fueron de
manera independiente frente a los demás demandantes. Además,
reiteraron que los actos acusados tienen carácter sancionatorio, y en tal
sentido la SIC no tenía la competencia para dictarlos.
Señaló que el Banco Davivienda nunca ofreció el compromiso de fijar las
tasas interbancarias de intercambio, sino que el mismo fue asumido por
Credibanco y Redeban.
• Apelante: Banco de Occidente47
Señaló ese banco que no comparte lo expresado por el tribunal en el
sentido de establecer que el pago ordenado por la SIC no correspondía
a una sanción, lo que en su consideración es un error, pues lo que realizó
la entidad demandada fue un acto de carácter eminentemente
sancionatorio y por lo tanto no tenía la competencia legal para hacerlo.
De otra parte, señaló que la SIC no tenía la competencia para declarar
el presunto incumplimiento de los bancos en atención a que esa es una
competencia judicial derivada de la celebración de un contrato en los
términos del artículo 1602 del Código de Civil, y por ende, en su
consideración, se encontraba clara la vulneración al debido proceso, al
47
Folios 1004 a 1019 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
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57
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
artículo 87 del CCA y al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, considerando
que no se trata de exigir el pago de una multa o clausula penal, sino de
determinar el cumplimiento o no de un contrato.
Concluyó señalando que el tribunal nunca tuvo en cuenta la
independencia de los compromisos adquiridos por las redes y por los
bancos y por ende no podía sancionar a los bancos por los
incumplimientos de las redes.
• Apelante: Banco de Bogotá48
Señaló el Banco de Bogotá que el tribunal en la sentencia apelada no
resolvió de fondo todos los cargos formulados planteados en contra de
los actos acusados y señaló particularmente que, frente a la falta de
competencia, el a quo se basó en un pronunciamiento del Consejo de
Estado sin ahondar en el punto de determinar si la SIC tenía o no
competencia para imponer y fijar directa o indirectamente las tarifas
Interbancarias de Intercambio.
De otra parte, señaló que el tribunal no realizó un análisis sobre el
alcance de los compromisos individuales de los bancos a la luz de las
garantías ofrecidas a la SIC, los cuales eran diferentes a los compromisos
adquiridos por las redes Credibanco y Redeban y, por lo tanto, se
advertía claramente la ausencia de ofrecimiento de los bancos sobre la
obligación que se dice incumplida.
Por último, señaló que la SIC no reparó en determinar que fue el
Gobierno Nacional el que incumplió la obligación de contratar el estudio
para la determinación de la TII.
• Apelante: Banco AV Villas49
48
Folios 1195 a 1206 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
49
Folios 1234 a 1243 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Señaló el Banco AV Villas que los incumplimientos frente a los cuales e
impuso la sanción al banco corresponden a compromisos que fueron
asumidos por las redes y no por los bancos y, por lo tanto, la SIC no
podía sancionar a todos los intervinientes de la misma manera, puesto
que debía analizar independientemente cada caso y los compromisos a
los cuales se habían comprometido.
De otra parte adujo la existencia de violación al derecho de defensa y el
debido proceso pues se encuentra probada la indebida notificación de las
resoluciones acusadas, ya que no entregaron una copia completa de las
resoluciones demandadas alegando que contenía información
confidencial de otros actores, y de igual manera se violan estos derechos
cuando la SIC manifiesta la negativa de resolver la solicitud de aclaración
y complementación que se solicitó sobre las resoluciones acusadas en
atención a que traían puntos nuevos y oscuros para el administrado.
Concluyó señalando que las redes presentaron un modelo llamado REMI
con el cual se cumplían los compromisos asumidos; no obstante, el
tribunal, en una errada valoración probatoria, llegó a la conclusión que
ese modelo no daba cumplimiento a los compromisos.
• Apelante: Banco HSBC Colombia50
Señaló el Banco HSBC que el tribunal en la sentencia de primera instancia
incurrió en las siguientes contradicciones:
“(i) mezcla una serie de hechos que no sucedieron como se exponen en la
sentencia; (ii) al resolver cada uno de los cargos, confunde las obligaciones que
tenían las redes y los bancos, hecho y además hace extensiva los compromisos
de los unos para los otros, (iii) aun cuando reconoce que los bancos no eran
investigados (terceros), de todas formas afirma que ellos estaban sujetos a los
que dispusiera la SIC por ser la autoridad en “competencia”, siendo claro que la
SIC no era la autoridad de ”competencia” de los bancos, sino que ella reposaba
en la Superintendencia Financiera; (iv) desestima las irregularidades e
ilegalidades cometidas por la SIC frente a los bancos, y las encuentra ajustadas
y razonables, ya que la SIC es la “autoridad de competencia”, (v) Justifica que
la SIC haya intervenido en el mercado imponiendo unas tarifas, afirmando que
50
Folios 934 a 996 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
ellos no es una intervención sino un “ajuste” de costos; (vi) No tiene en cuenta
que la función desplegada por los bancos se limitaba a asegurar que las tarifas
de TII no superaron los topes impuestos por la SIC; y (vii) considera que el
hecho de que los bancos no hayan podido conocer los cálculos y metodología
realizada por la SIC para declarar el incumplimiento por parte de estos no es
grave, ya que la confidencialidad de dicha información es más importante que
los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho defensa de los
propios bancos.”
Señaló que la coadyuvancia de los bancos estaba directamente
relacionada con los compromisos que expresamente indicaron éstos, y
no otros.
Reiteró que la SIC determinó de forma unilateral las tarifas que debían
aplicarse, al imponer unos topes en la TII, lo cual es un exceso de las
facultades regladas de la SIC y, en esa medida, dicha situación
conllevaba a la nulidad de los actos acusados; además, insistió en
señalar que las TII deberían ser fijadas con base en un estudio que
realizaría el Gobierno Nacional el cual nunca fue realizado y concluyó
argumentando que:
“No es posible que a los bancos los hayan sancionado: (i).- por cuenta de una
investigación en la cual no eran parte, (ii).- con fundamento en una obligación
que ellos NO asumieron, y que legítimamente podían realizar, (ili).- sin haber
fijado ninguna tarifa, sino simplemente limitándose a asegurar que no se
sobrepasaran los topes impuestos por la SIC, y (iv).- con base en unos cálculos
y supuestos que no tuvieron la oportunidad de conocer ni controvertir, debido
a que según la SIC esa información era "confidencial"
• Apelantes: Banco BBVA51 y a Helm Bank52
Explicaron los bancos que la sentencia de primera instancia omitió
estudiar gran parte de los cargos formulados contra los actos
impugnados, y de los que realizaron un análisis, éste fue superficial.
En primer lugar, las resoluciones acusadas, al momento de explicar que
el banco incurrió en un incumplimiento, se fundamentaron en
circunstancias totalmente distintas de las advertidas en la solicitud de
51
Folios 1134 a 1153 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
52
ibidem
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60
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
explicaciones y frente a las cuales no se le otorgó al banco la oportunidad
de pronunciarse ni de solicitar pruebas, violando el derecho fundamental
al debido proceso.
Señalaron que la fijación de la tarifa interbancaria por parte de la SIC
era ilegítima y constituía una clara desviación de poder, porque a través
de ello la autoridad de competencia persigue una finalidad totalmente
distinta a la que le corresponde.
De otra parte, explicaron que los bancos no contrajeron el compromiso
de mantener inalterados los estatutos de las redes, ni se obligaron a no
reasumir la delegación que les habían otorgado a las redes para la
fijación de la TII. Por lo tanto, no podía declararse el incumplimiento de
un compromiso aceptado por el banco en las resoluciones cuando la
obligación a la cual se refería al requerimiento no está contenida en
dichos compromisos.
Finalmente señalaron que la SIC no tenía la facultad para ordenar el
cumplimiento coactivo de los compromisos y en consecuencia la entidad
demandada sólo puede hacer lo que está facultada por la ley y no puede
inventarse procedimientos que afecten los derechos de los particulares.
• Apelantes: Banco Bancolombia53 y Banco Citibank54
Las apelaciones presentadas por estos bancos son similares y se enfocan
en los mismos argumentos, en atención a que cuentan con el mismo
apoderado, quien planteó lo siguiente:
Manifestaron que las apreciaciones hechas por el tribunal no son de
recibo por cuanto no tienen en cuenta la calidad de coadyuvante de los
bancos y las obligaciones que se adquirieron y se cumplieron en virtud
de éstas, y de otra parte porque no valoraron adecuadamente el sistema
53
Folios 1174 a 1194 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
54
Folios 1133 a 1173 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
adoptado por los bancos y le dan relevancia a un hecho que no causó
daño alguno y que por consiguiente no es antijurídico ni implica una
transgresión material alguna de los acuerdos celebrados.
De otra parte, señalaron que el tribunal de primera instancia no valoró
adecuadamente las facultades expresas y limitadas que tiene la SIC y
las que asumió sin fundamento legal en el caso en cuestión, como fue la
facultad de establecer los precios de las tarifas y exigir el cumplimiento
de los compromisos y hacer efectiva la póliza de cumplimiento ejerciendo
unas facultades que no posee.
Adujo que el tribunal no estudió un cargo planteado en la demanda que
se refería a la determinación de la SIC de sancionar un incumplimiento
frente a un compromiso del cual no se había acordado una consecuencia,
puesto que, al sancionar a las redes y a los bancos por no haber
presentado los estudios técnicos, viciaba la legalidad los actos acusados
por violación al debido proceso, pues estamos ante una evidente
extralimitación de las potestades de la SIC.
Adicionalmente señalaron que en el proceso se encontró probado que la
actividad investigativa fue suspendida el 1º de abril de 2005 y la
resolución 029497 de 2008, que hizo efectiva la garantía y a través de
la cual se sancionó a quienes supuestamente habían incumplido las
obligaciones derivadas de la misma, se expidió el 19 de agosto de 2008,
cuando claramente ya habían pasado los 3 años señalados en el artículo
38 del CCA para ejercer dicha facultad sancionatoria.
Por otra parte, señalaron que dentro del clausulado de las pólizas se
advierte que la obligación por la cual están sancionando a los bancos no
estaba a cargo de ellos sino de las redes, y, en suma, hicieron efectiva
la póliza por su monto total. Además, adujo que la SIC no tenía la
facultad de solicitar que se constituyeran nuevas pólizas cuando la
investigación ya estaba cerrada.
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Por último, señaló que el tribunal no estudió el cargo relacionado con la
violación del derecho de defensa que le asistía a los bancos para poder
recurrir la resolución 46791 de 2009, puesto que era evidente que en
ésta se habían incluido situaciones que no habían sido contempladas en
la resolución inicial y, por ende, al no permitir interponer el
correspondiente recurso, se estaba violando el artículo 29 de la
constitución política.
• Apelante: Banco Inversora Pichincha55
Explicó que el Banco Pichincha para la época de los hechos no participó ni
suscribió dicho convenio, como se puede verificar en las pruebas que
obran dentro del expediente, y de igual manera tampoco formaba parte
de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, ni
participó como miembro principal o suplente del comité de TII visa.
Reiteró que para la fecha de los hechos investigados por la SIC y que
dieron origen a los actos administrativos acusados esta entidad bancaria
no actuaba como entidad financiera y por lo tanto no tenía contacto
directo con los comercios, ni percibía de ellos suma alguna a título de
comisión.
Finalizó señalando que, tal y como lo había manifestado en el escrito de
alegatos de conclusión, las obligaciones de las Redes y los Bancos eran
diferentes, y en esa medida, señaló que la obligación que la SIC encontró
incumplida no le era aplicable por cuanto PICHINCHA había cumplido con
lo que se había obligado ante la SIC.
• Apelante: Banco Santander56
55
Folios 1247 a 1251 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
56
Folios 1217 a 1233 del expediente principal del proceso Rad 2010-00132
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63
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Consideró el Banco Santander que los actos acusados verdaderamente
habían sido expedidos con falsa motivación por cuanto era claro que, de
acuerdo con el material probatorio, las entidades bancarias no incurrieron
en incumplimiento alguno que se les pudiera imputar en atención a que,
como se manifestó en la demanda y alegatos de conclusión, los
incumplimientos imputados estaban en cabeza de las redes y no de los
bancos.
Por otra parte, reiteró que la SIC se atribuyó la facultad de establecer
cuáles debían ser los costos para excluir de la tarifa lo que implicaba que
ejerció una competencia propia de la autoridad reguladora, y en
consecuencia se extralimitó en sus funciones.
Explicaron que no están de acuerdo con lo señalado por el tribunal, por
cuanto desconoció que, frente al incumplimiento de los compromisos del
investigado, la SIC sólo podía disponer la reanudación de la investigación,
puesto que la ley no le otorgaba la competencia para ordenar su
cumplimiento coactivo bajo la figura del decaimiento del acto
administrativo o iniciar una nueva investigación por hechos diferentes a
los inicialmente imputados.
Lo anterior, en su consideración, se daba teniendo en cuenta que la
competencia de la SIC es reglada y sus facultades legales únicamente
están relacionadas con la investigación y sanción de las disposiciones
sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas,
pero no tiene la competencia para imponer sanciones frente a
incumplimientos de compromisos ofrecidos.
Explicó que la SIC Incurrió en expedición irregular de los actos en atención
a que realizó pronunciamientos relacionados con la resolución 06817 del
31 de marzo de 2005 desconociendo que, al resolver el recurso de
reposición interpuesto en su contra, declaró agotada la vía gubernativa
en relación con las decisiones adoptadas en dicho acto administrativo, y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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64
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
por ende no podía hacer nuevos pronunciamientos frente a algún
incumplimiento de la anterior resolución, y concluyó señalando que la
potestad sancionatoria le había caducado a la SIC en el presente caso.
VIII. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Los recursos de apelación fueron asignados mediante acta individual de
reparto del 19 de septiembre de 201257, y admitidos mediante proveído
del 18 de enero de 201358.
Se corrió traslado para alegar de conclusión por auto de febrero 27 de
201559, ante lo cual se presentaron las siguientes manifestaciones:
La SIC: El apoderado de la parte demandada insistió en los argumentos
que expuso en la primera instancia60.
Los demandantes
Los bancos Banco Davivienda61, Banco Agrario62, Banco Pichincha63,
Banco HSBC Colombia S.A. (hoy banco GNB Sudameris S.A.)64,
Bancolombia S.A.65, Banco Citibank66, Banco Santander de Colombia
S.A.67, Banco BBVA Colombia y Helm Bank S.A.68, Banco Popular69, y las
redes Redeban70 y Credibanco71, presentaron escritos de alegatos en
segunda instancia, mediante los cuales reiteraron los argumentos
57
Folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia.
58
Folio 5 del cuaderno principal de segunda instancia.
59
Folio 196 del cuaderno principal de segunda instancia.
60
Folios 197 a 219 del cuaderno principal de segunda instancia.
61
Folios 222 a 236 del cuaderno principal de segunda instancia.
62
Folios 237 a 247 del cuaderno principal de segunda instancia.
63
Folios 251 a 257 del cuaderno principal de segunda instancia.
64
Folios 267 a 299 del cuaderno principal de segunda instancia.
65
Folios 311 a 350 del cuaderno principal de segunda instancia.
66
Folios 351 a 389 del cuaderno principal de segunda instancia.
67
Folios 390 a 408 del cuaderno principal de segunda instancia.
68
Folios 408 a 447 del cuaderno principal de segunda instancia.
69
Folios 448 a 464 del cuaderno principal de segunda instancia.
70
Folios 302 a 310 del cuaderno principal de segunda instancia.
71
Folios 258 a 266 del cuaderno principal de segunda instancia.
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expuestos en los escritos de apelación y en lo señalado en los alegatos de
conclusión de primera instancia.
Los demás demandantes no se pronunciaron en esta etapa procesal.
El Ministerio Público
El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
IX. CONSIDERACIONES DE LA SALA
9.1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del CCA72 y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
9.2. Hechos relevantes
En el proceso se encuentra acreditado lo siguiente:
9.2.1. La SIC, mediante resolución 13820 de junio de 2004, abrió
investigación en contra de Redeban, Credibanco y sus representantes
legales, con el fin de determinar si se había violado el numeral 1º del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 que establecía la prohibición de
celebrar actos o acuerdos contrarios a la libre competencia entre dos o
más empresas, que tuvieran como fin fijar, directa o indirectamente, los
precios del mercado.
72
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión. […]”.
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9.2.2. Con base en lo anterior, las sociedades investigadas propusieron a
la SIC que se modificaría el sistema de fijación de las comisiones a los
establecimientos de comercio y que se adoptaría de manera objetiva la
tarifa interbancaria con un nuevo sistema. Por lo anterior la SIC aceptó el
ofrecimiento y clausuró la investigación abierta, para lo cual expidió las
resoluciones 6816 y 6817 de 2005.
9.2.3. Para garantizar el cumplimiento real y efectivo de los
compromisos, las redes, en coadyuvancia con los bancos, otorgaron unas
pólizas de cumplimiento de disposiciones legales a favor de la SIC.
9.2.4. Posteriormente, y luego de unas visitas realizadas por la SIC, se
consideró que los acuerdos adquiridos habían sido incumplidos y por tal
razón se expidió la resolución 12040 de mayo 15 de 2006, mediante la
cual se declararon incumplidos los compromisos por las redes y los bancos
y de igual manera se dispuso a hacer efectivas las garantías otorgadas
por éstos.
9.2.5. Frente a lo anterior, las redes y los bancos interpusieron recurso
de reposición contra la resolución 12040 de 15 de mayo de 2006.
9.2.6. Adicionalmente los bancos y las redes propusieron modificar los
compromisos que estaban relacionados en las resoluciones 6816 y 6817
de 2005, en relación con: (i) el sistema para la fijación de la tarifa, (ii) la
contratación de un estudio técnico para la adopción de los criterios
subjetivos de costos y su cuantificación dentro de los 6 meses siguientes,
y (iii) el cumplimiento de otros compromisos previstos en las resoluciones
de 2005.
9.2.7. La SIC aceptó dichas modificaciones mediante las resoluciones
33813 y 34402 de 2006 y de igual manera dispuso la modificación de las
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pólizas de garantía para el cumplimiento de los nuevos compromisos de
las redes y los bancos.
9.2.8. La SIC, mediante resolución 2485 de 2007, resolvió el recurso de
reposición en contra de la resolución 12040 de 15 de mayo de 2006, en
el sentido de confirmar los incumplimientos, y revocando la orden de
hacer efectivas las garantías, en atención a los nuevos compromisos
aceptados en las resoluciones 33813 y 34402 de 2006.
9.2.9. La SIC, mediante la resolución 29497 del 19 de agosto de 2008,
declaró el incumplimiento de los compromisos derivados de los
ofrecimientos señalados en las resoluciones 6816 y 6817 de 2005,
modificadas con las resoluciones 33813 y 34402 de 2006, y de igual
manera declaró la ocurrencia de los riesgos asegurados y se dispuso a
hacer efectivas las pólizas de garantía.
9.2.10. Los bancos y las redes interpusieron recurso de reposición contra
la anterior decisión y la SIC, mediante la resolución 46791 de 2009,
confirmó que se habían presentado los incumplimientos, modificó
parcialmente las obligaciones impuestas y confirmó las decisiones
restantes.
9.3. Los actos acusados.
Se solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1. Resolución 29497 del 19 de agosto de 2008, “por la cual se
decreta el incumplimiento de las garantías aceptadas en las
resoluciones 6816 y 6817 de 2005, modificadas por las números
34402 y 33913 de 2006, respectivamente, se exige el cumplimiento
de las mismas y hacen efectivas unas pólizas”73
73
Folios 1 al 207 del cuaderno de anexos de primera instancia del proceso Rad 2010-00179
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2. Resolución 46791 del 15 de septiembre de 2009, “por la cual
se deciden los recursos contra la Resolución 29497 de 2008”74
9.4. Problemas para resolver por la Sala.
En el presente proceso acumulado se presentaron numerosos cargos por
parte de los demandantes, por lo que la Sala organizará su estudio de la
siguiente manera:
En primer lugar, se procederá a estudiar los cargos expuestos por las
redes y posteriormente se procederá a estudiar los cargos formulados por
los bancos en los escritos de apelación.
En este punto, previo a entrar a resolver los cargos planteados en los
recursos de apelación, la Sala considera importante realizar un recuento
de las actuaciones realizadas por la SIC con anterioridad a la expedición
de los actos acusados que declararon el incumplimiento de las redes y los
bancos de la siguiente manera:
• Actuaciones adelantadas por la SIC con anterioridad a la
expedición de los actos administrativos acusados.
En primer término, se debe señalar que la SIC, mediante resolución 13820
de junio de 2004, abrió investigación contra Redeban, Credibanco y sus
representantes legales, con el fin de determinar si existía una afectación
directa o indirecta de las tarifas interbancarias realizadas con tarjetas
débito o crédito y, en esa medida, en su consideración, se estarían
violando lo establecido en el numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153
de 1992.
Posteriormente la SIC clausuró dicha investigación por cuanto las redes
(Redeban y Credibanco), coadyuvados por los bancos aquí demandantes,
74
Folios 236 al 504 del cuaderno de anexos de primera instancia del proceso Rad 2010-00179
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se comprometieron a no continuar con la conducta objeto de la
investigación, y adicionalmente se obligaron a cumplir una serie de
compromisos que fueron garantizados mediante unas pólizas de
cumplimiento establecidas mediante las resoluciones 6816 y 6817, ambas
de 31 de marzo de 2005, y que fueron modificadas por las resoluciones
34402 del 14 de diciembre de 2006 y 33813 del 11 de diciembre de 2006,
mediante las cuales se aceptaron las modificaciones a los compromisos
establecidos en las resoluciones de 2005, y, por ende, se modificaron las
coberturas de las pólizas de cumplimiento.
