Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00193-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00193-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2010-00193-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00193-02
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.
TESIS: LA SIC PODÍA DECLARAR, A TRAVÉS DE LOS ACTOS
ACUSADOS, EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
DERIVADOS DE LOS OFRECIMIENTOS DE GARANTÍAS, ACEPTADAS
POR LA SIC, EN LAS RESOLUCIONES NÚMS. 06816 Y 06817 DE 2005,
MODIFICADAS POR LAS RESOLUCIONES 33813 Y 34402 DE 2006,
ASÍ COMO HACER EFECTIVA LAS PÓLIZAS, POR CUANTO LAS
CITADAS RESOLUCIONES CONSTITUYEN ACTOS ADMINISTRATIVOS
EN FIRME, DOTADOS DE CARÁCTER EJECUTIVO Y EJECUTORIO. LA
NO PRESENTACIÓN ANTE LA SIC DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS Y DE
LA METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE COSTOS, DENTRO
DEL PLAZO DE 8 MESES PREVISTO EN LAS RESOLUCIONES 33813 Y
34402 DE 2006, GENERABA LA OBLIGACIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO
A LOS COMPROMISOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES 06816 Y
06817 DE 2005. EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
CONTRA LA RESOLUCIÓN NÚM. 46791 DE 2009 ACUSADA, “POR LA
CUAL SE DECIDEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCIÓN NÚM. 029497 DE 2008”, ERA
IMPROCEDENTE. LA ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
DEBE ESTAR RELACIONADO CON LAS CONSIDERACIONES DEL FALLO
APELADO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por el apoderado del BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A., contra la
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Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.
sentencia de 28 de noviembre de 2013, proferida por la Sección
Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que denegó las súplicas de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1. El BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A., en adelante BCSC S.A.,
por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
1ª. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución núm. 029497 de 19 de agosto de 2008, “Por
la cual se decreta el incumplimiento de las garantías aceptadas en
las resoluciones 6816 y 6817 de 2005, modificadas por los números
34402 y 33813 de 2006, respectivamente, se exige el cumplimiento
de las mismas y se hacen efectivas unas pólizas”, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, en adelante SIC.
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b) La Resolución núm. 46791 de 15 de septiembre de 2009,
“Por la cual se deciden los recursos contra Resolución 029497 de
2008”, expedida por el mencionado funcionario.
2ª. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se revoque en su totalidad la exigencia
de las garantías hechas efectivas respecto del actor, por los citados
actos y se hagan las siguientes condenas a la entidad demandada:
i) Restituir el pago de una suma equivalente al valor de las garantías
que ésta pagó en virtud de los actos acusados, es decir, la suma de
$1.171.000.000, ajustada tomando como base el índice de precios al
consumidor del DANE, conforme al artículo 178 del CCA, desde las
fechas de su pago, -27 de octubre de 2009 ($763.000.000) y 22 de
octubre de 2009 ($408.000.000) y 28 de octubre de 2009
($408.000.000)-, hasta el día en que efectivamente se haga la
restitución solicitada.
ii) Realizar el pago de la suma antes citada ($1.171.000.000),
debidamente ajustada con los intereses comerciales corrientes, a la
tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde
las fechas de su pago hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. “Los
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intereses comerciales corrientes deberán liquidarse sobre el capital,
ajustado con base en el índice de precios al consumidor determinado
por el DANE o por quien haga sus veces, al final de cada período de
liquidación, sin excederse la tasa máxima legal”.
iii) Realizar el pago de la citada suma debidamente ajustada con los
intereses comerciales moratorios a la tasa más alta permitida por la
ley, desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en que se
restituya la suma pagada. “Los intereses comerciales corrientes
deberán liquidarse sobre el capital, ajustado con base en el índice de
precios al consumidor determinado por el DANE o por quien haga sus
veces, al final de cada período de liquidación, sin exceder en ningún
caso la tasa máxima legal”.
3ª. Que se condene en costas a la entidad demandada.
I.2. El actor fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes
hechos:
1º. Adujo que mediante la Resolución núm. 13820 de 25 de junio de
2004, el Superintendente Delegado de Promoción de Competencia de
la SIC abrió investigación contra REDEBAN MULTICOLOR S.A., en
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adelante REDEBAN, la Asociación Gremial de Instituciones
Financieras CREDIBANCO, en adelante CREDIBANCO, y de sus
representantes legales, por supuestas conductas anticompetitivas
“vinculadas exclusivamente a una alegada colusión entre las
investigadas para una fijación de precios de las comisiones de las
tarjetas débito y de crédito que se cargan al comercio”.
2º. Que a través de comunicaciones de 28 de enero y 31 de marzo
de 2005, CREDIBANCO y sus establecimientos de crédito asociados,
en desarrollo de lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2153 de 30
de diciembre de 19921, ofrecieron a la SIC unas garantías.
3º. Agregó que el 31 de marzo de 2005, la SIC, mediante la
Resolución núm. 06817, aceptó las garantías ofrecidas y ordenó la
clausura de la investigación abierta mediante la Resolución núm.
13820 de 25 de junio de 2004.
4º. Sostuvo que por medio de las comunicaciones de 2 de febrero y
31 de marzo de 2005, REDEBAN MULTICOLOR S.A. y sus
establecimientos de crédito asociados, en desarrollo de lo previsto en
el artículo 52 del Decreto 2153, ofrecieron a la SIC unas garantías.
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“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Desarrollo Económico.
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5º. Que la SIC, a través de la Resolución núm. 06816 de 31 de marzo
2005, aceptó las garantías ofrecidas y cerró la investigación abierta
mediante la citada Resolución núm. 13830 de 25 de junio de 2004.
6º. Con la Resolución núm. 12040 de 15 de mayo de 2006,
confirmada parcialmente por la Resolución núm. 02485 de 2 de
febrero de 2007, la SIC declaró incumplidos los compromisos de que
trata la Resolución 06817 de 2005 e hizo exigibles las garantías a
CREDIBANCO2.
7º. Que a través de las comunicaciones de 21 de noviembre y 6 de
diciembre de 2006 CREDIBANCO y sus asociados ofrecieron a la SIC
una modificación de las garantías aceptadas mediante la Resolución
núm. 06817 de 31 de marzo de 2005, lo que fue aceptado en la
Resolución núm. 33813 de 2006.
8º. Igualmente, REDEBAN MULTICOLOR S.A. y sus bancos
asociados ofrecieron la modificación de las garantías aceptadas por
la SIC, a través de la Resolución núm. 06816 de 2005, lo que fue
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Estas resoluciones fueron demandadas ante esta jurisdicción bajo el radicado núm. 2007-00202-01,
siendo la demandante la Asociación Gremial de Instituciones Financieras Credibanco, proceso en el cual
se denegaron las pretensiones de la demanda, tanto en primera como en segunda instancia (Sentencia
de 23 de agosto de 2012, Cp. Marco Antonio Velilla Moreno).
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aceptado en la Resolución núm. 34402 de 14 de diciembre de 2006.
9º. Indicó que en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005,
así como en la 33813 y 34402 de 2006, se señalaron los
compromisos a cargo de las entidades financieras asociadas a
CREDIBANCO y a REDEBAN MULTICOLOR S.A., entre ellos BCSC
S.A., los cuales son diferentes a los de cada una de dichas Redes y
a los de los representantes legales de las mismas.
10º. Que mediante la Resolución núm. 029497 de 19 de agosto
de 2008 la SIC declaró el incumplimiento de los compromisos a
cargo de CREDIBANCO, de su representante legal y de sus
entidades financieras asociadas y de REDEBAN MULTICOLOR S.A.
y sus bancos asociados, exigió el cumplimiento de tales compromisos
e hizo efectivas unas pólizas.
11º. Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto por la SIC mediante la Resolución
núm. 46791 de 15 de septiembre de 2009, en la que confirmó
varios artículos de la parte resolutiva de la decisión recurrida y
modificó otros.
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I.3. En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación de los
artículos 29 y 333 de la Constitución Política; 98 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero; 84 del CCA; y el Decreto 2153.
En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
.PRIMER CARGO: “[…] NULIDAD DE LOS ACTOS ACUSADOS
POR DESVIACIÓN DE PODER Y CON FALSA MOTIVACIÓN;
VULNERACIÓN DE LA SIC A LA LIBRE COMPETENCIA
ECONÓMICA (ARTÍCULO 333 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, ARTÍCULO 98 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL
SISTEMA FINANCIERO, LEY 155 DE 1959 Y DECRETO 2153 DE
1992 Y LEGISLACIÓN PERTINENTE Y COMPLEMENTARIA)
[…]”.
Señaló que el derecho a la libre competencia económica está previsto
en el artículo 333 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley
155 de 24 de diciembre de 19593 y el Decreto 2153, que regula
exclusivamente la aplicación de tal derecho respecto de las personas
diferentes de aquellas a quienes la normativa le aplica un estatuto
especial.
Indicó que de los decretos 2153 y 3523 de 15 de septiembre de
20094, así como de la Ley 1340 de 24 de julio de 20095, se desprende
3
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.”
4
“Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan
las funciones de sus dependencias.”
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“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”.
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la función de la SIC de velar para que el derecho a la libre
competencia no sea vulnerado, por lo que con la expedición de las
resoluciones acusadas se contrarió lo dispuesto en las normas
aludidas.
Expresó que las garantías otorgadas por CREDIBANCO, REDEBAN
MULTICOLOR S.A. y los establecimientos de crédito asociados a
estas Redes y aceptadas por la SIC, en las resoluciones núms. 06816,
06817 de 2005 y 33813, 34402 de 2006, que se expidieron en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2153, tenían
como objeto asegurar que se suspendiera o modificara la conducta
por la cual se investigó.
Anotó que si la Administración quería sancionar o hacer efectivas
unas garantías contra un particular, debía acreditar la vulneración de
las situaciones garantizadas por parte del ciudadano administrado; y
que al tomar cualquier determinación sobre la libre competencia
económica, la entidad estatal, encargada de la protección de tal
interés, tenía la carga de sustentar, mediante la elaboración de un
estudio técnico económico, la decisión que llegare a adoptar en el
acto administrativo que pusiera fin a la actuación administrativa,
pues se trata de decisiones que pueden ser nocivas para los
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consumidores y usuarios del sector financiero, como se acreditó, en
el presente caso, para los tarjetahabientes de tarjetas de pago
bancarios, según estudio elaborado por la doctora MARÍA ANGÉLICA
ARBELÁEZ de FEDESARROLLO.
Sostuvo que las decisiones contenidas en la Resolución núm.
029497 de 2008, acto acusado, no estuvieron fundamentadas en
el estudio técnico que ya se mencionó; además, al resolver el recurso
de reposición interpuesto contra la misma, mediante la Resolución
núm. 46791 de 2009, la SIC solo mencionó la declaración del
doctor FERNÁNDEZ RIVA y el estudio de la doctora ARBELÁEZ DE
FEDESARROLLO, -estudio este que no fue refutado técnicamente por
la SIC-, y se limitó a hacer comentarios fuera de contexto y
equivocados.
Adujo que en la Resolución núm. 46791 de 2009, la SIC no realizó
un análisis del mercado relevante colombiano, sino que recurrió a las
prácticas de mercados desarrollados, como el europeo, que tiene
unas características sustancialmente diferentes a las nuestras, “[…]
comenzando porque allí existe una penetración tal del mercado de
crédito (bancarización) que logra beneficiar a la mayoría de la
población, cosa que aquí estamos lejos de lograr […]”, por lo tanto,
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con tales comentarios la SIC ratificó que al expedir las resoluciones
demandadas no se ilustró sobre los efectos económicos de sus
decisiones.
Alegó que al analizar la declaración del doctor JAVIER FERNÁNDEZ
RIVA se logra concluir que el efecto de aplicar las órdenes de que
tratan los artículos tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
Resolución 029497 de 2008 sería altamente nocivo para el
derecho colectivo a la libre competencia económica y afectaría
gravemente a los consumidores, en particular, a los tarjetahabientes
de tarjetas de pago bancarias; y que el mismo efecto nocivo se da
en cuanto a las órdenes de los artículos segundo y tercero de la
Resolución núm. 46791 de 2009, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm. 029497.
Que, adicionalmente, la doctora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ
RESTREPO, Investigadora asociada de FEDESARROLLO y directora
del proyecto denominado “Concentración del Mercado de Tarjetas de
Pago Visa”, presentó este estudio ante la SIC, dentro de una
diligencia de testimonio técnico, en el cual se ratificaron los
conceptos presentados ante la SIC, años antes, por el doctor JAVIER
FERNÁNDEZ RIVA sobre los efectos nocivos para los consumidores y
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tarjetahabientes que se hicieron realidad.
Indicó que las decisiones de la SIC son una regulación de precios,
para lo cual dicha entidad no está autorizada y, por ende, son
arbitrarias, en la medida en que son “[…] fruto exclusivo de su
capricho y no del análisis objetivo, sereno y serio del expediente y
de los temas económicos que tienen relación con el derecho de la
competencia […]”.
Advirtió que si se reducen las TIIs, en la forma en que lo hacen las
resoluciones demandadas, en perjuicio de bancos, como del actor,
sucederá lo siguiente:
. El negocio tiende a concentrarse en un mayor grado en los bancos
que tienen la mayor disponibilidad de recursos para prestar el
servicio de adquirencia, concentración que se producirá por la sola
fuerza del mercado, “aun sin o contra la voluntad expresa” de los
bancos grandes.
. Los bancos pequeños, que no tienen muchas posibilidades de ser
adquirentes en volúmenes mayores y a quienes les atrae es la sola
emisión, no van a tener el incentivo necesario para seguir emitiendo
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tarjetas en el volumen que lo venían haciendo y poco a poco hasta ir
abandonando el negocio.
. Los ingresos que dejan de tener los bancos emisores los recuperan
en gran parte de los tarjetahabientes, mediante alzas en los
intereses, en las cuotas de manejo y en la reducción de algunos
beneficios que han tenido en el pasado, como los seguros gratuitos.
.SEGUNDO CARGO: CUMPLIMIENTO DE BCSC S.A. A LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO SEGÚN LAS OFERTAS DE
GARANTÍAS ACEPTADAS POR LA SIC, MEDIANTE LAS
RESOLUCIONES NÚMS. 06816 DE 2005, 34402 DE 2006 Y
33813 DE 2006.
Expresó que los compromisos a cargo de BCSC S.A., como
establecimiento de crédito asociado a CREDIBANCO y a REDEBAN
MULTICOLOR S.A., los cuales serían incluidos por la Red en el
reglamento interno, fueron: (i) determinar las comisiones a cargo de
los diferentes establecimientos de comercio por el servicio de
adquirencia teniendo en cuenta varios aspectos; (ii) remitir
periódicamente a la SIC, durante 3 años, en forma trimestral, con
carácter confidencial, a partir del último día del mes en que el sistema
haya quedado establecido, un listado de los criterios objetivos que
haya utilizado para la fijación de la comisión, su ponderación así
como las comisiones vigentes, junto con los cambios que unos y otras
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hayan tenido en dichos periodos; y (iii) mantener a disposición de la
SIC un archivo con los reglamentos internos sobre los factores
objetivos establecidos para determinar las comisiones de
adquirencia, al igual que las modificaciones realizadas a los mismos.
Advirtió que en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005,
33813 y 34402 de 2006, expedidas por la SIC, en las que constan
los compromisos a cargo de las redes CREDIBANCO y REDEBAN
MULTICOLOR S.A., de sus representantes legales y de sus bancos
asociados, se observa que los compromisos de los bancos asociados
son diferentes e independientes de los que están a cargo de las Redes
y de sus representantes legales; igualmente, los compromisos a
cargo de cada una de las entidades financieras asociadas a las Redes,
aunque iguales, son independientes, y los riesgos que cubren las
pólizas de seguros emitidas en favor de la SIC como colaterales, para
garantizar el cumplimiento de los compromisos cubren el
incumplimiento de manera independiente, de manera que si uno de
los bancos asociados incumple o si cualquier otro tomador de la póliza
fuere el incumplido, los demás no necesariamente lo serían y, por
ende, al que no incumpliere no se le podrían hacer exigibles las
garantías.
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Sostuvo que la SIC, en las resoluciones núms. 029497 de 2008
y 46791 de 2009, no hace exigibles las garantías al actor por haber
incumplido con los compromisos a su cargo y no podía hacerlo,
porque cumplió cabalmente con los mismos; sin embargo, la
demandada hizo exigibles las garantías otorgadas por el banco actor,
como tomador de las pólizas correspondientes, por el supuesto
incumplimiento de los compromisos a cargo de CREDIBANCO y de
REDEBAN MULTICOLOR S.A., compromisos diferentes de los
contraídos por el demandante. En efecto, una de las razones por las
que la SIC hizo exigible las garantías fue por el incumplimiento del
compromiso de fijar las tarifas interbancarias de intercambio (TIIs),
según consta en la Resolución núm. 46791 de 2008, el cual le
correspondía cumplir a las Redes y con el que cumplieron las mismas
como se observa a continuación.
Señaló que cinco días hábiles después de la ejecutoria de la
Resolución núm. 33813 de 2006, CREDIBANCO se ha abstenido de
determinar o aplicar unas TIIs para los productos VISA, superiores a
las establecidas en dicha resolución, como son: (i) Tarjeta de
Crédito: 2%, máximo promedio ponderado en cada trimestre
calendario; (ii) Tarjeta Débito: 1.91%, máximo promedio ponderado
en cada trimestre calendario; y (iii) Tarjeta Electrón: 1.16%, máximo
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promedio ponderado en cada trimestre calendario.
Indicó que, igualmente, REDEBAN MULTICOLOR S.A., cinco días
después de la ejecutoria de la Resolución núm. 34402 de 2006, se
abstuvo de determinar o aplicar unas TIIs para los productos MASTER
CARD, superiores a las establecidas en dicha resolución, como son:
(i) Tarjeta de Crédito: 2.1%, máximo promedio ponderado en cada
trimestre calendario; y (ii) Tarjeta Débito (Maestro): 1.205%,
máximo promedio ponderado en cada trimestre calendario.
Respecto de la afirmación de la SIC, en el sentido de que las Redes
incumplieron con sus compromisos de fijar las TIIs, con ocasión de
la reforma de los estatutos de CREDIBANCO y de la decisión de la
Junta Directiva de REDEBAN MULTICOLOR S.A., afirmó que:
(i) Si bien puede ser cierto que las TIIs no se hayan fijado por
ninguna de las Redes desde finales de 2006, lo cierto es que en
ninguno de los compromisos a cargo de las mismas “se establece la
regularidad con que a partir de dicha fecha, deben fijarse las TIIs”,
pues de las resoluciones núms. 33813 y 34404 de 2006, expedidas
por la SIC, se observa que las Redes se comprometieron a cumplir
con lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2153, en el sentido de
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abstenerse a determinar, mientras el convenio de modificación de
garantías “a que se refiere la resolución mencionada así lo obligue,
unas TIIs para cada uno de los productos VISA y Master Card,
superiores a aquellas que resulten a los promedios ponderados por
trimestre calendario”.
Que las TIIs, establecidas en las resoluciones núms. 33813 y 34404
de 2006, no han sido modificadas por ninguna de las redes ni por los
bancos asociados a estas. Los promedios máximos se han disminuido
con ocasión del estudio ordenado en la Resolución núm. 46791 de
2009; además, a la SIC le consta la existencia de documentos
suscritos por los bancos asociados, que obran en su poder, en los
cuales se advierte que estos se obligaron a mantener las TIIs en los
mismos promedios ponderados por trimestre calendario,
establecidos en las resoluciones núms. 33813 y 34402 de 2006 de la
SIC.
(ii) Que el hecho de que la Asamblea General de Asociados de
CREDIBANCO modificara sus estatutos no significa que
CREDIBANCO o su representante legal o el BCSC S.A. hayan
incumplido sus compromisos con la SIC, pues no se obligaron con la
SIC a no modificar los estatutos. “Es posible que los Bancos hayan
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contado durante un lapso dado, después de la reforma estatutaria
mencionada, con la facultad legal de fijar nuevas TIIs, pero nunca la
utilizaron. En todo caso BCSC nunca participó en las sesiones
del Comité TIIs Visa organizado por los Bancos asociados a
Credibanco, ya que ni BCSC ni ninguno de sus funcionarios
formaba parte del mismo”.
(iii) En relación con el valor de las garantías, que se le hicieron
exigibles al BCSC S.A. de $408’000.000, por haber participado
conjuntamente con otras entidades financieras asociadas a
CREDIBANCO, en la reforma estatutaria celebrada el 19 de junio de
2007, que despojó a CREDIBANCO de la función consistente en
determinar las TIIs, se tiene que la entidad demandada hizo efectiva,
en las resoluciones núm. 029497 de 2008 y 46791 de 2009, la
póliza núm. A-0063562, expedida el 20 de diciembre de 2006 y el
certificado de renovación núm. 6073095, correspondiente a la misma
póliza, expedida el 11 de diciembre de 2007.
Que la póliza que la SIC hizo efectiva en las resoluciones núm.
029497 y 46791, es diferente a la expedida originalmente, en el
año 2005, y de sus respectivos certificados de renovación, para
garantizar el cumplimiento de los compromisos aceptados por la SIC
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en la Resolución núm. 06817 de 2005. Además, los compromisos
asumidos por CREDIBANCO y sus bancos asociados, aceptados en
la Resolución 06817, fueron diferentes de los aceptados en la
Resolución núm. 33813 de 2006.
(iv) Las obligaciones garantizadas por la póliza y el certificado de
renovación, antes aludidos, fueron aquellas que llegaron a ser
incumplidas durante el lapso de vigencia del certificado 6073095, es
decir, el lapso comprendido entre el 11 de diciembre de 2007 y el 11
de diciembre de 2008. En efecto, en la póliza de seguros núm.
