Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00202-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00202-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2010-00202-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica –
Emgesa S.A. – ESP hoy Enel Colombia S.A. ESP
Demandada: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
– CAR
Tema: Concesión de aguas: preservación de calidad,
obligaciones ambientales / imposición de medidas / competencia
de la CAR / obligaciones impuestas a Emgesa S.A. ESP: plan de
contingencia embalse del Muña.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. – ESP,
hoy Enel Colombia S.A. ESP, en contra de la sentencia de 7 de abril de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
1. La Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP, a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA,
presentó demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:
“[…] 1. Se declare la nulidad del artículo segundo de la Resolución 1318 de
2007, que señala …" ARTICULO SEGUNDO.- Modificar la resolución 603 del
29 de abril de 1997 y 1014 del 30 de julio de 1998 en el sentido de exigir a
EMGESA S.A. ESP la implementación de un plan de Contingencia ante la
eventual suspensión del bombeo de las aguas del Rio Bogotá al Embalse del
Muña el cual deberá formularse a partir de los resultados del estudio de calidad
del aire que se elabore conforme a los términos de referencia suministrado por
la CAR mediante auto 174 del 07 de julio de 2006...”.
1 Folios 64 a 84 y 138 A 140 C pp.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
2. Se declare la nulidad del artículo segundo de la Resolución 2000 del 15 de
septiembre de 2009 que señala ...” ARTICULO SEGUNDO No reponer el
artículo segundo de la resolución No. - 1318 del 22 de junio de 2007 en
consecuencia permanece incólume de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.... (sic)"
3. Que como consecuencia de la nulidad de los artículos demandados, se
declare que EMGESA S.A. ESP.- NO debe dar cumplimiento a lo ordenado en
el artículo segundo de la Resolución 1318 del 22 de junio de 2007 y confirmado
por el Artículo segundo de la resolución 2000 del 15 de septiembre de 2009.
4. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho se condene a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR), al pago a EMGESA del valor correspondiente a los perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales que los mencionados actos administrativos
le causaron, esto es en cuantía aproximada y superior a los trece millones de
dólares (US$13,000.000.oo.).
5. Que se declare que la CAR no puede indiscriminadamente ordenar a
EMGESA asumir costos de acciones u obras respecto de las cuales no existe
amparo legal para que la CAR las ordene, mucho menos con cargo al
presupuesto de EMGESA.
6. Que se declare que la CAR no esta (sic) facultada para trasladar a EMGESA
el costo de obras o acciones o estudios que compete desarrollar a la CAR de
manera directa con cargo a sus propios recursos y de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
7. Que la condena sea actualizada y se ordene el pago de los intereses
correspondientes, según el artículo 177 del C.C.A., desde la ejecutoria del fallo
hasta cuando se haga efectivo el pago de la sentencia.
8. Que se condene en costas a la parte demandada […]” (mayúsculas del
original).
I.1.1. Los hechos de la demanda2
2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:
3. El apoderado de la parte demandante señaló que, mediante la Resolución 603 de
29 de abril de 1997, la CAR otorgó a favor de la Empresa de Energía de Bogotá
S.A. ESP EEB una concesión de aguas de varias fuentes hídricas entre ellas el río
Bogotá que alimenta el embalse del Muña para la generación de energía eléctrica
a través de la cadena de generación Paraíso – La Guaca Pagua.
4. Precisó que, por la capitalización y transformación de la Empresa de Energía de
Bogotá S.A. ESP EEB se crearon dos entidades de derecho privado, Emgesa S.A.
ESP y Condensa S.A. ESP, donde la primera se encargaba de la generación de
energía.
2 Folios 66 a 72 y 140 a 146 C pp.
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Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
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5. Sostuvo que, mediante la Resolución 1014 de julio 30 de 1998, la CAR determinó
que a partir de ese momento la beneficiaria de la concesión era Emgesa S.A. ESP
por el término de 20 años.
6. Indicó que, mediante la Resolución 506 de 2005, la CAR aprobó el plan de acción
presentado por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP EEB; aplazó resolver
una solicitud de revocatoria de la Resolución 603 de 1997 y; ordenó a la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, a la EEB S.A. ESP y a Emgesa S.A.
ESP la ejecución de obligaciones solidarias.
7. Anotó que, mediante Resolución 1189 de 2005, la CAR resolvió los recursos de
reposición presentados por la EEB S.A. ESP, EAAB ESP y Emgesa S.A. ESP
contra la Resolución 506 en el sentido de confirmar y establecer que las
obligaciones son indivisibles y deben cumplirse conjuntamente.
8. Mencionó que, a través de la Resolución 1318 de 22 de junio de 2007, la CAR
resolvió una solicitud de revocatoria de la Resolución 603, modificada por la
Resolución 1014, presentada por la alcaldesa del municipio de Sibaté que había
sido aplazada por la Resolución 506 y, además se pronunció sobre el cumplimiento
de las obligaciones impuestas.
9. Destacó que, en el numeral 2° de la Resolución 1318 la autoridad ambiental le
impuso una obligación adicional a Emgesa S.A. ESP, en su calidad de titular de la
concesión de aguas, para que implementara un plan de contingencia ante la
eventual suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse del Muña,
a partir de los resultados de un estudio de calidad del aire, conforme con los
términos de referencia de los autos 174 de 7 de julio de 2006 y 217 de 15 de
septiembre de 2006, frente a lo cual, la demandante presentó recurso de reposición.
10. Precisó que, desde agosto de 2007, la CAR y Emgesa S.A. ESP realizaron
mesas técnicas de trabajo para cumplir con las obligaciones impuestas de lo que
resultó como conclusión que la “[…] la aireación forzada en el embalse del Muña,
es técnica y económica (sic) inviable, por la extensión y fluctuaciones de niveles de
inundación del mismo […]”.
11. Finalmente, advirtió que, mediante Resolución 2000 de 19 de septiembre de
2009, la CAR resolvió el recurso de reposición presentado por la demandante
contra la Resolución 1318 en el sentido de no reponerla.
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I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación3
I.1.2.1. Fundamentos de derecho
12. La parte demandante propuso los cargos de nulidad relacionados con la falsa de
motivación, desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos
acusados y desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, para lo cual
señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución Política,
artículos 6°, 29, 83, 84, 121 y 123; (ii) Código Contencioso Administrativo – CCA,
artículos 2°, 35 y 36; (iii) Ley 99 de 1993, artículos 45 y 72; (iv) Resolución 1145 de
2005 y; (iv) Resolución 2238 de 2006.
I.1.2.2. El concepto de violación
I.1.2.2.1. Falsa motivación
13. El apoderado de la parte demandante afirmó que los actos demandados se
encuentran falsamente motivados, toda vez que “[…] no incluyen en modo alguno
responsabilidades de la misma CAR debería asumir de manera directa por la
historia de la problemática del Embalse Muña […]”.
14. Señaló que el hecho que Emgesa S.A. ESP adelante actividades en un área
determinada, haga uso de recurso naturales renovables conforme a los permisos y
autorizaciones ambientales otorgadas, implemente medidas de manejo ambiental,
cancele las transferencias ordenadas por el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y
asuma su responsabilidad ambiental y social con el ambiente y las comunidades
aledañas al embalse, no significa que deba asumir el deber legal de la CAR para
estudiar y analizar los problemas del río Bogotá en el área de su jurisdicción, así
como tampoco asumir los pasivos ambientales generados por otras entidades y por
décadas.
15. Puso de presente que la demandante capta aguas contaminadas del río Bogotá
y las devuelve a dicho afluente con una mejor calidad que al momento de la
captación, por lo que “[…] las obligaciones adicionales a las que se derivan de la
operación misma del embalse, carecen de fundamento constitucional y legal y
desdibujan las obligaciones a cargo de los particulares y premian la omisión del
Estado […]”.
16. Finalmente, advirtió que la CAR tiene un laboratorio ambiental certificado a nivel
internacional, por lo que no era procedente que solicitara a Emgesa S.A. ESP un
estudio de calidad del aire, conforme con los términos de referencia suministrados
por ellos mismos.
3 Folios 73 a 81 y 146 a 157 C pp.
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I.1.2.2.2. Desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos
administrativos acusados
17. Elapoderado de la parte demandante aseguró que los artículos 2° de las
resoluciones acusadas se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la CAR no
tuvo en cuenta que era técnicamente inviable realizar el plan de contingencia ante
la eventual suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse del
Muña, a partir de los resultados del estudio de calidad del aire, conforme con los
términos de referencia de los autos 174 de 7 de julio de 2006 y 217 de 15 de
septiembre de 2006.
18. De la inviabilidad de realizar el plan de contingencia, indicó que se soportaba en
las siguientes razones, según oficio de 5 de febrero de 2007:
“[…] Los escenarios requeridos para el monitoreo contemplan escenarios de
operación de las instalaciones que ponen en riesgo el abastecimiento
energético del país puesto que las condiciones del sistema interconectado
nacional obligan a la generación de seguridad con las plantas menores y la
cadena PAGUA, ambas alimentadas con las aguas del embalse del Muña.
Condiciones éstas que permanecen vigentes e incluso se han convertido en
críticas dada las condiciones meteorológicas actuales que han prendido las
alarmas ante un potencial racionamiento energético en el País.
No se cuenta con equipos para monitoreo de parámetros como CH2SH en
tiempo real. Lo anterior hace inviable la ejecución del estudio en los términos
previstos por la Corporación.
Ya se elaboró un estudio sobre este mismo tema, el cual ya reposa en la CAR.
Al respecto y con el fin de viabilizar el cumplimiento de los objetivos previstos
por la CAR, las Empresas propusieron complementar el estudio presentado,
con un modelo de dispersión de gases que permita resolver las inquietudes
presentadas por la Corporación […]”.
19. Aunado a lo anterior, destacó que el alcance de dicho estudio no incluiría la
evaluación de la salud pública entre Alicachín y el Salto de Tequendama. Asimismo,
afirmó que no era procedente realizar el mencionado plan de contingencia toda vez
que nace ante la probabilidad de la modificación de las condiciones de tránsito del
río Bogotá, circunstancia que la propia Resolución 1318 establece que está
descartada.
20. Por otra parte, agregó que la demandante ha venido adelantando acuerdos con
diferentes instituciones que operan y hacen seguimiento a la calidad del agua del
río Bogotá, lo que permite priorizar y ejecutar obras de corto plazo para mejorar las
condiciones ambientales y disminuir los impactos ambientales.
21. Además, puso de presente que Emgesa S.A. ESP ya cuenta con un plan de
manejo ambiental por las actividades derivadas de la operación de la Cadena
Pagua, el cual fue aprobado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
Territorial mediante las Resoluciones 1145 de 2005 y 2238 de 2006 para la Cadena
Pagua en Operación.
22. Preció que la demandante elaboró con INGETEC un plan de contingencia para
establecer los procedimientos a seguir frente a la ocurrencia de cada una de las
situaciones críticas identificadas en la etapa de análisis de riesgo, incluyendo el
contexto regional y la forma como el sistema interactúa con el ambiente y su
entorno.
23. Resaltó que el objeto de ese plan era contar con información oportuna y con la
formulación de procedimiento o protocolos de reacción o respuesta que Emgesa
S.A. ESP debe seguir frente a las posibles situaciones críticas o de emergencia que
se pueden presentar, en lo particular para la operación de la compuerta de
Alicachín, que tiene como fin represar las aguas del río Bogotá para su bombeo al
embalse del Muña por medio de las estaciones I, II y III, las cuales conforman las
obras de captación de agua para la generación que abastece la cadena Pagua.
24. Anotó que el desarrollo de dicho plan se basó en los resultados obtenidos del
análisis de riesgo que incluyó la evaluación de las amenazas de origen natural y
antropogénico en el área de influencia del embalse del Muña, así como de la
vulnerabilidad de los componentes del sistema.
25. Sobre la implementación de ese plan manifestó que se han desarrollado
procedimientos generales de respuesta ante emergencias y protocolos de
operación especialmente diseñados para atender o responder ante eventos
hidrológicos tendientes a manejar el tránsito de crecientes de acuerdo con los
caudales que entran al embalse y los niveles en los que se encuentra.
26. Puso de presente que el plan cuenta con sistemas de alarma, protocolos de
operación, instructivos de seguridad y planes de atención de contingencia
diseñados para controlar y evitar “[…] inundación de infraestructura, que ha sido
instalada en épocas secas, dentro de la ronda del río […] Arrastre de Semovientes
y afectación a la población asentada a orillas del río en periodos de máximas
avenidas […]”, tal como lo exigió la CAR en las resoluciones demandadas.
27. Destacó que una vez aprobado el plan de contingencia existente y concluida la
fase II, en lo referente al análisis de la emisión y dispersión del H2S desde Alicachín
en la zona de Salto del Tequendama, realizaría una actualización del mismo para
la inclusión y valoración de nuevos impactos en su operación, para formular
medidas de control en la generación de este gas que está intrínsicamente ligada a
la calidad del agua del río Bogotá, a su contaminación, sin embargo, advirtió que
este factor “[…] excede la capacidad de control de Emgesa como para proponer
medidas de mitigación […]”.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
28. Resaltó que existen múltiples estudios técnicos que evidencian que las medidas
de mitigación implementadas hasta la fecha han permitido controlar los factores de
mayor incomodidad, como lo es que el embalse del Muña se encuentre libre de
buchón.
29. Igualmente, precisó que la realización del plan de contingencia ante la eventual
suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse del Muña
representa una carga económica a Emgesa S.A. ESP que no debe soportar por los
términos formulados en los autos 174 de 2006 y 217 de 2007.
30. Resaltó que, además, tendría que suspender la actividad de generación por el
término de 6 días en periodo de verano y 6 días más en época de invierno, lo que
tendría consecuencias en el suministro de energía al Sistema Interconectado
Nacional – SIN.
31. Agregó que, no tiene ningún asidero jurídico la medida impuesta en los actos
administrativos acusados, toda vez que (i) no ha ocurrido la suspensión del
bombeo, ya que en principio la concesión de aguas esta otorgada hasta el año
2018; (ii) la CAR no tiene razón alguna para declarar la caducidad de la concesión
de aguas sin que medie un debido proceso; (iii) Emgesa S.A. ESP no ha renunciado
a la concesión de aguas otorgada y; (iv) en el hipotético caso que todo esto
ocurriera tendría la CAR que hacerse cargo.
32. En ese contexto, aseguro que el plan de contingencia que exige los actos
administrativos demandados no debe realizarse por cuanto ya se elaboró y, en todo
caso, no aplica para áreas que están por fuera de la zona de influencia, como lo
pretende la CAR extralimitando sus funciones y desconociendo el principio de
igualdad por cuanto coloca a la demandante una situación de detrimento
patrimonial para que asuma una responsabilidad que no le corresponde.
I.1.2.2.3. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa
33. Finalmente, la parte demandante puso de presente que, la CAR desconoció el
artículo 72 de la Ley 99 de 1993, por cuanto impuso una nueva obligación a la
concesión sin agotar la audiencia pública.
34. Afirmó que “[…] era […] necesario hacer una audiencia Pública, porque si es un
Plan de Contingencia debe ser con la intervención de la comunidad de Sibate (sic),
con la Intervención de la Procuraduría Ambiental y Agraria, con intervención de los
Expertos de la CAR […] contar así mismo con los CLOPAD y el CREPAD […] no
pretender que EMGESA S.A. ESP haga el Plan sin que los demás actores estén
involucrados y sin comprometer ninguna clase de recursos del presupuesto de la
CAR y el Municipio […]”.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
35. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR contestó la
demanda4, se opuso a las pretensiones incoadas y propuso las excepciones que
denominó “[…] inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones […]”,
“[…] ineptitud formal de la demanda, por no haberse explicado el concepto de la
violación de las normas […]” y “[…] excepción genérica […]”.
36. De la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones
explicó que “[…] el actor dentro de sus pretensiones, solicita únicamente que se
declare la nulidad parcial de la resolución 1318 de 2007, Artículo 2, pero no solicita
en forma consecuencial la nulidad de la resolución 2000 de 2009, por la cual se
resolvió el recurso de reposición, lo cual desconoce en forma abierta el Artículo
138 del C.C.A. […]”.
