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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00193-02

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00193-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2010-00193-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

31 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00193-02
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.

TESIS: LA SIC PODÍA DECLARAR, A TRAVÉS DE LOS ACTOS
ACUSADOS, EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
DERIVADOS DE LOS OFRECIMIENTOS DE GARANTÍAS, ACEPTADAS
POR LA SIC, EN LAS RESOLUCIONES NÚMS. 06816 Y 06817 DE 2005,
MODIFICADAS POR LAS RESOLUCIONES 33813 Y 34402 DE 2006,
ASÍ COMO HACER EFECTIVA LAS PÓLIZAS, POR CUANTO LAS
CITADAS RESOLUCIONES CONSTITUYEN ACTOS ADMINISTRATIVOS
EN FIRME, DOTADOS DE CARÁCTER EJECUTIVO Y EJECUTORIO. LA
NO PRESENTACIÓN ANTE LA SIC DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS Y DE
LA METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE COSTOS, DENTRO
DEL PLAZO DE 8 MESES PREVISTO EN LAS RESOLUCIONES 33813 Y
34402 DE 2006, GENERABA LA OBLIGACIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO
A LOS COMPROMISOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES 06816 Y
06817 DE 2005. EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
CONTRA LA RESOLUCIÓN NÚM. 46791 DE 2009 ACUSADA, “POR LA
CUAL SE DECIDEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS
CONTRA LA RESOLUCIÓN NÚM. 029497 DE 2008”, ERA
IMPROCEDENTE. LA ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
DEBE ESTAR RELACIONADO CON LAS CONSIDERACIONES DEL FALLO
APELADO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado del BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A., contra la

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Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.

sentencia de 28 de noviembre de 2013, proferida por la Sección

Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

que denegó las súplicas de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1. El BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A., en adelante BCSC S.A.,

por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad

y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código

Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda

ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a

obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1ª. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) La Resolución núm. 029497 de 19 de agosto de 2008, “Por

la cual se decreta el incumplimiento de las garantías aceptadas en

las resoluciones 6816 y 6817 de 2005, modificadas por los números

34402 y 33813 de 2006, respectivamente, se exige el cumplimiento

de las mismas y se hacen efectivas unas pólizas”, expedida por el

Superintendente de Industria y Comercio, en adelante SIC.

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b) La Resolución núm. 46791 de 15 de septiembre de 2009,

“Por la cual se deciden los recursos contra Resolución 029497 de

2008”, expedida por el mencionado funcionario.

2ª. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de

restablecimiento del derecho, se revoque en su totalidad la exigencia

de las garantías hechas efectivas respecto del actor, por los citados

actos y se hagan las siguientes condenas a la entidad demandada:

i) Restituir el pago de una suma equivalente al valor de las garantías

que ésta pagó en virtud de los actos acusados, es decir, la suma de

$1.171.000.000, ajustada tomando como base el índice de precios al

consumidor del DANE, conforme al artículo 178 del CCA, desde las

fechas de su pago, -27 de octubre de 2009 ($763.000.000) y 22 de

octubre de 2009 ($408.000.000) y 28 de octubre de 2009

($408.000.000)-, hasta el día en que efectivamente se haga la

restitución solicitada.

ii) Realizar el pago de la suma antes citada ($1.171.000.000),

debidamente ajustada con los intereses comerciales corrientes, a la

tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde

las fechas de su pago hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. “Los

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intereses comerciales corrientes deberán liquidarse sobre el capital,

ajustado con base en el índice de precios al consumidor determinado

por el DANE o por quien haga sus veces, al final de cada período de

liquidación, sin excederse la tasa máxima legal”.

iii) Realizar el pago de la citada suma debidamente ajustada con los

intereses comerciales moratorios a la tasa más alta permitida por la

ley, desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en que se

restituya la suma pagada. “Los intereses comerciales corrientes

deberán liquidarse sobre el capital, ajustado con base en el índice de

precios al consumidor determinado por el DANE o por quien haga sus

veces, al final de cada período de liquidación, sin exceder en ningún

caso la tasa máxima legal”.

3ª. Que se condene en costas a la entidad demandada.

I.2. El actor fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes

hechos:

1º. Adujo que mediante la Resolución núm. 13820 de 25 de junio de

2004, el Superintendente Delegado de Promoción de Competencia de

la SIC abrió investigación contra REDEBAN MULTICOLOR S.A., en

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adelante REDEBAN, la Asociación Gremial de Instituciones

Financieras CREDIBANCO, en adelante CREDIBANCO, y de sus

representantes legales, por supuestas conductas anticompetitivas

“vinculadas exclusivamente a una alegada colusión entre las

investigadas para una fijación de precios de las comisiones de las

tarjetas débito y de crédito que se cargan al comercio”.

2º. Que a través de comunicaciones de 28 de enero y 31 de marzo

de 2005, CREDIBANCO y sus establecimientos de crédito asociados,

en desarrollo de lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2153 de 30

de diciembre de 19921, ofrecieron a la SIC unas garantías.

3º. Agregó que el 31 de marzo de 2005, la SIC, mediante la

Resolución núm. 06817, aceptó las garantías ofrecidas y ordenó la

clausura de la investigación abierta mediante la Resolución núm.

13820 de 25 de junio de 2004.

4º. Sostuvo que por medio de las comunicaciones de 2 de febrero y

31 de marzo de 2005, REDEBAN MULTICOLOR S.A. y sus

establecimientos de crédito asociados, en desarrollo de lo previsto en

el artículo 52 del Decreto 2153, ofrecieron a la SIC unas garantías.

1
“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Desarrollo Económico.

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5º. Que la SIC, a través de la Resolución núm. 06816 de 31 de marzo

2005, aceptó las garantías ofrecidas y cerró la investigación abierta

mediante la citada Resolución núm. 13830 de 25 de junio de 2004.

6º. Con la Resolución núm. 12040 de 15 de mayo de 2006,

confirmada parcialmente por la Resolución núm. 02485 de 2 de

febrero de 2007, la SIC declaró incumplidos los compromisos de que

trata la Resolución 06817 de 2005 e hizo exigibles las garantías a

CREDIBANCO2.

7º. Que a través de las comunicaciones de 21 de noviembre y 6 de

diciembre de 2006 CREDIBANCO y sus asociados ofrecieron a la SIC

una modificación de las garantías aceptadas mediante la Resolución

núm. 06817 de 31 de marzo de 2005, lo que fue aceptado en la

Resolución núm. 33813 de 2006.

8º. Igualmente, REDEBAN MULTICOLOR S.A. y sus bancos

asociados ofrecieron la modificación de las garantías aceptadas por

la SIC, a través de la Resolución núm. 06816 de 2005, lo que fue

2
Estas resoluciones fueron demandadas ante esta jurisdicción bajo el radicado núm. 2007-00202-01,
siendo la demandante la Asociación Gremial de Instituciones Financieras Credibanco, proceso en el cual
se denegaron las pretensiones de la demanda, tanto en primera como en segunda instancia (Sentencia
de 23 de agosto de 2012, Cp. Marco Antonio Velilla Moreno).

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aceptado en la Resolución núm. 34402 de 14 de diciembre de 2006.

9º. Indicó que en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005,

así como en la 33813 y 34402 de 2006, se señalaron los

compromisos a cargo de las entidades financieras asociadas a

CREDIBANCO y a REDEBAN MULTICOLOR S.A., entre ellos BCSC

S.A., los cuales son diferentes a los de cada una de dichas Redes y

a los de los representantes legales de las mismas.

10º. Que mediante la Resolución núm. 029497 de 19 de agosto

de 2008 la SIC declaró el incumplimiento de los compromisos a

cargo de CREDIBANCO, de su representante legal y de sus

entidades financieras asociadas y de REDEBAN MULTICOLOR S.A.

y sus bancos asociados, exigió el cumplimiento de tales compromisos

e hizo efectivas unas pólizas.

11º. Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de

reposición, el cual fue resuelto por la SIC mediante la Resolución

núm. 46791 de 15 de septiembre de 2009, en la que confirmó

varios artículos de la parte resolutiva de la decisión recurrida y

modificó otros.

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I.3. En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación de los

artículos 29 y 333 de la Constitución Política; 98 del Estatuto

Orgánico del Sistema Financiero; 84 del CCA; y el Decreto 2153.

En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

.PRIMER CARGO: “[…] NULIDAD DE LOS ACTOS ACUSADOS
POR DESVIACIÓN DE PODER Y CON FALSA MOTIVACIÓN;
VULNERACIÓN DE LA SIC A LA LIBRE COMPETENCIA
ECONÓMICA (ARTÍCULO 333 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, ARTÍCULO 98 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL
SISTEMA FINANCIERO, LEY 155 DE 1959 Y DECRETO 2153 DE
1992 Y LEGISLACIÓN PERTINENTE Y COMPLEMENTARIA)
[…]”.

Señaló que el derecho a la libre competencia económica está previsto

en el artículo 333 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley

155 de 24 de diciembre de 19593 y el Decreto 2153, que regula

exclusivamente la aplicación de tal derecho respecto de las personas

diferentes de aquellas a quienes la normativa le aplica un estatuto

especial.

Indicó que de los decretos 2153 y 3523 de 15 de septiembre de

20094, así como de la Ley 1340 de 24 de julio de 20095, se desprende

3
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.”
4
“Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan
las funciones de sus dependencias.”
5
“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”.

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la función de la SIC de velar para que el derecho a la libre

competencia no sea vulnerado, por lo que con la expedición de las

resoluciones acusadas se contrarió lo dispuesto en las normas

aludidas.

Expresó que las garantías otorgadas por CREDIBANCO, REDEBAN

MULTICOLOR S.A. y los establecimientos de crédito asociados a

estas Redes y aceptadas por la SIC, en las resoluciones núms. 06816,

06817 de 2005 y 33813, 34402 de 2006, que se expidieron en

cumplimiento de lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2153, tenían

como objeto asegurar que se suspendiera o modificara la conducta

por la cual se investigó.

Anotó que si la Administración quería sancionar o hacer efectivas

unas garantías contra un particular, debía acreditar la vulneración de

las situaciones garantizadas por parte del ciudadano administrado; y

que al tomar cualquier determinación sobre la libre competencia

económica, la entidad estatal, encargada de la protección de tal

interés, tenía la carga de sustentar, mediante la elaboración de un

estudio técnico económico, la decisión que llegare a adoptar en el

acto administrativo que pusiera fin a la actuación administrativa,

pues se trata de decisiones que pueden ser nocivas para los

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consumidores y usuarios del sector financiero, como se acreditó, en

el presente caso, para los tarjetahabientes de tarjetas de pago

bancarios, según estudio elaborado por la doctora MARÍA ANGÉLICA

ARBELÁEZ de FEDESARROLLO.

Sostuvo que las decisiones contenidas en la Resolución núm.

029497 de 2008, acto acusado, no estuvieron fundamentadas en

el estudio técnico que ya se mencionó; además, al resolver el recurso

de reposición interpuesto contra la misma, mediante la Resolución

núm. 46791 de 2009, la SIC solo mencionó la declaración del

doctor FERNÁNDEZ RIVA y el estudio de la doctora ARBELÁEZ DE

FEDESARROLLO, -estudio este que no fue refutado técnicamente por

la SIC-, y se limitó a hacer comentarios fuera de contexto y

equivocados.

Adujo que en la Resolución núm. 46791 de 2009, la SIC no realizó

un análisis del mercado relevante colombiano, sino que recurrió a las

prácticas de mercados desarrollados, como el europeo, que tiene

unas características sustancialmente diferentes a las nuestras, “[…]

comenzando porque allí existe una penetración tal del mercado de

crédito (bancarización) que logra beneficiar a la mayoría de la

población, cosa que aquí estamos lejos de lograr […]”, por lo tanto,

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con tales comentarios la SIC ratificó que al expedir las resoluciones

demandadas no se ilustró sobre los efectos económicos de sus

decisiones.

Alegó que al analizar la declaración del doctor JAVIER FERNÁNDEZ

RIVA se logra concluir que el efecto de aplicar las órdenes de que

tratan los artículos tercero y cuarto de la parte resolutiva de la

Resolución 029497 de 2008 sería altamente nocivo para el

derecho colectivo a la libre competencia económica y afectaría

gravemente a los consumidores, en particular, a los tarjetahabientes

de tarjetas de pago bancarias; y que el mismo efecto nocivo se da

en cuanto a las órdenes de los artículos segundo y tercero de la

Resolución núm. 46791 de 2009, que resolvió el recurso de

reposición interpuesto contra la Resolución núm. 029497.

Que, adicionalmente, la doctora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ

RESTREPO, Investigadora asociada de FEDESARROLLO y directora

del proyecto denominado “Concentración del Mercado de Tarjetas de

Pago Visa”, presentó este estudio ante la SIC, dentro de una

diligencia de testimonio técnico, en el cual se ratificaron los

conceptos presentados ante la SIC, años antes, por el doctor JAVIER

FERNÁNDEZ RIVA sobre los efectos nocivos para los consumidores y

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tarjetahabientes que se hicieron realidad.

Indicó que las decisiones de la SIC son una regulación de precios,

para lo cual dicha entidad no está autorizada y, por ende, son

arbitrarias, en la medida en que son “[…] fruto exclusivo de su

capricho y no del análisis objetivo, sereno y serio del expediente y

de los temas económicos que tienen relación con el derecho de la

competencia […]”.

Advirtió que si se reducen las TIIs, en la forma en que lo hacen las

resoluciones demandadas, en perjuicio de bancos, como del actor,

sucederá lo siguiente:

. El negocio tiende a concentrarse en un mayor grado en los bancos

que tienen la mayor disponibilidad de recursos para prestar el

servicio de adquirencia, concentración que se producirá por la sola

fuerza del mercado, “aun sin o contra la voluntad expresa” de los

bancos grandes.

. Los bancos pequeños, que no tienen muchas posibilidades de ser

adquirentes en volúmenes mayores y a quienes les atrae es la sola

emisión, no van a tener el incentivo necesario para seguir emitiendo

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tarjetas en el volumen que lo venían haciendo y poco a poco hasta ir

abandonando el negocio.

. Los ingresos que dejan de tener los bancos emisores los recuperan

en gran parte de los tarjetahabientes, mediante alzas en los

intereses, en las cuotas de manejo y en la reducción de algunos

beneficios que han tenido en el pasado, como los seguros gratuitos.

.SEGUNDO CARGO: CUMPLIMIENTO DE BCSC S.A. A LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO SEGÚN LAS OFERTAS DE
GARANTÍAS ACEPTADAS POR LA SIC, MEDIANTE LAS
RESOLUCIONES NÚMS. 06816 DE 2005, 34402 DE 2006 Y
33813 DE 2006.

Expresó que los compromisos a cargo de BCSC S.A., como

establecimiento de crédito asociado a CREDIBANCO y a REDEBAN

MULTICOLOR S.A., los cuales serían incluidos por la Red en el

reglamento interno, fueron: (i) determinar las comisiones a cargo de

los diferentes establecimientos de comercio por el servicio de

adquirencia teniendo en cuenta varios aspectos; (ii) remitir

periódicamente a la SIC, durante 3 años, en forma trimestral, con

carácter confidencial, a partir del último día del mes en que el sistema

haya quedado establecido, un listado de los criterios objetivos que

haya utilizado para la fijación de la comisión, su ponderación así

como las comisiones vigentes, junto con los cambios que unos y otras

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hayan tenido en dichos periodos; y (iii) mantener a disposición de la

SIC un archivo con los reglamentos internos sobre los factores

objetivos establecidos para determinar las comisiones de

adquirencia, al igual que las modificaciones realizadas a los mismos.

Advirtió que en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005,

33813 y 34402 de 2006, expedidas por la SIC, en las que constan

los compromisos a cargo de las redes CREDIBANCO y REDEBAN

MULTICOLOR S.A., de sus representantes legales y de sus bancos

asociados, se observa que los compromisos de los bancos asociados

son diferentes e independientes de los que están a cargo de las Redes

y de sus representantes legales; igualmente, los compromisos a

cargo de cada una de las entidades financieras asociadas a las Redes,

aunque iguales, son independientes, y los riesgos que cubren las

pólizas de seguros emitidas en favor de la SIC como colaterales, para

garantizar el cumplimiento de los compromisos cubren el

incumplimiento de manera independiente, de manera que si uno de

los bancos asociados incumple o si cualquier otro tomador de la póliza

fuere el incumplido, los demás no necesariamente lo serían y, por

ende, al que no incumpliere no se le podrían hacer exigibles las

garantías.

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Sostuvo que la SIC, en las resoluciones núms. 029497 de 2008

y 46791 de 2009, no hace exigibles las garantías al actor por haber

incumplido con los compromisos a su cargo y no podía hacerlo,

porque cumplió cabalmente con los mismos; sin embargo, la

demandada hizo exigibles las garantías otorgadas por el banco actor,

como tomador de las pólizas correspondientes, por el supuesto

incumplimiento de los compromisos a cargo de CREDIBANCO y de

REDEBAN MULTICOLOR S.A., compromisos diferentes de los

contraídos por el demandante. En efecto, una de las razones por las

que la SIC hizo exigible las garantías fue por el incumplimiento del

compromiso de fijar las tarifas interbancarias de intercambio (TIIs),

según consta en la Resolución núm. 46791 de 2008, el cual le

correspondía cumplir a las Redes y con el que cumplieron las mismas

como se observa a continuación.

Señaló que cinco días hábiles después de la ejecutoria de la

Resolución núm. 33813 de 2006, CREDIBANCO se ha abstenido de

determinar o aplicar unas TIIs para los productos VISA, superiores a

las establecidas en dicha resolución, como son: (i) Tarjeta de

Crédito: 2%, máximo promedio ponderado en cada trimestre

calendario; (ii) Tarjeta Débito: 1.91%, máximo promedio ponderado

en cada trimestre calendario; y (iii) Tarjeta Electrón: 1.16%, máximo

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promedio ponderado en cada trimestre calendario.

Indicó que, igualmente, REDEBAN MULTICOLOR S.A., cinco días

después de la ejecutoria de la Resolución núm. 34402 de 2006, se

abstuvo de determinar o aplicar unas TIIs para los productos MASTER

CARD, superiores a las establecidas en dicha resolución, como son:

(i) Tarjeta de Crédito: 2.1%, máximo promedio ponderado en cada

trimestre calendario; y (ii) Tarjeta Débito (Maestro): 1.205%,

máximo promedio ponderado en cada trimestre calendario.

Respecto de la afirmación de la SIC, en el sentido de que las Redes

incumplieron con sus compromisos de fijar las TIIs, con ocasión de

la reforma de los estatutos de CREDIBANCO y de la decisión de la

Junta Directiva de REDEBAN MULTICOLOR S.A., afirmó que:

(i) Si bien puede ser cierto que las TIIs no se hayan fijado por

ninguna de las Redes desde finales de 2006, lo cierto es que en

ninguno de los compromisos a cargo de las mismas “se establece la

regularidad con que a partir de dicha fecha, deben fijarse las TIIs”,

pues de las resoluciones núms. 33813 y 34404 de 2006, expedidas

por la SIC, se observa que las Redes se comprometieron a cumplir

con lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2153, en el sentido de

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abstenerse a determinar, mientras el convenio de modificación de

garantías “a que se refiere la resolución mencionada así lo obligue,

unas TIIs para cada uno de los productos VISA y Master Card,

superiores a aquellas que resulten a los promedios ponderados por

trimestre calendario”.

Que las TIIs, establecidas en las resoluciones núms. 33813 y 34404

de 2006, no han sido modificadas por ninguna de las redes ni por los

bancos asociados a estas. Los promedios máximos se han disminuido

con ocasión del estudio ordenado en la Resolución núm. 46791 de

2009; además, a la SIC le consta la existencia de documentos

suscritos por los bancos asociados, que obran en su poder, en los

cuales se advierte que estos se obligaron a mantener las TIIs en los

mismos promedios ponderados por trimestre calendario,

establecidos en las resoluciones núms. 33813 y 34402 de 2006 de la

SIC.

(ii) Que el hecho de que la Asamblea General de Asociados de

CREDIBANCO modificara sus estatutos no significa que

CREDIBANCO o su representante legal o el BCSC S.A. hayan

incumplido sus compromisos con la SIC, pues no se obligaron con la

SIC a no modificar los estatutos. “Es posible que los Bancos hayan

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contado durante un lapso dado, después de la reforma estatutaria

mencionada, con la facultad legal de fijar nuevas TIIs, pero nunca la

utilizaron. En todo caso BCSC nunca participó en las sesiones

del Comité TIIs Visa organizado por los Bancos asociados a

Credibanco, ya que ni BCSC ni ninguno de sus funcionarios

formaba parte del mismo”.

(iii) En relación con el valor de las garantías, que se le hicieron

exigibles al BCSC S.A. de $408’000.000, por haber participado

conjuntamente con otras entidades financieras asociadas a

CREDIBANCO, en la reforma estatutaria celebrada el 19 de junio de

2007, que despojó a CREDIBANCO de la función consistente en

determinar las TIIs, se tiene que la entidad demandada hizo efectiva,

en las resoluciones núm. 029497 de 2008 y 46791 de 2009, la

póliza núm. A-0063562, expedida el 20 de diciembre de 2006 y el

certificado de renovación núm. 6073095, correspondiente a la misma

póliza, expedida el 11 de diciembre de 2007.

Que la póliza que la SIC hizo efectiva en las resoluciones núm.

029497 y 46791, es diferente a la expedida originalmente, en el

año 2005, y de sus respectivos certificados de renovación, para

garantizar el cumplimiento de los compromisos aceptados por la SIC

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en la Resolución núm. 06817 de 2005. Además, los compromisos

asumidos por CREDIBANCO y sus bancos asociados, aceptados en

la Resolución 06817, fueron diferentes de los aceptados en la

Resolución núm. 33813 de 2006.