En ese orden, y para dar mayor claridad a las actuaciones realizadas por
la SIC, es procedente indicar cuál es el marco normativo de las facultades
que esa autoridad tiene para clausurar una investigación por prácticas
restrictivas de la competencia, cuando los investigados decidan detener
las conductas investigadas y ofrezcan las garantías necesarias para su
cumplimiento.
En primer lugar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 2º del
Decreto 2153 de 1992 (vigente para la época de los hechos)75 sobre las
funciones de la SIC, norma que dispone que a la entidad le corresponde
velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la
competencia, así:
“[…] ART. 2º—Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá
las siguientes funciones:
1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas, en los mercados
nacionales sin perjuicio de las competencias señaladas en las normas
vigentes a otras autoridades; atender las reclamaciones o quejas por hechos
que afecten la competencia en los mercados y dar trámite a aquellas que sean
significativas, para alcanzar, en particular, los siguientes finalidades: mejorar la
eficiencia del aparato productivo nacional: que los consumidores tengan libre
escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios: que las empresas
puedan participar libremente en los mercados; y, que en el mercado exista
variedad de precios y calidades de bienes y servicios.
2. Imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas sobre prácticas
comerciales restrictivas y promoción de la competencia, así como por la
75
Con posterioridad a los hechos que originaron esta demanda, el numeral 1º fue modificado por el artículo
3º de la Ley 1340 de 2009.
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inobservancia de las instrucciones que, en desarrollo de sus funciones imparta la
superintendencia.
[…] 23. Las demás funciones que, en lo sucesivo, le asigne la ley […]”. (Resaltado
de la Sala).
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso señalar lo establecido en el
artículo 4º del decreto ibidem, frente a las funciones del Superintendente
de Industria y Comercio, entre las cuales se encontraban las siguientes:
“[…] 10. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas establecidas por la Ley 155 de
1959, disposiciones complementarias y en particular aquellas a que se refiere el
presente decreto, respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica,
independientemente de su forma o naturaleza jurídica con sujeción al artículo 2º,
numeral 1º, del presente decreto.
[…] 12. Decidir sobre la terminación de investigaciones por presuntas
violaciones a las disposiciones a que se refiere el numeral 10 del presente
artículo, cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes
de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga.
13. Ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas que
sean contrarias a las disposiciones sobre promoción de la competencia y práctica
comerciales restrictivas a que alude el presente decreto.”
Ahora bien, en el artículo 52 ejusdem, vigente para la época de emisión
de los actos acusados, se establecía la forma en que debía proceder la
SIC para el cumplimiento de las funciones de vigilancia de las prácticas
comerciales restrictivas, así:
“[…] ART. 52.— Para determinar si existe una infracción a las normas de promoción
a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este decreto,
la Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de oficio o
por su solicitud de un tercero y adelantar una averiguación preliminar, cuyo
resultado determinará la necesidad de realizar una investigación.
Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al
investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer.
Durante la investigación se practicarán las pruebas solicitadas y las que el
funcionario competente considere procedentes.
Instruida la investigación se presentará al Superintendente un informe motivado
respecto de si ha habido una infracción. De dicho informe se correrá traslado al
investigado.
Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y
Comercio podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio
el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o
modificará la conducta por la cual se le investiga.
En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo.
[…]”.
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Así las cosas, el artículo 52 transcrito establecía el proceder de la SIC en
los eventos en los cuales se hubiere iniciado una investigación
administrativa para determinar si existió una infracción a las normas de
promoción a la competencia y prácticas restrictivas, y señalaba
igualmente la facultad de clausurar la investigación durante el curso del
procedimiento administrativo cuando el presunto infractor brindara
garantías suficientes de que suspendería o modificaría su
conducta, caso en el cual, mediante un acto administrativo, debería
aceptar las garantías, ordenar la clausura de la investigación y señalar
las condiciones en que se verificaría la continuidad del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el investigado.
Teniendo en cuanta lo anterior, se procederá a realizar los planteamientos
que serán resueltos por parte de la Sala, así:
9.4.1. Planteamiento jurídico frente a las Redes
Para resolver el recurso de apelación, la Sala advierte que las redes
discuten tres (3) aspectos. El primero, que la SIC en los actos acusados
había desbordado sus competencias al regular los precios de las tarifas
interbancarias de intercambio - TII - para las tarjetas débito y crédito
fijando límites a las mismas y creando una distorsión de precios dentro
del mercado. El segundo, que la obligación en cabeza de las Redes
referente a la definición de una metodología que sirviera para la
determinación de la TII no era una obligación pura y simple, sino que se
trataba de una obligación compleja y sujeta a una condición consistente
en la aceptación por parte de la SIC, y que a pesar de que las redes
presentaron oportunamente un sistema (modelo REMI) cumpliendo con
los plazos establecidos en las resoluciones acusadas, la SIC no realizó
pronunciamiento alguno. El tercero consiste en que, según las redes
apelantes, había existido una omisión por parte del Gobierno Nacional en
la elaboración de un concepto técnico para la fijación de la TII, el cual era
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de forzosa adopción por parte de Credibanco, y, en consecuencia, este
hecho impedía dar cumplimiento a lo pactado en las resoluciones de 2005
y 2006 y, por ende, no fue posible presentar a la SIC los criterios
objetivos y la metodología para la cuantificación de los costos de las TII.
Respecto del primer punto, el apelante fue insistente en explicar que la
SIC se había extralimitado en sus funciones al haber regulado de manera
unilateral los precios de las tarifas interbancarias de intercambio - TII -
para las tarjetas débito y crédito fijando unos límites sin sustento alguno.
En cuanto a lo segundo, el apelante señaló que la obligación en cabeza
de Redeban referente a la determinación de una metodología que sirviera
para la implementación de las TII estaba sujeta a una condición que
consistía en que la SIC aceptara el modelo presentado, situación que
nunca ocurrió puesto que, a pesar de que Redeban entregara el sistema
(modelo REMI), la SIC nunca realizó pronunciamiento alguno frente a su
aceptación o rechazo, y en esa medida, no se podía considerar la
existencia de un incumplimiento por parte de Redeban. En cuanto al
tercero, señalaron que la omisión por parte del Gobierno Nacional en la
elaboración de un concepto técnico para la fijación de las TII impedía el
cumplimiento de los compromisos adoptados en las resoluciones
acusadas, más aún si se tenía en cuenta que para credibanco era de
forzosa adopción dicha recomendación, y por ende, implicaba que, sin la
existencia de dicho documento, no le era posible a la SIC considerar un
incumplimiento sancionable; en suma, reiteró que el concepto técnico
nunca fue emitido por el Gobierno nacional lo cual hacía imposible cumplir
con la obligación adquirida ante la SIC.
Los cargos presentados por las redes se pasarán a resolver en el orden
propuesto.
9.4.1.2. En primer lugar, se procederá a estudiar el cargo
correspondiente a la posible extralimitación de las funciones por parte de
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la SIC, al supuestamente fijar las tarifas interbancarias que debían aplicar
las redes.
Para resolver el anterior cuestionamiento se debe tener en cuenta que las
comisiones de las tarifas interbancarias establecidas en las resoluciones
33813 y 34402 de 2006, que modificaron las resoluciones de 2005, fueron
ofrecidas por las redes y los bancos de manera voluntaria.
En ese orden, se tiene que la SIC, en las resoluciones acusadas,
únicamente señaló que, luego de la verificación que realizó de dichos
compromisos, evidenció que, frente a la fijación de las tarifas por parte
de las redes, se estaban incluyendo costos que no se ajustaban a los
previstos como garantía de cumplimiento al clausurar la investigación por
prácticas restrictivas de la competencia.
Por lo anterior, la SIC en las resoluciones acusadas, señaló que se debían
retomar los términos establecidos en los compromisos iniciales de las
resoluciones de 2005 junto con sus modificaciones.
1. La resolución 29497 de 2008, en su artículo 3, señalaba lo
siguiente:
“ARTÍCULO TERCERO: Exigir el cumplimiento inmediato de los
compromisos aceptados por esta Superintendencia en las resoluciones
06816 y 06817 del 31 de marzo de 2005, modificadas por los números
34402 y 33813 de 2006 y ordenar a los bancos asociados a Credibanco
y a Redeban suspender la labor de determinación de las Tarifas
interbancarias de Intercambio·
Parágrafo primero: De acuerdo con los compromisos ofrecidos Redeban,
en la determinación de las tarifas interbancarias de intercambio, sólo
puede incluir costos únicamente relacionados con el servicio al
establecimiento de comercio de transferencias de los pagos realizados
con tarjetas, siempre y cuando no hayan sido sufragados en su totalidad
por otro agente, los cuales deben ser determinados de manera objetiva
aplicando metodologías consistentes e información de costos soportada
y recolectada observando procedimientos de valor técnico.
Hasta tanto se acredite ante esta Superintendencia la existencia de
costos que cumplan con los requisitos mencionados, Redeban deberá
establecer las tarifas interbancarias de intercambio, sin que sus
promedios ponderados superen los siguientes valores:
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• Tll Tarjeta Crédito: 0.54% máximo promedio ponderado en cada trimestre
calendario
• Tll Tarjeta Débito: 0.59% máximo promedio ponderado en cada trimestre
calendario
Parágrafo segundo: De conformidad con los compromisos ofrecidos
Credibanco, en la determinación de las tarifas interbancarias de
intercambio, sólo puede incluir los costos asociados al negocio de tarjetas
bancarias de pago que exclusivamente correspondan a los servicios de
tarjetas de pago prestados a los comercios, los cuales deben ser
determinados de manera objetiva, aplicando metodologías consistentes
e información de costos soportada y recolectada siguiendo
procedimientos de valor técnico.
Hasta tanto se acredite ante esta Superintendencia la existencia de
costos que cumplan con los requisitos mencionados, Credibanco deberá
establecer las tarifas interbancarias de intercambio, sin que sus
promedios ponderados superen los siguientes valores:
• Tll Tarjeta Crédito: 1.02% máximo promedio ponderado en cada
trimestre calendario
• Tll Tarjeta Débito: 0.75 % máximo promedio ponderado en cada
trimestre calendario
• Tll Tarjeta Electron: 0.37% máximo promedio ponderado en cada
trimestre calendario” 76
Ahora bien, en la resolución 46791 de 2008, que resolvió el recurso de
reposición, señaló lo siguiente:
“Sobre lo manifestado en los literales anteriores debe señalarse inicialmente que
no es cierto que el motivo evidente de esta Superintendencia sea el deseo de
reducir la TII. Basta con leer el texto de las garantías ofrecidas voluntariamente
por Credibanco y su representante legal y coadyuvadas por los establecimientos
de crédito emisores de tarjetas de pago de la marca Visa que administra
Credibanco para observar que en las garantías ofrecidas éstos se comprometieron
a realizar una serie de modificaciones en las operaciones de la Red, las cuales
fueron aceptadas por la Superintendencia en la resolución 06817 de 2005.
Si bien los compromisos ofrecidos se constituyen en obligaciones a cargo de
Credibanco, su representante legal y sus bancos asociados, los mismos no
tuvieron por origen una imposición de esta entidad ni implican una invasión del
ámbito del ejercicio de la actividad de los empresarios por parte de la
Superintendencia, toda vez que las garantías fueron ofrecidas de manera libre y
voluntaria, pretendiendo obtener la clausura de la investigación administrativa
que por presuntas prácticas restrictivas de la competencia adelantaba esta
entidad.
Al respecto, cabe mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
52 del Decreto 2153 de 1992, la clausura terminación de una investigación por
aceptación de garantías requiere necesariamente de la iniciativa del sujeto
investigado presunto infractor, quien debe presentar a la administración una
propuesta formal en la que se ofrezcan garantías suficientes de que suspenderá
modificará la conducta Por la cual se le investiga. Es así como, la actuación
dirigida a la evaluación y aceptación de las garantías por parte de la
Superintendencia solo se puede generar con base en ese ofrecimiento que efectúe
76
Folio 200 del expediente de anexos del proceso Rad 2010-00179
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el sujeto investigado implicará un pronunciamiento sobre la suficiencia del mismo
y, en consecuencia, la procedencia de la terminación de la investigación. Una vez
terminada la investigación, la autoridad verificara que lo prometido se cumpla.
Por lo tanto, no es cierto que esta entidad esté ‘regulando el negocio’, la actuación
de esta Superintendencia ha correspondido a la verificación del cumplimiento de
los compromisos ofrecidos en las garantías.
Ahora bien, es importante reiterar que en relación con la determinación de las
TII's Credibanco se comprometió a establecer tales tarifas, de manera
independiente, con base en un modelo de costos y a partir de los parámetros
concretos señalados en las garantías lo cual se observa, particularmente, en los
numerales ii) y v) de los escritos en los que se efectuó el ofrecimiento, los cuales
quedaron incorporados en el considerando segundo de la Resolución 06817 de
2005, en la cual la Superintendencia aceptó las garantías. Igualmente,
Credibanco se comprometió a entregar a esta Superintendencia, dentro de los
diez días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución en la cual se aceptaron
las garantías, el estudio con la cuantificación de los costos, la ponderación de los
factores objetivos y la metodología empleada para la determinación de las TII's.
Frente al argumento según el cual la Superintendencia estaría buscando una
reducción de las TII's vale la pena reiterar que de acuerdo con las garantías el
solo porcentaje valor de las TII's y su disminución no es el incumplimiento de los
compromisos. La observancia de los mismos se verifica cuando la asunto que
determina el cumplimiento determinación del valor de la TII efectivamente se
realiza teniendo en cuenta lo señalado en las garantías. Si en desarrollo de la
función de verificación y seguimiento esta Entidad que en la elaboración del
estudio no se observaron plenamente los compromisos advierte que la
información utilizada por Credibanco para tal fin presenta inconsistencias y
ofrecidos, porque, por ejemplo, como se evidenció en el presente caso, se
incluyeron costos que no corresponden este a servicio (seguro de vida deudores),
la Superintendencia de Industria y Comercio como organismo de inspección,
vigilancia y control, debe requerir la corrección de los mismos con el fin de que
se ajusten al ofrecimiento efectuado.
Sobre este aspecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia
proferida el, 28 de mayo de 2009, a la que ya nos hemos referido, al pronunciarse
sobre la legalidad de las resoluciones en las que esta Superintendencia declaró el
incumplimiento de los compromisos de Credibanco y de su representante legal,
manifestó:
[P]ara esta Sala es claro que la determinación de cuáles costos se iba a
tener en cuenta para la determinación de la TII estaba en cabeza de
Credibanco, sin embargo, la SIC tenía la competencia para verificar que
en efecto se estaban utilizando los costos objetivos, por lo que, de no
encontrarlo de esa manera, tenía competencia para hacer efectivas las
garantías que aseguraban su cumplimiento".
En relación con lo manifestado por esta Superintendencia en la resolución
recurrida sobre la necesidad de tener en cuenta los ahorros en costos generados
por los efectos de las economías de escala, es importante precisar que, dado que
el modelo presentado por Credibanco para establecer las tarifas está basado en
costos, las fluctuaciones de los mismos, derivadas en este caso, de las economías
de escala, deben considerarse al momento de determinar los valores de las TII's.
No es cierto que la Superintendencia haya procedido a establecer que la eficiencia
lograda por las economías de escala no debe beneficiar al sector financiero sino
al comercio, toda vez que la tarifa interbancaria de intercambio es precisamente
una remuneración entre entidades financieras (banco emisor-banco adquirente).
Por lo tanto, la reducción de los niveles de la misma no necesariamente se traduce
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
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en un beneficio directo al sector comercio, dadas las características propias del
negocio de tarjetas de pago, que supone la existencia de externalidades de red
que subyacen en el funcionamiento del mismo, este sector podría también
resultar beneficiado, pues las ventajas de las economías de escala impactan a
todas las partes involucradas en los mercados de dos lados, es decir, a los bancos,
a las redes, a los tarjetahabientes y a los comercios.”77
Posteriormente la SIC, teniendo en cuenta lo anterior, al momento de
resolver el recurso de reposición modificó su contenido, así:
“ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR, los parágrafos primero y segundo del
artículo tercero de la Resolución 29497 de 2008, los cuales quedarán así:
“Parágrafo primero: De acuerdo con los compromisos ofrecidos las tarifas de
intercambio serán determinadas por Redeban teniendo en cuenta únicamente los
costos relacionados con el servicio al establecimiento de comercio de
transferencias de los pagos realizados con tarjetas, siempre y cuando no hayan
sido sufragados en su totalidad por otro agente, debiéndose excluir aquellos
costos que estén relacionados con la emisión de tarjetas y financiamiento al
tarjetahabiente.
Redeban en la determinación de las tarifas interbancarias de intercambio, deberá
corregir las inconsistencias señaladas en la parte motiva de esta resolución y solo
podrá incluir los costos determinados y cuantificados de manera objetiva,
aplicando metodologías consistentes e información recolectada observando
procedimientos de valor técnico.
Parágrafo segundo: De acuerdo con los compromisos ofrecidos las tarifas de
intercambio serán determinadas por Credibanco teniendo en cuenta los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que exclusivamente
correspondan a los servicios de tarjetas de pago prestados a los comercios,
siempre que no hayan sido asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero. Por
tanto, no se podrán incluir aquellos costos que correspondan o estén relacionados
con la emisión del instrumento de pago y la intermediación financiera.
Credibanco en la determinación de las tarifas interbancarias de intercambio,
deberá corregir las inconsistencias señaladas en la parte motiva de la presente
resolución y solo podrá incluir los costos determinados y cuantificados de manera
objetiva, aplicando metodologías consistentes e información recolectada
observando procedimientos de valor técnico"78.
De lo anterior se advierte claramente que la SIC, al momento de resolver
el recurso de reposición, modificó la orden inicialmente dada y procedió a
exigir el cumplimiento en los términos señalados en las resoluciones de
2005 y 2006, mediante las cuales se habían aceptado los compromisos
propuestos por las redes, junto con sus modificaciones.
77
Folios 287 a 288 del expediente de anexos del proceso Rad 2010-00179
78
Folio 501 del expediente de anexos del proceso Rad 2010-00179
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77
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
De igual manera, en las resoluciones acusadas se estableció claramente
que las redes deberían dar cumplimiento a los compromisos adquiridos
en los lineamientos establecidos en las resoluciones de 2005 con las
cuales inicialmente se había clausurado la investigación por prácticas
restrictivas de la competencia y de conformidad con lo establecido en
las resoluciones de 2006, que modificaron los compromisos
inicialmente adquiridos de manera voluntaria, los cuales eran del
siguiente tenor:
Resolución nro. 06816 año 2005 Resolución nro. 34402- año 200679
(v) “La tarifa o tarifas bancarias de
intercambio serán determinadas por la
Red teniendo en cuenta únicamente los
costos relacionados con el servicio al
establecimiento de comercio de
transferencias de los pagos realizados con
tarjetas, siempre y cuando no haya sido
sufragados en su totalidad por otra gente,
más la utilidad de establecida por la Red
para la operación del negocio. En
consecuencia, en la determinación de la (vi)(…)
taza o tazas de intercambio se excluye Parágrafo 1.- A partir de la fecha de la aceptación
cualquier costo que esté relacionado con de la presente solicitud de modificación de
la misión de tarjetas y financiamientos al garantías por parte de la SIC, y hasta cuando se
tarjetahabiente, con lo cual se previene la determine la nueva TII conforme al estudio que
doble acusación de un mismo costo. elabore la Red de acuerdo con los criterios objetivos
y la metodología aprobados por la SIC, las TIl
promedio para las transacciones realizadas con
De lo precedente se colige que los
tarjetas crédito y débito (Maestro), serán las que se
anteriores criterios son únicamente los
indican a continuación:
relacionados con la prestación del servicio
en cuanto al sistema de pagos a los
Crédito: 2.1% máximo promedio ponderado, en
establecimientos de comercio, por lo que
cada trimestre calendario
se excluye cualquier costo que esté
Débito (Maestro): 1.205% máximo promedio
REDEBAN relacionado con la emisión de tarjetas y
ponderado, en cada trimestre calendario.
financiamientos al tarjetahabiente, con lo
cual se previene la doble acusación de un
Parágrafo 2.- Dentro de un término máximo de 8
mismo costo.
meses, contados a partir de la aceptación de la
presente solicitud de modificación de garantías,
Con base en los criterios objetivos, que REDEBAN presentará a la SIC los criterios objetivos
correspondan a los costos relacionados y la metodología para la cuantificación de costos.
con el servicio en cuanto al sistema de
pago referido a los establecimientos de Parágrafo 3.- Adicionalmente, REDEBAN se
comercio y la utilidad establecida, la Red compromete a presentar a la SIC el estudio
se obliga determinar las tarifas ajustado a los criterios y metodología aprobados
interbancarias de intercambio teniendo en por la SIC, en un plazo máximo de 6 meses,
cuenta todos o algunos de los siguientes contados a partir de la fecha en que ésta apruebe
factores objetivos: tipos de producto, los criterios y la metodología.
categoría del establecimiento de
comercio, tipo de transacción, volumen de
(...)
transacciones, volumen de facturación,
desempeño de la transacción, promedio
de las transacciones MasterCard o Parágrafo 6.- Si REDEBAN no presenta los
maestro en el respectivo establecimiento, estudios respectivos dentro de los plazos
promedio de la facturación MasterCard o previstos en los parágrafos 2 y 3 anteriores o
maestro en el respectivo establecimiento, la SIC no aprueba los mismos, la Red se
canal de transacción e incentivos de compromete a dar cumplimiento a los
utilización de tarjetas en categorías compromisos aceptados en la resolución
específicas de negocio“. 06816 de 2005.