37. Aunado a lo anterior, indicó que “[…] no se sabe cuáles son los parámetros del
daño emergente, del lucro cesante y del daño a la vida de relación […] la pretensión
quinta de la reforma de la demanda carece en un todo de técnica jurídica, y parece
más bien una apreciación subjetiva del demandante […] lo mismo puede decirse
de la pretensión sexta, que más parece un hecho de la demanda que una
pretensión en sí, cuando se sabe que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho persigue la nulidad de los actos demandados y a título restablecimiento
del derecho la indemnización de perjuicios, luego las pretensiones 5 y 6 no tienen
ninguna conexidad con las pretensiones 1 a 4 así como la 7 y la 8 […]”.
38. Frente a la excepción de ineptitud de la demanda, afirmó que Emgesa S.A. ESP
no explicó el concepto de violación de las normas en consideración al principio de
justicia rogada, conociendo que el juez está sometido en su fallo a manejar las
normas citadas como infringidas y al concepto de violación.
39. Finalmente, señaló la excepción genérica de conformidad con el inciso 2° del
artículo 164 del CCA.
40. Respecto de cada uno de los cargos de nulidad, se refirió de la siguiente manera:
II.1. Falsa motivación
41. Mencionó que la CAR en ningún momento ha desconocido su responsabilidad
en el manejo integral de la cuenca del río Bogotá, por el contrario, cuenta con el
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá – POMCA,
el cual fue aprobado mediante la Resolución 3194 de 2006, en cumplimiento del
Decreto 1729 de 2002.
4 Folios 106 a 126 y 180 a 197 C pp.
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42. También advirtió que, en atención a la concesión de aguas otorgada a la
demandante mediante las Resoluciones 603 de 1997 y 1014 de 1998, era su
responsabilidad asumir todas las obligaciones que se desprendan de la misma para
la preservación ambiental y para prevenir el deterioro del recurso hídrico, lo cual es
atendido a través de un plan de contingencia.
43. Sostuvo que la captación localizada en el río Bogotá, a la altura de la compuerta
de Alicachín, se instaló una infraestructura que requiere de un manual de operación
y mantenimiento que debe incluir un plan de contingencia ante eventos imprevistos
para la protección de la misma y la población agua abajo.
44. Sobre las obligaciones contenidas en las resoluciones demandadas, resaltó que
la CAR podía dictar las medidas necesarias para proteger la diversidad e integridad
del ambiente para controlar los factores de deterioro ambiental, como es que
Emgesa S.A. ESP con su actividad económica produce deterioro ambiental al
municipio de Sibaté con el almacenamiento de aguas contaminadas del río Bogotá
al embalse del Muña.
II.2. Desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos
administrativos acusados
45. Recordó que, según los artículos 31 (numeral 17), 79, 80, 85, 95 y 300 de la
Constitución Política y los artículos 1°, 23, 31 y 85 de la Ley 99 de 1993, la CAR
tiene la facultad de imponer los estudios y evaluaciones requeridos para establecer
la naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la
infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas, ya
que los beneficios que representa para el individuo las relaciones conmutativas de
la vida en sociedad deben ser compensados por este a fin de mejorar las
condiciones materiales y espirituales de la convivencia social.
46. Aseguró que las acciones para la recuperación de la calidad de las aguas del río
Bogotá se encuentran en el marco del “[…] Megaproyecto Río Bogotá […]”,
independiente de la solución de aspectos puntuales como el bombeo de las aguas
del río al embalse del Muña.
47. Manifestó que, de acuerdo con el informe técnico SGAC 033 de 16 de febrero
de 2005, se analizó la pertinencia de ordenar la suspensión del bombeo de las
aguas del río Bogotá al embalse del Muña conforme con el documento elaborado
por la facultad de ingeniería civil de la Universidad de los Andes, denominado “[…]
Impacto Ambiental por la suspensión del bombeo al Embalse del Muña […]” que
informó:
“[…] Como primera medida, el embalse se encuentra sedimentado con
materiales pesados en la zona de Alicachín, donde son concentrados y al
mismo tiempo removidos del agua contaminada entrada al embalse. En
segundo lugar, y tal vez con un impacto ambiental inmediato, la suspensión del
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bombeo generaría una liberación de gases disueltos en las aguas del río
Bogotá inmediatamente aguas debajo de las compuestas de Alicachín a causa
de la gran turbulencia del flujo en las caídas, principalmente en el Salto de
Tequendama. Esto tendría el efecto de generar una alta acumulación de gases
(sulfuro de hidrógeno, tricloroetileno, percloroetileno) lo cual representa un
peligro para la salud pública obligando en ciertas horas y en ciertos días del
año al cierre de la carretera que desde Alicachín conduce a la población de
Mesitas del Colegio, y eventualmente al desplazamiento de esos pobladores
de las cercanías al río entre Alicachín y el actual sitio de descarga de la estación
generadora La Guaca […]”.
48. Así, el mencionado informe técnico SGAC 033 recomendó profundizar en el
análisis técnico de los planteamientos hechos por la Universidad de Los Andes con
el fin de establecer cuáles serían las implicaciones en la salud de los pobladores
de la cuenca baja del río Bogotá, así como las consecuencias adversas para el
medio ambiente derivadas de la posible generación de gases, producto de la caída
del agua en el Salto del Tequendama, estudios que deben realizarse conforme con
los términos de referencia de la CAR.
49. De igual manera, indicó que, a través del informe 005 de 8 de marzo de 2007,
que motivó la Resolución 1318 de 22 de junio de 2007, la Subdirección de
Desarrollo Ambiental Sostenible consideró que:
“[…] actualmente no se encuentran razones ni para revocar, ni para la (sic)
declarar la caducidad administrativa de las resoluciones de concesión de aguas
de la cual es titular EMGESA y menos atendiendo en cuenta por parte que las
acciones ordenadas mediante Resolución 506/05, buscan la mitigación de los
efectos negativos generados a la población de Sibaté por el almacenamiento
de las aguas concesionadas en el embalse del Muña, las cuales fueron
atendidas en gran parte quedando pendiente únicamente el control de olores.
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la alarma accionada por las
empresas EEB, EMGESA Y EAAB, en el sentido de afirmar que si se
suspende el bombeo de las agua del río Bogotá que el Embalse del Muña,
se generarían vapores y gases de ciertos compuestos aguas debajo de
Alicachín en concentraciones altamente tóxicas, que implicarían
afectación en la salud de la población localizada en la cuenca baja del río
Bogotá, así como consecuencias adversas para el medio ambiente, se
hace necesario exigir a EMGESA, en su calidad de titular de la concesión
de aguas otorgada por las resoluciones referidas, la implementación de
un Plan de contingencia, ante la eventual suspensión del bombeo de las
aguas al embalse, formulado a partir de los resultados del estudio de calidad
de aire, que se elabore conforme a los términos de referencia suministrados
por la CAR, mediante Auto 174 del 07/07/2006, confirmado por el Auto 217 del
15/09/2006 […]” (negrilla fuera de texto).
50. En ese contexto, afirmó que no se evidenciaba falsa motivación, por cuanto los
mencionados conceptos técnicos establecen la pertenencia de haber solicitado el
plan de contingencia ante la eventual suspensión del bombeo de las aguas del río
Bogotá al embalse del Muña.
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51. Por otra parte, destacó que Emgesa S.A. ESP alega que el plan de contingencia
ordenado tendría graves efectos económicos, sin embargo, recordó que es una
multinacional que causa daño al medio ambiente y al frágil ecosistema de la región.
52. Advirtióque, mientras la concesión otorgada a Emgesa S.A. ESP no sea
revocada, no se descarta la posibilidad que se genere la suspensión del bombeo
de las aguas del río Bogotá hacia el embalse del Muña permitiendo el tránsito
directo de las aguas del río a través de su cauce natural, incluyendo la caída en el
Salto del Tequendama, con lo que cobra mayor importancia disponer de un plan de
contingencia.
53. Resaltó que ante la suspensión eventual del bombeo de agua se podían
presentar múltiples eventos inesperados por el tránsito de las aguas por su cauce
natural a la altura del Santo del Tequendama como “[…] la dispersión de H2S, en
concentraciones tales, que puedan ser perjudiciales para la salud humana […]
Inundación de infraestructura, que ha sido instalada en épocas secas, dentro la
ronda del río […] Arrastre de semovientes y afectación a la población asentada a
las orillas del río en periodos de máximas avenidas […]”.
54. Mencionó que la suspensión del bombeo se puede presentar no solo por la
acción de la autoridad ambiental por la revocatoria de la concesión o por caducidad,
sino también por decisión del concesionario que desista o que ocurra un fenómeno
imprevisto, en todo caso, subrayó que debía establecerse un mecanismo que
garantice la no afectación de la población localizada en la zona de influencia directa
del proyecto.
55. Precisó que el plan exigido a la demandante permite efectuar un precálculo
eficiente de los recursos logísticos, insumos y talento humano requerido, así como
la dinámica y procesos que será necesario efectuar y que permite a “[…] todas las
personas involucradas en la situación, comprender de manera más específica, su
intervención con respecto a los demás operadores del plan […]”.
56. Finalmente, aseguró que Emgesa S.A. ESP “[…] no tendría los precios
favorables que implica negociar con su vinculado económico CODENSA S.A., luego
esta afirmación de la demandante que la suspensión de la actividad de generación
traería consecuencias graves al sistema interconectado nacional, es temeraria y
esta si altera la realidad de la Ley 143 de 1994, sobre el Sistema Interconectado
Nacional, su entrada en operación y su funcionamiento […]”.
II.3. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa
57. Sostuvo que la demandante no podía invocar el artículo 72 de la Ley 99 de 1993
como argumento de nulidad, toda vez que la audiencia pública procede previo al
acto que ponga fin a la actuación administrativa para la expedición de licencias y
permisos ambientales o en ejecución de un proyecto por manifiesta violación a los
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requisitos bajo los cuales se otorgó dicha licencia o permiso, lo que trae como efecto
la suspensión del término del proceso y, en el presente asunto, Emgesa S.A. ESP
tenía una obligación impuesta desde el año 2005.
III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
58. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a
través de la sentencia de 7 de abril de 20225, decidió:
“[…] 1.°) Declárese no probadas las excepciones de “inepta demanda por
indebida acumulación de pretensiones” e “Ineptitud formal de la demanda por
no haberse explicado el concepto de violación de las normas jurídicas
invocadas”, propuestas por el apoderado judicial de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca.
2.°) Deniéganse las pretensiones de la demanda.
3.°) Abstíenese de pronunciarse sobre las objeciones de los dictámenes
periciales, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia.
4.°) Abstíenese de condenar en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia […]” (negrilla del original).
59. Previo a referirse al fondo del asunto, el a quo se refirió a las excepciones
propuestas.
60. Frentea la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de
pretensiones consideró que, de acuerdo con los artículos 137 y 138 del CCA, la
parte demandante identificó e individualizó con precisión los actos administrativos
acusados, razón por la cual la misma no estaba llamada a prosperar.
61. De la excepción de inepta demanda por ausencia del concepto de violación, el a
quo consideró que Emgesa S.A. ESP estableció claramente cuáles son las normas
infringidas con los actos administrativos demandados y los cargos de violación, así
que la declaró no probada.
62. En cuanto a la excepción genérica manifestó que no estaba llamada a prosperar
por cuanto no existía prueba de ninguna excepción que pueda y deba ser declarada
de oficio.
63. Descendiendo al asunto sub examine, el juez de la primera instancia mencionó
que el problema jurídico a resolver era determinar si las Resoluciones 1318 de 22
de junio de 2007 y 2000 de 19 de septiembre de 2009 se encuentran viciadas de
nulidad por cuanto fueron expedidas por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR con falsa de motivación, desconocimiento de las normas en
5 Folios 758 a 782 C 2.
13
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que debían fundarse los actos acusados y desconocimiento del derecho del
derecho de audiencia y defensa.
64. Para resolver, el Tribunal de la primera instancia se refirió a los cargos de la
siguiente manera:
III.1. Falsa motivación
65. El juez de la primera instancia, de acuerdo con las pruebas allegadas al
expediente, observó que, mediante las Resoluciones 603 de 1997 y 1014 de 1998,
la demandante era concesionaria de aguas de varias fuentes hídricas entre ellas el
río Bogotá que alimenta el embalse del Muña para la generación de energía
eléctrica, así que era acreedora de la obligación de cuidar y proteger de manera
general toda el agua del embalse y de manera especial debe conocer y prevenir las
posibles afectaciones que pueden ocurrir con la utilización de los recursos naturales
para la generación de energía.
66. De igual manera, evidenció que a través del artículo 8° (numeral 7°) de la
Resolución 506 de 2005, la CAR le impuso a Emgesa S.A. ESP la obligación de
elaborar un estudio técnico para identificar el riesgo de emisiones de vapores y
gases contaminantes contenidos en forma diluida en las aguas del río Bogotá, así
como la afectación del aire y el radio de acción de la contaminación atmosférica
ante el evento del tránsito de las aguas por su antiguo cauce, entre Alicachín y la
central hidroeléctrica de La Guasca. Decisión que fue modificada por la Resolución
1189 de 2005, en el sentido de suprimir la expresión “[…] de manera solidaria […]”.
67. También encontró que, mediante el artículo 14 de la resolución ibidem, la
autoridad ambiental le impuso a Emgesa S.A. ESP, a EEB S.A. ESP y a EAAB ESP
la obligación de elaborar y presentar un estudio que profundizara el análisis técnico
de los planteamientos hechos por la Universidad de Los Andes para establecer
cuáles pueden ser las implicaciones en la salud de los pobladores de la cuenca
baja del río Bogotá, las consecuencias adversas para el medio ambiente por la
posible generación de gases producto de la caída de las aguas en el Salto del
Tequendama en caso de que se deba suspender el bombeo de aguas hacia el
embalse del Muña. Lo anterior, conforme con los términos de referencia de los
autos 174 y 217 de 2006.
68. Finalmente, el a quo encontró que los artículos 2° de la Resolución 1318 de 22
de junio de 2007 y la Resolución 2000 de 15 de septiembre de 2009 fueron
expedidos por la CAR luego de corroborar que Emgesa S.A. ESP, EEB S.A. ESP y
EAAB ESP advirtieran que la eventual suspensión del bombeo de aguas del río
Bogotá al embalse del Muña, generarían vapores y gases que podrían generarse
aguas debajo de Alicachín afectando la salud de la población de la cuenca baja del
río Bogotá. Asimismo, al tener en cuenta el estudio realizado por la facultad de
ingeniería civil de la Universidad de los Andes, el estudio técnico 005 de 2007 de la
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Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible de la CAR y el informe técnico
433 de 2009.
69. Conforme con lo anterior, el juez de la primera instancia consideró que la CAR,
como autoridad ambiental, debía tomar las medidas necesarias para prevenir las
consecuencias por la suspensión del bombeo de agua del río Bogotá al embalse
del Muña, para lo cual utilizó sus facultades legales para determinar que a través
de un plan de contingencia, la demandante, como entidad a la que se le otorgó el
beneficio de usar el agua del embalse, tenía la obligación de determinar los posibles
daños y perjuicios que se pueden ocasionar si se permite que las aguas del río
Bogotá continúen con su cauce natural.
70. En otras palabras, sostuvo que la génesis de la obligación impuesta tiene como
fundamento la contraprestación a la que está obligada la demandante por ser la
beneficiaria de la concesión del uso de las aguas.
71. En ese contexto, el Tribunal de la primera instancia consideró que el cargo de
falsa motivación carecía de fundamento fáctico y jurídico, por cuanto dichas
decisiones “[…] encuentran su plena correspondencia con la realidad que existe,
están soportadas debidamente con documentos técnicos que consideran de vital
importancia la expedición del plan de contingencia […] y con el fundamento legal
que tienen la CAR de imponer esa y cualquier otra obligación que esté ligada a la
concesión del agua del río Bogotá para la generación de energía […]”.
72. Además, el a quo resaltó que Emgesa S.A. ESP no podía desconocer sus
obligaciones y compromisos ambientales “[…] pretendiendo restarles importancia a
las consecuencias ambientales y, seguramente, de salubridad que puede generar
a la población localizada en la cuenca baja del río Bogotá, ante la suspensión del
bombeo de aguas al Embalse Muña. Y tampoco alegando situaciones que ya fueron
analizadas y confirmadas por la entidad, como lo es la supuesta imposibilidad
técnica de realizar los estudios de calidad del aire […] pues dicha decisión deviene
desde las Resoluciones 506 de 2005, confirmada por la 1189 de 2005, y ejecutadas
por el auto 174 de 2006, confirmado por el Auto 217 de 2006 […]”.
