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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00344-01

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00344-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en descongestión, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2010-00344-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

21 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm. 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de
Comunicaciones – CRC
Tercero: Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP –
Netuno
Tema: Servidumbre de acceso, uso e interconexión en redes de
telecomunicaciones / esquema remunerativo Sender Keeps All –
SKA / compensación por tráfico asimétrico entre operadores
como ETB y Comvoz / cargos de acceso y la recuperación de
costos de las redes / normativa de la Comunidad Andina:
principios de no discriminación, transparencia y viabilidad
económica en la interconexión / principios de preeminencia,
aplicación directa e inmediata y efecto directo del derecho
comunitario andino / Resoluciones CRC 2228 de 2009 y 2346 de
2010

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la Comisión
de Regulación de Comunicaciones – CRC y Comvoz Comunicaciones de Colombia
S.A. ESP – Netuno, en contra de la sentencia de 23 de junio de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
descongestión, por medio de la cual se declaró la nulidad parcial del artículo 2° de
la Resolución 2346 de 26 de enero de 2010 y, como consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenó a la CRC pagar a favor de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB la suma de $66.755,42.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB, a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

1 Folios 34 a 86 C pp.

2

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA,
presentó demanda en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC,
con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] DE NULIDAD:

1.1. Que es nulo el artículo tercero de la Resolución No. 2228 del 28 de octubre
de 2009 expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por
medio de la cual se resuelve la solicitud de imposición de servidumbre de
acceso uso e interconexión en la red de TPBCL de COMVOZ
COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. en la ciudad de Bogotá D.C.,
y la red de TPBCL y TPBCLE de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTA – ETB S.A. E.S.P, en la ciudad de Bogotá D.C. y en el
Departamento de Cundinamarca.

1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare la nulidad
del artículo segundo de la Resolución No. 2346 del 26 de enero de 2010,
expedida por La (sic) Comisión de Regulación de Comunicaciones por medio
de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 2228 de
2009.

DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

1.3. Que se declare que la relación de interconexión existente entre la red de
TPBCL de COMVOZ y la red de TPBCL de la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP en la ciudad de Bogotá
D.C., se caracteriza por una asimetría en el tráfico en contra de ETB por el
tamaño natural de las redes y el número de usuarios de cada una.

1.4. Que se declare que la estructura de costos de las redes de Telefonía
Pública Básica conmutada Local - TPBCL - de COMVOZ y ETB no son iguales.

1.5. Que como consecuencia de la anterior declaración se declare que el
sistema sender keeps all impuesto por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones (CRT) para la interconexión local - local en la ciudad de
Bogotá entre COMVOZ y ETB no remunera totalmente los costos del acceso,
uso, interconexión y del servicio mayorista que presta esta última a la primera.

1.6. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la
Nación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, a pagar los perjuicios
presente y futuros causados a ETB, representados, aunque no limitados al
valor de los ingresos dejados de recibir por la pérdida de mercado en la ciudad
de Bogotá el año 2010, a la fecha del fallo y su proyección por el termino (sic)
de imposición de la servidumbre, más todas las sumas incurridas por ETB en
estudios, reclamaciones para el cobro de la suma de los cargos de acceso
dejados de recibir por ETB por el tráfico asimétrico cursado y no pagado por
COMVOZ, de conformidad con el cargo de acceso máximo señalado por la
CRT y la CRC para el servicio de interconexión de TPBCL, el que habrá de
liquidarse después de proferido el fallo.

1.7. Que las sumas resultantes de las condenas han de ser actualizadas hasta
la fecha del fallo y sobre él deben liquidarse intereses moratorios desde la fecha

3

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

de la causación de asimetría de tráfico cursado en la red de la ETB […]”
(mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda2

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que, el 1° de julio de 2008, Comvoz
Comunicaciones de Colombia S.A. ESP presentó a la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá – S.A ESP – ETB una solicitud de interconexión a
la red de servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local – TPBCL, así como
a la red de servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida –
TPBCLE, en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Cundinamarca.

4. Mencionó que, el 3 de abril de 2009, Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A.
ESP pidió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC la imposición
de servidumbre de acceso, uso e interconexión entre las mencionadas redes
TPBCL y TPBCLE.