Resolución nro. 06817 año 2005 Resolución nro. 33813 año 200680
79
Folios 84 al 86 del cuaderno de anexos del expediente proceso 2010-00155
80
Folios 87 al 90 del cuaderno de anexos del expediente proceso 2010-00155
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
"v) El funcionamiento del nuevo sistema de pagos se
explica claramente en el anexo al presente
documento, que forma parte del mismo. (…)
b) A partir de la fecha de la aceptación de la presente
solicitud de modificación de garantías por parte de la
Las tarifas interbancarias de intercambio
SIC y hasta cuando se determine la nueva TII
serán determinadas por la Red,
conforme al estudio que elabore la red de acuerdo
considerando los costos asociados al
con los criterios objetivos y la metodología
negocio de tarjetas bancarias de pago,
aprobados por la SIC, las TII promedio para las
que exclusivamente correspondan a los
transacciones realizadas con tarjeta crédito, débito y
servicios de tarjetas de pago prestados a
electron, serán las que se indican a continuación:
los comercios, siempre que no hayan sido
asumidos por el tarjetahabiente u otro
Crédito: - 2% máximo promedio ponderado, en cada
tercero, más una utilidad razonable por
trimestre calendario. Débito: - 1,91% máximo
este negocio.
promedio ponderado en cada trimestre calendario.
Electron: - 1,16% máximo promedio ponderado, en
Por tanto, no se incluirán dentro de los cada trimestre calendario.
mismos aquellos que correspondan o
CREDIBANCO
estén relacionados con la emisión del c) Dentro de un término máximo de 8 meses,
instrumento de pago y la intermediación contados a partir de la aceptación de la presente
financiera, evitándose así la causación solicitud de modificación de garantías, Credibanco
doble de un mismo costo o gasto. presentará a la SIC los criterios objetivos y la
metodología para la cuantificación de costos.
Para distribuir el resultado del estimativo
d) Adicionalmente, Credibanco se compromete a
hecho con base en los criterios objetivos
presentar a la SIC el estudio ajustado a los criterios
que se allegarán a la Superintendencia,
y metodología aprobados por la SIC, en un plazo
Credibanco determinará las tarifas
máximo de 6 meses contados a partir de la fecha en
interbancarias de intercambio de cada
que ésta apruebe los criterios y la metodología.
establecimiento de comercio, teniendo en
cuenta todos, algunos o alguno de los
e) Si Credibanco no presenta los estudios
siguientes factores objetivos
respectivos dentro de los plazos previstos en
los literales c) y d) anteriores ó la
Superintendencia no aprueba los mismos, la
red se compromete a dar cumplimiento a los
compromisos aceptados en la resolución 6817
de 2005.
Por lo tanto, es claro para la Sala que en este caso la SIC no modificó ni
creó una nueva tarifa interbancaria en la resolución que resolvió el recurso
de reposición, puesto que únicamente se les exigió a las redes el
cumplimiento de los compromisos adquiridos de manera voluntaria, lo
cual no configura una extralimitación de las funciones de la SIC.
De igual manera es importante reiterar que la SIC tenía la competencia
para verificar la correcta ejecución de los compromisos adquiridos por las
redes y, en el evento de encontrar inconsistencias, le era viable exigir el
cumplimiento de estos, de conformidad con lo que habían ofrecido los
aquí demandantes, y que había sido aceptado en las resoluciones de 2005
y 2006.
Por lo tanto, el ejercicio realizado por parte de la SIC de esa competencia
no implica una intervención en la regulación de la TII.
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Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
9.4.1.3. En segundo lugar, los apelantes consideraron que el hecho de
existir un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en la
elaboración de un estudio sobre los criterios, costos y metodología para
la fijación de las tarifas interbancarias hacía imposible cumplir con los
compromisos adquiridos, lo que los exoneraba de la responsabilidad ante
la SIC por este concepto.
Para resolver este cuestionamiento es procedente señalar que las redes,
en especial Credibanco, señalaron que la adopción de dicha
recomendación era de obligatorio cumplimiento y que el hecho de que el
Gobierno Nacional no lo hubiera realizado hacía imposible el cumplimiento
del compromiso pactado.
De otra parte, tanto el Tribunal en primera instancia como la entidad
demandada explicaron que dicho concepto no tenía carácter vinculante
para las redes, y mucho menos su expedición tenía el carácter de
condición suspensiva del cumplimiento de los compromisos adquiridos
con sus respectivas modificaciones, por lo que no era posible que la
demora del Gobierno Nacional a este respecto se tuviera como excusa
para incumplir con el pacto frente a la fijación de las tarifas.
Por lo tanto, es importante revisar de manera detallada qué función
cumplía el estudio sobre los criterios, costos y metodología para la fijación
de las tarifas interbancarias de intercambio que debía ser elaborado por
parte del Gobierno Nacional.
En las resoluciones de 2006, modificatorias de las originales se
establecieron los siguientes compromisos por parte de las redes:
Responsable de cumplimiento Resolución nro. 3440281
81
Folios 84 al 86 del cuaderno de anexos del expediente proceso 2010-00155
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(i) Las TII serán determinadas por la red para
todos los productos y medios de acceso, de
acuerdo con los criterios subjetivos de costos y
la metodología para la cuantificación de los
mismos aprobados por la SIC. Adicionalmente, la
red definirá una utilidad razonable.
(…)
REDEBAN
Parágrafo. Para el efecto, la red podrá adoptar
la recomendación técnica del Ministro
Consejero de la Presidencia de la República
y, en todo caso, se compromete a no incluir en
el cálculo de la TII los costos asumidos por los
tarjetahabientes u otro tercero y los de
adquiriencia, la red verificará esta circunstancia
con base en la información que le remitan los
bancos.
.
Responsable de cumplimiento Resolución nro. 3381382
"iv) El funcionamiento del nuevo sistema de
pagos se explica claramente en el anexo al
presente documento, que forma parte del
mismo.
a) Las TII serán determinadas por la red para
todos los productos y medios de acceso, de
acuerdo con los criterios objetivos de costos y la
metodología para cuantificación de los mismos
aprobados por la SIC. Adicionalmente, la red
CREDIBANCO
definirá una utilidad razonable.
Para el efecto, la red adoptará la
recomendación técnica del Ministro
Consejero de la Presidencia de la República
y, en todo caso, se compromete a no incluir
en el cálculo de la TII los costos asumidos
por el tarjetahabiente u otro tercero y los de
adquirencia. La red verificará esta
circunstancia con base en la información
que le remitan los bancos.
Ahora bien, una vez analizado lo planteado por los apelantes frente al
estudio sobre los criterios, costos y metodología para la fijación de las
Tarifas Interbancarias de Intercambio que debía ser elaborado por parte
del Gobierno Nacional, se advierte que la obligación y el cumplimiento de
esta era diferente para cada una de las redes. Por tal motivo la Sala
realizará el estudio de manera independiente.
82
Folios 87 al 90 del cuaderno de anexos del expediente proceso 2010-00155
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
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Antes de entrar a revisar el cumplimiento o no de este compromiso se
procederá a analizar lo que se encuentra probado dentro del expediente
frente al estudio sobre los criterios, costos y metodología para la fijación
de las Tarifas Interbancarias de Intercambio que debía ser elaborado por
parte del Gobierno Nacional, así:
• Del concepto técnico que debía ser emitido por el
Gobierno Nacional.
Del análisis de las demandas acumuladas, así como de la contestación
dada por la SIC, se advierte que el estudio técnico que estaba a cargo
del Gobierno Nacional se debería tener en cuenta a título de
recomendación para la presentación del modelo para fijación de las
tarifas por parte de las redes.
En ese orden de ideas se evidencia que, mediante las resoluciones 33813
y 34402 de 2006, la SIC modificó las garantías inicialmente aceptadas
en las resoluciones 06816 y 06817 de 2005, quedando entonces definido
que Credibanco "(...) adoptará la recomendación técnica del Ministro
Consejero de la Presidencia de la República (...)" y que Redeban "(...)
podrá adoptar la recomendación técnica del Ministro Consejero de la
Presidencia de la República (...)"
De lo anterior, se puede establecer que el concepto técnico que
correspondía adelantar al Gobierno Nacional podría resultar importante
para establecer los criterios, costos y la metodología para la adopción
de las tarifas interbancarias por parte de las redes.
No obstante lo anterior, dentro del expediente se advierte que en
comunicación del 4 de julio de 2007, dirigida al representante legal de
Credibanco, la entonces Ministra Consejera de la Presidencia reiteró el
compromiso que tenía de contratar la consultoría para determinar la
metodología de cálculo de las tarifas y señaló que estaba próxima al
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proceso de selección del contratista, al tiempo que recomendó a las
redes y bancos que solicitaran a la SIC una adición de cinco (5)
meses al plazo previsto en las resoluciones 33813 y 34402 de 2006,
mientras adelantaba la contratación y ejecución de los compromisos
a su cargo.
Ahora bien, de la revisión de los expedientes acumulados no obra prueba
que demuestre que el estudio técnico haya sido elaborado y entregado
por la funcionaria de la Presidencia, como lo destacaron las redes, hecho
que no fue desvirtuado por la SIC en la contestación de la demanda.
9.4.1.3.1 Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a determinar
si la omisión en que incurrió el Gobierno Nacional al no entregar la
recomendación del análisis técnico era determinante para el
establecimiento de los criterios, costos y metodología de las tarifas
interbancarias, y en consecuencia tenía una incidencia frente a la
legalidad de los actos acusados, de manera independiente para cada Red,
así:
1. Frente a Redeban.
En los términos de la resolución 34402 de 2006, se estableció que “la
red podrá adoptar la recomendación técnica del Ministro Consejero de
la Presidencia de la República” para la determinación de las tarifas; lo
anterior implica que dicha red tenía la facultad de adoptar o no dichas
recomendaciones.
Ahora bien, la Sala considera, tal como lo manifestó el tribunal de
primera instancia, que en tal medida, para Redeban dichas
recomendaciones no eran indispensables para cumplir los compromisos
asumidos ante la SIC, puesto que el Gobierno Nacional únicamente
realizaría una recomendación que pudiera contribuir con el diseño de los
criterios objetivos, la que no tendría carácter vinculante ni obligatorio
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
para Redeban, y cuya ausencia no podría configurar un obstáculo en el
cumplimiento del compromiso adquirido por dicha red en cuanto a la
fijación de las tarifas interbancarias. Por lo tanto, al establecer la
posibilidad de acoger las recomendaciones, la resolución 34402 de 2006
no condicionó la determinación de las tarifas interbancarias a la entrega
del estudio técnico.
2. Frente a Credibanco.
En los términos de la resolución 33813 de 2006, se señaló que “la red
adoptará la recomendación técnica del Ministro Consejero de la
Presidencia de la República” para la determinación de las tarifas. Lo
anterior implica que en este caso dicho concepto técnico contentivo de
las recomendaciones que entregara el Gobierno Nacional tenía que ser
adoptado de manera obligatoria por Credibanco, organización que debía
cumplir su encargo guiándose por esas recomendaciones.
Ahora bien, lo que se discute en este caso es el alcance de la obligación
derivada de lo acordado entre Credibanco y la Superintendencia, pues lo
pretendido en el cargo que formula aquél es que se le exonere del
cumplimiento de lo acordado, porque su actuación dependía de la
intervención previa del ministro consejero.
Vista desde esta perspectiva el cargo, en este punto la Sala igualmente
coincide con lo argumentado por el tribunal de primera instancia, en el
sentido de que dicho concepto técnico no era indispensable para que
Credibanco cumpliera con la obligación adquirida en la resolución de
2006, pues nada le impedía adelantar sus compromisos con
prescindencia de la recomendación técnica; y menos aun cuando se
trataba de proteger los mercados de prácticas que afectaban la
competencia, imputables a la red, y sobre la base de concluir una
investigación en curso porque los presuntos infractores así lo pidieron,
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
estableciendo para ello un comportamiento acorde con lo que se
pretendía proteger.
Es importante hacer claridad en que el alcance del compromiso que el
acuerdo trae e impone al ministro consejero de emitir recomendación
técnica no puede entenderse como estipulación que exonerara a la red
de los deberes que asume para que la Superintendencia concluyera una
investigación que adelantaba contra ella, pues resultaría un
contrasentido que la obligación de ajustarse a los mercados, propia de la
entidad que suscribe el compromiso, quedara trasladada a un funcionario
público que, por demás, no era parte en las decisiones que allí se
tomaron.
En tal contexto, concluye la Sala que el alcance de la estipulación debe
entenderse como que, solo en el evento de que se hubiera elaborado la
recomendación técnica, esta red debería haberla adoptado de manera
obligatoria. Y, como quiera que no hay prueba de la existencia de la
recomendación, lo que puede concluirse es que no surgió para esta red
la obligación de seguirla, pero ese hecho no imposibilitaba el
cumplimiento del compromiso adquirido en cuanto a la fijación de las
tarifas interbancarias; ello, más aún cuando en los literales c), d) y e) de
la resolución 33813 de 2006, se establecían los plazos de entrega del
modelo para la fijación de la TII, así:
“c) Dentro de un término máximo de 8 meses, contados a partir de la aceptación
de la presente solicitud de modificación de garantías, Credibanco, presentará a
la SIC los criterios objetivos y: la metodología para la cuantificación de costos
d) Adicionalmente, Credibanco se compromete a presentar a la SIC el estudio
ajustado a los criterios y metodología aprobados por la SlC, en plazo máximo de
6 meses contados a partir de la fecha en que ésta apruebe los criterios y la
metodología.
e), Si Credíbanco no presenta los estudios respectivos dentro de los plazos
previstos en los literales c) y d) anteriores ó la Superintendencia no aprueba los
mismos, la red se compromete dar cumplimiento a los compromisos aceptados
en la resolución 6817 de 2005.”83
83
Folio 88 del cuaderno de anexos del expediente proceso 2010-00155
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
En esa medida la Sala advierte que el compromiso adquirido por
Credibanco no se encontraba supeditado o suspendido hasta tanto el
funcionario del Gobierno Nacional expidiera la recomendación técnica y,
por lo tanto, lo planteado a este respecto en el recurso de apelación no
tiene la vocación de prosperidad.
9.4.1.4. En tercer lugar, los apelantes consideraron que las redes habían
cumplido con los compromisos adquiridos en las resoluciones de 2005 y
2006 por cuanto se había presentado un sistema para la determinación
de la TII denominado modelo REMI, frente al cual la SIC no se pronunció.
Frente a lo anterior las redes apelantes manifestaron que se había
presentado un modelo para la fijación de las TII denominado REMI, y, no
obstante, la SIC no realizó ningún análisis de éste o pronunciamiento en
el sentido de aprobarlo para su implementación, y en esa medida, no
resultaba viable declarar incumplida la obligación de presentar el modelo,
si el mismo no se implementó por un hecho atribuible a la SIC.
De otra parte, el Tribunal en la sentencia apelada y la SIC dentro del
actuación judicial señalaron que dicho modelo no había sido presentado a
la SIC en ningún momento y en suma explicaron que lo habían elaborado
los bancos, lo cual daba certeza del incumplimiento de los compromisos
adquiridos.
En ese mismo sentido, es procedente estudiar lo argumentado por el
tribunal en la sentencia de primera instancia, así:
“Además de no ser una obligación que correspondiera a los bancos, la Sala
considera que el nuevo modelo REMI amparado en el mecanismo de subasta no
fue puesto en conocimiento de la Superintendencia de Industria y
Comercio para su aprobación, como mecanismo para la fijación de las
tarifas interbancarias de intercambio.
Aunque algunos de los testigos afirmaron que dicho sistema fue consultado y
conocido por el organismo antes de ser puesto en marcha por los bancos, lo cierto
es que en el expediente acumulado no obra prueba que demuestre que
efectivamente esto haya ocurrido.
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
La presidenta de la Asociación Bancaria, María Mercedes Cuéllar, sostuvo que la
acogida brindada por los bancos a la propuesta del mecanismo para la fijación de
las tarifas fue comunicada a la Superintendencia Financiera, agregó que el citado
modelo fue ampliamente discutido con la Superintendencia de Industria y Comercio
sin que haya evidencia escrita de dicha circunstancia y precisó que "(...) no quedó
formalmente el modelo (...)". (fl. 870 y ss. cdno 2° exp. No. 201000203-01 y fl.
639 y ss. cdno 2° exp. No. 201000200-01)
El testigo Jaime Alberto Gómez Mejía señaló que la información a la SIC sobre este
particular fue dada por la Asociación Bancaria, lo cual coincide con la afirmación
hecha por el apoderado de la parte demandada y con la misiva de agosto seis (6)
de 2007, antes citada, donde el organismo gremial advirtió la decisión de los
bancos de asumir la fijación de las tarifas. (fl. 891 y ss. cdno 2° exp. No.
201000203-01 y fl. 278 y ss. cdno 20 antecedentes)
Al respecto, es necesario tener en cuenta que la Asociación Bancaria no fue
reconocida como interlocutora válida de los bancos en el procedimiento que siguió
a la aceptación de las garantías, como lo reconoció su presidenta, al tiempo que
su comunicación daba cuenta de la determinación de reasumir el cálculo de la tarifa
interbancaria, sin detallar ni explicar en qué consistía el mecanismo REMI.
En su testimonio, el presidente de Redeban, Enrique Alberto de la Rosa Baena, sin
precisar detalles, indicó que el modelo fue entregado y discutido con la
Superintendencia de Industria y Comercio, pero posteriormente advirtió que no
hubo presentación oficial de la metodología para fijación de las tarifas, ni
aprobación oficial por parte del organismo. (fl. 623 y ss. exp. No. 201000139 y fl.
693 y ss. cdno 2° exp. No. 201000200)
Los elementos de juicio aportados por los testimonios reseñados no
ofrecen certeza sobre el conocimiento que tuvo la Superintendencia de
Industria y Comercio acerca del modelo adoptado por los bancos, ni sobre
el visto bueno que según los compromisos tenía que darle antes de su
implementación por parte de las redes.
La presentación formal del documento que cuestionaba el sistema de costos
dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio y justificaba la creación
del nuevo mecanismo REMI basado en la subasta fue hecha por la Asociación
Bancaria ante la Superintendencia Financiera, entidad que no tenía a su
cargo la verificación de los compromisos adquiridos mediante
resoluciones 06816 y 06817 de 2005, según la modificación introducida
por las resoluciones 33813 y 34402 de 2006, lo cual hace que no pueda
tenerse por tramitado ni radicado, para su aprobación, ante el organismo
demandado. (fl. 838 y ss. cdno 25 antecedentes)” (Subrayás y negrilla de la Sala)
Ahora bien, frente a este punto, se advierte que los apelantes
manifestaron que, mediante oficios radicado nro. 07-079900-00000-0000
del 6 de agosto de 200784 enviado por Asobancaria, y radicado nro. 03-
110924-00967-0039 del 14 de agosto de 200785 enviado por Redeban, se
puso en conocimiento de la SIC de manera formal el modelo REMI.
84
Folios 1059 a 1061 del cuaderno principal de primera instancia - rad 2010-00132
85
Folio 1124 del cuaderno principal de primera instancia - rad 2010-00132
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
87
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
En ese orden, la Sala procedió a revisar el contenido de los anteriores
oficios evidenciando que ni Asobancaria, ni Redeban, pusieron en
conocimiento de la SIC para su estudio y aprobación el modelo REMI, y
mucho menos lo relacionaron en los anexos de éstos.
De otra parte, dentro del material probatorio se encuentra el oficio de
Asobancaria radicado 2007034553006000 de fecha 01 de octubre de
200786 dirigido la Superintendencia Financiera, en el cual se le pone
en conocimiento la descripción del modelo REMI, así:
“Damos alcance a nuestras comunicaciones del 6 de junio y 5 de septiembre de
2007. En la primera se informó que los bancos consideraron conveniente resumir
la función del cálculo de la tarifa interbancaria de intercambio (TII), antes
delegada en las redes, exponiendo las razones que motivaron la decisión y
aclarando que no se modifica ninguna otra característica del sistema, en
particular el cumplimiento de las tarifas máximas promedio de TII acordadas con
la Superintendencia de Industria y Comercio. En cuanto a la segunda, además de
suministrar la información solicitada, se anunciaba como resultado de
estudios realizados por la Asociación Bancaria, se había llegado a la
conclusión de que las graves deficiencias presentadas por un modelo de
costo podían ser superados y se adoptaba un mecanismo de
determinación de la remuneración que la adquirente le debe pagar al
banco emisor basado en estrictos principios de competencia.