III.2. Desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos
administrativos acusados
73. El juez de la primera instancia se refirió a la supuesta imposibilidad técnica de
realizar los estudios de calidad del aire, de acuerdo con los términos de referencia
suministrados por la CAR, en el sentido de señalar que es una decisión que deviene
desde las Resoluciones 506 y 1189 de 2005, el cual debe ejecutarse conforme con
los términos de los autos 174 y 217 de 2006, decisiones que fueron debatidas y
que no son objeto de estudio dentro de la presente acción.
74. Pusode presente que dichas resoluciones fueron demandadas ante esa
Corporación, cuya sentencia fue proferida el 29 de mayo de 2014, en las que negó
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las pretensiones de la demanda al considerar que las obligaciones impuestas a
Emgesa S.A. ESP, EEB S.A. ESP y EAAB S.A. ESP se encontraban ajustadas al
ordenamiento jurídico.
75. Particularmente señaló que la sentencia destacó que la CAR tenía la obligación
de procurar el cuidado y preservación del embalse del Muña, por lo que las
obligaciones impuestas a EEB S.A. ESP se generar por ser la propietaria por
muchos años, por lo que “[…] hoy no lo sea no desplaza su responsabilidad
ambiental […]”. De igual forma, no era posible pretender evadir obligaciones y
cargas ambientales con el argumento de la existencia de acuerdos privados, toda
vez que pierden soporte jurídico ante la existencia de una situación como la del
mencionado embalse.
76. Mencionó que, en dicha providencia, se anotó que las medidas existentes para
la protección, preservación y conservación del medio ambiente, así como para la
mitigación y recuperación de los daños ocasionados a éste, son demasiado
amplias, por cuanto no era admisible limitar las medidas, siendo que las mismas
van encaminadas a recuperar el medio ambiente.
77. En ese sentido, el Tribunal de la primera instancia concluyó que el argumento de
la imposibilidad técnica para realizar el estudio de calidad del aire conforme con los
términos de referencia suministrados por la CAR, no era un argumento de censura
que vicie de nulidad los actos administrativos demandados parcialmente, por
tratarse de “[…] una situación jurídica consolidada y que no es objeto de estudio
del presente proceso […]”.
78. Agregó que Emgesa S.A. ESP le corresponde cumplir con la respectiva
contraprestación consistente en adoptar medidas ambientales pertinentes de
preservación y cuidado del medio ambiente en las zonas que pueden verse
gravemente afectadas ante una eventualidad en virtud de los derechos que le
fueron concedidos para la utilización del agua, así que la asignación de esa
obligación no era la contaminación o violación de normas ambientales sino el
cumplimiento de un deber de reciprocidad.
79. Además, subrayó que Emgesa S.A. ESP tampoco podía excusarse de los
costos, por cuanto, insistió que era la beneficiaria económicamente de generación
de energía desde 1997 en virtud de la concesión de aguas que se le otorgó, de ahí
que “[…] los agentes privados que se lucran económicamente del embalse Muña
contribuyan en su recuperación […] en la mitigación del impacto ambiental […]”.
80. Por otra parte, sobre el plan de manejo ambiental aprobado por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el a quo observó que, si bien es cierto
que establece los procedimientos a seguir frente a la ocurrencia de cada una de las
situaciones críticas identificadas en la etapa de análisis de riesgo, incluyendo el
contexto regional y la forma como el sistema interactúa con el ambiente y su
entorno, también lo era que no exoneraba a la demandante para que realice un plan
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de contingencia por la eventual suspensión del bombeo de aguas del río Bogotá al
embalse del Muña.
81. Mencionó que dicha situación fue advertida por la propia entidad demandante,
por los estudios realizados por la Universidad de los Andes y la CAR, “[…] motivo
por el cual se refiere a un plan de contingencias diferente a los ya solicitados a
EMGESA […]”.
III.3. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa
82. Respecto del desconocimiento del artículo 72 de la Ley 99 de 1993, que refiere
a la imposición de una nueva obligación a la concesión sin agotar la audiencia
pública, el Tribunal de la primera instancia consideró que la CAR no modificó las
condiciones de la concesión de aguas, esto es, las Resoluciones 603 de 1997 y
1014 de 1998.
83. Estimó que la obligación impuesta a Emgesa S.A. ESP hace parte de las
contraprestaciones a las que está obligada por ser beneficiaria de la concesión del
uso de las aguas, de conformidad con las condiciones que se establecieron en los
actos administrativos que otorgaron la concesión.
III.4. Objeciones por error grave a los dictámenes periciales
84. Finalmente, el a quo advirtió que, en atención a que los argumentos de censura
no fueron de recibo y, en consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda,
no realizaría ningún pronunciamiento sobre las objeciones contra el dictamen
pericial practicado, toda vez que tenía como único objeto evaluar los presuntos
daños ocasionados con los actos administrativos demandados y cuantificar los
costos en que incurría la entidad en la ejecución de la obligación impuesta.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
85. Mediante escrito de 17 de mayo de 20226, la representante legal para asuntos
judiciales y administrativos de Enel Colombia S.A. ESP, antes Emgesa S.A. ESP,
presentó recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la sentencia
de la sentencia de 7 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, para lo cual se refirió a los cargos
de falsa motivación y desconocimiento de las normas en que debía fundarse los
actos administrativos demandados de la siguiente manera:
IV.1. Falsa motivación
86. Mencionó que el juez de la primera instancia no consideró que Emgesa S.A. ESP
no fue declarada responsable dentro de la acción popular del río Bogotá, por el
contrario, señaló que las aguas del embalse del Muña ya se encontraban anóxicas,
6 Folios 789 a 795 C 2.
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por lo que la demandante fue reconocida como un actor fundamental para la
cuenca, resaltando la importancia del servicio público esencial de generación de
energía.
87. En ese contexto, aseguró que la responsabilidad de diseñar e implementar un
plan de contingencia se encuentra en cabeza de la autoridad ambiental y los entes
territoriales y no de Enel Colombia S.A. ESP.
88. Aunado a lo anterior, indicó que la actividad de generación de energía no tiene
relación con la contaminación de las aguas del río Bogotá en caso de una eventual
suspensión de bombeo de las aguas del embalse “[…] lo cual es improbable […]”,
toda vez que el caudal total del río continuaría su cauce natural y los posibles
efectos derivados de su calidad deber ser identificados y mitigados por las
autoridades competentes como lo son los entes territoriales.
89. Recordó que la Ley 1523 de 2012 y sus decretos reglamentarios prevén que los
entes territoriales son los responsables directos de la gestión de riesgo en sus
territorios, por lo que deben formular las estrategias necesarias para dar respuesta
a las emergencias dentro de su jurisdicción.
90. Anotó que los programas y proyectos de los planes deben ser integrados a los
planes de ordenamiento territorial, los de manejo de cuencas y los de desarrollo
departamental, distrital o municipal y demás herramientas de planificación del
desarrollo.
91. De igual manera, señaló que, según la Ley 99 de 1993 y el artículo 31 de la Ley
1523 de 2012, la CAR tiene responsabilidad en materia de gestión del riesgo, no
solo en el marco de sus funciones legales como máxima autoridad ambiental en su
jurisdicción, sino además por ser integrante del sistema nacional de gestión del
riesgo, de los consejos territoriales de gestión del riesgo y la obligación de incluir
en los planes de manejo de cuencas hidrográficas el análisis de riesgo.
IV.2. Desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos
administrativos acusados por violación al derecho de audiencia y defensa
92. El apoderado de la parte demandante insistió que no era viable realizar el plan
de contingencia ante la eventual suspensión del bombeo de las aguas del río
Bogotá al embalse del Muña, a partir de los resultados del estudio de calidad del
aire, conforme con los términos de los autos 174 de 7 de julio de 2006 y 217 de 15
de septiembre de 2006, por cuanto, ha cumplido con las contraprestaciones
previstas en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, existen estudios y un plan de
manejo ambiental y, en todo caso, era improbable la suspensión del bombeo de las
aguas del río Bogotá al embalse del Muña.
93. Sobre el cumplimiento de las contraprestaciones por la utilización de las aguas
para la generación de energía, manifestó que se trata del pago de transferencias
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del sector eléctrico según el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, las cuales no fueron
concebidas por el legislador como el pago de un precio únicamente por el uso del
agua, sino también por una finalidad compensatoria, dándole un alcance mucho
más integral, por lo que comprenden no solo la retribución por el uso del recurso
hídrico.
94. En ese sentido, aseguró que la obligación demandada es una carga adicional
que no está justificada y que desconoce las contraprestaciones establecidas en la
normativa vigente por el uso de aguas.
95. Precisó que, desde 1997 a 2021, Enel Colombia S.A. ESP ha pagado por
concepto de transferencias asociadas a las centrales asociadas al río Bogotá más
de $384.000.000.000, lo que incluía la contraprestación por el uso de las aguas, en
virtud de la concesión de aguas otorgada por la CAR y en cumplimiento de una
finalidad compensatoria.
96. De igual manera, señaló que, a través de la Resolución 2984 de 2017, la CAR
le estableció un plan de compensaciones en el marco de la modificación de la
concesión de aguas por la generación de energía. Además, mediante el artículo 13
de la Resolución 506 de 2005, dicha autoridad ambiental ordenó, a título de
compensación a EEB S.A. ESP, a la EAAB ESP y a Emgesa S.A. ESP que
elaboraran un plan maestro de acueducto y alcantarillado de Sibaté, así como la
construcción y puesta en operación de las obras de conducción y tratamiento de
las aguas residuales domésticas del municipio, de lo cual, la demandante ha
invertido $459.592.609 y proyecta invertir un aproximado de $10.000.000.000.
97. Sobre la existencia de otros estudios, aseveró que cuenta con los respectivos
planes de gestión del riesgo aprobados por las autoridades competentes, los cuales
contemplan los riesgos internos operativos de las centrales, de las centrales hacia
el entorno y del entorno hacia las centrales.
98. Agregó que cuenta con un plan de manejo ambiental aprobado mediante las
Resoluciones DJUR 50217000677 y DJUR 50217001375 de 2021 y DJUR
50217001375 que contempla las medidas de manejo de los impactos asociados a
la operación y mantenimiento del embalse, que se articulará con las actividades del
plan de reducción de impactos por olores ofensivo, medidas que han sido objeto de
verificación y seguimiento por parte de la CAR.
99. Particularmente, mencionó que dicho plan de manejo ambiental define un plan
de contingencia que involucra de acuerdo con la metodología aplicada la gestión
para la mitigación y manejo de todos los riesgos priorizados en la operación y
mantenimiento del embalse del Muña y la estación de bombeo.
100. Finalmente, de la improbabilidad de la suspensión del bombeo de las aguas del
río Bogotá al embalse del Muña, recordó que, para el año 2018, la capacidad
instalada de generación en el Sistema Interconectado Nacional – SIN fue de 17.312
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
mega-watts, donde 68,4% correspondió a la generación hidráulica, el 30% a
generación térmica y el 1% de fuentes no convencionales de energía renovable.
101. En ese contexto, advirtió que, para realizar el plan de contingencia que ordena
los actos administrativos demandados debe suspenderse el bombeo de aguas del
rio Bogotá al embalse del Muña por 12 días – 6 días verano y 6 en invierno –
colocando en riesgo la prestación del servicio de la energía en gran parte del país,
teniendo en cuenta que la cadena Pagua atiende el 6,4% de la demanda nacional
al día, esto es, poniendo en riesgo la estabilidad y confiabilidad del referido Sistema
Interconectado Nacional – SIN.
102. Además, destacó que la autoridad ambiental impuso una carga adicional
partiendo de una situación que es improbable, como es la suspensión del bombeo
de las aguas para la generación de energía.
103. Resaltó que la suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse
del Muña resulta improbable, toda vez que, según los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley
142 de 1994, la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y
sus actividades complementarias constituyen servicios públicos esenciales, por lo
que el Estado debe intervenir para garantizar la calidad del bien y su disposición
final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como
su prestación continua, ininterrumpida y eficiente.
104. Puso de presente que si se suspendía de manera definitiva el bombeo de las
aguas del río Bogotá al embalse del Muña para la generación de energía eléctrica
implicaría bajo las condiciones actuales una indisponibilidad total de la cadena
Pagua.
105. De acuerdo con lo anterior, la parte demandante consideró que suspender de
manera eventual o definitiva el bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse del
Muñas se convierte en una vulneración a la prestación esencial de los servicios
públicos, por cuanto generaría impactos en el Sistema Interconectado Nacional –
SIN.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
106. El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador de la
primera instancia mediante auto de 7 de junio de 20227.
107. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes Despachos que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado, a través de autos de 18 de julio y 7 de
septiembre 20228 se admitió el recurso interpuesto y; se corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que
7 Folio 798 C 2.
8 Índices 4 y 11 del aplicativo de gestión judicial SAMAI
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
rindiera concepto. A lo cual, Enel Colombia S.A. ESP9 reiteró sus argumentos de
apelación. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y el
Ministerio Público guardaron silencio.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
108. De conformidad con el artículo 129 del CCA10, la Sección Primera del Consejo
de Estado es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra
de la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en concordancia con lo dispuesto
en el Acuerdo 80 de 201911, que contiene las reglas de reparto entre las distintas
secciones de la Corporación.
VI.2. La formulación del problema jurídico
109. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
la Sala debe determinar la legalidad de las Resoluciones 1318 de 22 de junio de
2007 y 2000 de 15 de septiembre de 2009 expedidas por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR, a través de las cuales se impuso a Enel
Colombia S.A. ESP una serie de obligaciones relacionadas con la implementación
de un plan de contingencia ante la eventual suspensión del bombeo de las aguas
del río Bogotá al embalse del Muña.
110. La Sala deberá analizar si la CAR expidió los actos mencionados con falsa
motivación y desconociendo las normas superiores en que debían fundarse y, en
tanto que Emgesa S.A. ESP, hoy Enel Colombia S.A. ESP: (i) no es responsable
de la contaminación de las aguas del embalse del Muña ni del río Bogotá; (ii) no le
corresponde la obligación legal de ejecutar el plan de contingencia, ya que la
responsabilidad de la gestión del riesgo recae sobre los entes territoriales y la
autoridad ambiental según la Ley 1523 de 2012; (iii) ha cumplido con todas las
contraprestaciones previstas en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, mediante el
pago de transferencias destinadas a la protección del ambiente y los recursos
hídricos; (iv) la suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá es improbable
y resultaría en un impacto negativo significativo en el Sistema Interconectado
Nacional – SIN, afectando la prestación continua y confiable del servicio público
esencial de energía.
9 Índice 15 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
10 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión […]”.
11 La Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente
a otras secciones.
21
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
111. La Sala no hará un pronunciamiento respecto del cargo de violación con el
derecho de audiencia y defensa, en tanto no fue objeto de apelación, de acuerdo
con las prescripciones del artículo 328 del CGP12, aplicable por remisión del artículo
267 del CCA.
112. Para los fines anteriores, la Sala abordará: (i) identificación de los actos
administrativos acusados; (ii) el análisis del caso concreto y; (iii) conclusión.
VI.2.1. La identificación de los actos demandados
113. La Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP demandó
el artículo 2º de la Resolución 1318 de 22 de junio de 2007 y el artículo 2º de la
Resolución 2000 de 15 de septiembre de 200913, expedidas por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, cuyos textos son los siguientes:
VI.2.1.1. Resolución 1318 de 22 de junio de 2007
“[…] RESOLUCIÓN 1318 de 22 de junio de 2007
(Por la cual se resuelven una solicitud de revocatoria y se toman otras
determinaciones)
LA SUBDIRECTORA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de sus facultades legales
y estatutarias, en especial las conferidas por el Decreto 2811 de 1974, el
Decreto 1541 de 1978, el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
Resolución No. 901 del 3 de marzo de 2006, modificada por la No. 1063 del
28 de marzo de 2006
CONSIDERANDO :
Que el 24 de marzo de 1993, la EEB solicitó a la CAR concesión de aguas para
almacenamiento, generación, refrigeración y consumo del sistema del Río
Bogotá, trámite adelantado en el Expediente 14590 (8353-7983), con el fin de
ser utilizadas en cada uno de los siguientes sitios: Embalse Tominé
(almacenamiento y concesión de aguas), Termoeléctrica Martin del Corral;
Estaciones de Bombeo Muña I, Il y III; Central hidroeléctrica Canoas; Central
hidroeléctrica Salto; Central hidroeléctrica Darío Valencia; Central
hidroeléctrica El Paraíso; Central hidroeléctrica La Guaca; Central
hidroeléctrica Laguneta; instalaciones de El Charquito, considerando
igualmente concesiones para uso doméstico de pozos profundos y fuentes
hídricas superficiales de la cuenca de río Bogotá.
