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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00292-02

Fecha
15 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00292-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 22 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B», por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se pronuncie de fondo respecto de los demás cargos que no analizó en primera instancia. La decisión de fondo deberá proferirse, conjuntamente con el auto de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la fecha en que el expediente ingrese al despacho para tal fin.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2010-00292-02

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

15 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Radicado: 25000-23-24-000-2010-00292-02

Demandante: PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA CIA S.C.A.
E.S.P.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Tema: CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA - REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, contra la sentencia de 22 de
septiembre de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B» accedió a las pretensiones de la
demanda1.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, la sociedad
Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P., en adelante parte
demandante, instauró demanda contra la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en adelante parte demandada, con el fin de obtener la declaratoria de
nulidad de las Resoluciones SSPD-20092400005085 de 26 de febrero de 2009 y
SSPD-20092400049325 de 20 de octubre de 2009.

1 El presente proceso se encuentra digitalizado en Sede Electrónica SAMAI, radicado: 25000-23-24-000-2010-

00292-02. Índice 42.

Radicación: 25000-23-24-000-2010-00292-02
Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

I.1.1. Las pretensiones

2. La sociedad actora, según escrito de reforma de la demanda2 formuló las
siguientes pretensiones3:

«1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD-20092400005085
del 26 de febrero de 2009, mediante la cual la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios resolvió imponer a la empresa PROMOTORA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS una
sanción de multa por valor de cuatrocientos noventa y cinco millones
novecientos seis mil doscientos pesos ($495'906.200).

1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución número SSPD -
20092400049325 del 20 de octubre de 2009, por medio de la cual la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la decisión
contenida en la Resolución No. SSPD-20092400005085 del 26 de febrero de
2009 al resolver el recurso de reposición formulado por PROMOTORA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

1.1.3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho, se acojan las siguientes declaraciones y
condenas:

a) Que se declare que PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES -
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS no se encuentra obligada a cancelar la
suma de dinero correspondiente a la multa a la que aluden las Resoluciones
cuya nulidad se solicita, ni ninguna otra suma de dinero que se relacione o tenga
origen en dicha multa, tal como los intereses demora o de otro tipo, que resulten
aplicables.

b) Como consecuencia de la declaración inmediatamente anterior, en el evento
en el que PROMOTORA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y
COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS al momento del fallo no hubiese hecho el pago del valor
de la multa a la cual aluden las Resoluciones demandadas, ni de las sumas
accesorias que tengan origen en dicha multa, que se ordene a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, cesar de inmediato los
eventuales procesos coactivos y/o judiciales que hubiere iniciado con el fin de
hacer efectivo el pago de la sanción establecida en las resoluciones
impugnadas junto con las sumas accesorias correspondientes.

c) Que en el evento al que se refiere el literal inmediatamente anterior, se
condene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a pagar a
PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS el valor de todos y cada uno de los perjuicios causados a ésta última
con ocasión o motivo de los mencionados procesos de cobro coactivo o

2 Folios 196 a 270 del Cuaderno 1. Mediante auto de 12 de agosto de 2010 se admitió el escrito de corrección

y aclaración de la demanda presentado por la parte actora.
3 Las pretensiones que se transcriben corresponden a las formuladas en el escrito de reforma de la demanda

de 2 de agosto de 2010.

2

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

judiciales, particularmente los originados en las eventuales medidas cautelares
que se lleguen a practicar en los mismos.

d) Que, en todo caso, se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios a pagar a PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES -
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS el valor de todos y cada uno de los
perjuicios que se le hubieran causado a ésta última empresa, con ocasión o por
motivo de la expedición de los actos administrativos demandados, según lo que
se logre demostrar en el proceso. Particularmente y en el evento de que la
mencionada empresa ya hubiera procedido a efectuar el pago de la suma a la
cual asciende la multa impuesta en las resoluciones demandadas y de las
sumas accesorias correspondientes, se condene a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios a devolver a PROMOTORA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS dichos valores,
debidamente actualizados al momento del fallo, de acuerdo con el IPC o con
cualquier otro índice de actualización aceptado por la jurisprudencia del H.
Consejo de Estado.

1.2. PRIMERAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

1.2.1. Que en el remoto evento en el que no prosperen las pretensiones
principales y se llegue a la conclusión de que en efecto la entidad demandante
contravino alguna de las normas que rigen su actividad, particularmente el
artículo 27 de la ley 143 de 1994, se declare la nulidad parcial de las
Resoluciones No. SSPD-20092400005085 del 26 de febrero de 2009 y
SSPD20092400049325 del 20 de octubre de 2009, expedidas ambas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, específicamente en lo
que se refiere a la sanción que le fue impuesta a PROMOTORA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

1.2.2. Que como consecuencia de la declaración anterior, a título de
restablecimiento del derecho, se acojan las siguientes declaraciones y
condenas:

a) Que se declare que la sanción impuesta en los actos administrativos
acusados, es absolutamente desproporcionada teniendo en cuenta las
circunstancias concretas que originaron la expedición de los mismos.

b) Que se declare que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
no tuvo en cuenta, a la hora de establecer el monto de la sanción que se le
aplicó a PROMOTORA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y
COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS en los actos acusados, los principios de decisión
adecuada y de proporcionalidad a los que se refiere el art. 36 del C.C.A., ni los
criterios de graduación contemplados en el primer inciso del art. 81 de la ley 142
de 1994.

c) Que atendiendo los criterios antes enunciados, contemplados en los citados
artículos 36 del C.C.A. y 81, primer inciso, de la ley 142 de 1994, se revoque en
su integridad la sanción impuesta en los actos acusados y declare que, en su
lugar, la sanción que debía y debe ser aplicada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios a la demandante, con ocasión de los hechos

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

que originaron los actos acusados, es la establecida en el numeral 81.1 del
citado artículo 81 de la ley 142 de 1994, esto es, la amonestación.

d) Que, en subsidio de lo anterior, en el evento que se llegue a la conclusión de
que PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS si debía ser sancionada pecuniariamente con ocasión de los hechos
que originaron los actos acusados, se revoque en todo caso la sanción impuesta
en esos mismos actos y se declare que dicha sanción debe reducirse
sustancialmente y ser la mínima que contemple el numeral 81.2 del artículo 81
de la ley 142 de 1993 (sic) , para lo cual se deberá tener en cuenta en el fallo,
de modo razonable, que con la actuación de la demandante no se afectó la
buena marcha del servició (sic) público de energía eléctrica y que, además, la
demandante no es ni ha sido reincidente.

e) Que en el caso de la declaración a que alude el literal c) anterior y como
consecuencia de la misma, en el evento que PROMOTORA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS al momento del fallo
no hubiese hecho el pago del valor de la multa a la cual aluden las Resoluciones
demandadas, ni de las sumas accesorias que tengan origen en dicha multa, se
acojan las mismas declaraciones y condenas a las que aluden los literales b) y
c)del numeral 1.1.3. del acápite de las Pretensiones Principales.

f) Que, en todo caso, se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios a pagar a PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES -
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS el valor de todos y cada uno de los
perjuicios que se le hubieran causado a ésta última empresa, con ocasión o por
motivo de la expedición de los actos administrativos demandados, según lo que
se logre demostrar en el proceso. Particularmente y en el evento que la
mencionada empresa ya hubiera procedido a efectuar el pago de la suma a la
cual asciende la multa impuesta en las resoluciones demandadas y de las
sumas accesorias correspondientes, se condene a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios a devolver a PROMOTORA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS los valores que mi
mandante no ha debido cancelar, debidamente actualizados al momento del
fallo, de acuerdo con el IPC o con cualquier otro índice de actualización
aceptado por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado.

1.3. SEGUNDAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

1.3.1. Que en el remoto evento en el que no prosperen las pretensiones
principales ni las primeras subsidiarias y se llegue a la improbable conclusión
de que los actos acusados no deben ser declarados nulos, se declare entonces
la validez condicionada de las citadas Resoluciones No. SSPD-
20092400005085 del 26 de febrero de 2009 y SSPD - 20092400049325 del 20
de octubre de 2009, expedidas ambas por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, si, y solo si, se entiende que la sanción que debía y debe
ser aplicada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la
demandante, atendiendo los criterios de graduación contemplados en los
artículos 36 del C. C.A. y 81, primer inciso, de la ley 142 de 1994, es la
establecida en el numeral 81.1 del citado artículo 81 de la ley 142 de 1994, esto
es, la amonestación.

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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00292-02
Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

1.3.2. En subsidio de la declaración anterior, en el evento en el que se llegue a
la conclusión de que PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES -
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS sí debía ser sancionada
pecuniariamente con ocasión de los hechos que originaron los actos acusados,
se declare la validez condicionada de tales actos si, y solo si, se entiende que
la sanción aplicada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
a la demandante debe reducirse sustancialmente y ser, por consiguiente, la
mínima que contemple el numeral 81.2 del artículo 81 de la ley 142 de 1994,
para lo cual se deberá tener en cuenta en el fallo, de modo razonable, que con
la actuación de la demandante no se afectó la buena marcha del servicio público
de energía eléctrica y que, además, la demandante no es ni ha sido reincidente.