(iv) Las obligaciones garantizadas por la póliza y el certificado de

renovación, antes aludidos, fueron aquellas que llegaron a ser

incumplidas durante el lapso de vigencia del certificado 6073095, es

decir, el lapso comprendido entre el 11 de diciembre de 2007 y el 11

de diciembre de 2008. En efecto, en la póliza de seguros núm.

A0063562, expedida el 20 de diciembre de 2006, se señala que “[…]

La compañía ampara a la entidad asegurada [la SIC] por el riesgo de

incumplimiento ocurrido durante la vigencia del seguro de las

obligaciones emanadas de las disposiciones legales (leyes, decretos,

reglamentos etc.) [en este caso la resolución 33813 de 11 de

diciembre de 2006] señaladas en la carátula de presente póliza,

imputable a la persona obligada al cumplimiento de la respectiva

disposición legal […]”.

(v) Debido a que la reforma de los estatutos de CREDIBANCO, -19

de junio de 2007-, tuvo lugar por fuera del período de vigencia del

certificado núm. 6073095, la SIC no actuó debidamente al hacer

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efectiva la póliza A0063562, que afianzaba al BCSC S.A. por la suma

de $408’000.000, bajo el argumento de que éste participó en la

reforma.

(vi) El hecho de que la Junta Directiva de REDEBAN MULTICOLOR

S.A. resolviera que dicha entidad debía abstenerse de determinar las

TIIs no significa que tal Red o el BCSC S.A. hayan incumplido sus

compromisos con la SIC, ya que no se obligaron a que la Junta

Directiva se abstuviera de tomar tal decisión. “[…] Es posible que los

Bancos hayan contado durante un lapso dado, después de la decisión

aludida de la Junta Directiva de Redeban Multicolor S.A., con la

facultad legal de fijar nuevas TIIs, pero nunca la utilizaron [...]”.

(vii) Los comités TIIs VISA y MASTER CARD, creados por los bancos

asociados a las Redes, se limitaron a coadyuvar las actividades de

las mismas para que no se superaran las TIIs determinadas en las

resoluciones 33813 y 34402 de 2006 de la SIC y a coordinar las

actividades para que la administración de las TIIs se llevara a cabo

adecuadamente.

(viii) Si alguien incumplió con los compromisos fue la Administración,

al no entregarle a CREDIBANCO y a REDEBAN MULTICOLOR S.A.,

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las recomendaciones técnicas del Ministro Consejero de la

Presidencia de la República, que se obligó a entregar a través de las

resoluciones núms. 33813 y 34402 de 2006 de la SIC.

.TERCER CARGO: VULNERACIÓN DE LA SIC A VARIAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

Manifestó que en los actos acusados no se hace mención de que la

supuesta conducta violatoria de la normativa sobre la libre

competencia económica, que fue materia de la apertura de la

investigación, persiste, es decir, no se ha terminado o modificado;

por lo tanto, a pesar de que la conducta violatoria haya dejado de

existir, la SIC procedió a declarar el incumplimiento de los

compromisos, sin reabrir la investigación clausurada y se abstiene de

abrirla porque sabe que la conducta garantizada con los compromisos

ha cesado, pues a partir de abril de 2005 son cada una de las

entidades financieras asociadas a las Redes las que pactan

directamente las comisiones con los comercios.

Expresó que del artículo segundo de las resoluciones núms. 06816 y

06817 de 2005 y del inciso 4° del artículo 52, numeral 12, del artículo

4 del Decreto 2153, se desprende como obligación para la SIC la de

clausurar la investigación abierta mediante la Resolución núm. 13820

de 2004 y mantenerla así, mientras no se declare mediante acto

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administrativo expedido y notificado, que se encuentre debidamente

ejecutoriado, el incumplimiento de los compromisos aceptados por la

SIC y se ordene la reapertura de la investigación.

Que si bien la SIC clausuró la investigación y la ha mantenido así

hasta la fecha, lo irregular es que, por un lado, mediante los actos

acusados, hubiera hecho exigible las garantías que respaldaban el

compromiso de suspender la supuesta conducta investigada, pero no

haya reabierto la investigación como lo ordena la ley; y, por el otro,

haya abierto, so pretexto de verificar el cumplimiento de las

garantías, unas investigaciones que no tienen nada que ver con la

conducta investigada en la Resolución núm. 13820, sin seguir el

procedimiento del artículo 52 del Decreto 2153.

.CUARTO CARGO: LAS VIOLACIONES DEL DEBIDO PROCESO
DE LOS ADMINISTRADOS EN QUE INCURRIÓ LA SIC.

Indicó que la SIC abrió investigaciones por fuera de lo establecido en

las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y 33813 y 34402 de

2006, como esquema de seguimiento, sin seguir el procedimiento

previsto en el artículo 52 del Decreto 2153.

Señaló que al notificar los actos acusados, la SIC entregó un texto

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parcial de los mismos, bajo el argumento de la confidencialidad,

vulnerando el inciso 5° del artículo 44 del CCA y el derecho de

defensa, pues el banco tiene derecho de conocer la forma en que la

SIC determinó las TIIs.

Alegó que la SIC no graduó el monto de las garantías teniendo en

cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Además,

negó el recurso de reposición interpuesto por el demandante contra

la Resolución núm. 46791 de 2009, argumentando la inexistencia

de puntos nuevos, los cuales sí existen.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SIC, mediante apoderado, contestó la demanda y para oponerse

a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

En cuanto al primer cargo, trajo a colación las sentencias C-456 de 2

de septiembre de 19986 y 20 de marzo de 19977, proferidas,

respectivamente, por la Corte Constitucional, y la Sección Segunda

del Consejo de Estado, las cuales hacen referencia a la desviación de

6
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C- 456 de 2 de septiembre de 1998, M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 20 de marzo
de 1997, C.P. Clara Forero de Castro.

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poder, para señalar que no se encuentran elementos probatorios que

permitan determinar los motivos que tuvo la entidad para obrar con

fines distintos a los señalados por la Ley, carga probatoria que le

correspondía al demandante.

Que se comparten los argumentos del actor sobre la normativa

aplicable en cuanto al derecho a la libre competencia económica, esto

es, el artículo 333 de la Constitución Política, la Ley 155, el Decreto

2153 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 333 de la

Constitución Política, la libre concurrencia de los mercados puede ser

intervenida, si así lo exigen los fines sociales y el bienestar de la

comunidad.

Señaló que los distribuidores y expendedores podrán fijar libre y

autónomamente los precios de acuerdo con su estructura de costos

y su margen de utilidad, sin sujetarse al consenso de otras

voluntades; sin embargo, las conductas que coarten la libre

competencia, impongan barreras al ingreso o salida del mercado,

impidan la libre formación del precio o tiendan a establecer precios

inequitativos, se consideran ilegales por violar las normas de la libre

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competencia y se denominan anticompetitivas o restrictivas.

Anotó que la SIC está facultada para investigar y sancionar actos

contrarios a la libre competencia e igualmente para ordenar la

clausura de la investigación cuando, a juicio del Superintendente de

Industria y Comercio, el presunto infractor brinde garantías

suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se

le investiga, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo

52 del Decreto 2153; y que esta última facultad corresponde al

ejercicio de la función que tiene la SIC de velar por la observancia de

las disposiciones sobre la libre competencia y de sancionar prácticas

comerciales restrictivas en los mercados nacionales.

Explicó que, en el caso objeto de análisis, con las garantías ofrecidas

por CREDIBANCO y su representante legal, éstos se

comprometieron de manera voluntaria a realizar una serie de

modificaciones en las operaciones de la Red y ofrecieron establecer

un nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a cargo de

los establecimientos de comercio.

Tal mecanismo establecía obligaciones a cargo de CREDIBANCO, su

representante legal y de los bancos asociados, aunado a un esquema

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de seguimiento y otorgamiento de una póliza de seguro de

cumplimiento, lo que fue considerado por el Superintendente en

mención como garantía suficiente de la eliminación de las conductas

que originaron la investigación, razón por la cual mediante la

Resolución núm. 06817 de 2005 se aceptó dicho ofrecimiento y se

ordenó clausurar la investigación.

Expresó que, por ende, la SIC en el acto acusado no pudo haberse

pronunciado sobre la existencia de un acuerdo de precios, pues en

razón del ofrecimiento y aceptación de garantías no se produjo en la

respectiva investigación una decisión de fondo sobre los aspectos que

la originaron, lo que quiere decir que la etapa en la cual la

Administración debió pronunciarse sobre las resultas de la

investigación, en los términos del artículo 52 del Decreto 2153, en

concordancia con el artículo 35 del CCA, en la cual se califica la

conducta como anticompetitiva, no se agotó, pues la investigación

concluyó de manera anticipada.

Indicó que de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2153 las

garantías se ofrecen estando en curso la investigación, lo que

significa que en el momento de aceptación de las mismas solo existen

hechos presuntamente violatorios de las disposiciones legales en

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materia de competencia.

Anotó que en los actos demandados la SIC se pronunció sobre el

cumplimiento de las garantías ofrecidas por CREDIBANCO,

concretamente, respecto de los compromisos referentes a la

determinación de la tarifa interbancaria de intercambio, que hacen

parte de las obligaciones que implicaban la implementación del nuevo

mecanismo para la fijación de las comisiones a cargo de los

establecimientos de comercio, por lo que la SIC no vulneró el régimen

de protección de la competencia; por el contrario, sancionó el

incumplimiento de los compromisos.

Que “[…] en la aplicación de las normas sobre protección de la

competencia los análisis efectuados por esta Superintendencia deben

enmarcarse en lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y

teniendo en cuenta la evidencia que obra en cada expediente […]”.

En relación con el estudio elaborado por la doctora María Angélica

Arbeláez dijo que éste fue aportado en el testimonio decretado, como

prueba en el trámite de los recursos presentados en vía gubernativa;

y respecto de la declaración del doctor JAVIER FERNÁNDEZ RIVA,

manifestó que la misma no resultaba pertinente para analizar la

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legalidad de los actos acusados.

Adujo que la SIC no está fijando las TIIs ni ejerciendo facultades de

regulación de precios, pues conforme a lo dispuesto en la Resolución

núm. 06817 de 2005, modificada por la 33813 de 2006, el

mecanismo propuesto para la fijación de las comisiones a cargo de

los establecimientos de comercio asignaba a CREDIBANCO “la Red”

la función de establecer las TIIs, que sirve de base para la fijación de

las mencionadas comisiones. Determinación que debía realizarse de

acuerdo con los parámetros establecidos en las garantías.

En los escritos en los que se ofrecieron las garantías, se observa que

la Red se comprometió a fijar las TIIs, de las que son responsables

los bancos adquirentes frente a los bancos emisores; para la

determinación de las TIIs debían considerarse únicamente los costos

asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, más una utilidad

para este negocio. Además, las Redes se comprometieron a entregar

a la SIC los estudios con la cuantificación de los costos, la

ponderación de los factores objetivos y la metodología empleada

para la estimación de las TIIs.

Que la SIC, en ejercicio de la función de verificación y seguimiento

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de las garantías, revisó la determinación de las tarifas con base en el

mecanismo propuesto y encontró el incumplimiento de los

compromisos asumidos.

Que el mecanismo de fijación de las comisiones al comercio y las

condiciones para la determinación de las TIIs fueron compromisos

voluntariamente ofrecidos por CREDIBANCO y sus bancos asociados

para obtener la clausura de la investigación, que por prácticas

comerciales restrictivas se adelantaba; y que, por ende, tales

compromisos deben ser cumplidos conforme a lo ofrecido, lo que

debe ser verificado por la SIC, sin que ello implique una fijación de

tarifas por parte de la entidad demandada.

“[…] También debe tenerse en cuenta que lo que se ha presentado

no es una diferencia de criterios entre las redes y la SIC para

determinar los costos utilizados en el cálculo de las TII’s, sino una

falta de correspondencia entre los costos que efectivamente

incorporaron las redes en el modelo para la definición de las tarifas

y los compromisos aceptados en la Resolución 06817 de 2005 […]”.

Agregó que entre la Superintendencia Financiera de Colombia y la

SIC se originó un conflicto positivo de competencias, en cuanto al

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tema de exigir el cumplimiento de las resoluciones 06816 y 06817

de 2005, modificadas por las 34402 y 33813 de 2006,

respectivamente, el cual fue desatado por el Consejo de Estado en

sentencia de 5 de marzo de 2008, expediente núm. 2008-0007, en

el que dispuso que la entidad competente era la SIC.

Señaló que con la expedición del Decreto 2153 se entregó a la SIC la

labor de velar por la observancia de las disposiciones sobre

promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, en

los mercados nacionales, sin perjuicio de las competencias señaladas

en las normas vigentes a otras autoridades (artículos 2º y 4º).

Que, posteriormente, se expidió el Decreto 1400 de 4 de marzo de

20058, luego de que se expidieran las resoluciones núms. 06816 y

06817 de 21 de marzo de 2005, con el que las administradoras de

pago de bajo valor –CREDIBANCO y REDEBAN- quedaban

sometidas, incluso en materia de prácticas comerciales restrictivas y

promoción de la competencia, a la inspección y vigilancia de la

Superfinanciera; sin embargo, antes de la entrada en vigencia del

mismo, su artículo 3º fue modificado por el artículo 1º del Decreto

8
“Por el cual se someten a inspección, vigilancia y control las entidades que administran sistemas de
pago de bajo valor y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Presidente de la República.

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2999 de 30 de agosto de 20059, que adicionó el parágrafo 2°, en el

que se asigna nuevamente la competencia a la SIC en cuanto a dicha

inspección.

Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 62, 64 y 65 del CCA,

el incumplimiento total o parcial de las garantías aceptadas en actos

administrativos definitivos y en firme da lugar a que la SIC, en

ejercicio de sus facultades legales y con el objeto de velar por el

cumplimiento de los fines de las normas sobre promoción de la

competencia y prácticas comerciales, pueda exigir el cumplimiento

de los compromisos ofrecidos por el investigado.

Precisó que la multa y la póliza tienen una naturaleza jurídica

diferente. La primera, es una sanción; y la segunda, es una garantía

que ampara el cumplimiento de unas obligaciones.

Con respecto al segundo cargo, advirtió que la investigación

administrativa por acuerdo de precios para la fijación de las TIIs se

abrió en contra de CREDIBANCO, REDEBAN MULTICOLOR S.A. y

sus representantes legales; sin embargo, a la misma concurrieron los

9
“Por el cual se modifica el artículo 3o del Decreto 1400 de 2005”, expedido por el Presidente de la
República.

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establecimientos de comercio asociados con la presentación y

ofrecimiento de garantías a la SIC, por lo que resulta claro que el

hecho de establecer algunas obligaciones en cabeza de bancos o de

Redes no implicaba que las mismas fueran de carácter exclusivo,

pues los bancos asociados debían ejecutar todas las conductas que

estuviesen a su alcance, además de las expresamente señaladas en

las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y de las que las

modificaron, debido a que no solo eran coadyuvantes de las Redes

en cuanto al ofrecimiento, sino que también debían coadyuvar el

cumplimiento de lo ofrecido.

Señaló que los compromisos ofrecidos como garantía implicaban la

implementación de un nuevo mecanismo para la fijación de las

comisiones a los establecimientos de comercio por las compras

realizadas con tarjetas de pago crédito y débito, cuyas características

principales eran que las comisiones de adquirencia serían definidas

por los bancos y las TIIs serían determinadas de manera

independiente por las Redes, lo que significa que la participación de

los bancos asociados a las Redes contribuyó directamente a la

suficiencia de la garantía.

Indicó que si bien las Redes tenían a su cargo una obligación de

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hacer, a saber, la fijación de las TIIs, la misma comporta para los

bancos asociados una obligación de no hacer, esto es, la de

abstenerse de fijar dichas tarifas, “no obstante constituir la forma de

remunerar un servicio prestado por y para ellos”; por ende, trasladar

la función de establecer las TIIs a los bancos asociados implicó un

incumplimiento de los compromisos asumidos.

Que no es cierto que el banco hubiese cumplido con todos los

compromisos adquiridos, pues omite citar el referente a abstenerse

de fijar las TIIs, compromiso que corresponde a las Redes y que hace

parte del mecanismo propuesto para la fijación de las comisiones a

cargo de los establecimientos de comercio.

Expresó que la póliza de seguro ofrecida como colateral por el BCSC

S.A. no fue la única que se hizo efectiva, ya que al revisarse el

sistema de expedientes de la Rama Judicial, se encuentra que

múltiples establecimientos asociados y las mismas Redes, han

demandado los mismos actos bajo una línea argumentativa similar,

por consiguiente “es falso que las pólizas cubran el incumplimiento

de cada actor, por cuanto se trata de un solo paquete de

compromisos y garantías, que en el evento de su incumplimiento, se

hacen plenamente efectivas”. El demandante no precisa cuales

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fueron las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de los

compromisos.

Frente a los compromisos adquiridos por los bancos asociados a las

Redes, adujo que la transcripción que hace el demandante de los

mismos es parcial, lo que se evidencia del contenido de las

resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005; y que si bien en éstas

se establecen compromisos separados para las Redes y para los

bancos, los asumidos por las Redes solo podían materializarse y

autorregularse con la concurrencia de los bancos asociados.

Explicó que no es cierto que la efectividad de las garantías ofrecidas

por el actor fueran ejecutadas en virtud del incumplimiento de las

Redes, es así como en la Resolución núm. 46791 de 2008 se le dejó

en claro que el incumplimiento imputado al banco fue como

consecuencia de sus propios actos, ya que le correspondía de manera

conjunta asumir la función de establecer las TIIs.

En cuanto al cumplimiento de los compromisos por parte de las Redes

señaló que está acreditado que ellas cesaron la función de fijar las

TIIs y la misma fue asumida por los bancos asociados a través de los

referidos comités. El funcionamiento de los topes de tarifas

establecidos en las resoluciones núms. 34402 y 33813 de 2006

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estaba previsto de manera transitoria y sólo mientras definían los

criterios objetivos de costos y las metodologías para el cálculo de las

TIIs, se revisaban y aprobaban los mismos por la SIC y se elaboraban

los correspondientes estudios para definirlas, dentro de los plazos

establecidos.

Aclaró que, encontrándose en trámite el recurso de reposición, en

noviembre de 2006, CREDIBANCO, su representante legal y los

bancos asociados presentaron solicitud de modificación de los

compromisos ofrecidos, lo que fue aceptado en la Resolución núm.

33813 de 2006, los cuales tampoco fueron cumplidos.

Sostuvo que en el expediente obra la comunicación de 6 de agosto

de 2007, en la que la Presidenta de ASOBANCARIA manifestó a la

SIC que los bancos reasumieron la función de determinar las TIIs.

Que CREDIBANCO, en las comunicaciones de 13 y 21 de agosto, 26

de septiembre y 10 de octubre de 2007, informó que había cesado

dicha función por la decisión de su Asamblea General de modificar

los estatutos.

Que REDEBAN MULTICOLOR S.A. el 14 de agosto de 2007 manifestó

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a la SIC, lo siguiente: “[…] en desarrollo de lo dispuesto por los

bancos accionistas de REDEBAN MULTICOLOR S.A., asociados en la

Asociación Bancaria y comunicado a usted en la carta fechada 06-

08-07, radicada bajo el número 45757 (sic) cuando consideraron

conveniente reasumir la función de cálculo de dicha tarifa (se refieren

a la TII) la cual había sido delegada en las redes’, REDEBAN ha

cesado en la función de establecer la TII así como la distribución

sectorial de ella [...]”.

“[…] Como se manifestó en la Resolución 29497 de 2008 y en la

respuesta a otros recursos como el del Banco BBVA, esta

Superintendencia compartió lo manifestado por el banco en el sentido

que la no presentación de dichos estudios no es considerado un

incumplimiento de los compromisos aceptados, sino un supuesto

previamente contemplado en las Resoluciones 34402 y 33813 de

2006, el cual una vez verificado determinaba la aplicación de los

compromisos contenidos en las Resoluciones 06816 y 06817 de 2005

[…]”.

Frente al tercer cargo, señaló que llama la atención que se afirme

que cuando el Banco y las Redes ofrecieron las garantías y las

modificaciones a las mismas, lo hicieron bajo el entendido de que la

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consecuencia jurídica del incumplimiento era la reanudación de la

investigación, pues al aceptarse las garantías el cumplimiento de los

compromisos es obligatorio; por ende, no puede considerarse que la

SIC vulnere derechos de la demandante al exigir el cumplimiento de

los mismos, los cuales fueron voluntariamente ofrecidos y aceptados

mediante actos que se encuentran en firme.

Afirmó que la declaración de incumplimiento de los compromisos

puede ir acompañada de una orden para realizar una averiguación

preliminar o incluso para abrir una investigación, si es el de caso.

Citó sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

proferidas dentro los expedientes núms. 2007-00215, 2007-00202 y

2007-00111 y la sentencia de 25 de abril de 200210 del Consejo de

Estado, sobre el tema.

Indicó que con la aceptación de las garantías surge para la SIC la

obligación de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos

y que determinaron la clausura de la investigación. La obligación de

reabrir la investigación no se encuentra prevista en la ley. Mientras

la investigación clausurada tenía como objetivo establecer la

10
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
abril de 2002, C.P. Manuel Urueta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2000-0163-01 (7261).

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ocurrencia de las presuntas prácticas restrictivas, la aceptación de

las garantías conlleva verificar el cumplimiento de los compromisos

establecidos en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005,

modificadas por las resoluciones núms. 34402 y 33813 de 2006.

Expresó que en el caso de la investigación, el procedimiento aplicable

es el del artículo 52 del Decreto 2153 y en la verificación del

cumplimiento el del CCA, en virtud de lo previsto en el artículo 54 del

citado Decreto 2153. El incumplimiento de las garantías, declarado

en los actos acusados, se fundamentó en la inobservancia de

compromisos aceptados por la SIC y las órdenes impartidas en lo

previsto en el artículo 64 del CCA y en el Decreto 2153, que faculta

a la SIC para velar por la observancia de las normas de promoción

de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.