Que mediante Resolución No. 0603 del 29 de abril de 1997, la Corporación
otorgó concesión de aguas a la Empresa de Energía de Bogotá - EEB, entre
otras, un caudal de 0.5 M3/s del rio Muña y 34.5 M3/s del Río Bogotá para
generación de energía en la central hidroeléctrica de Paraíso y 35 M3/s del Río
Bogotá para generación en la Central de La Guaca (caudales correspondientes
12 Artículo 328. “[…] Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley […]”. Antes artículo 357 del CPC.
13 Folios 8 a 9, 21 a 22 y 167 C pp y 251 y vto C 2.
22
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
a los máximos que la EEB puede derivar de acuerdo con la capacidad de
generación instalada, cuando las fuentes lo permitan).
Que mediante oficio radicado en la CAR con el No. 97-0000-03462-1 del 8 de
mayo de 1997 (folio 236 - Cuaderno 1 Exp. 14590), la EEB interpuso recurso
de reposición contra la Resolución No. 0603 del 29 de abril de 1997,
relacionado entre otros con, "Debe incluirse el Embalse del Muña o las
estaciones de bombeo Muña I, Il y I con un caudal de 64.5 metros cúbicos por
segundo y captación del río Bogotá Soacha, para uso del agua en regulación o
bombeo respectivamente"
Que con oficio radicado en la CAR con el No. 97-0000-07798-1 del 27 de
octubre de 1997, el Gerente General de la EEB, comunica a la CAR que en
virtud del proceso de transformación y capitalización adelantada por la EEB, se
constituyeron el día 23 de octubre de 1997, las sociedades de derecho privado
EMGESA S.A.- E.S.P dedicada a la generación de energía y CODENSA S.A -
ESP a la distribución y comercialización de energía, mencionando que la EEB
continuará como accionista de dichas sociedades.
Igualmente informa que: "En virtud de la cesión de los activos, pasivos y
contratos de la Empresa de Energía de Bogotá S.A a las nuevas sociedades,
se hace necesario ceder a EMGESA S.A.- ESP los derechos sobre las licencias
y permisos ambientales otorgados por la CAR.
Que mediante la Resolución No. 1014 del 30 de julio de 1998 (folio 27,
cuaderno 2 Exp.14590) al resolver el recurso impetrado se resolvió, tener para
todos los efectos legales como beneficiaria de las concesiones y obligaciones
impuestas mediante la Resolución No. 603 del 29 de abril de 1997 a la Empresa
de Generación de Energía Eléctrica EMGESA S.A - ESP"; modificar el Art. 3°
de la Resolución No. 603/1997, otorgando a favor de EMGESA S.A.- ESP, entre
otros, los caudales para generación en la central El Paraíso, de las fuentes
hídricas mencionadas en la Resolución No. 603/97 con sitio de captación en
Sibaté.
Que mediante documento del 7 de junio de 2004 y frente a la posibilidad de un
cese en la operación del Embalse del Muña por los impactos ambientales
ocasionados sobre la población del municipio de Sibaté, Interconexión Eléctrica
S.A. - ISA, allegó el documento "Impacto del Cierre de Bombeo al Embalse de
Muña en el SIN" en el que concluyen que de no contar con la generación de las
centrales hidroeléctricas de Paraíso y La Guaca, entre 2004 y 2006, se
presentaría un raclonamiento en el área Oriental del Sistema Interconectado
Nacional, por condiciones de baja tensión y sobrecargas de transformación
hasta de 270 MW en el 2006. En este caso los trasformadores de Torca
trabajarían al 100% de carga y el disparo de uno de ellos, podría implicar
disparos en cascada de los transformadores en paralelo y finalmente el colapso
de dicha área.
Que en el mencionado documento ISA manifiesta que dentro de la simulación
efectuada, y ante la posible salida de operación de una unidad de la central
hidroeléctrica de Chivor - Guavio se presentarían racionamientos adicionales
entre 20 y 50 MW en esta, afectando a toda la población localizada en la zona
oriental, social y económicamente.
Que por otra parte, mediante radicación CAR N° 08271 del 12 de agosto de
2004 la señora Ana Leonor Gantivar Gantivar, en su condición de Alcaldesa del
municipio de Sibaté, solicitó la revocatoria parcial de la Resolución 603 del 29
de abril de 1997, modificada por la Resolución 1014 del 30 de julio de 1998,
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
mediante la cual esta Corporación otorgó concesión de aguas a favor de la
Empresa de Generación de Energía Eléctrica - Emgesa S.A. ESP, para derivar
agua del río Bogotá con destino a la operación del sistema de bombeo que
alimenta el embalse del Muña.
[…]
iv) En relación con las medidas de carácter obligatorio establecidas en la
Resolución 506/05, que no han sido cumplidas por las referidas empresas, se
encuentran las requeridas por los Artículos 8°, numerales 2 y 7 y 14°, que
corresponden a la implementación de aireación forzada y a la elaboración de
un estudio de calidad de aire.
Las razones invocadas por las empresas para justificar el incumplimiento de
estas medidas, no ameritan la no realización de las mismas y en consecuencia
se reitera la necesidad de su ejecución.
El argumento referido para no implementar procesos de aireación forzada en
el Embalse del Muña, se fundamenta en los resultados de dos (2) pruebas piloto
ejecutadas en los sectores Afluente y Dique El Hospital del embalse, que
consideraron inapropiado este sistema para la disminución de olores y
oxigenación de las aguas. Sin embargo, se estima necesario sustituir esta
medida por otra acción que permita el control de olores y genere turbulencia en
las aguas para evitar la oviposición de los zancudos, aprovechando la situación
de limpieza en el espejo de agua que presenta actualmente el Embalse del
Muña.
El estudio para determinar en detalle las implicaciones en la salud y en el
ambiente, generadas por la liberación de gases producto de la caída de las
aguas del río Bogotá en el Salto del Tequendama, debido a la suspensión del
bombeo de aguas del río Bogotá hacia el Embalse del Muña, no ha sido
presentado a la Corporación, no obstante, haberse suministrado los términos
de referencia para su elaboración, mediante Auto 174 del 07/07/2006,
confirmado por el Auto 217 del 15/09/2006. Este estudio se considera de vital
importancia, independientemente de la decisión de revocatoria de la concesión
de aguas otorgada a EMGESA, y deberá desarrollarse dentro del
establecimiento de un plan de contingencia ante la eventualidad de presentarse
una situación que obligue a la suspensión del bombeo al Embalse del Muña.
[…]
Que por lo expuesto anteriormente,
RESUELVE:
[…]
ARTICULO SEGUNDO.- Modificar la Resolución 603 del 29 de abril de 1997 y
1014 del 30 de julio de 1998, en el sentido de exigir a EMGESA S.A. ESP, la
implementación de un Plan de Contingencia, ante la eventual suspensión del
bombeo de las aguas del Río Bogotá al Embalse del Muña, el cual deberá
formularse a partir de los resultados del estudio de calidad de aire, que se
elabore conforme a los términos de referencia suministrados por la CAR,
mediante Auto 174 del 07de julio de 2008 […]” (mayúscula y negrilla del
original).
24
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
VI.2.1.2. Resolución 2000 de 15 de septiembre de 2009
“[…] RESOLUCIÓN 2000 DE 15 SET 2009
Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición y solicitud de
Revocatoria Directa
La Subdirectora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, en uso de las facultades legales conferidas en el
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en especial las conferidas por el Decreto 2811
de 1974, Decreto 1541 de 1978, Resolución 901 de 3 de marzo de 2006,
modificada por la Resolución 1063 de 28 de marzo de 2006 y,
CONSIDERANDO
[…] Que de acuerdo con lo anterior, y dado el hecho que la decisión materia
de recurso de reposición, se fundamento (sic) en la expectativa generada por
la Empresa de Energía de Bogotá - EEB, Empresa Generadora de Energía
Eléctrica EMGESA SA ESP y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá - EAAB, al ilustrar las posibles consecuencias ambientales que
surgirían-ante una eventual suspensión del bombeo de las aguas del río
Bogotá al Embalse del Muña, se observa que dicha obligación nace de la
función atribuida en el numeral 12 de la Ley 99 de 1993, en virtud de la cual,
le corresponde a la CAR, ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, pudiendo adoptar medidas tendientes a
prevenir el deterioro de los mismos.
Que bajo la potestad de autoridad ambiental para imponer obligaciones, no
solo la ley atribuye dicha facultad a esta entidad, sino (sic), que en referidos
pronunciamientos efectuados por la jurisdicción administrativa, se hacho
énfasis como lo hizo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. Sala
de Decisión Civil, en fallo proferido el 3 de septiembre de 2002, al decidir
recurso de apelación respecto de la sentencia proferida el 16 de diciembre de
1997, dentro del trámite de Acción Popular, incoada contra Emgesa SA ESP,
al referir la sentencia T-254/93, considerando:
"La autoridad ambiental debe permitir el ejercicio de una actividad económica
legítima, cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la
contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se
prohíba al particular el ejercicio de su actividad. No se puede señalar límites a
las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la
contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad
contaminante, que su primera responsabilidad por encima de cualquier otra,
es establecer los mecanizamos más adecuados y eficaces para suprimir, a
cuando menos reducir el mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan
deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tazas de
retribución ambiental que se establezca, por lo menos parte del precio que
cueste contaminar" (el subrayado es nuestro).
Que si bien, la Resolución No. 603 del 29 de abril de 1997 mediante la cual se
otorgó concesión de aguas, se encontraba en firme, una vez expedida la
Resolución 1014 del 30 de julio de 1998, en virtud de la cual, se resolvió el
recurso de reposición impetrado en el sentido modificar el permiso y de
entender como beneficiaria de él, a la Empresa Generadora de Energía
Eléctrica EMGESA SA ESP, la Corporación expidió la Resolución 1318 del 22
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
de junio de 2007, con el fin de resolver la solicitud de revocatoria directa, y en
dicho análisis, se vio la necesidad de incorporar la obligación de imponer la
implementación de un Plan de Contingencia referido.
Que así las cosas, la imposición de la obligación recurrida, trajo consigo la
modificación unilateral de las obligaciones impuestas en el acto administrativo
de otorgamiento de concesión de aguas, por tanto, dadas las solicitudes
presentadas por la Empresa Generadora de Energía Eléctrica EMGESA SA
ESP, a través de las cuales manifiesta a la Corporación lo improcedente de la
obligación, la corporación emitido el Informe Técnico 433 de 2009, en virtud
del cual se analizaron aspectos como el estudio de calidad de aire a partir de
cuyos resultados debía elaborarse el Plan de Contingencia, la solución en la
fuente de la problemática de río Bogotá, la suspensión de bombeo y la
competencia de elaborar el mismo.
Como quiera que el plan de contingencia al que hace referencia el presente
recurso, debe formularse a partir del resultado del estudio de calidad de aire,
aduce el recurrente que: "no es viable técnicamente la ejecución del estudio
de calidad de aire solicitado por la CAR mediante Auto 014 de julio de 2006.
Resulta entonces, ....que no existe fundamento alguno para formular un Plan
de Contingencia....", al respecto es necesario precisar que con Resolución 506
del 28 de marzo de 2005, se estableció inicialmente la obligación de desarrollar
un programa de monitoreo de calidad de aire entre Alicachín y la descarga de
la Central Hidroeléctrica de La Guaca; resulta conveniente precisar que con
Resolución 1189 del 8 de julio de 2005, se resolvió los recursos impetrados
contra la Resolución 506 de 2005, efectuando algunas modificaciones al
referido acto, pero dicha obligación permaneció incólume.
Que posteriormente, la Corporación través del Auto 174 del 7 de julio de 2006,
confirmado por el Auto 217 del 15 de septiembre de la misma anualidad,
entregó los términos, de referencia para la elaboración del estudio de calidad
de aire, así las cosas, la obligación que emana de los actos administrativos
anteriormente referenciados, está en firme y por tanto, no admite discusión en
esta instancia de la actuación, pese a que sea un insumo para el cumplimiento
de la obligación materia de recurso.
Que por otra parte, el Informe Técnico 433 del 27 de julio de 2009, se refirió
puntualmente a la argumentación presentada por EMGESA SA ESP, en el
sentido de considerar que no existe fundamento para formular un Plan de
Contingencia ante la eventual suspensión de bombeo del Río Bogotá al
Embalse del Muña, en los siguientes términos:
"(...) 2. Solución en la fuente de la problemática del río Bogotá:
Sobre el argumento que presenta EMGESA, en el sentido que no se hace
necesario elaborar el Plan de Contingencia, ante las nuevas realidades
tendientes a solucionar la problemática del río Bogotá, se considera que si bien
es cierto se tienen proyectadas una serie de acciones para la recuperación de
la calidad de las aguas del río Bogotá, estas se encuentran planteadas en el
marco del "Megaproyecto Río Bogotá", sujeto a la ejecución de un cronograma,
establecido para tal fin, independiente de la solución de aspectos puntuales e
individuales, como es el caso del bombeo de las aguas del río al Embalse del
Muña.
Por lo anterior se hace perentoria la implementación de un plan de
contingencia, ante la eventual suspensión del bombeo de las aguas del río
hacia el embalse, la cual se puede presentar en cualquier momento, ya sea
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
ordenada por la autoridad ambiental, por decisión del concesionario o por la
ocurrencia de un acontecimiento fortuito, que no haya sido previsto. ...".
Que unido a lo anterior, aduce el Informe Técnico:
3. Competencia del Plan de Contingencia:
la (sic) Corporación en ningún momento ha desconocido su responsabilidad
en el manejo integral de la cuenca del río Bogotá, contando además con
instrumentos como el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
del Río Bogotá – POMCA Río Bogotá, aprobado mediante Resolución 3194
del 23 de noviembre de 2006, en cumplimiento del Decreto 1729 de 2002.
Sin embargo para el caso particular de los aspectos relacionados con la
concesión de aguas otorgada por la CAR mediante Resolución 603/97 y
1014198, es responsabilidad de EMGESA, en calidad de titular de la
concesión, asumir absolutamente todas las obligaciones que se desprenden
de la misma, especialmente en lo concerniente a la preservación ambiental,
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos
relacionados, de que trata el Articulo 62, literal g del Decreto 1541 de 1978.
Es decir cualquier afectación ambiental causada por la utilización de las aguas
de una fuente hídrica, es responsabilidad del concesionario, en consecuencias
el Plan de contingencia, busca atender la ocurrencia de situaciones imprevistas
que puedan generar afectación al medio ambiente, incluida la población
asentada en el área de influencia de la fuente.
En el caso puntual de la captación localizada en el río Bogotá, a la altura de la
compuerta de Alicachín, se ha instalado una infraestructura que requiere de un
manual de operación y mantenimiento, que debe incluir además un plan de
contingencia ante eventos imprevistos, para la protección de la misma y
especialmente de la población ubicada aguas abajo.
4. Suspensión de bombeo:
Como se indicó anteriormente, aun cuando la CAR mediante la Resolución
1318/07, no haya revocado las resoluciones 603/97 y 1014/98, confirmando
las concesiones de aguas a EMGESA, no se descarta la posibilidad que se
genere la suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá hacia el embalse
del Muña, permitiendo el tránsito directo de las aguas del río a través de su
cauce natural, incluyendo la caída en el Salto Tequendama, con lo cual cobra
mayor importancia disponer de un Plan de Contingencia para su aplicación
oportuna.
(...)"
Que con el fin de ilustrar el porqué de la necesidad de que EMGESA SA ESP,
presente el Plan de Contingencia al que hace. alusión el artículo segundo de
la Resolución 1318 del 22 de junio de 2007, el Informe Técnico 433 de 2009,
contempló algunos aspectos que determinan la importancia de dicho plan, así:
"Otros aspectos:
Además de los anteriores aspectos analizados, es preciso resaltar que en el
evento del tránsito de las aguas por su cauce natural a la altura del Salto de
Tequendama, se pueden presentar múltiples eventos inesperados, entre los
cuales se destacan los siguientes:
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
Dispersión de H2S, en concentraciones tales, que puedan ser perjudiciales
para la salud humana.