1.3.3. Que en el caso de la declaración a que alude el numeral 3.2. anterior y
como consecuencia de la misma, en el evento de que PROMOTORA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS al
momento del fallo no hubiese hecho el pago del valor de la multa a la cual aluden
las Resoluciones demandadas, ni de las sumas accesorias que tengan origen
en dicha multa, se acojan las mismas declaraciones y condenas a las que
aluden los literales b) y c) del numeral 1.1.3. del acápite de pretensiones
principales.

1.3.4. Que, en todo caso y por motivo de la declaratoria de validez condicionada,
se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a pagar
a PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS el valor de todos y cada uno de los perjuicios que se le hubieran
causado a ésta última empresa, con ocasión o por motivo de la expedición de
los actos administrativos demandados, según lo que se logre demostrar en el
proceso. Particularmente y en el evento de que la mencionada empresa ya
hubiera procedido a efectuar el pago de la suma a la cual asciende la multa
impuesta en las resoluciones demandadas y de las sumas accesorias
correspondientes, se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios a devolver a PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES -
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS los valores que mi mandante no ha
debido cancelar, debidamente actualizados al momento del fallo, de acuerdo
con el IPC o con cualquier otro índice de actualización aceptado por la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado.

1.4. PRETENSIONES COMUNES A TODAS LAS PRETENSIONES
ANTERIORES:

1.4.1. Que sobre las sumas de condena que se acojan en el fallo, cualesquiera
que ellas sean, se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios a pagar a PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS los intereses de mora, a la tasa máxima
autorizada por la ley, calculados desde cuando se hubiera hecho el pago de las
sumas de dinero a las cuales se refieren las Resoluciones demandadas, junto
con sus correspondientes accesorios o, en general, desde cuando se hubieran
originaron (sic) los perjuicios correspondientes, hasta cuando las Sumas a las
cuales asciendan las mencionadas condenas sean canceladas en su totalidad.

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

1.4.2. En subsidio de la pretensión anterior, que sobre las sumas de condena
que se acojan en el fallo, cualesquiera que ellas sean, se condene a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a pagar a PROMOTORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS los
intereses corrientes aplicables, calculados desde cuando se hubiera hecho el
pago de las sumas de dinero a las cuales se refieren las Resoluciones
demandadas, junto con sus correspondientes accesorios o, en general, desde
cuando se hubieran originaron (sic) los perjuicios correspondientes, hasta
cuando las sumas a las cuales asciendan las mencionadas condenas sean
canceladas en su totalidad.

1.4.3. En subsidio de la pretensión anterior, que sobre las sumas de condena
que se acojan en el fallo, cualesquiera que ellas sean, se condene a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a pagar a PROMOTORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS el
interés legal del 6% de que trata el C.C., calculado desde cuando se hubiera
hecho el pago de las sumas de dinero a las cuales se refieren las Resoluciones
demandadas, junto con sus correspondientes accesorios o, en general, desde
cuando se hubieran originaron (sic) los perjuicios correspondientes, hasta
cuando las sumas a las cuales asciendan las mencionadas condenas sean
canceladas en su totalidad.

1.5 Que se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
al pago de las costas del proceso».

I.1.2. Hechos relevantes

3. Los principales hechos relevantes se sintetizan en el siguiente sentido:

(i) La Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, a través del informe técnico 20072300040933 de
1 de junio de 2007, solicitó el inicio de una investigación en contra de la sociedad
Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P., toda vez que en
el período comprendido entre el 30 de noviembre de 2003 y el 30 de noviembre de
2006 «[…] no suscribió contratos que garantizaran el suministro de combustible de
forma oportuna, contrariando lo establecido en el artículo 27 de la Ley 143 de 1994».

(ii) El Superintendente Delegado para Energía y Gas, mediante comunicación
20082400544761 de 1° de agosto de 2008, formuló pliego de cargos tras considerar
lo siguiente:

«[…] La empresa PROELECTRICA & CIA S.A.C. E.S.P. durante el período
comprendido entre el 30 de noviembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2006,
presuntamente, no contó con contratos en firme que le garantizaran el
suministro de gas natural a largo plazo y en forma oportuna».

(iii) El Superintendente Delegado para Energía y Gas, a través de la Resolución
SSPD-20092400005085 de 26 de febrero de 2009, resolvió imponer una sanción a

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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00292-02
Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

la sociedad Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P. por la
suma de $495,906,200.00 al haber infringido el artículo 27 de la Ley 143 de 19944.

(iv) El Superintendente Delegado para Energía y Gas, por medio de la Resolución
SSPD-20092400049325 de 20 de octubre de 2009, resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la anterior decisión, en el sentido de confirmarla.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

4. Las normas invocadas como presuntamente transgredidas son: los artículos 6,
29, 121 y 123 de la Constitución Política; los artículos 2, 35, 36, 38, 59, 76 y 84 del
Código Contencioso Administrativo; el artículo 27 de la Ley 143 de 1994; y el artículo
81 de la Ley 142 de 19945.

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos:

• «Falta de competencia temporal por haber operado el fenómeno de la
caducidad de la facultad sancionatoria. Violación directa por falta de
aplicación del art. 38 del C.C.A. y del art. 121 de la C.P».

• «Violación directa por falta de aplicación del artículo 29 de la C.P., y que
obliga a la aplicación del derecho al debido proceso y los principios básicos
del proceso penal a los procedimientos de carácter sancionatorio
administrativo».

• «Violación directa por indebida interpretación o errónea interpretación de los
artículos 27 de la Ley 143 de 1994 y 81 de la Ley 142 de 1994, la Resolución
CREG 047 de 1999 y, el artículo 36 del C.C.A.».

• «Violación directa por falsa motivación o indebida aplicación del artículo 81
de la Ley 142 de 1994».

• «Por falsa motivación de los actos administrativos acusados de nulidad, dada
la ausencia de incumplimiento por parte de PROELÉCTRICA de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 143 de 1994».

• «Violación directa del art. 29 de la C.P. y de los artículos 35, 59, 76 y 84 del
C.C.A., por falta de motivación de los actos administrativos acusados de
nulidad».

• «Desproporción y arbitrariedad de la sanción. Violación por falta de aplicación
del art. 36 del CCA» y,

4 «Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras
disposiciones en materia energética».
5 «Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones».

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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00292-02
Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

• «Como causa común a todas las normas que se infringen y a los cargos que
se formulan en el concepto de la violación, es evidente que la
Superintendencia se extralimitó en el ejercicio de funciones invadiendo
órbitas que no le competen y que no tienen soporte legal, contraviniendo con
ello lo establecido en el artículo 6, 121 y 123 de la C.P.».

6. En vista de que la sentencia de primer grado fincó su estudio respecto del cargo
de nulidad de caducidad de la facultad sancionatoria y el recurso de apelación
interpuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios va dirigido
a cuestionar dicho argumento, se pone de presente que, sobre el particular, la parte
demandante anotó:

«Falta de competencia temporal por haber operado el fenómeno de la
caducidad de la facultad sancionatoria. Violación directa por falta de
aplicación del art. 38 del C.C.A. y del art. 121 de la C.P»

7. Adujo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios carecía de
competencia temporal para adelantar el procedimiento sancionatorio, por cuanto en
el presente caso se presentó el fenómeno de la caducidad de la facultad
sancionatoria de que trata el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.

8. Mencionó que el Consejo de Estado en su jurisprudencia, ha dejado claro que el
artículo 38 del Código Contencioso Administrativo señala que la facultad que tienen
las autoridades administrativas para imponer sanciones «caduca a los tres (3) años
de producido el acto que pueda ocasionarlas […]», lo que significa que en ese
interregno se deben expedir y notificar los actos administrativos que resuelven los
recursos en la vía gubernativa, pues solo hasta ese momento la sanción queda en
firme y ejecutoriada.

9. Afirmó que debía tenerse en cuenta que de conformidad con el numeral 2° del
artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos quedan
en firme o se encuentran ejecutoriados «cuando los recursos interpuestos se hayan
decidido», lo cual ocurre según el artículo 48 del mismo código una vez que se ha
notificado el acto mediante el cual se resuelve el recurso que hubiese sido
interpuesto en cada caso.

10. Indicó que, en el caso sub examine, «[…] la entidad demandada estimó que las
actuaciones sancionables consistieron en la ejecución del contrato 05-153,
correspondiente al período entre el 1° de enero de 2006 al 30 de julio de 2006 y en
la ejecución del contrato 06-182, que transcurrió desde el 31 de julio de 2006 hasta
el 30 de noviembre de 2006. De acuerdo con lo anterior es claro que las actuaciones
que la entidad consideró sancionables cesaron con la última fecha de ejecución del
contrato 06-182 lo cual aconteció el 30 de noviembre de 2006». Por ende, de

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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00292-02
Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

conformidad con el artículo 38 del CCA, el plazo de caducidad de tres (3) años
venció el 30 de noviembre de 2009.