De igual manera, dentro del material probatorio se encuentra el oficio de
Asobancaria, de fecha 09 de enero de 200887 dirigido la SIC, en el cual
se informaba lo siguiente:
“De acuerdo con nuestra conversación, le remito copia de las comunicaciones con
referencia 2007034533-000-000 del 5 y 28 de septiembre remitidas a la
Superintendencia Financiera, en las cuales se justifica y describe el
nuevo mecanismo de determinación de remuneración al emisor (REMI)
en las transacciones con tarjetas de pago”
De lo anterior se puede establecer que el modelo REMI no fue
entregado para su aprobación a la SIC, puesto que el mismo
únicamente fue presentado a la Superintendencia Financiera el 1º de
octubre de 2007, y posteriormente fue puesto por Asobancaria en
conocimiento de la SIC en el año 2008, sin ser esta asociación la
encargada del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las redes
86
Folios 1101 a 1113 del cuaderno principal de primera instancia - rad 2010-00132
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y los bancos. De otro lado, aún en gracia de discusión, dicha presentación
también hubiera estado por fuera del término pactado, por cuanto se
encontraba ampliamente vencido el plazo establecido en las resoluciones
de 2006 para la presentación del modelo ante la SIC, que era de 8 meses.
En ese orden de ideas, es claro para la Sala que, a pesar de existir un
modelo para la fijación de las TII, éste nunca fue presentado de manera
oficial a la SIC por parte de las redes para su verificación y aprobación,
ante lo cual no se podía tener como cumplido este compromiso. En
consecuencia, no se encuentra probado lo manifestado por los apelantes,
lo que conlleva a confirmar lo decidido por el tribunal en primera instancia.
De todo lo anterior, la Sala advierte que los cargos planteados por las
redes en los recursos de apelación no están llamados a prosperar y en
esa medida frente a Credibanco y Redeban se confirmará la sentencia
apelada.
Ahora bien, la Sala procederá a realizar el planteamiento del asunto y los
problemas jurídicos a resolver, en lo relacionado con los escritos de
apelación presentados por los bancos.
9.4.2. Planteamiento jurídico frente a los Bancos
Para resolver los recursos de apelación, la Sala advierte que los bancos
discuten diez (10) aspectos. El primero, señalaron que la SIC incurrió en
una falsa motivación de los actos acusados. El segundo, que la SIC
carecía de competencia para realizar la verificación y la declaratoria de
incumplimiento de los compromisos adquiridos por las redes y los bancos.
El tercero, que la SIC ejerció una potestad sancionatoria caducada y por
ende no contaba con la facultad para hacer efectivas las pólizas. El cuarto
que los actos administrativos acusados configuraban un verdadero
contrato y por lo tanto el incumplimiento solo podía ser declarado por un
juez de la República. El quinto que la SIC no podía hacer efectivas al
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100% las pólizas puesto que debían ser proporcionales frente a las
conductas de cada red y bancos. El sexto, que la SIC no tenía
competencia para expedir las resoluciones acusadas aduciendo que en su
consideración había existido un agotamiento de la vía gubernativa frente
a las resoluciones 6816 y 6817 de 2005. El séptimo, que había una
indebida notificación del acto administrativo que declaró el
incumplimiento y ordenó hacer efectivas las pólizas. El octavo, que frente
a la resolución núm. 46791 de 2009, “Por la cual se deciden los recursos
de reposición interpuestos contra la Resolución núm. 029497 de 2008”,
era procedente nuevamente el recurso de reposición. El noveno, este
cargo fue planteado únicamente por el Banco Pichincha y consistió en
señalar que para la época de los hechos no formaba parte de la Asociación
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, ni participó como
miembro principal o suplente del comité de TII visa.
Respecto del primer punto, los apelantes manifestaron que la SIC
incurrió en una falsa motivación por cuánto declararon incumplida una
obligación que nunca fue de responsabilidad de los bancos, puesto que la
obligación de realizar un modelo de las TII se encontraba en cabeza
exclusivamente de las redes. En cuanto a lo segundo, los apelantes
señalaron que la competencia para realizar la verificación y la declaratoria
del presunto incumplimiento de los compromisos adquiridos por las redes
y los bancos le correspondía a la Superintendencia Financiera y por lo
tanto era esta entidad la encargada de realizar dicha verificación y no la
SIC. En cuanto al tercero, señalaron que la potestad sancionatoria de
la SIC se encontraba caducada y en esa medida no contaba con la facultad
para hacer efectivas las pólizas. En cuanto al cuarto, explicaban que los
actos administrativos mediante los cuales se aceptaron los compromisos
y se constituyeron unas pólizas de cumplimiento configuraban un
verdadero contrato bilateral y por ende la SIC no podía declarar el
incumplimiento de estos y hacer efectivas las pólizas, puesto que esa
facultad era competencia exclusiva de un juez de la República; En cuanto
al quinto, adujeron los apelantes que la SIC no podía hacer efectivas al
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100% las pólizas puesto que debían ser proporcionales frente a las
conductas que se pudieran evidenciar y probar en relación a cada red y
bancos. En cuanto al sexto, explicaron que la SIC no tenía competencia
para expedir las resoluciones acusadas aduciendo, en su consideración,
que había existido un agotamiento de la vía gubernativa frente a las
resoluciones 6816 y 6817 de 2005, en atención a que la SIC había
declarado el incumplimiento mediante la resolución 12040 de 2006 que
fuera confirmada en relación con los incumplimientos en la resolución
2585 de 2007. En cuanto al séptimo, insistieron en señalar que existió
una indebida notificación de la Resolución 29497 del 19 de agosto de
2008, “por la cual se decreta el incumplimiento de las garantías
aceptadas en las resoluciones 6816 y 6817 de 2005, modificadas por las
números 34402 y 33913 de 2006, respectivamente, se exige el
cumplimiento de las mismas y hacen efectivas unas pólizas”, puesto que
la misma no fue entregada de manera completa a cada vinculado y en
esa medida se vulneraba el derecho de contradicción y defensa. En
cuanto al octavo, insistieron en señalar que contra la resolución que
resolvió el recurso de reposición era procedente nuevamente el recurso
de reposición, puesto que, en su consideración este acto administrativo
contenía argumentos nuevos. En cuanto al noveno, el Banco Pichincha
señaló que para la fecha en que se llevó a cabo la investigación por parte
de la SIC, este banco no formaba parte de la Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de Colombia, ni participó como miembro principal
o suplente del comité de TII visa, y además que no actuaba como entidad
adquiriente y por lo tanto no tenía contacto directo con los comercios, ni
percibía de ellos suma alguna a título de comisión.
Los cargos presentados por los bancos se pasarán a resolver en el
anterior orden propuesto.
9.4.2.1. En primer lugar, los apelantes correspondientes a los bancos
consideraron que, en el supuesto de existir incumplimientos, estos fueron
realizados por las redes y no por ellos, y, por ende, la SIC confundió la
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figura de la coadyuvancia y no se detuvo a analizar los compromisos de
los bancos, incurriendo en una falsa motivación de los actos acusados.
Previo a resolver el anterior cuestionamiento es pertinente transcribir los
apartes de las resoluciones por medio de las cuales se fijaron las
condiciones de los compromisos adquiridos, así:
• De los compromisos adquiridos por las Redes y los Bancos y
aceptados por la SIC.
La SIC, a través de las resoluciones 06816 y 06817 de 31 de marzo de
2005, aceptó el ofrecimiento de garantías presentado por Redeban,
Credibanco y sus representantes legales, coadyuvado por los bancos
asociados a dichas redes, y ordenó la clausura de la investigación que se
adelantaba contra los mencionados investigados, por la presunta violación
de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas de la competencia.
En el considerando “SEGUNDO” de las citadas resoluciones se estableció:
• Resolución 06816 de 31 de marzo de 200588
“[…] SEGUNDO: Que mediante escrito radicado bajo el 03110924-10038, el
apoderado de Redeban y de su representante legal, formuló ofrecimiento de
garantías y solicitó, en consecuencia, la clausura definitiva de la investigación,
adquiriendo los siguientes compromisos, en cabeza de la Red, de su representante
legal y de los bancos asociados […].
2.1. Los compromisos que se adquieren
2.1.1. Por parte de Redeban (La Red)
El nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a cargo de los
establecimientos de comercio consistirá en:
(i) “A partir de la fecha aquí referida (1 de abril de 2005), la red se abstendrá
de fijar comisión a cargo de los establecimientos de comercio.”
(ii) “Cada banco adquiriente acordará las comisiones a cargo de los
establecimientos de comercio
(iii) “La Red fijara independientemente las tarifas interbancarias de intercambio,
de las cuales serán responsables los bancos adquirí entes frente a los
bancos emisores.
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Folios 416 a 427 del expediente principal rad. 2010-00200
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(iv) “El funcionamiento del nuevo sistema de pagos se explica claramente en el
siguiente cuadro
(v) “La tarifa o tarifas bancarias de intercambio serán determinadas por la Red
teniendo en cuenta únicamente los costos relacionados con el servicio al
establecimiento de comercio de transferencias de los pagos realizados con
tarjetas, Siempre y cuando no haya sido sufragados en su totalidad por otra
gente, más la utilidad de establecida por la Red para la operación del
negocio. En consecuencia, en la determinación de la taza o tazas de
intercambio se excluye cualquier costo que esté relacionado con la misión
de tarjetas y financiamientos al tarjetahabiente, con lo cual se previene la
doble acusación de un mismo costo.
De lo precedente se coligue que los anteriores criterios son únicamente los
relacionados con la prestación del servicio en cuanto al sistema de pagos a
los establecimientos de comercio, por lo que se excluye cualquier costo que
esté relacionado con la emisión de tarjetas y financiamientos al
tarjetahabiente, con lo cual se previene la doble acusación de un mismo
costo
Con base en los criterios objetivos, que correspondan a los costos
relacionados con el servicio en cuanto al sistema de pago referido a los
establecimientos de comercio y la utilidad establecida, la Red se obliga
determinar las tarifas interbancarias de intercambio teniendo en cuenta
todos o algunos de los siguientes factores objetivos: tipos de producto,
categoría del establecimiento de comercio, tipo de transacción, volumen de
transacciones, volumen de facturación, desempeño de la transacción,
promedio de las transacciones MasterCard o maestro en el respectivo
establecimiento, promedio de la facturación MasterCard o maestro en el
respectivo establecimiento, canal de transacción e incentivos de utilización
de tarjetas en categorías específicas de negocio“.
(vi) “Con la aplicación de este sistema los bancos adquirientes podrán competir
entre sí ante los diferentes establecimientos de comercio y cada uno de
ellos tendrá derecho a las comisiones que acuerden libremente sobre cada
una de las transacciones que adquiera. Estas comisiones pueden ser
mayores, menores o equivalentes a la tarifa interbancaria intercambio que
haya determinado la Red
Igualmente, Redeban se obliga a establecer el sistema de tarifas interbancarias de
intercambio antes descrito, y a dar cumplimiento a los otros compromisos que por
la presente adquiere, dentro de un plazo que vence el 1 de abril de 2005. En caso
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de que incumpla los compromisos a su cargo, la Superintendencia de Industria y
Comercio podrá hacer efectiva la póliza correspondiente, por $763'000.000.00.
Así mismo "La Red se obliga para con la Superintendencia de Industria y Comercio
a remitirle periódicamente, en forma trimestral el primer año y semestral los dos
siguientes, con carácter confidencial, a partir de la fecha en que el sistema atrás
descrito haya quedado establecido, un listado de los criterios objetivos que haya
utilizado para la fijación de la Tasa Interbancaria de Intercambio, su ponderación,
así como las tarifas vigentes, junto con los cambios que unos y otros hayan tenido
en dichos periodos. Esta información deberá remitirse dentro del mes siguientes a
la terminación de cada periodo".
Como complemento de lo anterior, "La Red se obliga a poner a disposición de la
Superintendencia de Industria y Comercio, tanto los criterios objetivos de fijación
de las tasas interbancarias, su ponderación, así como las tarifas fijadas y los
cambios de unas y otras cuando la Superintendencia lo solicite.
"Para los anteriores efectos se allegará a la SIC, junto con la correspondiente póliza
de cumplimiento, lo siguiente:
• Los criterios utilizados por La Red para la determinación de la(s) tarifa(s)
interbancaria(s) de intercambio, junto con su justificación, los cuales podrán ser
conocidos por cualquier persona.
• El estudio que contiene la cuantificación de los costos relacionados con el servicio
a los establecimientos de comercio, junto con la ponderación, el cual por revelar
información confidencial de la Red, le solicitamos a la SIC someter a reserva legal.
• La tasa interbancaria de intercambio podrá estar expresada en términos
porcentuales, sin que ello implique el desconocimiento de los criterios
anteriormente mencionados"
"La Red se obliga a informar a través de un diario de amplia circulación que a partir
de la aplicación del nuevo sistema, los bancos adquirentes tienen libertad para
acordar las comisiones al comercio.
"La Red se obliga a incluir dentro de su reglamento interno lo ofrecido en el punto
1. Subsiguiente del acápite: Compromisos de los Bancos Asociados".
"Así mismo, se procederá a reformar los estatutos de Redeban de tal forma que
las personas designadas en la junta directiva de Redeban no puedan pertenecer a
juntas directivas de otras redes"
2.1.2 Por parte del administrador de Redeban, el señor Juan Manuel Beltrán Suárez
(…)
2.1.3. Por parte de los bancos asociados a Redeban:
Los bancos asociados a Redeban, cuando obren como adquirentes, se obligan a
dar cumplimiento a las siguientes estipulaciones, que además Redeban incluirá
dentro de su respectivo reglamento interno, como obligación a cargo de los bancos
asociados:
a) A partir de la fecha en que se implemente el sistema de tarifas interbancarias
de intercambio, —primero de abril de 2005— cada banco deberá determinar
independientemente las comisiones a cargo de los establecimientos de
comercio por el servicio de adquirencia, teniendo en cuenta factores objetivos
como: el tipo de actividades que desarrolla el establecimiento; los volúmenes
de facturación; los riesgos inherentes a cada negocio; los costos; el tipo de
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productos; la situación competitiva del respectivo banco frente a los demás que
presten el servicio de adquirencia; la política de penetración al mercado de
adquirencia; los estudios sobre los beneficios que le ha reportado el
establecimiento de comercio en los diversos negocios que ha desarrollado con
el mismo; las proyecciones de los beneficios que podría tener el banco al
vincular a un establecimiento de comercio a sus servicios bancarios de cuenta
corriente bancaria, de cuenta de ahorros, de emisión de certificados de depósito
a término, de negocios de cambio, de cartas de crédito, de negocios
internacionales, de crédito, de adquirencia de tarjeta de pago, y demás
servicios financieros.
b) Los bancos se obligan para con la Superintendencia de Industria y Comercio a
remitirle periódicamente, en forma trimestral el primer año y semestral los dos
siguientes, con carácter confidencial, a partir del último día del mes en que el
sistema atrás descrito haya quedado establecido, un listado de criterios
objetivos que haya utilizado para la fijación de la comisión, su ponderación, así
como las comisiones vigentes, junto con los cambios que uno y otro hayan
tenido en dichos períodos. Esta información deberá remitirse dentro del mes
siguiente a la terminación de cada período.
Dentro de los principios que inspiran dicho documento, queda claro que cada
banco podrá establece y sustituir, cuando a bien tenga, los criterios utilizados
para la determinación de las comisiones de adquirencia en un momento dado,
por otros igualmente objetivos; establecer y modificar la ponderación
originalmente asignada a cada uno de los mismos; utilizar factores objetivos
diferentes de los enumerados de manera no taxativa o en el literal a) anterior;
utilizar solo alguno o algunos de los allí mencionados o uno o unos de ellos,
junto con otros diferentes, que el mismo banco considere más convenientes
para su actividad.
c) A partir del último día calendario del mes en que haya quedado debidamente
implementado el sistema de tarifas interbancarias de intercambio a que se
refieren los literales A y B anterior del aparte Compromisos de la red, cada
banco deberá mantener a disposición de la Superintendencia de Industria y
Comercio un archivo con los reglamentos internos sobre los factores objetivos
establecidos para determinar las comisiones de adquirencia, al igual que las
modificaciones que realice a los mismo. Este archivo se conservará durante tres
años, contados a partir de la fecha de aceptación de la presente oferta de
garantías […]” (negrillas y subrayás fuera de texto).
• Resolución 06817 de 31 de marzo de 200589
“[…] SEGUNDO: Que mediante escrito radicado bajo el 03110924-10037, el
apoderado de Credibanco y de su representante legal, formuló ofrecimiento de
garantías y solicitó, en consecuencia, la clausura definitiva de la investigación,
adquiriendo los siguientes compromisos, en cabeza de la Red, de su
representante legal y de los bancos asociados […].
2.1. Los compromisos que se adquieren
2.1.1. Por parte de Credibanco (La Red)
El nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a cargo de los
establecimientos de comercio consistirá en:
"i) A partir de la fecha aquí referida (1 Abril 2005), la Red se abstendrá de fijar
la comisión a cargo de los establecimientos de comercio.
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Folios 62 a 73 del expediente principal de primera instancia Rad 2010-00128
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ii) Cada Banco adquirente acordará las comisiones a cargo de los establecimientos
de comercio.
iii) La Red fijará independientemente las tarifas interbancarias de intercambio, de
las cuales serán responsables los Bancos adquirentes frente a los bancos
emisores.
iv)El funcionamiento del nuevo sistema de pagos se explica claramente en el
anexo al presente documento, que forma parte del mismo.
v) Las tarifas interbancarias de intercambio serán determinadas por la
Red, considerando los costos asociados al negocio de tarjetas bancarias
de pago, que exclusivamente correspondan a los servicios de tarjetas de
pago prestados a los comercios, siempre que no hayan sido asumidos por
el tarjetahabiente u otro tercero, más una utilidad razonable por este
negocio.
Por tanto, no se incluirán dentro de los mismos aquellos que correspondan o
estén relacionados con la emisión del instrumento de pago y la intermediación
financiera, evitándose así la causación doble de un mismo costo o gasto.
Para distribuir el resultado del estimativo hecho con base en los criterios objetivos
que se allegarán a la Superintendencia, Credibanco determinará las tarifas
interbancarias de intercambio de cada establecimiento de comercio, teniendo en
cuenta todos, algunos o alguno de los siguientes factores objetivos:
1. Tipos de productos: Crédito. Débito v Soluciones Comerciales
(empresariales).
2. Categoría del establecimiento de comercio: Incluyendo detallistas,
supermercados, estaciones de gasolina, grandes superficies y otras.
3. Tipos de transacción: Tales como compras, adelantos de efectivo, "credit
vouchers". "cuasi cash" y otros.
4. Volumen de transacciones: Atado a la estructura dentro de cada categoría
comercial.
5. Volumen de facturación.
6. Desempeño de la transacción: Autorización electrónica, método de
autenticación, datos requeridos y otras consideraciones similares.
7. Promedio de las transacciones Visa en el establecimiento de comercio del
caso.
8. Promedio de la facturación Visa en el establecimiento de comercio del caso.
9. Canal de la transacción: Compra en-línea (internet), tarjeta no-presente,
compra cara-a-cara en establecimientos físicos y otros similares.
10. Necesidad de desarrollar las estrategias comerciales de la marca VISA."
Los criterios objetivos establecidos por la red para la determinación de las tarifas
intercambiarías de intercambio, junto con su justificación, serán determinados y
allegados dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución
mediate la cual ustedes acepten las garantías, los cuales tendrán el carácter de
públicos.
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Dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, se allegará el estudio
que contiene la cuantificación de los costos, junto con la ponderación de los
factores objetivos y la metodología empleada para su estimación, el cual dada la
naturaleza confidencial de la información que contiene, le solicitamos a la
Superintendencia de Industria y Comercio mantener bajo reserva, en los términos
previstos en la ley
Las tasas de intercambio podrán, si así lo determina La Red, expresarse en
términos porcentuales, sin que ello implique el desconocimiento de los criterios
anteriormente mencionados.
vi) Con la aplicación de este sistema los bancos adquirentes podrán competir
entre si ante los diferentes establecimientos de comercio y cada uno de ellos
tendrá derecho a las comisiones que acuerde libremente sobre cada una de las
transacciones que adquiera. Estas comisiones pueden ser mayores, menores o
equivalentes a las tarifas interbancarias de intercambio que hay determinado
Credibanco.
Credibanco se obliga a establecer el sistema de tarifas interbancarias de
Intercambio antes descrito, y a dar cumplimiento a los otros compromisos que
por la presente adquiere, dentro de un plazo que vence el 1 de abril de 2005. En
caso de que incumpla los compromisos a su cargo, la Superintendencia de
Industria y Comercio podrá hacer efectiva la póliza correspondiente, por
$763'000.000, 00.
• La Red se obliga a poner a disposición de la Superintendencia de Industria
y Comercio, tanto los factores objetivos de fijación de las tasas
interbancarias, su ponderación, así como las tarifas fijadas y los cambios de
unas y otras cuando la Superintendencia lo solicite.
• La Red se obliga para con la Superintendencia de Industria y Comercio a
remitirle periódicamente, en forma trimestral el primer año y semestral los
dos siguientes, con carácter confidencial, a partir de la fecha en que el
sistema atrás descrito haya quedado establecido, un listado de los factores
objetivos que haya utilizado para la fijación de la Tasa Interbancaria de
Intercambio, su ponderación, así como las tarifas vigentes, junto con los
cambios que unos y otros hayan tenido en dichos periodos, si los hubiere.