Precisó que en las resoluciones núm. 06816 y 06817 de 2005 se

exponen claramente esquemas de seguimiento.

En lo concerniente al cuarto cargo, alegó que no se violó el debido

proceso por parte de la SIC, pues se observó lo dispuesto en el CCA,

respetando y garantizando los derechos de defensa y contradicción.

Mediante oficios se solicitaron explicaciones a los bancos, con

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indicación de los hechos, soportes y normas pertinentes y

otorgándoles un plazo para presentarlas con las pruebas que

estimaran pertinentes.

Mencionó que se resolvió sobre las pruebas solicitadas y aportadas y

se practicaron las decretadas.

Que la Resolución núm. 029497 de 2008 fue notificada

personalmente informando los recursos procedentes contra la misma

y el término para interponerlos, es así como el Banco interpuso el

recurso de reposición y se notificó a REDEBAN MULTICOLOR S.A.

y a CREDIBANCO con toda la información.

Advirtió que, no obstante, no ser procedente en el trámite del recurso

de reposición, la Superintendencia demandada mediante oficio

motivado se pronunció sobre las pruebas solicitadas y sobre la no

procedencia para ser decretadas de oficio.

Adujo que en los compromisos ofrecidos se estableció de manera

expresa cuál información de la relacionada con la determinación de

las tarifas podía ser de conocimiento público y aquella que de acuerdo

con el ofrecimiento coadyuvado por los bancos mantenía carácter

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reservado. En las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 se

advirtió que los estudios de cuantificación de costos para el cálculo

de las TIIs, que debían elaborar CREDIBANCO y REDEBAN y

entregar a la SIC, tenían carácter reservado, lo que fue aceptado por

los bancos.

En relación con el alegado interés de los bancos asociados a las

Redes, en conocer la información utilizada para la determinación de

las TIIs, recordó que en el esquema de garantías aceptado por la

SIC, los bancos de manera voluntaria asignaron dicha función a las

redes. En el artículo 5º del Decreto 1400 se ratificó que a las redes

les correspondía la fijación de las TIIs.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2013, la Sección Primera,

Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, denegó

las pretensiones de la demanda, al no prosperar los cargos, con base

en los razonamientos que pueden resumirse así:

En cuanto al primer cargo, señaló que de la Resolución núm.

029497 de 19 de agosto de 2008, acusada, se observa

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claramente que mediante la misma se declaró el incumplimiento de

los compromisos adquiridos por las Redes y sus bancos asociados;

que la SIC estableció unos porcentajes máximos respecto de la TIIs,

lo cual hizo en virtud del incumplimiento en que incurrieron las redes

y con base en la información allegada por las mismas, durante la

actuación administrativa, la cual se originó con la Resolución núm.

13820 de 2004, por medio de la cual se abrió investigación.

Que, sin embargo, ello no quiere significar que la SIC hubiese fijado

las TIIs, como lo sostuvo la demandante, pues esta facultad le

correspondía a las redes, de acuerdo con los compromisos ofrecidos

por las mismas, pero al amparo de los costos del servicio, lo que no

se cumplió por ellas, pues éstas incluyeron aspectos adicionales que

estaban al margen de la fijación provisional de la tarifa autorizada

por el organismo al aceptar los compromisos y, por ende, resultaba

procedente verificar su cumplimiento.

Anotó que al encontrar la SIC que la adopción de la tarifa no

guardaba plena correspondencia con el parámetro autorizado, era

viable que señalara los porcentajes para el promedio ponderado de

cada trimestre, mientras las redes ajustaban el cálculo a lo

establecido en el compromiso.

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Expresó que la potestad reconocida a las Redes de fijar las TIIs, como

parte de los compromisos aceptados por la entidad, no significaba

que su fijación quedara al arbitrio de éstas y fuera puesta en marcha

desbordando las directrices impartidas para solucionar la situación

que originó la actuación de prácticas comerciales restrictivas.

Manifestó que, así las cosas, la intervención de la SIC no fue como

agente regulador del mercado de las tarjetas de pago, a las cuales

es aplicable la tarifa, sino como autoridad encargada de vigilancia y

control de los aspectos propios del régimen de competencia, en un

aspecto del compromiso que había sido incumplido.

Advirtió que debe tenerse en cuenta que la facultad de las Redes de

fijar las TIIs no fue desconocida por la SIC, como puede colegirse del

acto acusado, dado que en éste se establece que una de las razones

por las cuales se declaró el incumplimiento fue porque las TIIs

estaban siendo fijadas por los bancos asociados, pese a que debían

fijarlas las Redes; y que la situación aludida en el artículo tercero de

la Resolución núm. 029497 de 2008 hace referencia a los

porcentajes máximos de las TIIs, disposición en la que señala

claramente que las Redes son las que deben establecer las TIIs y que

sus promedios no podrán superar los porcentajes que estableció el

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mismo acto acusado.

Indicó que lo previsto en los parágrafos primero y segundo del

artículo tercero y cuarto de la referida Resolución núm. 029497

de 2008, esto es, los porcentajes máximos de las TIIs, fue un

aspecto modificado por la SIC, al momento de resolver el recurso de

reposición interpuesto por el BCSC S.A., en la Resolución núm.

46791 de 2009, en el sentido de suprimir los aludidos porcentajes

máximos y disponer que las Redes, de acuerdo con los compromisos

ofrecidos, serían las encargadas de determinar las TIIs.

Afirmó que el demandante no indicó norma alguna que exija el

estudio técnico económico, al que se hace referencia para sustentar

las decisiones contenidas en los actos acusados expedidos por la SIC;

por ende, no hay fundamento legal para afirmar que la realización

del mismo sea obligatoria antes de declarar el incumplimiento de

unos compromisos, asumidos tanto por las Redes, como por sus

bancos asociados, ni para exigir el cumplimiento de estos y hacer

efectivas las respectivas garantías otorgadas en su momento.

Expresó que, por el contrario, la ley sí otorga facultades a la SIC en

el ámbito de las prácticas restrictivas.

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Explicó que, en efecto, el artículo 52 del Decreto 2153 permite que

la SIC clausure la investigación y acepte las garantías ofrecidas por

el presunto infractor y que la consecuencia lógica de ello es que

también pueda exigir la ejecución de los compromisos ofrecidos, una

vez ordenada la efectividad de las garantías, o, de lo contrario,

carecería de fuerza vinculante el compromiso suscrito con los

interesados.

Observó que el señor JAVIER FERNÁNDEZ RIVA, en la declaración

practicada el 2 de marzo de 2006, cuestionó el modelo presentado

por CREDIBANCO ante la SIC para la fijación de las TIIs,

concretamente, en cuanto al tema de que las TIIs serían establecidas

con base en los costos en la prestación del servicio de transferencia

de pagos a los comercios, pero no hizo referencia a los efectos

nocivos que podrían darse con motivo de las decisiones demandadas,

razón por la cual lo declarado por el mencionado testigo no desvirtúa

la legalidad de los actos acusados.

Estimó que lo manifestado por el testigo sobre su desacuerdo con el

modelo presentado por CREDIBANCO no implica que la SIC deba

hacer caso omiso a los compromisos ofrecidos por las Redes y sus

bancos asociados, dado que las Redes debieron, antes de ofrecer las

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garantías, estudiar la metodología que se iba a presentar para la

fijación de las tarifas TIIs y no alegar dicho aspecto ahora que se

analizan los actos demandados, con el fin de desconocer las garantías

ofrecidas.

Expresó que el demandante no puede ir en contra de sus propios

actos, ya que él fue quien convino en la utilización de una

determinada metodología, que finalmente fue acogida por la SIC,

como parte de los compromisos ofrecidos; por lo tanto, las

deficiencias estructurales que pudieran advertirse en dicha

metodología de cálculo no pueden imputarse a la SIC, porque la

mencionada entidad verificó el cumplimiento de los compromisos con

base en los lineamientos que propusieron las Redes y los bancos

asociados.

Sobre el estudio de la señora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ, relativo

a los efectos de la regulación sobre los precios del mercado de

tarjetas de pago, señaló que el mismo fue realizado en diciembre de

2008, es decir, con posterioridad a la aceptación de las garantías

ofrecidas por las redes y sus bancos asociados y sus modificaciones

(que datan de los años 2005 y 2006), por lo que no pudo ser tenido

en cuenta al momento de definir los compromisos entre la SIC y las

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Redes y sus bancos asociados y, por ende, mal podría ser tenido en

cuenta como parámetro.

Que, además, el citado estudio fue elaborado con posterioridad a la

expedición de la Resolución núm. 029497 demandada, lo que

significa que los suscriptores del compromiso -Redes y bancos- bien

pudieron solicitar la práctica de un estudio, como el que se menciona,

-cosa que no hizo-, pero con anterioridad al ofrecimiento de los

compromisos para saber los efectos que se podrían producir con la

fijación de las TIIs. Alegar ahora dicha circunstancia resulta tanto

como aducir la propia culpa.

En cuanto al alegato del demandante, consistente en que el estudio

de la señora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ nunca fue refutado por la

SIC, puntualizó que no le asiste la razón, toda vez que una vez leído

el contenido de la Resolución núm. 46791 de 2009, acusada,

mediante la cual se resolvió el recurso de reposición contra la

Resolución núm. 029497 de 2008, se observa todo lo contrario,

pues la SIC, al momento de efectuar un análisis de dicha prueba

encontró que el referido estudio presentaba varias inconsistencias, lo

que le impedía reconocerle el valor técnico reclamado por el actor,

respecto de las afirmaciones y conclusiones allí contenidas.

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En lo relacionado con la falta de análisis del mercado colombiano, por

parte de la SIC, en la Resolución 46791 acusada, expresó que la

demandada se refirió a los mercados europeos; sin embargo, dicha

circunstancia no resulta aceptable para declarar la nulidad de los

actos acusados, pues tal referencia ocurrió a título ilustrativo y no

como fundamento de la decisión adoptada, ya que la SIC realizó un

análisis específico de los asuntos directamente pertinentes, así como

de las pruebas aportadas, con base en el cual concluyó que las Redes

y su bancos asociados habían incumplido los compromisos

correspondientes.

Indicó que con las pruebas allegadas y pedidas por el actor, no se

demuestra cuáles fueron los fines distintos a los tutelados por la ley,

que habrían impulsado a la Administración a obrar indebidamente.

Que, por el contrario, obran pruebas que demuestran el

incumplimiento de los compromisos ofrecidos por CREDIBANCO,

REDEBAN MULTICOLOR S.A., sus representantes legales y sus

bancos asociados, con ocasión de la investigación abierta, mediante

la Resolución núm. 13820 de 2004, por la ejecución de posibles

prácticas restrictivas de la competencia.

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Respecto al segundo cargo, anotó que el incumplimiento imputado a

los bancos asociados a las Redes, dentro de los cuales se encuentra

el actor, ocurrió por la fijación directa de las TIIs, como claramente

fue expuesto en la solicitud de explicaciones de 22 de abril de 2008,

planteada por la SIC, antes de la expedición de los actos acusados.

Afirmó que del oficio de 6 de junio de 2007, enviado por la Asociación

Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia al Superintendente

Financiero; del oficio de 6 de agosto de 2007, enviado por la

mencionada Asociación Bancaria al Superintendente de Industria y

Comercio; y del oficio de 15 de agosto de 2007, dirigido por el

Superintendente Financiero al Superintendente de Industria y

Comercio, se puede concluir que los bancos asociados,

concretamente el actor, fijaron directamente las TIIs, aún teniendo

conocimiento de que esta era un compromiso exclusivo de las Redes,

a partir del modelo que debía ser puesto en consideración de la SIC,

razón por la cual resultaba un evidente incumplimiento de los

compromisos contraídos que su adopción fuera hecha

unilateralmente por los bancos asociados, manifiesto

desconocimiento de las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005,

modificadas por las resoluciones núms. 33813 y 34402 de 2006.

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Señaló, además, que la decisión de los bancos asociados de fijar las

TIIs tuvo notable incidencia en el incumplimiento de la obligación

relacionada con las comisiones a cargo de los establecimientos de

comercio, ya que su adopción dependía directamente de la

implementación de las TIIs, lo que se observa tanto de los

compromisos ofrecidos por los bancos asociados, como en las

modificaciones de los compromisos ofrecidos.

Manifestó que según los alcances de las resoluciones que aceptaron

las garantías y clausuraron la investigación, a cambio de los

compromisos y garantías ofrecidas por las redes y sus bancos

asociados, las comisiones solo podían ser fijadas por los bancos, una

vez CREDIBANCO y REDEBAN MULTICOLOR S.A. determinaran

las TIIs, lo que no ocurrió, dado que esas TIIs fueron fijadas por los

establecimientos de crédito.

Precisó que quedó plenamente demostrado que la fijación de las TIIs

fue hecha directamente por los bancos asociados, determinación de

la cual tuvieron conocimiento tanto CREDIBANCO como REDEBAN

MULTICOLOR, según se observa en los oficios de 7 de junio de 2007

y de 13 de agosto del mismo año, enviados por la Asociación Bancaria

y de Entidades Financieras de Colombia a las mencionadas Redes, en

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los cuales informan que los bancos asociados a las Redes habían

considerado conveniente definir directamente las TIIs, así como en

los oficios de 25 de julio de 2007 y 13 de agosto de 2007, a través

de los cuales las Redes informaron al Superintendente de Industria y

Comercio y al Superintendente Financiero que se abstendrían de fijar

las TIIs.

Explicó que dicha función de fijarlas fue asumida por los bancos

asociados, entre ellos el actor, lo que sin lugar a dudas produjo la

modificación de los compromisos adquiridos por las Redes, sin que

tal forma de proceder hubiese sido autorizada por la SIC, por lo que

no puede entenderse cumplido el compromiso en los términos de lo

ofrecido ante la SIC y aceptado en las resoluciones núms. 06816 y

06817 de 2005, modificadas por las resoluciones núms. 33813 y

34402 de 2006.

Aclaró que mediante los actos acusados se hicieron efectivas las

pólizas ofrecidas por las Redes y sus bancos asociados, con

fundamento en el incumplimiento de las Redes de fijar las TIIs,

función que asumieron los bancos, asunto sobre el cual se solicitó

explicaciones por la SIC, tanto a las Redes como a los bancos, pero

no porque las mismas no se hubiesen fijado dentro de algún término

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establecido.

Reiteró que la SIC, mediante los actos demandados, declaró el

incumplimiento de los compromisos ofrecidos por las Redes y sus

bancos asociados; exigió el cumplimiento de los mismos e hizo

efectivas las respectivas pólizas, principalmente, porque las Redes

no fijaron las TIIs en los términos de las resoluciones núms. 06816

y 06817 de 2005, modificadas por las resoluciones núms. 33813 y

34402 de 2006, función que asumieron los bancos, pero no por la

reforma de los estatutos por parte de la Asamblea General de

CREDIBANCO ni por la determinación de la Junta Directiva de

REDEBAN MULTICOLOR S.A. de abstenerse de hacerlo.

Sostuvo que, por ende, la circunstancia que dentro de los

compromisos asumidos por las Redes y sus bancos no estaba el de

no modificar los estatutos o el de no abstenerse de fijar las TIIs, no

significa que las Redes hubieren cumplido, pues lo relevante es que

las decisiones de las Redes, a través de su Asamblea General y su

Junta Directiva, implicaron el incumplimiento del compromiso por

parte de los bancos.

Estimó que el hecho de que el actor no hubiese participado en las

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sesiones del Comité TIIs VISA, por no formar parte del mismo, no

justifica su incumplimiento, en relación con los compromisos

aceptados en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, y

33813 y 34402 de 2006, expedidas por la SIC, pues está

debidamente acreditado que el BCSC S.A. fijó directamente las TIIs,

pese a que era facultad de las redes.

Que, además, del oficio de 13 de agosto de 2007 de la Asociación

Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, dirigido al

Presidente de CREDIBANCO, se desprende que el actor consintió en

la conformación del mismo, independientemente de que hiciera o no

parte de él.

Consideró que si bien la SIC hizo exigible una póliza diferente a la

expedida originariamente, al igual que su certificado de renovación,

ello se debió a que la misma Red –CREDIBANCO-, al momento de

solicitar la modificación de las garantías aceptadas en la Resolución

núm. 06817 de 2005, ofreció expresamente la constitución de una

nueva póliza para garantizar los compromisos cuya modificación se

solicitaba, por lo que lo procedente era que se hiciera efectiva la

nueva póliza, teniendo en cuenta también que en ambas resoluciones

(06817 de 2005 y 33813 de 2006) se indicó el compromiso a cargo

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de las Redes consistente en fijar las TIIs.

Reiteró que el fundamento, en particular de la SIC, para decretar el

incumplimiento de los compromisos, exigir el cumplimiento de los

mismos y hacer efectivas unas pólizas, fue que los bancos asociados

a las Redes fijaron directamente las TIIs. La exigibilidad de las pólizas

no tuvo como fundamento haber participado en la reforma de los

estatutos, que hizo la Asamblea General de CREDIBANCO.

Señaló que el argumento esgrimido por el actor, en el sentido de que

la SIC estaba en la obligación de entregar a CREDIBANCO y

REDEBAN MULTICOLOR S.A. las recomendaciones técnicas del

Ministro Consejero de la Presidencia de la República, no tiene

sustento fáctico ni probatorio.

Que la fuente de dicha circunstancia, a juicio del actor, radica en lo

previsto por las resoluciones núms. 33813 y 34402 de 2006, pero

que la omisión en que incurrió la Ministra Consejera de la Presidencia

carece de incidencia en la legalidad de los actos acusados, dado que

la recomendación técnica no era determinante para el

establecimiento de los criterios, costos y metodología de las TIIs, ya

que en los términos de las resoluciones núms. 33813 y 34402 de

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2006, el concepto técnico tenía el carácter de simple recomendación.

Explicó que como la recomendación no tenía carácter vinculante para

las Redes y los bancos, ni operaba como condición suspensiva del

procedimiento de fijación de TIIs, porque los actos administrativos

de la SIC no le dieron esa naturaleza jurídica. Igualmente, al

establecer la posibilidad de acoger recomendaciones nunca se

condicionó la determinación de las TIIs a la entrega de un estudio

técnico, pues incluso el costo y la metodología inicial fueron incluidos

en tales actos, lo cual permitía la continuación del proceso.

Puntualizó que la consecuencia natural del incumplimiento de las

garantías deviene en la efectividad de la póliza, bajo un análisis

objetivo de las conductas asumidas por las administradas frente a los

compromisos adquiridos, sin que pueda haber debates adicionales

sobre presuntas responsabilidades de terceros o de la misma

Administración.

Frente al tercer cargo, señaló que de las solicitudes de explicaciones

que se enviaron a las Redes y a los bancos asociados, se observa que

la SIC estaba verificando el cumplimiento de los compromisos

asumidos por los mismos y no hizo referencia expresa a la conducta

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imputada en la investigación abierta mediante la Resolución núm.

13820 de 2004, razón por la cual no puede pretender el actor la

reapertura de una investigación, que por un lado estaba clausurada

y, por otro lado, era distinta de la verificación de los compromisos.

Sostuvo que declarado el incumplimiento de las obligaciones, luego

de la clausura de la investigación, no tenía trascendencia la

verificación de una conducta, que ya no era objeto del examen de

legalidad, dado que lo exigible era la ejecución de los compromisos

para la fijación de las tarifas por parte de las Redes y de las

comisiones por parte de los bancos.

Precisó que al analizar las normas citadas por el actor, no se observa

que la SIC tenga la obligación de reabrir una investigación una vez

la misma se clausura, lo que confirma que no le asiste razón a éste.

Aclaró que la SIC hizo exigibles las garantías, que respaldaban los

compromisos ofrecidos por las Redes, sus representantes legales y

sus bancos asociados, lo cual es diferente a la facultad que le asistía

a la SIC de suspender investigación en caso de considerar que las

garantías ofrecidas sean suficientes.

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Puntualizó que la entidad demandada, mediante los actos

demandados, no abrió una investigación, sino que procedió a

verificar el cumplimiento de los compromisos ofrecidos por las Redes

y sus bancos asociados; y que la verificación del cumplimiento de los

compromisos tuvo relación directa y clara con la conducta por la que

se abrió la investigación.

En lo concerniente al cuarto cargo, reiteró que la SIC, con la

expedición de los actos acusados, no abrió nuevas investigaciones

sino que se limitó a verificar el cumplimiento de los compromisos

ofrecidos por las Redes y sus bancos asociados; y que en esa medida

no debía seguir el procedimiento que establece el artículo 52 del

Decreto 2153, sobre infracciones a las normas de promoción a la

competencia y prácticas comerciales restrictivas, pues como se

trataba de verificar el cumplimiento de compromisos, no había un

procedimiento como tal.

Manifestó que la demandada aplicó los artículos 62 y 64 del CCA, los

cuales la facultaban para hacer efectivas las garantías ofrecidas por

las Redes y sus bancos asociados.

Resaltó que las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y 33813

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y 34402 de 2006 quedaron en firme, por lo que la SIC podía hacer

efectivas las garantías.

Indicó que no hubo violación al debido proceso, por la falta de

aplicación del procedimiento previsto en el artículo 52 del Decreto

2153, pues era otro el procedimiento a aplicar, tratándose de la

verificación de los compromisos asumidos por las redes y sus bancos

asociados.

Señaló que si bien el inciso 5° del artículo 44 del CCA establece frente

al tema el deber y forma de notificar personalmente, lo cierto es que

cuando el contenido de la decisión tenga información de carácter

reservado, el mismo no podrá ponerse en conocimiento de manera

íntegra, pues se trata de información que debe ser protegida por la

entidad, que la tenga en su poder, atendiendo a lo señalado en el

artículo 20 del CCA.