11. Observó que la Resolución SSPD-20092400049325 de 20 de octubre de 2009,
quedó ejecutoriada el 14 de enero de 2010, según se desprende de la constancia
de ejecutoria aportada junto con la demanda, «fecha ésta en la que se desfijó el
edicto con el cual se notificó la Resolución con que resolvió el recurso de reposición
interpuesto por mi representada contra la primera (sic) de los citados actos
administrativos».

12. Estimó que «debe el H. Tribunal declarar la nulidad de las resoluciones
demandadas al haber ocurrido el fenómeno de la caducidad de la potestad
sancionatoria, como se ha explicado y, consecuentemente, al haberse expedido las
resoluciones demandadas pese a que, por lo mismo, la accionada carecía de
competencia temporal. Por lo ocurrido la demandada no solo incurrió en falta de
competencia, sino que también violó en forma directa los ya citados artículos 38 del
C.C.A. y 121 de la C.P.».

I.2. Contestación de la demanda

13. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contestó
oportunamente la demanda6 argumentando, en síntesis, que actuó de conformidad
con el artículo 370 de la Constitución Política y el artículo 75 de la Ley 142 de 1994,
normas según las cuales a esa entidad le corresponde ejercer control, inspección y
vigilancia para la eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

14. Frente al cargo de nulidad por falta de competencia temporal formulado por la
actora, planteó la excepción que tituló «excepción de inexistencia de la caducidad»,
con sustento en los siguientes argumentos:

15. Relató que el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo ha sido objeto
de diferentes interpretaciones jurisprudenciales respecto a la forma cómo se debe
computar el término de caducidad de la facultad sancionatoria, en el siguiente
sentido: (i) sólo se debe expedir el acto administrativo sancionador, sin que sea
necesaria su notificación; (ii) se debe expedir el acto y notificarse el contenido de la
decisión y, (iii) se deben expedir y notificar los actos administrativos que resuelven
los recursos en la vía gubernativa, pues solo hasta ese momento queda en firme y
ejecutoriada la decisión de la administración.

16. Precisó que el Consejo de Estado, Sección Primera, en su sentencia de 26 de
noviembre de 2009 con ponencia de Rafael Ostau de Lafont Pianeta consideró que
la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas en materia de servicios
públicos concluye cuando se notifica la sanción, pues si bien la vía gubernativa

6 Folios 326 a 333 del Cuaderno 2.

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

forma parte del procedimiento administrativo esta corresponde a una etapa posterior
a la actuación administrativa.

17. Concluyó que: «[…] teniendo en cuenta que la notificación del acto
sancionatorio se surtió con la desfijación del edicto, es decir el día 27 de marzo de
2009, amén de que el prestador demandante interpuso el recurso de reposición el
3 de abril siguiente, resulta evidente que tanto el acto sancionatorio, como su
notificación, se efectuaron con anterioridad al 30 de noviembre de 2009, fecha en la
que culminaban los tres años de caducidad, contados a partir del cese de la
conducta objeto de sanción».

I.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B»,
en sentencia de 22 de septiembre de 20167, accedió a las pretensiones de la
demanda y al restablecimiento deprecado por la sociedad actora, por encontrar
probado el cargo de nulidad de caducidad de la facultad sancionatoria, en los
siguientes términos:

«1°) Declárase la nulidad de las Resoluciones números SSPD-
20092400005085 de 26 de febrero de 2009 y SSPD-20092400049325 de 20 de
octubre de 2009 expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por caducidad de la facultad sancionatoria del Estado.

2°) A título de restablecimiento del derecho ordénase a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios8:

a) Cesar el cobro de la sanción pecuniaria impuesta a Promotora de Energía
Eléctrica de Cartagena y Cía. SCA ESP-Proeléctica ESP a través de las
Resoluciones números SSPD-20092400005085 de 26 de febrero de 2009 y
SSPD-20092400049325 de 20 de octubre de 2009.

b) Devuélvase a la parte demandante las sumas de dinero que en virtud de las
Resoluciones números SSPD-20092400005085 de 26 de febrero de 2009 y
SSPD-20092400049325 de 20 de octubre de 2009 haya pagado voluntaria o
coercitivamente en los términos de los artículos 177 y 178 del CCA (Decreto-
ley 01 de 1984).

c) Condénase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a
pagar en favor de la sociedad Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena y
Cía. SCA ESP-Proeléctica ESP la suma de $27.331.067,94 por concepto de
daño emergente.

3°) Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

4°) Abstiénese de condenar en costas por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

7 Folios 688 a 725 del Cuaderno 2.
8 Mediante auto de 21 de noviembre de 2016, se corrigió el ordinal segundo de la sentencia de 22 de septiembre

de 2016, en el sentido de precisar que la entidad demandada era la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y no la Superintendencia de Industria y Comercio.

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

5°) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por
concepto del depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del
proceso.

6°) Devuélvase a la parte actora la póliza de caución judicial JU-615468295
obrante en el folio 296 del cuaderno principal del expediente.

7°) Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo 173
del Código Contencioso Administrativo (Decreto-ley 01 de 1984).

8°) Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente previas las
constancias secretariales de rigor». (Negrilla original del texto).

• De la caducidad de la facultad sancionatoria

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca centró su análisis en el cargo de
nulidad de falta de competencia temporal, al encontrar configurado el fenómeno de
caducidad de la facultad sancionatoria prevista en el artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo y los argumentos se resumen en el siguiente sentido:

20. Explicó que la norma aplicable en el presente caso para determinar y contabilizar
el término de caducidad de la facultad sancionatoria es el artículo 38 del CCA, en
atención a lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, pues la investigación
administrativa inició el 5 de octubre de 2006, esto es, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 1437 de 2011 -2 de julio de 2012-.

21. Agregó que la caducidad de la facultad sancionatoria se entiende como la pérdida
de una potestad o acción por falta de actividad del titular de la misma dentro del
término predeterminado por la ley, la cual se configura si se dan los siguientes dos
supuestos: (a) el transcurso del tiempo y, (b) la no imposición de la sanción dentro del
término preestablecido para el efecto.

22. Manifestó que el término previsto en el artículo 38 del Código Contencioso
Administrativo tiene como propósito esencial garantizar la efectividad material del
principio de seguridad jurídica y la certeza en las actuaciones y decisiones de la
administración, como pilares fundamentales del Estado Social de Derecho.

23. Expuso que el término de tres (3) años se debe contar a partir del conocimiento
del hecho y para faltas continuadas a partir de la cesación de la conducta.

24. En lo relativo a la forma cómo se debe contar el término de caducidad de la
facultad sancionatoria explicó que la jurisprudencia de esta Corporación no ha sido
uniforme pues, sobre el particular, se han expuesto tres criterios:

(a) Una primera tesis según la cual solo se debe expedir el acto administrativo
sancionatorio pues en dicho instante «[…] nace a la vida jurídica sin que exista

11

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

necesidad de su posterior notificación ni que sea sometido a control a través de
recursos en la vía gubernativa»;

(b) Una segunda tesis según la cual se debe expedir y notificar el acto administrativo
sancionatorio, dado que es necesario que el administrado conozca la decisión que
adoptó la administración «por lo cual, se entiende totalmente ejercida la potestad
sancionatoria en el momento en que se notifique dicha decisión» y,

(c) Una tercera tesis según la cual la facultad sancionatoria de la administración se
entiende ejercida una vez se hayan expedido y notificado no solamente el acto
sancionador sino también todos y cada una de las decisiones que resuelven los
recursos en la vía gubernativa, en razón a que «sólo hasta ese momento es que se
entiende que la decisión contenida en el acto sancionador quedó en firme y
ejecutoriada».

25. Explicó que «[…] es de recibo para esta Sala, que la caducidad de la facultad
sancionadora de la administración apunta a que no es suficiente con que ésta, dentro
del lapso que establecen las normas legales que se comentan, decida de fondo la
respectiva investigación administrativa sino que, es necesario además, que tal
decisión se encuentre debidamente ejecutoriada y sea dada conocer al interesado o
administrado, criterio jurisprudencial este que ha sido invocado y aplicado por esta
Sala de Decisión en forma sistemática y profusamente reiterado desde muchos años
atrás […]». En apoyo de lo anterior, hizo referencia al concepto de 25 de mayo de
20059, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y a la
sentencia de 5 de febrero de 2009 de la Sección Primera del Consejo de Estado10
que apuntan en esta línea argumentativa.

26. Reconoció que la Sala Plena del Consejo de Estado señaló como tesis que «la
sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al
expedirse y notificarse el acto administrativo principal». Sin embargo, destacó que en
virtud del principio de autonomía e independencia judicial reconocido en el artículo
228 de la Constitución Política podía apartarse de lo expuesto en dicho
pronunciamiento «en atención a que la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la
actividad judicial y no la fuente formal de derecho primaria de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 230 ibidem» y «por no tratarse aquella de una providencia
con efecto erga omnes».