Esta información deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación
de cada periodo.
• La Red se obliga a informar a través de un diario de amplia circulación que,
a partir de la aplicación del nuevo sistema, los bancos adquirentes tienen
libertad para acordar las comisiones al comercio.
• La Red se obliga a incluir dentro de su reglamento interno las estipulaciones
que aparecen en los literales a., b. y c. del punto 1.- siguiente, del acápite:
Compromisos de los Bancos Asociados.
• Se procederá a reformar los estatutos de Credibanco de tal forma que las
personas naturales designadas en su Junta Directiva no puedan pertenecer
simultáneamente a Juntas Directivas de otras redes".
2.1.2. Por parte del administrador de Credibanco, el señor Orlando Rafael García
Torres
(…)
2.1.3. Por parte de los bancos asociados a Credibanco:
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Los bancos asociados a Credibanco, cuando obren como adquirentes, se obligan a
dar cumplimiento a las siguientes estipulaciones, que además Credibanco incluirá
dentro de su respectivo reglamento interno, como obligación a cargo de los bancos
asociados:
"a. A partir de la fecha en que se implemente el sistema de tarifas interbancarias
de intercambio-primero de abril de 2005- cada banco deberá determinar
independientemente las comisiones a cargo de los diferentes establecimientos de
comercio por el servicio de adquirencia, teniendo en cuenta factores objetivos,
como: el tipo de actividad que desarrolla el establecimiento; los volúmenes de
facturación; los riesgos inherentes a cada negocio; los costos; el tipo de productos;
la situación competitiva del respectivo banco frente a los demás que prestan el
servicio de adquirencia; la política de penetración al mercado de adquirencia; los
estudios sobre los beneficios que le ha reportado el establecimiento de comercio
en los diversos negocios que ha desarrollado con el mismo; las proyecciones de los
beneficios que podría tener el banco al vincular a un establecimiento de comercio
a sus servicios bancarios de cuenta corriente bancaria, de cuenta de ahorros, de
emisión de certificados de depósitos a término, de Negocios de cambio, de cartas
de crédito, de negocios internacionales, de crédito, de adquirencia de tarjetas de
pago, y demás servicios financieros.
b. Los bancos se obligan para con la Superintendencia de Industria y Comercio a
remitirle periódicamente, en forma trimestral el primer año y semestral los dos
siguientes, con carácter confidencial, a partir del último día del mes en que el
sistema atrás descrito haya quedado establecido, un listado de los criterios
objetivos que haya utilizado para la fijación de la comisión, su ponderación, así
como las comisiones vigentes, junto con los cambios que unos y otras hayan tenido
en dichos períodos. Esta información deberá remitirse dentro del mes siguiente a
la terminación de cada periodo.
Dentro de los principios que inspiran este documento, queda claro que cada banco
podrá establecer y sustituir, cuando a bien tenga, los criterios utilizadospara la
determinación de las comisiones de adquirencia en un momento dado, por otros
iqualmente objetivos; establecer y modificar la ponderación originalmente
asignada a cada uno de los mismos; utilizar factores objetivos diferentes de los
enumerados de manera no taxativa en el literal a.- anterior; utilizar solo alguno o
algunos de los allí mencionados uno o unos de ellos, junto con otros diferentes,
que el mismo banco considere más convenientes para su actividad.
c. A partir del último día calendario del mes en que haya quedado debidamente
implementado el sistema de tarifas interbancarias de intercambio a que se refieren
los literales A y B anteriores del aparte Compromisos de la red, cada banco deberá
mantener a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio un archivo
con los reglamentos internos sobre los factores objetivos establecidos para
determinar las comisiones de adquirencia, al igual que las modificaciones que
realice a los mismos. Este archivo se conservará durante tres años, contados a
partir de la fecha de aceptación de la presente oferta de garantías".
Las anteriores resoluciones corresponden a los compromisos inicialmente
adquiridos por las Redes y los Bancos, los cuales fueron modificados, así:
Mediante oficio radicado con el 03-110924-00627-003990, Credibanco y
el señor Orlando Rafael García Torres solicitaron la modificación de las
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Folios 74 a 98 del cuaderno principal de primera instancia - rad 2010-00128
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garantías aceptadas por la SIC en la Resolución 06817 de 2005, solicitud
que fue suscrita por los bancos asociados a Credibanco, “en señal de
conformidad con sus términos”.
En igual sentido, a través del oficio radicado con el 03-110924-00656-
003991, Redeban solicitó dicha modificación.
Como justificación de la modificación solicitada, Credibanco y Redeban
pusieron de presente, entre otras razones, “[…] que en cumplimiento de
los compromisos asumidos se presentaron inconvenientes con diferencias
en la aplicación de los criterios objetivos y con la dificultad de suministrar,
de manera uniforme, la estructura de costos de parte de los bancos, que
por lo demás carecen de normas contables especiales para facilitar el
recaudo de esta información […]92”.
Por lo anterior la SIC, mediante las resoluciones 33813 de 11 de diciembre
de 2006 y 34402 de 14 de diciembre de 2006, aceptó la solicitud de
modificación de los compromisos consignados en las resoluciones 06816
y 6817 de 31 de marzo de 2005.
En los considerandos “CUARTO” y “QUINTO” de las citadas resoluciones,
se señaló:
• Resolución 33813 de 11 de diciembre de 2006 – que
modifican la resolución 06817 de 2005, así:
“[…] CUARTO: Que, según el escrito reseñado en el considerando segundo, los
compromisos ofrecidos en cabeza de la Red, de su representante legal y de los
bancos asociados a la misma Red, quedarían de la siguiente manera:
“2.1. Los compromisos que se adquieren
2.1.1. Por parte de Credibanco (La Red)
“El nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a cargos de los
establecimientos de comercio consistirá en:
91
Folios 1041 a 1045 del cuaderno principal de primera instancia - rad 2010-00132
92
Folio 75 del cuaderno principal de primera instancia - rad 2010-00128
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99
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
“(i) A partir de la fecha aquí referida (1º abril 2005), la Red se abstendrá de
fijar la comisión a cargo de los establecimientos de comercio.
"ii) A partir de la fecha aquí referida (1 Abril 2005), la Red se abstendrá de fijar la
comisión a cargo de los establecimientos de comercio
“iii) Cada Banco adquirente acordará las comisiones a cargo de los establecimientos
de comercio.
"iv) La Red fijará independientemente las tarifas interbancarias de intercambio, de
las cuales serán responsables los bancos adquirentes frente a los bancos emisores.
"v) El funcionamiento del nuevo sistema de pagos se explica claramente en el
anexo al presente documento, que forma parte del mismo.
a) Las TII serán determinadas por la red para todos los productos y medios de
acceso, de acuerdo con los criterios objetivos de costos y la metodología para
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC. Adicionalmente, la red
definirá una utilidad razonable.
Para el efecto, la red adoptará la recomendación técnica del Ministro
Consejero de la Presidencia de la República y, en todo caso, se
compromete a no incluir en el cálculo de la TIl los costos asumidos
por el tarjetahabiente u otro tercero y los de adquirencia. La red
verificará esta circunstancia con base en la información que le
remitan los bancos.
b) A partir de la fecha de la aceptación de la presente solicitud de modificación
de garantías por parte de la SIC y hasta cuando se determine la nueva TII
conforme al estudio que elabore la red de acuerdo con los criterios objetivos
y la metodologíà aprobados por la SIC, las TII promedio para las transacciones
realizadas con tarjeta crédito, débito y electron, serán las que se indican a
continuación:
Crédito: - 2% máximo promedio ponderado, en cada trimestre calendario.
Débito: - 1,91% máximo oromedio nonderado en cada trimestre calendario.
Electron: - 1,16% máximo promedio ponderado, en cada trimestre
calendario.
c) Dentro de un término máximo de 8 meses, contados a partir de la
aceptación de la presente solicitud de modificación de garantías,
Credibanco presentará a la SIC los criterios objetivos y la metodología
para la cuantificación de costos.
d) Adicionalmente, Credibanco se compromete a presentar a la SIC el
estudio ajustado a los criterios y metodología aprobados por la SIC,
en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la fecha en que
ésta apruebe los criterios y la metodología.
e) Si Credibanco no presenta los estudios respectivos dentro de los
plazos previstos en los literales c) y d) anteriores ó la
Superintendencia no aprueba los mismos, la red se compromete a dar
cumplimiento a los compromisos aceptados en la resolución 6817 de
2005.
f) Para distribuir el resultado del estimativo hecho con base en los criterios
objetivos que se allegarán a la Superintendencia, Credibanco determinará las
tarifas interbancarias de intercambio de cada establecimiento de comercio,
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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
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teniendo en cuenta todos, algunos o alguno de los siguientes factores
objetivos:
1 Tipos de productos: Crédito, Débito Y Soluciones Comerciales (empresariales).
2. Categoría del establecimiento de comercio: Incluyendo detallistas
supermercados, estaciones de gasolina, grandes superficies y otras.
3 Tipos de transacción: Tales como compras, adelantos de efectivo, "credit
vouchers" "cuasi cash" y otros.
4. Volumen de transacciones: Atado a la estructura dentro de cada categoría
comercial.
5. Volumen de facturación.
6. Desempeño de la transacción: Autorización electrónica, método de
autenticación, datos requeridos y otras consideraciones similares.
7. Promedio de las transacciones Visa en el establecimiento de comercio del caso.
8. Promedio de la facturación Visa en el establecimiento de comercio del caso.
9. Canal de la transacción: Compra en línea (internet), tarjeta no-presente,
compra cara-a-cara en establecimientos físicos y otros similares,
10. Necesidad de desarrollar estrategias comerciales de la marca Visa."
g) Si los estudios recomiendan la adopción de un nuevo modelo, Credibanco
acogerá la recomendación y presentará a la SIC la correspondiente modificación
de garantías.
"v) Con la aplicación de este sistema los bancos adquirentes podrán competir
entre si ante los diferentes establecimientos de comercio y cada uno de ellos
tendrá derecho a las comisiones que acuerde libremente sobre cada una del as
(sic.) transacciones que adquiera. Estas comisiones pueden ser mayores,
menores o equivalentes a las tarifas interbancarias de intercambio que haya
determinado Credibanco.
Credibanco se obliga a establecer el sistema de TII provisional previsto en el
literal b) del numeral iv) dentro de los 5 días siquientes a la ejecutoria de la
resolución que admita la modificación de garantías. En caso de que se incumpla
cualquiera de los compromisos a cargo de la red, la SIC podrá hacer efectiva la
garantía otorgada por la suma de $816'000.000.
La Red se obliga a poner a disposición de la Superintendencia de Industria y
Comercio, tanto los factores objetivos de fijación de las tasas interbancarias, su
ponderación, así como las tarifas fijadas y los cambios de unas y otras cuando la
Superintendencia lo solicite.
La Red se obliga para con la Superintendencia de Industria y Comercio a remitirle
periódicamente, en forma trimestral, con carácter confidencial, a partir de la
fecha en que el sistema atrás descrito haya quedado establecido, un listado de
los factores objetivos que haya utilizado para la fijación de la Tarifa Interbancaria
de Intercambio, su ponderación, así como las tarifas vigentes, junto con los
cambios que unos y otros hayan tenido en dichos períodos, si los hubiere.
Esta información deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.
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Se mantendrá la reforma incorporada a los estatutos de Credibanco de tal forma
que las personas naturales designadas en su Junta Directiva no puedan
pertenecer simultáneamente a Juntas Directivas de otras redes.
2.1.2. Por parte del administrador de Credibanco, el señor Orlando Rafael García
Torres
[…]
2.1.3. Por parte de los bancos asociados a Credibanco:
Los bancos asociados a Credibanco, cuando obren como adquirentes, se obligan a
dar cumplimiento a las siguientes estipulaciones, que además Credibanco incluirá
dentro de su respectivo reglamento interno, como obligación a cargo de los bancos
asociados:
a. Cada banco deberá determinar independientemente las comisiones a cargo de
los establecimientos de comercio por el servicio de adquirencia, teniendo en
cuenta factores objetivos como: el tipo de actividades que desarrolla el
establecimiento; los volúmenes de facturación; los riesgos inherentes a cada
negocio; los costos; el tipo de productos; la situación competitiva del respectivo
banco frente a los demás que presten el servicio de adquirencia; la política de
penetración al mercado de adquirencia; los estudios sobre los beneficios que le
ha reportado el establecimiento de comercio en los diversos negocios que ha
desarrollado con el mismo; las proyecciones de los beneficios que podría tener
el banco al vincular a un establecimiento de comercio a sus servicios bancarios
de cuenta corriente bancaria, de cuenta de ahorros, de emisión de certificados
de depósito a término, de negocios de cambio, de cartas de crédito, de negocios
internacionales, de crédito, de adquirencia de tarjeta de pago, y demás
servicios financieros.
b. Los bancos se obligan para con la Superintendencia de Industria y Comercio a
remitirle periódicamente, durante tres años, en forma trimestral, con carácter
confidencial, a partir del último día del mes en que el sistema atrás descrito
haya quedado establecido, un listado de criterios objetivos que haya utilizado
para la fijación de la comisión, su ponderación, así como las comisiones
vigentes, junto con los cambios que uno y otro hayan tenido en dichos períodos.
Esta información deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.
Dentro de los principios que inspiran dicho documento, queda claro que cada
banco podrá establecer y sustituir, cuando a bien tenga, los criterios utilizados
para la determinación de las comisiones de adquirencia en un momento dado,
por otros igualmente objetivos; establecer y modificar la ponderación
originalmente asignada a cada uno de los mismos; utilizar factores objetivos
diferentes de los enumerados de manera no taxativa o en el literal a. anterior;
utilizar solo alguno o algunos de los allí mencionados o uno o unos de ellos,
junto con otros diferentes, que el mismo banco considere más convenientes
para su actividad.
c. Mantener a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio un
archivo con los reglamentos internos sobre los factores objetivos establecidos
para determinar las comisiones de adquirencia, al igual que las modificaciones
que realice a los mismo. Este archivo se conservará durante tres años, contados
a partir de la fecha de aceptación de la presente oferta de garantías.
“[…] QUINTO: Que revisadas las modificaciones propuestas, este despacho
considera que los nuevos compromisos ofrecidos constituyen garantía
suficiente respecto a la suspensión o modificación de los comportamientos
que dieron origen a la investigación que concluyó con la Resolución 06817
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de 2005 pues, como los inicialmente aceptados, ellos garantizan que la
fijación de las comisiones cobradas a los establecimientos de comercio por
la prestación de los servicios de tarjetas de pago se efectuará en forma
independiente y objetiva y, además, en competencia con los demás
participantes del mercado, de manera que se pueda asegurar que el
mercado se verá liberado, en el presente y el futuro, de las circunstancias
que motivaron el inicio de dicha investigación […]93”.
• Resolución 34402 de 14 de diciembre de 2006 que modifican
la resolución 06816 de 2005, así:
“[…] CUARTO: Que según el escrito reseñado en el considerando segundo, los
compromisos ofrecidos por Redeban y sus bancos asociados, quedarían de la
siguiente manera:
“2.1. Los compromisos que se adquieren
2.1.1. Por parte de Redeban (La Red)
(ii) A partir de la fecha aquí referida (1 de abril de 2005), la red se abstendrá
de fijar comisión a cargo de los establecimientos de comercio.
(iii) Cada banco adquiriente acordará las comisiones a cargo de los
establecimientos de comercio
(iv) La Red fijara independientemente las tarifas interbancarias de
intercambio, de las cuales serán responsables los bancos
adquirientes frente a los bancos emisores.
(v) “El funcionamiento del nuevo sistema de pagos se explica claramente en
el siguiente cuadro (es el mismo cuadro ya transcrito en la res. 06816)
(vi) Las TII serán determinadas por la red para todos los productos y medios
de acceso, de acuerdo con los criterios subjetivos de costos y la
metodología para la cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.
Parágrafo. -el efecto, la red podrá adoptar la recomendación técnica
del Ministro Consejero de la Presidencia de la República y, en todo
caso, se compromete a no incluir en el cálculo de la TII los costos asumidos
por los tarjetahabientes u otro tercero y los de adquiriencia, la red verificará
esta circunstancia con base en la información que le remitan los bancos.
(vii) “Con la aplicación de este sistema los bancos adquirientes podrán
competir entre sí ante los diferentes establecimientos de comercio y cada
uno de ellos tendrá derecho a las comisiones que acuerden libremente
sobre cada una de las transacciones que adquiera. Estas comisiones
pueden ser mayores, menores o equivalentes a la tarifa interbancaria
intercambio que haya determinado la Red
Asi mismo "La Red se obliga para con la Superintendencia de Industria y
Comercio a remitirle periódicamente, en forma trimestral el primer año y
semestral los dos siguientes, con carácter confidencial, a partir de la fecha
en que el sistema atrás descrito haya quedado establecido, un listado de
los criterios objetivos que haya utilizado para la fijación de la Tasa
93
Folios 87 a 89 del cuaderno de anexos de primera instancia - rad 2010-00155
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Interbancaria de Intercambio, su ponderación, así como las tarifas
vigentes, junto con los cambios que unos y otros hayan tenido en dichos
periodos. Esta información deberá remitirse dentro del mes siquiente a la
terminación de cada periodo".
Como complemento de lo anterior, la Red se obliga a poner a disposición
de la Superintendencia de Industria y Comercio, tanto los criterios
objetivos de fijación de las tasas interbancarias, su ponderación, asi como
las tarifas fijadas y los cambios de unas y otras cuando la
Superintendencia lo solicite. La obligación de remisión de los criterios
objetivos no estará vigente mientras se apliquen las tarifas interbancarias
de intercambio provisionales a que se refiere el parágrafo siguiente.
Parágrafo 1.- A partir de la fecha de la aceptación de la presente
solicitud de modificación de garantías por parte de la SIC, y hasta
cuando se determine la nueva TII conforme al estudio que elabore
la Red de acuerdo con los criterios objetivos y la metodología
aprobados por la SIC, las TIl promedio para las transacciones
realizadas con tarjetas crédito y débito (Maestro), serán las que
se indican a continuación:
Crédito: 2.1% máximo promedio ponderado, en cada trimestre
calendario
Débito (Maestro): 1.205% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
Parágrafo 2.- Dentro de un término máximo de 8 meses, contados
a partir de la aceptación de la presente solicitud de modificación
de garantías, REDEBAN presentará a la SIC los criterios objetivos
y la metodología para la cuantificación de costos.
Parágrafo 3.- Adicionalmente, REDEBAN se compromete a presentar a la
SIC el estudio ajustado a los criterios y metodologia aprobados por la SIC,
en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fecha en que ésta
apruebe los criterios y la metodología.
Parágrafo 4.- Para distribuir el resultado del estimativo hecho con base en
los criterios objetivos que se allegarán a la Superintendencia, REDEBAN
determinará las tarifas interbancarias de intercambio de los
establecimientos de comercio, teniendo en cuenta todos, algunos o alguno
de los siguientes factores objetivos:
Tipos de producto, Categoria del establecimiento de comercio, tipos de
transacción, volumen de transacciones, volumen de facturación,
desempeño de la transacción promedio de las transacciones Mastercard o
Maestro en el respectivo establecimiento, promedio de la facturación
Mastercard o Maestro en el respectivo establecimiento, canal de la
transacción e incentivos de utilización de tarjetas en categorías especificas
de negocio.
Parágrafo 5.- Si los estudios recomiendan la adopción de un nuevo
modelo, REDEBAN podrá acoger dicha recomendación y presentará a la
SIC la correspondiente modificación de garantías, para su aprobación.
Parágrafo 6.- Si REDEBAN no presenta los estudios respectivos
dentro de los plazos previstos en los parágrafos 2 y 3 anteriores o
la SIC no aprueba los mismos, la Red se compromete a dar
cumplimiento a los compromisos aceptados en la resolución 06816
de 2005.
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Parágrato 7.- REDEBAN se obliga a establecer el sistema de TII provisional
previsto en el Parágrafo 1.- del numeral iv) anterior, dentro de los 5 dias
siguientes a la ejecutoria de la resolución que acepte la modificación de
garantias. En caso de que se incumpla cualquiera de los compromisos a
cargo de la red, la SIC podrá hacer etectiva la garantia otorgada".
2.1.3. Por parte de los bancos asociados a Redeban:
Los bancos asociados a Redeban, cuando obren como adquirentes, se obligan a
dar cumplimiento a las siguientes estipulaciones, que además Redeban incluirá
dentro de su respectivo reglamento interno, como obligación a cargo de los bancos
asociados:
a. Cada banco deberá determinar independientemente las comisiones a cargo de
los establecimientos de comercio por el servicio de adquirencia, teniendo en
cuenta factores objetivos como: el tipo de actividades que desarrolla el
establecimiento; los volúmenes de facturación; los riesgos inherentes a cada
negocio; los costos; el tipo de productos; la situación competitiva del respectivo
banco frente a los demás que presten el servicio de adquirencia; la política de
penetración al mercado de adquirencia; los estudios sobre los beneficios que le
ha reportado el establecimiento de comercio en los diversos negocios que ha
desarrollado con el mismo; las proyecciones de los beneficios que podría tener
el banco al vincular a un establecimiento de comercio a sus servicios bancarios
de cuenta corriente bancaria, de cuenta de ahorros, de emisión de certificados
de depósito a término, de negocios de cambio, de cartas de crédito, de negocios
internacionales, de crédito, de adquirencia de tarjeta de pago, y demás
servicios financieros.
b. Los bancos se obligan para con la Superintendencia de Industria y Comercio a
remitirle periódicamente, durante tres años, en forma trimestral, con carácter
confidencial, a partir del último día del mes en que el sistema atrás descrito
haya quedado establecido, un listado de criterios objetivos que haya utilizado
para la fijación de la comisión, su ponderación, así como las comisiones
vigentes, junto con los cambios que uno y otro hayan tenido en dichos períodos.