A0063562, expedida el 20 de diciembre de 2006, se señala que “[…]
La compañía ampara a la entidad asegurada [la SIC] por el riesgo de
incumplimiento ocurrido durante la vigencia del seguro de las
obligaciones emanadas de las disposiciones legales (leyes, decretos,
reglamentos etc.) [en este caso la resolución 33813 de 11 de
diciembre de 2006] señaladas en la carátula de presente póliza,
imputable a la persona obligada al cumplimiento de la respectiva
disposición legal […]”.
(v) Debido a que la reforma de los estatutos de CREDIBANCO, -19
de junio de 2007-, tuvo lugar por fuera del período de vigencia del
certificado núm. 6073095, la SIC no actuó debidamente al hacer
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efectiva la póliza A0063562, que afianzaba al BCSC S.A. por la suma
de $408’000.000, bajo el argumento de que éste participó en la
reforma.
(vi) El hecho de que la Junta Directiva de REDEBAN MULTICOLOR
S.A. resolviera que dicha entidad debía abstenerse de determinar las
TIIs no significa que tal Red o el BCSC S.A. hayan incumplido sus
compromisos con la SIC, ya que no se obligaron a que la Junta
Directiva se abstuviera de tomar tal decisión. “[…] Es posible que los
Bancos hayan contado durante un lapso dado, después de la decisión
aludida de la Junta Directiva de Redeban Multicolor S.A., con la
facultad legal de fijar nuevas TIIs, pero nunca la utilizaron [...]”.
(vii) Los comités TIIs VISA y MASTER CARD, creados por los bancos
asociados a las Redes, se limitaron a coadyuvar las actividades de
las mismas para que no se superaran las TIIs determinadas en las
resoluciones 33813 y 34402 de 2006 de la SIC y a coordinar las
actividades para que la administración de las TIIs se llevara a cabo
adecuadamente.
(viii) Si alguien incumplió con los compromisos fue la Administración,
al no entregarle a CREDIBANCO y a REDEBAN MULTICOLOR S.A.,
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las recomendaciones técnicas del Ministro Consejero de la
Presidencia de la República, que se obligó a entregar a través de las
resoluciones núms. 33813 y 34402 de 2006 de la SIC.
.TERCER CARGO: VULNERACIÓN DE LA SIC A VARIAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES
Manifestó que en los actos acusados no se hace mención de que la
supuesta conducta violatoria de la normativa sobre la libre
competencia económica, que fue materia de la apertura de la
investigación, persiste, es decir, no se ha terminado o modificado;
por lo tanto, a pesar de que la conducta violatoria haya dejado de
existir, la SIC procedió a declarar el incumplimiento de los
compromisos, sin reabrir la investigación clausurada y se abstiene de
abrirla porque sabe que la conducta garantizada con los compromisos
ha cesado, pues a partir de abril de 2005 son cada una de las
entidades financieras asociadas a las Redes las que pactan
directamente las comisiones con los comercios.
Expresó que del artículo segundo de las resoluciones núms. 06816 y
06817 de 2005 y del inciso 4° del artículo 52, numeral 12, del artículo
4 del Decreto 2153, se desprende como obligación para la SIC la de
clausurar la investigación abierta mediante la Resolución núm. 13820
de 2004 y mantenerla así, mientras no se declare mediante acto
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administrativo expedido y notificado, que se encuentre debidamente
ejecutoriado, el incumplimiento de los compromisos aceptados por la
SIC y se ordene la reapertura de la investigación.
Que si bien la SIC clausuró la investigación y la ha mantenido así
hasta la fecha, lo irregular es que, por un lado, mediante los actos
acusados, hubiera hecho exigible las garantías que respaldaban el
compromiso de suspender la supuesta conducta investigada, pero no
haya reabierto la investigación como lo ordena la ley; y, por el otro,
haya abierto, so pretexto de verificar el cumplimiento de las
garantías, unas investigaciones que no tienen nada que ver con la
conducta investigada en la Resolución núm. 13820, sin seguir el
procedimiento del artículo 52 del Decreto 2153.
.CUARTO CARGO: LAS VIOLACIONES DEL DEBIDO PROCESO
DE LOS ADMINISTRADOS EN QUE INCURRIÓ LA SIC.
Indicó que la SIC abrió investigaciones por fuera de lo establecido en
las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y 33813 y 34402 de
2006, como esquema de seguimiento, sin seguir el procedimiento
previsto en el artículo 52 del Decreto 2153.
Señaló que al notificar los actos acusados, la SIC entregó un texto
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parcial de los mismos, bajo el argumento de la confidencialidad,
vulnerando el inciso 5° del artículo 44 del CCA y el derecho de
defensa, pues el banco tiene derecho de conocer la forma en que la
SIC determinó las TIIs.
Alegó que la SIC no graduó el monto de las garantías teniendo en
cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Además,
negó el recurso de reposición interpuesto por el demandante contra
la Resolución núm. 46791 de 2009, argumentando la inexistencia
de puntos nuevos, los cuales sí existen.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC, mediante apoderado, contestó la demanda y para oponerse
a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:
En cuanto al primer cargo, trajo a colación las sentencias C-456 de 2
de septiembre de 19986 y 20 de marzo de 19977, proferidas,
respectivamente, por la Corte Constitucional, y la Sección Segunda
del Consejo de Estado, las cuales hacen referencia a la desviación de
6
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C- 456 de 2 de septiembre de 1998, M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 20 de marzo
de 1997, C.P. Clara Forero de Castro.
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poder, para señalar que no se encuentran elementos probatorios que
permitan determinar los motivos que tuvo la entidad para obrar con
fines distintos a los señalados por la Ley, carga probatoria que le
correspondía al demandante.
Que se comparten los argumentos del actor sobre la normativa
aplicable en cuanto al derecho a la libre competencia económica, esto
es, el artículo 333 de la Constitución Política, la Ley 155, el Decreto
2153 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 333 de la
Constitución Política, la libre concurrencia de los mercados puede ser
intervenida, si así lo exigen los fines sociales y el bienestar de la
comunidad.
Señaló que los distribuidores y expendedores podrán fijar libre y
autónomamente los precios de acuerdo con su estructura de costos
y su margen de utilidad, sin sujetarse al consenso de otras
voluntades; sin embargo, las conductas que coarten la libre
competencia, impongan barreras al ingreso o salida del mercado,
impidan la libre formación del precio o tiendan a establecer precios
inequitativos, se consideran ilegales por violar las normas de la libre
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competencia y se denominan anticompetitivas o restrictivas.
Anotó que la SIC está facultada para investigar y sancionar actos
contrarios a la libre competencia e igualmente para ordenar la
clausura de la investigación cuando, a juicio del Superintendente de
Industria y Comercio, el presunto infractor brinde garantías
suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se
le investiga, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo
52 del Decreto 2153; y que esta última facultad corresponde al
ejercicio de la función que tiene la SIC de velar por la observancia de
las disposiciones sobre la libre competencia y de sancionar prácticas
comerciales restrictivas en los mercados nacionales.
Explicó que, en el caso objeto de análisis, con las garantías ofrecidas
por CREDIBANCO y su representante legal, éstos se
comprometieron de manera voluntaria a realizar una serie de
modificaciones en las operaciones de la Red y ofrecieron establecer
un nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a cargo de
los establecimientos de comercio.
Tal mecanismo establecía obligaciones a cargo de CREDIBANCO, su
representante legal y de los bancos asociados, aunado a un esquema
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de seguimiento y otorgamiento de una póliza de seguro de
cumplimiento, lo que fue considerado por el Superintendente en
mención como garantía suficiente de la eliminación de las conductas
que originaron la investigación, razón por la cual mediante la
Resolución núm. 06817 de 2005 se aceptó dicho ofrecimiento y se
ordenó clausurar la investigación.
Expresó que, por ende, la SIC en el acto acusado no pudo haberse
pronunciado sobre la existencia de un acuerdo de precios, pues en
razón del ofrecimiento y aceptación de garantías no se produjo en la
respectiva investigación una decisión de fondo sobre los aspectos que
la originaron, lo que quiere decir que la etapa en la cual la
Administración debió pronunciarse sobre las resultas de la
investigación, en los términos del artículo 52 del Decreto 2153, en
concordancia con el artículo 35 del CCA, en la cual se califica la
conducta como anticompetitiva, no se agotó, pues la investigación
concluyó de manera anticipada.
Indicó que de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2153 las
garantías se ofrecen estando en curso la investigación, lo que
significa que en el momento de aceptación de las mismas solo existen
hechos presuntamente violatorios de las disposiciones legales en
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materia de competencia.
Anotó que en los actos demandados la SIC se pronunció sobre el
cumplimiento de las garantías ofrecidas por CREDIBANCO,
concretamente, respecto de los compromisos referentes a la
determinación de la tarifa interbancaria de intercambio, que hacen
parte de las obligaciones que implicaban la implementación del nuevo
mecanismo para la fijación de las comisiones a cargo de los
establecimientos de comercio, por lo que la SIC no vulneró el régimen
de protección de la competencia; por el contrario, sancionó el
incumplimiento de los compromisos.
Que “[…] en la aplicación de las normas sobre protección de la
competencia los análisis efectuados por esta Superintendencia deben
enmarcarse en lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y
teniendo en cuenta la evidencia que obra en cada expediente […]”.
En relación con el estudio elaborado por la doctora María Angélica
Arbeláez dijo que éste fue aportado en el testimonio decretado, como
prueba en el trámite de los recursos presentados en vía gubernativa;
y respecto de la declaración del doctor JAVIER FERNÁNDEZ RIVA,
manifestó que la misma no resultaba pertinente para analizar la
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legalidad de los actos acusados.
Adujo que la SIC no está fijando las TIIs ni ejerciendo facultades de
regulación de precios, pues conforme a lo dispuesto en la Resolución
núm. 06817 de 2005, modificada por la 33813 de 2006, el
mecanismo propuesto para la fijación de las comisiones a cargo de
los establecimientos de comercio asignaba a CREDIBANCO “la Red”
la función de establecer las TIIs, que sirve de base para la fijación de
las mencionadas comisiones. Determinación que debía realizarse de
acuerdo con los parámetros establecidos en las garantías.
En los escritos en los que se ofrecieron las garantías, se observa que
la Red se comprometió a fijar las TIIs, de las que son responsables
los bancos adquirentes frente a los bancos emisores; para la
determinación de las TIIs debían considerarse únicamente los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, más una utilidad
para este negocio. Además, las Redes se comprometieron a entregar
a la SIC los estudios con la cuantificación de los costos, la
ponderación de los factores objetivos y la metodología empleada
para la estimación de las TIIs.
Que la SIC, en ejercicio de la función de verificación y seguimiento
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de las garantías, revisó la determinación de las tarifas con base en el
mecanismo propuesto y encontró el incumplimiento de los
compromisos asumidos.
Que el mecanismo de fijación de las comisiones al comercio y las
condiciones para la determinación de las TIIs fueron compromisos
voluntariamente ofrecidos por CREDIBANCO y sus bancos asociados
para obtener la clausura de la investigación, que por prácticas
comerciales restrictivas se adelantaba; y que, por ende, tales
compromisos deben ser cumplidos conforme a lo ofrecido, lo que
debe ser verificado por la SIC, sin que ello implique una fijación de
tarifas por parte de la entidad demandada.
“[…] También debe tenerse en cuenta que lo que se ha presentado
no es una diferencia de criterios entre las redes y la SIC para
determinar los costos utilizados en el cálculo de las TII’s, sino una
falta de correspondencia entre los costos que efectivamente
incorporaron las redes en el modelo para la definición de las tarifas
y los compromisos aceptados en la Resolución 06817 de 2005 […]”.
Agregó que entre la Superintendencia Financiera de Colombia y la
SIC se originó un conflicto positivo de competencias, en cuanto al
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tema de exigir el cumplimiento de las resoluciones 06816 y 06817
de 2005, modificadas por las 34402 y 33813 de 2006,
respectivamente, el cual fue desatado por el Consejo de Estado en
sentencia de 5 de marzo de 2008, expediente núm. 2008-0007, en
el que dispuso que la entidad competente era la SIC.
Señaló que con la expedición del Decreto 2153 se entregó a la SIC la
labor de velar por la observancia de las disposiciones sobre
promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, en
los mercados nacionales, sin perjuicio de las competencias señaladas
en las normas vigentes a otras autoridades (artículos 2º y 4º).
Que, posteriormente, se expidió el Decreto 1400 de 4 de marzo de
20058, luego de que se expidieran las resoluciones núms. 06816 y
06817 de 21 de marzo de 2005, con el que las administradoras de
pago de bajo valor –CREDIBANCO y REDEBAN- quedaban
sometidas, incluso en materia de prácticas comerciales restrictivas y
promoción de la competencia, a la inspección y vigilancia de la
Superfinanciera; sin embargo, antes de la entrada en vigencia del
mismo, su artículo 3º fue modificado por el artículo 1º del Decreto
8
“Por el cual se someten a inspección, vigilancia y control las entidades que administran sistemas de
pago de bajo valor y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Presidente de la República.
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2999 de 30 de agosto de 20059, que adicionó el parágrafo 2°, en el
que se asigna nuevamente la competencia a la SIC en cuanto a dicha
inspección.
Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 62, 64 y 65 del CCA,
el incumplimiento total o parcial de las garantías aceptadas en actos
administrativos definitivos y en firme da lugar a que la SIC, en
ejercicio de sus facultades legales y con el objeto de velar por el
cumplimiento de los fines de las normas sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales, pueda exigir el cumplimiento
de los compromisos ofrecidos por el investigado.
Precisó que la multa y la póliza tienen una naturaleza jurídica
diferente. La primera, es una sanción; y la segunda, es una garantía
que ampara el cumplimiento de unas obligaciones.
Con respecto al segundo cargo, advirtió que la investigación
administrativa por acuerdo de precios para la fijación de las TIIs se
abrió en contra de CREDIBANCO, REDEBAN MULTICOLOR S.A. y
sus representantes legales; sin embargo, a la misma concurrieron los
9
“Por el cual se modifica el artículo 3o del Decreto 1400 de 2005”, expedido por el Presidente de la
República.
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establecimientos de comercio asociados con la presentación y
ofrecimiento de garantías a la SIC, por lo que resulta claro que el
hecho de establecer algunas obligaciones en cabeza de bancos o de
Redes no implicaba que las mismas fueran de carácter exclusivo,
pues los bancos asociados debían ejecutar todas las conductas que
estuviesen a su alcance, además de las expresamente señaladas en
las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y de las que las
modificaron, debido a que no solo eran coadyuvantes de las Redes
en cuanto al ofrecimiento, sino que también debían coadyuvar el
cumplimiento de lo ofrecido.
Señaló que los compromisos ofrecidos como garantía implicaban la
implementación de un nuevo mecanismo para la fijación de las
comisiones a los establecimientos de comercio por las compras
realizadas con tarjetas de pago crédito y débito, cuyas características
principales eran que las comisiones de adquirencia serían definidas
por los bancos y las TIIs serían determinadas de manera
independiente por las Redes, lo que significa que la participación de
los bancos asociados a las Redes contribuyó directamente a la
suficiencia de la garantía.
Indicó que si bien las Redes tenían a su cargo una obligación de
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hacer, a saber, la fijación de las TIIs, la misma comporta para los
bancos asociados una obligación de no hacer, esto es, la de
abstenerse de fijar dichas tarifas, “no obstante constituir la forma de
remunerar un servicio prestado por y para ellos”; por ende, trasladar
la función de establecer las TIIs a los bancos asociados implicó un
incumplimiento de los compromisos asumidos.
Que no es cierto que el banco hubiese cumplido con todos los
compromisos adquiridos, pues omite citar el referente a abstenerse
de fijar las TIIs, compromiso que corresponde a las Redes y que hace
parte del mecanismo propuesto para la fijación de las comisiones a
cargo de los establecimientos de comercio.
Expresó que la póliza de seguro ofrecida como colateral por el BCSC
S.A. no fue la única que se hizo efectiva, ya que al revisarse el
sistema de expedientes de la Rama Judicial, se encuentra que
múltiples establecimientos asociados y las mismas Redes, han
demandado los mismos actos bajo una línea argumentativa similar,
por consiguiente “es falso que las pólizas cubran el incumplimiento
de cada actor, por cuanto se trata de un solo paquete de
compromisos y garantías, que en el evento de su incumplimiento, se
hacen plenamente efectivas”. El demandante no precisa cuales
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fueron las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de los
compromisos.
Frente a los compromisos adquiridos por los bancos asociados a las
Redes, adujo que la transcripción que hace el demandante de los
mismos es parcial, lo que se evidencia del contenido de las
resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005; y que si bien en éstas
se establecen compromisos separados para las Redes y para los
bancos, los asumidos por las Redes solo podían materializarse y
autorregularse con la concurrencia de los bancos asociados.
Explicó que no es cierto que la efectividad de las garantías ofrecidas
por el actor fueran ejecutadas en virtud del incumplimiento de las
Redes, es así como en la Resolución núm. 46791 de 2008 se le dejó
en claro que el incumplimiento imputado al banco fue como
consecuencia de sus propios actos, ya que le correspondía de manera
conjunta asumir la función de establecer las TIIs.
En cuanto al cumplimiento de los compromisos por parte de las Redes
señaló que está acreditado que ellas cesaron la función de fijar las
TIIs y la misma fue asumida por los bancos asociados a través de los
referidos comités. El funcionamiento de los topes de tarifas
establecidos en las resoluciones núms. 34402 y 33813 de 2006
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estaba previsto de manera transitoria y sólo mientras definían los
criterios objetivos de costos y las metodologías para el cálculo de las
TIIs, se revisaban y aprobaban los mismos por la SIC y se elaboraban
los correspondientes estudios para definirlas, dentro de los plazos
establecidos.
Aclaró que, encontrándose en trámite el recurso de reposición, en
noviembre de 2006, CREDIBANCO, su representante legal y los
bancos asociados presentaron solicitud de modificación de los
compromisos ofrecidos, lo que fue aceptado en la Resolución núm.
33813 de 2006, los cuales tampoco fueron cumplidos.
Sostuvo que en el expediente obra la comunicación de 6 de agosto
de 2007, en la que la Presidenta de ASOBANCARIA manifestó a la
SIC que los bancos reasumieron la función de determinar las TIIs.
Que CREDIBANCO, en las comunicaciones de 13 y 21 de agosto, 26
de septiembre y 10 de octubre de 2007, informó que había cesado
dicha función por la decisión de su Asamblea General de modificar
los estatutos.
Que REDEBAN MULTICOLOR S.A. el 14 de agosto de 2007 manifestó
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a la SIC, lo siguiente: “[…] en desarrollo de lo dispuesto por los
bancos accionistas de REDEBAN MULTICOLOR S.A., asociados en la
Asociación Bancaria y comunicado a usted en la carta fechada 06-
08-07, radicada bajo el número 45757 (sic) cuando consideraron
conveniente reasumir la función de cálculo de dicha tarifa (se refieren
a la TII) la cual había sido delegada en las redes’, REDEBAN ha
cesado en la función de establecer la TII así como la distribución
sectorial de ella [...]”.
“[…] Como se manifestó en la Resolución 29497 de 2008 y en la
respuesta a otros recursos como el del Banco BBVA, esta
Superintendencia compartió lo manifestado por el banco en el sentido
que la no presentación de dichos estudios no es considerado un
incumplimiento de los compromisos aceptados, sino un supuesto
previamente contemplado en las Resoluciones 34402 y 33813 de
2006, el cual una vez verificado determinaba la aplicación de los
compromisos contenidos en las Resoluciones 06816 y 06817 de 2005
[…]”.
Frente al tercer cargo, señaló que llama la atención que se afirme
que cuando el Banco y las Redes ofrecieron las garantías y las
modificaciones a las mismas, lo hicieron bajo el entendido de que la
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consecuencia jurídica del incumplimiento era la reanudación de la
investigación, pues al aceptarse las garantías el cumplimiento de los
compromisos es obligatorio; por ende, no puede considerarse que la
SIC vulnere derechos de la demandante al exigir el cumplimiento de
los mismos, los cuales fueron voluntariamente ofrecidos y aceptados
mediante actos que se encuentran en firme.
Afirmó que la declaración de incumplimiento de los compromisos
puede ir acompañada de una orden para realizar una averiguación
preliminar o incluso para abrir una investigación, si es el de caso.
Citó sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
proferidas dentro los expedientes núms. 2007-00215, 2007-00202 y
2007-00111 y la sentencia de 25 de abril de 200210 del Consejo de
Estado, sobre el tema.
Indicó que con la aceptación de las garantías surge para la SIC la
obligación de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos
y que determinaron la clausura de la investigación. La obligación de
reabrir la investigación no se encuentra prevista en la ley. Mientras
la investigación clausurada tenía como objetivo establecer la
10
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
abril de 2002, C.P. Manuel Urueta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2000-0163-01 (7261).
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ocurrencia de las presuntas prácticas restrictivas, la aceptación de
las garantías conlleva verificar el cumplimiento de los compromisos
establecidos en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005,
modificadas por las resoluciones núms. 34402 y 33813 de 2006.
Expresó que en el caso de la investigación, el procedimiento aplicable
es el del artículo 52 del Decreto 2153 y en la verificación del
cumplimiento el del CCA, en virtud de lo previsto en el artículo 54 del
citado Decreto 2153. El incumplimiento de las garantías, declarado
en los actos acusados, se fundamentó en la inobservancia de
compromisos aceptados por la SIC y las órdenes impartidas en lo
previsto en el artículo 64 del CCA y en el Decreto 2153, que faculta
a la SIC para velar por la observancia de las normas de promoción
de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.