27. En esa medida, sostuvo que «[…] el plazo de tres (3) años previsto en el artículo
38 del Código Contencioso Administrativo contempla no sólo la expedición y
notificación del acto administrativo inicial que decida la respectiva actuación sino,
también, cada una de las decisiones que resuelvan los recursos de la vía

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 25 de mayo de 2005, CP: Enrique José

Arboleda Perdomo, radicado: 1632.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de

2009, radicado: 25000-2324-000-2000-00643-01, MP: María Claudia Rojas Lasso.

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

gubernativa, pues, de lo contrario la situación jurídica del administrado quedaría en
el limbo jurídico, esto es, sin definición real y efectiva, por cuanto hasta tanto no
sean resueltos los recursos procedentes y notificadas las decisiones de éstos, no
puede predicarse la firmeza del acto administrativo que concluya el procedimiento,
y, por ende, en modo alguno le puede ser oponible o exigible al administrado dicha
decisión, por la sencilla pero suficiente razón de no estar ejecutoriada».

28. Precisó que las actuaciones sancionables consistieron en la ejecución del
contrato 05-153, el cual inició el día 31 de julio de 2005 y finalizó el día 30 de julio de
2006, cuyo vendedor era Chevron Texaco, y del contrato 06-182 con plazo estimado
del 31 de julio de 2006 a 30 de noviembre de 2006.

29. Estimó que la conducta continuada objeto de reproche cesó el 30 de noviembre
de 2006, esto es, cuando «terminó el contrato de suministro de gas celebrado entre
Proeléctrica y Chevron»11. Por ende, la administración contaba hasta el día 30 de
noviembre de 2009, para adelantar la investigación, resolver los recursos de la vía
gubernativa y notificar el contenido de dichas decisiones, so pena de que operara la
figura de la caducidad de la facultad sancionatoria.

30. Indicó que la Resolución SSPD-20092400049325 de 20 de octubre de 2009, por
medio de la cual el Superintendente Delegado para Energía y Gas resolvió el
recurso de reposición fue notificada por edicto el 14 de enero de 2010, fecha en
que quedó en firme y, por tanto, ejecutoriada según constancia que obra en el
expediente. Por consiguiente, dicha decisión fue notificada después del término
máximo de tres (3) años previsto en el artículo 38 del CCA.

31. En síntesis, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios notificó el
acto administrativo que agotó la vía gubernativa después de que feneció el término
de los tres (3) años de que trata el artículo 38 del CCA, por lo que era evidente que
en el presente caso operó la caducidad de la facultad sancionatoria.

• El restablecimiento del derecho ordenado por el a quo

11
La primera instancia consideró: «[…] 7) en ese orden de ideas se tiene que la autoridad administrativa tuvo
efectivo conocimiento de los hechos objeto de sanción el 25 de octubre de 2006, empero la conducta objeto de
sanción cesó en una fecha posterior, esto es el 30 de noviembre de 2006 cuando terminó el contrato de
suministro de gas celebrado entre proeléctrica y chevron. La superintendencia de servicios públicos domiciliarios
imputó cargos sobre un período de tiempo determinado sobre el cual tenía elementos probatorios para concluir
que proeléctrica tenía un tipo de contratos que no garantizaba el suministro de gas a largo plazo, sin que
imputara o al menos hiciera referencia acerca de la tipología contractual que utilizó a partir del 1 de diciembre
de 2006, es decir si continuó con los contratos interrumpibles y por consiguiente continuó con la conducta objeto
de reproche o si utilizó otro tipo de contrato que si garantizara el suministro a largo plazo; del anterior análisis
se concluye que la conducta continuada objeto de reproche cesó el 30 de noviembre de 2006, de otra manera,
esto es si la conducta hubiera continuado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios también lo
hubiera sancionado respecto de un período posterior. por consiguiente, se parte del supuesto de que la conducta
cesó el 30 de noviembre de 2009, en primera medida, porque ese fue el período sobre el cual se imputaron
cargos y posteriormente se sancionó a la parte actora, de manera que no es jurídicamente viable para esta sala
pronunciarse por fuera de ese marco y, además, porque no hay elementos probatorios que permitan establecer
que la conducta sancionada continuó después de dicha fecha»

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32. En cuanto al restablecimiento del derecho, el a quo condenó a la entidad
demandada a que cese el cobro de la sanción pecuniaria impuesta o que devuelva
las sumas de dinero que voluntaria o coercitivamente haya pagado la parte
demandante; sumas de dinero que debían ser devueltas en los términos del artículo
178 del CCA.

33. Por concepto de daño emergente, encontró probado el perjuicio causado a la
parte actora en lo que se refiere al pago de la prima de seguro por valor de
$21.517.643, con ocasión del contrato de seguro suscrito con Liberty Seguros, el cual
quedó consignado en la póliza JU-615468; suma de dinero que debía pagarse de
manera indexada.

34. Finalmente, negó la petición encaminada a que se indemnicen los demás
perjuicios, por cuanto la sociedad demandante no logró acreditar los elementos de la
responsabilidad patrimonial a través de medios de prueba útiles, idóneos y
pertinentes, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

35. El Tribunal de la primera instancia, ante la prosperidad del vicio de nulidad por
caducidad de la facultad sancionatoria, se abstuvo de analizar los demás cargos de
la demanda.

I.3. El recurso de apelación

36. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por conducto de
apoderado judicial presentó recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria
de la sentencia de primera instancia12.

37. La parte demandada reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de
contestación de la demanda y a lo largo del proceso y, añadió que la tesis del a quo
desconoció la Sentencia de Unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, de
fecha 29 de septiembre de 200913, por medio de la cual, al precisar el alcance del
artículo 38 del CCA, concluyó que «[…] en su misión de unificar jurisprudencia, la Sala
adopta la tesis según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer
esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa
sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos
de la vía gubernativa».

12 Folios 728 a 737 del Cuaderno 2.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P.: Susana Buitrago Valencia, sentencia

del 29 de septiembre de 2009, radicado: 11001-03-15-000-2003-00442-01(S), actor: Álvaro Hernán Velandia
Hurtado, demandado: Ejército Nacional.

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38. Agregó que la Sección Primera, en sentencia de 9 de junio de 2011 (expediente
2004-00986-01, MP: Marco Antonio Velilla14) entendió que, si bien la citada sentencia
se originó con ocasión de una sanción de carácter disciplinario, se determinó que las
consideraciones expuestas en la referida sentencia eran aplicables a aquellas
controversias que se rigen por el artículo 38 del CCA.

39. Con fundamento en lo anterior consideró que, en el presente caso, la Resolución
SSPD-20092400005085 del 26 de febrero de 2009, por medio de la cual se impuso
la sanción a la actora, fue notificada por edicto el día «23 de marzo de 2009», es
decir, no se configuró la caducidad de la facultad sancionatoria pues la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tenía hasta el 30 de
noviembre de 2009 para imponer de manera oportuna la sanción.

I.4. Trámite del proceso en segunda instancia y alegatos de conclusión

40. El 12 de diciembre de 2016, se realizó la audiencia de conciliación de que trata
el artículo 43 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 70 de la Ley 1395 de
201015, la cual se declaró fallida ante la falta de ánimo conciliatorio entre las partes
y, en esa misma diligencia se concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 22 de
septiembre de 201616.

41. Mediante auto de 4 de abril de 201717, se admitió el recurso de apelación y, en
el mismo proveído, se corrió traslado a las partes para que presenten sus alegatos
de conclusión y al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera
concepto.

42. La parte demandada reiteró los argumentos esbozados en el escrito de
alzada18.

43. La parte demandante insistió en los argumentos planteados a lo largo del
proceso, señalando lo siguiente19:

(i) Los jueces en sus providencias y de conformidad con el artículo 230 de la
Constitución Política están sometidos al imperio de la ley y la jurisprudencia
constituye un criterio auxiliar en la actividad judicial. Ahora bien, la Corte
Constitucional ha reconocido el valor vinculante del precedente judicial de las Altas
Cortes. Sin embargo, la misma Corporación ha sido enfática en señalar que ello no

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011,

radicado: 25000-23-24-000-2004-00986-01, ACTOR: Termoflores S.A. E.S.P., demandado: Superintendente
Delegado para Energía y Gas, MP: Marco Antonio Velilla Moreno.
15 Norma que dispone que cuando por sentencia se condene a una entidad pública, previamente a decidir sobre

la concesión del recurso de apelación, se deberá citar a las partes a audiencia de conciliación.
16 Folios 747 a 748 del Cuaderno 2.
17 Folio 4 del Cuaderno 2.
18 Folios 6 a 16 del Cuaderno del Consejo de Estado.
19 Folios 17 a 32 del Cuaderno del Consejo de Estado.