Mencionó que la información reportada por las Redes y bancos

asociados, sobre criterios, operaciones y ciertos estudios de costos,

estaba amparada por la reserva legal, cuya guarda corresponde

garantizar a la entidad demandada, por lo que no podía publicarse,

situación que era conocida por las Redes y los bancos asociados,

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dado que desde la aceptación inicial de los compromisos y garantías,

en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, la SIC señaló que

parte de la información era confidencial.

Estimó que la SIC actuó en debida forma y en cumplimiento de lo

previsto en el artículo 20 del CCA, al advertir el carácter reservado

de alguna información contenida en los actos acusados y notificar

solamente los apartes del texto, que estimaron convenientes,

respecto de cada red o banco asociado, para el debido ejercicio de

su derecho de defensa.

Aclaró que la decisión adoptada por la SIC, mediante los actos

acusados, no tiene el carácter de sanción, pues la efectividad de las

garantías es la contraprestación que las Redes y los bancos tienen

que asumir por el incumplimiento de los compromisos contraídos

dentro del proceso de fijación de las TIIs y las comisiones cobradas

al comercio por el uso de las tarjetas.

Que, por lo tanto, como los compromisos no formaban parte de la

investigación abierta, porque ya había sido clausurada y habían

cesado sus efectos, se descarta el ejercicio de la potestad

sancionatoria y, en esa medida, no era necesario que la SIC evaluara

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los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, máxime si se tiene

en cuenta que fueron las mismas Redes y sus bancos asociados, al

momento de ofrecer los compromisos y garantías, así como sus

modificaciones, quienes estimaron como adecuado el monto de la

garantía de manera general, sin hacer distinción de compromisos,

por lo que era viable que la SIC hiciera exigible la póliza.

Anotó que conforme a las condiciones para la constitución de pólizas,

señaladas por la SIC en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de

2005 y 33813 y 34402 de 2006, las mismas no admiten deducible

alguno.

Expresó que del contenido de la Resolución núm. 46791 de 15 de

septiembre de 2009, a través de la cual se decidieron los recursos

interpuestos contra la Resolución núm. 29497 de 2008, no se

advierte que en la misma se haya hecho alusión a puntos nuevos,

frente a los que fueron evaluados desde un principio; es decir, no

surgió con posterioridad un nuevo tema que requiriera ser analizado,

por lo que, en esa medida, resultaba improcedente el recurso de

reposición interpuesto por el actor el 15 de octubre de 2009, como

en efecto la SIC lo declaró.

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El actor fincó su inconformidad, en esencia, así:

Señaló, en primer lugar, que carece de validez la consideración del a

quo, que sostuvo:

“[…] La omisión en que incurrió la Ministra Consejera de la
Presidencia, carece de incidencia en la legalidad de los actos
acusados, pues la determinación técnica no era determinante
para el establecimiento de los criterios, costos, metodologías
de la TIIS, ya que en los términos de las Resoluciones 33813 y
34402 el concepto técnico tenía el carácter de simple
recomendación […]”.

Expresó que en el caso de CREDIBANCO, la Administración

incumplió con la obligación a su cargo de presentarle con una

antelación razonable a 13 de agosto de 2007, la recomendación

técnica, que respecto de “los estudios que sirvan de base para la

determinación de los criterios objetivos y metodología para la

determinación de la Tarifa Interbancaria de Intercambio y/o la

definición de un nuevo modelo”, debió elaborar el Ministro Consejero

de la Presidencia de la República o con la obligación de respetar la

condición suspensiva de la obligación de CREDIBANCO de presentar

a la SIC “los criterios objetivos y la metodología para la cuantificación

de costos”, a que se refiere el literal c) del aparte iv) del numeral

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2.1.1. del considerando cuarto de la Resolución núm. 33813 de 11

de diciembre de 2006 de la SIC.

Explicó que en la consideración 6 de la Oferta de Modificación de

Garantía, presentada el 21 de noviembre de 2006 por CREDIBANCO

a la SIC y aceptada por esta última entidad, mediante la Resolución

núm. 33813 de 11 de diciembre de 2006, se establece:

“[…] Que para presentar a la SIC los estudios que sirvan de
base para la determinación de los criterios objetivos y
metodología para la determinación de la Tarifa Interbancaria
de Intercambio y/o la definición de un nuevo modelo,
CREDIBANCO deberá adoptar la recomendación técnica que al
respecto formule el Ministro Consejero de la Presidencia de la
República, con base en los estudios técnicos que para el efecto
contrate […]”.

Que, también, dentro de los compromisos asumidos por

CREDIBANCO, en el literal a) del punto iv) del numeral 2.1.1. del

aparte Compromisos de dicha oferta de modificación de garantías, se

señala:

“[…] Las TIIs serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los criterios
objetivos de costos y la metodología para la cuantificación de
los mismos aprobados por la SIC.
[…]

Para el efecto, la red adoptará la recomendación técnica del
Ministro Consejero de la Presidencia de la República […]”.

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Indicó que es claro que CREDIBANCO estaba obligado a aceptar la

recomendación técnica que le formulara el Ministro Consejero de la

Presidencia de la República, ya fuera en el sentido de establecer un

modelo de costos, de acuerdo con la recomendación, o de establecer

un nuevo modelo.

Que para acoger debidamente cualquiera de esas opciones, requería

de un tiempo prudencial para ello y de conocer el sentido de la

recomendación del Ministro.

Que mientras CREDIBANCO no la conociera no sabría qué era lo que

debería acoger y, por lo tanto, no podría presentarle a la SIC ni los

criterios objetivos y metodología para la cuantificación de los costos

de las TIIs, ni la modificación de garantías, con base en un nuevo

modelo que le hubiere sido recomendado.

Que en el caso de REDEBAN MULTICOLOR S.A., aunque la

consecuencia de las recomendaciones del Ministro Consejero de la

Presidencia eran diferentes, por cuanto no eran de forzosa

aceptación, como sí lo eran para CREDIBANCO, la Administración

también le incumplió, al no presentarle las referidas

recomendaciones.

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Que es claro que las tarifas de las TIIs promedio, establecidas en las

resoluciones, que aceptaron las modificaciones a las garantías

presentadas por las redes, no se superaron nunca; no se pudieron

presentar los criterios objetivos y metodologías para la cuantificación

de los costos ni los estudios ajustados a tales criterios y

metodologías, en razón exclusivamente a dicho incumplimiento de la

Administración.

Que como las TIIs están establecidas para que las reciban los bancos

emisores, se mantuvieron los promedios establecidos por las

resoluciones núms. 33813 y 34402, después de las fechas previstas

para presentar los criterios objetivos y metodologías para la

cuantificación de los costos y los estudios ajustados a tales criterios

y metodologías, ya que el negocio seguía y no podía frenarse por el

referido incumplimiento.

Manifestó, en segundo lugar, que la SIC violó el debido proceso, al

desechar el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución

núm. 46791 de 2009, “Por la cual se deciden los recursos de

reposición interpuestos contra la Resolución núm. 029497 de 2008”,

al negar su trámite sin resolverlo de fondo y argumentar que no

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existen puntos nuevos en la citada decisión recurrida, a pesar de que

es claro que sí los hay.

Explicó que los puntos nuevos dan lugar a que sea posible, de

conformidad con el inciso 3º del artículo 348 del Código de

Procedimiento Civil, interponer el citado recurso de reposición, contra

la resolución que resolvió los recursos de reposición.

Alegó, en tercer lugar, que la SIC debe fundamentar los actos

administrativos, que dan por terminada una actuación

administrativa, sobre la libre competencia económica, cuyo

contenido es estrictamente de carácter económico, en un análisis o

estudio de carácter económico.

Que es un hecho debidamente probado, dentro del expediente, que

las decisiones tomadas en las resoluciones acusadas no fueron

fundamentadas con un estudio técnico económico, ni sobre el

mercado relevante colombiano. Estudios que se deben realizar al

tomar cualquier determinación sobre la libre competencia económica

y que ponga fin a una actuación administrativa.

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Que si se analiza detenidamente la declaración del doctor JAVIER

FERNÁNDEZ RIVA, que obra en el expediente, se llega a la conclusión

que el efecto de aplicar las órdenes de que tratan los artículos Tercero

y Cuarto de la Resolución núm. 029497 de 2008, acusada, sería

altamente nocivo para el derecho colectivo de la libre competencia

económica y afectaría gravemente a los consumidores, pero no

exclusivamente a los tarjetahabientes de tarjetas de pago bancarias.

Que el estudio denominado “Concentración del mercado de Tarjetas

de Pago VISA”, realizado por la señora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ

RESTREPO, Investigadora Asociada de FEDESARROLLO y Directora

del Proyecto para elaborar dicho estudio, ratifica los conceptos

presentados, ante la SIC, por el señor JAVIER FERNÁNDEZ RIVA.

Anotó que “[…] en lo demás de la sentencia impugnada, sirvan para

esta sustentación de apelación las razones expresadas al respecto en

el aparte FUNDAMENTOS DE DERECHO- NORMAS VIOLADAS Y

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN de la corrección de la demanda

presentada dentro del proceso de la referencia el 19 de julio de 2012

y a las cuales remito al juzgador de segunda instancia […]”.

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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la parte actora, a través de escrito visible a folios 9

a 19 del cuaderno de apelación, adujo los mismos argumentos

expuestos en el recurso de apelación.

Reiteró que la administración incumplió con la obligación a su cargo

de presentar la recomendación técnica, que debía elaborar el Ministro

Consejero de la Presidencia de la República, respecto de “los estudios

que sirvan de base para la determinación de los criterios objetivos y

metodología para la determinación de la Tarifa Interbancaria de

Intercambio y/o la definición de un nuevo modelo”, y a la cual se

había comprometido en las resoluciones núm. 33813 y 34402 de

2006, razón por la cual CREDIBANCO y REDEBAN MULTICOLOR

S.A. no pudieron cumplir con determinar los criterios objetivos de

esos costos y la metodología para la determinación o cuantificación

de la Tarifa Interbancaria de Intercambio.

Que la SIC violó el debido proceso, al haber desechado el recurso de

reposición interpuesto contra la Resolución núm. 46791 de 2009,

negar su trámite sin resolverlo de fondo y al argumentar que no

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existen puntos nuevos en la citada decisión recurrida, a pesar de que

es claro que sí los hay.

Que la entidad demandada debió fundamentar los actos

administrativos que dieron por terminada una actuación

administrativa sobre la libre competencia económica, en un análisis

o estudio de carácter económico y sobre el mercado relevante

colombiano; y que en lo demás de la sentencia apelada, se debía

tener en cuenta las razones expresadas en el concepto de violación

de la corrección de la demanda.

IV.2.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

mediante escrito visible a folios 20 a 41 del cuaderno de apelación,

solicitó desestimar las alegaciones presentadas en el recurso de

apelación, dada la irrefutable legalidad de las resoluciones acusadas

y la improcedencia de la totalidad de los cargos formulados por el

actor.

Señaló que no incurrió en desviación de poder, ni expidió los actos

acusados en contravención de las disposiciones legales de libre

competencia económica, ni actuó en contra del interés público, ni

infringió el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

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Manifestó que, en los actos acusados, la entidad demandada se

pronunció sobre el cumplimiento de las garantías ofrecidas por

CREDIBANCO, particularmente sobre los compromisos referidos a

la determinación de la TII, los cuales forman parte de las obligaciones

que implicaban la implementación del nuevo mecanismo para la

fijación de las comisiones a cargos de los establecimientos de

comercio y que fueron evaluados y tenidos en cuenta para establecer

la suficiencia de las garantías y ordenar la clausura de la

investigación. Empero, no fijó las TII, ni ejerció facultades de

regulación de precios.

Expresó que el incumplimiento de las garantías, imputado al actor,

declarado en las resoluciones demandadas, fue fruto de sus propios

actos y no del incumplimiento de las Redes; y se fundamentó en la

inobservancia de los compromisos contenidos en los ofrecimientos

aceptados por la SIC, -la función de establecer la TII-, establecidos

en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, así como en las

modificatorias, y en las órdenes impartidas en lo dispuesto por el

artículo 64 del CCA y en el Decreto 2153, el cual faculta a la SIC para

velar por la observancia de las normas de promoción de la

competencia y prácticas comerciales restrictivas.

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Sostuvo, además, que la SIC garantizó el derecho de defensa,

contradicción y, en general, el derecho al debido proceso del

demandante.

IV.3.- Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 029407 de 19 de julio de 2008 y 46791 de

15 de septiembre de 2009, expedidas por el Superintendente de

Industria y Comercio.

En la primera de las citadas resoluciones, la SIC decretó el

incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones núms.

06816 y 06817 de 2005, modificadas por las núms. 34402 y 33813

de 2006, se exigió el cumplimiento de estas y se hicieron efectivas

unas pólizas. Y en la segunda, resolvió el recurso de reposición

interpuesto por el actor en el sentido de: i) confirmar la citada

Resolución núm. 029497 de 2008, en lo relativo al incumplimiento

de los compromisos declarados en los artículos primero y segundo y lo

resuelto en los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, undécimo,

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duodécimo y décimo tercero; ii) modificar los parágrafos primero y

segundo del artículo tercero del citado acto administrativo, así como el

artículo cuarto del mismo, los cuales hacían referencia a unos

porcentajes máximos que estableció la SIC de acuerdo con la

información suministrada por las redes para la fijación de las TIIs;

iii) aclarar el artículo octavo de dicho acto; y iv) revocar su artículo

décimo.

Para tal efecto, se deben tener en cuenta los siguientes hechos que

antecedieron a los actos administrativos acusados:

. La SIC, mediante la Resolución núm. 13820 de 25 de junio de

2004, abrió investigación en contra de REDEBAN MULTICOLOR

S.A., CREDIBANCO y de sus representantes legales, por la

realización de presuntas prácticas comerciales restrictivas de la

competencia, en cuanto establecieron las mismas comisiones

máximas de tarjetas de crédito y débito para las distintas actividades

comerciales.11

. CREDIBANCO, a través de escrito radicado el 2 de febrero de

2005 ante la SIC, suscrito por esta entidad y por los bancos

11
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 1F 1-780.

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asociados, ofreció la constitución de garantías con el fin de conseguir

anticipadamente la clausura de la investigación, conforme a lo

previsto en el artículo 52 del Decreto 2153, en el cual consignaron

los compromisos de dicha Red y de los bancos asociados, de los que

se puede destacar que a la RED le correspondía fijar

independientemente las TII12s y a los bancos asociados les competía,

a partir de la fecha en que se implementara el sistema de las TIIs,

determinar, independientemente, las comisiones a cargo de los

diferentes establecimientos de comercio por el servicio de

adquirencia, para lo cual tendrían en cuenta los factores objetivos.13

REDEBAN MULTICOLOR S.A., en escrito radicado el 2 de febrero

de 2005, suscrito por esta entidad y por los bancos asociados,

también ofreció la constitución de garantías con el fin de conseguir

anticipadamente la clausura de la investigación, conforme a lo

previsto en el artículo 52 del Decreto 2153.14

. A través de la Resolución núm. 06816 de 31 de marzo de

200515, la SIC aceptó el ofrecimiento de garantías presentado por

REDEBAN MULTICOLOR S.A. y su representante legal, coadyuvado

12
Es la comisión establecida a favor de los establecimientos de crédito y emisores y a cargo de los
establecimientos de crédito adquirentes.
13
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 3F 1351-1759, folios 154 a 167.
14
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 3F 1351-1759, folios 218 a 233.
15
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 3F 1351-1759, folios 437 a 447.

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por los bancos asociados a dicha Red, y ordenó la clausura de la

investigación por la presunta violación de las normas sobre prácticas

comerciales restrictivas de la competencia.

Y mediante la Resolución núm. 06817 de 31 de marzo de

200516, la SIC aceptó el ofrecimiento de garantías presentado por

CREDIBANCO y su representante legal, coadyuvado por los bancos

asociados a dicha Red, y ordenó la clausura de la referida

investigación.

En el considerando “SEGUNDO” de las citadas resoluciones, se

estableció:

-Resolución núm. 06816 de 31 de marzo de 2005

“[…]
2.1 Los compromisos que se adquieren

2.1.1 Por parte de REDEBAN (La Red)
[…]

(iii) La Red fijará independientemente las tarifas interbancarias
de intercambio, de las cuales será responsables los bancos
adquirentes frente a los bancos emisores.

[…]

La tarifa o tarifas interbancarias de intercambio serán
determinadas por la Red teniendo en cuenta únicamente
los costos relacionados con el servicio al establecimiento
de comercio de transferencias de los pagos realizados

16
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 3F 1351-1759, folios 449 a 459.

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con tarjetas, siempre y cuando no hayan sido sufragados en
su totalidad por otro agente, más la utilidad establecida por la
Red para operación del negocio. En consecuencia, en la
determinación de la tasa o tasas de intercambio se excluye
cualquier costo que esté relacionado con la emisión de tarjetas
y financiamiento al tarjetahabiente, con lo cual se previene la
doble causación de un mismo costo.

[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

-Resolución núm. 06817 de 31 de marzo de 2005

“[…]
2.1 Los compromisos que se adquieren

2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)
[…]

(iii) La Red fijará independientemente las tarifas interbancarias
de intercambio, de las cuales será responsables los bancos
adquirentes frente a los bancos emisores.

[…]

(v). Las tarifas interbancarias de intercambio serán
determinadas por la Red, considerando los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que
exclusivamente correspondan a los servicios de tarjeta
de pago prestados a los comercios, siempre que no hayan
sido asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero, más una
utilidad razonable por este negocio […]” (Las negrillas y
subrayas fuera de texto).

En el numeral 3.4 del considerando TERCERO y en la parte resolutiva

de las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 31 de marzo de

2005, se expresó:

“[…] TERCERO: Que para decidir la anterior solicitud, este
Despacho tendrá en cuenta que el ofrecimiento presentado,
cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 2153 de
1992, de la siguiente manera:

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[…]

3.4. Esquema de Seguimiento
Como complemento a las indicaciones que hemos dado, la
Superintendencia de Industria y Comercio entiende que su
deber de verificación del correcto funcionamiento de los
mercados, previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de
1992 y demás normas concordantes, no se verá satisfecho
en el presente caso, sin un esquema de seguimiento que
permita corroborar el cumplimiento de lo prometido y
asegurar que no se está incurriendo nuevamente en las
mismas conductas que dieron mérito a la apertura de la
investigación.

En el caso que nos ocupa, el esquema de seguimiento es idóneo
si se concreta por el término de tres (3) años, durante el cual:

[…]

-Los bancos se obligan para con la Superintendencia de
Industria y Comercio a remitirle periódicamente, en forma
trimestral el primer año y semestral los dos siguientes, con
carácter confidencial, a partir del último día del mes en que el
sistema atrás descrito haya quedado establecido, un listado de
los criterios objetivos que haya utilizado para la fijación de la
comisión, su ponderación, así como las comisiones vigentes,
junto con los cambios que unos y otras hayan tenido en dichos
períodos. Esta información deberá remitirse dentro del mes
siguiente a la terminación de cada período.

A partir del último día calendario del mes en que haya quedado
debidamente implementado el sistema de tarifas interbancarias
de intercambio, cada banco deberá mantener a disposición de
la Superintendencia de Industria y Comercio un archivo con los
reglamentos internos sobre los criterios objetivos establecidos
para determinar los comisiones de adquirencia, al igual que las
modificaciones que realice a los mismos. Este archivo se
conservará durante tres años, contados a partir de la fecha de
aceptación de la presente oferta de garantías.

El anterior esquema de seguimiento, entiéndase sin
perjuicio de las facultades de verificación que le confiere
a esta Entidad el artículo 2º del Decreto 2153 de 1992, y
demás normas concordantes, las cuales podrán ser
ejercidas en cualquier momento.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar como garantía de suspensión
de la conducta investigada los compromisos descritos en la
parte considerativa de la presente resolución, así como el
esquema de seguimiento y la póliza de cumplimiento
ofrecida […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

. Previa solicitud de explicaciones y práctica de pruebas, la SIC, a

través de la Resolución núm. 12040 de 15 de mayo de 2006,

declaró el incumplimiento de los compromisos contenidos en la

Resolución núm. 06817 de 2005 a CREDIBANCO y a su

representante legal, por inconsistencias en la determinación de

tarifas interbancarias de intercambio por parte de la mencionada red,

ordenó la efectividad de la póliza de cumplimiento e impartió

instrucciones tendientes al cumplimiento de los compromisos

asumidos.

El representante legal de CREDIBANCO S.A. y la Compañía Mundial

Seguros S.A. interpusieron recurso de reposición contra esta

decisión.

. El 29 de noviembre de 2006, estando pendiente de resolver los

referidos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución

núm. 12040 de 15 de mayo de 2006, CREDIBANCO y sus bancos

asociados solicitaron la modificación de los compromisos

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aceptados por la SIC en la Resolución núm. 06817 de 2005, solicitud

que fue suscrita por el BCSC S.A. Concretamente, pidieron lo

siguiente:

“[…] a) Las TII serán determinadas por la red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los criterios
objetivos de costos y la metodología para cuantificación de los
mismos aprobados por la SIC. Adicionalmente, la red definirá
una utilidad razonable.