Inundación de infraestructura, que ha sido instalada en épocas secas, dentro
la ronda del rio.
Arrastre de semovientes y afectación a la población asentada a las orillas del
río, en periodos de máximas avenidas.
Lo anterior confirma la urgente necesidad de adoptar medidas que
contrarresten los eventos antes señalados, lo cual se obtiene a partir de la
adopción e implementación de un Plan de Contingencia.
6. Formulación Plan de Contingencia
Aun cuando el tema de planes de contingencia, ha sido incorporado dentro de
la Ley 46 del 2 de noviembre de 1988, que creó y organizó el Sistema Nacional
de Prevención y Atención de Desastres, que existen además otros
instrumentos de regulación como el Decreto 919 de 1989 reglamentario de la
Ley 46/88 y el Decreto 321 del 17 de febrero de 1999, que adopta el Plan
Nacional de Contingencias contra el derrame de hidrocarburos, derivados y
sustancias nocivas, así como el Documento S-3106 dela Cruz Roja
Colombiana Dirección General de Operaciones y Socorro Nacional, en donde
establece lineamientos para definir planes de contingencia a nivel nacional, se
presenta a continuación, para efectos de ilustrar aún más los diferentes
aspectos que debe contener el Plan de Contingencia requerido a EMGESA,
una descripción detallada para su elaboración e implementación:
6.1 Definición:
Un Plan de Contingencia, corresponde en principio, a la definición previa de la
forma como se atenderá un evento especifico, por parte del operador de un
sistema y por los sectores de la comunidad afectada por una amenaza,
controlando para ello la situación derivada de emergencia y aplicando medidas
de recuperación respecto a los efectos particulares ocasionados por la
ocurrencia de un evento inesperado; el Plan de Contingencia debe estar
orientado al control inmediato de situaciones que puedan presentarse o se
hayan presentado, afectando personas, infraestructura o sistemas de una
comunidad o grupo humano en una situación específica.
En el caso particular de la operación del Embalse del Muña y especialmente
del manejo de las aguas provenientes del Río Bogotá, otorgadas en concesión
a EMGESA, y derivadas a partir de la compuerta de Alicachín, la amenaza
corresponde a la suspensión eventual de la derivación de estas aguas hacia el
embalse, con la consecuente continuidad del flujo por el cauce natural del Río
Bogotá, generando la liberación de gases hacia la atmósfera, en la caída que
se origina en el Salto del Tequendama.
Esta situación (suspensión del bombeo) se puede presentar, no solo por la
acción de la autoridad ambiental, a través de la revocatoria del acto
administrativo que haya otorgado la concesión o por declaratoria de caducidad
administrativa de la concesión por incumplimiento de las obligaciones
impuestas, si no por decisión individual del concesionario, quien desista del
permiso otorgado, o por la ocurrencia de un fenómeno imprevisto; en
cualquiera de los casos se debe establecer un mecanismo que garantice la no
afectación de la población localizada en la zona de influencia directa del
proyecto.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
Ante esta situación, surge la necesidad de disponer de un instrumento que
garantice la protección de la zona circundante del proyecto, así como de los
habitantes allí localizados, para lo cual se deberá implementar un plan.
previamente diseñado, atendiendo los diferentes escenarios que puedan
presentarse como consecuencia de la suspensión del bombeo desde el río
Bogotá al Embalse del Muña.
La aproximación anticipada a los procedimientos que deben adoptarse para la
atención de un evento de emergencia, como el que puede generarse además
del Municipio de Sibaté, aguas abajo de la compuerta de Alicachín, permite
efectuar un precálculo eficiente de los recursos logísticos, insumos y talento la
dinámica y procesos que será necesario efectuar.
Que dado lo anterior y como quiera que el recurrente, una vez sustentado el
recurso de reposición contra el artículo segundo de la Resolución 318 de 2007
presenta su inconformidad sobre las demás disposiciones que soportan el
mencionado acto administrativo, la Corporación es clara en manifestar que de
la motivación con la cual se fundamentó dicha providencia, vale decir Informe
Técnico No. 005 de 2007, se desprende el incumplimiento de obligaciones
previstas en los numerales 2 y 7 del Artículo Octavo y Artículo Catorce de la
Resolución 506 de 2005, así como el Auto 174 del 7 de julio de 2006,
confirmado por el Auto 217 del 15 de septiembre del mismo año, sobre el cual
hace alusión el doctor Caldas Rico.
Que en ejercicio del principio de economía que debe imperar en las
actuaciones administrativas, la Corporación incorporó en dicha providencia los
requerimientos a los que hace alusión el escrito de descargos, concediéndole
a EMGESA SA ESP, un último plazo para que fueran subsanados, habida
cuenta, que los actos • administrativos con los cuales nacieron dichas
obligaciones ya habían sido debatidos y surtidos sus recursos, dentro del
trámite administrativo de carácter ambiental, por lo cual, al no constituirse
nuevas obligaciones tendientes al mejoramiento de la problemática ambiental
del embalse del Muña, sobre ellos no es posible accionarse en vía gubernativa.
Que frente a los motivos complementarios que sustentan la necesidad de
modificar la Resolución, aducidos por el recurrente, es necesario precisar, que
frete a la existencia de fallo judicial o cosa juzgada, la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en Sentencia
01834 (ap) del 15 de julio de 2004, con ponencia del doctor Germán Rodríguez
Villamizar, estableció:
"La cosa juzgada. es considerada como aquella fuerza vinculante de una
decisión judicial, que busca garantizar la seguridad jurídica, cuya configuración
exige la concurrencia de los siguientes tres requisitos: - Identidad en las partes,
• Identidad en el objeto, -Identidad en la causa. De otra parte, para que opere
la cosa juzgada es necesario que la- decisión este contenida en una sentencia
debidamente ejecutoriada..."
En dicho contexto, el recurrente no es claro en manifestar la decisión judicial
que para el presente asunto, tiene la fuerza vinculante que lleve a la
Corporación a revocar el artículo segundo y modificar la Resolución 1318 de
2007, en procura de garantizar la seguridad jurídica que es el deber ser del
principio de cosa juzgada, limitándose entonces, a establecer que los procesos
judiciales han adoptado posiciones jurídicas y ambientales que no coinciden
con las Resoluciones 506 de 2005 y 1318 de 2007; así las cosas, la
Corporación no puede acoger dicha argumentación para acceder a la petición
presentada por el doctor Caldas Rico.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
Que en relación con la irregularidad en la notificación y exclusión indebida,
alegada por EMGESA SA ESP, al manifestar: "Constatada la Resolución1318
de 2007, resulta que el artículo sexto omitió la notificación e imposición de las
decisiones de la Resolución 1318 de 200%, a los restantes actores en este
asunto, como son la EEB SA y la EAAB. ..." esta corporación, pese a haber
omitido por error involuntario a las mencionadas empresas, en el contenido
literal del artículo sexto del mencionado acto administrativo, dicha providencia
fue notificada personalmente a la doctora Margarita María Muñoz Segura, en
representación de la Empresa Energía de Bogotá en fecha 8 de agosto de
2007 (folio 13950), a la Alcaldía de Sibaté el julio 6 de 2007 (folio 13919) y a la
Alcaldía de Mesitas del Colegio en julio 10 de 2007 (folio 13949).
Que así mismo, se notifico (sic) por edicto, una vez enviadas las
comunicaciones pertinentes, a la fundación Amigos del Planeta, Emgesa. S.A.
ESP y a la Empresa de Acueducto Y Alcantarillado, con fecha de fijación del
24 de julio de 2007, fecha de desfijación de julio 30 de 2007, y constancia de
ejecutoria del 6 de agosto de 2007
Que obra en el expediente las comunicaciones emanadas de la Corporación,
a través de las cuales, se les comunica a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, con radicación CAR No. 647 del 29 de junio de 2007 (folio
13969), remitido con la planilla No. 52 de julio 5 de 2007 y con la guía de
servicios postales nacionales No. 7731543, y a EMGESA SA ESP, mediante
escrito con radicado CAR No. 643 del 29 de junio de 2007 (folio 13965), que
debían comparecer a notificarse de la Resolución No. 1318 de 2007.
Que adicionalmente, a folio 14242 obra escrito en papel membreteado de la
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá EEB, de la Empresa Generadora de
Energía Eléctrica - Emgesa SA ESP y de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, con radicación de recibido de la CAR No. 2007-0000-
17674-1 del 22 de diciembre de 2007, en el cual se hace expresa referencia a
la Resolución 1318 de 2007, en cuyo párrafo se consigna lo siguiente
“...consideramos que la mejor alternativa es que se establezca el cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la resolución CAR No. 506 de junio de 2005
que han sido ejecutadas por las empresas y se modifique la resolución No.
1318 del 22 de junio de 2007, acogiendo las conclusiones planteadas en el
mencionado informe, reiteramos con el fruto del consenso entre la autoridad
ambiental y las empresas, lo cual sin duda alguna redundará en beneficio de
la comunidad aledaña al embalse del muña.".
Lo (sic) que evidencia la notificación por conducta concluyente de el (sic)
referido acto administrativo
En lo que respecta a la presunta anomalía en la que incurrió la Corporación,
respecto a la notificación, es necesario preciar, que la obligación contenida en
el artículo segundo de la Resolución 1318 de 2007, se dirigió exclusivamente
a la Empresa recurrente, la cual se notificó en debida forma, en tanto se
desvirtúa una posible violación al debido proceso; por otra parte, los demás
requerimientos a los que hace referencia el mencionado acto administrativo,
que no fueron sujetos de recurso por vía gubernativa, fueron conocidos por las
empresas interesadas, hasta el punto de motivar solicitudes al respecto las
cuales obran en el expediente, además de constituir obligaciones ya conocidas
por ellas, habidas impuestas con providencias debidamente notificadas
anteriormente.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
Que por otra parte, es importante para este Despacho aclarar al recurrente que
la Corporación no abrió un nuevo expediente relacionado con los trámites
concernientes al Embalse del Muña, lo sucedido fue que la Dirección General
de la CAR, mediante Resolución No. 1247 del 14 de julio de 2005, ordenó la
renumeración de los expedientes, atendiendo una política de saneamiento de
los mismos.
Que para hacer efectivas la obligación sobre la cual se debate el presente
recurso, respecto del artículo tercero de la Resolución 1318 de 2007, se debe
tener en cuenta, lo relacionado con la firmeza de los actos administrativos,
conforme a lo establecido por la jurisprudencia y la doctrina, las que han
considerado, que los actos administrativos adquieren firmeza cuando contra
ellos no procede ningún recurso, o cuando los recursos interpuestos se
deciden; cuando no se interponen recursos o se renuncia expresamente a
ellos, o cuando hay lugar a la perención o se aceptan los desistimientos; De
acuerdo con lo anterior, las Resoluciones No. 603 del 29 de abril de 1997 y
1014 del 30 de julio de 1998, se encontraban en firme una vez surtida la
notificación de la última, como quiera que resolvió el recurso de reposición
impetrado contra el referido acto administrativo, en dicho evento, la
incorporación de nuevas obligaciones a través de la modificación alteran la
firmeza de dicha providencia.
Que por otra parte, es necesario establecer, que las atribuciones otorgadas a
las Autoridades Ambientales por el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en virtud
del cual, la Corporación le corresponde realizar control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, en tanto, está facultada para imponer obligaciones en procura de
la conservación de un ambiente sano y la protección de la diversidad e
integridad del mismo, ya sea imponiendo obligaciones como la del plan de
contingencia anteriormente aludido.
Que a pesar, de que la expedición de los actos administrativos en los cuales
se imponen obligaciones a las personas naturales o jurídicas, obedece a la
existencia de unos presupuestos fácticos y jurídicos que permiten inferir a la
administración la necesidad de la realización de una acción u omisión por parte
del ciudadano, en el caso de las. autoridades ambientales, este tipo de actos
por encontrarse sujetos a la primacía del interés colectivo sobre el particular,
son susceptibles de variaciones de fondo por razones de conveniencia,
oportunidad o mérito, La Corporación en el caso materia de recurso, considera
procedente no reponer el artículo Segundo de la Resolución 1318 del 22 de
junio de 2007, a través del cual, se modificó las Resoluciones 603 del 29 de
abril de 1997 y 1014 del 30 de julio de 1998, en el sentido de exigir a Emgesa
SA ESP, la implementación de un Plan de Contingencia ante la eventual
suspensión de bombeo de las aguas del Río Bogotá al Embalse del Muña, el
cual deberá formularse a partir de los resultados del estudio de calidad de aire,
que se elaboren conforme a los términos de referencia suministrados por la
CAR, mediante Auto 174 del 7 de julio de 2006.
Que la Corporación continuará adelantando el control y seguimiento ambiental
al Embalse del Muña, imponiendo las obligaciones de carácter ambiental a las
que haya lugar, conforme a las consideraciones técnicas presentadas.
Como quiera que mediante oficio radicado con el No. 1942 del 13 de
septiembre de 2007, el doctor ALBERTO DUQUE RAMIREZ, obrando como
apoderado de la EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA S.A.
ESP., eleva solicitud de Revocatoria Directa Parcial de la Resolución No. 1318
de 22 de junio de 2007, se procederá a conocer de dicha solicitud
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[…]
Por lo anteriormente expuesto, este Despacho negará la solicitud de
revocatoria directa presentada por el doctor ALBERTO DUQUE RAMÍREZ, en
calidad apoderado de la Empresa de Energía de Bogotá E.E.B.
Que en merito (sic) de lo anterior, la subdirección Jurídica,
RESUELVE:
[…]
ARTICULO SEGUNDO.- No reponer el artículo segundo de la Resolución No.
1318 del 22 de junio de 2007, en consecuencia permanece incólume, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa del
presente acto Administrativo […]” (mayúsculas, subrayado y negrilla del
original).
VI.2.3. Análisis del caso concreto
114. La Sala analizará la legalidad del artículo 2º de la Resolución 1318 de 22 de
junio de 2007 y del artículo 2º de la Resolución 2000 de 15 de septiembre de 2009,
que confirmó lo dispuesto en la primera, actos administrativos expedidos por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, a través de los cuales
se ordenó a Emgesa S.A. ESP la implementación de un plan de contingencia ante
la eventual suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse del
Muña.
115. En el recurso de apelación, la parte demandante reiteró los cargos expuestos
en la demanda, relacionados con la falsa motivación y el desconocimiento de las
normas superiores en que debían fundarse los actos administrativos acusados. El
apoderado de Emgesa S.A. ESP argumenta que: (i) no es responsable de la
contaminación de las aguas del embalse del Muña ni del río Bogotá; (ii) no le
corresponde la obligación legal de ejecutar el plan de contingencia, ya que la
responsabilidad de la gestión del riesgo recae sobre los entes territoriales y la
autoridad ambiental según la Ley 1523 de 2012; (iii) ha cumplido con todas las
contraprestaciones previstas en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, mediante el
pago de transferencias destinadas a la protección del ambiente y los recursos
hídricos; (iv) la suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá es improbable
y resultaría en un impacto negativo significativo en el Sistema Interconectado
Nacional – SIN, afectando la prestación continua y confiable del servicio público
esencial de energía.
VI.2.3.1. Enel Colombia S.A. ESP no es responsable de la contaminación del
embalse del Muña ni del río Bogotá
116. El apoderado de Emgesa S.A. ESP argumenta que no es responsable de la
contaminación del embalse del Muña ni del río Bogotá. La empresa señala que su
actividad de generación de energía se lleva a cabo en cumplimiento de todas las
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licencias y permisos ambientales requeridos y que las aguas captadas del río
Bogotá son devueltas con mejor calidad que al momento de la captación. Por lo
tanto, no tiene ninguna relación directa con los niveles de contaminación del río o
el embalse. Asimismo, argumenta que la contaminación del embalse es anterior a
su concesión de las aguas, la cual data de 1997.
117. Para resolver, la Sala recuerda que la Carta Política como una “[…] Constitución
Ecológica […]”, prevé el medio ambiente como el conjunto de disposiciones que
regulan la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a su protección.