15

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es una imposición para el operador jurídico que implique un sometimiento absoluto
a lo ya resuelto en casos similares, solo que, en el evento de que el juez decida
apartarse, así lo expresará y expondrá las razones por las cuales adopta otra
determinación;

(ii) El Tribunal de primera instancia expuso de manera clara y amplia las razones
por las cuales consideró que dentro del lapso de tres (3) años previsto en el artículo
38 del CCA debía proferirse y notificarse, no solo el acto mediante el cual se impone
la sanción sino también la decisión que decide el recurso de reposición en vía
gubernativa, pues solo cuando ocurre esto último el acto sancionatorio queda en
firme;

(iii) La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desconoció los
principios de legalidad, tipicidad y antijuricidad pues (i) el artículo 27 de la Ley 143
de 1994 contempla la obligación a cargo de las empresas de generación térmica
que efectúen ventas de energía eléctrica a través del Sistema Interconectado
Nacional consistente en celebrar contratos para garantizar el suministro de
combustible (gas), sin que la norma especifique de manera alguna qué tipo de
contratos deben suscribirse y, mucho menos, que dichos contratos deben estar en
firme, motivo por el cual la sanción impuesta no se encuentra acorde con el
ordenamiento jurídico y; (ii) la conducta desplegada por la sociedad actora no puso
en peligro la prestación del servicio de energía eléctrica, es decir, su conducta «no
produjo ningún resultado tangible en el mundo jurídico» y;

(iv) Refirió que los actos demandados son nulos por encontrarse falsamente
motivados y por no encontrarse motivados en debida forma, a lo que agregó que
transgreden el principio de proporcionalidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

44. La Sala de Decisión analizará las consideraciones en las siguientes partes: (i)
la competencia de la Sala; (ii) los actos demandados; (iii) el problema jurídico; (iv)
el análisis del caso concreto; y, (v) sobre la devolución del proceso al tribunal de
origen.

II.1. Competencia de la Sala

45.Conforme con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo20 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 21, la

20 «ARTÍCULO 129. el Consejo de Estado, en sala de lo contencioso administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión».
21
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, en segunda instancia.

II.2. Los actos demandados

46. Los actos administrativos acusados son:

(i) La Resolución SSPD-20092400005085 del 26 de febrero de 2009 «Por la cual se
sanciona una Empresa de Servicios Públicos», expedida por el Superintendente
Delegado para Energía y Gas, que en su parte resolutiva dispuso:

«Artículo primero: Imponer sanción MULTA a la empresa PROMOTORA DE
ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, con
NIT 8001495376, por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO
CENTAVOS ($495,906,200.00), la cual se hará efectiva en el término de 10
DIAS hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

Artículo segundo: Una vez en firme la presente resolución, la sanción
impuesta deberá ser consignada en efectivo o cheque de gerencia. Para
proceder al pago el prestador deberá obtener el formato de pago de sanciones
disponible en el sitio WEB de la Superservicios
https/www.superservicios.gov.co/ bajo el canal Servicios a Empresas/ Formatos
de Pago.

El prestador deberá acreditar el pago de la sanción dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo. La
multa se debe pagar en efectivo o cheque de gerencia en cualquiera de las
siguientes instituciones financieras: Banco Agrario de Colombia, BBVA,
BANCAFE.

Artículo tercero: Notificar personalmente la presente Resolución a JOSE
KAPPAZ EGEL, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la
PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA Y COMPANIA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES -EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS […]». (Destacado y mayúsculas es original).

(ii) La Resolución SSPD-20092400049325 de 20 de octubre de 2009 «Por la cual
se resuelve un recurso de reposición», expedida por el Superintendente Delegado
para Energía y Gas, que en su parte resolutiva dispuso:

«Artículo primero: CONFIRMAR en su totalidad el contenido de la Resolución
número SSPD - 20092400005085 del 2009-02-26, expedida por este Despacho,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

Artículo segundo: Notificar personalmente del contenido de la presente
Resolución al doctor JOSE KAPPAZ EGEL, en su calidad de
REPRESENTANTE LEGAL de la empresa PROMOTORA DE ENERGIA
ELECTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, o a quien haga sus
veces […]».

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

Artículo tercero: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
notificación».

II.3. Problema jurídico

47. Le corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones SSPD-
20092400005085 del 26 de febrero de 2009 y SSPD-20092400049325 de 20 de
octubre de 2009, mediante las cuales se impuso una sanción a la sociedad
Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P. por la suma de
$495,906,200.00, son nulas por haber operado la caducidad de la facultad
sancionatoria prevista en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.

II.4. Análisis del caso concreto

48. La potestad sancionadora de la administración, como manifestación del Ius
Puniendi del Estado otorga a esta la facultad de imponer sanciones con el fin de
asegurar la vigencia del orden jurídico y la efectividad de los fines del Estado. En
esa medida, la consagración de una regla que impone al operador administrativo el
deber de adelantar el procedimiento sancionatorio en términos razonables y, con
ello, de limitar en el tiempo el plazo para el ejercicio de esa potestad redunda en la
eficacia administrativa, en la efectividad del interés general y en la seguridad
jurídica.

49. La Corte Constitucional, en sentencia C- 401 de 201022, al discernir acerca de
las finalidades que está llamada a cumplir la institución de la caducidad en materia
sancionatoria señaló:

«De la jurisprudencia constitucional se desprende, entonces, el criterio
conforme al cual la facultad sancionadora del Estado es limitada en el tiempo y
que el señalamiento de un plazo de caducidad para la misma, constituye una
garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad
jurídica y prevalencia del interés general23. Dicho plazo, además, cumple con el
cometido de evitar la paralización del proceso administrativo y, por ende,
garantizar la eficiencia de la administración.24

Como se ha señalado por el Consejo de Estado25, dentro de las garantías
constitucionales del debido proceso sancionatorio, cobran especial importancia
los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la
Administración el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de
quienes se encuentren sometidos a investigación».

50.La Ley 142 de 1994 «Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones» no establece el término de la

22 Corte Constitucional, Sentencia C-401/10, Magistrado Ponente: DR. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23 (CITA ES ORIGINAL): CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA C-046/94.
24 (CITA ES ORIGINAL): CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA C-394/02.
25 (CITA ES ORIGINAL): CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, RADICACIÓN

NÚMERO 1632 DE 25 DE MAYO DE 2005.

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Radicación: 25000-23-24-000-2010-00292-02
Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

caducidad por lo que, según la jurisprudencia de esta Sección, se debe acudir al
término previsto en el artículo 38 del CCA26.

51. El artículo 38 del Código Contencioso Administrativo en materia de caducidad
de la facultad sancionatoria señala lo siguiente: «Salvo disposición especial en
contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer
sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas».

52. De conformidad con lo anterior, salvo norma especial en contrario, las
autoridades administrativas cuentan con un término de tres (3) años para imponer
la correspondiente sanción administrativa contados a partir de la fecha en que se
produzca el acto que pueda ocasionarlas, so pena de que, si no se ejerce de manera
oportuna, tenga operancia el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria.

53. En lo que tiene que ver con el extremo temporal inicial para el ejercicio oportuno
de la facultad sancionatoria, esta Sección en su jurisprudencia27 ha señalado que el
plazo debe contarse desde «i) la realización del acto de ejecución instantánea, (ii) la
cesación de la conducta continuada, (iii) la fecha en la que se debió cumplir un deber,
o (iv) de manera individual frente a cada una de las conductas homogéneas
reiteradas».

54. Lo anterior significa que para determinar el extremo temporal inicial de la
caducidad de la facultad sancionatoria se debe analizar el tipo de conducta que dio
origen a la sanción, esto es, si se trata de una conducta instantánea o de ejecución
sucesiva. Las primeras son aquellas que se agotan en un solo momento, entre tanto,
las de ejecución sucesiva se prolongan en el tiempo28.

55. De otro lado, se debe señalar que la existencia de tesis divergentes al interior
de esta Corporación acerca del momento en el que debía entenderse impuesta la
sanción disciplinaria - artículos 12 de la Ley 25 de 1974 y 6 de la Ley 13 de 1984-,
llevó a que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de importancia jurídica de 29 de septiembre de 200929, unificara el
criterio de interpretación en el sentido de precisar que la sanción se entendía

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(CITA ES ORIGINAL): Así lo ha señalado esta Sección de manera pacífica. Sobre el particular, se puede
consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Claudia Rojas
Lasso, sentencia de 29 de septiembre de 2016, radicación número: 25000-23-24-000-2004-00370-01, actor:
Empresa de Energía del Pacifico S.A. ESP. EPSA ESP, demandado: Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
27 Dicho criterio ha sido reiterado en las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso, Sección Primera: (i) sentencia de 30 de julio de 2020, radicado: 25000-23-24-000-2012-00662-
01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés; (ii) sentencia de 24 de septiembre de 2020, radicado: 25000-23-24-
000-2012-00527-01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés; (iii) sentencia de 12 de noviembre de 2020, radicado:
25000-23-24-000-2012-00529-02, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés y; (iv) sentencia de 3 de diciembre de
2020, radicado: 25000-23-24-000-2012-00678-03, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de

2020, radicado: 25000-23-24-000-2012-00678-03, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2009,

radicado: 11001-03-15-000-2003-00442-01(S) IJ, actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, demandado: Ejército
Nacional, MP: Susana Buitrago Valencia.