Para el efecto, la red adoptará la recomendación técnica
del Ministro Consejero de la Presidencia de la República
y, en todo caso, se compromete a no incluir en el cálculo de la
TII los costos asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero y
los de la adquirencia. La red verificará esta circunstancia con
base en la información que le remitan los bancos.

b) A partir de la fecha de la aceptación de la presente solicitud
de modificación de garantías por parte de la SIC y hasta cuando
se determine la nueva TII conforme al estudio que elabore la
red de acuerdo con los criterios objetivos y la metodología
aprobados por la SIC, las TII promedio para las transacciones
realizadas con tarjetas crédito, débito y electron, serán las que
indican a continuación:
-Crédito: 2% máximo promedio ponderado, en cada trimestre
calendario.
-Débito: 1,96% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario
-Electron; 1,25% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.

c) Dentro de un término máximo de 8 meses, contados a partir
de la aceptación de la presente solicitud de modificación de
garantías, CREDIBANCO presentará a la SIC los criterios
objetivos y la metodología para la cuantificación de costos.

d) Adicionalmente, CREDIBANCO se compromete a presentar a
la SIC el estudio ajustado a los criterios y metodología
aprobados por la SIC, en un plazo máximo de 6 meses,
contados a partir de la fecha en que esta apruebe los criterios
y la metodología.

e) Si CREDIBANCO no presenta los estudios respectivos dentro

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de los plazos previstos en los literales c) y d) anteriores o la
Superintendencia no aprueba los mismos, la red se
compromete a […] cada uno de ellos tendrá derecho a las
comisiones que acuerde libremente sobre cada una de las
transacciones que adquiera. Estas comisiones pueden ser
mayores, menores o equivalentes a las tarifas interbancarias
de intercambio que haya determinado CREDIBANCO.
CREDIBANCO se obliga a establecer el sistema de TII
provisional previsto en el literal b) del numeral iv) dentro de
los 5 días siguientes a la ejecutoria de la resolución que admita
la modificación de garantías. En caso de que se incumpla
cualquiera de los compromisos a cargo de la red, la SIC podrá
hacer efectiva la garantía otorgada por la suma de
$816.000.000.

[…]
g) Si los estudios recomiendan la adopción de un nuevo
modelo, CREDIBANCO acogerá la recomendación y presentará
a la SIC la correspondiente modificación de garantías […]”.17

-El 14 de diciembre de 2006, REDEBAN MULTICOLOR S.A. y los

bancos asociados solicitaron la modificación de los

compromisos aceptados por la SIC en la Resolución núm. 06816 de

2005, solicitud que fue suscrita por el BCSC S.A. Concretamente

pidieron lo siguiente:

“[…] a) Las TII serán determinadas por la red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los criterios
objetivos de costos y la metodología para cuantificación de los
mismos aprobados por la SIC. Adicionalmente, la red definirá
una utilidad razonable.

Parágrafo. Para el efecto, la Red podrá adoptar la
recomendación técnica del Ministro Consejero de la Presidencia
de la República y, en todo caso, se compromete a no incluir en
el cálculo de la TII los costos asumidos por el tarjetahabiente u
otro tercero y los de la adquirencia. La red verificará esta
circunstancia con base en la información que le remitan los

17
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 17C- 17-1-C-17-575, folios 115 a 139.

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bancos.

Parágrafo 1.- A partir de la fecha de la aceptación de la
presente solicitud de modificación de garantías por parte de la
SIC y hasta cuando se determine la nueva TII conforme al
estudio que elabore la Red de acuerdo con los criterios
objetivos y la metodología aprobados por la SIC, las TII
promedio para las transacciones realizadas con tarjetas crédito,
débito (Maestro), serán las que indican a continuación:
-Crédito: 2.1% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
-Débito (Maestro): 1,205% máximo promedio ponderado, en
cada trimestre calendario

Parágrafo 2.- Dentro de un término máximo de 8 meses,
contados a partir de la aceptación de la presente solicitud de
modificación de garantías, REDEBAN presentará a la SIC los
criterios objetivos y la metodología para la cuantificación de
costos.

Parágrafo 3.-Adicionalmente, REDEBAN se compromete a
presentar a la SIC el estudio ajustado a los criterios y
metodología aprobados por la SIC, en un plazo máximo de 6
meses, contados a partir de la fecha en que esta apruebe los
criterios y la metodología.

Parágrafo 4.- Para distribuir el resultado del estimativo hecho
con base en los criterios objetivos que se allegarán a la
Superintendencia, REDEBAN determinará las tarifas
interbancarias de intercambio de los establecimientos de
comercio, teniendo en cuenta todos, algunos o alguno de los
siguientes factores objetivos: […].18

Como justificación de la modificación solicitada, CREDIBANCO y

REDEBAN y los bancos asociados pusieron de presente, entre otras

razones, “[…] que en cumplimiento de los compromisos asumidos se

presentaron inconvenientes con diferencias en la aplicación de los

criterios objetivos y con la dificultad de suministrar, de manera

18
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 17C- 17-1-C-17-575, folios 208 a 226.

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uniforme, la estructura de costos de parte de los bancos, que por lo

demás carecen de normas contables especiales para facilitar el

recaudo de esta información […]”.

. A través de la Resolución núm. 33813 de 11 de diciembre de

200619, la SIC aceptó la solicitud de modificación de los compromisos

consignados en la Resolución núm. 06817 de 31 de marzo de 2005

ofrecidas por CREDIBANCO.

• Asimismo, mediante la Resolución núm. 34402 de 14 de

diciembre de 200620, la SIC aceptó la solicitud de modificación de

los compromisos consignados en la Resolución núm. 06816 de 31 de

marzo de 2005 ofrecidas por REDEBAN MULTICOLOR S.A.

En los considerandos “CUARTO” y “QUINTO” de las citadas

resoluciones, se señaló:

-Resolución núm. 33813 de 11 de diciembre de 2006

“[…] CUARTO: Que según el escrito reseñado en el
considerando segundo, los compromisos ofrecidos en cabeza
de la Red, de su representante legal y de los bancos asociados
a la misma Red, quedarían de la siguiente manera:

“2.1 Los compromisos que se adquieren

19
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 17C- 17-1-C-17-575, folios 168 a 175.
20
Folio 382 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 17C- 17-1-C-17-575, folios 183 a 187.

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2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)

“El nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a cargos
de los establecimientos de comercio consistirá en:

“(i) A partir de la fecha aquí referida (1 Abril 2005), la
Red se abstendrá de fijar la comisión a cargo de los
establecimientos de comercio.
(ii) Cada Banco adquirente acordará las comisiones a cargo de
los establecimientos de comercio.

(iii) La Red fijará independientemente las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales serán
responsables los bancos adquirentes frente a los bancos
emisores.
[…]

iv) […]
a) Las TII serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los
criterios objetivos de costos y la metodología para la
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.

Para el efecto, la red adoptará la recomendación técnica
del Ministro Consejero de la Presidencia de la República
y, en todo caso, se compromete a no incluir en el cálculo de la
TII los costos asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero y
los de adquirencia. La red verificará esa circunstancia con base
en la información que le remitan los bancos.

b) A partir de la fecha de la aceptación de la presente
solicitud de modificación de garantías por parte de la SIC
y hasta cuando se determine la nueva TII conforme al
estudio que elabore la red de acuerdo con los criterios
objetivos y la metodología aprobados por la SIC, las TII
promedio para las transacciones realizadas con tarjetas crédito,
débito y electron, serán las que indican a continuación:
-Crédito: 2% máximo promedio ponderado, en cada trimestre
calendario.
-Débito: 1,96% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario
-Electron; 1,25% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.

c) Dentro de un término máximo de 8 meses, contados a
partir de la aceptación de la presente solicitud de

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modificación de garantías, CREDIBANCO presentará a la
SIC los criterios objetivos y la metodología para la
cuantificación de costos.

d) Adicionalmente, CREDIBANCO se compromete a
presentar a la SIC el estudio ajustado a los criterios y
metodología aprobados por la SIC, en un plazo máximo
de 6 meses, contados a partir de la fecha en que esta
apruebe los criterios y la metodología.

e) Si CREDIBANCO no presenta los estudios respectivos
dentro de los plazos previstos en los literales c) y d)
anteriores o la Superintendencia no aprueba los mismos,
la red se compromete a dar cumplimiento a los
compromisos aceptados en las resoluciones 6817 de
2005.

f) Para distribuir el resultado del estimativo hecho con base en
los criterios objetivos que se allegarán a la Superintendencia,
CREDIBANCO determinará las tarifas interbancarias de cada
establecimiento de comercio, teniendo en cuenta todos,
algunos o alguno de los siguientes factores objetivos:

[…]

g) Si los estudios recomiendan la adopción de un nuevo
modelo, CREDIBANCO acogerá la recomendación y
presentará a la SIC la correspondiente modificación de
garantías.

v) Con la aplicación de este sistema los bancos adquirentes
podrán competir entre sí ante los diferentes establecimientos y
cada uno de ellos tendrá derecho a las comisiones que acuerde
libremente sobre cada una de las transacciones que adquiera.
Estas comisiones pueden ser mayores, menores o equivalentes
a las tarifas interbancarias de intercambio que haya
determinado CREDIBANCO.

CREDIBANCO se obliga a establecer el sistema de TII
provisional previsto en el literal b) del numeral iv)
dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la
resolución que admita la modificación de garantías. En
caso de que se incumpla cualquiera de los compromisos
a cargo de la red, la SIC podrá hacer efectiva la garantía
otorgada por la suma de $816.000.000.

-La Red se obliga a poner a disposición de la Superintendencia
de Industria y Comercio, tanto los factores objetivos de fijación

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de las tasas interbancarias, su ponderación, así como las tarifas
fijadas y los cambios de unas y otras cuando la
Superintendencia lo solicite.
-La Red se obliga para con la Superintendencia de Industria y
Comercio a remitirle periódicamente, en forma trimestral, con
carácter confidencial, a partir de la fecha en que el sistema
atrás descrito haya quedado establecido, un listado de los
factores objetivos que haya utilizado para la fijación de la Tarifa
Interbancaria de Intercambio, su ponderación, así como las
tarifas vigentes, junto con los cambios que unos y otros hayan
tenido en dichos períodos, si los hubiere. Esta información
deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.

[…]

2.1.3 Por parte de los bancos asociados a CREDIBANCO:

Los Bancos asociados a CREDIBANCO, cuando obren como
adquirentes, se obligan a dar cumplimiento a las siguientes
estipulaciones, que además CREDIBANCO incluirá dentro de su
respectivo reglamento interno, como obligación a cargo de los
bancos asociados:

a. Cada banco deberá determinar independientemente las
comisiones a cargo de los establecimientos de comercio por el
servicio de adquirencia, teniendo en cuenta factores objetivos
como: el tipo de actividades que desarrolla el establecimiento;
los volúmenes de facturación; los riesgos inherentes a cada
negocio; los costos; el tipo de productos; la situación
competitiva del respectivo banco frente a los demás que
presten el servicio de adquirencia; la política de penetración al
mercado de adquirencia; los estudios sobre los beneficios que
le ha reportado el establecimiento de comercio en los diversos
negocios que ha desarrollado con el mismo; las proyecciones
de los beneficios que podría tener el banco al vincular a un
establecimiento de comercio a sus servicios bancarios de
cuenta corriente bancaria, de cuenta de ahorros, de emisión de
certificados de depósito a término, de negocios de cambio, de
cartas de crédito, de negocios internacionales, de crédito, de
adquirencia de tarjeta de pago, y demás servicios financieros.

b. Los bancos se obligan para con la Superintendencia de
Industria y Comercio a remitirle periódicamente, durante tres
años, en forma trimestral, con carácter confidencial, a partir
del último día del mes en que el sistema atrás descrito haya
quedado establecido, un listado de criterios objetivos que haya
utilizado para la fijación de la comisión, su ponderación, así

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como las comisiones vigentes, junto con los cambios que uno
y otro hayan tenido en dichos períodos. Esta información
deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.

Dentro de los principios que inspiran dicho documento, queda
claro que cada banco podrá establecer y sustituir, cuando a
bien tenga, los criterios utilizados para la determinación de las
comisiones de adquirencia en un momento dado, por otros
igualmente objetivos; establecer y modificar la ponderación
originalmente asignada a cada uno de los mismos; utilizar
factores objetivos diferentes de los enumerados de manera no
taxativa o en el literal a.- anterior; utilizar solo alguno o
algunos de los allí mencionados o uno o unos de ellos, junto
con otros diferentes, que el mismo banco considere más
convenientes para su actividad.

c. Mantener a disposición de la Superintendencia de Industria
y Comercio un archivo con los reglamentos internos sobre los
factores objetivos establecidos para determinar las comisiones
de adquirencia, al igual que las modificaciones que realice a los
mismo. Este archivo se conservará durante tres años, contados
a partir de la fecha de aceptación de la presente oferta de
garantías.

“[…] QUINTO: Que revisadas las modificaciones propuestas,
este Despacho considera que los nuevos compromisos
ofrecidos constituyen garantía suficiente respecto a la
suspensión o modificación de los comportamientos que dieron
origen a la investigación que concluyó con la resolución 06817
de 2005 pues, como los inicialmente aceptados, ellos
garantizan que la fijación de las comisiones cobradas a los
establecimientos de comercio por la prestación de los servicios
de tarjetas de pago se efectuará en forma independiente y
objetiva y, además, en competencia con los demás
participantes del mercado, de manera que se pueda asegurar
que el mercado se verá liberado, en el presente y el futuro, de
las circunstancias que motivaron el inicio de dicha investigación
[…]”.

-Resolución núm. 34402 de 14 de diciembre de 2006

“[…] CUARTO: Que según el escrito reseñado en el
considerando segundo, los compromisos ofrecidos por
REDEBAN y sus bancos asociados, quedarían de la siguiente
manera:

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“2.1 Los compromisos que se adquieren

2.1.1 Por parte de REDEBAN (La Red)

“(i) A partir de la fecha aquí referida (1 Abril 2005), la
Red se abstendrá de fijar la comisión a cargo de los
establecimientos de comercio.

(ii) Cada Banco adquirente acordará las comisiones a cargo de
los establecimientos de comercio.

(iii) La Red fijará independientemente las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales serán
responsables los bancos adquirentes frente a los bancos
emisores.

[…]

(v) Las TII serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los
criterios objetivos de costos y la metodología para la
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.

Parágrafo.- Para el efecto, la Red podrá adoptar la
recomendación técnica del Ministro Consejero de la
Presidencia de la República y, en todo caso, se compromete
a no incluir en el cálculo de la TII los costos asumidos por el
tarjetahabiente u otro tercero y los de adquirencia. La red
verificará esa circunstancia con base en la información que le
remitan los bancos

(vi) Con la aplicación de este sistema los bancos adquirentes
podrán competir entre sí ante los diferentes establecimientos y
cada uno de ellos tendrá derecho a las comisiones que acuerde
libremente sobre cada una de las transacciones que adquiera.
Estas comisiones pueden ser mayores, menores o equivalentes
a las tarifas interbancarias de intercambio que haya
determinado CREDIBANCO.

Así mismo, la Red se obliga para con la Superintendencia de
Industria y Comercio periódicamente, en forma trimestral, con
carácter carácter confidencial, a partir de la fecha en que el
sistema atrás descrito haya quedado establecido, un listado de
los factores objetivos que haya utilizado para la fijación de la
Tarifa Interbancaria de Intercambio, su ponderación, así como
las tarifas vigentes, junto con los cambios que unos y otros

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00193-02
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hayan tenido en dichos períodos. Esta información deberá
remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de cada
período.

Como complemento de lo anterior, la Red se obliga a poner a
disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio,
tanto los criterios objetivos de fijación de las tasas
interbancarias, su ponderación, así como las tarifas fijadas y
los cambios de unas y otras cuando la Superintendencia lo
solicite. La obligación de remisión de los criterios objetivos
estará vigente mientras se apliquen las tarifas interbancarias
de intercambio provisionales que se refiere el parágrafo
siguiente.

Parágrafo 1. A partir de la de fecha de aceptación de la
presente solicitud de modificación de garantías por parte de la
SIC, y hasta cuando se determine al nueva TII conforme al
estudio que elabore la Red de acuerdo con los criterios
objetivos y la metodología aprobados por la SIC, las TII
promedio para transacciones realizadas con tarjetas crédito y
débito (Maestro), serán las que indican a continuación:

-Crédito: 2.1% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
-Débito (Maestro): 1.205% máximo promedio ponderado, en
cada trimestre calendario.

Parágrafo 2. Dentro de un término máximo de 8 meses,
contados a partir de la aceptación de la presente
solicitud de modificación de garantías, REDEBAN
presentará a la SIC los criterios objetivos y la
metodología para la cuantificación de costos.

Parágrafo 3. Adicionalmente, REDEBAN se compromete
a presentar a la SIC el estudio ajustado a los criterios y
metodología aprobados por la SIC, en un plazo máximo
de 6 meses, contados a partir de la fecha en que esta
apruebe los criterios y la metodología.

Parágrafo 4. Para distribuir el resultado del estimativo
hecho con base en los criterios objetivos que se
allegarán a la Superintendencia, REDEBAN determinará
las tarifas interbancarias de intercambio de los
establecimientos, teniendo en cuenta todos, algunos o
alguno de los siguientes factores objetivos:
[…]
Parágrafo 5. Si los estudios recomiendan la adopción de
un nuevo modelo, REDEBAN podrá acoger dicha

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recomendación y presentará a la SIC la correspondiente
modificación de garantías, para su aprobación.

Parágrafo 6. Si REDEBAN no presenta los estudios respectivos
dentro de los plazos previstos en los parágrafos 2 y 3 anteriores
o la SIC no aprueba los mismos, la Red se compromete a dar
cumplimiento a los compromisos aceptados en la resolución
06816 de 2005.

Parágrafo 7. REDEBAN se obliga a establecer el sistema de
TII provisional previsto en el Parágrafo 1.- del numeral iv)
anterior, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la
resolución que acepte la modificación de garantías. En caso de
que se incumpla cualquiera de los compromisos a cargo de la
red, la SIC podrá hacer efectiva la garantía otorgada.

2.1.3 Por parte de los bancos asociados a REDEBAN:

Los Bancos asociados a REDEBAN, cuando obren como
adquirentes, se obligan a dar cumplimiento a las siguientes
estipulaciones, que además REDEBAN incluirá dentro de su
respectivo reglamento interno, como obligación a cargo de los
bancos asociados:

a. Cada banco deberá determinar independientemente las
comisiones a cargo de los establecimientos de comercio por el
servicio de adquirencia, teniendo en cuenta factores objetivos
como: el tipo de actividades que desarrolla el establecimiento;
los volúmenes de facturación; los riesgos inherentes a cada
negocio; los costos; el tipo de productos; la situación
competitiva del respectivo banco frente a los demás que
presten el servicio de adquirencia; la política de penetración al
mercado de adquirencia; los estudios sobre los beneficios que
le ha reportado el establecimiento de comercio en los diversos
negocios que ha desarrollado con el mismo; las proyecciones
de los beneficios que podría tener el banco al vincular a un
establecimiento de comercio a sus servicios bancarios de
cuenta corriente bancaria, de cuenta de ahorros, de emisión de
certificados de depósito a término, de negocios de cambio, de
cartas de crédito, de negocios internacionales, de crédito, de
adquirencia de tarjeta de pago, y demás servicios financieros.

b. Los bancos se obligan para con la Superintendencia de
Industria y Comercio a remitirle periódicamente, durante tres
años, en forma trimestral, con carácter confidencial, a partir
del último día del mes en que el sistema atrás descrito haya
quedado establecido, un listado de criterios objetivos que haya
utilizado para la fijación de la comisión, su ponderación, así

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como las comisiones vigentes, junto con los cambios que uno
y otro hayan tenido en dichos períodos. Esta información
deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.

Dentro de los principios que inspiran dicho documento, queda
claro que cada banco podrá establecer y sustituir, cuando a
bien tenga, los criterios utilizados para la determinación de las
comisiones de adquirencia en un momento dado, por otros
igualmente objetivos; establecer y modificar la ponderación
originalmente asignada a cada uno de los mismos; utilizar
factores objetivos diferentes de los enumerados de manera no
taxativa o en el literal a.- anterior; utilizar solo alguno o
algunos de los allí mencionados o uno o unos de ellos, junto
con otros diferentes, que el mismo banco considere más
convenientes para su actividad.

c. Mantener a disposición de la Superintendencia de Industria
y Comercio un archivo con los reglamentos internos sobre los
factores objetivos establecidos para determinar las comisiones
de adquirencia, al igual que las modificaciones que realice a los
mismo. Este archivo se conservará durante tres años, contados
a partir de la fecha de aceptación de la presente oferta de
garantías.

“[…] QUINTO: Que revisadas las modificaciones propuestas,
este Despacho considera que los nuevos compromisos
ofrecidos constituyen garantía suficiente respecto a la
suspensión o modificación de los comportamientos que dieron
origen a la investigación que concluyó con la resolución 06816
de 2005, pues como los inicialmente aceptados, ellos
garantizan que la fijación de las comisiones cobradas a los
establecimientos de comercio por la prestación de los servicios
de tarjetas de pago, se efectuará en forma independiente y
objetiva y, además, en competencia con los demás
participantes del mercado, de manera que se pueda asegurar
que el mercado se verá liberado, en el presente y el futuro, de
las circunstancias que motivaron el inicio de dicha investigación
[…]”.

En razón a las modificaciones introducidas en la Resolución núm.

33813 de 2006, se revocaron las órdenes de cumplimiento de tales

compromisos, debido a que los mismos habían sido reformados,

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estableciéndose plazos para elaborar nuevamente estudios de costos

para la determinación de las TIIs y para la aplicación de tarifas

provisionales sustancialmente inferiores a las vigentes a partir de 1o.

de abril de 2005, mientras se elaboraban dichos estudios.