Precisó que en las resoluciones núm. 06816 y 06817 de 2005 se
exponen claramente esquemas de seguimiento.
En lo concerniente al cuarto cargo, alegó que no se violó el debido
proceso por parte de la SIC, pues se observó lo dispuesto en el CCA,
respetando y garantizando los derechos de defensa y contradicción.
Mediante oficios se solicitaron explicaciones a los bancos, con
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indicación de los hechos, soportes y normas pertinentes y
otorgándoles un plazo para presentarlas con las pruebas que
estimaran pertinentes.
Mencionó que se resolvió sobre las pruebas solicitadas y aportadas y
se practicaron las decretadas.
Que la Resolución núm. 029497 de 2008 fue notificada
personalmente informando los recursos procedentes contra la misma
y el término para interponerlos, es así como el Banco interpuso el
recurso de reposición y se notificó a REDEBAN MULTICOLOR S.A.
y a CREDIBANCO con toda la información.
Advirtió que, no obstante, no ser procedente en el trámite del recurso
de reposición, la Superintendencia demandada mediante oficio
motivado se pronunció sobre las pruebas solicitadas y sobre la no
procedencia para ser decretadas de oficio.
Adujo que en los compromisos ofrecidos se estableció de manera
expresa cuál información de la relacionada con la determinación de
las tarifas podía ser de conocimiento público y aquella que de acuerdo
con el ofrecimiento coadyuvado por los bancos mantenía carácter
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reservado. En las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 se
advirtió que los estudios de cuantificación de costos para el cálculo
de las TIIs, que debían elaborar CREDIBANCO y REDEBAN y
entregar a la SIC, tenían carácter reservado, lo que fue aceptado por
los bancos.
En relación con el alegado interés de los bancos asociados a las
Redes, en conocer la información utilizada para la determinación de
las TIIs, recordó que en el esquema de garantías aceptado por la
SIC, los bancos de manera voluntaria asignaron dicha función a las
redes. En el artículo 5º del Decreto 1400 se ratificó que a las redes
les correspondía la fijación de las TIIs.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2013, la Sección Primera,
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, denegó
las pretensiones de la demanda, al no prosperar los cargos, con base
en los razonamientos que pueden resumirse así:
En cuanto al primer cargo, señaló que de la Resolución núm.
029497 de 19 de agosto de 2008, acusada, se observa
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claramente que mediante la misma se declaró el incumplimiento de
los compromisos adquiridos por las Redes y sus bancos asociados;
que la SIC estableció unos porcentajes máximos respecto de la TIIs,
lo cual hizo en virtud del incumplimiento en que incurrieron las redes
y con base en la información allegada por las mismas, durante la
actuación administrativa, la cual se originó con la Resolución núm.
13820 de 2004, por medio de la cual se abrió investigación.
Que, sin embargo, ello no quiere significar que la SIC hubiese fijado
las TIIs, como lo sostuvo la demandante, pues esta facultad le
correspondía a las redes, de acuerdo con los compromisos ofrecidos
por las mismas, pero al amparo de los costos del servicio, lo que no
se cumplió por ellas, pues éstas incluyeron aspectos adicionales que
estaban al margen de la fijación provisional de la tarifa autorizada
por el organismo al aceptar los compromisos y, por ende, resultaba
procedente verificar su cumplimiento.
Anotó que al encontrar la SIC que la adopción de la tarifa no
guardaba plena correspondencia con el parámetro autorizado, era
viable que señalara los porcentajes para el promedio ponderado de
cada trimestre, mientras las redes ajustaban el cálculo a lo
establecido en el compromiso.
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Expresó que la potestad reconocida a las Redes de fijar las TIIs, como
parte de los compromisos aceptados por la entidad, no significaba
que su fijación quedara al arbitrio de éstas y fuera puesta en marcha
desbordando las directrices impartidas para solucionar la situación
que originó la actuación de prácticas comerciales restrictivas.
Manifestó que, así las cosas, la intervención de la SIC no fue como
agente regulador del mercado de las tarjetas de pago, a las cuales
es aplicable la tarifa, sino como autoridad encargada de vigilancia y
control de los aspectos propios del régimen de competencia, en un
aspecto del compromiso que había sido incumplido.
Advirtió que debe tenerse en cuenta que la facultad de las Redes de
fijar las TIIs no fue desconocida por la SIC, como puede colegirse del
acto acusado, dado que en éste se establece que una de las razones
por las cuales se declaró el incumplimiento fue porque las TIIs
estaban siendo fijadas por los bancos asociados, pese a que debían
fijarlas las Redes; y que la situación aludida en el artículo tercero de
la Resolución núm. 029497 de 2008 hace referencia a los
porcentajes máximos de las TIIs, disposición en la que señala
claramente que las Redes son las que deben establecer las TIIs y que
sus promedios no podrán superar los porcentajes que estableció el
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mismo acto acusado.
Indicó que lo previsto en los parágrafos primero y segundo del
artículo tercero y cuarto de la referida Resolución núm. 029497
de 2008, esto es, los porcentajes máximos de las TIIs, fue un
aspecto modificado por la SIC, al momento de resolver el recurso de
reposición interpuesto por el BCSC S.A., en la Resolución núm.
46791 de 2009, en el sentido de suprimir los aludidos porcentajes
máximos y disponer que las Redes, de acuerdo con los compromisos
ofrecidos, serían las encargadas de determinar las TIIs.
Afirmó que el demandante no indicó norma alguna que exija el
estudio técnico económico, al que se hace referencia para sustentar
las decisiones contenidas en los actos acusados expedidos por la SIC;
por ende, no hay fundamento legal para afirmar que la realización
del mismo sea obligatoria antes de declarar el incumplimiento de
unos compromisos, asumidos tanto por las Redes, como por sus
bancos asociados, ni para exigir el cumplimiento de estos y hacer
efectivas las respectivas garantías otorgadas en su momento.
Expresó que, por el contrario, la ley sí otorga facultades a la SIC en
el ámbito de las prácticas restrictivas.
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Explicó que, en efecto, el artículo 52 del Decreto 2153 permite que
la SIC clausure la investigación y acepte las garantías ofrecidas por
el presunto infractor y que la consecuencia lógica de ello es que
también pueda exigir la ejecución de los compromisos ofrecidos, una
vez ordenada la efectividad de las garantías, o, de lo contrario,
carecería de fuerza vinculante el compromiso suscrito con los
interesados.
Observó que el señor JAVIER FERNÁNDEZ RIVA, en la declaración
practicada el 2 de marzo de 2006, cuestionó el modelo presentado
por CREDIBANCO ante la SIC para la fijación de las TIIs,
concretamente, en cuanto al tema de que las TIIs serían establecidas
con base en los costos en la prestación del servicio de transferencia
de pagos a los comercios, pero no hizo referencia a los efectos
nocivos que podrían darse con motivo de las decisiones demandadas,
razón por la cual lo declarado por el mencionado testigo no desvirtúa
la legalidad de los actos acusados.
Estimó que lo manifestado por el testigo sobre su desacuerdo con el
modelo presentado por CREDIBANCO no implica que la SIC deba
hacer caso omiso a los compromisos ofrecidos por las Redes y sus
bancos asociados, dado que las Redes debieron, antes de ofrecer las
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garantías, estudiar la metodología que se iba a presentar para la
fijación de las tarifas TIIs y no alegar dicho aspecto ahora que se
analizan los actos demandados, con el fin de desconocer las garantías
ofrecidas.
Expresó que el demandante no puede ir en contra de sus propios
actos, ya que él fue quien convino en la utilización de una
determinada metodología, que finalmente fue acogida por la SIC,
como parte de los compromisos ofrecidos; por lo tanto, las
deficiencias estructurales que pudieran advertirse en dicha
metodología de cálculo no pueden imputarse a la SIC, porque la
mencionada entidad verificó el cumplimiento de los compromisos con
base en los lineamientos que propusieron las Redes y los bancos
asociados.
Sobre el estudio de la señora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ, relativo
a los efectos de la regulación sobre los precios del mercado de
tarjetas de pago, señaló que el mismo fue realizado en diciembre de
2008, es decir, con posterioridad a la aceptación de las garantías
ofrecidas por las redes y sus bancos asociados y sus modificaciones
(que datan de los años 2005 y 2006), por lo que no pudo ser tenido
en cuenta al momento de definir los compromisos entre la SIC y las
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Redes y sus bancos asociados y, por ende, mal podría ser tenido en
cuenta como parámetro.
Que, además, el citado estudio fue elaborado con posterioridad a la
expedición de la Resolución núm. 029497 demandada, lo que
significa que los suscriptores del compromiso -Redes y bancos- bien
pudieron solicitar la práctica de un estudio, como el que se menciona,
-cosa que no hizo-, pero con anterioridad al ofrecimiento de los
compromisos para saber los efectos que se podrían producir con la
fijación de las TIIs. Alegar ahora dicha circunstancia resulta tanto
como aducir la propia culpa.
En cuanto al alegato del demandante, consistente en que el estudio
de la señora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ nunca fue refutado por la
SIC, puntualizó que no le asiste la razón, toda vez que una vez leído
el contenido de la Resolución núm. 46791 de 2009, acusada,
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición contra la
Resolución núm. 029497 de 2008, se observa todo lo contrario,
pues la SIC, al momento de efectuar un análisis de dicha prueba
encontró que el referido estudio presentaba varias inconsistencias, lo
que le impedía reconocerle el valor técnico reclamado por el actor,
respecto de las afirmaciones y conclusiones allí contenidas.
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En lo relacionado con la falta de análisis del mercado colombiano, por
parte de la SIC, en la Resolución 46791 acusada, expresó que la
demandada se refirió a los mercados europeos; sin embargo, dicha
circunstancia no resulta aceptable para declarar la nulidad de los
actos acusados, pues tal referencia ocurrió a título ilustrativo y no
como fundamento de la decisión adoptada, ya que la SIC realizó un
análisis específico de los asuntos directamente pertinentes, así como
de las pruebas aportadas, con base en el cual concluyó que las Redes
y su bancos asociados habían incumplido los compromisos
correspondientes.
Indicó que con las pruebas allegadas y pedidas por el actor, no se
demuestra cuáles fueron los fines distintos a los tutelados por la ley,
que habrían impulsado a la Administración a obrar indebidamente.
Que, por el contrario, obran pruebas que demuestran el
incumplimiento de los compromisos ofrecidos por CREDIBANCO,
REDEBAN MULTICOLOR S.A., sus representantes legales y sus
bancos asociados, con ocasión de la investigación abierta, mediante
la Resolución núm. 13820 de 2004, por la ejecución de posibles
prácticas restrictivas de la competencia.
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Respecto al segundo cargo, anotó que el incumplimiento imputado a
los bancos asociados a las Redes, dentro de los cuales se encuentra
el actor, ocurrió por la fijación directa de las TIIs, como claramente
fue expuesto en la solicitud de explicaciones de 22 de abril de 2008,
planteada por la SIC, antes de la expedición de los actos acusados.
Afirmó que del oficio de 6 de junio de 2007, enviado por la Asociación
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia al Superintendente
Financiero; del oficio de 6 de agosto de 2007, enviado por la
mencionada Asociación Bancaria al Superintendente de Industria y
Comercio; y del oficio de 15 de agosto de 2007, dirigido por el
Superintendente Financiero al Superintendente de Industria y
Comercio, se puede concluir que los bancos asociados,
concretamente el actor, fijaron directamente las TIIs, aún teniendo
conocimiento de que esta era un compromiso exclusivo de las Redes,
a partir del modelo que debía ser puesto en consideración de la SIC,
razón por la cual resultaba un evidente incumplimiento de los
compromisos contraídos que su adopción fuera hecha
unilateralmente por los bancos asociados, manifiesto
desconocimiento de las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005,
modificadas por las resoluciones núms. 33813 y 34402 de 2006.
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Señaló, además, que la decisión de los bancos asociados de fijar las
TIIs tuvo notable incidencia en el incumplimiento de la obligación
relacionada con las comisiones a cargo de los establecimientos de
comercio, ya que su adopción dependía directamente de la
implementación de las TIIs, lo que se observa tanto de los
compromisos ofrecidos por los bancos asociados, como en las
modificaciones de los compromisos ofrecidos.
Manifestó que según los alcances de las resoluciones que aceptaron
las garantías y clausuraron la investigación, a cambio de los
compromisos y garantías ofrecidas por las redes y sus bancos
asociados, las comisiones solo podían ser fijadas por los bancos, una
vez CREDIBANCO y REDEBAN MULTICOLOR S.A. determinaran
las TIIs, lo que no ocurrió, dado que esas TIIs fueron fijadas por los
establecimientos de crédito.
Precisó que quedó plenamente demostrado que la fijación de las TIIs
fue hecha directamente por los bancos asociados, determinación de
la cual tuvieron conocimiento tanto CREDIBANCO como REDEBAN
MULTICOLOR, según se observa en los oficios de 7 de junio de 2007
y de 13 de agosto del mismo año, enviados por la Asociación Bancaria
y de Entidades Financieras de Colombia a las mencionadas Redes, en
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los cuales informan que los bancos asociados a las Redes habían
considerado conveniente definir directamente las TIIs, así como en
los oficios de 25 de julio de 2007 y 13 de agosto de 2007, a través
de los cuales las Redes informaron al Superintendente de Industria y
Comercio y al Superintendente Financiero que se abstendrían de fijar
las TIIs.
Explicó que dicha función de fijarlas fue asumida por los bancos
asociados, entre ellos el actor, lo que sin lugar a dudas produjo la
modificación de los compromisos adquiridos por las Redes, sin que
tal forma de proceder hubiese sido autorizada por la SIC, por lo que
no puede entenderse cumplido el compromiso en los términos de lo
ofrecido ante la SIC y aceptado en las resoluciones núms. 06816 y
06817 de 2005, modificadas por las resoluciones núms. 33813 y
34402 de 2006.
Aclaró que mediante los actos acusados se hicieron efectivas las
pólizas ofrecidas por las Redes y sus bancos asociados, con
fundamento en el incumplimiento de las Redes de fijar las TIIs,
función que asumieron los bancos, asunto sobre el cual se solicitó
explicaciones por la SIC, tanto a las Redes como a los bancos, pero
no porque las mismas no se hubiesen fijado dentro de algún término
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establecido.
Reiteró que la SIC, mediante los actos demandados, declaró el
incumplimiento de los compromisos ofrecidos por las Redes y sus
bancos asociados; exigió el cumplimiento de los mismos e hizo
efectivas las respectivas pólizas, principalmente, porque las Redes
no fijaron las TIIs en los términos de las resoluciones núms. 06816
y 06817 de 2005, modificadas por las resoluciones núms. 33813 y
34402 de 2006, función que asumieron los bancos, pero no por la
reforma de los estatutos por parte de la Asamblea General de
CREDIBANCO ni por la determinación de la Junta Directiva de
REDEBAN MULTICOLOR S.A. de abstenerse de hacerlo.
Sostuvo que, por ende, la circunstancia que dentro de los
compromisos asumidos por las Redes y sus bancos no estaba el de
no modificar los estatutos o el de no abstenerse de fijar las TIIs, no
significa que las Redes hubieren cumplido, pues lo relevante es que
las decisiones de las Redes, a través de su Asamblea General y su
Junta Directiva, implicaron el incumplimiento del compromiso por
parte de los bancos.
Estimó que el hecho de que el actor no hubiese participado en las
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sesiones del Comité TIIs VISA, por no formar parte del mismo, no
justifica su incumplimiento, en relación con los compromisos
aceptados en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, y
33813 y 34402 de 2006, expedidas por la SIC, pues está
debidamente acreditado que el BCSC S.A. fijó directamente las TIIs,
pese a que era facultad de las redes.
Que, además, del oficio de 13 de agosto de 2007 de la Asociación
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, dirigido al
Presidente de CREDIBANCO, se desprende que el actor consintió en
la conformación del mismo, independientemente de que hiciera o no
parte de él.
Consideró que si bien la SIC hizo exigible una póliza diferente a la
expedida originariamente, al igual que su certificado de renovación,
ello se debió a que la misma Red –CREDIBANCO-, al momento de
solicitar la modificación de las garantías aceptadas en la Resolución
núm. 06817 de 2005, ofreció expresamente la constitución de una
nueva póliza para garantizar los compromisos cuya modificación se
solicitaba, por lo que lo procedente era que se hiciera efectiva la
nueva póliza, teniendo en cuenta también que en ambas resoluciones
(06817 de 2005 y 33813 de 2006) se indicó el compromiso a cargo
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de las Redes consistente en fijar las TIIs.
Reiteró que el fundamento, en particular de la SIC, para decretar el
incumplimiento de los compromisos, exigir el cumplimiento de los
mismos y hacer efectivas unas pólizas, fue que los bancos asociados
a las Redes fijaron directamente las TIIs. La exigibilidad de las pólizas
no tuvo como fundamento haber participado en la reforma de los
estatutos, que hizo la Asamblea General de CREDIBANCO.
Señaló que el argumento esgrimido por el actor, en el sentido de que
la SIC estaba en la obligación de entregar a CREDIBANCO y
REDEBAN MULTICOLOR S.A. las recomendaciones técnicas del
Ministro Consejero de la Presidencia de la República, no tiene
sustento fáctico ni probatorio.
Que la fuente de dicha circunstancia, a juicio del actor, radica en lo
previsto por las resoluciones núms. 33813 y 34402 de 2006, pero
que la omisión en que incurrió la Ministra Consejera de la Presidencia
carece de incidencia en la legalidad de los actos acusados, dado que
la recomendación técnica no era determinante para el
establecimiento de los criterios, costos y metodología de las TIIs, ya
que en los términos de las resoluciones núms. 33813 y 34402 de
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2006, el concepto técnico tenía el carácter de simple recomendación.
Explicó que como la recomendación no tenía carácter vinculante para
las Redes y los bancos, ni operaba como condición suspensiva del
procedimiento de fijación de TIIs, porque los actos administrativos
de la SIC no le dieron esa naturaleza jurídica. Igualmente, al
establecer la posibilidad de acoger recomendaciones nunca se
condicionó la determinación de las TIIs a la entrega de un estudio
técnico, pues incluso el costo y la metodología inicial fueron incluidos
en tales actos, lo cual permitía la continuación del proceso.
Puntualizó que la consecuencia natural del incumplimiento de las
garantías deviene en la efectividad de la póliza, bajo un análisis
objetivo de las conductas asumidas por las administradas frente a los
compromisos adquiridos, sin que pueda haber debates adicionales
sobre presuntas responsabilidades de terceros o de la misma
Administración.
Frente al tercer cargo, señaló que de las solicitudes de explicaciones
que se enviaron a las Redes y a los bancos asociados, se observa que
la SIC estaba verificando el cumplimiento de los compromisos
asumidos por los mismos y no hizo referencia expresa a la conducta
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imputada en la investigación abierta mediante la Resolución núm.
13820 de 2004, razón por la cual no puede pretender el actor la
reapertura de una investigación, que por un lado estaba clausurada
y, por otro lado, era distinta de la verificación de los compromisos.
Sostuvo que declarado el incumplimiento de las obligaciones, luego
de la clausura de la investigación, no tenía trascendencia la
verificación de una conducta, que ya no era objeto del examen de
legalidad, dado que lo exigible era la ejecución de los compromisos
para la fijación de las tarifas por parte de las Redes y de las
comisiones por parte de los bancos.
Precisó que al analizar las normas citadas por el actor, no se observa
que la SIC tenga la obligación de reabrir una investigación una vez
la misma se clausura, lo que confirma que no le asiste razón a éste.
Aclaró que la SIC hizo exigibles las garantías, que respaldaban los
compromisos ofrecidos por las Redes, sus representantes legales y
sus bancos asociados, lo cual es diferente a la facultad que le asistía
a la SIC de suspender investigación en caso de considerar que las
garantías ofrecidas sean suficientes.
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Puntualizó que la entidad demandada, mediante los actos
demandados, no abrió una investigación, sino que procedió a
verificar el cumplimiento de los compromisos ofrecidos por las Redes
y sus bancos asociados; y que la verificación del cumplimiento de los
compromisos tuvo relación directa y clara con la conducta por la que
se abrió la investigación.
En lo concerniente al cuarto cargo, reiteró que la SIC, con la
expedición de los actos acusados, no abrió nuevas investigaciones
sino que se limitó a verificar el cumplimiento de los compromisos
ofrecidos por las Redes y sus bancos asociados; y que en esa medida
no debía seguir el procedimiento que establece el artículo 52 del
Decreto 2153, sobre infracciones a las normas de promoción a la
competencia y prácticas comerciales restrictivas, pues como se
trataba de verificar el cumplimiento de compromisos, no había un
procedimiento como tal.
Manifestó que la demandada aplicó los artículos 62 y 64 del CCA, los
cuales la facultaban para hacer efectivas las garantías ofrecidas por
las Redes y sus bancos asociados.
Resaltó que las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y 33813
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y 34402 de 2006 quedaron en firme, por lo que la SIC podía hacer
efectivas las garantías.
Indicó que no hubo violación al debido proceso, por la falta de
aplicación del procedimiento previsto en el artículo 52 del Decreto
2153, pues era otro el procedimiento a aplicar, tratándose de la
verificación de los compromisos asumidos por las redes y sus bancos
asociados.
Señaló que si bien el inciso 5° del artículo 44 del CCA establece frente
al tema el deber y forma de notificar personalmente, lo cierto es que
cuando el contenido de la decisión tenga información de carácter
reservado, el mismo no podrá ponerse en conocimiento de manera
íntegra, pues se trata de información que debe ser protegida por la
entidad, que la tenga en su poder, atendiendo a lo señalado en el
artículo 20 del CCA.