5. Precisó que, el 13 de julio de 2009, en audiencia de mediación, Comvoz
Comunicaciones de Colombia S.A. ESP y ETB S.A. ESP llegaron a una serie de
acuerdos en relación con las condiciones que debían regir la interconexión, sin
embargo, quedó pendiente por definir los cargos de acceso a dichas redes, toda
vez que la primera propuso el sistema Sender Keeps All – SKA, mientras que la
segunda propuso el esquema, quien llama paga, esto es, de 50 – 50 cuando el
tráfico no estuviera balanceado al 100%.

6. Indicó que, mediante la Resolución 2228 de 28 de octubre de 2009, la CRC
impuso servidumbre definitiva de acceso, uso e interconexión para el tráfico TPBCL
y TPBCLE de los mencionados operadores en la ciudad de Bogotá D.C. y en el
departamento de Cundinamarca.

7. Asimismo, precisó que en el artículo 3° de la resolución ibidem, la CRC dispuso
que la remuneración por concepto de utilización de las redes TPBCL Comvoz
Comunicaciones de Colombia S.A. ESP y de TPBCLE de ETB S.A. ESP se
realizaría de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Resolución CRT
1763 de 2007. A lo cual, la parte demandante presentó recurso de reposición, al
considerar que el esquema de cargos impuesto no tiene presente los cargos por
tráfico asimétrico.

8. Sostuvo que, a través de la Resolución 2346 de 26 de enero de 2010, la CRC
resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 2228, en el sentido de
revocar la forma de remuneración por concepto de utilización de las redes TPBCL
de los mencionados operadores y, en su lugar, dispuso que la remuneración por

2 Folios 66 a 72 y 140 a 146 C pp.

4

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

concepto de utilización de las redes TPBCL Comvoz Comunicaciones de Colombia
S.A. ESP y de ETB S.A. ESP se realizaría de conformidad con lo establecido en el
artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación3

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

9. La parte demandante propuso los cargos de nulidad relacionados con el
desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados y de
los principio de buena fe, confianza legítima y desproporción de las cargas públicas,
para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i)
Constitución Política, artículos 1°, 4°, 13, 29, 83, 121 y 122; (ii) Código Contencioso
Administrativo – CCA, artículo 2°; (iii) Decisión 462 de 1999, artículos 4 (numeral
2°, literal c), 28, 29, 30 (literal b numeral 2°, literal d, general del artículo 30), 35 y
37; (iv) Resolución 432 de 2000, artículos 2°, 17 (literal d), 18, 19, 20, 22, 25 y 30;
(v) Ley 1341 de 2009, artículos 4.2.1.6 y 50; (vi) Resolución 087 de 1997, artículo
4.2.1.6; (vii) Resolución 469 de 2002, artículo 1.1; (viii) Resolución CRT 1763 de
2007, artículos 3° y 4.2.2.20.

I.1.2.2. El concepto de violación

I.1.2.2.1. Desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos
acusados

10. El apoderado de la parte demandante afirmó que los actos demandados
parcialmente se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la CRC no podía
imponer el sistema de remuneración Sender Keeps All – SKA a la servidumbre de
interconexión entre la ETB S.A. ESP y Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A.,
por cuanto no previó el pago de tráfico asimétrico que cursa sobre las redes TPBCL,
desconociendo los principios de transparencia, razonabilidad y viabilidad
económica.

11. Señaló que la CRC no le asistía definir el esquema de remuneración de los
cargos de acceso entre los operadores de redes bajo el sistema Sender Keeps All
– SKA, toda vez que, según el inciso 2° del apartado a) del artículo 30 de la Decisión
462 de 1999 de la Comunidad Andina, se prohibía la discriminación en cuanto a los
cargos de acceso y los artículos 18 y 20 de la Resolución 432 de 2000 de la
Comunidad Andina.

12. Explicó que, de acuerdo con esas disposiciones andinas y el artículo 3° de la
Resolución CRT 1763 de 2007, para implementar el esquema Sender Keeps All –
SKA era preciso cumplir con 3 condiciones, a saber: (i) que exista un balance en
los flujos del tráfico entre los operadores interconectados; (ii) que la estructura de

3 Folios 48 a 59 C pp.

5

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

costos de interconexión de las dos redes sea similar; (iii) que los operadores
acuerden un mecanismo para compensar cualquier desbalance en el tráfico.

13. Advirtió que, en el presente asunto, el tráfico entrante y saliente y el costo de la
interconexión no era similar entre la ETB S.A. ESP y Comvoz Comunicaciones de
Colombia S.A. ESP, por lo que debía establecerse tráficos razonables que
cumplieran con los principios de transparencia, razonabilidad y viabilidad
económica, en especial cuando una de las partes quedara sin remuneración por el
tráfico excedentario recibido del interconectado.