. En desarrollo del proceso de verificación del cumplimiento de los

compromisos adquiridos por el BANCO BCSC S.A., en las

resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, 33813 y 34402 de 2006,

por medio de las cuales la SIC aceptó las garantías ofrecidas por

CREDIBANCO y REDEBAN, coadyuvadas por los bancos asociados

de dichas redes, el 12 de septiembre de 2007 el Superintendente

de Industria y Comercio solicitó al Presidente de CREDIBANCO y al

representante legal de REDEBAN MULTICOLOR S.A. información al

respecto.21

. Asimismo, el 17 de septiembre de 2007, a través de las

comunicaciones núms. 03110924- 982- 039 y 03110924-

983-039, el Superintendente de Industria y Comercio solicitó a

CREDIBANCO y a REDEBAN MULTICOLOR S.A. que presentaran

las explicaciones correspondientes y aportaran o solicitaran

las pruebas que estimaran pertinentes, con el fin de evaluar la

21
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 21C- 21-02,-C-21-515, folios 108 a 109, 114 y 115.

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procedencia de la declaración de incumplimiento de los compromisos

aceptados y, por ende, la efectividad de las pólizas de cumplimiento

correspondientes, así como la procedencia de las medidas

administrativas previstas en el artículo 4º, numeral 13, del Decreto

2153.22

. Mediante comunicación radicada con el núm. 2007034553-000

de 7 de junio de 2007, la Asociación Bancaria y de Entidades

Financieras de Colombia, en adelante ASOBANCARIA, actuando

por encargo de todos los bancos asociados a las Redes,

presentó ante la Superintendencia Financiera de Colombia dos

acuerdos celebrados el 29 de mayo de 2007 por los bancos

afiliados a CREDIBANCO y REDEBAN S.A., respecto de la fijación de

las tarifas que habían sido objeto de los compromisos asumidos por

parte de CREDIBANCO y REDEBAN S.A. ante la SIC.23

En los acuerdos de los bancos se estableció que la comisión de

adquirencia seguiría siendo acordada entre cada banco y sus clientes

comerciantes y las TII’s serían determinadas directamente por

los bancos y no por medio de las Redes. Para el efecto, se previó

la fijación transitoria de las mismas TII’s que habían sido acordadas

22
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 21C- 21-02,-C-21-515, folios 119 y 120, 121 y 122.
23
Folio 381 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 24 C- 21-02,-C-21-515, folios 142 a 144, 191 y 198.

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provisionalmente con la SIC, mientras se definía un nuevo modelo

para ello.

. A través de comunicación núm. 07-079900-0 de 6 de agosto

de 2007, suscrita por ASOBANCARIA, dirigida al

Superintendente de Industria y Comercio, informó que los

bancos asociados consideraron conveniente reasumir la

función de cálculo de las TIIs, y no por intermedio de las Redes,

la función de determinar las TIIs y, en consecuencia, habían radicado

ante la Superintendencia Financiera los acuerdos mediante los cuales

se formalizaba dicha decisión.24

. El 10 de agosto de 2007, mediante oficios radicados con los núms.

03-110924-00961-0039 y 03-110924-00959-0039, la SIC solicitó a

CREDIBANCO y REDEBAN S.A., respectivamente, informar si a la

fecha tales entidades continuaban determinando las TIIs.

. El 11 y 14 de agosto de 2007 se vencieron los plazos de ocho

meses para que CREDIBANCO y REDEBAN S.A., respectivamente,

presentaran para la aprobación de la SIC los estudios con los criterios

24
Folio 381 C. Principal1, CD, carpeta PUBLICO 20 C- 20-01,-C-20-531, folios 203 a 205.

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objetivos y la metodología de la cuantificación de costos para la

determinación de las tarifas interbancarias de intercambio. De acuerdo

con las modificaciones de las garantías, si las Redes no presentaban

los estudios correspondientes dentro de los plazos previstos o la SIC

no aprobaba los mismos, se debía dar cumplimiento a los

compromisos inicialmente aceptados.

. El 13 de agosto de 2007, mediante comunicación radicada con el

núm. 03-110924-00962-0039, CREDIBANCO informó a la SIC, lo

siguiente:

“[…] la Asamblea General de Asociados de Credibanco resolvió
modificar los Estatutos de esta Asociación en el sentido de
eliminar la autorización que la facultaba para determinar
las tarifas interbancarias de intercambio. La mencionada
reforma estatutaria se solemnizó mediante la escritura pública
número 01618 de fecha 25 de julio de 2007 de la Notaría 32 del
Círculo de Bogotá, copia de la cual se adjunta, junto con
Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá en donde consta
que la escritura pública citada se encuentra debidamente inscrita
y con copia del Acta No. 025 de la Asamblea Extraordinaria de
Asociados de CREDIBANCO de fecha 19 de junio de 2007 […].

[…] por el solo hecho de la reforma estatutaria mencionada, se
debe concluir que CREDIBANCO no está en capacidad de
presentar a la SIC los criterios objetivos y la metodología
para la cuantificación de costos’ a que hace referencia el
literal c) del aparte iv.- del numeral 2.1.1 del
Considerando Cuarto de la Resolución 33813 de 11 de
diciembre de 2006 de la Superintendencia de Industria y
Comercio, ni de celebrar o ejecutar cualquier otro acto o
desarrollar cualquier otra actividad que implique o requiera la
determinación por parte de CREDIBANCO de una, dos, varias o

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todas las tarifas interbancarias de intercambio a que se refiere la
citada Resolución […]”.25

• El 14 de agosto de 2007, mediante comunicación radicada con el

núm. 03-110924-00967-0039, REDEBAN S.A. informó a la SIC

que por decisión de sus bancos asociados había cesado en la

función de establecer las TIIs, así como la distribución sectorial

de ella.26

. Las decisiones de REDEBAN MULTICOLOR S.A. y de

CREDIBANCO, consistentes en abstenerse de fijar las TIIs, fueron

reiteradas a la SIC por las mismas Redes, a través de los

oficios de 17 de agosto de 2007 y de 21 de agosto de ese mes

y año.27

. El 21 de agosto de 2007, mediante comunicación radicada con el

núm. 03-110924-00975-0039, CREDIBANCO informó a la SIC que

la última vez que había determinado las TIIs había sido el 5 de junio

de 2007, toda vez que sus bancos asociados, a través de la

ASOBANCARIA, le informaron que habían considerado conveniente

definir directamente las TIIs.

25
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 20C- 20-531,-folio 274.
26
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 20C- 20-1 C-20-531, folio 367.
27
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 21C- 21-1 C-21-515, folios 6 y 7, 9 a 13.

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Y a través de comunicación radicada con el núm. 03-11094-

00974-0029 de esa misma fecha, REDEBAN S.A. informó a la

SIC que su Junta Directiva había decidido que la determinación de

las TIIs sería efectuada por un comité “conformado por bancos

afiliados a REDEBAN –diferente en cuanto a las personas que lo

conforman – de los miembros que pertenecen a la Junta Directiva de

REDEBAN”. Asimismo, manifestó que “la Junta (Directiva de

Redeban) dio instrucciones a la administración de abstenerse de

calcular la TII promedio y solamente hacer la distribución por

especialidades luego que sea calculada por los bancos”.

. El 17 de septiembre de 2007, la SIC solicitó explicaciones a

CREDIBANCO y REDEBAN S.A., con el fin de evaluar la procedencia

de la declaración de incumplimiento de los compromisos aceptados en

las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, modificadas,

respectivamente, por las resoluciones núms. 34402 y 33813 de 2006

y, por ende, de la efectividad de las pólizas de cumplimiento

correspondientes y de la procedencia de las medidas administrativas,

previstas en el numeral 13 del artículo 4º del Decreto 215328

28
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 21C- 21-02,-C-21-515, folios 119 y 120, 121 y 122.

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. El 10 de octubre de 2007, CREDIBANCO y REDEBAN

MULTICOLOR S.A. presentaron las respectivas explicaciones.29

. El 22 de abril de 2008, el Superintendente de Industria y

Comercio solicitó al BCSC S.A. que presentara las explicaciones

correspondientes y aportara o solicitara las pruebas que estimara

pertinentes, con el fin de evaluar la procedencia de la declaración de

incumplimiento de los compromisos aceptados y, por consiguiente,

la efectividad de las pólizas de cumplimiento correspondientes.30

. El 8 de mayo de 2008, el BCSC S.A. rindió las explicaciones

solicitadas por la SIC.31

. A través de la Resolución núm. 020081 de 19 de junio de 2008,

el Superintendente de Industria y Comercio decretó algunas de las

pruebas solicitadas por las partes y otras las decretó de oficio.32

. Mediante la Resolución núm. 029497 de 19 de agosto de 2008,

acusada, el Superintendente de Industria y Comercio decretó el

incumplimiento de las garantías aceptadas en las resoluciones 06816

29
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 21C- 21-02,-C-21-515, folios 142 a 144, 191 a 198.
30
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 23C- 01, C-23-2698, folios 166 a 168.
31
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 24C- 24-1, C-24-4109, folios 94 a 99.
32
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 24C- 24-1, C-24-4109, folios 365 a 371.

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y 06817 de 2005, modificadas por las 34402 y 33813 de 2006, y

exigió el cumplimiento de las mismas e hizo efectivas unas pólizas,

por cuanto las Redes no cumplieron con fijar directamente las TIIs,

sino que dicha función fue asumida por los bancos asociados.33

. En escrito de 24 de septiembre de 2008, el BCSC S.A. interpuso

recurso de reposición contra la Resolución núm. 029497 de 2008.34

. A través de la Resolución núm. 46791 de 15 de septiembre de

2009, demandada, el Superintendente de Industria y Comercio

resolvió el recurso interpuesto por el actor, en el sentido de modificar

los parágrafos primero y segundo del artículo tercero y el artículo

cuarto de la decisión recurrida, los cuales hacían referencia a unos

porcentajes máximos que estableció la SIC de acuerdo con la

información suministrada por las redes para la fijación de las TIIs,

entre otras.35

Precisado lo anterior, procede la Sala a resolver las censuras

expuestas en el recurso de apelación.

33
Folios 69 a 71 C.2.
34
Folios 87 a 114 C.2.
35
Folios 115 a 259 C.2.

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La primera censura la hace descansar el recurrente en que

CREDIBANCO y REDEBAN S.A. no pudieron determinar los criterios

objetivos de costos y la metodología para la determinación o

cuantificación de la Tarifa Interbancaria de Intercambio, debido a que

la Administración incumplió con la obligación de presentarle a las

redes la recomendación técnica, que respecto de “los estudios que

sirvan de base para la determinación de los criterios objetivos y

metodología para la determinación de la Tarifa Interbancaria de

Intercambio y/o la definición de un nuevo modelo”, debió elaborar el

Ministro Consejero de la Presidencia de la República y a la cual se

había comprometido en el literal a) del punto iv) del numeral 2.1.1.

de la Resolución núm. 33813 de diciembre de 2006 y en el parágrafo

del punto v) del numeral 2.1.1 de la Resolución núm. 34402 de 2006.

Adujo que al incumplir la Administración con dicha obligación carece

de validez lo señalado por el a quo, en la sentencia, cuando sostuvo:

“[…] La omisión en que incurrió la Ministra Consejera de la
Presidencia, carece de incidencia en la legalidad de los actos
acusados, pues la determinación técnica no era determinante
para el establecimiento de los criterios, costos, metodologías
de la TIIS, ya que en los términos de las Resoluciones 33813 y
34402, el concepto técnico tenía el carácter de simple
recomendación […]”.

Sobre el particular, es del caso precisar, de manera preliminar, que

con el objeto de que se efectuara la clausura o terminación anticipada

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de la investigación, adelantada por la SIC, por la realización de

presuntas prácticas comerciales restrictivas de la competencia, las

redes CREDIBANCO y REDEBAN S.A., coadyuvados por los bancos

asociados a cada una de las Redes, entre ellos, el actor, ofrecieron

de manera voluntaria unas garantías (compromisos), con el objeto

de modificar o suspender la conducta que originó la citada

investigación, las cuales fueron aceptadas por la mencionada entidad

demandada, como quedó visto, mediante las resoluciones núms.

06817 y 06816 de 31 de marzo de 2005, modificadas por las

resoluciones núms. 33813 y 33402 de 2006.

Al respecto, cabe mencionar que los bancos, en su condición de

asociados a las Redes y de participantes de los sistemas de pagos

administrados por las mencionadas redes, a través de las citadas

resoluciones, asumieron voluntariamente obligaciones o

compromisos, coadyuvaron y contribuyeron la suficiencia de las

garantías ofrecidas por ellas y aceptadas por la SIC, las cuales

formaban parte del mecanismo propuesto para obtener la clausura

de la investigación, de conformidad con el artículo 52 del Decreto

215336, por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, que

36
“[…] ARTICULO 52. PROCEDIMIENTO. Para determinar si existe una infracción a las normas de
promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este Decreto, la
Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de oficio o por su solicitud de un
tercero y adelantar una averiguación preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de realizar
una investigación.

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adelantaba la SIC. Por tal razón, los bancos asociados se encontraban

jurídicamente obligados o comprometidos al cumplimiento de lo

ordenado en los referidos actos.

Ciertamente, como consta en la transcripción de las resoluciones

núms. 33813 de 11 de diciembre de 2006 y 33402 de 14 de

diciembre de 2006, al inicio de estas consideraciones,

CREDIBANCO y REDEBAN S.A., respectivamente, se

comprometieron, ante la SIC, a fijar independientemente las Tarifas

Interbancarias de Intercambio, en adelante TII, para todos los

productos y medios de acceso, de acuerdo con los criterios objetivos

de costos y de la metodología para la cuantificación de los mismos.

Para ello, se obligaron a presentar dichos criterios objetivos y

metodología para la cuantificación de los mismos, dentro de un plazo

de ocho (8) meses; y que la no presentación de los mismos

generaba como consecuencia la obligación de dar cumplimiento a los

compromisos establecidos en las resoluciones núms. 06817 y

06816 de 31 de marzo de 2005, respectivamente.

[…] Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio podrá
ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor brinde
garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga.
[…]”. (Las negrillas fuera de texto).

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Asimismo, se comprometieron a presentar el estudio ajustado a los

criterios y metodología aprobados por la SIC, en un plazo máximo de

seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que dicha entidad

aprobara los criterios y metodología; y que la no presentación de los

mismos generaba como consecuencia la obligación de dar

cumplimiento a los compromisos establecidos en las resoluciones

núms. 06817 y 06816 de 2005, respectivamente, conforme

consta en el numeral 2.1. del considerando CUARTO de las

resoluciones núms. 33813 de 11 de diciembre de 2006 y 34402 de

14 de diciembre de 2006.

De conformidad con las citadas resoluciones, a las Redes les

correspondía la fijación directa e independiente de las tarifas

interbancarias de intercambio (TII).

Como ya se indicó, para la determinación de estas, las Redes se

comprometieron a partir de la fecha de la aceptación de la solicitud

de modificación de garantías, realizada a través de las resoluciones

en referencia, que aplacarían, de manera provisional, las TII

promedio para las transacciones realizadas con tarjetas crédito,

débito y electron hasta cuando se determinaran las nuevas TII,

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conforme al estudio que elaboren las Redes, de acuerdo con los

criterios objetivos y la metodología aprobados por la SIC.

Para tal efecto, CREDIBANCO debía aplicar las siguientes tarifas

promedio:

“[…] - Crédito: 2% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
-Débito: 1,96% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario
-Electron; 1,25% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario […]”.

Y, por su parte, REDEBAN debía aplicar las siguientes tarifas:

“[…] -Crédito: 2.1% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.
-Débito (Maestro): 1.205% máximo promedio ponderado, en
cada trimestre calendario […]”.

Asimismo, se reitera, que el plazo para que CREDIBANCO y

REDEBAN S.A. presentaran ante la SIC, para su aprobación, los

criterios objetivos y la metodología para la cuantificación de los

costos para la determinación de las TII, era de ocho (8) meses, a

partir de las aceptaciones de las modificaciones de garantías,

establecidas en las resoluciones núms. 33813 de 11 de diciembre de

2006 y 34402 de 14 de diciembre de 2006, por lo que dicho plazo

vencía el 11 y 14 de agosto de 2007, respectivamente.

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Y que la no presentación de los mismos generaba como consecuencia

la obligación de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en

las resoluciones núms. 06817 y 06816 de 31 de marzo de

2005.

Sin embargo, la Sala advierte que antes de vencerse el referido plazo

de 8 meses para entregar los estudios correspondientes a los criterios

objetivos y la metodología para la cuantificación de los costos para

la determinación de las TII, los bancos asociados asumieron la

función de determinar las TII, -contrariando el compromiso adquirido

por las Redes de fijar las TII-, decisión que fue informada desde el 6

de agosto de 2007 por ASOBANCARIA, cuando comunicó al

Superintendente de Industria y Comercio que los bancos asociados

“consideraron conveniente” reasumir la función de cálculo de las

TIIs, lo cual consta en las comunicaciones de 7 de junio de 2007 y

de 6, 13, 14 y 21 de agosto de ese año, antes descritas.

De ahí que las Redes no presentaron los estudios correspondientes a

los referidos criterios objetivos y la metodología de la cuantificación

de costos dentro del plazo indicado, al cual se habían obligado en las

citadas resoluciones núms. 33813 y 34402 de 2006, por lo que debía

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darse cumplimiento a los compromisos inicialmente aceptados en las

resoluciones núms. 06817 y 06816 de 2005.

Ahora, en cuanto a la presentación de los criterios objetivos de

costos y la metodología para la cuantificación de los costos

para la determinación de las TII, así como sobre la

recomendación técnica que respecto de los estudios que

sirvan de base para la determinación de dichos criterios y

metodología, debía realizar el Ministro Consejero de la

Presidencia de la República, en las resoluciones núms. 33813 y

34402 de 2006, se estableció, de manera específica, lo siguiente:

• Resolución núm. 33813 de 11 de diciembre de 2006

“[…] “2.1 Los compromisos que se adquieren

2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)

[…]

iv) […]

a) Las TII serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los
criterios objetivos de costos y la metodología para la
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.

Para el efecto, la red adoptará la recomendación técnica
del Ministro Consejero de la Presidencia de la República
y, en todo caso, se compromete a no incluir en el cálculo de la
TII los costos asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero y
los de adquirencia. La red verificará esa circunstancia con base

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en la información que le remitan los bancos […]”37 (Las negrillas
y subrayas fuera de texto).

-Resolución núm. 34402 de 14 de diciembre de 2006

“[…] “2.1 Los compromisos que se adquieren

2.1.1 Por parte de REDEBAN (La Red)

“[…]

(v) Las TII serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los
criterios objetivos de costos y la metodología para la
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.

Parágrafo.- Para el efecto, la Red podrá adoptar la
recomendación técnica del Ministro Consejero de la
Presidencia de la República y, en todo caso, se compromete
a no incluir en el cálculo de la TII los costos asumidos por el
tarjetahabiente u otro tercero y los de adquirencia. La red
verificará esa circunstancia con base en la información que le
remitan los bancos […]”. (Las negrillas y subrayas fuera de
texto).

De acuerdo con las citadas resoluciones, para la definición de los

criterios objetivos de costos y la metodología para la cuantificación

de los mismos, CREDIBANCO “adoptará” la recomendación técnica

del Ministro Consejero de la Presidencia de la República, mientras

que REDEBAN S.A. “podrá adoptar” la recomendación técnica del

Ministro Consejero de la Presidencia de la República, lo que pone de

37
Ello de conformidad con la Consideración 6 de la Oferta de Modificación de Garantía, presentada en
noviembre de 2006 por CREDIBANCO a la SIC, que señaló: “[…] Que para presentar a la SIC los
estudios que sirvan de base para la determinación de los criterios objetivos y metodología para la
determinación de la Tarifa Interbancaria de Intercambio y/o la definición de un nuevo modelo,
CREDIBANCO deberá adoptar la recomendación técnica que al respecto formule el Ministro Consejero
de la Presidencia de la República, con base en los estudios técnicos que para el efecto contrate […]”.

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manifiesto que para esta última Red era optativo adoptar esa

recomendación.

Al respecto, cabe resaltar que en el expediente obra el testimonio de

la señora MARÍA CECILIA ÁLVAREZ CORREA GLEN, ministra

consejera de la Presidencia de la República, rendido el 29 de

noviembre de 201138, diligencia en la que declaró que los referidos

estudios técnicos sobre los criterios objetivos y la metodología para

la determinación de las TII “[…] fue un compromiso adquirido por el

Gobierno Nacional en la mesa de concertación […]”.

Se encuentra, también, la comunicación de 4 de julio de 200739, en

la cual la mencionada ministra consejera, le señaló a las Redes lo

siguiente:

“[…]Como es bien sabido por ustedes, este Despacho ha
asumido la tarea de coordinar el cumplimiento de los
compromisos asumidos en diciembre pasado por las redes
(Credibanco y Redeban) en desarrollo de las garantías avaladas
por la Superintendencia de Industria y Comercio (Resoluciones
33813 de 34402 de 2006), concretamente en cuanto a la
contratación del consultor que determinará la metodología de
cálculo de Tarifa Interbancaria como modelo basado en costos,
tal como lo exige la Superintendencia de Industria y Comercio
en el marco de las garantías aprobadas, a la vez que evaluará
la posibilidad de sugerir modelos diferentes que, en adición al
referido, se propondrían a la industria.
[…]

38
Folios 457 a 460 del C. Principal 1.
39
Folio 468 del C. Anexo.

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Como quiera que en esta etapa hemos invertido más tiempo
del inicialmente previsto, recomendamos a las redes y a los
bancos suscriptores de las garantías referidas, solicitar
formalmente a la Superintendencia de Industria y
Comercio una adición al plazo inicialmente previsto en
las Resoluciones (8 meses), de al menos cinco (5)
meses, de forma que el proceso de contratación y la ejecución
de la tarea se desarrollen adecuadamente [...]” (Las negrillas
y subrayas fuera de texto).