Esta información deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.
Dentro de los principios que inspiran dicho documento, queda claro que cada
banco podrá establecer y sustituir, cuando a bien tenga, los criterios utilizados
para la determinación de las comisiones de adquirencia en un momento dado,
por otros igualmente objetivos; establecer y modificar la ponderación
originalmente asignada a cada uno de los mismos; utilizar factores objetivos
diferentes de los enumerados de manera no taxativa o en el literal a. anterior;
utilizar solo alguno o algunos de los allí mencionados o uno o unos de ellos,
junto con otros diferentes, que el mismo banco considere más convenientes
para su actividad.
c. Mantener a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio un
archivo con los reglamentos internos sobre los factores objetivos establecidos
para determinar las comisiones de adquirencia, al igual que las modificaciones
que realice a los mismo. Este archivo se conservará durante tres años, contados
a partir de la fecha de aceptación de la presente oferta de garantías.
“[…] QUINTO: Que revisadas las modificaciones propuestas, este
despacho considera que los nuevos compromisos ofrecidos constituyen
garantía suficiente respecto a la suspensión o modificación de los
comportamientos que dieron origen a la investigación que concluyó con la
Resolución 06816 de 2005, pues como los inicialmente aceptados, ellos
garantizan que la fijación de las comisiones cobradas a los
establecimientos de comercio por la prestación de los servicios de tarjetas
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de pago, se efectuará en forma independiente y objetiva y, además, en
competencia con los demás participantes del mercado, de manera que se
pueda asegurar que el mercado se verá liberado, en el presente y el futuro,
de las circunstancias que motivaron el inicio de dicha investigación”94
De acuerdo con los apartes transcritos de las anteriores resoluciones se
procederá a estudiar el cargo de falsa motivación planteado en los escritos
de apelación frente a las resoluciones acusadas, por parte de las entidades
bancarias.
9.4.2.1.1 De la falsa motivación.
El citado vicio de nulidad en cuestión debe ser entendido desde tres
posibles enfoques diversos, a saber: la falsa motivación de hecho, la falsa
motivación en derecho y la indebida motivación, aspectos estos que
deben siempre ser analizados desde el contenido mismo del acto
censurado, es decir, atendiendo su alcance interno, lo que impone que el
análisis haga referencia a lo que expone el acto administrativo en la parte
motiva y en la resolutiva.
Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el
cuestionamiento acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como
fundamento para expedir la decisión que se cuestiona. Así, en caso de
encontrar demostrada su falsedad, el juez no tiene opción diferente que
acoger la pretensión de nulidad que se funda en dicho supuesto, si ellos
son determinantes para la decisión que el acto ha tomado.
Por su parte, un cargo de falsa motivación en derecho está orientado a
atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que
sustentan la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que
la normativa que invoca la administración no tiene el alcance que éste le
atribuye para definir la situación jurídica en el acto en cuestión, el
resultado del juicio de nulidad será su desaparición del orden jurídico,
como consecuencia de su ilegalidad.
94
Folios 84 a 85 del cuaderno de anexos de primera instancia - rad 2010-00155
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En este punto, la Sala recordará el concepto que ha desarrollado la
jurisprudencia de esta Corporación frente a la falsa motivación como
causal de nulidad de los actos administrativos:
“El citado vicio de nulidad en cuestión debe ser entendido desde tres (3)
enfoques distintos, a saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación
en derecho y la indebida motivación, aspectos estos que deben ser analizados
siempre desde el contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo
su alcance interno, lo que impone que el análisis haga referencia a lo que
expone el acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva.
Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el
cuestionamiento acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen
como fundamento para expedir la decisión que se cuestiona. Así, de
advertir que son falsos, el Juez no tiene opción diferente que acoger
la pretensión de nulidad que se funda en la mencionada
argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el
acto toma.
Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a
atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que sustentan
la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa
que invoca la Administración no tiene el alcance para definir la situación
jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad será la de
desaparecer del orden jurídico por ilegal.
Finalmente, la indebida motivación emerge del análisis del acto a partir de
cinco (5) tipos de inferencias lógicas que se excluyen entre sí, pues cada una
de ellas depende de la tesis y sus fundamentos (...).”95 (Énfasis de la Sala).
9.4.2.1.1.2. Caso concreto frente a los bancos: Para resolver el
cuestionamiento referente a la falsa motivación es necesario revisar
cuáles fueron los argumentos utilizados por la SIC para declarar
incumplidos a los bancos y hacer efectivas las pólizas en la resolución
46791 de 2009 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, así:
“De la lectura de las resoluciones 06816 y 06817 de 2005, se observa que las
garantías ofrecidas implicaban establecer un nuevo mecanismo para la fijación
de las comisiones a cargo de los establecimientos de comercio por las compras
realizadas con tarjetas de pago crédito y débito, cuyas características y
obligaciones a cargo de Credibanco, Redeban, sus representantes legales y de
sus bancos asociados, aunado a los esquemas de seguimiento y al otorgamiento
de las pólizas de cumplimiento correspondientes, fue considerado por el
Superintendente garantía suficiente de la eliminación de las conductas que
originaron la investigación.
95
Sentencia de 28 de abril de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Actor: Nicolás Arango Vélez. Demandado: Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Radicado núm. 47001 23 31 000 2012 00414 01.
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Dentro de las características comunes y fundamentales de los nuevos
mecanismos estaba que correspondía a las redes y no a sus bancos
asociados, el establecimiento de las tarifas interbancarias de
intercambio, aspecto este que no fue objeto de modificación en las
resoluciones 33813 y 34402 del 11 y 14 de diciembre de 2006.
Es importante tener en cuenta que la tarifa interbancaria de intercambio "Es la
comisión establecida a favor de los establecimientos de crédito emisores y a cargo
de los establecimientos de crédito adquirentes". De acuerdo con lo anterior, en
principio la definición de esta tarifa corresponde a la negociación libre e
independiente de cada banco emisor con cada banco adquirente. No obstante, en
el mecanismo ofrecido, dicha determinación se asignó a cada una de las redes.
Por lo tanto, a partir de la fecha de la aceptación de las garantías por parte de
esta Superintendencia (31 de marzo de 2005), los bancos se comprometieron
correlativamente a no establecer ellos directamente sus tarifas
interbancarias de intercambio. (…) Cabe mencionar que, con posterioridad al
ofrecimiento de garantías, en el Decreto 1400 de 2005, se atribuyó esta facultad
a las redes en su condición de entidades administradoras de los sistemas de pago
de bajo valor, como lo son Credibanco y Redeban
b) Esta Superintendencia comparte lo manifestado por algunos de los recurrentes
cuando afirman que el mecanismo propuesto en las garantías para el
establecimiento de las comisiones a los comercios comporta obligaciones a cargo
de las redes, de sus representantes legales y a cargo de sus bancos asociados,
compromisos que efectivamente son diferentes y no implican que haya
solidaridad.
(…)
En el presente caso, el establecimiento de las tarifas interbancarias de
intercambio por parte de las redes y no de los bancos, constituyó uno de los
compromisos cuya observancia obligaba tanto a las redes como a sus bancos
asociados. En el caso de los bancos la obligación no surge en virtud de
solidaridad alguna, sino de la obligación correlativa de abstenerse de
establecer tales tarifas al haber radicado dicha función en las redes.
En efecto, cuando los bancos convienen en que sean las redes las que establezcan
las tarifas se comprometen a que ellos no van a ejercer dicha facultad. En el
mismo sentido cuando los bancos se comprometen a establecer de manera
independiente las comisiones de adquiriencia con los comercios, las redes no
pueden continuar ejerciendo dicha función, toda vez que el cumplimiento de estas
funciones por las redes, en el primer caso, y por los bancos en el segundo,
constituye el elemento fundamental para el adecuado funcionamiento del
mecanismo para definición de las comisiones al comercio ofrecido en las garantías
y aceptado por esta Superintendencia.
Ahora bien, el incumplimiento de los compromisos de las redes, del representante
legal de Credibanco y en los bancos asociados a cada red, declarado en la
resolución recurrida, se fundamentó en actos propios de cada uno de ellos, en
virtud de los cuales, en claro desconocimiento de los compromisos
asumidos, los bancos asumieron en sustitución de las redes, la función
de establecer las tarifas interbancarias de intercambio. Por lo tanto, no
es cierto que los bancos hayan cumplido sus compromisos y que el
incumplimiento declarado corresponda actos o incumplimiento
exclusivamente de las redes.
En efecto, está acreditado en el expediente que desde el mes de junio del año de
2006, por actos y decisiones de los bancos asociados a Credibanco y Redeban (y
no solo de las redes) éstos asumieron la determinación de las tarifas
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interbancarias de intercambio, a través de los comités de TII's, decisión que fue
informada por los bancos a esta Superintendencia a través de la Asobancaria en
comunicación del 6 de agosto del 2007.
En el mismo sentido, Credibanco en comunicaciones del 13 y 21 de agosto, 26
de septiembre y 10 de octubre de 2007, informó que por decisión de su Asamblea
General en reunión extraordinaria celebrada el 19 de junio de 2007 convocada
por el representante legal de Credibanco, había cesado en el ejercicio de esta
función, reunión en la cual se decidió modificar el literal d) del artículo 24 de los
estatutos de la Asociación, en el sentido de eliminar de las facultades de su Junta
Directiva, la determinación de las tarifas interbancarias de intercambio.
Como prueba de lo anterior en dichas comunicaciones, se remitieron además de
la copia del acta de asamblea mencionada y de la escritura pública
correspondiente, múltiples documentos que acreditan esta situación, dentro de
los cuales se pueden citar, la carta de la Asobancaria de fecha 7 de junio de 2007,
en la cual se comunicó a Credibanco que: los establecimientos de crédito
asociados a Credibanco consideraron conveniente definir directamente
la TII, sin intervención de la Red", así como copia del documento suscrito por
los bancos asociados en el que se formalizó dicha decisión.
En relación con Redeban, el 14 de agosto de 2007, dicha red manifestó a este
Despacho que: en desarrollo de lo dispuesto por los bancos accionistas de
REDEBAN MULTICOLOR S.A., asociados en la Asociación Bancaria y comunicada
usted en la carta fechada 06-08-07, radicada bajo el número 45757 (sic) cuando
"consideraron conveniente reasumir la función de cálculo de dicha tarifa
(se refieren a la TII) la cual había sido delegada en las redes” REDEBAN
ha cesado en la función de establecer la TII así como la distribución
sectorial de ella".
Como puede observarse de la evidencia citada, los bancos al haber asumido, de
manera consciente y voluntaria, la función de establecer las tarifas interbancaria
de intercambio, incumplieron sus compromisos. Es importante señalar que tal
incumplimiento correspondió a hechos deliberados de los bancos, por lo tanto, no
pueden ahora pretender eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.” 96
Ahora bien, y teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a verificar
cuales fueron los compromisos adquiridos por los bancos y si
efectivamente eran ellos los responsables de fijar las tarifas
interbancarias de intercambio, para lo cual procederemos a transcribir lo
establecido en las resoluciones 34402 y 33813 de 2006, así:
Resolución nro. 34402 y 33813 de 200997
96
Página 85 a 87 de la resolución 46791 de 2009
97
Folios 84 a 90 del cuaderno de anexos del expediente 2012-00155
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109
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00132-01
Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
Los bancos asociados a Redeban, cuando obren como adquirentes, se obligan a dar cumplimiento a las siguientes estipulaciones,
que además Redeban incluirá dentro de su respectivo reglamento interno, como obligación a cargo de los bancos asociados:
a. Cada banco deberá determinar independientemente las comisiones a cargo de los establecimientos de comercio por el servicio
de adquirencia, teniendo en cuenta factores objetivos como: el tipo de actividades que desarrolla el establecimiento; los
volúmenes de facturación; los riesgos inherentes a cada negocio; los costos; el tipo de productos; la situación competitiva del
respectivo banco frente a los demás que presten el servicio de adquirencia; la política de penetración al mercado de adquirencia;
los estudios sobre los beneficios que le ha reportado el establecimiento de comercio en los diversos negocios que ha desarrollado
con el mismo; las proyecciones de los beneficios que podría tener el banco al vincular a un establecimiento de comercio a sus
servicios bancarios de cuenta corriente bancaria, de cuenta de ahorros, de emisión de certificados de depósito a término, de
negocios de cambio, de cartas de crédito, de negocios internacionales, de crédito, de adquirencia de tarjeta de pago, y demás
servicios financieros.
Bancos
Asociados b. Los bancos se obligan para con la Superintendencia de Industria y Comercio a remitirle periódicamente, durante tres años, en
– Redeban forma trimestral, con carácter confidencial, a partir del último día del mes en que el sistema atrás descrito haya quedado
y establecido, un listado de criterios objetivos que haya utilizado para la fijación de la comisión, su ponderación, así como las
Credibanco comisiones vigentes, junto con los cambios que uno y otro hayan tenido en dichos períodos. Esta información deberá remitirse
dentro del mes siguiente a la terminación de cada período.
Dentro de los principios que inspiran dicho documento, queda claro que cada banco podrá establecer y sustituir, cuando a bien
tenga, los criterios utilizados para la determinación de las comisiones de adquirencia en un momento dado, por otros igualmente
objetivos; establecer y modificar la ponderación originalmente asignada a cada uno de los mismos; utilizar factores objetivos
diferentes de los enumerados de manera no taxativa o en el literal a. anterior; utilizar solo alguno o algunos de los allí
mencionados o uno o unos de ellos, junto con otros diferentes, que el mismo banco considere más convenientes para su actividad.
c. Mantener a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio un archivo con los reglamentos internos sobre los
factores objetivos establecidos para determinar las comisiones de adquirencia, al igual que las modificaciones que realice a los
mismo. Este archivo se conservará durante tres años, contados a partir de la fecha de aceptación de la presente oferta de
garantías.
De la lectura de estos compromisos adquiridos por los bancos queda claro
que entre ellos no se encontraba la responsabilidad de la fijación de las
tarifas interbancarias.
Por lo tanto, la Sala procedió a revisar detalladamente las obligaciones
adquiridas por las redes y que fueron consignadas de manera expresa en
las resoluciones 34402 y 33813 de 2006, así:
Responsable de cumplimiento Resolución nro. 3440298
“2.1. Los compromisos que se adquieren
2.1.1. Por parte de Redeban (La Red)
(i) A partir de la fecha aquí referida (1 de abril de
2005), la red se abstendrá de fijar comisión a cargo de
los establecimientos de comercio.
REDEBAN
(ii) Cada banco adquiriente acordará las comisiones a
cargo de los establecimientos de comercio
(iii) La Red fijará independientemente las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales
serán responsables los bancos adquirientes
frente a los bancos emisores.
Responsable de cumplimiento Resolución nro. 3381399
“2.1. Los compromisos que se adquieren
CREDIBANCO 2.1.1. Por parte de Credibanco (La Red)
“El nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones
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Folios 84 a 90 del cuaderno de anexos del expediente 2012-00155
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Folios 84 a 90 del cuaderno de anexos del expediente 2012-00155
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a cargos de los establecimientos de comercio consistirá
en:
“(i) A partir de la fecha aquí referida (1º abril 2005), la
Red se abstendrá de fijar la comisión a cargo de los
establecimientos de comercio.
"ii) Cada Banco adquirente acordará las comisiones a
cargo de los establecimientos de comercio.
"iii) La Red fijará independientemente las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales
serán responsables los bancos adquirentes
frente a los bancos emisores.
De ello queda claro que la responsabilidad de la fijación de las tarifas
interbancarias correspondía exclusivamente a las redes y no a los bancos.
En ese orden, la Sala advierte que las obligaciones adquiridas por los
bancos y las adquiridas por las redes son totalmente diferentes y por ende
el incumplimiento de dichos compromisos se debía evaluar y determinar
de manera independiente.
No obstante, la Sala advierte que la SIC, a pesar de reconocer que dicha
obligación no era responsabilidad de los bancos, dentro de las
resoluciones acusadas señaló que el incumplimiento de los bancos se
debió a que, “en claro desconocimiento de los compromisos
asumidos, los bancos asumieron en sustitución de las redes, la
función de establecer las tarifas interbancarias de intercambio.
Por lo tanto, no es cierto que los bancos hayan cumplido sus compromisos
y que el incumplimiento declarado corresponda actos o incumplimiento
exclusivamente de las redes”100.
Y, de otra parte, en la sentencia de primera instancia se señaló por parte
del tribunal que “lo que cuestionó la SIC en los actos acusados fue
precisamente la decisión de los bancos de fijar las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales dependen las comisiones
a su cargo, pese a que los compromisos vigentes radicaron dicha
obligación específicamente en las dos redes bancarias.” Y, en
100
ibidem
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suma, agregó que “insiste la Sala en que el incumplimiento advertido por
la Superintendencia de Industria y Comercio, desde el mismo
requerimiento, no radicaba en la omisión de las redes sino en la
decisión de los bancos de asumir directamente su adopción,
cuando dicha función le correspondía a Credibanco y a Redeban.”
En ese orden, la Sala observa que la SIC en las resoluciones acusadas
señaló que, a pesar de encontrar acreditado que el compromiso de fijar
las tarifas interbancarias había sido adquirido voluntariamente por
Credibanco y Redeban, consideró que a los bancos se les podía declarar
incumplidos por haber asumido dicha función que no le correspondía,
argumento que fue acogido por el tribunal en primera instancia.
Por lo anterior, la Sala procederá a estudiar si es posible declarar el
incumplimiento y hacer efectivas las pólizas de cumplimiento de
disposiciones legales en contra de los bancos, por haber asumido de
manera voluntaria la fijación de las tarifas interbancarias de intercambio
TII, a pesar de que este compromiso era de exclusividad de las redes,
teniendo en cuenta los siguientes hechos relevantes:
• Este compromiso no se encontraba establecido de manera expresa
para los bancos en las resoluciones 34402 y 33813 de 2006,
mediante las cuales se modificaron las resoluciones de 2005.
• Los bancos y las redes, de manera autónoma, decidieron que fueran
los primeros los encargados de fijar la tarifa interbancaria de
intercambio TII y le informaron a la SIC dicha determinación.
Acorde con lo anterior, es indispensable analizar los términos en los cuales
los bancos de manera autónoma asumieron la función de fijar las
TII con el objetivo de poder determinar si este hecho podría considerase
como un incumplimiento de los compromisos adquiridos, de la siguiente
manera:
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• Argumentos específicos de la SIC en las resoluciones
acusadas
Señala la SIC en la resolución 46791 de 2009, mediante la cual se resolvió
el recurso de reposición, que “está acreditado en el expediente que, desde
el mes de junio del año de 2006, por actos y decisiones de los bancos
asociados a Credibanco y Redeban (y no solo de las redes) éstos
asumieron la determinación de las tarifas interbancarias de intercambio,
a través de los comités de TII's, decisión que fue informada por los bancos
a esta Superintendencia a través de la Asobancaria en comunicación del
6 de agosto del 2007.”101
Igualmente señaló la SIC que “Credibanco en comunicaciones del 13 y 21
de agosto, 26 de septiembre y 10 de octubre de 2007, informó que por
decisión de su Asamblea General en reunión extraordinaria celebrada el
19 de junio de 2007 convocada por el representante legal de Credibanco,
había cesado en el ejercicio de esta función, reunión en la cual se decidió
modificar el literal d) del artículo 24 de los estatutos de la Asociación, en
el sentido de eliminar de las facultades de su Junta Directiva, la
determinación de las tarifas interbancarias de intercambio.”102
Y frente a Redeban, explicó que “el 14 de agosto de 2007, dicha red
manifestó a este despacho que: en atención de lo dispuesto por los bancos
accionistas de REDEBAN MULTICOLOR S.A., asociados en la Asociación
Bancaria y comunicada usted en la carta fechada 06-08-07, radicada bajo
el número 45757 (sic) cuando "consideraron conveniente reasumir la
función de cálculo de dicha tarifa (se refieren a la TII) la cual había sido
delegada en las redes” REDEBAN ha cesado en la función de establecer la
TII así como la distribución sectorial de ella”103
101
Página 87 de la resolución 46791 de 2009
102
Ibidem
103
Ibidem
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• Términos en que los bancos asumieron la fijación de las TII
En ese orden, la Sala procedió a verificar el material probatorio referente
a la función asumida por los bancos en cuanto a la fijación de las tarifas
interbancarias de intercambio, evidenciando lo siguiente:
• Asobancaria, en comunicación del 6 de agosto del 2007, informó a
la SIC que:
“por lo tanto, transcurridos más de dos años desde el inicio del proceso de
introducción del concepto de TII al sistema y con la experiencia adquirida a partir
de entonces, los bancos consideraron conveniente reasumir la función de
cálculo de esa tarifa, la cual había sido delegada en las redes. De ahí que
suscribieran sendos documentos, radicados ante la Superintendencia
Financiera, en los que se formaliza dicha decisión, al tiempo que se aclara
que se mantiene el nivel de la tarifa promedio según el esquema convalidado
previamente por la SIC104 (…)”
• Redeban, en comunicación del 14 de agosto del 2007, informó a la
SIC que:
“en atención a lo dispuesto en su resolución 34402 del 14 de diciembre de 2006,
y estando dentro del plazo otorgado en el parágrafo 2°, del numeral 2.1.2 del
considerando cuarto merced a la notificación fechada 18 de diciembre de 2006,
atentamente me permito comunicar a usted que en desarrollo de lo dispuesto por
los bancos accionistas de REDEBAN MULTICOLOR S.A., asociados en la Asociación
Bancaria, y comunicado usted en carta fechada 06/08/07 radicada bajo el número
45757, cuando ‘consideraron conveniente reasumir la función de cálculo de esa
tarifa (se refieren a la TII) la cual había sido delegada a la redes’, REDEBAN ha
cesado en la función de establecer la TII, así como en la distribución sectorial de
ella.105 (…)”
De lo anterior se advierte con claridad que los bancos asumieron de
manera voluntaria y autónoma la fijación de las TII, a pesar de conocer
que dicha responsabilidad ante la SIC era única y exclusiva de las redes.