14. De igual manera, resaltó que debía existir facturación, pago o conciliación entre
dichos operadores, de acuerdo con lo previsto en los artículos 17, 18, 19, 20, 22 y
27 de la Resolución 432 de 2000 de la Comunidad Andina y los artículos 50 de la
Ley 1341 de 2009 y 4.2.1.6. de la Resolución 87 de 1997 de la CRT.

15. Lo anterior, por cuanto en los acuerdos de interconexión deben pactarse los
cargos a pagar entre las partes en relación con la aplicación de una fórmula
económicamente eficiente, sostenible y atendiendo a los costos, lo que prohíbe fijar
precios inferiores a los costos de largo plazo en cumplimiento de una utilidad
razonable, también la fijación de un mecanismo de medición, verificación, control y
tasación del tiempo de tráfico, así como los procedimientos de intercambio de
cuentas, aprobación de facturas, liquidación y pago de las mismas.

I.1.2.2.2. Desconocimiento de los principios de buena fe, confianza legítima y
desproporción de las cargas públicas

16. El apoderado de la parte demandante aseguró que la CRC vulneró el principio
de confianza legítima al crear la expectativa de que el sistema Sender Keeps All –
SKA cumpliría con los requisitos favorables para el administrado, pero al estudiar
la interconexión local - local de ETB S.A ESP y Comvoz Comunicaciones de
Colombia S.A. ESP eliminó tales condiciones.

17. Insistió que los cargo de acceso debían reflejar los costos asociados al proceso
de interconexión, incluyendo la posibilidad de recuperación de costos fijos de los
elementos de red, de manera que, para la aplicación del sistema Sender Keeps All
– SKA se debía cumplir con los requisitos de tráfico simétrico, costos de red iguales
y comprender un sistema de compensación para las asimetrías, sin embargo, los
actos administrativos demandados omitieron tales condiciones, vulnerando el
principio de buena fe y confianza legítima. Agregó que Comvoz Comunicaciones
de Colombia S.A. ESP desconoció que si la ETB S.A. ESP perdía usuarios e
ingresos no habría incentivos para invertir al utilizar el mencionado sistema SKA de
forma diferente a como fue pensada y diseñada por la Comunidad Andina.

18. Finalmente, anotó que la ruptura de la igualdad en las cargas públicas es fuente
de responsabilidad objetiva del Estado, por lo que, en el evento de considerarse

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

legal la actuación de la CRC, esta tendría que responder por la asignación de una
obligación consistente en el no pago de los tráficos asimétricos que cursen por la
red de la demandante.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II. 1. Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP – Netuno

19. Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP – Netuno4, se opuso a las
pretensiones incoadas, para lo cual se refirió al contenido del concepto de
interconexión como la unión de dos redes distintas de telecomunicaciones, en
virtud del cual los usuarios de ambas partes pueden comunicarse.

20. Señaló que de acuerdo con la interconexión entre las redes TPBCL de ETB S.A.
y Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP, cada uno de los operadores
cobra una tarifa por la prestación del servicio cuando hacen una llamada, aplicando
diferentes mecanismos.

21. Explicóque el esquema Sender Keeps All – SKA es un mecanismo de
remuneración en el mercado mayorista, el cual no debe observarse los 3 supuestos
mencionados por la demandante, toda vez que la norma aplicable es el artículo 3°
de la Resolución CRT 1763 de 2007.

22. Precisó que en el sistema Sender Keeps All – SKA las empresas de
telecomunicaciones competían por los usuarios ofreciendo mejores tarifas y
servicios, contrario al otro esquema existente denominado “[…] el que llama paga
[…]” o CPP que involucra el pago de peajes entre operadores donde estos se
concentran en encarecer las llamadas a otras redes.

23. Manifestó que el ordenamiento de la Comunidad Andina no tenía el alcance que
le otorga la demandante, pues no ostentaba la categoría de norma superior o
condicionaba la validez del derecho interno, pues no reconocía derechos humanos
o prohibía su limitación en los estados de excepción. Además, sostuvo que la
contradicción entre el derecho comunitario andino y el interno debía resolverse a
favor del último.

24. Finalmente,afirmó que no era cierto que la CRC creó una expectativa al
establecer como forma de remuneración el esquema Sender Keeps All – SKA por
los cargos ante la servidumbre de acceso, uso e interconexión para el tráfico
TPBCL entre ETB S.A. ESP y Comvoz Comunicaciones S.A. ESP en la ciudad de
Bogotá D.C., toda vez que no debe cumplirse con los requisitos favorables para el
administrado, por cuanto el mandato aplicable era el contenido en el artículo 3° de
la Resolución CRT 1763 de 2007.