Mencionó que la información reportada por las Redes y bancos
asociados, sobre criterios, operaciones y ciertos estudios de costos,
estaba amparada por la reserva legal, cuya guarda corresponde
garantizar a la entidad demandada, por lo que no podía publicarse,
situación que era conocida por las Redes y los bancos asociados,
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dado que desde la aceptación inicial de los compromisos y garantías,
en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, la SIC señaló que
parte de la información era confidencial.
Estimó que la SIC actuó en debida forma y en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 20 del CCA, al advertir el carácter reservado
de alguna información contenida en los actos acusados y notificar
solamente los apartes del texto, que estimaron convenientes,
respecto de cada red o banco asociado, para el debido ejercicio de
su derecho de defensa.
Aclaró que la decisión adoptada por la SIC, mediante los actos
acusados, no tiene el carácter de sanción, pues la efectividad de las
garantías es la contraprestación que las Redes y los bancos tienen
que asumir por el incumplimiento de los compromisos contraídos
dentro del proceso de fijación de las TIIs y las comisiones cobradas
al comercio por el uso de las tarjetas.
Que, por lo tanto, como los compromisos no formaban parte de la
investigación abierta, porque ya había sido clausurada y habían
cesado sus efectos, se descarta el ejercicio de la potestad
sancionatoria y, en esa medida, no era necesario que la SIC evaluara
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los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, máxime si se tiene
en cuenta que fueron las mismas Redes y sus bancos asociados, al
momento de ofrecer los compromisos y garantías, así como sus
modificaciones, quienes estimaron como adecuado el monto de la
garantía de manera general, sin hacer distinción de compromisos,
por lo que era viable que la SIC hiciera exigible la póliza.
Anotó que conforme a las condiciones para la constitución de pólizas,
señaladas por la SIC en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de
2005 y 33813 y 34402 de 2006, las mismas no admiten deducible
alguno.
Expresó que del contenido de la Resolución núm. 46791 de 15 de
septiembre de 2009, a través de la cual se decidieron los recursos
interpuestos contra la Resolución núm. 29497 de 2008, no se
advierte que en la misma se haya hecho alusión a puntos nuevos,
frente a los que fueron evaluados desde un principio; es decir, no
surgió con posterioridad un nuevo tema que requiriera ser analizado,
por lo que, en esa medida, resultaba improcedente el recurso de
reposición interpuesto por el actor el 15 de octubre de 2009, como
en efecto la SIC lo declaró.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor fincó su inconformidad, en esencia, así:
Señaló, en primer lugar, que carece de validez la consideración del a
quo, que sostuvo:
“[…] La omisión en que incurrió la Ministra Consejera de la
Presidencia, carece de incidencia en la legalidad de los actos
acusados, pues la determinación técnica no era determinante
para el establecimiento de los criterios, costos, metodologías
de la TIIS, ya que en los términos de las Resoluciones 33813 y
34402 el concepto técnico tenía el carácter de simple
recomendación […]”.
Expresó que en el caso de CREDIBANCO, la Administración
incumplió con la obligación a su cargo de presentarle con una
antelación razonable a 13 de agosto de 2007, la recomendación
técnica, que respecto de “los estudios que sirvan de base para la
determinación de los criterios objetivos y metodología para la
determinación de la Tarifa Interbancaria de Intercambio y/o la
definición de un nuevo modelo”, debió elaborar el Ministro Consejero
de la Presidencia de la República o con la obligación de respetar la
condición suspensiva de la obligación de CREDIBANCO de presentar
a la SIC “los criterios objetivos y la metodología para la cuantificación
de costos”, a que se refiere el literal c) del aparte iv) del numeral
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2.1.1. del considerando cuarto de la Resolución núm. 33813 de 11
de diciembre de 2006 de la SIC.
Explicó que en la consideración 6 de la Oferta de Modificación de
Garantía, presentada el 21 de noviembre de 2006 por CREDIBANCO
a la SIC y aceptada por esta última entidad, mediante la Resolución
núm. 33813 de 11 de diciembre de 2006, se establece:
“[…] Que para presentar a la SIC los estudios que sirvan de
base para la determinación de los criterios objetivos y
metodología para la determinación de la Tarifa Interbancaria
de Intercambio y/o la definición de un nuevo modelo,
CREDIBANCO deberá adoptar la recomendación técnica que al
respecto formule el Ministro Consejero de la Presidencia de la
República, con base en los estudios técnicos que para el efecto
contrate […]”.
Que, también, dentro de los compromisos asumidos por
CREDIBANCO, en el literal a) del punto iv) del numeral 2.1.1. del
aparte Compromisos de dicha oferta de modificación de garantías, se
señala:
“[…] Las TIIs serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los criterios
objetivos de costos y la metodología para la cuantificación de
los mismos aprobados por la SIC.
[…]
Para el efecto, la red adoptará la recomendación técnica del
Ministro Consejero de la Presidencia de la República […]”.
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Indicó que es claro que CREDIBANCO estaba obligado a aceptar la
recomendación técnica que le formulara el Ministro Consejero de la
Presidencia de la República, ya fuera en el sentido de establecer un
modelo de costos, de acuerdo con la recomendación, o de establecer
un nuevo modelo.
Que para acoger debidamente cualquiera de esas opciones, requería
de un tiempo prudencial para ello y de conocer el sentido de la
recomendación del Ministro.
Que mientras CREDIBANCO no la conociera no sabría qué era lo que
debería acoger y, por lo tanto, no podría presentarle a la SIC ni los
criterios objetivos y metodología para la cuantificación de los costos
de las TIIs, ni la modificación de garantías, con base en un nuevo
modelo que le hubiere sido recomendado.
Que en el caso de REDEBAN MULTICOLOR S.A., aunque la
consecuencia de las recomendaciones del Ministro Consejero de la
Presidencia eran diferentes, por cuanto no eran de forzosa
aceptación, como sí lo eran para CREDIBANCO, la Administración
también le incumplió, al no presentarle las referidas
recomendaciones.
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Que es claro que las tarifas de las TIIs promedio, establecidas en las
resoluciones, que aceptaron las modificaciones a las garantías
presentadas por las redes, no se superaron nunca; no se pudieron
presentar los criterios objetivos y metodologías para la cuantificación
de los costos ni los estudios ajustados a tales criterios y
metodologías, en razón exclusivamente a dicho incumplimiento de la
Administración.
Que como las TIIs están establecidas para que las reciban los bancos
emisores, se mantuvieron los promedios establecidos por las
resoluciones núms. 33813 y 34402, después de las fechas previstas
para presentar los criterios objetivos y metodologías para la
cuantificación de los costos y los estudios ajustados a tales criterios
y metodologías, ya que el negocio seguía y no podía frenarse por el
referido incumplimiento.
Manifestó, en segundo lugar, que la SIC violó el debido proceso, al
desechar el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. 46791 de 2009, “Por la cual se deciden los recursos de
reposición interpuestos contra la Resolución núm. 029497 de 2008”,
al negar su trámite sin resolverlo de fondo y argumentar que no
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existen puntos nuevos en la citada decisión recurrida, a pesar de que
es claro que sí los hay.
Explicó que los puntos nuevos dan lugar a que sea posible, de
conformidad con el inciso 3º del artículo 348 del Código de
Procedimiento Civil, interponer el citado recurso de reposición, contra
la resolución que resolvió los recursos de reposición.
Alegó, en tercer lugar, que la SIC debe fundamentar los actos
administrativos, que dan por terminada una actuación
administrativa, sobre la libre competencia económica, cuyo
contenido es estrictamente de carácter económico, en un análisis o
estudio de carácter económico.
Que es un hecho debidamente probado, dentro del expediente, que
las decisiones tomadas en las resoluciones acusadas no fueron
fundamentadas con un estudio técnico económico, ni sobre el
mercado relevante colombiano. Estudios que se deben realizar al
tomar cualquier determinación sobre la libre competencia económica
y que ponga fin a una actuación administrativa.
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Que si se analiza detenidamente la declaración del doctor JAVIER
FERNÁNDEZ RIVA, que obra en el expediente, se llega a la conclusión
que el efecto de aplicar las órdenes de que tratan los artículos Tercero
y Cuarto de la Resolución núm. 029497 de 2008, acusada, sería
altamente nocivo para el derecho colectivo de la libre competencia
económica y afectaría gravemente a los consumidores, pero no
exclusivamente a los tarjetahabientes de tarjetas de pago bancarias.
Que el estudio denominado “Concentración del mercado de Tarjetas
de Pago VISA”, realizado por la señora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ
RESTREPO, Investigadora Asociada de FEDESARROLLO y Directora
del Proyecto para elaborar dicho estudio, ratifica los conceptos
presentados, ante la SIC, por el señor JAVIER FERNÁNDEZ RIVA.
Anotó que “[…] en lo demás de la sentencia impugnada, sirvan para
esta sustentación de apelación las razones expresadas al respecto en
el aparte FUNDAMENTOS DE DERECHO- NORMAS VIOLADAS Y
CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN de la corrección de la demanda
presentada dentro del proceso de la referencia el 19 de julio de 2012
y a las cuales remito al juzgador de segunda instancia […]”.
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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, la parte actora, a través de escrito visible a folios 9
a 19 del cuaderno de apelación, adujo los mismos argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
Reiteró que la administración incumplió con la obligación a su cargo
de presentar la recomendación técnica, que debía elaborar el Ministro
Consejero de la Presidencia de la República, respecto de “los estudios
que sirvan de base para la determinación de los criterios objetivos y
metodología para la determinación de la Tarifa Interbancaria de
Intercambio y/o la definición de un nuevo modelo”, y a la cual se
había comprometido en las resoluciones núm. 33813 y 34402 de
2006, razón por la cual CREDIBANCO y REDEBAN MULTICOLOR
S.A. no pudieron cumplir con determinar los criterios objetivos de
esos costos y la metodología para la determinación o cuantificación
de la Tarifa Interbancaria de Intercambio.
Que la SIC violó el debido proceso, al haber desechado el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm. 46791 de 2009,
negar su trámite sin resolverlo de fondo y al argumentar que no
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existen puntos nuevos en la citada decisión recurrida, a pesar de que
es claro que sí los hay.
Que la entidad demandada debió fundamentar los actos
administrativos que dieron por terminada una actuación
administrativa sobre la libre competencia económica, en un análisis
o estudio de carácter económico y sobre el mercado relevante
colombiano; y que en lo demás de la sentencia apelada, se debía
tener en cuenta las razones expresadas en el concepto de violación
de la corrección de la demanda.
IV.2.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
mediante escrito visible a folios 20 a 41 del cuaderno de apelación,
solicitó desestimar las alegaciones presentadas en el recurso de
apelación, dada la irrefutable legalidad de las resoluciones acusadas
y la improcedencia de la totalidad de los cargos formulados por el
actor.
Señaló que no incurrió en desviación de poder, ni expidió los actos
acusados en contravención de las disposiciones legales de libre
competencia económica, ni actuó en contra del interés público, ni
infringió el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
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Manifestó que, en los actos acusados, la entidad demandada se
pronunció sobre el cumplimiento de las garantías ofrecidas por
CREDIBANCO, particularmente sobre los compromisos referidos a
la determinación de la TII, los cuales forman parte de las obligaciones
que implicaban la implementación del nuevo mecanismo para la
fijación de las comisiones a cargos de los establecimientos de
comercio y que fueron evaluados y tenidos en cuenta para establecer
la suficiencia de las garantías y ordenar la clausura de la
investigación. Empero, no fijó las TII, ni ejerció facultades de
regulación de precios.
Expresó que el incumplimiento de las garantías, imputado al actor,
declarado en las resoluciones demandadas, fue fruto de sus propios
actos y no del incumplimiento de las Redes; y se fundamentó en la
inobservancia de los compromisos contenidos en los ofrecimientos
aceptados por la SIC, -la función de establecer la TII-, establecidos
en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, así como en las
modificatorias, y en las órdenes impartidas en lo dispuesto por el
artículo 64 del CCA y en el Decreto 2153, el cual faculta a la SIC para
velar por la observancia de las normas de promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas.
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Sostuvo, además, que la SIC garantizó el derecho de defensa,
contradicción y, en general, el derecho al debido proceso del
demandante.
IV.3.- Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 029407 de 19 de julio de 2008 y 46791 de
15 de septiembre de 2009, expedidas por el Superintendente de
Industria y Comercio.
En la primera de las citadas resoluciones, la SIC decretó el
incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones núms.
06816 y 06817 de 2005, modificadas por las núms. 34402 y 33813
de 2006, se exigió el cumplimiento de estas y se hicieron efectivas
unas pólizas. Y en la segunda, resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el actor en el sentido de: i) confirmar la citada
Resolución núm. 029497 de 2008, en lo relativo al incumplimiento
de los compromisos declarados en los artículos primero y segundo y lo
resuelto en los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, undécimo,
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duodécimo y décimo tercero; ii) modificar los parágrafos primero y
segundo del artículo tercero del citado acto administrativo, así como el
artículo cuarto del mismo, los cuales hacían referencia a unos
porcentajes máximos que estableció la SIC de acuerdo con la
información suministrada por las redes para la fijación de las TIIs;
iii) aclarar el artículo octavo de dicho acto; y iv) revocar su artículo
décimo.
Para tal efecto, se deben tener en cuenta los siguientes hechos que
antecedieron a los actos administrativos acusados:
. La SIC, mediante la Resolución núm. 13820 de 25 de junio de
2004, abrió investigación en contra de REDEBAN MULTICOLOR
S.A., CREDIBANCO y de sus representantes legales, por la
realización de presuntas prácticas comerciales restrictivas de la
competencia, en cuanto establecieron las mismas comisiones
máximas de tarjetas de crédito y débito para las distintas actividades
comerciales.11
. CREDIBANCO, a través de escrito radicado el 2 de febrero de
2005 ante la SIC, suscrito por esta entidad y por los bancos
11
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 1F 1-780.
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asociados, ofreció la constitución de garantías con el fin de conseguir
anticipadamente la clausura de la investigación, conforme a lo
previsto en el artículo 52 del Decreto 2153, en el cual consignaron
los compromisos de dicha Red y de los bancos asociados, de los que
se puede destacar que a la RED le correspondía fijar
independientemente las TII12s y a los bancos asociados les competía,
a partir de la fecha en que se implementara el sistema de las TIIs,
determinar, independientemente, las comisiones a cargo de los
diferentes establecimientos de comercio por el servicio de
adquirencia, para lo cual tendrían en cuenta los factores objetivos.13
REDEBAN MULTICOLOR S.A., en escrito radicado el 2 de febrero
de 2005, suscrito por esta entidad y por los bancos asociados,
también ofreció la constitución de garantías con el fin de conseguir
anticipadamente la clausura de la investigación, conforme a lo
previsto en el artículo 52 del Decreto 2153.14
. A través de la Resolución núm. 06816 de 31 de marzo de
200515, la SIC aceptó el ofrecimiento de garantías presentado por
REDEBAN MULTICOLOR S.A. y su representante legal, coadyuvado
12
Es la comisión establecida a favor de los establecimientos de crédito y emisores y a cargo de los
establecimientos de crédito adquirentes.
13
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 3F 1351-1759, folios 154 a 167.
14
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 3F 1351-1759, folios 218 a 233.
15
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 3F 1351-1759, folios 437 a 447.
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por los bancos asociados a dicha Red, y ordenó la clausura de la
investigación por la presunta violación de las normas sobre prácticas
comerciales restrictivas de la competencia.
Y mediante la Resolución núm. 06817 de 31 de marzo de
200516, la SIC aceptó el ofrecimiento de garantías presentado por
CREDIBANCO y su representante legal, coadyuvado por los bancos
asociados a dicha Red, y ordenó la clausura de la referida
investigación.
En el considerando “SEGUNDO” de las citadas resoluciones, se
estableció:
-Resolución núm. 06816 de 31 de marzo de 2005
“[…]
2.1 Los compromisos que se adquieren
2.1.1 Por parte de REDEBAN (La Red)
[…]
(iii) La Red fijará independientemente las tarifas interbancarias
de intercambio, de las cuales será responsables los bancos
adquirentes frente a los bancos emisores.
[…]
La tarifa o tarifas interbancarias de intercambio serán
determinadas por la Red teniendo en cuenta únicamente
los costos relacionados con el servicio al establecimiento
de comercio de transferencias de los pagos realizados
16
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 3F 1351-1759, folios 449 a 459.
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con tarjetas, siempre y cuando no hayan sido sufragados en
su totalidad por otro agente, más la utilidad establecida por la
Red para operación del negocio. En consecuencia, en la
determinación de la tasa o tasas de intercambio se excluye
cualquier costo que esté relacionado con la emisión de tarjetas
y financiamiento al tarjetahabiente, con lo cual se previene la
doble causación de un mismo costo.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
-Resolución núm. 06817 de 31 de marzo de 2005
“[…]
2.1 Los compromisos que se adquieren
2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)
[…]
(iii) La Red fijará independientemente las tarifas interbancarias
de intercambio, de las cuales será responsables los bancos
adquirentes frente a los bancos emisores.
[…]
(v). Las tarifas interbancarias de intercambio serán
determinadas por la Red, considerando los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que
exclusivamente correspondan a los servicios de tarjeta
de pago prestados a los comercios, siempre que no hayan
sido asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero, más una
utilidad razonable por este negocio […]” (Las negrillas y
subrayas fuera de texto).
En el numeral 3.4 del considerando TERCERO y en la parte resolutiva
de las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 31 de marzo de
2005, se expresó:
“[…] TERCERO: Que para decidir la anterior solicitud, este
Despacho tendrá en cuenta que el ofrecimiento presentado,
cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 2153 de
1992, de la siguiente manera:
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[…]
3.4. Esquema de Seguimiento
Como complemento a las indicaciones que hemos dado, la
Superintendencia de Industria y Comercio entiende que su
deber de verificación del correcto funcionamiento de los
mercados, previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de
1992 y demás normas concordantes, no se verá satisfecho
en el presente caso, sin un esquema de seguimiento que
permita corroborar el cumplimiento de lo prometido y
asegurar que no se está incurriendo nuevamente en las
mismas conductas que dieron mérito a la apertura de la
investigación.
En el caso que nos ocupa, el esquema de seguimiento es idóneo
si se concreta por el término de tres (3) años, durante el cual:
[…]
-Los bancos se obligan para con la Superintendencia de
Industria y Comercio a remitirle periódicamente, en forma
trimestral el primer año y semestral los dos siguientes, con
carácter confidencial, a partir del último día del mes en que el
sistema atrás descrito haya quedado establecido, un listado de
los criterios objetivos que haya utilizado para la fijación de la
comisión, su ponderación, así como las comisiones vigentes,
junto con los cambios que unos y otras hayan tenido en dichos
períodos. Esta información deberá remitirse dentro del mes
siguiente a la terminación de cada período.
A partir del último día calendario del mes en que haya quedado
debidamente implementado el sistema de tarifas interbancarias
de intercambio, cada banco deberá mantener a disposición de
la Superintendencia de Industria y Comercio un archivo con los
reglamentos internos sobre los criterios objetivos establecidos
para determinar los comisiones de adquirencia, al igual que las
modificaciones que realice a los mismos. Este archivo se
conservará durante tres años, contados a partir de la fecha de
aceptación de la presente oferta de garantías.
El anterior esquema de seguimiento, entiéndase sin
perjuicio de las facultades de verificación que le confiere
a esta Entidad el artículo 2º del Decreto 2153 de 1992, y
demás normas concordantes, las cuales podrán ser
ejercidas en cualquier momento.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar como garantía de suspensión
de la conducta investigada los compromisos descritos en la
parte considerativa de la presente resolución, así como el
esquema de seguimiento y la póliza de cumplimiento
ofrecida […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
. Previa solicitud de explicaciones y práctica de pruebas, la SIC, a
través de la Resolución núm. 12040 de 15 de mayo de 2006,
declaró el incumplimiento de los compromisos contenidos en la
Resolución núm. 06817 de 2005 a CREDIBANCO y a su
representante legal, por inconsistencias en la determinación de
tarifas interbancarias de intercambio por parte de la mencionada red,
ordenó la efectividad de la póliza de cumplimiento e impartió
instrucciones tendientes al cumplimiento de los compromisos
asumidos.
El representante legal de CREDIBANCO S.A. y la Compañía Mundial
Seguros S.A. interpusieron recurso de reposición contra esta
decisión.
. El 29 de noviembre de 2006, estando pendiente de resolver los
referidos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución
núm. 12040 de 15 de mayo de 2006, CREDIBANCO y sus bancos
asociados solicitaron la modificación de los compromisos
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aceptados por la SIC en la Resolución núm. 06817 de 2005, solicitud
que fue suscrita por el BCSC S.A. Concretamente, pidieron lo
siguiente:
“[…] a) Las TII serán determinadas por la red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los criterios
objetivos de costos y la metodología para cuantificación de los
mismos aprobados por la SIC. Adicionalmente, la red definirá
una utilidad razonable.
Para el efecto, la red adoptará la recomendación técnica
del Ministro Consejero de la Presidencia de la República
y, en todo caso, se compromete a no incluir en el cálculo de la
TII los costos asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero y
los de la adquirencia. La red verificará esta circunstancia con
base en la información que le remitan los bancos.
b) A partir de la fecha de la aceptación de la presente solicitud
de modificación de garantías por parte de la SIC y hasta cuando
se determine la nueva TII conforme al estudio que elabore la
red de acuerdo con los criterios objetivos y la metodología
aprobados por la SIC, las TII promedio para las transacciones
realizadas con tarjetas crédito, débito y electron, serán las que
indican a continuación:
-Crédito: 2% máximo promedio ponderado, en cada trimestre
calendario.