En ese orden, se debe tener presente que el incumplimiento endilgado a
los bancos en los actos acusados es precisamente que hayan fijado la
tarifa interbancaria cuando el compromiso ofrecido y aceptado por la
104
Folio 1060 del expediente principal de primera instancia rad 2010-00132.
105
Folio 1124 del expediente principal de primera instancia rad 2010-00132.
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demandada en las resoluciones de 2005, junto con las modificaciones
introducidas con las resoluciones de 2006, era que la fijación de las TII
era de responsabilidad de las redes. Por lo tanto, el reproche realizado
por la SIC en los actos acusados frente a los bancos es que hubiera
procedido a fijar dichas tarifas, no obstante que no podía hacerlo,
por cuanto, como se dijo, era de responsabilidad exclusiva de las
redes.
Por lo anterior, la Sala advierte claramente que las resoluciones acusadas
no incurrieron en una falsa motivación, en atención a que, luego de
realizado el juicio de certeza, se encuentra probado que son ciertos los
hechos que se esgrimen como fundamento para expedir la decisión que
se cuestiona, puesto que, se reitera, los bancos asumieron la fijación de
las tarifas interbancarias, incumpliendo lo establecido en las resoluciones
34402 y 33813 de 2006.
Bajo los anteriores argumentos el cargo estudiado no tiene la vocación de
prosperidad.
9.4.2.1.2. En segundo lugar, los apelantes consideraron que la
competencia para realizar la verificación y la declaratoria del presunto
incumplimiento de los compromisos adquiridos por las redes y los bancos
le correspondía a la Superintendencia Financiera y por lo tanto era esta
entidad la encargada de realizar dicha verificación y no la SIC.
Bajo el anterior contexto la Sala deberá determinar si son nulos, por falta
de competencia, los actos administrativos dictados por la SIC que
declararon el incumplimiento de unos compromisos adquiridos
voluntariamente ante dicha entidad por la Redes y los Bancos, si estas
son entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Teniendo en cuenta lo anterior se observa que, en la sentencia de primera
instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recordó que la Sala
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de Consulta y Servicio Civil, en decisión de 5 de marzo de 2008, 106 declaró
competente a la SIC para exigir el cumplimiento de todos los compromisos
adquiridos y aceptados por las redes y los bancos demandantes. En esa
medida, entonces, consideró que la SIC tenía la competencia para vigilar
el cumplimiento de esos compromisos.
De tal suerte que, para poder resolver lo planteado por los apelantes, es
importante revisar con detalle lo señalado en la decisión del 5 de marzo
de 2008, expediente nro. 11001-03-06-000-2008-00007-00, de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró competente a la SIC para realizar las siguientes actuaciones:
“(…) exigir el cumplimiento de todos los compromisos aceptados por
Redeban Multicolor S.A., su representante legal y sus bancos asociados,
mencionados en la Resolución No. 6816 del 31 de marzo de 2005, modificada por
la Resolución 34402 del 14 de diciembre de 2006, ambas expedidas por dicha
Superintendencia, y los aceptados por la Asociación Gremial de
Instituciones Financieras Credibanco, su representante legal y sus bancos
asociados, señalados en la Resolución 6817 del 31 de marzo de 2005, modificada
por la Resolución 33813 del 11 de diciembre de 2006, ambas expedidas por la
nombrada Superintendencia (…)”. (Subrayás y negrillas de la Sala)
Así mismo es procedente resaltar que, dentro de las consideraciones que
tuvo la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se señaló
lo siguiente:
“(…) los bancos asociados a las redes se encuentran obligados por causa
de las resoluciones aludidas, no por ser sujetos sometidos a la vigilancia
y control de la SIC en materia financiera sino porque se comprometieron
jurídicamente al coadyuvar los ofrecimientos de las redes y sus representantes
legales para que la SIC clausurara la investigación. (…) No es que la SIC esté
invadiendo la esfera de competencia de la SFC en cuanto concierne a los
bancos, sino que éstos se obligaron válidamente ante la SIC, y en tal
virtud, por dicha causa, deben cumplir sus compromisos (…)”. (Subrayás y
negrillas de la Sala)
En ese orden, frente a la competencia de la SIC para la verificación de los
compromisos adquiridos en las resoluciones 06816 y 06817 de 2005,
106
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Consejero ponente: GUSTAVO APONTE
SANTOS Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil ocho (2008) Radicación numero: 11001-03-06-000-2008-
00007-00(C) Actor: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
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modificadas por las resoluciones 33813 y 34402 de 2006, la Sala de
Consulta señaló que:
“b.1. Competencia en razón de los actos administrativos. En primer lugar,
la SIC tiene competencia para exigir el cumplimiento de las resoluciones 06816
y 06817 de 2005, modificadas por las resoluciones 33813 y 34402 de 2006, en
cuanto se refieren a las redes Credibanco y Redeban, sus representantes legales
y a los bancos asociados a éstas, ya que tales actos tienen poder jurídico
vinculante sobre todas estas personas. En efecto, estas decisiones
administrativas —tal como se examinó en capitulo anterior de esta providencia—
cobijan a las redes, a sus representantes legales y a los bancos asociados a ellas,
entre éstos Bancolombia S.A., quienes coadyuvaron en los compromisos
aceptados por la SIC en tales actos y asumieron voluntariamente unas
obligaciones.
De las resoluciones 06816 y 06817 de 2005, modificadas por las resoluciones
33813 y 34402 de 2006, según se examinó por la Sala previamente, surgieron
unos compromisos para Bancolombia S.A. como uno de los bancos asociados a
las redes investigadas por la SIC, que se concretaron fundamentalmente en (i)
determinar las comisiones a cargo de los diferentes establecimientos de comercio
por el servicio de adquirencia, teniendo en cuenta factores objetivos como los
señalados en tales actos, y en (ii) remitir periódicamente a la SIC y mantener a
disposición de esta entidad una información relativa a ese compromiso(…)
En ese orden, independientemente que los bancos estén sometidos a la vigilancia
de la SFC, lo cierto es que en su condición de asociados a Credibanco y Redeban
y de participantes de los sistemas de pagos administrados por dichas redes,
asumieron voluntariamente obligaciones ante la SIC y coadyuvaron las garantías
ofrecidas por estas entidades, y ello faculta a esta entidad estatal para verificar
el cumplimiento de los compromisos asumidos por los establecimientos
bancarios.
(…)
b.2. Competencia en razón de la fuente legal. En segundo lugar, ya no desde
el punto de vista de las obligaciones asumidas por Bancolombia S.A. en las
resoluciones que aceptaron el ofrecimiento de las garantías, sino en el marco de
las funciones que la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce de manera
ordinaria respecto de los sujetos sometidos a su inspección y vigilancia —como
sería la de verificación del cumplimiento de los compromisos que las redes
Credibanco y Redeban asumieron como condición para la clausura de una
investigación adelantada en su contra por violación a las normas sobre protección
de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, función esta que hace
parte de la de velar por la observancia de las disposiciones sobre esas materias
esta entidad pública es competente para requerir de cualquier persona natural
o jurídica, como el banco demandante, la información que estime necesaria para
el debido cumplimiento de sus tareas. Esa información puede ser requerida, se
insiste, a cualquier persona, sin que sea condición necesaria que tenga la calidad
de sujeto investigado por la SIC.
Recuérdese en este punto que, por autorización constitucional, para efectos de la
inspección, vigilancia e intervención del Estado las autoridades públicas podrán
exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en
los términos que señale la ley (C.P. art. 15). Esa documentación debe remitirse
a la entidad que lo requiera así tenga carácter reservado, pues este no es oponible
frente a las autoridades que la soliciten para el debido ejercicio de sus funciones,
quienes, en todo caso, tienen el deber de asegurar la reserva de los documentos
que lleguen a conocer, tal como lo prevé el artículo 20 de la Ley 57 de 1985.
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La SIC, para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas las de inspección y
vigilancia, se encuentra facultada por el Decreto 2153 de 1992 para: “Solicitar a
las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y
papeles de comercio que, se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones”
(art. 2º, num. 10).”.
Como se puede observar, la competencia de la SIC en el presente caso
se deriva de la manifestación voluntaria de las entidades demandantes
frente a las obligaciones que se comprometieron a realizar y es por esta
razón que la SIC asume la competencia para exigir el cumplimiento de los
compromisos de que tratan las resoluciones 6816 y 6817 de 2005,
modificadas por las resoluciones 34402 y 33813 de 2006; de tal
suerte que es en desarrollo de esta labor de verificación que se expiden
las resoluciones aquí demandadas mediante las cuales se declaró el
incumplimiento de esos compromisos.
Por todo lo anterior es evidente para la Sala que la SIC es la autoridad
competente para realizar la verificación del cumplimiento de los
compromisos adquiridos voluntariamente por las redes y los bancos,
razón por la cual, frente a este cargo, se confirmará lo decidido en
primera instancia.
9.4.2.1.3. El tercer cargo que plantearon los apelantes consistía en
señalar que la SIC no contaba con la facultad para hacer efectivas las
pólizas por cuanto esa determinación era claramente una sanción y la
potestad sancionatoria de la SIC se encontraba caducada.
Por lo anterior la Sala procederá a determinar si son nulos los actos
administrativos dictados por la SIC que hicieron efectivas las pólizas de
cumplimiento que garantizaban unos compromisos adquiridos
voluntariamente por las Redes y los Bancos, si el demandante aduce que
la potestad sancionatoria se encontraba caducada.
En este punto es importante precisar que la Sala no comparte los
argumentos planteados por los apelantes que señalan que la SIC ejerció
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facultades sancionatorias caducadas al hacer efectivas las pólizas de
garantías, en atención a que los actos administrativos expedidos por la
SIC y que aquí están siendo controvertidos no corresponden a un proceso
de carácter sancionatorio, sino que, como se ha explicado supra,
corresponde a las garantías otorgadas por las Redes y los Bancos
para el cumplimiento de sus ofrecimientos voluntarios, situación
que tiene un carácter de previsión y amparo de los riesgos que
pueden afectar los intereses del estado y de la comunidad en lo
que respecta a la libre competencia en el mercado.
Para reafirmar lo anterior es procedente resaltar que las resoluciones
mediante las cuales se aceptaron los compromisos de las redes y los
bancos eran muy claras al precisar las obligaciones que se garantizaban,
así:
• Resolución 06816 de 2005:
“ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar como garantía de suspensión de la conducta
investigada los compromisos descritos en la parte considerativa de la presente
resolución, así como el esquema de seguimiento y la póliza de cumplimiento
ofrecida
En consecuencia, la sociedad REDEBAN MULTICOLOR S.A., deberá constituir en
una compañía de seguros legalmente autorizada para tal efecto y a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio, una póliza que garantiza el
cumplimiento de los compromisos de que trata la presente resolución, con los
amparos especificados en el punto 2.2 del presente Acto, y con vigencia de un
(1) año, prorrogable hasta por dos años más, a discreción de la entidad. la póliza
respectiva deberá enviarse a la División para la Promoción de la Competencia,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria esta resolución.”.
• Resolución 06817 de 2005
“ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar como garantía de suspensión de la conducta
investigada los compromisos descritos en la parte considerativa de la presente
resolución, así como el esquema de seguimiento y la póliza de cumplimiento
ofrecida
En consecuencia, la ASOCIACIÒN DE BANCOS QUE PRESTAN EL SERVICIO,
CREDIBANCO, CREDIBANCO, deberá constituir en una compañía de seguros
legalmente autorizada para tal efecto y a favor de la Superintendencia de
Industria y Comercio, una póliza que garantiza el cumplimiento de los
compromisos de que trata la presente resolución, con los amparos especificados
en el punto 2.2 del presente Acto, y con vigencia de un (1) año, prorrogable hasta
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por dos años más, a discreción de la entidad. la póliza respectiva deberá enviarse
a la División para la Promoción de la Competencia, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la ejecutoria esta resolución.”.
• Resolución 34402 del 14 de diciembre de 2006
“ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de modificación de los compromisos
consignados en la resolución 06816 del 31 de marzo de 2005, en los términos
descritos y por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
En consecuencia, REDEBAN MULTICOLOR S.A., y sus bancos asociados, deberán
modificar la póliza de seguro a que hacen referencia la parte motiva del presente
acto administrativo, la cual deberá enviarse a la División para la Promoción de la
Competencia de esta superintendencia dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la ejecutoria esta resolución.”
• Resolución 33813 del 11 de diciembre de 2006
“ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de modificación de los compromisos
consignados en la resolución 06817 del 31 de marzo de 2005, en los términos
descritos y por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
En consecuencia, la Asociación Gremial de Instituciones Financieras
Credibanco,(…) y los establecimientos asociados a esta red, deberán modificar la
póliza de seguro a que hacen referencia la parte motiva del presente acto
administrativo, la cual deberá enviarse a la División para la Promoción de la
Competencia de esta superintendencia dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la ejecutoria esta resolución.”
De lo anterior, se concluye entonces que las obligaciones adquiridas por
las Redes y los Bancos se realizaron con el fin de que se clausurara la
investigación adelantada por las prácticas restrictivas de la competencia
iniciada por la SIC y así mismo se ofrecieron por parte de las demandantes
como garantía las pólizas expedidas de “cumplimiento de disposiciones
legales”, y en ese sentido, la SIC podía hacer efectiva las mismas al
encontrar acreditado el incumplimiento de los compromisos adquiridos, lo
cual no configura de manera alguna el ejercicio de una facultad
sancionatoria y en consecuencia no es aplicable el artículo 38 del CCA.
En conclusión, la SIC, con la expedición de los actos acusados, no ejerció
una potestad sancionatoria; y en ese sentido no podía existir caducidad
en su actuar, puesto que únicamente hizo efectiva unas garantías
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provenientes de unos actos administrativos que aceptaron los
compromisos de las Redes y los Bancos con el fin de suspender las
prácticas restrictivas de la competencia.
Con base en lo anterior la Sala procederá a confirmar lo decidido en
primera instancia en lo relacionado con este punto.
9.4.2.1.4. El cuarto cargo que plantearon los apelantes consistía en
señalar que los actos administrativos mediante los cuales se aceptaron
los compromisos y se constituyeron unas pólizas de cumplimiento
configuraban un verdadero contrato bilateral y por ende la SIC no podía
declarar el incumplimiento de éstos y hacer efectivas las pólizas, puesto
que esa facultad era competencia exclusiva de un juez de la República.
Por lo anterior la Sala procederá a determinar si son nulos, por falta de
competencia, los actos administrativos dictados por la SIC que declararon
el incumplimiento e hicieron efectivas las pólizas que garantizaban unos
compromisos adquiridos voluntariamente por las Redes y los Bancos, por
cuanto estos compromisos se derivaban de un contrato (acuerdo de
voluntades).
En primer lugar, es importante señalar que los compromisos adquiridos
por las Redes y los Bancos y que fueron fuente de los actos acusados no
fueron consecuencia de un negocio jurídico fruto del consentimiento de
las partes, sino que emerge de un acto administrativo mediante el
cual se clausuró una investigación por prácticas restrictivas de la
competencia, como consecuencia de que la SIC hubiese aceptado
los compromisos y las pólizas de garantía de cumplimiento de
disposiciones legales ofrecidos de manera voluntaria por los
investigados.
De otra parte, y frente a las pólizas otorgadas por los investigados, se
puede advertir claramente que estas fueron emitidas con la finalidad de
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garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante actos
administrativos, en virtud de la ley, específicamente por la facultad
contenida en el inciso 4 del ya reseñado artículo 52 del Decreto Ley 2153
de 1992.
En ese orden, esta Sección107 se ha pronunciado sobre la cobertura de
este tipo de seguros de cumplimiento, así:
“[…] los seguros de cumplimiento de disposiciones legales tienen como objeto el
de amparar el riesgo de incumplimiento de las obligaciones emanadas de las
disposiciones legales el Seguro de Cumplimiento (leyes, decretos, resoluciones,
reglamentos), ocurridos durante la vigencia del seguro, imputables a la persona
obligada. En otras palabras, en este tipo de productos a diferencia de lo que
ocurre con las pólizas de cumplimiento que respaldan contratos, la fuente de la
obligación caucionada no es un negocio jurídico fruto del consentimiento
de las partes, sino que emerge de un acto de autoridad contenido en una
ley o acto administrativo […]. De conformidad con lo anterior, es claro que el
riesgo asegurado en este tipo de seguros recae sobre el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones impuestas por la ley o el reglamento, las cuales, en
el caso en concreto, corresponden a los actos que HOLCIM ofreció como garantía
de no comisión de prácticas restrictivas de la competencia. En cuanto a los
perjuicios a indemnizar, […] los mismos corresponden a las afectaciones que se
generarían por el eventual incumplimiento de las obligaciones garantizadas, por
lo cual el monto de los mismos debe ser definido con base en dicho concepto,
esto es cuál sería la consecuencia para el particular si llegase a inobservar la ley
o el reglamento. En el sub examine, el monto de la indemnización por
incumplimiento de las garantías aceptadas para la terminación de un
proceso por prácticas restrictivas a la competencia, se encuentra
relacionado con el concepto de “garantía suficiente” al que refiere el
inciso 4 del artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, razón por la cual la SIC
determinó que la misma ascendería al valor máximo de la posible sanción
a imponer en el caso de que el proceso hubiese culminado con decisión
adversa a la empresa sujeta al mismo, lo que se constituye en la tasación
anticipada de perjuicios. Así las cosas, es claro que la SIC cumplió con la carga
correspondiente a la fijación del monto del perjuicio, pues como se concluyó
previamente, en los seguros de cumplimiento de disposiciones legales o
reglamentarias dicho valor se fija con base en las posibles consecuencias de la
transgresión de las mismas, tal como se realizó en el caso objeto de estudio […]”.
De este modo, el riesgo asegurado en este tipo de seguros recae sobre el
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones impuestas por la ley o el
reglamento, las cuales corresponden a los actos que la parte demandada
ofreció como garantía de no comisión de prácticas restrictivas de la
competencia, y los perjuicios a indemnizar corresponde a las afectaciones
107
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de octubre
de 2017; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 25000232400020070011201
[…]”.
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que se generarían por el eventual incumplimiento de las obligaciones
garantizadas, por lo cual el monto es definido como si llegase a inobservar
la ley o el reglamento.
De acuerdo con lo anterior, no les asiste razón a los apelantes en señalar
que las resoluciones de 2005 y 2006, en las cuales se aceptaron unos
compromisos y unas garantías con el objetivo de clausurar una
investigación por prácticas restrictivas de la competencia, eran un
verdadero contrato bilateral, y que en esa medida la declaratoria del
incumplimiento era competencia de un juez de la república, puesto que,
como quedo visto, en el presente caso nos encontramos frente una
actuación administrativa regulada en el Decreto Ley 2153 de 1992; y que,
frente a la verificación de su cumplimiento, la entidad competente era la
SIC, de conformidad con lo expuesto por la Sala de Consulta Civil del
Consejo de Estado.
Por lo tanto, se confirmará lo decidido por el tribunal en la sentencia de
primera instancia frente a este punto.
9.4.2.1.5. El quinto cargo que plantearon los apelantes consistía en
señalar que la SIC no podía hacer efectivas al 100% las pólizas puesto
que debían ser proporcionales frente a las conductas que se pudieran
evidenciar y probar en relación a cada red y bancos.
Por lo anterior la Sala procederá a determinar si son nulos los actos
administrativos expedidos por la SIC por haber hecho efectivas las pólizas
de cumplimientos de disposiciones legales al 100% que garantizaban
unos compromisos adquiridos voluntariamente por las Redes y los
Bancos.
Para resolver el anterior cuestionamiento es importante señalar que, para
la Sala, el monto de la indemnización por incumplimiento de las garantías
aceptadas para la terminación de un proceso por prácticas restrictivas a
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la competencia se encuentra relacionado con el concepto de “[…] garantía
suficiente […]” al que refiere el inciso 4 del artículo 52 del Decreto núm.
2153 de 1992 y, por lo tanto, la suma a hacer efectiva de la póliza
asciende al valor máximo de la garantía ofrecida en el caso de que el
proceso hubiese culminado con decisión adversa a los investigados.