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

impuesta de manera oportuna si se expedía y notificaba la decisión primigenia que
imponía la sanción y no la que resolvía los recursos de la vía gubernativa.

56. En estos términos, la referida sentencia de unificación señaló:

«Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para
que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a
continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera
que la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la
sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación
administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal,
decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que
define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se
concreta la expresión de la voluntad de la administración.

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados
como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior
cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación
sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del
administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada "vía
gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita
o no los recursos que legalmente procedan contra el acto.

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras
autónomas y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina
cuando la administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide
el acto que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa
del administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta
la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese
lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto
que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el término
para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no
contempla y permite, finalmente, dejar en manos del investigado, a su arbitrio,
la determinación de cuándo se "impone" la sanción, porque en muchas
ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del trámite
de notificación de las providencias.

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del término de
prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta comprendida la
notificación del acto administrativo que resuelve el último recurso de la vía
gubernativa. Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término
de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta,
significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública

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expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.

[…]

En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la
cual en tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se
impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer
esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación
administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el
que resuelve los recursos de la vía gubernativa». (Negrilla fuera del texto).

57. Cabe destacar que, si bien dicha sentencia de unificación se originó a partir de
la interpretación de los artículos 12 de la Ley 25 de 1974 y 6 de la Ley 13 de 198430,
esto es, en el régimen disciplinario, la Sección Primera del Consejo de Estado, de
manera uniforme, pacífica y reiterada ha acogido la citada sentencia de unificación
como parámetro de interpretación del artículo 38 del Código Contencioso
Administrativo.

58. Así, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 9 de junio de
201131, extendió la regla jurídica adoptada en el referido fallo de unificación al
interpretar el alcance del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y, de
esta manera, consideró que la potestad sancionadora se entiende ejercida
oportunamente si dentro del término de tres (3) años se expide y notifica el acto
primigenio que impone la sanción, sin incluir los actos que resuelven los recursos
de la vía gubernativa, al señalar:

«Es importante destacar de esta sentencia la unificación de las diferentes
posturas que antes se habían adoptado, y por cuanto a pesar de que no se
refiere al artículo 38 antes citado que se ocupa de la caducidad y no de la
prescripción enunciada en la norma disciplinaria, es perfectamente aplicable al
caso que en esta oportunidad se ventila.

En este orden de ideas, tal como lo señala la jurisprudencia descrita, la sanción
se considera oportunamente impuesta si dentro del término de tres años
indicado en la norma se ejerce esta potestad, es decir, se expide y se notifica
el acto administrativo que concluye la actuación administrativa sancionatoria,
que es el acto principal, el cual, en el caso sub examine, es la Resolución 682
emitida el 13 de febrero de 2004 y, notificada el 23 de marzo de 2004, con la
cual se concluye la actuación administrativa por parte de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios».

30 Las citadas normas son: Ley 25 de 1974 «Por la cual se expiden normas sobre organización y
funcionamiento del ministerio público y régimen disciplinario, y se dictan otras disposiciones», en su
artículo 12, señala: «ARTÍCULO 12. La acción disciplinaria prescribe en cinco años contados a partir del
último acto constitutivo de la falta». Ley 13 de 1984, «Por la cual se establecen normas que regulan la
administración del personal civil y demás servidores que prestan sus servicios en la rama ejecutiva del
poder público en lo nacional y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de carrera administrativa»,
en su artículo 6° dispone: «ARTÍCULO 6. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, término
dentro del cual deberá igualmente imponerse la sanción».
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011,

CP: Marco Antonio Velilla Moreno, radicado: 25000-23-24-000-2004-00986-01, actor: Termoflores S.A. E.S.P.,
demandado: Superintendente Delegado para Energía y Gas.

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59.La regla indicada ha sido reiterada de manera uniforme y pacífica por esta
Sección32.

60. De acuerdo con lo anterior, se entiende que el término de tres (3) años previsto
en el artículo 38 del CCA, para el ejercicio oportuno de la potestad sancionatoria
debe interpretarse en el sentido de que durante ese lapso de tiempo se debe expedir
y notificar el acto administrativo principal o primigenio, esto es, el que impone la
sanción, sin que se requiera que dentro de ese término se deban expedir los actos
que resuelven los recursos de la vía gubernativa.

61. Ello es así, por cuanto la actuación administrativa y la vía gubernativa son dos
figuras diferentes, pues según lo ha señalado la jurisprudencia, la primera «culmina
cuando la administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción33» entre tanto la vía gubernativa «se erige en un medio de
defensa del administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que
se concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos
para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa
respecto de una decisión ya tomada34».

62. Precisado lo anterior, la Sala encuentra acreditado en el sub examine lo
siguiente:

(i) A través de Memorando 20062300561671 de 5 de octubre de 2006, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios requirió a la sociedad
Proeléctrica con el fin de que allegara copia de los contratos de suministro de gas
natural vigentes a la fecha35.

32 (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Maria Elizabeth Garcia

Gonzalez, sentencia de 23 de febrero de 2012, radicación número: 25000-23-24-000-2004-00344-01, actor:
Termotasajero S.A. E.S.P., demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia
de 14 de febrero de 2013, radicación número: 25000-23-24-000-2003-91003-01, actor: Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S. A. E.S.P. – ETB S. A, demandado: Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Guillermo
Vargas Ayala, sentencia de 28 de agosto de 2014, radicación número: 25000-23-24-000-2008-00369-01, actor:
Gas País SA y CIA. SCA ESP, demandado: Nación - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (iv)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Claudia Rojas Lasso,
sentencia de 29 de septiembre de 2016, radicación número: 25000-23-24-000-2004-00370-01, actor: empresa
de Energía del Pacifico S.A. ESP. EPSA ESP, demandado: Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. (v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia
Margoth Peña Garzón, sentencia de 12 de septiembre de 2019, radicación número: 25000-23-24-000-2011-
00494-01, actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, demandado: Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. (vi) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP:
Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 13 de agosto de 2020, radicación número: 25000-23-24-000-2003-
00330-01, actor: Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. DICEL S.A. E.S.P,
demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de septiembre de 2009.

Rad. No. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S). C.P.: Susana Buitrago Valencia. Sobre el tema, ver también
sentencia T- 211 de 1° de junio de 2018 de la Corte Constitucional, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de septiembre de 2009.

Rad. No. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S). C.P.: Susana Buitrago.
35 Folio 6 del anexo 2 de los antecedentes administrativos.

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(ii) Mediante memorial de 23 de octubre de 2006 y sello de radicado ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de fecha 25 de octubre de
2006, la sociedad Proeléctrica aportó copia de los siguientes documentos: (a)
contrato de transporte de gas suscrito en el mes de mayo de 2005 entre Promigas
S.A. E.S.P. y la sociedad Proeléctrica y el otro sí; (b) la Oferta Mercantil No. Gas -
OM-06-182 para suministro de gas; (c) la Oferta Mercantil GAS-02-2006 para
suministro de gas y; (d) la Oferta Mercantil de Termoflorez de 27 de septiembre de
2006 para suministro de gas y la orden de compra.36

(iii) La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante
comunicación con radicado 20072300136391 de 26 de marzo de 2007 solicitó a
Proeléctrica que informara los contratos de suministro y de transporte de gas natural
para generación termoeléctrica suscritos en el periodo comprendido entre el 30 de
noviembre de 2003 y el 30 de noviembre de 200637.

(iv) La sociedad Proeléctrica contestó el requerimiento, mediante comunicación con
radicado 2007-529-013598-2 de 19 de abril de 2007, relacionando los siguientes
contratos de suministro38, así:

(v) La Dirección Técnica de Gestión de Gas de Combustible de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante informe técnico ITG-2007-185 de 1 de
junio de 200739, tras analizar la información recibida por Proeléctrica SCA ESP llegó
a la siguiente conclusión:

«[…] 3. ANÁLISIS DE LA INFORMACION RECIBIDA POR PROELÉCTRICA
SCA ESP.

[…] bajo las consideraciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 143 de
1994, PROELÉCTICA SCA ESP debió suscribir contratos que garantizaran el
suministro de combustible en forma oportuna; sin embargo, tal como se

36 Folios 7 a 97 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.
37 Folios 98 a 99 del anexo 2 de los antecedentes administrativos.
38 Folios 100 a 101 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.
39 Folios 2 a 5 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.