118. Como lo ha mencionado esta Corporación14, hay más de 30 disposiciones
Constitucionales que desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los
artículos 8°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: (i) la obligación del Estado y de las
personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; (ii) la función ecológica
de la propiedad; (iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado
de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de
especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos
fines; y (iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
119. Dichas disposiciones integran los atributos principales en relación con el medio
ambiente de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe desde tres
perspectivas: (i) como un derecho de las personas; (ii) como un servicio público y;
(iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado
que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
120. En relación con el medio ambiente, la Corte Constitucional15 ha destacado su
importancia: “[…] la protección ambiental, en su dimensión de principio, implica la
obligación estatal de conservar y proteger el medio ambiente y procurar que el
desarrollo económico y social sea compatible con la salvaguarda de las riquezas
naturales de la Nación. Según lo previsto en el artículo 80 de la Constitución
Política, el aprovechamiento de los recursos naturales debe hacerse en condiciones
de desarrollo sostenible y debe garantizar su conservación, restauración o
sustitución […]”.
121. Así pues, el medio ambiente como objetivo de principio dentro de la actual
estructura del Estado Social de Derecho16, es un derecho constitucional
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1 de noviembre
de 2019. Rad.: 2012 – 00104. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 8 de septiembre de 2021. MP. Dr. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
16 Ibidem.
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fundamental y colectivo exigible por todas las personas a través de diversas vías
judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los
particulares, al implicar deberes calificados de protección. Tal y como lo dispone
los artículos 8º, 95 y 33 de la Constitución Política:
“[…] Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación […]” (negrilla fuera de texto).
“[…] Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de
la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano: […]
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano […]” (negrilla fuera de texto).
“[…] Articulo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres,
dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y
estimulará el desarrollo empresarial […]” (negrilla fuera de texto).
122. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que tanto el Estado como los
particulares, incluidas las empresas, tienen responsabilidades en la protección del
medio ambiente y las riquezas naturales de la Nación, por lo que la responsabilidad
ambiental no se limita únicamente a los entes gubernamentales, sino que también
recae sobre los ciudadanos y las compañías.
123. Asimismo, se reconoce que la actividad económica y la iniciativa privada,
aunque libres, debe ejercerse dentro de los límites del bien común, lo cual implica
que las empresas, como Emgesa S.A. ESP, tienen una función social que implica
el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Las empresas están obligadas a
adherirse a las normativas que regulan su impacto sobre el medio ambiente y a
asumir responsabilidades por cualquier daño que puedan causar.
124. El principio de desarrollo sostenible, consagrado en el artículo 80 de la
Constitución Política, refuerza la idea de que el aprovechamiento de los recursos
naturales debe hacerse de manera que se garantice su conservación y protección,
por lo que las actividades económicas deben ser compatibles con la preservación
ambiental, y por ende, las empresas deben implementar prácticas que minimicen
su impacto.
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125. Finalmente, la jurisprudencia, citada por la recurrente, refuerza la idea de que
la responsabilidad ambiental es compartida. Las decisiones allí adoptadas
establecen precedentes sobre la obligación de todos los actores, incluidos los
particulares y las empresas, de cumplir con las normativas ambientales y contribuir
a la protección del medio ambiente.
126. Por lo tanto, la afirmación del recurrente de que la responsabilidad de proteger
el embalse del Muña no corresponde a Emgesa S.A. ESP carece de fundamento
en el marco legal y constitucional vigente.
127. De la revisión del plenario, la Sala encuentra que a través de la Resolución 0603
de 29 de abril de 199717 se concedió a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP
– EEB el uso de aguas superficiales, entre ellas las del embalse del Muña, con fines
de generación de energía eléctrica, se dispuso que la concesionaria debe preservar
la calidad de las aguas, cuidar y mantener la vegetación protectora de las mismas,
tal y como se observa a continuación:
“[…] Artículo Décimo Tercero: La concesionaria debe preservar la calidad de
las aguas, cuidar y mantener la vegetación protectora de las mismas.
[…]
Artículo Décimo Quinto: Serán causales de caducidad por la vía administrativa:
además el incumplimiento de las condiciones de que trata la presente
resolución, las contempladas en el artículo 62 del Decreto 28 de 1974 (Código
de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente), y el
artículo 128 del Acuerdo 10 de 1989 de la Junta Directiva de la CAR [...]".
128. Así pues, la Resolución 0603 impuso la responsabilidad expresa de mantener
la calidad del agua y la vegetación protectora y estableció sanciones para su
incumplimiento, lo cual vislumbra que el concesionario tiene un papel activo y
obligado en la protección ambiental, más allá de simplemente operar el embalse.
129. Como bien lo expuso el a quo, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP –
EEB entró en un proceso de capitalización y transformación que dio lugar a la
creación de Emgesa S.A. ESP, empresa encargada de la generación eléctrica.
130. Con fundamento en lo anterior, la CAR expidió la Resolución 1014 de 30 de
julio de 199818, en la cual se autorizó la cesión de derechos de la concesión de
aguas del embalse del Muña a Emgesa S.A. ESP. En dicho acto administrativo se
dispuso lo siguiente:
"[…] Artículo Segundo: Entiéndase para todos los efectos legales como
beneficiaria de las concesiones y obligaciones impuestas mediante la
Resolución No 603 del 29 de abril de 1997 y la presente providencia a la
Empresa de Generación Eléctrica Emgesa SA ESP.
17 Folio 93 C 1.
18 Folio 99 C 1.
35
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Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
[…]
Parágrafo Primero: De acuerdo con la recomendación de la Secretaría de
Salud de Cundinamarca, Empresa de Generación de Energía Eléctrica -
Emgesa SA ESP debe realizar como mínimo un sistema de tratamiento
convencional a las aguas a derivar para su consumo doméstico.
[…]
Artículo Séptimo: Modificar el artículo décimo cuarto de la Resolución No 603
del 29 de abril de 1997 el cual quedará del siguiente tenor:
Con el fin de prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás
recursos la Empresa de Generación de Energía Eléctrica Emgesa SA ESP
deberá proteger, cuidar y mantener la vegetación de la zona en la que se
encuentran localizadas las fuentes de las cuales se otorgó la concesión.
[…]
Artículo Noveno: Aclarar el artículo Décimo Tercero de la Resolución No 603
del 29 de abril de 1997 en el siguiente sentido:
La concesionaria deberá preservar la calidad de las aguas, por lo tratadas
previamente a su vertimiento.
Parágrafo: Por lo anterior es claro que el tratamiento de las aguas solo
procederá respecto de aquellas destinadas a uso doméstico pues la
destinadas a la generación de energía deberán ser vertidas en
condiciones idénticas a las poseídas al momento de captarlas […]"
(negrilla fuera de texto).
131. Nótese, entonces, que las referidas resoluciones formalizaron la transferencia
de derechos y responsabilidades de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP –
EEB a Emgesa S.A. ESP en relación con la concesión de aguas del embalse del
Muña, estableciendo a esta última la obligación de realizar tratamientos específicos
para las aguas destinadas al consumo doméstico y de mantener la calidad y
conservación de los recursos hídricos en las áreas concesionadas, contrario a lo
afirmado por la recurrente.
132. Emgesa S.A. ESP como concesionaria es, en primer lugar, acreedora de la
obligación de cuidar y proteger de manera general toda el agua del embalse y, en
segundo término, de manera especial debe adicionalmente tratar las aguas que
tengan por destino el uso doméstico previamente a su vertimiento.
133. La Sala advierte que las mencionadas resoluciones gozan de presunción de
legalidad, toda vez que las mismas no han sido declaradas nulas y no fueron
cuestionadas y, mucho menos, demandadas en el presente proceso.
134. Ahora,
en los actos acusados se plasmó la actividad relacionada con la
implementación de un plan de contingencia y la cual se justificó de la siguiente
manera19:
19 Folios 116 y 117 C 1.
36
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Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
“[…] En el caso particular de la operación del Embalse del Muña y
especialmente del manejo de las aguas provenientes del Río Bogotá,
otorgadas en concesión a EMGESA, y derivadas a partir de la compuerta de
Alicachín, la amenaza corresponde a la suspensión eventual de la
derivación de estas aguas hacia el embalse, con la consecuente
continuidad del flujo por el cauce natural del Río Bogotá, generando la
liberación de gases hacia la atmósfera, en la caída que se origina en el
Salto del Tequendama.
Esta situación (suspensión del bombeo) se puede presentar, no solo por
la acción de la autoridad ambiental, a través de la revocatoria del acto
administrativo que haya otorgado la concesión o por declaratoria de
caducidad administrativa de la concesión por incumplimiento de las
obligaciones impuestas, si no por decisión individual del concesionario,
quien desista del permiso otorgado, o por la ocurrencia de un fenómeno
imprevisto; en cualquiera de los casos se debe establecer un mecanismo
que garantice la no afectación de la población localizada en la zona de
influencia directa del proyecto.
Ante esta situación, surge la necesidad de disponer de un instrumento que
garantice la protección de la zona circundante del proyecto, así como de
los habitantes allí localizados, para lo cual se deberá implementar un plan
previamente diseñado, atendiendo los diferentes escenarios que puedan
presentarse como consecuencia de la suspensión del bombeo desde el
río Bogotá al Embalse del Muña […]" (negrilla fuera de texto)
135. De lo anterior se desprende que la obligación de la parte demandante de la
elaboración de un plan de contingencia por la suspensión del bombeo al embalse
del Muña, lo cual se justifica en el sentido que debe garantizarse la protección de
la zona circundante del proyecto, así como de los habitantes allí localizados. Estas
acciones destacan la responsabilidad de la empresa en la gestión del riesgo que
podría presentarse.
136. Dela lectura del acto administrativo se desprende que la obligación fue
impuesta no en ejercicio de una facultad sancionatoria sino que, por el contrario,
como resultado de la relación de reciprocidad existente entre la CAR y Emgesa S.A.
ESP con ocasión a la cesión de la utilización de las aguas del embalse.
137. La Sala estima que la base de las obligaciones impuestas a Emgesa S.A. ESP
se entiende en el contexto de una contraprestación. Así como la empresa recibió el
beneficio de usar las aguas del embalse, esta sociedad tiene la obligación de
adoptar las medidas necesarias para precaver los riesgos que implica la actividad
de bombeo. Esta obligación no surge debido a un incumplimiento de normas
ambientales ni como resultado de una acción de contaminación, sino como una
contraprestación inherente al beneficio recibido por la concesión del uso de las
aguas.
138. En este contexto, el argumento del apoderado de la recurrente, que sostiene
que las responsabilidades deben recaer en las autoridades y no en Emgesa S.A.
ESP, carece de fundamento legal y constitucional. Aunque la CAR y los entes
37
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Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
territoriales tienen la obligación de realizar y adoptar medidas para mitigar los
riesgos ambientales, esto no exime a las empresas beneficiarias de concesiones
de recursos naturales de sus propias responsabilidades.
139. La naturaleza de la relación de concesión implica que Emgesa S.A. ESP, al
recibir el derecho de utilizar las aguas del embalse para la generación de energía,
también asume la obligación de cuidar y mantener las condiciones ambientales del
embalse, las áreas circundantes y de los habitantes que allí se asientan.
140. Este principio de reciprocidad es esencial para asegurar que el uso de los
recursos naturales sea sostenible y que las empresas contribuyan activamente a la
preservación del medio ambiente, al margen de si contaminó o no el recurso hídrico.
141. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la presunta omisión histórica de los
entes territoriales en el tratamiento de aguas servidas no exime a Emgesa S.A. ESP
de sus responsabilidades ambientales.
142. Como quedó claro la Constitución Política establece que tanto el Estado como
los particulares, incluidas las empresas, tienen el deber de proteger las riquezas
naturales de la Nación y garantizar un ambiente sano.
143. Finalmente, el apoderado de la recurrente enfatizó que Emgesa S.A. ESP no
fue declarado responsable en la sentencia de acción popular respecto de la
contaminación del río Bogotá.
144. En relación con este argumento de apelación, la Sala advierte, que si bien es
cierto que la CAR ostenta unas competencias de protección del ambiente, también
lo es que precisamente en ejercicio de esas funciones es que exige que los sujetos
que usan los recursos naturales cumplan con sus obligaciones recíprocas de
cuidado y protección de los recursos que usan, sin que este hecho comporte un
traslado de las obligaciones asignadas por el ordenamiento jurídico o una decisión
judicial a cargo de la CAR.
145. Ahora bien, la Sala recuerda que la obligación de ejecutar las obras ordenadas
en la sentencia de 28 de marzo de 201420 por parte de la CAR no excluye las
responsabilidades de Emgesa S.A. ESP derivadas de la concesión de uso de aguas
del embalse del Muña. La responsabilidad ambiental es compartida y recae tanto
en las autoridades como en los particulares y las empresas. Emgesa S.A. ESP,
como concesionaria, tiene la obligación de contribuir activamente a la conservación
y protección del embalse, en cumplimiento con las disposiciones legales y
constitucionales vigentes, como se analizará en el numeral siguiente.
146. En la sentencia se consideró que Emgesa S.A. ESP, como administradora del
embalse del Muña, utilizado principalmente para la generación de energía eléctrica,
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de marzo de
2014. Rad.: 25000-23-27-000-2001-90479-01(ap). MP. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
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Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
tiene la obligación de implementar acciones de mitigación ambiental debido a la
grave contaminación del río Bogotá que afecta el embalse. Entre las medidas
adoptadas se encuentran la desecación de terrenos alrededor del embalse, la
construcción de diques para aislar el embalse del municipio de Sibaté, la remoción
del buchón, el control del nivel de zancudos, así como el seguimiento y monitoreo
de la calidad del agua. Estas acciones son parte del cumplimiento de las
obligaciones ambientales impuestas a la recurrente para contrarrestar los impactos
negativos de su operación en el ecosistema circundante.
147. Nótese, entonces, que la decisión de esta Sección en la sentencia del río
Bogotá y las resoluciones acusadas guardan una relación directa en cuanto a las
obligaciones impuestas a Emgesa S.A. ESP para mitigar los impactos ambientales
causados por la contaminación del río Bogotá y la operación del embalse del Muña.
148. En particular, la sentencia se centra en la recuperación integral de la cuenca
hidrográfica del río Bogotá, con un enfoque sistémico y holístico que aborda la
calidad del agua, la biodiversidad y la salud pública, elementos también
considerados en los actos acusados, destacando que el embalse del Muña como
uno de los puntos críticos en el ciclo hidrológico del río Bogotá, debido a los graves
problemas de contaminación y la necesidad de acciones correctivas.
149. En síntesis, la obligación impuesta a Emgesa S.A. ESP es una parte integral de
la relación de concesión y no una consecuencia de una falta o infracción. Estas
obligaciones aseguran que la empresa, al beneficiarse del uso de los recursos
hídricos, también contribuya activamente a su conservación y protección, en
cumplimiento con las disposiciones legales y constitucionales que buscan
garantizar un desarrollo sostenible, la preservación del medio ambiente para las
generaciones presentes y futuras y las condiciones de bienestar de los habitantes
del área concesionada. La responsabilidad de Emgesa S.A. ESP en la gestión y
conservación del embalse del Muña y las medidas que adopte por los riesgos en la
actividad de bombeo que realiza es fundamental para el equilibrio entre el desarrollo
económico y la protección ambiental, reafirmando el compromiso de todos los
actores en la preservación de los recursos naturales, razón por la cual el argumento
de apelación no tiene vocación de prosperar.
VI.2.3.2. La responsabilidad de la gestión del riesgo corresponde a los entes
territoriales y la autoridad ambiental
150. El apoderado de la recurrente sostiene que, de acuerdo con la Ley 1523 de
2012, la responsabilidad de diseñar e implementar un plan de contingencia en
casos de riesgo ambiental recae sobre los entes territoriales y la autoridad
ambiental, no sobre una empresa privada. Argumenta que el diseño y ejecución del
plan de contingencia solicitado por la CAR excede sus obligaciones legales y debe
ser gestionado por las autoridades competentes, quienes tienen la responsabilidad
de implementar medidas de gestión del riesgo en sus territorios.
39
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
151. Para resolver, la Sala recuerda que las competencias para imponer medidas de
protección ambiental están claramente definidas por el marco legal y constitucional,
los cuales asignan responsabilidades tanto a las entidades públicas como a los
particulares y empresas, como se ha venido precisando.
152. La legislación y la jurisprudencia establecen un sistema robusto que asegura
que todos los actores involucrados, incluyendo la empresa Emgesa S.A. ESP,
cumpla con sus obligaciones ambientales.