Así las cosas, en el asunto sub examine es claro que la parte demandada
únicamente afectó las pólizas de conformidad con las garantías que
voluntariamente ofrecieron los investigados en las resoluciones de 2005
y 2006.
Ahora bien, frente a la proporcionalidad de la afectación de las pólizas, la
Sala advierte que la SIC encontró incumplidos a las redes y a los bancos,
y en esa medida le era procedente afectar la póliza otorgada por cada uno
de los investigados, como en efecto lo hizo.
Tampoco encuentra la Sala que la afectación de las pólizas de la garantía
se constituya en una fuente de enriquecimiento de la parte demandada o
del propio Estado, dado que esta correspondió al valor fijado por los
mismos investigados al momento de presentar los compromisos y
garantías con el fin de que se clausurara la investigación por prácticas
restrictivas de la competencia iniciada por la SIC.
Por lo tanto, se confirmará lo decidido por el tribunal en la sentencia de
primera instancia frente a este punto.
9.4.2.1.6. El sexto cargo que plantearon los apelantes consistía en
señalar que la SIC no tenía competencia para expedir las resoluciones
acusadas aduciendo, en su consideración, que había existido un
agotamiento de la vía gubernativa frente a las resoluciones 6816 y 6817
de 2005, en atención a que la SIC había declarado el incumplimiento
mediante la resolución 12040 de 2006, que fuera confirmada únicamente
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en lo relacionado a los incumplimientos de los investigados mediante la
resolución 2485 de 2007.
Por lo anterior, la Sala procederá a determinar si son nulos, por falta de
competencia, los actos administrativos dictados por la SIC que declararon
el incumplimiento de unos compromisos adquiridos voluntariamente por
las Redes y los Bancos mediante las resoluciones 6816 y 6817 de 2005,
por cuanto frente a estas ya se había agotado la vía gubernativa.
Para resolver el anterior problema jurídico se deben precisar las fechas
de los actos administrativos involucrados, así:
De conformidad con el anterior cuadro se advierte que antes de que se
resolviera el recurso de reposición presentado en contra de la resolución
12040 de mayo de 2006, las redes y los bancos solicitaron la modificación
de unos compromisos adquiridos en las resoluciones 6816 y 6817 de
2005, en lo relacionado con la elaboración de un modelo para la fijación
de las tarifas interbancarias de intercambio TII.
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Las anteriores modificaciones fueron aceptadas mediante las resoluciones
34402 y 33813 de 2006 y de igual manera se modificaron las coberturas
de las pólizas de las resoluciones 6816 y 6817 de 2005, creando de esta
manera unos nuevos compromisos adquiridos por parte de las Redes y los
Bancos.
En ese sentido, es evidente la existencia de unos nuevos compromisos
adquiridos de manera voluntaria por las redes y los bancos y por lo tanto
no se puede afirmar, como lo aducen los apelantes, que se había agotado
la vía gubernativa, por cuanto en la misma resolución 2485 de 2007,
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la
resolución 12040 de 2006, se señaló lo siguiente:
“DÉCIMO: En virtud de los nuevos compromisos aceptados por la
Superintendencia de Industria y Comercio, se modificaron las
obligaciones a cargo de Credibanco, particularmente las referidas a la
determinación de la tarifa interbancaria de intercambio y a la elaboración y
presentación a la Superintendencia del estudio de costos para la determinación
de la TII
Si bien las modificaciones introducidas mantienen el mismo esquema de tarifa
interbancaria de intercambio, se introducen cambios a los compromisos de
Credibanco relacionados con la determinación de dicha tarifa contenidos en el
subnumeral v), numeral 2.1.1. Del considerando segundo de la resolución 06817
de 2005.
Asimismo, Credibanco se comprometió a aplicar una tarifa interbancaria
provisional, mientras se determina la nueva TII, conforme al estudio que elaboré
la Red, de acuerdo con los criterios objetivos y la metodología aprobada por la
SIC, tarifa que es sustancialmente inferior a la que aplicaba creí banco antes de
las modificaciones de las garantías.
En consecuencia, es necesario revocar el artículo tercero de la resolución 12040
de 2006.”108
De igual manera, en la resolución 29497 del 19 de agosto de 2008
(acusada en esta demanda) se señaló lo siguiente:
“TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que establecido el incumplimiento de las
garantías aceptadas en la resolución 06816 de 31 de marzo de 2005,
modificada por la 34402 de 2006, por parte de Redeban y sus bancos
asociados, según lo expuesto en precedencia, habrá de declararse, en adición
la ocurrencia del riesgo amparado mediante las pólizas de seguro de
cumplimiento P-A0059781, con certificados de renovación No. P-A0147050 y P-
A0164645 y anexo de modificación P-A0165218 y en la póliza No. P-100005280
expedidas por la Compañía Mundial de Seguros, S.A, a favor de la
108
Página 63 y 64 de la resolución 02485 de 2007 expedida por la SIC
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Superintendencia de Industria y Comercio y, en consecuencia, habrá de
notificarse a la mencionada compañía de seguros, señalando que deberá tenerse
como cuantía de la pérdida, el valor total asegurado.
TRIGÉSIMO CUARTO: Que establecido el incumplimiento de las garantías
aceptadas en la resolución 06817 de 31 de marzo de 2005, modificada
por la 33813 de 2006, por parte de Credibanco, su representante legal,
señor Orlando Rafael García Torres, y sus bancos asociados, según lo
expuesto en precedencia, habrá de declararse, en adición la ocurrencia del riesgo
amparado mediante la póliza de seguro de cumplimiento N- A0063562, con
certificado de renovación No. 6073095, expedida por la Compañía Mundial de
Seguros, S.A, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio y, en
consecuencia, habrá de notificarse a la mencionada compañía de seguros,
señalando que deberá tenerse como cuantía de la pérdida, el valor total
asegurado.”
Como se puede observar la SIC, en las resoluciones acusadas, verificó el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por las Redes y los Bancos
en las resoluciones 6816 y 6817 de 2005 pero con las modificaciones
aceptadas mediante las resoluciones 34402 y 33813 de 2006, lo
cual significa sin lugar a dudas que se trata de nuevos compromisos que
no pudieron ser analizados en la resolución 12040 de 2006 y, en
consecuencia, no se puede aducir que frente a esos nuevos compromisos
se encontraba agotada la vía gubernativa.
Con base en los anteriores argumentos la Sala procederá a confirmar lo
señalado en la sentencia de primera instancia puesto que, como quedo
visto, las resoluciones acusadas declararon el incumplimiento de los
compromisos adquiridos por las redes y los bancos modificados con las
resoluciones de 2006, que son diferentes a los inicialmente pactados en
las resoluciones de 2005.
9.4.2.1.7. El séptimo cargo que plantearon los apelantes consistía en
señalar que existió una indebida notificación de la Resolución 29497 del
19 de agosto de 2008, “por la cual se decreta el incumplimiento de las
garantías aceptadas en las resoluciones 6816 y 6817 de 2005,
modificadas por las números 34402 y 33913 de 2006, respectivamente,
se exige el cumplimiento de las mismas y hacen efectivas unas pólizas”,
puesto que la misma no fue entregada de manera completa a cada
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vinculado y en esa medida se vulneraba el derecho de contradicción y
defensa.
Por lo anterior, la Sala procederá a determinar si son nulos, por indebida
notificación, los actos acusados, si la SIC únicamente notificó los apartes
de la resolución respecto de cada red o banco asociado, para el debido
ejercicio de su derecho de defensa.
Al respecto es importante señalar que el inciso 5° del artículo 44 del CCA
establece el deber de notificar personalmente a los interesados
entregando copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es
escrita; no obstante lo anterior, de la revisión de la actuación
administrativa se evidencia que los investigados manifestaron su
intención de que toda la información que se recaudara frente a la
cuantificación de los costos, junto con la ponderación de los factores
objetivos y la metodología empleada para su estimación, tenía el carácter
de reservada, y así quedó plasmado en las resoluciones 06816 y 06817
de 2005.
En las Resoluciones citadas se advirtió que los estudios de cuantificación
de costos para el cálculo de las tarifas interbancarias de intercambio que
debían elaborar Credibanco y Redeban y entregar a esta Superintendencia
para su revisión tenían carácter reservado, situación que fue aceptada por
todos los bancos de la siguiente manera:
"Los criterios objetivos establecidos por la red para la determinación de las tarifas
interbancarias de intercambio, junto con su justificación, serán determinados y
allegados dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecutoria de la resolución
mediante la cual ustedes acepten las garantías, los cuales tendrán el carácter de
públicos.
Dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, se allegará el
estudio que contiene la cuantificación de los costos, junto con la
ponderación de los factores objetivos y la metodología empleada para su
estimación, el cual dada la naturaleza confidencial de la información que
contiene, le solicitamos a la Superintendencia de Industria y Comercio
mantener bajo reserva, en los términos previstos en la ley.”109
109
Folio 64 del expediente principal rad. 2010-00128
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En ese orden, la Sala encuentra acertada la decisión de la SIC de proceder
a notificar a cada uno de los investigados de manera independiente y
únicamente de los puntos que le afectaban de la resolución 29497 del 19
de agosto de 2008, mediante la cual se declaró el incumplimiento de las
obligaciones de las redes y los bancos y se hizo efectiva las pólizas de
cumplimiento, puesto que de esta manera les estaba garantizando el
derecho de contradicción y defensa, e igualmente cumplía con la reserva
de la información de cada interviniente referente a los criterios,
operaciones y ciertos estudios de costos para la implementación del
modelo de las TII.
Con base en los anteriores argumentos la Sala procederá a confirmar lo
señalado en la sentencia de primera instancia puesto que, como quedo
visto, no existió una indebida notificación de los actos acusados, ya que
la SIC efectivamente notificó a cada investigado independientemente e
identificando con claridad las razones por las cuales se le declaraba
incumplido y se hacían efectivas la pólizas de cumplimiento, garantizando
de esta manera la información de carácter reservado que había sido
indicado en las resoluciones de 2005.
De lo anterior también queda claro que no existió una violación al derecho
de defensa y contradicción de los investigados, puesto que cada uno de
ellos conocía los argumentos y razones de la SIC expuestos en el acto
acusado, e interpusieron el recurso de reposición, que igualmente fue
resuelto por la SIC de manera extensa.
9.4.2.1.8. El octavo cargo que plantearon los apelantes consistía en
señalar que frente a la resolución núm. 46791 de 2009, “Por la cual se
deciden los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución núm.
029497 de 2008”, era procedente nuevamente el recurso de reposición,
puesto que, en su consideración, este acto administrativo contenía
argumentos nuevos.
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Por lo anterior la Sala procederá a determinar si son nulos los actos
administrativos dictados por la SIC que declararon el incumplimiento de
unos compromisos adquiridos voluntariamente por las Redes y los
Bancos, por cuanto no concedieron el recurso de reposición contra la
resolución núm. 46791 de 2009, “Por la cual se deciden los recursos de
reposición interpuestos contra la Resolución núm. 029497 de 2008”.
Para resolver el anterior problema es necesario señalar que el numeral 2
del artículo 62 del CCA110 establece que, cuando los recursos interpuestos
se hayan decidido, los actos administrativos quedarán en firme. En ese
orden, se advierte que contra la resolución núm. 46791 de 2009,
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, no le era procedente la
interposición de recurso alguno, puesto que, al resolverse en único
recurso procedente, este acto adquirió firmeza.
Al respecto es importante señalar que, a las decisiones de los
Superintendentes, únicamente les resulta procedente el recurso de
reposición, de conformidad con el numeral 2 del artículo 50 del CCA, que
señala que contra dichas decisiones no procede la apelación. Bajo el
anterior contexto, el recurso de reposición interpuesto por los apelantes
en contra de la resolución núm. 46791 de 2009 resultaba improcedente.
No obstante lo anterior, la Sala procedió a verificar si la SIC, al momento
de expedir la resolución núm. 46791 de 2009, introdujo aspectos nuevos
al debate que pudieran eventualmente sorprender a los investigados.
En consecuencia, la SIC, al momento de dictar la resolución núm. 46791
de 2009, en consideración de la Sala, no se pronunció sobre hechos o
argumentos nuevos frente a los investigados, puesto que lo único que
110
ARTÍCULO 62. Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún
recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos,
o cuando se renuncie expresamente a ellos.4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los
desistimientos.
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hizo fue: i) pronunciarse sobre cada uno de los argumentos expuestos por
los recurrentes, ii) se modificaron o aclararon decisiones que habían sido
tomadas en la resolución núm. 029497, con base en los argumentos de
los recurrentes, iii) se pronunciaron sobre el cumplimiento de los
compromisos aceptados en las resoluciones núms. 06817 y 06816 de
2005, 33813 y 34402 de 2006.
Todas las anteriores actuaciones realizadas por la SIC en la resolución
núm. 46791 no se pueden considerar como argumentos nuevos, dado que
éstas iban siempre dirigidas a fundamentar las decisiones de confirmar o
modificar o aclarar las conclusiones de la resolución núm. 029497 de
2008, que, se reitera, estaban encaminadas hacia la verificación del
cumplimiento de los compromisos ofrecidos de manera voluntaria por los
bancos y las redes en las resoluciones de 2005 y 2006.
Con base en los anteriores argumentos la Sala procederá a confirmar lo
señalado en la sentencia de primera instancia puesto que, como quedo
visto, frente a la resolución que resolvió el recurso de reposición dictado
por la SIC no era procedente ningún recurso adicional; y, además, se
comprobó la entidad demandada no incluyó argumentos nuevos en la
resolución acusada.
9.4.2.1.9. El noveno cargo que planteó el Banco Pichincha consistía en
señalar que para la época de los hechos no formaba parte de la Asociación
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, ni participó como
miembro principal o suplente del comité de TII visa, ni actuaba como
entidad financiera
Frente al anterior argumento, la Sala advierte que el Banco Pichincha, al
momento de ofrecer las garantías con el fin de que se clausurara la
investigación por prácticas restrictivas de las competencias, se
comprometió al cumplimiento de las obligaciones ofrecidas
voluntariamente por Credibanco y sus asociados, entre los cuales se
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encontraba el aquí apelante, en la resolución 06817 del 31 de marzo de
2005, con su modificación, resolución 33813 del 11 de diciembre de 2006.
Ahora bien, se procedió a revisar el oficio núm. 03-110924-01127-0045
del 22 de abril de 2008111, mediante el cual la SIC le solicita al Banco
Pichincha las explicaciones frente al cumplimento de los compromisos
ofrecidos, en el cual se advierte lo siguiente:
“La entidad que usted representa, como establecimiento de crédito asociado a
Credibanco coadyuvó el ofrecimiento de los compromisos efectuados por dicha
red, suscribió los escritos correspondientes en señal de conformidad con sus
términos y una vez adoptados por esta Superintendencia en las resoluciones
citadas, tomó las pólizas de seguro respectivas que garantizan el cumplimiento
de los mismos”
En ese mismo sentido se evidencia un oficio del 7 de mayo de 2008112,
mediante el cual Credibanco le informa al Banco Pichincha las actuaciones
realizadas por dicha red para el cumplimiento de los compromisos
establecidos en las resoluciones de 2005 y 2006.
En ese orden, el Banco Pichincha, mediante oficio del 7 de mayo de
2008113, le manifestó a la SIC que “le solicitamos comedidamente a su
Despacho a su digno cargo tenga en cuenta los argumentos y pruebas
presentadas tanto por la Asociación Bancaria como por las demás
entidades financieras asociadas a la red Credibanco, en relación con este
asunto”
Como se puede evidenciar de lo anterior, es claro para la Sala que el
Banco Pichincha siempre actuó dentro de la actuación administrativa
como un asociado de Credibanco, tanto así que coadyuvó los
compromisos establecidos en las resoluciones de 2005 y 2006 y otorgó
las pólizas correspondientes que garantizaban su cumplimiento, y así fue
expuesto en la resolución núm. 46791 de 2009, “Por la cual se deciden
111
Folio 22 del expediente de anexos del proceso Rad 2010-00198
112
Folio 24 a 26 ibidem
113
Folio 27 ibidem
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Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución núm. 029497
de 2008”, en los siguientes términos:
“(…) el recurrente afirma que la Inversora ha cumplido rigurosamente con sus
compromisos.
Al respecto, este Despacho no considera de recibo lo afirmado por el recurrente
en sentido que los compromisos asumidos en virtud de las garantías son los
establecidos en el numeral 2.1.3 del considerando cuarto de la resolución 33813
de 2006, toda vez que estas obligaciones corresponden a los establecimientos de
crédito asociados a Credibanco cuando actúen como adquirentes. En el presente
caso la Inversora ha manifestado que no participa en la actividad de adquirencia.
Adicionalmente, no es cierto que la recurrente haya remitido trimestralmente a
esta Superintendencia sus comisiones, pues no solo esta Entidad no ha recibido
dichos reportes, sino que si la Inversora Pichincha no participa como adquirente
no tiene información de las comisiones de adquirencia para reportar.
Efectivamente como lo reconoce la recurrente, su participación en el ofrecimiento
se justificó porque "Inversora recibe TII's que no es cosa distinta a un
ingreso de los establecimientos de crédito asociados a Credibanco
cuando actúan en su calidad de emisores de tarjetas pago Visa" y
precisamente en virtud de las garantías, la determinación de esta tarifa establecía
a cargo de Credibanco, de acuerdo con los parámetros establecidos en el
ofrecimiento.”114 (subrayas y resaltado de la Sala)
Con base en lo anterior, la Sala encuentra plenamente probado que el
Banco Pichincha actuó dentro del proceso administrativo como asociada
a Credibanco, participando de manera activa en la resolución 06817 del
31 de marzo de 2005, con su modificación, resolución 33813 del 11 de
diciembre de 2006, y en esa medida, era responsable por su
cumplimiento; Por tal razón el cargo propuesto no está llamado a
prosperar.
9.5. CONCLUSIÓN
La Sala advierte que, ante la no prosperidad de los cargos planteados por
los apelantes y al no encontrar desvirtuada la legalidad de los actos
administrativos acusados, se procederá a confirmar la sentencia dictada
el 21 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Primera - Subsección B.
114
Páginas 243 y 244 de la resolución núm. 46791 de 2009
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9.6. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del
CCA, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte vencida en
segunda instancia, pues no se evidencia una actuación temeraria y su
conducta se enmarcó en los principios y obligaciones que gobiernan la
actividad judicial.
9.4.4. Aceptación de renuncia a poder.
9.4.4.1 El doctor Diego Alfonso Matiz Hurtado, identificado con cédula de
ciudadanía 1.010.217.093 y tarjeta profesional 289.071 del C. S de la J.,
como apoderado de la SIC, el día 31 de marzo de 2022115, presentó
renuncia al poder otorgado por la entidad demandada para realizar
actuaciones en el presente proceso.
Por lo anterior al encontrase debidamente presentada la renuncia al
poder, el despacho procederá aceptar la misma en la parte resolutiva de
esta providencia.
9.4.4.2 Se reconocerá a la abogada Nathalia Andrea Baratto Céspedes
como apoderada de Credibanco, en los términos y para los fines del poder
a ella conferido, visible en el índice 90 del historial de actuaciones de
proceso del aplicativo SAMAI. Con todo, igualmente se tendrá por
terminado el referido poder conferido por la Credibanco al abogado Jorge
Carrizosa Serrano, en aplicación del inciso primero del artículo 76 del CGP.
9.4.4.3 Se reconocerá a la abogada a María Camila Aponte como
apoderada de SIC, en los términos y para los fines del poder a ella
conferido, visible en el índice 91 del historial de actuaciones de proceso
del aplicativo SAMAI.
9.4.4.4 Se reconocerá al abogado Carlos Alfonso López Arroyo como
apoderado del Banco Popular, en los términos y para los fines de la
115
Índice 89 del Sistema de Gestión Documental SAMAI
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Demandante: Banco Popular y Otros (acumulado)
sustitución de poder a él conferido, visible en los índices 93 y 94 del
historial de actuaciones de proceso del aplicativo SAMAI.
9.4.4.5 Se reconocerá a la abogada Carolina Valderruten Ospina como
apoderada de SIC, en los términos y para los fines del poder a ella
conferido, visible en el índice 97 del historial de actuaciones de proceso
del aplicativo SAMAI. Con todo, igualmente se tendrá por terminado el
referido poder conferido por la Credibanco a la abogada María Camila
Aponte, en aplicación del inciso primero del artículo 76 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 21 de junio de 2012 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera -
Subsección B.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: ACEPTAR la renuncia del doctor Diego Alfonso Matiz Hurtado
como apoderado de la SIC.
CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Nathalia Andrea Baratto
Céspedes como apoderada de Credibanco, en los términos y para los fines
establecidos en el poder judicial a ella conferido.
QUINTO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por Credibanco
al abogado Jorge Carrizosa Serrano, de conformidad con lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso.
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SEXTO: RECONOCER personería a la abogada María Camila Aponte
como apoderada de la SIC, en los términos y para los fines establecidos
en el poder judicial a ella conferido.
SÉPTIMO: RECONOCER personería a la abogada Carolina Valderruten
Ospina como apoderada de la SIC, en los términos y para los fines
establecidos en el poder judicial a ella conferido, y TENER POR
TERMINADO el poder conferido por la SIC a la abogada María Camila
Aponte, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo
76 del Código General del Proceso.
OCTAVO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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