4 Folios 134 a 152 C pp.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

II. 2. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
MinTic

25. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTic
contestó la demanda5, se opuso a las pretensiones incoadas y propuso la
excepción que denominó “[…] falta de legitimación en la causa por pasiva […]”,
toda vez que en la demanda no se desarrolló algún argumento en contra de dicho
ente ministerial, tampoco existe una norma que predique solidaridad con la CRC y,
no tiene nada que saber de las razones de hecho y de derecho que dieron lugar a
la expedición de las resoluciones cuya nulidad se depreca.

26. Por otra parte, recordó que la CRC era una unidad administrativa especial, con
independencia administrativa, técnica y patrimonial, encargada de promover la
competencia, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las
redes y de los servicios de las comunicaciones, con el fin de que sean
económicamente eficientes y refleje altos niveles de calidad, así como la función
de intervenir en las relaciones de interconexión surgidas entre operadores o
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con el
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.

II. 3. Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

27. LaComisión de Regulación de Comunicaciones – CRC6, se opuso a las
pretensiones incoadas para lo cual se refirió al concepto de interconexión como un
derecho de los usuarios que está sometido a reglas para su remuneración.

28. Mencionó que el método remuneratorio denominado “[…] el que llama paga […]”
consiste en que el usuario le paga al operador por hacer una llamada y también
costea un peaje al operador de destino para que le permita realizarla.

29. Por su parte, indicó que el método Sender Keeps All – SKA es un esquema más
simple, ya que el operador que origina la llamada sigue recibiendo la tarifa del
usuario por la prestación del servicio y no debe cancelar el peaje al operador que
termina la llamada. Así, el que origina la llamada se queda con lo recaudado, lo
que debe involucrar todos los costos y ser suficiente para costear el primer tramo
de la llamada, “[…] la originación y su terminación […]”.

30. Agregó que, según la literatura económica, la simetría en los patrones no
constituye una condición necesaria para garantizar la viabilidad del esquema
Sender Keeps All – SKA, por cuanto, las limitaciones sobre el nivel de desbalance
permitido en las redes disminuyen los incentivos para incrementar el tráfico a través
de la disminución de las tarifas para los usuarios. Subrayó que, en caso de

5 Folios 158 a 165 C pp.
6 Folios 1 a 59 C contestación.

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Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

implementarse los supuestos que alega la demandante para implementar el SKA,
este vendría a ser igual que el CPP.

31. Explicó que la interconexión entre las redes TPBCL de ETB S.A. ESP y Comvoz
Comunicaciones S.A. ESP generaba que cada uno de ellos cobre a sus clientes
una tarifa por la prestación del servicio cuando origine la llamada, lo que permitía
un rompimiento de un monopolio y, por lo tanto, que entren nuevos operadores al
mercado. Lo anterior, porque existe la tendencia de que el tráfico sea mayor hacia
la empresa establecida.

32. En ese sentido, anotó que, para expedir los actos administrativos demandados
dio aplicación a la Resolución CRT 1763 de 2007, acto administrativo de carácter
general y abstracto del cual se predica la presunción de legalidad, que de haberlo
inobservado habría ido en contra de un acto propio y en contra del principio de
legalidad.

33. De igual manera, recordó que, de acuerdo con el artículo 22, numerales 9° y 10°
de la Ley 1341 de 2009, tiene facultades para resolver conflictos de interconexión,
así como la de imponer servidumbre entre los operadores de redes.

34. En cuanto a la inobservancia de la normatividad de la Comunidad Andina, puso
de presente que el sistema Sender Keeps All – SKA no fue adoptado a través de
los actos demandados sino a través de un acto administrativo de carácter general,
esto es, la Resolución CRT 1763 de 2007, la cual no se cuestionó en el presente
proceso.

35. Además, aseguró que los actos acusados fueron emitidos con estricto
acatamiento de la Decisión 462 de 1999 y la Resolución 432 de 2000 de la
Comunidad Andina que refleja el principio de interconexión, regulado en el artículo
50 de la Ley 1341 de 2009, así como de la Resolución CRT 87 de 1997.