153. Es así como la Constitución Política establece la base legal para la protección
del medio ambiente. Al respecto, el artículo 79 consagra el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. En coherencia con
ello, el artículo 80 ibidem dispone que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución, y deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de
los daños causados.
154. Por su parte, la Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, hoy
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y organiza el Sistema
Nacional Ambiental –SINA, otorga competencias claras a diversas entidades
públicas en materia ambiental. El ente ministerial es la entidad rectora de la gestión
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, encargada de definir las
políticas nacionales ambientales y coordinar su ejecución. Por su parte, las
Corporaciones Autónomas Regionales – CAR tienen la función de ejecutar las
políticas, planes, programas y proyectos ambientales en sus respectivas
jurisdicciones, otorgar permisos, concesiones y licencias ambientales, imponer
sanciones por violaciones a las normas ambientales y realizar acciones de
seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales.
155. La Ley 715 de 2001 define las competencias de las entidades territoriales en la
prestación de servicios públicos y la ejecución de políticas ambientales, señalando
en el artículo 76 que los municipios tienen la responsabilidad de prestar los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, incluyendo el tratamiento de aguas
residuales, y asegurar la prestación eficiente de los servicios de saneamiento
básico y de salud ambiental, lo cual implica una responsabilidad directa en el
saneamiento ambiental y la gestión de aguas residuales, complementando las
obligaciones establecidas a nivel regional y nacional.
156. Lajurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha
desarrollado una interpretación robusta de las responsabilidades ambientales en
Colombia. La sentencia C-123 de 199421 destaca que la protección del medio
ambiente es un derecho-deber de todos los habitantes del territorio nacional y una
21 Corte Constitucional. Sentencia de 5 de marzo de 2014. MP. Dr. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
obligación del Estado, que debe garantizar la preservación y conservación de los
recursos naturales mediante la implementación de políticas adecuadas y la
vigilancia de su cumplimiento. Adicionalmente, la sentencia T-411 de 199222
reafirma el principio de desarrollo sostenible como guía para todas las actividades
económicas y sociales, asegurando que las necesidades del presente se satisfagan
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades.
157. Además, el Consejo de Estado23 ha reafirmado la responsabilidad compartida
en la protección ambiental, al señalar que “[…] la gestión ambiental implica una
responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, donde
las empresas que reciben concesiones para el uso de recursos naturales deben
cumplir con las condiciones establecidas en los actos administrativos
correspondientes, incluyendo las obligaciones de conservación y restauración
ambiental […]”.
158. Así pues, las competencias para imponer medidas de protección ambiental
están claramente definidas por un marco legal y constitucional que prioriza la
sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales. Las Corporaciones
Autónomas Regionales – CAR, como entes ejecutores de las políticas ambientales,
tienen la facultad de imponer obligaciones para asegurar el cumplimiento de las
normativas ambientales.
159. Por lo tanto, la obligación impuesta a Emgesa S.A. ESP por la CAR se ajusta y
tiene sustento en el ordenamiento jurídico superior, además reflejan la
responsabilidad compartida en la protección y conservación del medio ambiente,
asegurando que las actividades económicas y el uso de recursos naturales se
realicen de manera sostenible y en cumplimiento con las normativas ambientales
vigentes.
160. Lo anterior garantiza que todas las partes involucradas, tanto públicas como
privadas, cumplan con su deber de preservar los recursos naturales y contribuir a
un desarrollo sostenible.
161. Aunado a lo anterior, la implementación un plan de contingencia tiene
fundamento en la normativa ambiental y de gestión de riesgos en Colombia. A pesar
de que el apoderado de la empresa argumenta que la responsabilidad de diseñar
e implementar dicho plan recae exclusivamente en los entes territoriales y las
autoridades ambientales, la Ley 46 de 1988 estableció un marco de obligaciones
que también incluye a los actores privados cuyas actividades puedan generar
riesgos ambientales.
22 Corte Constitucional. Sentencia de 17 de junio de 1992. MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de febrero de
2014. Rad.: 2007-00052-01. MP. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
162. La Ley 46 de 1988, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres, disposición que fue codificada por el Decreto Ley 919 de 1989, otorgó a
las autoridades públicas la responsabilidad de gestionar el riesgo y diseñar planes
de contingencia para mitigar los impactos de desastres naturales o provocados. Sin
embargo, esta ley no eximió a las empresas privadas de asumir su parte en la
prevención de riesgos derivados de sus actividades económicas. En el caso de
Emgesa S.A. ESP, su rol como concesionaria de aguas del río Bogotá, implica una
responsabilidad directa en la protección de los recursos hídricos y la mitigación de
riesgos, tal como lo establece el Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto
2858 de 1981.
163. Así pues, la CAR, en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993,
impuso a Emgesa S.A. ESP la obligación de formular un plan de contingencia ante
la posible suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse del Muña.
Esta medida es coherente con su función de control y seguimiento de los recursos
naturales renovables y responde a los riesgos específicos que dicha suspensión
podría generar, como la liberación de gases peligrosos, inundaciones y otros
impactos que podrían afectar tanto al medio ambiente como a la población
circundante.
164. En este sentido, el plan de contingencia exigido a Emgesa S.A. ESP no solo
está alineado con el marco normativo que regula la gestión del riesgo, sino que
también responde a las obligaciones específicas que tiene la empresa como
concesionaria de un recurso natural estratégico, como lo es el agua del río Bogotá,
por tanto, la CAR está plenamente facultada para imponer esta obligación a la parte
demandante.
165. Por otra parte, conforme lo consideró el a quo, si bien es cierto el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial aprobó el plan de manejo ambiental el
cual establece los procedimientos a seguir frente a la ocurrencia de cada una de
las situaciones críticas identificadas en la etapa de análisis de riesgo, incluyendo el
contexto regional y la forma como el sistema interactúa con el ambiente y su
entorno, también lo es que ello no exoneraba a la parte demandante para que
realice un plan de contingencia por la eventual suspensión del bombeo de aguas
del río Bogotá al embalse del Muña.
166. Elrecurrente, fundamentado en la Ley 1523 de 2012, sostiene que la
responsabilidad de diseñar e implementar un plan de contingencia en situaciones
de riesgo ambiental corresponde a los entes territoriales y a las autoridades
ambientales, no a las empresas privadas. Sin embargo, esta disposición no se
encontraba vigente al momento de la expedición de los actos administrativos
acusados, como son las Resoluciones 1318 de 2007 y 2000 de septiembre de 2009.
167. Al momento de la expedición de dichos actos administrativos, la normativa
aplicable era la Ley 46 de 1988 codificada por el Decreto Ley 919 de 1989, la Ley
99 de 1993 y el Decreto 1541 de 1978, que establecen que las empresas
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Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
concesionarias de recursos naturales, como Emgesa S.A. ESP, son responsables
de prevenir y mitigar los impactos ambientales derivados de sus actividades.
168. El hecho de que la Ley 1523 de 2012 entrara en vigencia posteriormente no
afecta la legalidad de las obligaciones impuestas en su momento, ya que los actos
administrativos expedidos previamente se basaron en las normas vigentes en ese
entonces. Además, la Sala reitera que el sistema de gestión ambiental ya reconocía
desde antes la responsabilidad de las empresas privadas de implementar medidas
de prevención frente a riesgos específicos derivados de sus operaciones.
169. Por lo anterior, el argumento que busca trasladar la responsabilidad
exclusivamente a las autoridades públicas con base en una norma posterior carece
de fundamento en este caso. Sin perjuicio de ello, la Sala advierte que aunque la
Ley 1523 de 2012 otorga a las autoridades públicas la responsabilidad de gestionar
los riesgos a nivel territorial, esto no exime a las empresas de adoptar medidas
específicas para prevenir y mitigar los riesgos derivados de sus actividades.
170. En conclusión, el plan de contingencia requerido a Emgesa S.A. ESP es una
medida legalmente justificada y necesaria para la protección del medio ambiente y
la seguridad de la población en el área de influencia del embalse del Muña.
171. No le asiste razón a la recurrente al afirmar que no tiene obligación legal en
relación con la protección del embalse del Muña. Las obligaciones específicas
derivadas de la concesión de aguas, así como las competencias asignadas a la
CAR por la legislación ambiental, imponen a Emgesa S.A. ESP responsabilidades
claras y específicas. Estas responsabilidades son necesarias para garantizar la
sostenibilidad del recurso hídrico y asegurar que el aprovechamiento de los
recursos naturales se realice en armonía con la conservación del medio ambiente
y la protección de los habitantes de las áreas de influencia, por lo que el argumento
de apelación no está llamado a prosperar.
VI.2.3.3. Emgesa S.A. ESP ha cumplido con todas las contraprestaciones
previstas por la Ley 99 de 1993
172. La recurrente afirma que ha cumplido con todas las contraprestaciones que le
exige la ley, particularmente el pago de transferencias previstas en el artículo 45 de
la Ley 99 de 1993, destinadas a la protección del medio ambiente y los recursos
hídricos. Resalta que desde 1997 ha hecho significativas contribuciones financieras
por el uso de las aguas del río Bogotá, lo que cubre las obligaciones legales
relacionadas con el uso de este recurso. Por ello, considera injustificada la
imposición de nuevas obligaciones, como el plan de contingencia que ordenan las
resoluciones demandadas.
173. Para resolver, la Sala estima importante analizar el marco normativo dispuesto
en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, además, de considerar la correcta utilización
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Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
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de estos recursos para los fines previstos por la ley y las responsabilidades
adicionales impuestas a la concesionaria.
174. Al respecto, el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 establece que las empresas
generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere
los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por
generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la
Comisión de Regulación Energética, de la siguiente manera: el 3% para las
Corporaciones Autónomas Regionales – CAR que tengan jurisdicción en el área
donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de influencia del
proyecto; y el 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca
hidrográfica, distribuidos en un 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca
hidrográfica que surte el embalse, y un 1.5% para los municipios y distritos donde
se encuentra el embalse.
175. Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las plantas
hidroeléctricas no sean parte de la cuenca o del embalse, recibirán el 0.2%, el cual
se descontará por partes iguales de los porcentajes de los municipios mencionados
anteriormente. Igualmente, la transferencia a que hace relación este artículo
comprende el pago por parte del sector hidroenergético de la tasa por utilización de
aguas de que habla el artículo 43.
176. La Resolución 0603 de 1997 de la CAR, que otorgó la concesión de las aguas
del embalse del Muña, dispuso el pago de una tasa retributiva con destino a los
fines indicados en los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993 y, por otra parte,
impuso como condición o contraprestación del derecho otorgado que la
concesionaria debía preservar la calidad de las aguas del embalse.
177. La utilización de las aguas dadas en concesión dará lugar al cobro de una tasa
retributiva, cuyo recaudo será destinado para los fines contemplados en los
mencionados artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993.
178. Emgesa S.A. ESP, como beneficiaria de la concesión del agua del embalse
Muña, además de estar obligada a transferir el valor de la tasa retributiva por el uso
del recurso hídrico, debe adoptar medidas destinadas a la preservación del
embalse que fueron asignadas en el momento en el que le fue otorgada la
concesión para la generación de energía, por lo que no puede eximirse de
responsabilidad por la existencia de otras causas u actores de la contaminación del
agua, pues frente a ellos existen otros roles y responsabilidades que coexisten con
las obligaciones que le fueron impuestas en los actos demandados.
179. La demandante indicó que, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 45 de
la Ley 99 de 1993, Emgesa S.A. ESP transfiere unos recursos que deben ser
utilizados por parte de las autoridades para temas de recuperación y protección
ambiental, por lo que no es dable que se impongan otras cargas adicionales tal
como se determinó en los actos acusados.
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Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
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180. Sobre este tema, el Tribunal consideró que la parte demandante no puede
excusarse en los costos que tendría para Emgesa S.A. ESP, por cuanto se
beneficia económicamente de la actividad de generación de energía desde 1997,
en virtud de la concesión de aguas que se le otorgó. Por eso se hace necesario y
se impone que los agentes privados que se lucran económicamente del embalse
Muña contribuyan en su recuperación, o dicho en otros términos, en la mitigación
del impacto ambiental.
181. Los recursos en virtud de las rentas previstas en los artículos 42, 43 y 45 de la
Ley 99 de 1993 son independientes de las medidas de preservación ambiental y,
por consiguiente, dicho pago no exime ni excluye la obligación de ejecutar
actividades de preservación del embalse.
182. Se resalta la importancia de que estos recursos sean utilizados conforme a su
destinación específica, asegurando que las CAR y los municipios implementen
proyectos que realmente contribuyan a la protección ambiental y al mejoramiento
de las condiciones de vida de las comunidades locales.
183. En este sentido, los recursos transferidos deben ser utilizados exclusivamente
para los fines establecidos por la ley, es decir, la protección del medio ambiente, la
defensa de las cuencas hidrográficas y el saneamiento básico. Las CAR y los
municipios son responsables de la gestión adecuada de estos recursos, por lo que
deben diseñar, ejecutar y supervisar proyectos que cumplan con los objetivos
ambientales estipulados, garantizando la transparencia y eficiencia en el uso de los
fondos.
184. Si bien es cierto que los recursos no deben integrarse directamente a las
actividades de los particulares, las CAR y los municipios pueden colaborar con
entidades privadas a través de contratos, convenios o alianzas, siempre que estos
acuerdos estén alineados con los objetivos de protección ambiental y bajo una
estricta supervisión para asegurar el cumplimiento de la normativa.
185. La Resolución 603 de 1997 de la CAR, que otorgó la concesión de aguas del
embalse del Muña, impuso una tasa retributiva destinada a los fines de los artículos
42 y 43 de la Ley 99 de 1993, y obliga a la concesionaria a preservar la calidad de
las aguas. Estas condiciones refuerzan la responsabilidad de las empresas y las
entidades en la gestión y protección de los recursos naturales.
186. Así las cosas, Emgesa S.A. ESP, como concesionaria, debe no solo transferir
los recursos económicos correspondientes, sino también adoptar medidas efectivas
para la preservación del embalse y de los impactos que pueda generar su actividad.
La empresa no puede eximirse de sus responsabilidades señalando que ya ha
transferido algún tipo de recurso económico para que con cargo a ellos se realicen
dichas actividades, ya que sus obligaciones específicas fueron claramente
delineadas en los actos administrativos que otorgaron la concesión.
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Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
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187. Nótese, entonces, que las obligaciones de naturaleza económica y/o fiscal y las
de carácter ambiental son independientes unas de otras, y la parte demandante
debe cumplir con cada una de ellas de manera integral.
188. En conclusión, los recursos transferidos por Emgesa S.A. ESP según el artículo
45 de la Ley 99 de 1993 deben ser utilizados exclusivamente para la protección del
medio ambiente y el saneamiento básico en las áreas de influencia de sus
proyectos. Las CAR y los municipios tienen la responsabilidad de gestionar estos
fondos de manera transparente y eficiente, pudiendo colaborar con particulares
bajo condiciones estrictas que aseguren el cumplimiento de los objetivos legales,
razón por la cual el argumento de apelación no está llamado a prosperar.
VI.2.3.4. La imposición de un plan de contingencia adicional representa una
carga injustificada
189. El apoderado de Emgesa S.A. ESP anota que la imposición de un plan de
contingencia adicional, relacionado con la eventual suspensión del bombeo de las
aguas del río Bogotá, es una carga injustificada. La empresa sostiene que ya
existen estudios técnicos y un plan de manejo ambiental aprobados por las
autoridades competentes que cubren adecuadamente los riesgos operativos del
embalse del Muña. La imposición de nuevas obligaciones por parte de la CAR
excede lo que legalmente le corresponde y genera una carga económica adicional
que no está justificada por la normativa vigente.
190. El a quo consideró que el hecho de que la parte demandante ya cuenta con un
plan de contingencia aprobado mediante Resoluciones 1145 de 2005 y 2238 de 17
de noviembre de 2006 por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y en el cual se establece los procedimientos a seguir frente a la ocurrencia
de cada una de las situaciones críticas identificadas en la etapa de análisis de
riesgo, incluyendo el contexto regional y la forma como el sistema interactúa con el
ambiente y su entorno, no lo exonera para que se le exija por parte de la autoridad
ambiental que realice un plan de contingencia por la eventual suspensión del
bombeo de aguas del río Bogotá al embalse del Muña.