-Débito: 1,96% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario
-Electron; 1,25% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
c) Dentro de un término máximo de 8 meses, contados a partir
de la aceptación de la presente solicitud de modificación de
garantías, CREDIBANCO presentará a la SIC los criterios
objetivos y la metodología para la cuantificación de costos.
d) Adicionalmente, CREDIBANCO se compromete a presentar a
la SIC el estudio ajustado a los criterios y metodología
aprobados por la SIC, en un plazo máximo de 6 meses,
contados a partir de la fecha en que esta apruebe los criterios
y la metodología.
e) Si CREDIBANCO no presenta los estudios respectivos dentro
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de los plazos previstos en los literales c) y d) anteriores o la
Superintendencia no aprueba los mismos, la red se
compromete a […] cada uno de ellos tendrá derecho a las
comisiones que acuerde libremente sobre cada una de las
transacciones que adquiera. Estas comisiones pueden ser
mayores, menores o equivalentes a las tarifas interbancarias
de intercambio que haya determinado CREDIBANCO.
CREDIBANCO se obliga a establecer el sistema de TII
provisional previsto en el literal b) del numeral iv) dentro de
los 5 días siguientes a la ejecutoria de la resolución que admita
la modificación de garantías. En caso de que se incumpla
cualquiera de los compromisos a cargo de la red, la SIC podrá
hacer efectiva la garantía otorgada por la suma de
$816.000.000.
[…]
g) Si los estudios recomiendan la adopción de un nuevo
modelo, CREDIBANCO acogerá la recomendación y presentará
a la SIC la correspondiente modificación de garantías […]”.17
-El 14 de diciembre de 2006, REDEBAN MULTICOLOR S.A. y los
bancos asociados solicitaron la modificación de los
compromisos aceptados por la SIC en la Resolución núm. 06816 de
2005, solicitud que fue suscrita por el BCSC S.A. Concretamente
pidieron lo siguiente:
“[…] a) Las TII serán determinadas por la red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los criterios
objetivos de costos y la metodología para cuantificación de los
mismos aprobados por la SIC. Adicionalmente, la red definirá
una utilidad razonable.
Parágrafo. Para el efecto, la Red podrá adoptar la
recomendación técnica del Ministro Consejero de la Presidencia
de la República y, en todo caso, se compromete a no incluir en
el cálculo de la TII los costos asumidos por el tarjetahabiente u
otro tercero y los de la adquirencia. La red verificará esta
circunstancia con base en la información que le remitan los
17
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 17C- 17-1-C-17-575, folios 115 a 139.
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bancos.
Parágrafo 1.- A partir de la fecha de la aceptación de la
presente solicitud de modificación de garantías por parte de la
SIC y hasta cuando se determine la nueva TII conforme al
estudio que elabore la Red de acuerdo con los criterios
objetivos y la metodología aprobados por la SIC, las TII
promedio para las transacciones realizadas con tarjetas crédito,
débito (Maestro), serán las que indican a continuación:
-Crédito: 2.1% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
-Débito (Maestro): 1,205% máximo promedio ponderado, en
cada trimestre calendario
Parágrafo 2.- Dentro de un término máximo de 8 meses,
contados a partir de la aceptación de la presente solicitud de
modificación de garantías, REDEBAN presentará a la SIC los
criterios objetivos y la metodología para la cuantificación de
costos.
Parágrafo 3.-Adicionalmente, REDEBAN se compromete a
presentar a la SIC el estudio ajustado a los criterios y
metodología aprobados por la SIC, en un plazo máximo de 6
meses, contados a partir de la fecha en que esta apruebe los
criterios y la metodología.
Parágrafo 4.- Para distribuir el resultado del estimativo hecho
con base en los criterios objetivos que se allegarán a la
Superintendencia, REDEBAN determinará las tarifas
interbancarias de intercambio de los establecimientos de
comercio, teniendo en cuenta todos, algunos o alguno de los
siguientes factores objetivos: […].18
Como justificación de la modificación solicitada, CREDIBANCO y
REDEBAN y los bancos asociados pusieron de presente, entre otras
razones, “[…] que en cumplimiento de los compromisos asumidos se
presentaron inconvenientes con diferencias en la aplicación de los
criterios objetivos y con la dificultad de suministrar, de manera
18
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 17C- 17-1-C-17-575, folios 208 a 226.
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uniforme, la estructura de costos de parte de los bancos, que por lo
demás carecen de normas contables especiales para facilitar el
recaudo de esta información […]”.
. A través de la Resolución núm. 33813 de 11 de diciembre de
200619, la SIC aceptó la solicitud de modificación de los compromisos
consignados en la Resolución núm. 06817 de 31 de marzo de 2005
ofrecidas por CREDIBANCO.
• Asimismo, mediante la Resolución núm. 34402 de 14 de
diciembre de 200620, la SIC aceptó la solicitud de modificación de
los compromisos consignados en la Resolución núm. 06816 de 31 de
marzo de 2005 ofrecidas por REDEBAN MULTICOLOR S.A.
En los considerandos “CUARTO” y “QUINTO” de las citadas
resoluciones, se señaló:
-Resolución núm. 33813 de 11 de diciembre de 2006
“[…] CUARTO: Que según el escrito reseñado en el
considerando segundo, los compromisos ofrecidos en cabeza
de la Red, de su representante legal y de los bancos asociados
a la misma Red, quedarían de la siguiente manera:
“2.1 Los compromisos que se adquieren
19
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 17C- 17-1-C-17-575, folios 168 a 175.
20
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 17C- 17-1-C-17-575, folios 183 a 187.
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2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)
“El nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a cargos
de los establecimientos de comercio consistirá en:
“(i) A partir de la fecha aquí referida (1 Abril 2005), la
Red se abstendrá de fijar la comisión a cargo de los
establecimientos de comercio.
(ii) Cada Banco adquirente acordará las comisiones a cargo de
los establecimientos de comercio.
(iii) La Red fijará independientemente las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales serán
responsables los bancos adquirentes frente a los bancos
emisores.
[…]
iv) […]
a) Las TII serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los
criterios objetivos de costos y la metodología para la
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.
Para el efecto, la red adoptará la recomendación técnica
del Ministro Consejero de la Presidencia de la República
y, en todo caso, se compromete a no incluir en el cálculo de la
TII los costos asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero y
los de adquirencia. La red verificará esa circunstancia con base
en la información que le remitan los bancos.
b) A partir de la fecha de la aceptación de la presente
solicitud de modificación de garantías por parte de la SIC
y hasta cuando se determine la nueva TII conforme al
estudio que elabore la red de acuerdo con los criterios
objetivos y la metodología aprobados por la SIC, las TII
promedio para las transacciones realizadas con tarjetas crédito,
débito y electron, serán las que indican a continuación:
-Crédito: 2% máximo promedio ponderado, en cada trimestre
calendario.
-Débito: 1,96% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario
-Electron; 1,25% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
c) Dentro de un término máximo de 8 meses, contados a
partir de la aceptación de la presente solicitud de
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modificación de garantías, CREDIBANCO presentará a la
SIC los criterios objetivos y la metodología para la
cuantificación de costos.
d) Adicionalmente, CREDIBANCO se compromete a
presentar a la SIC el estudio ajustado a los criterios y
metodología aprobados por la SIC, en un plazo máximo
de 6 meses, contados a partir de la fecha en que esta
apruebe los criterios y la metodología.
e) Si CREDIBANCO no presenta los estudios respectivos
dentro de los plazos previstos en los literales c) y d)
anteriores o la Superintendencia no aprueba los mismos,
la red se compromete a dar cumplimiento a los
compromisos aceptados en las resoluciones 6817 de
2005.
f) Para distribuir el resultado del estimativo hecho con base en
los criterios objetivos que se allegarán a la Superintendencia,
CREDIBANCO determinará las tarifas interbancarias de cada
establecimiento de comercio, teniendo en cuenta todos,
algunos o alguno de los siguientes factores objetivos:
[…]
g) Si los estudios recomiendan la adopción de un nuevo
modelo, CREDIBANCO acogerá la recomendación y
presentará a la SIC la correspondiente modificación de
garantías.
v) Con la aplicación de este sistema los bancos adquirentes
podrán competir entre sí ante los diferentes establecimientos y
cada uno de ellos tendrá derecho a las comisiones que acuerde
libremente sobre cada una de las transacciones que adquiera.
Estas comisiones pueden ser mayores, menores o equivalentes
a las tarifas interbancarias de intercambio que haya
determinado CREDIBANCO.
CREDIBANCO se obliga a establecer el sistema de TII
provisional previsto en el literal b) del numeral iv)
dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la
resolución que admita la modificación de garantías. En
caso de que se incumpla cualquiera de los compromisos
a cargo de la red, la SIC podrá hacer efectiva la garantía
otorgada por la suma de $816.000.000.
-La Red se obliga a poner a disposición de la Superintendencia
de Industria y Comercio, tanto los factores objetivos de fijación
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de las tasas interbancarias, su ponderación, así como las tarifas
fijadas y los cambios de unas y otras cuando la
Superintendencia lo solicite.
-La Red se obliga para con la Superintendencia de Industria y
Comercio a remitirle periódicamente, en forma trimestral, con
carácter confidencial, a partir de la fecha en que el sistema
atrás descrito haya quedado establecido, un listado de los
factores objetivos que haya utilizado para la fijación de la Tarifa
Interbancaria de Intercambio, su ponderación, así como las
tarifas vigentes, junto con los cambios que unos y otros hayan
tenido en dichos períodos, si los hubiere. Esta información
deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.
[…]
2.1.3 Por parte de los bancos asociados a CREDIBANCO:
Los Bancos asociados a CREDIBANCO, cuando obren como
adquirentes, se obligan a dar cumplimiento a las siguientes
estipulaciones, que además CREDIBANCO incluirá dentro de su
respectivo reglamento interno, como obligación a cargo de los
bancos asociados:
a. Cada banco deberá determinar independientemente las
comisiones a cargo de los establecimientos de comercio por el
servicio de adquirencia, teniendo en cuenta factores objetivos
como: el tipo de actividades que desarrolla el establecimiento;
los volúmenes de facturación; los riesgos inherentes a cada
negocio; los costos; el tipo de productos; la situación
competitiva del respectivo banco frente a los demás que
presten el servicio de adquirencia; la política de penetración al
mercado de adquirencia; los estudios sobre los beneficios que
le ha reportado el establecimiento de comercio en los diversos
negocios que ha desarrollado con el mismo; las proyecciones
de los beneficios que podría tener el banco al vincular a un
establecimiento de comercio a sus servicios bancarios de
cuenta corriente bancaria, de cuenta de ahorros, de emisión de
certificados de depósito a término, de negocios de cambio, de
cartas de crédito, de negocios internacionales, de crédito, de
adquirencia de tarjeta de pago, y demás servicios financieros.
b. Los bancos se obligan para con la Superintendencia de
Industria y Comercio a remitirle periódicamente, durante tres
años, en forma trimestral, con carácter confidencial, a partir
del último día del mes en que el sistema atrás descrito haya
quedado establecido, un listado de criterios objetivos que haya
utilizado para la fijación de la comisión, su ponderación, así
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como las comisiones vigentes, junto con los cambios que uno
y otro hayan tenido en dichos períodos. Esta información
deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.
Dentro de los principios que inspiran dicho documento, queda
claro que cada banco podrá establecer y sustituir, cuando a
bien tenga, los criterios utilizados para la determinación de las
comisiones de adquirencia en un momento dado, por otros
igualmente objetivos; establecer y modificar la ponderación
originalmente asignada a cada uno de los mismos; utilizar
factores objetivos diferentes de los enumerados de manera no
taxativa o en el literal a.- anterior; utilizar solo alguno o
algunos de los allí mencionados o uno o unos de ellos, junto
con otros diferentes, que el mismo banco considere más
convenientes para su actividad.
c. Mantener a disposición de la Superintendencia de Industria
y Comercio un archivo con los reglamentos internos sobre los
factores objetivos establecidos para determinar las comisiones
de adquirencia, al igual que las modificaciones que realice a los
mismo. Este archivo se conservará durante tres años, contados
a partir de la fecha de aceptación de la presente oferta de
garantías.
“[…] QUINTO: Que revisadas las modificaciones propuestas,
este Despacho considera que los nuevos compromisos
ofrecidos constituyen garantía suficiente respecto a la
suspensión o modificación de los comportamientos que dieron
origen a la investigación que concluyó con la resolución 06817
de 2005 pues, como los inicialmente aceptados, ellos
garantizan que la fijación de las comisiones cobradas a los
establecimientos de comercio por la prestación de los servicios
de tarjetas de pago se efectuará en forma independiente y
objetiva y, además, en competencia con los demás
participantes del mercado, de manera que se pueda asegurar
que el mercado se verá liberado, en el presente y el futuro, de
las circunstancias que motivaron el inicio de dicha investigación
[…]”.
-Resolución núm. 34402 de 14 de diciembre de 2006
“[…] CUARTO: Que según el escrito reseñado en el
considerando segundo, los compromisos ofrecidos por
REDEBAN y sus bancos asociados, quedarían de la siguiente
manera:
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“2.1 Los compromisos que se adquieren
2.1.1 Por parte de REDEBAN (La Red)
“(i) A partir de la fecha aquí referida (1 Abril 2005), la
Red se abstendrá de fijar la comisión a cargo de los
establecimientos de comercio.
(ii) Cada Banco adquirente acordará las comisiones a cargo de
los establecimientos de comercio.
(iii) La Red fijará independientemente las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales serán
responsables los bancos adquirentes frente a los bancos
emisores.
[…]
(v) Las TII serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los
criterios objetivos de costos y la metodología para la
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.
Parágrafo.- Para el efecto, la Red podrá adoptar la
recomendación técnica del Ministro Consejero de la
Presidencia de la República y, en todo caso, se compromete
a no incluir en el cálculo de la TII los costos asumidos por el
tarjetahabiente u otro tercero y los de adquirencia. La red
verificará esa circunstancia con base en la información que le
remitan los bancos
(vi) Con la aplicación de este sistema los bancos adquirentes
podrán competir entre sí ante los diferentes establecimientos y
cada uno de ellos tendrá derecho a las comisiones que acuerde
libremente sobre cada una de las transacciones que adquiera.
Estas comisiones pueden ser mayores, menores o equivalentes
a las tarifas interbancarias de intercambio que haya
determinado CREDIBANCO.
Así mismo, la Red se obliga para con la Superintendencia de
Industria y Comercio periódicamente, en forma trimestral, con
carácter carácter confidencial, a partir de la fecha en que el
sistema atrás descrito haya quedado establecido, un listado de
los factores objetivos que haya utilizado para la fijación de la
Tarifa Interbancaria de Intercambio, su ponderación, así como
las tarifas vigentes, junto con los cambios que unos y otros
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hayan tenido en dichos períodos. Esta información deberá
remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de cada
período.
Como complemento de lo anterior, la Red se obliga a poner a
disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio,
tanto los criterios objetivos de fijación de las tasas
interbancarias, su ponderación, así como las tarifas fijadas y
los cambios de unas y otras cuando la Superintendencia lo
solicite. La obligación de remisión de los criterios objetivos
estará vigente mientras se apliquen las tarifas interbancarias
de intercambio provisionales que se refiere el parágrafo
siguiente.
Parágrafo 1. A partir de la de fecha de aceptación de la
presente solicitud de modificación de garantías por parte de la
SIC, y hasta cuando se determine al nueva TII conforme al
estudio que elabore la Red de acuerdo con los criterios
objetivos y la metodología aprobados por la SIC, las TII
promedio para transacciones realizadas con tarjetas crédito y
débito (Maestro), serán las que indican a continuación:
-Crédito: 2.1% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
-Débito (Maestro): 1.205% máximo promedio ponderado, en
cada trimestre calendario.
Parágrafo 2. Dentro de un término máximo de 8 meses,
contados a partir de la aceptación de la presente
solicitud de modificación de garantías, REDEBAN
presentará a la SIC los criterios objetivos y la
metodología para la cuantificación de costos.
Parágrafo 3. Adicionalmente, REDEBAN se compromete
a presentar a la SIC el estudio ajustado a los criterios y
metodología aprobados por la SIC, en un plazo máximo
de 6 meses, contados a partir de la fecha en que esta
apruebe los criterios y la metodología.
Parágrafo 4. Para distribuir el resultado del estimativo
hecho con base en los criterios objetivos que se
allegarán a la Superintendencia, REDEBAN determinará
las tarifas interbancarias de intercambio de los
establecimientos, teniendo en cuenta todos, algunos o
alguno de los siguientes factores objetivos:
[…]
Parágrafo 5. Si los estudios recomiendan la adopción de
un nuevo modelo, REDEBAN podrá acoger dicha
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Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.
recomendación y presentará a la SIC la correspondiente
modificación de garantías, para su aprobación.
Parágrafo 6. Si REDEBAN no presenta los estudios respectivos
dentro de los plazos previstos en los parágrafos 2 y 3 anteriores
o la SIC no aprueba los mismos, la Red se compromete a dar
cumplimiento a los compromisos aceptados en la resolución
06816 de 2005.
Parágrafo 7. REDEBAN se obliga a establecer el sistema de
TII provisional previsto en el Parágrafo 1.- del numeral iv)
anterior, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la
resolución que acepte la modificación de garantías. En caso de
que se incumpla cualquiera de los compromisos a cargo de la
red, la SIC podrá hacer efectiva la garantía otorgada.
2.1.3 Por parte de los bancos asociados a REDEBAN:
Los Bancos asociados a REDEBAN, cuando obren como
adquirentes, se obligan a dar cumplimiento a las siguientes
estipulaciones, que además REDEBAN incluirá dentro de su
respectivo reglamento interno, como obligación a cargo de los
bancos asociados:
a. Cada banco deberá determinar independientemente las
comisiones a cargo de los establecimientos de comercio por el
servicio de adquirencia, teniendo en cuenta factores objetivos
como: el tipo de actividades que desarrolla el establecimiento;
los volúmenes de facturación; los riesgos inherentes a cada
negocio; los costos; el tipo de productos; la situación
competitiva del respectivo banco frente a los demás que
presten el servicio de adquirencia; la política de penetración al
mercado de adquirencia; los estudios sobre los beneficios que
le ha reportado el establecimiento de comercio en los diversos
negocios que ha desarrollado con el mismo; las proyecciones
de los beneficios que podría tener el banco al vincular a un
establecimiento de comercio a sus servicios bancarios de
cuenta corriente bancaria, de cuenta de ahorros, de emisión de
certificados de depósito a término, de negocios de cambio, de
cartas de crédito, de negocios internacionales, de crédito, de
adquirencia de tarjeta de pago, y demás servicios financieros.
b. Los bancos se obligan para con la Superintendencia de
Industria y Comercio a remitirle periódicamente, durante tres
años, en forma trimestral, con carácter confidencial, a partir
del último día del mes en que el sistema atrás descrito haya
quedado establecido, un listado de criterios objetivos que haya
utilizado para la fijación de la comisión, su ponderación, así
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.
como las comisiones vigentes, junto con los cambios que uno
y otro hayan tenido en dichos períodos. Esta información
deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.
Dentro de los principios que inspiran dicho documento, queda
claro que cada banco podrá establecer y sustituir, cuando a
bien tenga, los criterios utilizados para la determinación de las
comisiones de adquirencia en un momento dado, por otros
igualmente objetivos; establecer y modificar la ponderación
originalmente asignada a cada uno de los mismos; utilizar
factores objetivos diferentes de los enumerados de manera no
taxativa o en el literal a.- anterior; utilizar solo alguno o
algunos de los allí mencionados o uno o unos de ellos, junto
con otros diferentes, que el mismo banco considere más
convenientes para su actividad.
c. Mantener a disposición de la Superintendencia de Industria
y Comercio un archivo con los reglamentos internos sobre los
factores objetivos establecidos para determinar las comisiones
de adquirencia, al igual que las modificaciones que realice a los
mismo. Este archivo se conservará durante tres años, contados
a partir de la fecha de aceptación de la presente oferta de
garantías.
“[…] QUINTO: Que revisadas las modificaciones propuestas,
este Despacho considera que los nuevos compromisos
ofrecidos constituyen garantía suficiente respecto a la
suspensión o modificación de los comportamientos que dieron
origen a la investigación que concluyó con la resolución 06816
de 2005, pues como los inicialmente aceptados, ellos
garantizan que la fijación de las comisiones cobradas a los
establecimientos de comercio por la prestación de los servicios
de tarjetas de pago, se efectuará en forma independiente y
objetiva y, además, en competencia con los demás
participantes del mercado, de manera que se pueda asegurar
que el mercado se verá liberado, en el presente y el futuro, de
las circunstancias que motivaron el inicio de dicha investigación
[…]”.
En razón a las modificaciones introducidas en la Resolución núm.
33813 de 2006, se revocaron las órdenes de cumplimiento de tales
compromisos, debido a que los mismos habían sido reformados,
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estableciéndose plazos para elaborar nuevamente estudios de costos
para la determinación de las TIIs y para la aplicación de tarifas
provisionales sustancialmente inferiores a las vigentes a partir de 1o.
de abril de 2005, mientras se elaboraban dichos estudios.