36. En ese contexto, aseveró que impuso servidumbre de acceso, uso e
interconexión, analizando el impacto del esquema de remuneración Sender Keeps
All – SKA en las redes locales de Comvoz Comunicaciones Colombia S.A. ESP y
ETB S.A. ESP de una manera integral, tanto desde la perspectiva del tráfico
cruzado entre los operadores, como la utilización de la red, la dinámica de la
inversión y el incremento de usuarios, cumpliendo de esa manera con los artículos
4.2.2.20 de la Resolución CRT 87 de 1997 y 3° de la Resolución CRT 1763 de
2007.

37. Finalmente, expresó que el propósito de la actuación administrativa no era
encontrar un valor de cargo de acceso específico para la demandante, así como
tampoco modificar el esquema de remuneración contenido en la disposición de
carácter general, sino con base en las facultades otorgadas por el numeral 10° del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, esto es, fijar las condiciones técnicas y

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

económicas que rigen la relación de interconexión, mediante la imposición de una
servidumbre de interconexión.

38. En esa medida, estimó que era un error predicar la vulneración de los principios
de buena fe y confianza legítima, cuando el sistema Sender Keeps All – SKA se
venía adoptando desde el año 2001. Así como tampoco una ruptura del principio
de igualdad ante las cargas públicas, toda vez que impuso el mencionado sistema
como un mecanismo de remuneración en el mercado mayorista, cuyas bondades
han sido comprobadas para incrementar la competencia entre operadores y evitar
el abuso de posiciones dominantes en el mercado.

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

39. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
descongestión, a través de la sentencia de 23 de junio de 20157, decidió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva respecto del Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.

SEGUNDO: DECLARAR la NULIDAD del ARTÍCULO SEGUNDO de la
Resolución No. 2346 del 26 de enero de 2010, expedido por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones, que será adicionado en la parte que se
subraya así:

"ARTICULO SEGUNDO. Acceder parcialmente a las pretensiones de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP y, en
consecuencia modificar el Artículo 3° de la Resolución CRC 228 de 2009
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución,
el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: La remuneración por concepto de la utilización
de las redes de TPBCL de COMVOZ COMUNICACIONES DE
COLOMBIA S.A. ESP y de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. ESP, se realizará de conformidad con lo establecido
en el artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007 o de las normas que
lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

No obstante lo anterior, en caso de que exista un desbalance de tráfico,
los operadores pueden acordar un mecanismo para compensarlo. En el
evento de no existir acuerdo, el mencionado mecanismo será
determinado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones por
solicitud de las partes, conforme a las facultades otorgadas en el numeral
9º del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se ordena a la Comisión
de Regulación de Comunicaciones, pagar a favor de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, la suma de, SESENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS
CENTAVOS ($66.755,42), por concepto de cargos de acceso por tráfico
asimétrico, valor que deberá ser indexado.

7 Folios 749 a 804 C 2.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

CUARTO: Se niegan la (sic) demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: La Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá dar
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia en los términos de los artículos 177
y 178 del Código Contencioso Administrativo (sic)

SEXTO: Sin condena en costas […]” (mayúscula, subrayado y negrilla del
original).

40. Previo a referirse al fondo del asunto, el a quo indicó que, de acuerdo con los
artículos 122 y 123 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina, en
el asunto bajo análisis no era imprescindible contar con la interpretación prejudicial
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para emitir una decisión de fondo,
toda vez que estaba siendo conocida en primera instancia, es decir que, no se trata
de una consulta obligatoria por no tratarse de una sentencia que se profiera en
única o última instancia.

41. Por otra parte, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic, en consideración a que los actos administrativos
demandados fueron expedidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones
– CRC, sin que dicho ente ministerial tuviera alguna injerencia, así como tampoco
que estuviera eventualmente afectado por la declaratoria de nulidad de los mismos.

42. Descendiendo al asunto sub examine, el juez de la primera instancia mencionó
que el problema jurídico a resolver era determinar si el artículo 3° de la Resolución
2228 de 28 de octubre de 2009 y el artículo 2° de la Resolución 2346 de 26 de
enero de 2010 se encuentran viciados de nulidad por cuanto fueron expedidos por
la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC con desconocimiento de las
normas en que debían fundarse y violación de los principios de buena fe, confianza
legítima y desproporción de las cargas públicas.