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describió anteriormente, para el periodo comprendido entre Noviembre 30 de
2003 y Noviembre 30 de 2006, la empresa mantuvo contratos interrumpibles
según los cuales, no se asume un compromiso de continuidad del servicio, ya
que puede ser interrumpido por cualquiera de las partes, no garantizando un
suministro confiable.

4. PRESUNTAS VIOLACIONES

Durante el período comprendido entre Noviembre 30 de 2003 y Noviembre 30
de 2006, PROELÉCTRICA SCA ESP presuntamente no suscribió contratos que
garantizaran el suministro de combustible en forma oportuna».

(vi) La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante Memorando
20082400544761 de 1° de agosto de 2008 presentó pliego de cargos por considerar
que la sociedad actora presuntamente estaría infringiendo el artículo 27 de la Ley
143 de 1994, toda vez que «[l]a empresa PROELÉCTRICA & CIA S.C.A. E.S.P.,
durante el período comprendido entre el 30 de noviembre de 2003 y el 30 de
noviembre de 2006, presuntamente, no contó con contratos en firme que le
garantizaran el suministro de gas natural a largo plazo y en forma oportuna40».

(vii) Mediante memorial con fecha de radicación de 19 de agosto de 2008, la
sociedad demandante descorrió el traslado del pliego de cargos, ejerciendo el
derecho de defensa y de contradicción41.

(viii) El Superintendente Delegado para Energía y Gas, a través de la Resolución
SSPD-20092400005085 de 26 de febrero de 200942 resolvió imponer sanción de
multa a la sociedad Proeléctrica por valor de $495,906,200.00, por considerar que
desconoció lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 143 de 1994. La anterior decisión
fue notificada mediante edicto número 0165 fijado el día 13 de marzo de 2009 y
desfijado el día 27 de marzo de 200943. El artículo 27 de la Ley 143 de 1994 es del
siguiente tenor:

«Artículo 27. Salvo en situación de emergencia, las empresas de generación
térmica que efectúen ventas de energía eléctrica a través del Sistema
Interconectado Nacional, deberán realizar contratos para garantizar, a largo
plazo, el suministro de combustible en forma oportuna y a precios económicos.

[…]».

(ix) En contra de esa decisión, la sociedad actora interpuso recurso de reposición44,
el cual fue desatado por el Superintendente Delegado para Energía y Gas a través
de la Resolución SSPD-20092400049325 de 20 de octubre de 200945, confirmando
el acto recurrido. La anterior decisión fue notificada por edicto número 391 fijado el

40 Folios 102 a 105 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.
41 Folios 167 a 170 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.
42 Folios 171 a 177 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.
43 Folio 181 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.
44 Folios 182 a 216 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.
45 Folios 217 a 240 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.

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día 30 de diciembre de 2009 y desfijado el 14 de enero de 201046, quedando
ejecutoriada en esa fecha según constancia de firmeza obrante en el expediente47.

63. Del recuento de lo acaecido en la actuación administrativa, la Sala encuentra
que la investigación sancionatoria adelantada por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios tuvo lugar luego de constatarse que en el periodo
comprendido entre el 30 de noviembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2006, la
sociedad demandante no garantizó el suministro oportuno del combustible, de
manera que por tratarse de una conducta continuada, y siguiendo la jurisprudencia
de esta Sección, el extremo temporal inicial frente al término de caducidad debe
contarse desde que cesó la conducta irregular, esto es, el 30 de noviembre de 2006,
según se desprende del pliego de cargos y de los actos demandados.

64. Bajo este hilo conductor, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
encontró que la sociedad actora incumplió la obligación prevista en el artículo 27 de
la Ley 143 de 1994, consistente en celebrar contratos para garantizar a largo plazo el
suministro de combustible en forma oportuna y a precios económicos con ocasión de
los contratos 05-153 (cuyo vendedor era Chevron Texaco, con plazo de inicio del 31
de julio de 2005 y fecha de finalización 30 de julio de 2006) y del contrato 06-182 (cuyo
vendedor era Chevron con plazo de inicio el 31 de julio de 2006 y fecha de terminación
el día 30 de noviembre de 2006).

65. En este punto, valga resaltar que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en la Resolución SSPD-20092400005085 de 26 de febrero de 2009,
declaró que operó la caducidad sobre los contratos números 36231 y 40301, tal y
como se desprende de los siguientes apartes:

«Respecto de la caducidad administrativa planteada por la empresa
investigada, a la luz del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo se
observa que el fenómeno jurídico, ha recaído en los contratos: Nro 36231 cuya
fecha de inicio era 30 de julio de 2003 y fecha de finalización 29 de julio de 2004
y sobre el contrato Nro. 40301 con fecha de inicio 30 de julio de 2004 y
vencimiento 30 de julio de 2005.

Sin embargo para el contrato Nro 05-153 el cual inició el día 31 de julio de 2005
y finalizaba el día 30 de julio de 2006 cuyo vendedor es Chevron Texaco, este
despacho encuentra que para el plazo correspondiente a los meses del 1 de
enero de 2006 a 30 de julio de 2006, no opera la caducidad, toda vez que no
han transcurrido tres años de haber suministrado con este tipo de contrato
interrumpible, en estos periodos.

Así las cosas sobre el contrato de suministro de gas natural Nro 06-182 con
plazo estimado del 31 de julio de 2006 a 30 de noviembre de 2006, también se
impone el reproche endilgado dado que se encuentra vigente la potestad de
(sic) administrativa para ello».

46 Folio 243 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.
47 Folio 244 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.

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66. En tal virtud, en el presente caso, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios contaba con tres (3) años para adelantar el correspondiente
procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la sociedad actora, esto
es, desde el 30 de noviembre de 2006 – fecha en que cesó la conducta- hasta el
30 de noviembre de 2009.

67. Ahora bien y como quiera que el acto administrativo sancionatorio principal fue
notificado por edicto número 0165 fijado el día 13 de marzo de 2009 y desfijado el
día 27 de marzo de 200948, resulta evidente que no operó la caducidad de la
facultad sancionatoria prevista en el artículo 38 del Código Contencioso
Administrativo.

68. En consecuencia, no acertó el Tribunal de la primera instancia al concluir que
dentro del lapso de tiempo previsto en el artículo 38 del Código Contencioso
Administrativo se debía notificar el acto administrativo que agotó la vía gubernativa,
y no el acto sancionador primigenio, pues la jurisprudencia pacífica y reiterada ha
señalado que en el término de tres (3) años debe expedirse y notificarse el acto
sancionatorio principal, por cuanto la actuación administrativa y la vía gubernativa
son dos figuras diferentes.

69. Comoquiera que en el sub lite no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de
la facultad sancionatoria, se impone revocar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección «B», el 22 de septiembre de 2016.

II.4. Sobre la devolución del proceso al tribunal de origen

70. Conforme se indicó previamente, el a quo desató únicamente la acusación
relativa a la caducidad de la facultad sancionatoria y, al invocar razones de
economía procesal consideró que en el presente caso no era necesario
pronunciarse respecto de los otros cargos de la demanda.

71. Siguiendo la tesis expuesta por esta Sección, entre otras, en las sentencias de
14 de marzo de 201949, de 12 de diciembre de 201950 y de 13 de agosto de 202051,
resulta procedente devolver el expediente al Tribunal de origen para garantizar el

48 Folio 181 del Anexo 2 de los antecedentes administrativos.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo López,

sentencia de 14 de marzo De 2019, radicación Número: 05001-23-31-000-2010-01418-01, actor: Tampa Cargo
S.A, demandado: Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales – Dian.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez

Sánchez, sentencia de 12 de diciembre de 2019, radicación número: 25000-23-24-000-2006-00115-01, actor:
JLR Administradora S.A. y Promotora Internacional de Hoteles Londoño S.C.A, demandado: Nación - Ministerio
de Comercio, Industria Y Turismo.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez

Sánchez, sentencia de 13 de agosto de 2020, radicación número: 25000-23-24-000-2003-00330-01, actor:
Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. DICEL S.A. E.S.P, demandado:
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios.

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

derecho fundamental al debido proceso, el derecho a la segunda instancia y el
principio de congruencia frente a los cargos que no fueron analizados.

72. En sentencia de 13 de agosto de 202052, la Sala de Sección resolvió una
controversia con similares contornos jurídicos en el sentido de revocar la decisión
de origen por medio de la cual se declaró configurado el fenómeno jurídico de la
caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y, encontró pertinente devolver el proceso al tribunal de origen con el
fin de poder garantizar los principios de la doble instancia y el debido proceso:

«90. La Sala considera que, de manera especial en el presente caso, se deberá
devolver el expediente al Tribunal de origen con el propósito de garantizar el
derecho fundamental de las partes al debido proceso y a la segunda instancia,
para que se pronuncie sobre los demás cargos de nulidad que no fueron objeto
análisis de la sentencia proferida, en primera instancia, en atención a que dicha
sentencia se centró exclusivamente en uno de los cargos, sin analizar y resolver
los demás fundamentos jurídicos de la demanda, especialmente, porque el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca únicamente resolvió el cargo primero
de nulidad y se abstuvo de analizar los últimos seis cargos de nulidad».