. En desarrollo del proceso de verificación del cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el BANCO BCSC S.A., en las
resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, 33813 y 34402 de 2006,
por medio de las cuales la SIC aceptó las garantías ofrecidas por
CREDIBANCO y REDEBAN, coadyuvadas por los bancos asociados
de dichas redes, el 12 de septiembre de 2007 el Superintendente
de Industria y Comercio solicitó al Presidente de CREDIBANCO y al
representante legal de REDEBAN MULTICOLOR S.A. información al
respecto.21
. Asimismo, el 17 de septiembre de 2007, a través de las
comunicaciones núms. 03110924- 982- 039 y 03110924-
983-039, el Superintendente de Industria y Comercio solicitó a
CREDIBANCO y a REDEBAN MULTICOLOR S.A. que presentaran
las explicaciones correspondientes y aportaran o solicitaran
las pruebas que estimaran pertinentes, con el fin de evaluar la
21
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 21C- 21-02,-C-21-515, folios 108 a 109, 114 y 115.
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procedencia de la declaración de incumplimiento de los compromisos
aceptados y, por ende, la efectividad de las pólizas de cumplimiento
correspondientes, así como la procedencia de las medidas
administrativas previstas en el artículo 4º, numeral 13, del Decreto
2153.22
. Mediante comunicación radicada con el núm. 2007034553-000
de 7 de junio de 2007, la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia, en adelante ASOBANCARIA, actuando
por encargo de todos los bancos asociados a las Redes,
presentó ante la Superintendencia Financiera de Colombia dos
acuerdos celebrados el 29 de mayo de 2007 por los bancos
afiliados a CREDIBANCO y REDEBAN S.A., respecto de la fijación de
las tarifas que habían sido objeto de los compromisos asumidos por
parte de CREDIBANCO y REDEBAN S.A. ante la SIC.23
En los acuerdos de los bancos se estableció que la comisión de
adquirencia seguiría siendo acordada entre cada banco y sus clientes
comerciantes y las TII’s serían determinadas directamente por
los bancos y no por medio de las Redes. Para el efecto, se previó
la fijación transitoria de las mismas TII’s que habían sido acordadas
22
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 21C- 21-02,-C-21-515, folios 119 y 120, 121 y 122.
23
Folio 381 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 24 C- 21-02,-C-21-515, folios 142 a 144, 191 y 198.
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provisionalmente con la SIC, mientras se definía un nuevo modelo
para ello.
. A través de comunicación núm. 07-079900-0 de 6 de agosto
de 2007, suscrita por ASOBANCARIA, dirigida al
Superintendente de Industria y Comercio, informó que los
bancos asociados consideraron conveniente reasumir la
función de cálculo de las TIIs, y no por intermedio de las Redes,
la función de determinar las TIIs y, en consecuencia, habían radicado
ante la Superintendencia Financiera los acuerdos mediante los cuales
se formalizaba dicha decisión.24
. El 10 de agosto de 2007, mediante oficios radicados con los núms.
03-110924-00961-0039 y 03-110924-00959-0039, la SIC solicitó a
CREDIBANCO y REDEBAN S.A., respectivamente, informar si a la
fecha tales entidades continuaban determinando las TIIs.
. El 11 y 14 de agosto de 2007 se vencieron los plazos de ocho
meses para que CREDIBANCO y REDEBAN S.A., respectivamente,
presentaran para la aprobación de la SIC los estudios con los criterios
24
Folio 381 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 20 C- 20-01,-C-20-531, folios 203 a 205.
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objetivos y la metodología de la cuantificación de costos para la
determinación de las tarifas interbancarias de intercambio. De acuerdo
con las modificaciones de las garantías, si las Redes no presentaban
los estudios correspondientes dentro de los plazos previstos o la SIC
no aprobaba los mismos, se debía dar cumplimiento a los
compromisos inicialmente aceptados.
. El 13 de agosto de 2007, mediante comunicación radicada con el
núm. 03-110924-00962-0039, CREDIBANCO informó a la SIC, lo
siguiente:
“[…] la Asamblea General de Asociados de Credibanco resolvió
modificar los Estatutos de esta Asociación en el sentido de
eliminar la autorización que la facultaba para determinar
las tarifas interbancarias de intercambio. La mencionada
reforma estatutaria se solemnizó mediante la escritura pública
número 01618 de fecha 25 de julio de 2007 de la Notaría 32 del
Círculo de Bogotá, copia de la cual se adjunta, junto con
Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá en donde consta
que la escritura pública citada se encuentra debidamente inscrita
y con copia del Acta No. 025 de la Asamblea Extraordinaria de
Asociados de CREDIBANCO de fecha 19 de junio de 2007 […].
[…] por el solo hecho de la reforma estatutaria mencionada, se
debe concluir que CREDIBANCO no está en capacidad de
presentar a la SIC los criterios objetivos y la metodología
para la cuantificación de costos’ a que hace referencia el
literal c) del aparte iv.- del numeral 2.1.1 del
Considerando Cuarto de la Resolución 33813 de 11 de
diciembre de 2006 de la Superintendencia de Industria y
Comercio, ni de celebrar o ejecutar cualquier otro acto o
desarrollar cualquier otra actividad que implique o requiera la
determinación por parte de CREDIBANCO de una, dos, varias o
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todas las tarifas interbancarias de intercambio a que se refiere la
citada Resolución […]”.25
• El 14 de agosto de 2007, mediante comunicación radicada con el
núm. 03-110924-00967-0039, REDEBAN S.A. informó a la SIC
que por decisión de sus bancos asociados había cesado en la
función de establecer las TIIs, así como la distribución sectorial
de ella.26
. Las decisiones de REDEBAN MULTICOLOR S.A. y de
CREDIBANCO, consistentes en abstenerse de fijar las TIIs, fueron
reiteradas a la SIC por las mismas Redes, a través de los
oficios de 17 de agosto de 2007 y de 21 de agosto de ese mes
y año.27
. El 21 de agosto de 2007, mediante comunicación radicada con el
núm. 03-110924-00975-0039, CREDIBANCO informó a la SIC que
la última vez que había determinado las TIIs había sido el 5 de junio
de 2007, toda vez que sus bancos asociados, a través de la
ASOBANCARIA, le informaron que habían considerado conveniente
definir directamente las TIIs.
25
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 20C- 20-531,-folio 274.
26
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 20C- 20-1 C-20-531, folio 367.
27
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 21C- 21-1 C-21-515, folios 6 y 7, 9 a 13.
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Y a través de comunicación radicada con el núm. 03-11094-
00974-0029 de esa misma fecha, REDEBAN S.A. informó a la
SIC que su Junta Directiva había decidido que la determinación de
las TIIs sería efectuada por un comité “conformado por bancos
afiliados a REDEBAN –diferente en cuanto a las personas que lo
conforman – de los miembros que pertenecen a la Junta Directiva de
REDEBAN”. Asimismo, manifestó que “la Junta (Directiva de
Redeban) dio instrucciones a la administración de abstenerse de
calcular la TII promedio y solamente hacer la distribución por
especialidades luego que sea calculada por los bancos”.
. El 17 de septiembre de 2007, la SIC solicitó explicaciones a
CREDIBANCO y REDEBAN S.A., con el fin de evaluar la procedencia
de la declaración de incumplimiento de los compromisos aceptados en
las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, modificadas,
respectivamente, por las resoluciones núms. 34402 y 33813 de 2006
y, por ende, de la efectividad de las pólizas de cumplimiento
correspondientes y de la procedencia de las medidas administrativas,
previstas en el numeral 13 del artículo 4º del Decreto 215328
28
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 21C- 21-02,-C-21-515, folios 119 y 120, 121 y 122.
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. El 10 de octubre de 2007, CREDIBANCO y REDEBAN
MULTICOLOR S.A. presentaron las respectivas explicaciones.29
. El 22 de abril de 2008, el Superintendente de Industria y
Comercio solicitó al BCSC S.A. que presentara las explicaciones
correspondientes y aportara o solicitara las pruebas que estimara
pertinentes, con el fin de evaluar la procedencia de la declaración de
incumplimiento de los compromisos aceptados y, por consiguiente,
la efectividad de las pólizas de cumplimiento correspondientes.30
. El 8 de mayo de 2008, el BCSC S.A. rindió las explicaciones
solicitadas por la SIC.31
. A través de la Resolución núm. 020081 de 19 de junio de 2008,
el Superintendente de Industria y Comercio decretó algunas de las
pruebas solicitadas por las partes y otras las decretó de oficio.32
. Mediante la Resolución núm. 029497 de 19 de agosto de 2008,
acusada, el Superintendente de Industria y Comercio decretó el
incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones 06816
29
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 21C- 21-02,-C-21-515, folios 142 a 144, 191 a 198.
30
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 23C- 01, C-23-2698, folios 166 a 168.
31
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 24C- 24-1, C-24-4109, folios 94 a 99.
32
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 24C- 24-1, C-24-4109, folios 365 a 371.
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y 06817 de 2005, modificadas por las 34402 y 33813 de 2006, y
exigió el cumplimiento de las mismas e hizo efectivas unas pólizas,
por cuanto las Redes no cumplieron con fijar directamente las TIIs,
sino que dicha función fue asumida por los bancos asociados.33
. En escrito de 24 de septiembre de 2008, el BCSC S.A. interpuso
recurso de reposición contra la Resolución núm. 029497 de 2008.34
. A través de la Resolución núm. 46791 de 15 de septiembre de
2009, demandada, el Superintendente de Industria y Comercio
resolvió el recurso interpuesto por el actor, en el sentido de modificar
los parágrafos primero y segundo del artículo tercero y el artículo
cuarto de la decisión recurrida, los cuales hacían referencia a unos
porcentajes máximos que estableció la SIC de acuerdo con la
información suministrada por las redes para la fijación de las TIIs,
entre otras.35
Precisado lo anterior, procede la Sala a resolver las censuras
expuestas en el recurso de apelación.
33
Folios 69 a 71 C.2.
34
Folios 87 a 114 C.2.
35
Folios 115 a 259 C.2.
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La primera censura la hace descansar el recurrente en que
CREDIBANCO y REDEBAN S.A. no pudieron determinar los criterios
objetivos de costos y la metodología para la determinación o
cuantificación de la Tarifa Interbancaria de Intercambio, debido a que
la Administración incumplió con la obligación de presentarle a las
redes la recomendación técnica, que respecto de “los estudios que
sirvan de base para la determinación de los criterios objetivos y
metodología para la determinación de la Tarifa Interbancaria de
Intercambio y/o la definición de un nuevo modelo”, debió elaborar el
Ministro Consejero de la Presidencia de la República y a la cual se
había comprometido en el literal a) del punto iv) del numeral 2.1.1.
de la Resolución núm. 33813 de diciembre de 2006 y en el parágrafo
del punto v) del numeral 2.1.1 de la Resolución núm. 34402 de 2006.
Adujo que al incumplir la Administración con dicha obligación carece
de validez lo señalado por el a quo, en la sentencia, cuando sostuvo:
“[…] La omisión en que incurrió la Ministra Consejera de la
Presidencia, carece de incidencia en la legalidad de los actos
acusados, pues la determinación técnica no era determinante
para el establecimiento de los criterios, costos, metodologías
de la TIIS, ya que en los términos de las Resoluciones 33813 y
34402, el concepto técnico tenía el carácter de simple
recomendación […]”.
Sobre el particular, es del caso precisar, de manera preliminar, que
con el objeto de que se efectuara la clausura o terminación anticipada
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de la investigación, adelantada por la SIC, por la realización de
presuntas prácticas comerciales restrictivas de la competencia, las
redes CREDIBANCO y REDEBAN S.A., coadyuvados por los bancos
asociados a cada una de las Redes, entre ellos, el actor, ofrecieron
de manera voluntaria unas garantías (compromisos), con el objeto
de modificar o suspender la conducta que originó la citada
investigación, las cuales fueron aceptadas por la mencionada entidad
demandada, como quedó visto, mediante las resoluciones núms.
06817 y 06816 de 31 de marzo de 2005, modificadas por las
resoluciones núms. 33813 y 33402 de 2006.
Al respecto, cabe mencionar que los bancos, en su condición de
asociados a las Redes y de participantes de los sistemas de pagos
administrados por las mencionadas redes, a través de las citadas
resoluciones, asumieron voluntariamente obligaciones o
compromisos, coadyuvaron y contribuyeron la suficiencia de las
garantías ofrecidas por ellas y aceptadas por la SIC, las cuales
formaban parte del mecanismo propuesto para obtener la clausura
de la investigación, de conformidad con el artículo 52 del Decreto
215336, por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, que
36
“[…] ARTICULO 52. PROCEDIMIENTO. Para determinar si existe una infracción a las normas de
promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este Decreto, la
Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de oficio o por su solicitud de un
tercero y adelantar una averiguación preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de realizar
una investigación.
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adelantaba la SIC. Por tal razón, los bancos asociados se encontraban
jurídicamente obligados o comprometidos al cumplimiento de lo
ordenado en los referidos actos.
Ciertamente, como consta en la transcripción de las resoluciones
núms. 33813 de 11 de diciembre de 2006 y 33402 de 14 de
diciembre de 2006, al inicio de estas consideraciones,
CREDIBANCO y REDEBAN S.A., respectivamente, se
comprometieron, ante la SIC, a fijar independientemente las Tarifas
Interbancarias de Intercambio, en adelante TII, para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los criterios objetivos
de costos y de la metodología para la cuantificación de los mismos.
Para ello, se obligaron a presentar dichos criterios objetivos y
metodología para la cuantificación de los mismos, dentro de un plazo
de ocho (8) meses; y que la no presentación de los mismos
generaba como consecuencia la obligación de dar cumplimiento a los
compromisos establecidos en las resoluciones núms. 06817 y
06816 de 31 de marzo de 2005, respectivamente.
[…] Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio podrá
ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor brinde
garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga.
[…]”. (Las negrillas fuera de texto).
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Asimismo, se comprometieron a presentar el estudio ajustado a los
criterios y metodología aprobados por la SIC, en un plazo máximo de
seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que dicha entidad
aprobara los criterios y metodología; y que la no presentación de los
mismos generaba como consecuencia la obligación de dar
cumplimiento a los compromisos establecidos en las resoluciones
núms. 06817 y 06816 de 2005, respectivamente, conforme
consta en el numeral 2.1. del considerando CUARTO de las
resoluciones núms. 33813 de 11 de diciembre de 2006 y 34402 de
14 de diciembre de 2006.
De conformidad con las citadas resoluciones, a las Redes les
correspondía la fijación directa e independiente de las tarifas
interbancarias de intercambio (TII).
Como ya se indicó, para la determinación de estas, las Redes se
comprometieron a partir de la fecha de la aceptación de la solicitud
de modificación de garantías, realizada a través de las resoluciones
en referencia, que aplacarían, de manera provisional, las TII
promedio para las transacciones realizadas con tarjetas crédito,
débito y electron hasta cuando se determinaran las nuevas TII,
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conforme al estudio que elaboren las Redes, de acuerdo con los
criterios objetivos y la metodología aprobados por la SIC.
Para tal efecto, CREDIBANCO debía aplicar las siguientes tarifas
promedio:
“[…] - Crédito: 2% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
-Débito: 1,96% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario
-Electron; 1,25% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario […]”.
Y, por su parte, REDEBAN debía aplicar las siguientes tarifas:
“[…] -Crédito: 2.1% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
-Débito (Maestro): 1.205% máximo promedio ponderado, en
cada trimestre calendario […]”.
Asimismo, se reitera, que el plazo para que CREDIBANCO y
REDEBAN S.A. presentaran ante la SIC, para su aprobación, los
criterios objetivos y la metodología para la cuantificación de los
costos para la determinación de las TII, era de ocho (8) meses, a
partir de las aceptaciones de las modificaciones de garantías,
establecidas en las resoluciones núms. 33813 de 11 de diciembre de
2006 y 34402 de 14 de diciembre de 2006, por lo que dicho plazo
vencía el 11 y 14 de agosto de 2007, respectivamente.
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Y que la no presentación de los mismos generaba como consecuencia
la obligación de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en
las resoluciones núms. 06817 y 06816 de 31 de marzo de
2005.
Sin embargo, la Sala advierte que antes de vencerse el referido plazo
de 8 meses para entregar los estudios correspondientes a los criterios
objetivos y la metodología para la cuantificación de los costos para
la determinación de las TII, los bancos asociados asumieron la
función de determinar las TII, -contrariando el compromiso adquirido
por las Redes de fijar las TII-, decisión que fue informada desde el 6
de agosto de 2007 por ASOBANCARIA, cuando comunicó al
Superintendente de Industria y Comercio que los bancos asociados
“consideraron conveniente” reasumir la función de cálculo de las
TIIs, lo cual consta en las comunicaciones de 7 de junio de 2007 y
de 6, 13, 14 y 21 de agosto de ese año, antes descritas.
De ahí que las Redes no presentaron los estudios correspondientes a
los referidos criterios objetivos y la metodología de la cuantificación
de costos dentro del plazo indicado, al cual se habían obligado en las
citadas resoluciones núms. 33813 y 34402 de 2006, por lo que debía
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darse cumplimiento a los compromisos inicialmente aceptados en las
resoluciones núms. 06817 y 06816 de 2005.
Ahora, en cuanto a la presentación de los criterios objetivos de
costos y la metodología para la cuantificación de los costos
para la determinación de las TII, así como sobre la
recomendación técnica que respecto de los estudios que
sirvan de base para la determinación de dichos criterios y
metodología, debía realizar el Ministro Consejero de la
Presidencia de la República, en las resoluciones núms. 33813 y
34402 de 2006, se estableció, de manera específica, lo siguiente:
• Resolución núm. 33813 de 11 de diciembre de 2006
“[…] “2.1 Los compromisos que se adquieren
2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)
[…]
iv) […]
a) Las TII serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los
criterios objetivos de costos y la metodología para la
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.
Para el efecto, la red adoptará la recomendación técnica
del Ministro Consejero de la Presidencia de la República
y, en todo caso, se compromete a no incluir en el cálculo de la
TII los costos asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero y
los de adquirencia. La red verificará esa circunstancia con base
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en la información que le remitan los bancos […]”37 (Las negrillas
y subrayas fuera de texto).
-Resolución núm. 34402 de 14 de diciembre de 2006
“[…] “2.1 Los compromisos que se adquieren
2.1.1 Por parte de REDEBAN (La Red)
“[…]
(v) Las TII serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los
criterios objetivos de costos y la metodología para la
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.
Parágrafo.- Para el efecto, la Red podrá adoptar la
recomendación técnica del Ministro Consejero de la
Presidencia de la República y, en todo caso, se compromete
a no incluir en el cálculo de la TII los costos asumidos por el
tarjetahabiente u otro tercero y los de adquirencia. La red
verificará esa circunstancia con base en la información que le
remitan los bancos […]”. (Las negrillas y subrayas fuera de
texto).
De acuerdo con las citadas resoluciones, para la definición de los
criterios objetivos de costos y la metodología para la cuantificación
de los mismos, CREDIBANCO “adoptará” la recomendación técnica
del Ministro Consejero de la Presidencia de la República, mientras
que REDEBAN S.A. “podrá adoptar” la recomendación técnica del
Ministro Consejero de la Presidencia de la República, lo que pone de
37
Ello de conformidad con la Consideración 6 de la Oferta de Modificación de Garantía, presentada en
noviembre de 2006 por CREDIBANCO a la SIC, que señaló: “[…] Que para presentar a la SIC los
estudios que sirvan de base para la determinación de los criterios objetivos y metodología para la
determinación de la Tarifa Interbancaria de Intercambio y/o la definición de un nuevo modelo,
CREDIBANCO deberá adoptar la recomendación técnica que al respecto formule el Ministro Consejero
de la Presidencia de la República, con base en los estudios técnicos que para el efecto contrate […]”.
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manifiesto que para esta última Red era optativo adoptar esa
recomendación.
Al respecto, cabe resaltar que en el expediente obra el testimonio de
la señora MARÍA CECILIA ÁLVAREZ CORREA GLEN, ministra
consejera de la Presidencia de la República, rendido el 29 de
noviembre de 201138, diligencia en la que declaró que los referidos
estudios técnicos sobre los criterios objetivos y la metodología para
la determinación de las TII “[…] fue un compromiso adquirido por el
Gobierno Nacional en la mesa de concertación […]”.
Se encuentra, también, la comunicación de 4 de julio de 200739, en
la cual la mencionada ministra consejera, le señaló a las Redes lo
siguiente:
“[…]Como es bien sabido por ustedes, este Despacho ha
asumido la tarea de coordinar el cumplimiento de los
compromisos asumidos en diciembre pasado por las redes
(Credibanco y Redeban) en desarrollo de las garantías avaladas
por la Superintendencia de Industria y Comercio (Resoluciones
33813 de 34402 de 2006), concretamente en cuanto a la
contratación del consultor que determinará la metodología de
cálculo de Tarifa Interbancaria como modelo basado en costos,
tal como lo exige la Superintendencia de Industria y Comercio
en el marco de las garantías aprobadas, a la vez que evaluará
la posibilidad de sugerir modelos diferentes que, en adición al
referido, se propondrían a la industria.
[…]
38
Folios 457 a 460 del C. Principal 1.
39
Folio 468 del C. Anexo.
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Como quiera que en esta etapa hemos invertido más tiempo
del inicialmente previsto, recomendamos a las redes y a los
bancos suscriptores de las garantías referidas, solicitar
formalmente a la Superintendencia de Industria y
Comercio una adición al plazo inicialmente previsto en
las Resoluciones (8 meses), de al menos cinco (5)
meses, de forma que el proceso de contratación y la ejecución
de la tarea se desarrollen adecuadamente [...]” (Las negrillas
y subrayas fuera de texto).