Igualmente, obra la comunicación núm. 03-110924-00962-0039 de

13 de agosto de 2007 dirigida por CREDIBANCO a la entidad

demandada, ya referida, en la que informó que la mencionada Red

resolvió eliminar la autorización que la facultaba para determinar las

TII y que decidió de manera voluntaria abstenerse de presentar ante

la SIC los criterios objetivos y la metodología para la cuantificación

de costos, en los siguientes términos:

“[…] la Asamblea General de Asociados de CREDIBANCO resolvió
modificar los Estatutos de esta Asociación en el sentido de
eliminar la autorización que la facultaba para determinar
las tarifas interbancarias de intercambio. La mencionada
reforma estatutaria se solemnizó mediante la escritura pública
número 01618 de fecha 25 de julio de 2007 de la Notaría 32 del
Círculo de Bogotá, copia de la cual se adjunta, junto con
Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá en donde consta
que la escritura pública citada se encuentra debidamente inscrita
y con copia del Acta No. 025 de la Asamblea Extraordinaria de
Asociados de CREDIBANCO de fecha 19 de junio de 2007 […].

[…] por el solo hecho de la reforma estatutaria mencionada, se
debe concluir que CREDIBANCO no está en capacidad de
presentar a la SIC ‘los criterios objetivos y la metodología
para la cuantificación de costos’ a que hace referencia el
literal c) del aparte iv.- del numeral 2.1.1 del
Considerando Cuarto de la Resolución 33813 de 11 de
diciembre de 2006 de la Superintendencia de Industria y
Comercio, ni de celebrar o ejecutar cualquier otro acto o
desarrollar cualquier otra actividad que implique o requiera la

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determinación por parte de CREDIBANCO de una, dos, varias o
todas las tarifas interbancarias de intercambio a que se refiere la
citada Resolución […]”.40 (Las negrillas y subrayas fuera de
texto).

Lo anterior pone en evidencia que no obstante la anterior

recomendación de la ministra consejera de solicitar una adición al

plazo de 8 meses, inicialmente pactado, para presentar los estudios

técnicos en referencia, las Redes ni los bancos asociados solicitaron

la prórroga de dicho plazo.

Es así como CREDIBANCO, quien tenía que “adoptar” la

recomendación técnica del ministro consejero de la Presidencia de la

República, decidió de manera voluntaria abstenerse de presentar

ante la SIC los criterios objetivos y la metodología para la

cuantificación de costos, conforme lo puso de presente en la referida

comunicación de 13 de agosto de 2007, dirigida a la entidad

demandada.

Por lo tanto, la Sala considera que si bien es cierto que la

recomendación técnica respecto de “los estudios que sirvan de base

para la determinación de los criterios objetivos y metodología para la

determinación de la Tarifa Interbancaria de Intercambio y/o la

40
Folio 382 C. Principal 1, CD, carpeta PUBLICO 20C- 20-531,-folio 274.

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definición de un nuevo modelo”, no fue realizada por la ministra

consejera de la Presidencia de la República, también lo es que la falta

de la misma no constituía ni generaba el incumplimiento de los

compromisos adquiridos por las Redes de establecer de manera

independiente las tarifas interbancarias de intercambio, sino la

obligación de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en

las resoluciones núms. 06817 y 06816 de 31 de marzo de 2005,

conforme lo expresó la SIC en la Resolución núm. 029497 de

2008, acusada, cuando al efecto dijo:

“[…] Es importante tener en cuenta que la no
presentación ante la Superintendencia de los criterios
objetivos y de la metodología para la cuantificación de
costos, dentro del plazo de 8 meses previsto en la
resolución 33813 de 2006, no constituía ni determinaba
el incumplimiento de los compromisos. La verificación de
esta circunstancia generaba como consecuencia la
obligación de dar cumplimiento a los compromisos
contenidos en la resolución 06817 de 2005.

Debe resaltarse adicionalmente que en la comunicación de la
Ministra Consejera Presidencial de fecha 4 de julio de 2007, se
recomienda a las redes y a los bancos suscriptores de las
garantías “solicitar formalmente a la Superintendencia de
Industria y Comercio una adición al plazo inicialmente
previsto en las resoluciones (8 meses), de al menos
cinco (5) meses, de forma que el proceso de contratación
y ejecución de la tarea se desarrollen adecuadamente”.
Lo anterior con ocasión de las demoras e inconvenientes
presentados en la contratación del consultor que determinaría
la metodología de cálculo de las tarifas.

Ni Credibanco, ni su representante legal, ni sus bancos
asociados solicitaron prórroga del plazo de 8 meses para
presentar los estudios. La no presentación de los criterios y
metodología para la cuantificación de los costos para

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determinar las Tarifas interbancarias de intercambio
correspondió a un acto absolutamente voluntario de
Credibanco y de bancos asociados, el cual como lo señaló el
Consejo de Estado “No es oponible al Estado”.

[…]

En efecto, está plenamente acreditado en el expediente
que Credibanco y sus bancos asociados, en reunión
extraordinaria de su Asamblea de Asociados celebrada el 19 de
junio de 2007, es decir, con anterioridad al vencimiento del
plazo en mención y de manera voluntaria decidieron
sustraerse del cumplimiento de los compromisos
asumidos ante la SIC, al modificar los estatutos y eliminarle
a Credibanco la función de establecer las tarifas interbancarias
de intercambio.

Y es que no puede perderse de vista que Credibanco en la
comunicación radica en esta Superintendencia el 13 de agosto
de 2007, manifestó a esta Entidad que con ocasión de la
reforma introducida a sus estatutos: “…CREDIBANCO no está
en capacidad de presentar a la SIC ‘los criterios objetivos
y la metodología para la cuantificación de costos a que
hace referencia el literal c) del aparte iv del numeral
2.1.1 del Considerando Cuarto de la Resolución 33813 de
11 de diciembre de 2006 de la Superintendencia de
Industria y Comercio, ni de celebrar o ejecutar cualquier
otro acto o desarrollar cualquier otra actividad que
implique o requiera la determinación por parte de
CREDIBANCO de una, dos, varias o todas las tarifas
interbancarias de intercambio a que se refiere la citada
Resolución”.

De acuerdo con lo anterior, la falta de la recomendación
técnica de la Ministra Consejera no es constitutiva ni
directa ni indirectamente del incumplimiento de los
compromisos objeto de la presente actuación, de
acuerdo con los cuales corresponde a Credibanco
establecer de manera independiente las tarifas
interbancarias de intercambio [...]” (Las negrillas y
subrayas fuera de texto).

Al respecto, debe puntualizarse que las Redes al no presentar los

estudios técnicos de los criterios objetivos de costos y las

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metodologías para el cálculo de las TII no podían seguir aplicando los

promedios máximos de tarifas provisionales, antes indicados, sino

que debían dar cumplimiento a los compromisos establecidos en las

resoluciones núms. 06817 y 06816 de 31 de marzo de 2005, que

señalaban que a las Redes les correspondía la determinación de las

TII, teniendo en cuenta los costos relacionados con el servicio al

establecimiento de comercio de transferencia y la utilidad.

Además de lo anterior, la Sala debe precisar que si bien es cierto que

para la definición de los criterios objetivos de costos y la metodología

para cuantificación de los mismos, CREDIBANCO debía “adoptar”

la recomendación técnica de la ministra consejera de la Presidencia

de la República y, por ende, dicha recomendación podría resultar

“determinante” para tal definición (contrario a lo señalado por el a

quo), también lo es que el hecho de que la misma no se hubiere

efectuado, no constituyó la causa del incumplimiento declarado en

los actos demandados si se tiene en cuenta que las razones que

dieron lugar a ello provienen de la misma parte actora en cuanto las

Redes se abstuvieron de fijar directamente las TII y a que los bancos

asociados decidieron determinarlas directamente, además de que

CREDIBANCO eliminó esa función de sus estatutos, como se puso

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de presente en las comunicaciones de 7 de junio de 2007 y de 6, 13,

14 y 21 de agosto de ese año. De ahí que no prospere este cargo.

La segunda censura es la referente a que la SIC violó el debido

proceso, al desechar el recurso de reposición interpuesto contra la

Resolución núm. 46791 de 2009, “Por la cual se deciden los

recursos de reposición interpuestos contra la Resolución núm.

029497 de 2008”, al negar su trámite sin resolverlo de fondo y al

argumentar que no existen puntos nuevos en la citada decisión

recurrida, a pesar de que es claro que sí los hay.

Explicó que los puntos nuevos dan lugar a que sea posible, de

conformidad con el inciso 3º del artículo 348 del Código de

Procedimiento Civil, interponer recurso de reposición contra la citada

resolución que resolvió acerca de los recursos de reposición

interpuestos.

Frente a esta censura, la Sala estima que le asistió razón a la SIC al

considerar que el recurso de reposición interpuesto por el actor

contra la Resolución núm. 46791 de 2009, “Por la cual se deciden

los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución núm.

029497 de 2008”, era improcedente.

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Cabe mencionar que el artículo 50 del CCA prevé, por una parte, que

el recurso de reposición procede ante el mismo funcionario que

tomó la decisión que puso fin a la actuación administrativa, para que

la aclare, modifique o revoque; y, por la otra, que no habrá apelación

de las decisiones de los Superintendentes, como es el caso de los actos

acusados.

A su vez el artículo 62 ibidem, numeral 2, establece que cuando los

recursos interpuestos se hayan decidido, los actos administrativos

quedarán en firme.

En el presente caso, resueltos los recursos de reposición interpuestos

contra la Resolución núm. 029497 de 2008, a través de la

Resolución núm. 46791 de 2009, el acto administrativo

(recurrido) quedó en firme, por cuanto contra el mismo no procedía

recurso alguno.

Por lo tanto, el recurso de reposición interpuesto por la parte actora

contra la Resolución núm. 46791 de 2009 era improcedente.

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Ahora, el apelante insiste en que la Resolución núm. 46791 de

2009, “Por la cual se deciden los recursos de reposición interpuestos

contra la Resolución núm. 029497 de 2008”, sí era susceptible del

recurso de reposición, de conformidad con el inciso 3º del artículo

34841 del Código de Procedimiento Civil, por contener puntos nuevos.

Sobre el particular, debe ponerse de presente que la aplicación de

las normas del Código de Procedimiento Civil42 es dable solo cuando

se trate de un aspecto no regulado por el CCA, en virtud de lo previsto

en el artículo 267 del CCA43; empero, como se demostró

anteriormente, lo correspondiente a los recursos en la vía

gubernativa sí se encuentra regulado por esta codificación, en sus

artículos 50 a 62, de ahí que no resulte aplicable, en este caso, el

artículo 348 del CPC.

No obstante de quedar claro que el recurso de reposición interpuesto

contra la Resolución núm. 46791 de 2009 es improcedente, la

41
“[…] Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez,
contra los del Magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen.

[…] El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga
puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos
pertinentes respecto de los puntos nuevos […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
42
En adelante C. de P.C.

43
“[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo […]”.

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Sala debe poner de presente que, contrario a lo manifestado por el

actor, dicha resolución no contiene puntos nuevos, que debían ser

aclarados, respecto de la Resolución núm. 029497, dado que si

bien en la citada Resolución núm. 46791 se hicieron

modificaciones y aclaraciones a la resolución recurrida, relacionadas

con los compromisos aceptados en las resoluciones núms. 06817 y

06816 de 2005, 33813 y 34402 de 2006 y con los argumentos

planteados en los recursos interpuestos, también lo es que los

argumentos o fundamentos complementarios o sustitutos que se

tuvieron en cuenta para confirmar o modificar o aclarar las

conclusiones de la Resolución núm. 029497 de 2008 no deben ser

entendidos como puntos nuevos de debate, toda vez que devienen

de un mismo y único asunto jurídico, circunscrito al debate propuesto

mediante los correspondientes recursos de reposición, para efectos

de determinar si la decisión recurrida debía confirmarse, modificarse

o revocarse.

En tratándose de puntos nuevos de debate, es del caso traer a

colación el proveído de 13 de noviembre de 201944, en el que esta

Sección señaló lo siguiente:

44
Expediente núm. 2007-00321-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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“[…] Sin embargo, en aras de dilucidar lo que debe entenderse
como “puntos nuevos”, el Despacho estima pertinente resaltar
lo manifestado por esta Corporación al respecto45:

“[…] Para abundar en argumentos que sirven de
soporte a la conclusión que se deja expuesta, importa
poner de presente que cuando en contra de una
determinada decisión judicial se interponen, de
manera oportuna y adecuada, los recursos que la ley
contempla y autoriza, el juez de la causa cuenta, en
principio, con tres alternativas o posibilidades, a
saber: a) confirmar el auto recurrido; b) modificar la
decisión impugnada, ó c) revocar la providencia
atacada.

Así pues, en cualquiera de esas hipótesis,
incluida la opción consistente en revocar la
providencia atacada –cuestión que en la mayoría
de los casos supone lógicamente la adopción, en
lugar de la revocada, de una decisión opuesta o
contraria a la inicial–, estima la Sala que tal
definición de ninguna manera puede tenerse
como un aspecto o un punto nuevo no decidido
en la providencia que le precedió, pues aunque
ambas decisiones –en su contenido, en su
alcance, en su sentido e incluso en su forma
gramatical–, necesariamente han de resultar
distintas, lo cierto es que devienen de un mismo
y único asunto jurídico circunscrito al debate
propuesto mediante el correspondiente recurso
de reposición, para efectos de determinar si la
decisión atacada debe confirmarse, modificarse
o revocarse […]” (Resaltado del Despacho).

En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, al referirse a la procedencia excepcional
del recurso de reposición frente a los autos que previamente
resuelve otra reposición, por asuntos o puntos nuevos,
señaló46:

“[…] Como lo ha entendido la doctrina, por ‘puntos
no decididos’ que para estos efectos también se los
califican de ‘nuevos’, son los que por primera vez

45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 18 de
marzo de 2010, expediente 25000-23-26-000-2000-00764-02(35010), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

46
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de junio 9 de 1980. M.P. Humberto Murcia
Ballén.

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aparecen en la parte resolutiva del auto que
resuelve la reposición, pero no en sus
considerandos; es decir, que las nuevas
argumentaciones que esgrima el juez, las
razones complementarias o sustitutivas que
tengan en cuenta para confirmar o alterar las
conclusiones del primer auto no pueden
considerarse como PUNTOS NO DECIDIDOS O
NUEVOS.

Cuando el resultado de la primera reposición es
la revocatoria total del auto impugnado, no hay
novedad jurídicamente hablando; es claro que
gramaticalmente el contexto de la providencia
es distinto al de la primera y que su decisión es
la contraria: el auto que admite una demanda y
el que revoca ese, son, en su contenido,
antitéticos, opuestos. Pero no puede en rigor
jurídico decirse que el último contiene puntos no
decididos en el anterior, pues en verdad que lo
estudiado y decidido en ambas providencias es
el mismo punto: si la demanda es o no admisible.
(Negrilla original del texto).

Esta misma ha sido la posición de la doctrina cuando indica lo
siguiente:

“[…] Por punto nuevo se entiende el contenido en las
decisiones del auto, es decir, en las resoluciones
adicionales que adopte, y no los argumentos o
fundamentos complementarios o sustitutos que se
tengan en cuenta para confirmar o modificar las
conclusiones del primer auto. Cuando el auto que
falla la reposición se limitar a revocar total o
parcialmente, la parte contraria a quien obtuvo la
reposición puede apelar si el auto tiene este
recurso47 […]” (Resaltado del Despacho) […]” (Las
subrayas fuera de texto).

Por lo anterior, tampoco prospera este cargo.

47
Hernando Devis Echandía, “Compendio de Derecho Procesal Teoría General del Proceso”,
Decimocuarta Edición, Editorial ABC, 1996, Pág. 566-567.

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La tercera censura es la concerniente a que la SIC debió

fundamentar los actos administrativos que dieron por terminada una

actuación administrativa sobre la libre competencia económica, en

un análisis o estudio de carácter económico y sobre el mercado

relevante colombiano.

Sobre el particular, la Sala debe precisar, en primer lugar, que la

actuación administrativa que culminó con los actos acusados tenía

como finalidad verificar el cumplimiento de los compromisos

adquiridos en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005, 33813

y 34402 de 2006, por los cuales se crearon unas situaciones jurídicas

particulares y concretas, y no las presuntas prácticas comerciales

restrictivas de la libre competencia económica.

En segundo lugar, debe aclararse que a través de los actos acusados

se decretó el incumplimiento de los compromisos o garantías

aceptadas por la SIC en las resoluciones núm. 06816 y 06817 de

2005, modificadas por las núms. 34402 y 33813 de 2006, se exigió

el cumplimiento de las mismas y se hicieron efectivas unas pólizas,

por cuanto los bancos asociados asumieron la función de determinar

las TII, que de acuerdo con las garantías (compromisos) estaba a

cargo de las Redes.

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Dichos compromisos se adquirieron de manera voluntaria y fueron

aceptados con el objeto de que se efectuara la clausura o terminación

anticipada de la investigación, adelantada por la SIC, por la

realización de presuntas prácticas comerciales restrictivas de la

competencia, CREDIBANCO y REDEBAN S.A., coadyuvados por los

bancos asociados a cada una de las Redes, entre ellos el actor, como

se indicó anteriormente.

En cuanto a las referidas resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005,

33813 y 34402 de 2006, por las cuales se adquirieron los

compromisos, que fueron declarados incumplidos mediante los actos

demandados, es del caso traer a colación el concepto de 5 de marzo

de 2008 por la Sala de Consulta y Servicio Civil48, que al resolver un

conflicto de competencia entre la Superintendencia Financiera y la SIC,

precisó acerca de su firmeza y su carácter vinculante.

Así, discurrió la Sala:

“[…] se observa que el conflicto planteado parte de un hecho
no controvertido ni discutido, cual es la vigencia de unos actos
administrativos en firme, contenidos en las Resoluciones
06816 y 06817 de 2005, modificadas por las
Resoluciones 33813 y 34402 de 2006 descritas en los
antecedentes de esta providencia, por los cuales se
crean unas situaciones jurídicas particulares y
concretas, proferidos en el curso de actuaciones
administrativas, derivadas de las potestades de policía
48
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 5 de marzo de 2008, C.P. Gustavo
Aponte Santos, núm. único de radicación 1100103060020080000700.

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administrativa y sustentadas en la función interventora
del Estado.

Dada su firmeza, tales actos administrativos tienen
carácter ejecutivo y ejecutorio, y por tanto la
administración tiene plena capacidad para su ejecución,
conforme al Código Contencioso Administrativo:

“ARTICULO 64. CARACTER EJECUTIVO Y EJECUTORIO
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Salvo norma
expresa en contrario, los actos que queden en firme al
concluir el procedimiento administrativo serán
suficientes, por sí mismos, para que la
administración pueda ejecutar de inmediato los actos
necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales
actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad
de los interesados.”

No cabe duda pues, de la ejecutoriedad por parte de la
administración de las obligaciones derivadas de los actos
administrativos, al amparo de la legislación administrativa […]”

De otra parte, es necesario tener en cuenta que los actos
administrativos se expidieron en el curso de una actuación
administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio,
en ejercicio de las funciones que le atribuye el decreto 2153 de
1992 y con ocasión del procedimiento especial que el mismo
decreto establece al permitir terminar la investigación cuando
el presunto infractor ofrezca las suficientes garantías para
suspender las conductas objeto de investigación.

En efecto, prevé el artículo 52 del decreto 2153 de 1992:

“ARTICULO 52. PROCEDIMIENTO. Para determinar si existe
una infracción a las normas de promoción a la competencia
y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este
Decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio
deberá iniciar actuación de oficio o por su solicitud
de un tercero y adelantar una averiguación
preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad
de realizar una investigación.

Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará
personalmente al investigado para que solicite o aporte las
pruebas que pretenda hacer valer. Durante la investigación
se practicarán las pruebas solicitadas y las que el
funcionario competente considere procedentes.

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Instruida la investigación se presentará al Superintendente
un informe motivado respecto de si ha habido una
infracción. De dicho informe se correrá traslado al
investigado.

Durante el curso de la investigación, el
Superintendente de Industria y Comercio podrá
ordenar la clausura de la investigación cuando a su
juicio el presunto infractor brinde garantías
suficientes de que suspenderá o modificará la
conducta por la cual se le investiga.

En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código
Contencioso Administrativo”. (Negrillas de la Sala)

Este mecanismo contenido en el precepto transcrito, llama la
atención de la Sala no sólo porque representa un instrumento
eficaz en función del cumplimiento de las atribuciones de
inspección, vigilancia y control49, sino también por los cimientos
dogmáticos y valores garantizados constitucionalmente sobre
los que se edifica su aplicación. En especial al principio de la
buena fe (art. 83 de la C. P.), toda vez que quien reconoce y
acepta la autoridad de intervención, se ve beneficiado de la
terminación de la actuación en su contra, todo ello en razón de
los efectos jurídicos que el legislador reconoce a la
manifestación de voluntad de cesar las prácticas y de cumplir
los compromisos que se adquieren.

En esta perspectiva se entiende la participación en el
mencionado procedimiento, tanto de las administradoras de los
sistemas de pago, como de los bancos que también
comprometieron su responsabilidad bajo la aceptación del
supuesto normativo del ejercicio de la competencia de
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Industria y
Comercio, y que en el conflicto planteado se concreta en la
presencia de actos administrativos en firme no
controvertidos, dotados del carácter ejecutivo y
ejecutorio […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Frente a la competencia de la SIC para exigir el cumplimiento de

los referidos compromisos, que fueron declarados incumplidos,

mediante los actos demandados, el citado concepto de 5 de marzo de

49
Ver sentencia de abril 25 de 2002 de la Sección Primera de esta Corporación. (Rad. 7261).

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2008 por la Sala de Consulta y Servicio Civil50, también señaló lo

siguiente:

“[…] 4.2.3.3 La SIC está facultada para exigir el
cumplimiento de las mencionadas Resoluciones en
cuanto se refieren a las redes, sus representantes
legales y los bancos asociados, ya que tienen poder
jurídico vinculante sobre todas estas personas.