73. Esta Sección, en sentencia de 24 de octubre de 201953, abordó este asunto
formulando estas importantes consideraciones que se prohíjan en esta oportunidad:

«V.4.5.1 competencia y límites del juez de segunda instancia

Conforme se anticipó, el límite del juez en la segunda instancia se circunscribe
al objeto del recurso de alzada y, ante tal circunstancia, su pronunciamiento se
restringe a lo impugnado, pues es sobre ello que el fallador adquiere
competencia para pronunciarse y examinar si confirma, modifica o revoca la
decisión objeto del recurso. A esta conclusión se arriba de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32054 del CGP.

Ahora bien, cuando la decisión que se adopta es la de revocar la providencia
del a quo, la Sala debe examinar que en sede de primera instancia el estudio
sobre los cargos formulados hubiera recaído sobre la totalidad de los reproches
endilgados contra los actos acusados, pues, de lo contrario, se dejaría sin
solución los demás planteamientos expuestos, bajo la consideración que por la
prosperidad de un cargo, como ocurrió en el sub - lite, el Tribunal se relevó del
estudio de los demás.

Con esta claridad, debe resaltarse que en situaciones como la acaecida en este
asunto, al igual que ocurre en tratándose de decisiones inhibitorias55, esta Sala

52 Ibidem.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña
Garzón, sentencia de 24 de octubre de 2019, radicación número: 05001-23-31-000-2011-01603-01.
54 (Cita es original): “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien
le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71.”
55 (Cita es original): Esta Sala de manera reiterada ha aplicado la postura que adoptó la Sección en el fallo de

26 de abril de 2013 Consejo de Estado, Sección Primera. Expediente núm. 2006-01004-01. C.P. María Elizabeth
García González, en el que al respecto se precisó: ““[…] en tratándose de recursos de apelación respecto de

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

privilegia la garantía de la doble instancia para que el expediente retorne al juez
de primer grado y sea quien se ocupe de resolver de fondo la totalidad de los
cargos que se plantearon contra los actos acusados.

Lo anterior, es aplicable a este asunto porque ante la revocatoria de la sentencia
anulatoria y, en consecuencia, la negativa de acceder a las pretensiones, se
dejó al descubierto que el a quo no estudió la totalidad de los reproches
formulados contra la legalidad de las resoluciones acusadas, decisión frente a
la cual no pudo oponerse la parte actora en razón al fallo favorable a sus
peticiones.

De manera que para evitar estas situaciones, las que además prolongan las
discusiones en la jurisdicción, es mandatorio que en observancia de los
artículos 278 y 281 del CGP, los jueces en la primera instancia estudien
integralmente los reproches sobre los cuales se admitió la demanda.

Sobre el particular, esta Corporación56 ha determinado que es deber de los
jueces de primera instancia ocuparse de resolver la totalidad de las
pretensiones57, conclusiones que son válidas para este asunto, en observancia
del principio de congruencia. […]

Así las cosas, se colige que en este caso, los planteamientos que no obtuvieron
examen en el fallo de primera instancia y que imponen por lo tanto un
pronunciamiento en observancia y garantía de los principios de lealtad procesal,
debido proceso y doble instancia, son los siguientes: i) establecer cuál es el
valor probatorio de la copia simple de la factura y la incidencia de la abstención
de realizar su traducción oficial; ii) determinar si existió violación del derecho al
debido proceso por falta de notificación de requerimientos ordinarios; y iii)
constatar si la norma aplicada era la correspondiente según la fecha de
ocurrencia de la importación.

La anterior decisión encuentra respaldo normativo en los artículos 229
Constitucional y 2º de la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de
Justicia” y, en este orden de ideas, le corresponde a esta Corporación tomar las
medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la administración
de justicia, cuyo elemento principal es que a los asociados se les ofrezca una
solución efectiva y de fondo a los conflictos que hayan puesto a

FALLOS INHIBITORIOS INJUSTIFICADOS, COMO OCURRE EN EL SUB LITE, SE DEBE DEVOLVER EL
EXPEDIENTE AL A QUO PARA QUE ESTUDIE LOS CARGOS DE LA DEMANDA QUE NO REALIZÓ, PUES
RESOLVER DE FONDO LA CONTROVERSIA EN SEGUNDA INSTANCIA, equivaldría a convertirla en única
instancia, privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente
su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia
[…]”.
56
(Cita es original): La Sección Quinta de esta Corporación al respecto indicó: “[…] en el sentido de consagrar
la regla consistente en el deber de los jueces y tribunales de resolver todas las causales de invalidez que
la parte actora incluya en las demandas de nulidad electoral. Lo anterior, con independencia de que el primer
cargo que se analice resulte suficiente –a juicio del juez de primera instancia– para decretar la nulidad
del acto electoral, en consideración a que, en el sub examine el a quo no se pronunció en la sentencia
que puso fin a la instancia sobre todos los cargos planteados en las demandas acumuladas, impidiendo
que, en virtud del principio de limitación del ad quem, esta Sección lo pudiera hacer. Esta decisión se adopta
para garantizar en todos los casos el principio de congruencia, consagrado en los artículos 55 de la Ley 270 de
1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia– y 280 y 281 del Código General del Proceso, en virtud de
los cuales las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el
proceso por los sujetos procesales y comprender todos los extremos de la Litis […].Sentencia de
Unificación del 26 de septiembre de 2017. Radicación número: 25000-23-4100-000-2015-02491-01 Actor:
SINTRAEMSDES, y Otros. C.P: Rocío Araújo Oñate
57 (Cita es original): Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de

septiembre de 2019. Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01598-01(PI) Actor: Luis Alfredo Macías
Mesa. Demandado: Diego Javier Osorio Jiménez. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

consideración de la jurisdicción58, labor a cargo de los jueces, quienes deben
estudiar íntegramente los cargos, independientemente de su vocación de
prosperidad». (Destacado original de la sentencia).

74. Así las cosas, en el presente caso, tal y como aconteció en los referidos
procesos, esta Sala de Sección y con el fin de garantizar el acceso a la
administración de justicia, el principio de congruencia, la doble instancia y el debido
proceso como principios cardinales de la estructura constitucional y que deben
privilegiarse en el devenir de los procesos judiciales, y en atención a que el tribunal
de la primera instancia se limitó a resolver uno de los cargos de la demanda, deberá
ordenarse la devolución del proceso al Tribunal de origen para que estudie los
reproches que no fueron analizados.

75. Para el cumplimiento del anterior propósito, la decisión deberá emitirse
conjuntamente con la orden de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días
siguientes a la fecha en que el expediente ingrese al despacho para tal fin.

76. La anterior determinación, se insiste, encuentra fundamento en las siguientes
normas constitucionales: el artículo 29 –debido proceso–, el artículo 31 –derecho a
impugnar las sentencias-, el artículo 229 – derecho de acceso a la administración
de justicia-; los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el
artículo 2° de la Ley 270 de 1996 «Estatutaria de la Administración de Justicia» y;
el artículo 281 del CGP, norma que establece el principio de congruencia59, según
el cual, la sentencia debe guardar «[…] armonía entre la parte motiva y resolutiva
del fallo (congruencia interna) y (…) entre la decisión y lo pedido por las partes en
la demanda y su contestación (congruencia externa) […]»60.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

58 (Cita original): Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia CSJ SL 15036-2014. Citada

en la sentencia de unificación de 12 de abril de 2018. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda
Radicación número: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15). Actor: Pastora Ochoa Osorio Demandado:
Nación - Ministerio De Defensa - Ejército Nacional.
59 Respecto de este principio, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-079 de 2018, señaló: «[…] 71. A

propósito de lo anterior, vale la pena traer a colación el principio de congruencia de las providencias, según el
cual, la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones esgrimidos en la correspondiente
demanda (…) 72. Respecto de este principio orientador del derecho procesal, la jurisprudencia de esta Corte
ha explicado que, a la luz de tal postulado, el juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por
consiguiente, es su obligación explicar las razones por las cuales no se ocupará del análisis de fondo de alguna
de las pretensiones56. Adicionalmente, el juez tiene a su cargo el deber de fallar con fundamento en la realidad
fáctica demostrada, por cuanto, su decisión, de ninguna manera, puede fundamentarse en lo que dicho
funcionario considera que pudo ser, pero que las partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la
actuación procesal […]».
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, CP: Stella Jeannette Carvajal

Basto, sentencia de 27 de octubre de 2022, radicación: 25000-23-37-000-2015-00124-01 (23546).

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Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 22 de septiembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B», por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se
pronuncie de fondo respecto de los demás cargos que no analizó en primera
instancia. La decisión de fondo deberá proferirse, conjuntamente con el auto de
obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la fecha en que el
expediente ingrese al despacho para tal fin.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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