Igualmente, obra la comunicación núm. 03-110924-00962-0039 de
13 de agosto de 2007 dirigida por CREDIBANCO a la entidad
demandada, ya referida, en la que informó que la mencionada Red
resolvió eliminar la autorización que la facultaba para determinar las
TII y que decidió de manera voluntaria abstenerse de presentar ante
la SIC los criterios objetivos y la metodología para la cuantificación
de costos, en los siguientes términos:
“[…] la Asamblea General de Asociados de CREDIBANCO resolvió
modificar los Estatutos de esta Asociación en el sentido de
eliminar la autorización que la facultaba para determinar
las tarifas interbancarias de intercambio. La mencionada
reforma estatutaria se solemnizó mediante la escritura pública
número 01618 de fecha 25 de julio de 2007 de la Notaría 32 del
Círculo de Bogotá, copia de la cual se adjunta, junto con
Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá en donde consta
que la escritura pública citada se encuentra debidamente inscrita
y con copia del Acta No. 025 de la Asamblea Extraordinaria de
Asociados de CREDIBANCO de fecha 19 de junio de 2007 […].
[…] por el solo hecho de la reforma estatutaria mencionada, se
debe concluir que CREDIBANCO no está en capacidad de
presentar a la SIC ‘los criterios objetivos y la metodología
para la cuantificación de costos’ a que hace referencia el
literal c) del aparte iv.- del numeral 2.1.1 del
Considerando Cuarto de la Resolución 33813 de 11 de
diciembre de 2006 de la Superintendencia de Industria y
Comercio, ni de celebrar o ejecutar cualquier otro acto o
desarrollar cualquier otra actividad que implique o requiera la
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determinación por parte de CREDIBANCO de una, dos, varias o
todas las tarifas interbancarias de intercambio a que se refiere la
citada Resolución […]”.40 (Las negrillas y subrayas fuera de
texto).
Lo anterior pone en evidencia que no obstante la anterior
recomendación de la ministra consejera de solicitar una adición al
plazo de 8 meses, inicialmente pactado, para presentar los estudios
técnicos en referencia, las Redes ni los bancos asociados solicitaron
la prórroga de dicho plazo.
Es así como CREDIBANCO, quien tenía que “adoptar” la
recomendación técnica del ministro consejero de la Presidencia de la
República, decidió de manera voluntaria abstenerse de presentar
ante la SIC los criterios objetivos y la metodología para la
cuantificación de costos, conforme lo puso de presente en la referida
comunicación de 13 de agosto de 2007, dirigida a la entidad
demandada.
Por lo tanto, la Sala considera que si bien es cierto que la
recomendación técnica respecto de “los estudios que sirvan de base
para la determinación de los criterios objetivos y metodología para la
determinación de la Tarifa Interbancaria de Intercambio y/o la
40
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 20C- 20-531,-folio 274.
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definición de un nuevo modelo”, no fue realizada por la ministra
consejera de la Presidencia de la República, también lo es que la falta
de la misma no constituía ni generaba el incumplimiento de los
compromisos adquiridos por las Redes de establecer de manera
independiente las tarifas interbancarias de intercambio, sino la
obligación de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en
las resoluciones núms. 06817 y 06816 de 31 de marzo de 2005,
conforme lo expresó la SIC en la Resolución núm. 029497 de
2008, acusada, cuando al efecto dijo:
“[…] Es importante tener en cuenta que la no
presentación ante la Superintendencia de los criterios
objetivos y de la metodología para la cuantificación de
costos, dentro del plazo de 8 meses previsto en la
resolución 33813 de 2006, no constituía ni determinaba
el incumplimiento de los compromisos. La verificación de
esta circunstancia generaba como consecuencia la
obligación de dar cumplimiento a los compromisos
contenidos en la resolución 06817 de 2005.
Debe resaltarse adicionalmente que en la comunicación de la
Ministra Consejera Presidencial de fecha 4 de julio de 2007, se
recomienda a las redes y a los bancos suscriptores de las
garantías “solicitar formalmente a la Superintendencia de
Industria y Comercio una adición al plazo inicialmente
previsto en las resoluciones (8 meses), de al menos
cinco (5) meses, de forma que el proceso de contratación
y ejecución de la tarea se desarrollen adecuadamente”.
Lo anterior con ocasión de las demoras e inconvenientes
presentados en la contratación del consultor que determinaría
la metodología de cálculo de las tarifas.
Ni Credibanco, ni su representante legal, ni sus bancos
asociados solicitaron prórroga del plazo de 8 meses para
presentar los estudios. La no presentación de los criterios y
metodología para la cuantificación de los costos para
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determinar las Tarifas interbancarias de intercambio
correspondió a un acto absolutamente voluntario de
Credibanco y de bancos asociados, el cual como lo señaló el
Consejo de Estado “No es oponible al Estado”.
[…]
En efecto, está plenamente acreditado en el expediente
que Credibanco y sus bancos asociados, en reunión
extraordinaria de su Asamblea de Asociados celebrada el 19 de
junio de 2007, es decir, con anterioridad al vencimiento del
plazo en mención y de manera voluntaria decidieron
sustraerse del cumplimiento de los compromisos
asumidos ante la SIC, al modificar los estatutos y eliminarle
a Credibanco la función de establecer las tarifas interbancarias
de intercambio.
Y es que no puede perderse de vista que Credibanco en la
comunicación radica en esta Superintendencia el 13 de agosto
de 2007, manifestó a esta Entidad que con ocasión de la
reforma introducida a sus estatutos: “…CREDIBANCO no está
en capacidad de presentar a la SIC ‘los criterios objetivos
y la metodología para la cuantificación de costos a que
hace referencia el literal c) del aparte iv del numeral
2.1.1 del Considerando Cuarto de la Resolución 33813 de
11 de diciembre de 2006 de la Superintendencia de
Industria y Comercio, ni de celebrar o ejecutar cualquier
otro acto o desarrollar cualquier otra actividad que
implique o requiera la determinación por parte de
CREDIBANCO de una, dos, varias o todas las tarifas
interbancarias de intercambio a que se refiere la citada
Resolución”.
De acuerdo con lo anterior, la falta de la recomendación
técnica de la Ministra Consejera no es constitutiva ni
directa ni indirectamente del incumplimiento de los
compromisos objeto de la presente actuación, de
acuerdo con los cuales corresponde a Credibanco
establecer de manera independiente las tarifas
interbancarias de intercambio [...]” (Las negrillas y
subrayas fuera de texto).
Al respecto, debe puntualizarse que las Redes al no presentar los
estudios técnicos de los criterios objetivos de costos y las
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metodologías para el cálculo de las TII no podían seguir aplicando los
promedios máximos de tarifas provisionales, antes indicados, sino
que debían dar cumplimiento a los compromisos establecidos en las
resoluciones núms. 06817 y 06816 de 31 de marzo de 2005, que
señalaban que a las Redes les correspondía la determinación de las
TII, teniendo en cuenta los costos relacionados con el servicio al
establecimiento de comercio de transferencia y la utilidad.
Además de lo anterior, la Sala debe precisar que si bien es cierto que
para la definición de los criterios objetivos de costos y la metodología
para cuantificación de los mismos, CREDIBANCO debía “adoptar”
la recomendación técnica de la ministra consejera de la Presidencia
de la República y, por ende, dicha recomendación podría resultar
“determinante” para tal definición (contrario a lo señalado por el a
quo), también lo es que el hecho de que la misma no se hubiere
efectuado, no constituyó la causa del incumplimiento declarado en
los actos demandados si se tiene en cuenta que las razones que
dieron lugar a ello provienen de la misma parte actora en cuanto las
Redes se abstuvieron de fijar directamente las TII y a que los bancos
asociados decidieron determinarlas directamente, además de que
CREDIBANCO eliminó esa función de sus estatutos, como se puso
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de presente en las comunicaciones de 7 de junio de 2007 y de 6, 13,
14 y 21 de agosto de ese año. De ahí que no prospere este cargo.
La segunda censura es la referente a que la SIC violó el debido
proceso, al desechar el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución núm. 46791 de 2009, “Por la cual se deciden los
recursos de reposición interpuestos contra la Resolución núm.
029497 de 2008”, al negar su trámite sin resolverlo de fondo y al
argumentar que no existen puntos nuevos en la citada decisión
recurrida, a pesar de que es claro que sí los hay.
Explicó que los puntos nuevos dan lugar a que sea posible, de
conformidad con el inciso 3º del artículo 348 del Código de
Procedimiento Civil, interponer recurso de reposición contra la citada
resolución que resolvió acerca de los recursos de reposición
interpuestos.
Frente a esta censura, la Sala estima que le asistió razón a la SIC al
considerar que el recurso de reposición interpuesto por el actor
contra la Resolución núm. 46791 de 2009, “Por la cual se deciden
los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución núm.
029497 de 2008”, era improcedente.
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Cabe mencionar que el artículo 50 del CCA prevé, por una parte, que
el recurso de reposición procede ante el mismo funcionario que
tomó la decisión que puso fin a la actuación administrativa, para que
la aclare, modifique o revoque; y, por la otra, que no habrá apelación
de las decisiones de los Superintendentes, como es el caso de los actos
acusados.
A su vez el artículo 62 ibidem, numeral 2, establece que cuando los
recursos interpuestos se hayan decidido, los actos administrativos
quedarán en firme.
En el presente caso, resueltos los recursos de reposición interpuestos
contra la Resolución núm. 029497 de 2008, a través de la
Resolución núm. 46791 de 2009, el acto administrativo
(recurrido) quedó en firme, por cuanto contra el mismo no procedía
recurso alguno.
Por lo tanto, el recurso de reposición interpuesto por la parte actora
contra la Resolución núm. 46791 de 2009 era improcedente.
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Ahora, el apelante insiste en que la Resolución núm. 46791 de
2009, “Por la cual se deciden los recursos de reposición interpuestos
contra la Resolución núm. 029497 de 2008”, sí era susceptible del
recurso de reposición, de conformidad con el inciso 3º del artículo
34841 del Código de Procedimiento Civil, por contener puntos nuevos.
Sobre el particular, debe ponerse de presente que la aplicación de
las normas del Código de Procedimiento Civil42 es dable solo cuando
se trate de un aspecto no regulado por el CCA, en virtud de lo previsto
en el artículo 267 del CCA43; empero, como se demostró
anteriormente, lo correspondiente a los recursos en la vía
gubernativa sí se encuentra regulado por esta codificación, en sus
artículos 50 a 62, de ahí que no resulte aplicable, en este caso, el
artículo 348 del CPC.
No obstante de quedar claro que el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución núm. 46791 de 2009 es improcedente, la
41
“[…] Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez,
contra los del Magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen.
[…] El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga
puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos
pertinentes respecto de los puntos nuevos […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
42
En adelante C. de P.C.
43
“[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo […]”.
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Sala debe poner de presente que, contrario a lo manifestado por el
actor, dicha resolución no contiene puntos nuevos, que debían ser
aclarados, respecto de la Resolución núm. 029497, dado que si
bien en la citada Resolución núm. 46791 se hicieron
modificaciones y aclaraciones a la resolución recurrida, relacionadas
con los compromisos aceptados en las resoluciones núms. 06817 y
06816 de 2005, 33813 y 34402 de 2006 y con los argumentos
planteados en los recursos interpuestos, también lo es que los
argumentos o fundamentos complementarios o sustitutos que se
tuvieron en cuenta para confirmar o modificar o aclarar las
conclusiones de la Resolución núm. 029497 de 2008 no deben ser
entendidos como puntos nuevos de debate, toda vez que devienen
de un mismo y único asunto jurídico, circunscrito al debate propuesto
mediante los correspondientes recursos de reposición, para efectos
de determinar si la decisión recurrida debía confirmarse, modificarse
o revocarse.
En tratándose de puntos nuevos de debate, es del caso traer a
colación el proveído de 13 de noviembre de 201944, en el que esta
Sección señaló lo siguiente:
44
Expediente núm. 2007-00321-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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“[…] Sin embargo, en aras de dilucidar lo que debe entenderse
como “puntos nuevos”, el Despacho estima pertinente resaltar
lo manifestado por esta Corporación al respecto45:
“[…] Para abundar en argumentos que sirven de
soporte a la conclusión que se deja expuesta, importa
poner de presente que cuando en contra de una
determinada decisión judicial se interponen, de
manera oportuna y adecuada, los recursos que la ley
contempla y autoriza, el juez de la causa cuenta, en
principio, con tres alternativas o posibilidades, a
saber: a) confirmar el auto recurrido; b) modificar la
decisión impugnada, ó c) revocar la providencia
atacada.
Así pues, en cualquiera de esas hipótesis,
incluida la opción consistente en revocar la
providencia atacada –cuestión que en la mayoría
de los casos supone lógicamente la adopción, en
lugar de la revocada, de una decisión opuesta o
contraria a la inicial–, estima la Sala que tal
definición de ninguna manera puede tenerse
como un aspecto o un punto nuevo no decidido
en la providencia que le precedió, pues aunque
ambas decisiones –en su contenido, en su
alcance, en su sentido e incluso en su forma
gramatical–, necesariamente han de resultar
distintas, lo cierto es que devienen de un mismo
y único asunto jurídico circunscrito al debate
propuesto mediante el correspondiente recurso
de reposición, para efectos de determinar si la
decisión atacada debe confirmarse, modificarse
o revocarse […]” (Resaltado del Despacho).
En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, al referirse a la procedencia excepcional
del recurso de reposición frente a los autos que previamente
resuelve otra reposición, por asuntos o puntos nuevos,
señaló46:
“[…] Como lo ha entendido la doctrina, por ‘puntos
no decididos’ que para estos efectos también se los
califican de ‘nuevos’, son los que por primera vez
45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 18 de
marzo de 2010, expediente 25000-23-26-000-2000-00764-02(35010), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
46
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de junio 9 de 1980. M.P. Humberto Murcia
Ballén.
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aparecen en la parte resolutiva del auto que
resuelve la reposición, pero no en sus
considerandos; es decir, que las nuevas
argumentaciones que esgrima el juez, las
razones complementarias o sustitutivas que
tengan en cuenta para confirmar o alterar las
conclusiones del primer auto no pueden
considerarse como PUNTOS NO DECIDIDOS O
NUEVOS.
Cuando el resultado de la primera reposición es
la revocatoria total del auto impugnado, no hay
novedad jurídicamente hablando; es claro que
gramaticalmente el contexto de la providencia
es distinto al de la primera y que su decisión es
la contraria: el auto que admite una demanda y
el que revoca ese, son, en su contenido,
antitéticos, opuestos. Pero no puede en rigor
jurídico decirse que el último contiene puntos no
decididos en el anterior, pues en verdad que lo
estudiado y decidido en ambas providencias es
el mismo punto: si la demanda es o no admisible.
(Negrilla original del texto).
Esta misma ha sido la posición de la doctrina cuando indica lo
siguiente:
“[…] Por punto nuevo se entiende el contenido en las
decisiones del auto, es decir, en las resoluciones
adicionales que adopte, y no los argumentos o
fundamentos complementarios o sustitutos que se
tengan en cuenta para confirmar o modificar las
conclusiones del primer auto. Cuando el auto que
falla la reposición se limitar a revocar total o
parcialmente, la parte contraria a quien obtuvo la
reposición puede apelar si el auto tiene este
recurso47 […]” (Resaltado del Despacho) […]” (Las
subrayas fuera de texto).
Por lo anterior, tampoco prospera este cargo.
47
Hernando Devis Echandía, “Compendio de Derecho Procesal Teoría General del Proceso”,
Decimocuarta Edición, Editorial ABC, 1996, Pág. 566-567.
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La tercera censura es la concerniente a que la SIC debió
fundamentar los actos administrativos que dieron por terminada una
actuación administrativa sobre la libre competencia económica, en
un análisis o estudio de carácter económico y sobre el mercado
relevante colombiano.
Sobre el particular, la Sala debe precisar, en primer lugar, que la
actuación administrativa que culminó con los actos acusados tenía
como finalidad verificar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, 33813
y 34402 de 2006, por los cuales se crearon unas situaciones jurídicas
particulares y concretas, y no las presuntas prácticas comerciales
restrictivas de la libre competencia económica.
En segundo lugar, debe aclararse que a través de los actos acusados
se decretó el incumplimiento de los compromisos o garantías
aceptadas por la SIC en las resoluciones núm. 06816 y 06817 de
2005, modificadas por las núms. 34402 y 33813 de 2006, se exigió
el cumplimiento de las mismas y se hicieron efectivas unas pólizas,
por cuanto los bancos asociados asumieron la función de determinar
las TII, que de acuerdo con las garantías (compromisos) estaba a
cargo de las Redes.
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Dichos compromisos se adquirieron de manera voluntaria y fueron
aceptados con el objeto de que se efectuara la clausura o terminación
anticipada de la investigación, adelantada por la SIC, por la
realización de presuntas prácticas comerciales restrictivas de la
competencia, CREDIBANCO y REDEBAN S.A., coadyuvados por los
bancos asociados a cada una de las Redes, entre ellos el actor, como
se indicó anteriormente.
En cuanto a las referidas resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005,
33813 y 34402 de 2006, por las cuales se adquirieron los
compromisos, que fueron declarados incumplidos mediante los actos
demandados, es del caso traer a colación el concepto de 5 de marzo
de 2008 por la Sala de Consulta y Servicio Civil48, que al resolver un
conflicto de competencia entre la Superintendencia Financiera y la SIC,
precisó acerca de su firmeza y su carácter vinculante.
Así, discurrió la Sala:
“[…] se observa que el conflicto planteado parte de un hecho
no controvertido ni discutido, cual es la vigencia de unos actos
administrativos en firme, contenidos en las Resoluciones
06816 y 06817 de 2005, modificadas por las
Resoluciones 33813 y 34402 de 2006 descritas en los
antecedentes de esta providencia, por los cuales se
crean unas situaciones jurídicas particulares y
concretas, proferidos en el curso de actuaciones
administrativas, derivadas de las potestades de policía
48
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 5 de marzo de 2008, C.P. Gustavo
Aponte Santos, núm. único de radicación 1100103060020080000700.
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administrativa y sustentadas en la función interventora
del Estado.
Dada su firmeza, tales actos administrativos tienen
carácter ejecutivo y ejecutorio, y por tanto la
administración tiene plena capacidad para su ejecución,
conforme al Código Contencioso Administrativo:
“ARTICULO 64. CARACTER EJECUTIVO Y EJECUTORIO
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Salvo norma
expresa en contrario, los actos que queden en firme al
concluir el procedimiento administrativo serán
suficientes, por sí mismos, para que la
administración pueda ejecutar de inmediato los actos
necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales
actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad
de los interesados.”
No cabe duda pues, de la ejecutoriedad por parte de la
administración de las obligaciones derivadas de los actos
administrativos, al amparo de la legislación administrativa […]”
De otra parte, es necesario tener en cuenta que los actos
administrativos se expidieron en el curso de una actuación
administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio,
en ejercicio de las funciones que le atribuye el decreto 2153 de
1992 y con ocasión del procedimiento especial que el mismo
decreto establece al permitir terminar la investigación cuando
el presunto infractor ofrezca las suficientes garantías para
suspender las conductas objeto de investigación.
En efecto, prevé el artículo 52 del decreto 2153 de 1992:
“ARTICULO 52. PROCEDIMIENTO. Para determinar si existe
una infracción a las normas de promoción a la competencia
y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este
Decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio
deberá iniciar actuación de oficio o por su solicitud
de un tercero y adelantar una averiguación
preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad
de realizar una investigación.
Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará
personalmente al investigado para que solicite o aporte las
pruebas que pretenda hacer valer. Durante la investigación
se practicarán las pruebas solicitadas y las que el
funcionario competente considere procedentes.
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Instruida la investigación se presentará al Superintendente
un informe motivado respecto de si ha habido una
infracción. De dicho informe se correrá traslado al
investigado.
Durante el curso de la investigación, el
Superintendente de Industria y Comercio podrá
ordenar la clausura de la investigación cuando a su
juicio el presunto infractor brinde garantías
suficientes de que suspenderá o modificará la
conducta por la cual se le investiga.
En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código
Contencioso Administrativo”. (Negrillas de la Sala)
Este mecanismo contenido en el precepto transcrito, llama la
atención de la Sala no sólo porque representa un instrumento
eficaz en función del cumplimiento de las atribuciones de
inspección, vigilancia y control49, sino también por los cimientos
dogmáticos y valores garantizados constitucionalmente sobre
los que se edifica su aplicación. En especial al principio de la
buena fe (art. 83 de la C. P.), toda vez que quien reconoce y
acepta la autoridad de intervención, se ve beneficiado de la
terminación de la actuación en su contra, todo ello en razón de
los efectos jurídicos que el legislador reconoce a la
manifestación de voluntad de cesar las prácticas y de cumplir
los compromisos que se adquieren.
En esta perspectiva se entiende la participación en el
mencionado procedimiento, tanto de las administradoras de los
sistemas de pago, como de los bancos que también
comprometieron su responsabilidad bajo la aceptación del
supuesto normativo del ejercicio de la competencia de
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Industria y
Comercio, y que en el conflicto planteado se concreta en la
presencia de actos administrativos en firme no
controvertidos, dotados del carácter ejecutivo y
ejecutorio […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Frente a la competencia de la SIC para exigir el cumplimiento de
los referidos compromisos, que fueron declarados incumplidos,
mediante los actos demandados, el citado concepto de 5 de marzo de
49
Ver sentencia de abril 25 de 2002 de la Sección Primera de esta Corporación. (Rad. 7261).
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2008 por la Sala de Consulta y Servicio Civil50, también señaló lo
siguiente:
“[…] 4.2.3.3 La SIC está facultada para exigir el
cumplimiento de las mencionadas Resoluciones en
cuanto se refieren a las redes, sus representantes
legales y los bancos asociados, ya que tienen poder
jurídico vinculante sobre todas estas personas.