191. Lo anterior en la medida que esta obligación surgió una vez fue advertida por la
propia entidad demandante y los estudios realizados por la Universidad de los
Andes y de la propia corporación, motivo por el cual se refiere a un plan de
contingencias diferente a los ya solicitados a la empresa.
192. La Sala recuerda que a través de la Resolución 506 de 28 de marzo de 2005,
la CAR impuso a Emgesa S.A. ESP, entre otras, actividades de seguimiento y
control, específicamente acciones encaminadas a determinar la calidad del aire y
los riesgos por la emisión de vapores y gases contaminantes ante la eventualidad
de tránsito de las aguas del río Bogotá por su antiguo cauce. Las órdenes son del
siguiente tenor:
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“[…] ARTICULO OCTAVO.- Ordenar a la Empresa Generadora de Energía
EMGESA S.A. E.S.P., realizar de manera solidaria las siguientes obras y
acciones en el Embalse del Muña, en un término de dieciocho meses
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia:
[…]
2. Implementar procesos de aireación forzada dentro del embalse, orientados
a atender principalmente la problemática de olores y zancudos, antes que la
problemática de contaminación hídrica.
La aireación forzada debe lograr una condición aerobia en las primeras capas
del embalse y generar turbulencia en la superficie del agua para impedir la
oviposición de los zancudos, limitando la potencia de los equipos de aireación
para no suspender el lodo del fondo del embalse, por cuanto de no ser así se
pueden ocasionar problemas aún más graves de olores.
[…]
7. Elaborar un estudio técnico que permita identificar; i) El riesgo
potencial por la emisión de vapores y gases contaminantes contenidos
en forma diluida en las aguas del río Bogotá; ii) La afectación en la calidad
del aire y iii) El radio de acción de la contaminación atmosférica, ante el
evento del tránsito de las aguas del Río Bogotá, por su antiguo cauce,
entre Alicachín y la descarga de las aguas actualmente utilizadas en la
central hidroeléctrica de La Guaca.
8. Desarrollar un programa de monitoreo de calidad del aire, entre Alicachín y
la descarga de la Central Hidroeléctrica de La Guaca, con el fin de determinar
una línea base que permita establecer la concentración a nivel de calidad del
aire, con la medición mensual de por lo menos los siguientes elementos:
Tricloroetileno, Percloroetileno, y Naftaleno, Gas Sulfhidrico y Metano.
[…]
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Ordenar a la Empresa Generadora de
Energía EMGESA S.A. E.S.P., a la Empresa de Energía de Bogotá EEB S.A.
E.S.P. y a la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB
E.S.P. la elaboración y presentación ante la Corporación de un estudio
que profundice en el análisis técnico de los planteamientos hechos por la
Universidad de los Andes, con el fin de establecer, de manera más certera,
cuáles pueden ser las implicaciones tanto en la salud de los pobladores
de cuenca baja del río Bogotá, como las consecuencias adversas para el
medio ambiente, derivadas de la posible generación de gases producto
de la caída de las aguas del río Bogotá en el Salto del Tequendama, en
caso de que se deba suspender el bombeo de aguas hacía el embalse del
Muña […]” (negrilla fuera de texto).
193. Laanterior decisión que fue objeto de recurso de reposición, el cual fue
desatado a través de la Resolución 1189 de 8 de julio de 2005, confirmado lo
expuesto en el acto citado con antelación.
194. En cumplimiento de la orden impuesta en el artículo 14 de la Resolución 506 de
28 de marzo de 2005, en el que se ordenó a Emgesa S.A. ESP elaborara y
presentara un estudio que profundizara el análisis técnico con el fin de establecer
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cuáles pueden ser las implicaciones tanto en la salud de los pobladores de la
cuenca baja del río Bogotá, como las consecuencias adversas al medio ambiente,
derivadas de las posible generación de gases producto de la caída de las aguas
del río Bogotá en el Salto del Tequendama, en caso de que se suspenda el bombeo
de aguas hacía el embalse del Muña.
195. La CAR mediante auto 174 de 7 de julio de 2006, entregó los términos de
referencia para la elaboración del estudio de “[…] Evaluación Técnica de la Calidad
del Aire en el Área de Influencia del Salto del Tequendama por la Suspensión del
Bombeo al Embalse del Muña […]”, decisión frente a la cual se interpuso recurso
de reposición, resuelto en el auto 217 de 15 de septiembre de 2006 confirmándola.
196. En los actos acusados se resolvió una solicitud de revocatoria directa y, su
artículo 2º modificó las Resoluciones 603 de 29 de abril de 1997 y 1014 de 30 de
julio de 1998, en el sentido de exigir a Emgesa S.A. ESP la implementación de un
plan de contingencia ante la eventual suspensión del bombeo de aguas del río
Bogotá al embalse del Muña, el cual deberá formularse a partir de los resultados
del estudio de calidad de aire que se elabore conforme los términos de referencia
suministrados por la CAR.
197. La CAR consideró varios aspectos relacionados con la concesión de aguas
superficiales otorgada a Emgesa S.A. ESP. En primer lugar tuvo en cuenta un
documento presentado por Interconexión Eléctrica S.A. – ISA de fecha 7 de junio
de 2004 el cual señalaba que, si cesaba la operación del embalse del Muña debido
a los impactos ambientales sobre la población de Sibaté, se podría generar un
racionamiento en el Sistema Interconectado Nacional – SIN. Este racionamiento
afectaría el área oriental del sistema debido a condiciones de baja tensión y
sobrecargas de hasta 270 MW en 2006, especialmente ante la falta de generación
en las centrales hidroeléctricas de Paraíso y La Guaca.
198. Además, se identificaron dos impactos principales: los olores ofensivos y el
monitoreo de la calidad del agua y el aire. A pesar de que la CAR había ordenado
un estudio técnico para determinar las implicaciones sobre la salud y el ambiente
derivadas de la suspensión del bombeo de aguas hacia el embalse, Emgesa S.A.
ESP aún no lo había presentado, aunque la CAR ya había entregado los términos
de referencia necesarios para su elaboración.
199. Teniendo en cuenta la expuesto por la propia parte demandante, en el sentido
de afirmar que, si se suspende el bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse
del Muña, se generarían vapores y gases de ciertos compuestos aguas debajo de
Alicachín en concentraciones altamente tóxicas, que implicarían en la salud de la
población localizada en la cuenca baja del río Bogotá, así como consecuencias
adversas para el medio ambiente, se hizo necesario exigir a Emgesa S.A. ESP, la
implementación de un plan de contingencia ante la eventual suspensión del
bombeo de las aguas al embalse, formulado a partir de los resultados del estudio
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
de calidad de aire y que se elabore conforme a los términos de referencia
elaborados por la CAR, la cual fue plasmada en los actos acusados.
200. Como lo precisó el a quo dicha decisión encontró su fundamento fáctico en las
advertencias realizadas por la propia entidad demandante, otras entidades
prestadoras de servicios públicos, el estudio realizado por la facultad de ingeniería
de la Universidad de los Andes y el estudio técnico número 005 de 2007 expedido
por la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible de la CAR, en la que
consideran que la suspensión del bombeo de agua del río Bogotá al embalse del
Muña generaría vapores y gases altamente contaminantes que afectaría a la
población localizada en la cuenca baja del río Bogotá.
201. Así pues, el argumento de la recurrente relativo a que la imposición de un plan
de contingencia adicional es una carga injustificada no es de recibo, toda vez que,
la propia empresa reconoció la existencia de riesgos significativos en caso de una
eventual suspensión del bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse del Muña.
202. Emgesa S.A. ESP admitió que la suspensión del bombeo podría generar
vapores y gases altamente contaminantes, los cuales podrían tener graves
implicaciones para la salud de las poblaciones ubicadas en la cuenca baja del río
Bogotá y causar consecuencias adversas para el medio ambiente.
203. Teniendo en cuenta que estos riesgos fueron expuestos por la propia empresa
y confirmados por estudios técnicos, como el realizado por la Universidad de Los
Andes y los informes de la CAR, la imposición de un plan de contingencia adicional
no es una carga injustificada, sino una medida necesaria para mitigar los posibles
efectos nocivos identificados.
204. Además, el plan de manejo ambiental y los estudios técnicos previamente
aprobados no contemplan específicamente los riesgos asociados a la suspensión
del bombeo, lo que justificaba la necesidad de un nuevo plan que abordara este
escenario.
205. En este contexto, la CAR actuó dentro de sus facultades legales al exigir
medidas adicionales para proteger el medio ambiente y la salud pública frente a
estos riesgos. La Sala reitera que la normativa vigente otorgó a las autoridades
ambientales la facultad de imponer nuevas obligaciones cuando se identifican
riesgos no cubiertos por las medidas previamente adoptadas, y el hecho de que
Emgesa S.A. ESP haya advertido sobre estos riesgos refuerza la necesidad de
dichas medidas adicionales.
206. El apoderado señala que la imposición de un plan de contingencia adicional por
parte de la CAR genera una carga económica adicional injustificada. Sin embargo,
la Sala reitera, como se concluyó en el numeral anterior, que la empresa se ha
beneficiado económicamente de la concesión de aguas del embalse desde 1997,
lo que justifica la imposición de responsabilidades adicionales en términos de
preservación ambiental.
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207. Además, los recursos transferidos por la demandante de conformidad con el
artículo 45 de la Ley 99 de 1993 deben ser utilizados exclusivamente por las
autoridades para los fines de protección del medio ambiente, lo cual no lo libera de
sus obligaciones relacionadas con la mitigación de los riesgos ambientales
derivados de la eventual suspensión del bombeo de aguas del río Bogotá, una
medida necesaria para proteger la salud pública y el medio ambiente en la zona de
influencia, por lo que el argumento de apelación no está llamado a prosperar.
VI.2.3.5. La suspensión del bombeo del río Bogotá es improbable y afectaría
gravemente el Sistema Interconectado Nacional – SIN
208. El apoderado de la recurrente sostiene que la suspensión del bombeo de las
aguas del río Bogotá, como exige el plan de contingencia, es altamente improbable.
Además, argumenta que dicha medida afectaría gravemente la operación del
Sistema Interconectado Nacional – SIN, comprometiendo la confiabilidad en la
prestación del servicio de energía eléctrica. La cadena Pagua, que depende del
bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse del Muña, representa un 6.4% de
la demanda energética del país. La apelante resalta que la imposición de esta
medida podría tener graves consecuencias tanto para el suministro de energía a
nivel nacional como para los usuarios del servicio.
209. Sobre el particular, la Sala pone de presente que la CAR sustenta su decisión
en el marco legal otorgado por la Ley 99 de 1993, la cual le confiere facultades para
imponer obligaciones dirigidas a la protección del medio ambiente y la prevención
del deterioro de los recursos naturales. En este sentido, el plan de contingencia
exigido no es una medida arbitraria e injustificada, sino que responde a la necesidad
de evitar potenciales afectaciones ambientales graves ante una eventual
suspensión del bombeo de aguas del río Bogotá al embalse del Muña.
210. Dicha medida, aunque improbable según los argumentos de la empresa, está
basada en estudios técnicos que señalan los riesgos que dicha situación podría
ocasionar, especialmente en relación con la salud pública y la estabilidad ambiental
de las áreas aguas abajo del embalse.
211. La Sala resalta que Emgesa S.A. ESP, como concesionaria del uso de las
aguas del río Bogotá, no puede desentenderse de las responsabilidades
ambientales inherentes a la explotación de este recurso. Se comparte lo expuesto
por el a quo cuando consideró que la concesión otorgada a la empresa implica una
obligación de cumplir con las medidas de mitigación y prevención necesarias para
proteger el entorno natural y la población aledaña.
212. Llama la atención de la Sala que en varias oportunidades la propia empresa
advirtió sobre los riesgos que dicha suspensión podría generar, especialmente en
términos de la liberación de gases contaminantes como el sulfuro de hidrógeno
(H₂S), que podría tener graves efectos en la salud de las poblaciones ubicadas
aguas abajo del embalse.
50
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
213. Durante la actuación administrativa, fue Emgesa S.A. ESP quien señaló que,
en caso de suspenderse el bombeo de las aguas del río Bogotá al embalse del
Muña se presentarían serias afectaciones ambientales, como la generación de
gases tóxicos, especialmente en áreas como el Salto del Tequendama. Estos
gases, según los estudios técnicos mencionados en los numerales anteriores,
podrían representar un peligro significativo para la salud pública, lo cual motivó a la
CAR a exigir la implementación de un plan de contingencia.
214. Por lo tanto, no resulta procedente que, en sede judicial, se afirme esa
posibilidad como improbable, cuando fue un factor que la propia empresa alegó y
enfatizó durante la actuación administrativa.
215. Aunado a lo anterior, la empresa no puede alegar que no es responsable de la
contaminación del río para evadir el cumplimiento del plan de contingencia, dado
que la concesión de aguas implica tanto beneficios económicos como
responsabilidades ambientales.
216. Respecto a la alegación sobre el impacto negativo en el Sistema Interconectado
Nacional – SIN, el a quo y la CAR señalaron que la suspensión temporal del
bombeo no “[…] colapsaría […]” el sistema, ya que existen mecanismos y fuentes
alternativas de generación de energía que pueden suplir la demanda durante los
días que se suspenda la operación de la cadena Pagua en la eventualidad de la
suspensión del bombeo de aguas del río Bogotá al embalse del Muña. Si bien la
empresa sostiene que su participación en el SIN es relevante, esto es, al aportar
un 6.4% de la demanda energética nacional, las autoridades argumentan que el
sistema tiene la flexibilidad y capacidad de ajuste para enfrentar este tipo de
contingencias sin comprometer el suministro eléctrico a nivel nacional.
217. Igualmente, la Sala advierte que la recurrente no aportó pruebas concluyentes
ni elementos adicionales que demostraran de manera efectiva los supuestos
riesgos o las afectaciones que podrían resultar de la suspensión del bombeo. La
empresa se limitó a afirmar la importancia de su participación en el SIN, pero no
fundamentó con datos técnicos o estudios independientes el impacto real que tal
suspensión podría tener sobre la continuidad del servicio de energía eléctrica en el
país, incumpliendo la carga de que trata el artículo 177 del CPC24, en tanto le
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen.
218. Finalmente, en cuanto al principio de proporcionalidad invocado, el a quo
precisó que la imposición del plan de contingencia es razonable y necesario, dado
el potencial riesgo que la suspensión del bombeo podría generar en términos de
salud pública y afectación ambiental. Aunque la empresa argumenta que la medida
representa una carga económica considerable y que la probabilidad de que ocurra
la suspensión es baja, las autoridades competentes han precisado real y
24 Hoy 167 del CGP.
51
Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
adecuadamente que, frente a los posibles riesgos, la medida es justificada y
proporcional a los fines de protección ambiental que persigue.
219. Esta medida no solo está encaminada a mitigar los impactos ambientales, sino
también a salvaguardar la salud de los habitantes del área de influencia,
especialmente en las zonas ubicadas aguas abajo del embalse, como el Salto de
Tequendama. La Sala reitera que el plan exigido responde a la necesidad de
prevenir posibles afectaciones graves que podrían resultar de la liberación de gases
tóxicos, como el sulfuro de hidrógeno (H₂S), en caso de que las aguas del río
Bogotá no sean bombeadas hacia el embalse. Estudios técnicos han señalado que
estos gases podrían generar riesgos importantes para la salud de las comunidades
cercanas, motivo por el cual la adopción de esta medida es fundamental para
minimizar dichos riesgos.
220. En conclusión, los argumentos presentados por la recurrente no desvirtúan la
necesidad de implementar el plan de contingencia, que se considera una medida
preventiva esencial para la protección del medio ambiente y la salud de las
comunidades aledañas. Si bien la empresa alega posibles impactos negativos
sobre el Sistema Interconectado Nacional – SIN y su situación económica, estas
circunstancias no resultan suficientes para eximirla de sus responsabilidades como
concesionaria de aguas, pues los beneficios obtenidos de dicha concesión vienen
acompañados de obligaciones ambientales que deben ser cumplidas en todo
momento.
VIII.2.4. Conclusión
221. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que los planteamientos del
apelante no están llamados a prosperar, por lo que la Sala confirmará la sentencia
recurrida, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
222. Finalmente, la Sala no condenará en costas como quiera que no se evidenció
temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP,
aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00202-01
Demandante: Empresa de Generación de Energía Eléctrica – Emgesa S.A. ESP
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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