Las resoluciones tantas veces nombradas cobijan a Credibanco
y Redeban, a sus representantes legales y a los bancos
asociados a dichas redes que coadyuvaron en los compromisos
aceptados mediante esas resoluciones por la SIC.

En la presente actuación se ha pretendido cuestionar a la SIC
por el hecho de exigir el cumplimiento de las mencionadas
resoluciones en cuanto conciernen a las redes y sus
representantes legales, no por el hecho de que no sean sujetos
de vigilancia de la SIC, en cuanto a las normas sobre libre
competencia y prácticas comerciales restrictivas, sino por la
circunstancia de que las redes efectuaron una reforma
estatutaria interna en la cual se les suprimió la facultad de fijar
las TIIs, dejando esta labor a cargo de los bancos y que por
esta razón, la SIC perdería su competencia frente a todos los
involucrados. Sin embargo, lo cierto es que las redes y sus
representantes se obligaron válidamente ante la SIC y
ofrecieron cumplir unos compromisos que fueron aceptados por
esta autoridad en la seguridad de que serían honrados, y por
lo tanto, clausuró la investigación que estaba adelantando.

Es claro, entonces, que las obligaciones se mantienen ya
que derivan de actos administrativos en firme como se
señaló, que tienen plena vigencia y fuerza ejecutoria sin
que sea argumento sostener que por una reforma
estatutaria posterior del obligado, éste perdió la
capacidad jurídica de cumplirlos.

Una reforma estatutaria en tal sentido, mientras pendía sobre
las redes y sus representantes la responsabilidad de cumplir los
compromisos aceptados por la SIC, no es oponible al Estado.

Recuérdese que el poder vinculante del Estado se funda en la
satisfacción del interés general y en la protección y efectividad

50
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de los derechos de las personas (art. 2 C.P.) y, en esa medida,
sus actos no pueden ser derogados por voluntad de los
particulares.

La autonomía de la voluntad de las organizaciones privadas
emanada de los artículos 16 y 38 de la Constitución, tiene límite
en los principios de buena fe y respeto del acto propio, que
operan no sólo para el Estado, sino también respecto de los
particulares51. Así, todas las personas y autoridades que
intervienen en la actuación administrativa o judicial, están
obligadas a actuar de buena fe y con lealtad procesal, en tanto
que el debido proceso en la modalidad de respeto a la actuación
propia significa para todas ellas y no sólo para el Estado, “la
imposibilidad para quien actúa y genera con ello una situación
particular y concreta, de desconocer su propia conducta, y
vulnerar con ello los principios de buena fe y confianza
legítima”52.

Así pues, no se puede alegar un hecho propio como
eximente de una obligación.

En el presente caso, los compromisos fueron adquiridos
de manera voluntaria y con plena capacidad para
obligarse, de modo que si no se pueden cumplir por un
hecho propio del obligado y ajeno por completo a la
autoridad, resulta procedente hacer efectivas las
garantías de cumplimiento.

[…]

Sin embargo, es preciso anotar que los bancos asociados a las
redes se encuentran obligados por causa de las resoluciones
aludidas, no por ser sujetos sometidos a la vigilancia y control
de la SIC en materia financiera sino porque se
comprometieron jurídicamente al coadyuvar los
ofrecimientos de las redes y sus representantes legales
para que la SIC clausurara la investigación.

La obligación de los bancos asociados ante la SIC tiene su
fuente jurídica en su manifestación de voluntad que al ser
aceptada por ésta mediante las mencionadas resoluciones,
debe ser cumplida conforme a lo estipulado en ellas.

No es que la SIC esté invadiendo la esfera de competencia de
la SFC en cuanto concierne a los bancos sino que éstos se

51
Sentencia T-618 de 2007. Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
52
Sentencia T-079 de 2004, Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En el mismo
sentido, Sentencia T-544 de 2003, Corte Constitucional, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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obligaron válidamente ante la SIC, y en tal virtud, por dicha
causa, deben cumplir sus compromisos.

A este respecto es pertinente aceptar la argumentación del
Superintendente de Industria y Comercio en su escrito:

La competencia que se ha ejercido en el presente caso
corresponde a la atribuida expresamente por la ley. En
consecuencia, independientemente que los bancos estén
sometidos a la vigilancia de la SFC, es lo cierto que en su
condición de asociados a Credibanco y Redeban y de
participantes de los sistemas de pagos administrados
por dichas redes, asumieron voluntariamente
obligaciones ante la SIC y coadyuvaron las garantías
ofrecidas por estas entidades toda vez que las
obligaciones adquiridas por ellos formaban parte del nuevo
mecanismo propuesto para garantizar la operación del
sistema de pagos de bajo valor bajo un esquema
competitivo. Coadyuvancia que sin duda resultó
indispensable para haber admitido la clausura de la
investigación” (folio 343) (Resalta la Sala).

Y en cuanto al principio de la buena fe, indica el
Superintendente de Industria y Comercio:

“La Superintendencia de Industria y Comercio teniendo en
cuenta los nuevos compromisos ofrecidos por las
redes y sus bancos asociados y en aplicación del
principio de buena fe presumió la voluntad de
cumplimiento de los mismos, aceptó las
modificaciones solicitadas (ver resoluciones 33813 y
34402 de 2006), revocó las instrucciones impartidas en
la resolución de incumplimiento 12040 de 2006 tendientes
a corregir las inconsistencias identificadas y otorgó a las
redes el plazo solicitado para elaborar nuevamente los
nuevos estudios de costos para establecer las Tarifas
Interbancarias de Intercambio” (folio 345) (Destaca la
Sala).

En síntesis, la SIC está facultada para exigir el
cumplimiento de sus Resoluciones 6816 y 6817 de 2005
modificadas, respectivamente, por las Resoluciones
34402 y 33813 de 2006, en cuanto éstas tienen poder
jurídico vinculante sobre las redes, sus representantes
legales y sus bancos asociados. […]” (Las negrillas y
subrayas fuera de texto).

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Ante la firmeza de las citadas resoluciones y, en consecuencia, el poder

jurídico vinculante sobre las Redes y los bancos asociados, fue lo que

sirvió de fundamento a la SIC, a través de los actos acusados, para

que pudiera declarar el incumplimiento de los compromisos derivados

de los ofrecimientos de garantías, aceptadas por ella, exigir el

cumplimiento de esos compromisos y hacer efectivas unas pólizas.

No puede perderse de vista, además, que de acuerdo con lo

establecido en el numeral 3.4 del considerando TERCERO y en la

parte resolutiva de las citadas resoluciones núms. 06816 y 06817 de

2005, la SIC tiene el deber verificar el correcto funcionamiento de los

mercados, el cual no se verá satisfecho sin un esquema de

seguimiento, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento de los

compromisos que fueron aceptados por la SIC (como condición para

clausurar la investigación que adelantaba contra las Redes por

violación de las normas de libre competencia), así como para

asegurar que no se incurra nuevamente en las conductas que dieron

lugar a la investigación.

Precisamente, “[…] En dichas resoluciones claramente se puso de

presente que el esquema de seguimiento se debía entender, sin

perjuicio de las facultades de verificación, que le confiere a la

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SIC el artículo 2º del Decreto 2153 y las normas concordantes,

las cuales podrán ser ejercidas en cualquier momento […]”53.

Por lo tanto, no era necesario fundamentar los actos demandados,

en un análisis o estudio de carácter económico y sobre el mercado

relevante colombiano, máxime aún porque, como lo expresó el

fallador de primera instancia, no hay norma alguna que exija el

estudio técnico económico para sustentar las decisiones contenidas

en los acusados expedidos por la SIC.

Así, lo sostuvo el a quo:

“[…]Antes de entrar a resolver lo argumentado por el BCSC
estima la Sala pertinente advertir que este no indicó
norma alguna que exija el estudio técnico económico al
que se hace referencia para sustentar las decisiones
contenidas en los actos acusados expedidos por la SIC,
por ende no hay fundamento legal para afirmar que la
realización del mismo sea obligatoria antes de declarar
el incumplimiento de unos compromisos asumidos
tanto por las redes como por sus bancos asociados ni
para exigir el cumplimiento de estos y hacer efectivas
las respectivas garantías otorgadas en su momento.

[…]

De lo expuesto colige la Sala que la aceptación de las garantías
y la clausura de la investigación implicaba la posibilidad de
poder verificar los compromisos ofrecidos por las redes y sus
bancos asociados para la concesión de tales beneficios, y si bien
no existe norma especial que le permita a la entidad
demandada la adopción simultánea de las medidas

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero
de 2020; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000232400020080013001.

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consistentes en (i) declarar el incumplimiento de los
compromisos ofrecidos, (ii) exigir su cumplimiento, y (iii) hacer
efectivas las garantías, ello no afecta la legalidad de los actos
acusados, pues los mismos se pueden expedir bajo la
competencia prevista en el Decreto 2153 de 1992.

En efecto, como el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992
permite que la SIC clausure la investigación y acepte las
garantías ofrecidas por el presunto infractor, la
consecuencia lógica de ello es que también pueda exigir
la ejecución de los compromisos ofrecidos, una vez
ordenada la efectividad de las garantías, o de lo
contrario carecería de fuerza vinculante el compromiso
suscrito con los interesados.

En el caso concreto la decisión adoptada por la SIC en los actos
acusados -de hacer efectivas las garantías- era procedente en
la medida en que la sola suficiencia de las mismas al momento
de ser otorgadas no solucionaba la situación irregular que había
originado la apertura de la investigación contra las redes por
prácticas restrictivas de la competencia en el manejo de las
tarjetas de pago, pues era menester que mediante el
cumplimiento de los compromisos las redes y sus bancos
asociados ajustaran su conducta a las normas sobre
competencia […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Al efecto, es del caso puntualizar que cuando la SIC aceptó las

garantías ofrecidas, de manera voluntaria, por las Redes y los bancos

asociados, y ordenó la clausura de la investigación, mediante actos

administrativos, en ejercicio de su competencia legal, estos actos

adquirieron el carácter de vinculantes y se hicieron de obligatorio

cumplimiento por las Redes y los bancos asociados. De ahí que si no

se cumplieron los compromisos ofrecidos, resultaba procedente hacer

efectivas las garantías de cumplimiento.

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Así las cosas, se reitera, a través de los actos demandados la SIC podía

declarar el incumplimiento de las garantías aceptadas en las

resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y 33813 y 34402 de 2006,

en cuanto los bancos asociados decidieron fijar directamente las TIIs

y las Redes se abstuvieron de determinarlas, exigir el cumplimiento

de las garantías y hacer efectivas las pólizas.

Ahora, en lo concerniente al argumento de que si se analiza

detenidamente la declaración del doctor JAVIER FERNÁNDEZ RIVA,

que obra en el expediente, se llega a la conclusión que el efecto de

aplicar las órdenes de que tratan los artículos Tercero y Cuarto de la

Resolución núm. 029497 de 2008, acusada, consistentes en que

la determinación de las TII solo puede incluir costos únicamente

relacionados con el servicio de establecimiento de comercio de

transferencias de los pagos realizados con tarjetas, serían altamente

nocivas para el derecho colectivo de la libre competencia económica

y afectaría gravemente a los consumidores, lo cual es ratificado por

el estudio denominado “Concentración del mercado de Tarjetas de

Pago VISA”, realizado por la doctora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ

RESTREPO, la Sala considera lo siguiente:

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Como ya se indicó, a través de la presente acción de nulidad se

analiza la legalidad de los actos administrativos acusados que

declararon el incumplimiento de unos compromisos ofrecidos

voluntariamente por las Redes y los bancos asociados y aceptados

por la SIC, y no los efectos de los mismos, razón por la cual los

presuntos efectos nocivos de su aplicación, señalados en los estudios

de los señores JAVIER FERNÁNDEZ RIVA y MARÍA ANGÉLICA

ARBELÁEZ RESTREPO no tienen incidencia en la legalidad de dichos

actos.

Además, debe puntualizarse que si bien el señor JAVIER FERNÁNDEZ

RIVA cuestionó el modelo presentado por CREDIBANCO a la SIC, que

fue aceptado en las resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y

33813 y 34402 de 2006, sobre el cual concluyó que ello conllevaba

una situación subóptima, porque en el mismo se indicaba que las TII

debía ser establecida con base en los costos en la prestación del

servicio de transferencia de pagos a los establecimientos de comercio,

también lo es que dicho modelo fue presentado y ofrecido

voluntariamente por la Red y aceptado como parte de un compromiso

que debía ser cumplido, para obtener la clausura de la investigación

que adelantaba la SIC, como consta en los ítems “2.1 Los

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compromisos que se adquieren” de las citadas resoluciones al inicio de

este párrafo.

Ahora, cabe resaltar que por tratarse de un compromiso adquirido y

aceptado por la entidad demandada, a través de las citadas

resoluciones, las cuales, como se dijo anteriormente, son actos en

firme, dotados de carácter ejecutivo y ejecutorio, el referido

cuestionamiento no tiene incidencia en el cumplimiento del

compromiso y en manera alguna podía conllevar su incumplimiento o

desconocimiento.

Y en cuanto al estudio realizado por la señora MARÍA ANGÉLICA

ARBELÁEZ RESTREPO, que según el apelante ratifica lo declarado por

el testigo JAVIER FERNÁNDEZ RIVA, la Sala estima que este tampoco

puede tener incidencia en el cumplimiento de unos compromisos que

fueron aceptados por la SIC, a través de unos actos administrativos

(resoluciones núms. 06816 y 06817 de 2005 y 33813 y 34402 de

2006) con las características antes anotadas, máxime cuando se trata

de un estudio realizado en diciembre de 200854, es decir, con

posterioridad a los citados actos.

54
Folio 467 del C. Anexo.

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Por último, en lo que respecta a lo sostenido por el apelante, en el

sentido de que en lo demás de la sentencia impugnada, se sirvan

tener en cuenta las razones expresadas en el concepto de violación

de la corrección de la demanda, la Sala advierte que es necesario

que en el recurso de apelación se expongan las razones por las cuales

no se comparten las consideraciones del a quo, en orden a que el

juzgador confronte los fundamentos de la sentencia con los

argumentos que sustentan la inconformidad del apelante. En

consecuencia, la Sala no podrá pronunciarse sobre aspectos

diferentes a los controvertidos en el escrito de sustentación del

recurso de apelación.

Frente a este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 23

de enero de 202055, proferida por esta Sección, en la que se señaló

lo siguiente:

“[…] En este contexto se ha considerado que el recurso de
apelación se encuentra establecido para que el afectado con
una decisión judicial le formule reparos, inconformidades o
cuestionamientos, lo que conlleva a que la parte que lo
interponga dirija su sustentación a esos aspectos.

Esta posición ha sido prohijada por la Sala de tiempo atrás,
esto es, en las sentencias de 3 de julio y 4 de septiembre de
201456, oportunidades en las cuales esta Sección consideró lo
siguiente:

55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 23 de enero de 2020,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 250003250002012051401.
56
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de fechas 3 de julio y 4 de
septiembre de 2014. Rad.: 2004 – 00228 y 2007 – 90029. Magistrado Ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala.

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“Sobre el punto de la sustentación del recurso de
apelación, esta Corporación ha precisado lo siguiente:

“Si bastara al recurrente afirmar en todos los
casos, al impugnar una decisión judicial, que se
atiene a lo afirmado y sostenido en el curso de
la instancia, sobraría en absoluto la exigencia
perentoria contenida en el inciso segundo del
artículo 212 del C.C.A.

La necesidad de que el recurrente aporte
argumentos en contra de los fundamentos del
fallo apelado, los cuales constituyen la base de
estudio de la decisión de segundo grado, es
reafirmado por el inciso subsiguiente al
sancionar con la deserción del recurso la
omisión del requisito en estudio.

Al no haber expuesto el recurrente las razones
que motivaron su disconformidad con las
motivaciones y conclusiones de la sentencia que
puso fin a la primera instancia, no le es
permitido al ad quem hacer un nuevo estudio de
fondo acerca de las pretensiones invocadas, sin
incurrir en palmario quebranto de la norma
procedimental que exige la debida sustentación
del recurso de apelación.” (Sentencia de 6 de junio
de 1987, Exp: 338, C.P.: Dr. Samuel Buitrago
Hurtado)

En otra oportunidad, señaló:

“Tal exigencia implica que el recurrente en el
escrito de sustentación señale el ámbito o marco
procesal a que debe circunscribirse el juez ad
quem para decidir el recurso.

La competencia de éste queda pues limitada a
confrontar la providencia recurrida con los
motivos de inconformidad aducidos por el
recurrente. No puede, por consiguiente, el juez
de segundo grado analizar la providencia
recurrida en aspectos diferentes a los
controvertidos en el escrito de sustentación del
recurso.” (Sentencia de 17 de julio de 1992, Exp:
1951, C.P.: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)

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Posteriormente, manifestó:

De acuerdo con la jurisprudencia. “… el deber de
sustentar este recurso (el de apelación) consiste
precisa y claramente en dar o explicar por
escrito la razón o motivo concreto que se ha
tenido para interponer el recurso, o sea para
expresar la idea con un criterio tautológico,
presentar el escrito por el cual, mediante la
pertinente crítica jurídica, se acusa la
providencia recurrida a fin de hacer ver su
contrariedad con el derecho y alcanzar por ende
su revocatoria o modificación.” (Corte Suprema de
Justicia, Providencia de agosto 30 de 1984, M.P. Dr.
Humberto Murcia Ballén, Código de procedimiento
Civil, José Fernando Ramírez Gómez, Colección
Pequeño Foro, pág. 319) (Auto de Sala Unitaria de 17
de marzo de 1995, Exp. 3250, C.P. Dr. Libardo
Rodríguez Rodríguez). (Negritas de la Sala)

En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios
atrás expuestos, en cuanto a que el presupuesto
sine qua non de la sustentación del recurso de
apelación es la referencia clara y concreta que el
recurrente haga de los argumentos que el juez
de primera instancia consideró para tomar su
decisión, para efectos de solicitarle al superior
jerárquico funcional que decida sobre los puntos
o aspectos que se plantean ante la segunda
instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico
aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo
grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en
orden a concluir si la sentencia merece ser o no
confirmada.

7.1.6.- Toda vez que la finalidad del recurso de
apelación es que el superior estudie la cuestión
decidida en la providencia de primer grado y la
revoque o reforme, es necesario que en dicho
recurso se expongan las razones por las cuales
no se comparten las consideraciones del a quo,
en orden a que el juzgador confronte los
fundamentos de la sentencia con los argumentos
que sustentan la inconformidad del apelante.

Por consiguiente, cuando el recurso se muestra
insuficiente dado que se limita a reproducir el
concepto de violación expuesto en la demanda,

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tal y como acontece en este asunto, el Juez no
tiene más remedio que confirmar la decisión”
(Negrillas y subrayado fuera texto).

La anterior posición fue reiterada por la Sala de decisión de la
Sección Primera en sentencia de fecha 3 de diciembre de
201857-58, tal y como se observa a continuación:

“Para el caso sub judice, luego de confrontar los
argumentos expresados por el apoderado de la
sociedad demandante, la Sala observa que los
argumentos contenidos en el recurso de
apelación, son exactamente los mismos
argumentos esgrimidos en el texto de la
demanda sin diferencia alguna salvo en el orden
en que fueron relacionados por el apoderado de
la demandante, pero en todo caso lo cierto es
que no formuló ningún reproche,
cuestionamiento, reparo o inconformidad
respecto de los argumentos esgrimidos en la
sentencia de primera instancia, con fundamento
en los cuales se adoptaron las decisiones
cuestionadas.

Cotejado el escrito de la apelación, la Sala encuentra
que se está ante el mismo supuesto fáctico del fallo
que se está reiterando del pasado 16 de junio, en el
que se dijo lo siguiente:

“El recurrente no hace, en lo absoluto,
motivación alguna que refute las
consideraciones expuestas por el a quo en el
fallo recurrido, con lo cual deja a esta Sala,
desprovista de todo elemento que le permita
revisar la sentencia, en esa medida, la Sala no
puede efectuar ningún juicio de valor respecto
del fallo objeto de apelación por lo que habrá de
confirmarse la sentencia del Tribunal”.

En efecto, comparados minuciosamente cada uno
de los párrafos del escrito de apelación, se
verificó que corresponden de forma idéntica a
los del escrito de la demanda, por tanto quedó

57
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio
de 2016. Rad.: 2011 – 00171. Magistrada Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso.
58
Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 16 de junio de 2016, Radicación 25000-23-
24-000-2003-00840-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 3 de julio de 2014, Radicación 25000-23-
24-000-2004-00228-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 23 de julio de 2015, Radicación 73001-23-
31-000-2010-00082-01, C.P. María Elizabeth García González.

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133

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00193-02
Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.

acreditado que el apoderado de la demandante
no expresó manifestación de inconformidad
alguna respecto de las razones por las cuales, el
a quo declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de
la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, menos aún controvirtió o
manifestó su oposición por la decisión de la
primera instancia de inhibirse de pronunciar
sobre la violación de varias disposiciones legales
invocadas como vulneradas, al advertir que
carecían de fundamentación respecto del
concepto de la violación” (Negrillas y subrayado
fuera texto).

[…]

En efecto, si el objeto del recurso de apelación es que el
superior analice la decisión adoptada en la sentencia
objeto de alzada, resulta imperioso que el recurrente
exponga las razones por las cuales no comparte las
consideraciones que se tuvieron en cuenta en dicho
momento […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia

apelada y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Ahora, en cuanto a la condena en costas la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, razón por la cual no hay lugar a ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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134

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00193-02
Actor: BANCO CAJA SOCIAL, BCSC S.A.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de octubre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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