Las resoluciones tantas veces nombradas cobijan a Credibanco
y Redeban, a sus representantes legales y a los bancos
asociados a dichas redes que coadyuvaron en los compromisos
aceptados mediante esas resoluciones por la SIC.
En la presente actuación se ha pretendido cuestionar a la SIC
por el hecho de exigir el cumplimiento de las mencionadas
resoluciones en cuanto conciernen a las redes y sus
representantes legales, no por el hecho de que no sean sujetos
de vigilancia de la SIC, en cuanto a las normas sobre libre
competencia y prácticas comerciales restrictivas, sino por la
circunstancia de que las redes efectuaron una reforma
estatutaria interna en la cual se les suprimió la facultad de fijar
las TIIs, dejando esta labor a cargo de los bancos y que por
esta razón, la SIC perdería su competencia frente a todos los
involucrados. Sin embargo, lo cierto es que las redes y sus
representantes se obligaron válidamente ante la SIC y
ofrecieron cumplir unos compromisos que fueron aceptados por
esta autoridad en la seguridad de que serían honrados, y por
lo tanto, clausuró la investigación que estaba adelantando.
Es claro, entonces, que las obligaciones se mantienen ya
que derivan de actos administrativos en firme como se
señaló, que tienen plena vigencia y fuerza ejecutoria sin
que sea argumento sostener que por una reforma
estatutaria posterior del obligado, éste perdió la
capacidad jurídica de cumplirlos.
Una reforma estatutaria en tal sentido, mientras pendía sobre
las redes y sus representantes la responsabilidad de cumplir los
compromisos aceptados por la SIC, no es oponible al Estado.
Recuérdese que el poder vinculante del Estado se funda en la
satisfacción del interés general y en la protección y efectividad
50
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 5 de marzo de 2008, C.P. Gustavo
Aponte Santos, núm. único de radicación 1100103060020080000700.
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de los derechos de las personas (art. 2 C.P.) y, en esa medida,
sus actos no pueden ser derogados por voluntad de los
particulares.
La autonomía de la voluntad de las organizaciones privadas
emanada de los artículos 16 y 38 de la Constitución, tiene límite
en los principios de buena fe y respeto del acto propio, que
operan no sólo para el Estado, sino también respecto de los
particulares51. Así, todas las personas y autoridades que
intervienen en la actuación administrativa o judicial, están
obligadas a actuar de buena fe y con lealtad procesal, en tanto
que el debido proceso en la modalidad de respeto a la actuación
propia significa para todas ellas y no sólo para el Estado, “la
imposibilidad para quien actúa y genera con ello una situación
particular y concreta, de desconocer su propia conducta, y
vulnerar con ello los principios de buena fe y confianza
legítima”52.
Así pues, no se puede alegar un hecho propio como
eximente de una obligación.
En el presente caso, los compromisos fueron adquiridos
de manera voluntaria y con plena capacidad para
obligarse, de modo que si no se pueden cumplir por un
hecho propio del obligado y ajeno por completo a la
autoridad, resulta procedente hacer efectivas las
garantías de cumplimiento.
[…]
Sin embargo, es preciso anotar que los bancos asociados a las
redes se encuentran obligados por causa de las resoluciones
aludidas, no por ser sujetos sometidos a la vigilancia y control
de la SIC en materia financiera sino porque se
comprometieron jurídicamente al coadyuvar los
ofrecimientos de las redes y sus representantes legales
para que la SIC clausurara la investigación.
La obligación de los bancos asociados ante la SIC tiene su
fuente jurídica en su manifestación de voluntad que al ser
aceptada por ésta mediante las mencionadas resoluciones,
debe ser cumplida conforme a lo estipulado en ellas.
No es que la SIC esté invadiendo la esfera de competencia de
la SFC en cuanto concierne a los bancos sino que éstos se
51
Sentencia T-618 de 2007. Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
52
Sentencia T-079 de 2004, Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En el mismo
sentido, Sentencia T-544 de 2003, Corte Constitucional, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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obligaron válidamente ante la SIC, y en tal virtud, por dicha
causa, deben cumplir sus compromisos.
A este respecto es pertinente aceptar la argumentación del
Superintendente de Industria y Comercio en su escrito:
La competencia que se ha ejercido en el presente caso
corresponde a la atribuida expresamente por la ley. En
consecuencia, independientemente que los bancos estén
sometidos a la vigilancia de la SFC, es lo cierto que en su
condición de asociados a Credibanco y Redeban y de
participantes de los sistemas de pagos administrados
por dichas redes, asumieron voluntariamente
obligaciones ante la SIC y coadyuvaron las garantías
ofrecidas por estas entidades toda vez que las
obligaciones adquiridas por ellos formaban parte del nuevo
mecanismo propuesto para garantizar la operación del
sistema de pagos de bajo valor bajo un esquema
competitivo. Coadyuvancia que sin duda resultó
indispensable para haber admitido la clausura de la
investigación” (folio 343) (Resalta la Sala).
Y en cuanto al principio de la buena fe, indica el
Superintendente de Industria y Comercio:
“La Superintendencia de Industria y Comercio teniendo en
cuenta los nuevos compromisos ofrecidos por las
redes y sus bancos asociados y en aplicación del
principio de buena fe presumió la voluntad de
cumplimiento de los mismos, aceptó las
modificaciones solicitadas (ver resoluciones 33813 y
34402 de 2006), revocó las instrucciones impartidas en
la resolución de incumplimiento 12040 de 2006 tendientes
a corregir las inconsistencias identificadas y otorgó a las
redes el plazo solicitado para elaborar nuevamente los
nuevos estudios de costos para establecer las Tarifas
Interbancarias de Intercambio” (folio 345) (Destaca la
Sala).
En síntesis, la SIC está facultada para exigir el
cumplimiento de sus Resoluciones 6816 y 6817 de 2005
modificadas, respectivamente, por las Resoluciones
34402 y 33813 de 2006, en cuanto éstas tienen poder
jurídico vinculante sobre las redes, sus representantes
legales y sus bancos asociados. […]” (Las negrillas y
subrayas fuera de texto).
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Ante la firmeza de las citadas resoluciones y, en consecuencia, el poder
jurídico vinculante sobre las Redes y los bancos asociados, fue lo que
sirvió de fundamento a la SIC, a través de los actos acusados, para
que pudiera declarar el incumplimiento de los compromisos derivados
de los ofrecimientos de garantías, aceptadas por ella, exigir el
cumplimiento de esos compromisos y hacer efectivas unas pólizas.
No puede perderse de vista, además, que de acuerdo con lo
establecido en el numeral 3.4 del considerando TERCERO y en la
parte resolutiva de las citadas resoluciones núms. 06816 y 06817 de
2005, la SIC tiene el deber verificar el correcto funcionamiento de los
mercados, el cual no se verá satisfecho sin un esquema de
seguimiento, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento de los
compromisos que fueron aceptados por la SIC (como condición para
clausurar la investigación que adelantaba contra las Redes por
violación de las normas de libre competencia), así como para
asegurar que no se incurra nuevamente en las conductas que dieron
lugar a la investigación.
Precisamente, “[…] En dichas resoluciones claramente se puso de
presente que el esquema de seguimiento se debía entender, sin
perjuicio de las facultades de verificación, que le confiere a la
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SIC el artículo 2º del Decreto 2153 y las normas concordantes,
las cuales podrán ser ejercidas en cualquier momento […]”53.
Por lo tanto, no era necesario fundamentar los actos demandados,
en un análisis o estudio de carácter económico y sobre el mercado
relevante colombiano, máxime aún porque, como lo expresó el
fallador de primera instancia, no hay norma alguna que exija el
estudio técnico económico para sustentar las decisiones contenidas
en los acusados expedidos por la SIC.
Así, lo sostuvo el a quo:
“[…]Antes de entrar a resolver lo argumentado por el BCSC
estima la Sala pertinente advertir que este no indicó
norma alguna que exija el estudio técnico económico al
que se hace referencia para sustentar las decisiones
contenidas en los actos acusados expedidos por la SIC,
por ende no hay fundamento legal para afirmar que la
realización del mismo sea obligatoria antes de declarar
el incumplimiento de unos compromisos asumidos
tanto por las redes como por sus bancos asociados ni
para exigir el cumplimiento de estos y hacer efectivas
las respectivas garantías otorgadas en su momento.
[…]
De lo expuesto colige la Sala que la aceptación de las garantías
y la clausura de la investigación implicaba la posibilidad de
poder verificar los compromisos ofrecidos por las redes y sus
bancos asociados para la concesión de tales beneficios, y si bien
no existe norma especial que le permita a la entidad
demandada la adopción simultánea de las medidas
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero
de 2020; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000232400020080013001.
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consistentes en (i) declarar el incumplimiento de los
compromisos ofrecidos, (ii) exigir su cumplimiento, y (iii) hacer
efectivas las garantías, ello no afecta la legalidad de los actos
acusados, pues los mismos se pueden expedir bajo la
competencia prevista en el Decreto 2153 de 1992.
En efecto, como el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992
permite que la SIC clausure la investigación y acepte las
garantías ofrecidas por el presunto infractor, la
consecuencia lógica de ello es que también pueda exigir
la ejecución de los compromisos ofrecidos, una vez
ordenada la efectividad de las garantías, o de lo
contrario carecería de fuerza vinculante el compromiso
suscrito con los interesados.
En el caso concreto la decisión adoptada por la SIC en los actos
acusados -de hacer efectivas las garantías- era procedente en
la medida en que la sola suficiencia de las mismas al momento
de ser otorgadas no solucionaba la situación irregular que había
originado la apertura de la investigación contra las redes por
prácticas restrictivas de la competencia en el manejo de las
tarjetas de pago, pues era menester que mediante el
cumplimiento de los compromisos las redes y sus bancos
asociados ajustaran su conducta a las normas sobre
competencia […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Al efecto, es del caso puntualizar que cuando la SIC aceptó las
garantías ofrecidas, de manera voluntaria, por las Redes y los bancos
asociados, y ordenó la clausura de la investigación, mediante actos
administrativos, en ejercicio de su competencia legal, estos actos
adquirieron el carácter de vinculantes y se hicieron de obligatorio
cumplimiento por las Redes y los bancos asociados. De ahí que si no
se cumplieron los compromisos ofrecidos, resultaba procedente hacer
efectivas las garantías de cumplimiento.
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Así las cosas, se reitera, a través de los actos demandados la SIC podía
declarar el incumplimiento de las garantías aceptadas en las
resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y 33813 y 34402 de 2006,
en cuanto los bancos asociados decidieron fijar directamente las TIIs
y las Redes se abstuvieron de determinarlas, exigir el cumplimiento
de las garantías y hacer efectivas las pólizas.
Ahora, en lo concerniente al argumento de que si se analiza
detenidamente la declaración del doctor JAVIER FERNÁNDEZ RIVA,
que obra en el expediente, se llega a la conclusión que el efecto de
aplicar las órdenes de que tratan los artículos Tercero y Cuarto de la
Resolución núm. 029497 de 2008, acusada, consistentes en que
la determinación de las TII solo puede incluir costos únicamente
relacionados con el servicio de establecimiento de comercio de
transferencias de los pagos realizados con tarjetas, serían altamente
nocivas para el derecho colectivo de la libre competencia económica
y afectaría gravemente a los consumidores, lo cual es ratificado por
el estudio denominado “Concentración del mercado de Tarjetas de
Pago VISA”, realizado por la doctora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ
RESTREPO, la Sala considera lo siguiente:
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Como ya se indicó, a través de la presente acción de nulidad se
analiza la legalidad de los actos administrativos acusados que
declararon el incumplimiento de unos compromisos ofrecidos
voluntariamente por las Redes y los bancos asociados y aceptados
por la SIC, y no los efectos de los mismos, razón por la cual los
presuntos efectos nocivos de su aplicación, señalados en los estudios
de los señores JAVIER FERNÁNDEZ RIVA y MARÍA ANGÉLICA
ARBELÁEZ RESTREPO no tienen incidencia en la legalidad de dichos
actos.
Además, debe puntualizarse que si bien el señor JAVIER FERNÁNDEZ
RIVA cuestionó el modelo presentado por CREDIBANCO a la SIC, que
fue aceptado en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y
33813 y 34402 de 2006, sobre el cual concluyó que ello conllevaba
una situación subóptima, porque en el mismo se indicaba que las TII
debía ser establecida con base en los costos en la prestación del
servicio de transferencia de pagos a los establecimientos de comercio,
también lo es que dicho modelo fue presentado y ofrecido
voluntariamente por la Red y aceptado como parte de un compromiso
que debía ser cumplido, para obtener la clausura de la investigación
que adelantaba la SIC, como consta en los ítems “2.1 Los
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compromisos que se adquieren” de las citadas resoluciones al inicio de
este párrafo.
Ahora, cabe resaltar que por tratarse de un compromiso adquirido y
aceptado por la entidad demandada, a través de las citadas
resoluciones, las cuales, como se dijo anteriormente, son actos en
firme, dotados de carácter ejecutivo y ejecutorio, el referido
cuestionamiento no tiene incidencia en el cumplimiento del
compromiso y en manera alguna podía conllevar su incumplimiento o
desconocimiento.
Y en cuanto al estudio realizado por la señora MARÍA ANGÉLICA
ARBELÁEZ RESTREPO, que según el apelante ratifica lo declarado por
el testigo JAVIER FERNÁNDEZ RIVA, la Sala estima que este tampoco
puede tener incidencia en el cumplimiento de unos compromisos que
fueron aceptados por la SIC, a través de unos actos administrativos
(resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y 33813 y 34402 de
2006) con las características antes anotadas, máxime cuando se trata
de un estudio realizado en diciembre de 200854, es decir, con
posterioridad a los citados actos.
54
Folio 467 del C. Anexo.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00193-02
Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.
Por último, en lo que respecta a lo sostenido por el apelante, en el
sentido de que en lo demás de la sentencia impugnada, se sirvan
tener en cuenta las razones expresadas en el concepto de violación
de la corrección de la demanda, la Sala advierte que es necesario
que en el recurso de apelación se expongan las razones por las cuales
no se comparten las consideraciones del a quo, en orden a que el
juzgador confronte los fundamentos de la sentencia con los
argumentos que sustentan la inconformidad del apelante. En
consecuencia, la Sala no podrá pronunciarse sobre aspectos
diferentes a los controvertidos en el escrito de sustentación del
recurso de apelación.
Frente a este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 23
de enero de 202055, proferida por esta Sección, en la que se señaló
lo siguiente:
“[…] En este contexto se ha considerado que el recurso de
apelación se encuentra establecido para que el afectado con
una decisión judicial le formule reparos, inconformidades o
cuestionamientos, lo que conlleva a que la parte que lo
interponga dirija su sustentación a esos aspectos.
Esta posición ha sido prohijada por la Sala de tiempo atrás,
esto es, en las sentencias de 3 de julio y 4 de septiembre de
201456, oportunidades en las cuales esta Sección consideró lo
siguiente:
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 23 de enero de 2020,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 250003250002012051401.
56
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de fechas 3 de julio y 4 de
septiembre de 2014. Rad.: 2004 – 00228 y 2007 – 90029. Magistrado Ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala.
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Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.
“Sobre el punto de la sustentación del recurso de
apelación, esta Corporación ha precisado lo siguiente:
“Si bastara al recurrente afirmar en todos los
casos, al impugnar una decisión judicial, que se
atiene a lo afirmado y sostenido en el curso de
la instancia, sobraría en absoluto la exigencia
perentoria contenida en el inciso segundo del
artículo 212 del C.C.A.
La necesidad de que el recurrente aporte
argumentos en contra de los fundamentos del
fallo apelado, los cuales constituyen la base de
estudio de la decisión de segundo grado, es
reafirmado por el inciso subsiguiente al
sancionar con la deserción del recurso la
omisión del requisito en estudio.
Al no haber expuesto el recurrente las razones
que motivaron su disconformidad con las
motivaciones y conclusiones de la sentencia que
puso fin a la primera instancia, no le es
permitido al ad quem hacer un nuevo estudio de
fondo acerca de las pretensiones invocadas, sin
incurrir en palmario quebranto de la norma
procedimental que exige la debida sustentación
del recurso de apelación.” (Sentencia de 6 de junio
de 1987, Exp: 338, C.P.: Dr. Samuel Buitrago
Hurtado)
En otra oportunidad, señaló:
“Tal exigencia implica que el recurrente en el
escrito de sustentación señale el ámbito o marco
procesal a que debe circunscribirse el juez ad
quem para decidir el recurso.
La competencia de éste queda pues limitada a
confrontar la providencia recurrida con los
motivos de inconformidad aducidos por el
recurrente. No puede, por consiguiente, el juez
de segundo grado analizar la providencia
recurrida en aspectos diferentes a los
controvertidos en el escrito de sustentación del
recurso.” (Sentencia de 17 de julio de 1992, Exp:
1951, C.P.: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)
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Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.
Posteriormente, manifestó:
De acuerdo con la jurisprudencia. “… el deber de
sustentar este recurso (el de apelación) consiste
precisa y claramente en dar o explicar por
escrito la razón o motivo concreto que se ha
tenido para interponer el recurso, o sea para
expresar la idea con un criterio tautológico,
presentar el escrito por el cual, mediante la
pertinente crítica jurídica, se acusa la
providencia recurrida a fin de hacer ver su
contrariedad con el derecho y alcanzar por ende
su revocatoria o modificación.” (Corte Suprema de
Justicia, Providencia de agosto 30 de 1984, M.P. Dr.
Humberto Murcia Ballén, Código de procedimiento
Civil, José Fernando Ramírez Gómez, Colección
Pequeño Foro, pág. 319) (Auto de Sala Unitaria de 17
de marzo de 1995, Exp. 3250, C.P. Dr. Libardo
Rodríguez Rodríguez). (Negritas de la Sala)
En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios
atrás expuestos, en cuanto a que el presupuesto
sine qua non de la sustentación del recurso de
apelación es la referencia clara y concreta que el
recurrente haga de los argumentos que el juez
de primera instancia consideró para tomar su
decisión, para efectos de solicitarle al superior
jerárquico funcional que decida sobre los puntos
o aspectos que se plantean ante la segunda
instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico
aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo
grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en
orden a concluir si la sentencia merece ser o no
confirmada.
7.1.6.- Toda vez que la finalidad del recurso de
apelación es que el superior estudie la cuestión
decidida en la providencia de primer grado y la
revoque o reforme, es necesario que en dicho
recurso se expongan las razones por las cuales
no se comparten las consideraciones del a quo,
en orden a que el juzgador confronte los
fundamentos de la sentencia con los argumentos
que sustentan la inconformidad del apelante.
Por consiguiente, cuando el recurso se muestra
insuficiente dado que se limita a reproducir el
concepto de violación expuesto en la demanda,
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tal y como acontece en este asunto, el Juez no
tiene más remedio que confirmar la decisión”
(Negrillas y subrayado fuera texto).
La anterior posición fue reiterada por la Sala de decisión de la
Sección Primera en sentencia de fecha 3 de diciembre de
201857-58, tal y como se observa a continuación:
“Para el caso sub judice, luego de confrontar los
argumentos expresados por el apoderado de la
sociedad demandante, la Sala observa que los
argumentos contenidos en el recurso de
apelación, son exactamente los mismos
argumentos esgrimidos en el texto de la
demanda sin diferencia alguna salvo en el orden
en que fueron relacionados por el apoderado de
la demandante, pero en todo caso lo cierto es
que no formuló ningún reproche,
cuestionamiento, reparo o inconformidad
respecto de los argumentos esgrimidos en la
sentencia de primera instancia, con fundamento
en los cuales se adoptaron las decisiones
cuestionadas.
Cotejado el escrito de la apelación, la Sala encuentra
que se está ante el mismo supuesto fáctico del fallo
que se está reiterando del pasado 16 de junio, en el
que se dijo lo siguiente:
“El recurrente no hace, en lo absoluto,
motivación alguna que refute las
consideraciones expuestas por el a quo en el
fallo recurrido, con lo cual deja a esta Sala,
desprovista de todo elemento que le permita
revisar la sentencia, en esa medida, la Sala no
puede efectuar ningún juicio de valor respecto
del fallo objeto de apelación por lo que habrá de
confirmarse la sentencia del Tribunal”.
En efecto, comparados minuciosamente cada uno
de los párrafos del escrito de apelación, se
verificó que corresponden de forma idéntica a
los del escrito de la demanda, por tanto quedó
57
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio
de 2016. Rad.: 2011 – 00171. Magistrada Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso.
58
Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 16 de junio de 2016, Radicación 25000-23-
24-000-2003-00840-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 3 de julio de 2014, Radicación 25000-23-
24-000-2004-00228-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 23 de julio de 2015, Radicación 73001-23-
31-000-2010-00082-01, C.P. María Elizabeth García González.
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133
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00193-02
Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.
acreditado que el apoderado de la demandante
no expresó manifestación de inconformidad
alguna respecto de las razones por las cuales, el
a quo declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de
la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, menos aún controvirtió o
manifestó su oposición por la decisión de la
primera instancia de inhibirse de pronunciar
sobre la violación de varias disposiciones legales
invocadas como vulneradas, al advertir que
carecían de fundamentación respecto del
concepto de la violación” (Negrillas y subrayado
fuera texto).
[…]
En efecto, si el objeto del recurso de apelación es que el
superior analice la decisión adoptada en la sentencia
objeto de alzada, resulta imperioso que el recurrente
exponga las razones por las cuales no comparte las
consideraciones que se tuvieron en cuenta en dicho
momento […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia
apelada y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora, en cuanto a la condena en costas la Sala considera que de
conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta
asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala fe en la
actuación procesal, razón por la cual no hay lugar a ello.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00193-02
Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de octubre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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