43. Pararesolver, el Tribunal de la primera instancia se refirió al cargo de
desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados y,
señaló que no era necesario estudiar los demás cargos de nulidad, para lo cual
consideró lo siguiente:

III.1. Desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos
acusados

44. El juez de la primera instancia recordó que, según el artículo 2° de la Decisión
462 de 1999 de la Comunidad Andina, la interconexión se presenta cuando existen
dos o más redes que se enlazan para tener acceso recíproco a los clientes y
servicios que ofrecen, esto es, arreglos técnicos y comerciales bajo los cuales los
proveedores conectan su equipo, redes y les dan a sus clientes la posibilidad de
tener acceso a los servicios y las redes de otros proveedores.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

45. Sobre la posibilidad de interconexión entre usuarios de diversas redes, el a quo
mencionó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que
la interconexión en el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en la “[…]
punta de lanza […]” del desarrollo de las condiciones de competencia en el sector,
lo que conllevaba a que los proveedores de servicios tengan ciertos problemas a la
hora de fijar los cargos de interconexión.

46. En ese contexto, el Tribunal de la primera instancia señaló que el artículo 30 de
la Decisión 462 de 1999 de la Comunidad Andina estableció ciertos principios
relativos a la interconexión como lo es que las redes de proveedores de servicios
de telecomunicaciones es obligatoria, en condiciones no discriminatorias, con un
mínimo de calidad y cargas transparentes, razonables, orientados a costos
desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión tenga que pagar
por componentes que se requieran para el suministro del servicio y en forma
oportuna.

47. Subrayó en cuanto a la determinación de los precios de interconexión, que el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha planteado un esquema cerrado
con normas irrestrictas para determinarlos, toda vez que existen una serie de
modalidades, sistemas y métodos de conformidad con cada tipo de rede como “[…]
Calling Party Pays, Receiving Party Pays, Calling Party Network Pays y Sender
Keeps All […]”.

48. Puntualmente, sobre el esquema Sender Keeps All – SKA anotó que el Tribunal
de Justicia ha explicado que se trata de un sistema de remuneración de cargos de
interconexión, a través del cual cada operador conserva la totalidad de lo facturado
a sus usuarios por las llamadas realizadas bajo el principio de reciprocidad, por
cuanto no se imponen precios de terminación de las llamadas, así permite que los
demás facturen las llamadas salientes de su propia red sin preocuparse por el cobro
de las entrantes, conservando cada uno el valor recaudado de sus usuarios.

49. Resaltó que el mismo Tribunal ha considerado que el método Sender Keeps All
– SKA es viable y se presenta acorde con el ordenamiento comunitario conforme
con las siguientes parámetros: (i) que exista un balance en los flujos del tráfico entre
los operadores interconectados; (ii) que la estructura de costos de interconexión de
las dos redes sea similar; (iii) que los operadores acuerden un mecanismo para
compensar cualquier desbalance en el tráfico.

50. En ese contexto, refirió que el Tribunal Andino interpretó el artículo 30 de la
Decisión 462 de 1999 y los artículos 18 y 29 de la Resolución 432 de 2000, en el
sentido de que las partes pueden acordar las condiciones de interconexión, siempre
y cuando se fijen sobre parámetros claros para su remuneración, esto es, que los
precios de interconexión garanticen los costos de origen, el tránsito y la terminación
de la llamada, lo que permite una interconexión viable económicamente,

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

susceptible de brindar continuidad en el servicio, calidad, prestación ininterrumpida
y viabilidad de acceso a redes.

51. El a quo también evidenció que el artículo 22 (numerales 2°, 3° y 4°) de la Ley
1341 de 2009 confirió funciones a la CRC para que promueva y regule la libre
competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y
prevenga conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, así como lo
relacionado con la obligación de interconexión, acceso y uso de redes y mercados
de los servicios de las telecomunicaciones, resolver controversias entre
proveedores de redes e imponer de oficio o a solicitud de parte las servidumbres
de acceso, uso e interconexión, sus condiciones de acceso y uso de instalaciones
esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la misma.

52. Conforme con lo anterior, el Tribunal de primera instancia observó que, mediante
las Resoluciones 2228 de 28 de octubre de 2009 y 2346 de 26 de enero de 2010,
la CRC impuso una servidumbre definitiva de acceso, uso e interconexión para el
tráfico de TPBCL y TPBCLE. Así, entre la red de TPBCL de Comvoz
Comunicaciones de Colombia S.A. ESP en la ciudad de Bogotá y la red de TPBCL
en la ciudad de Bogotá y de TPBCLE en Cundinamarca de ETB S.A. ESP.

53. Asimismo, la CRC estableció que la remuneración por concepto de utilización de
las redes TPBCL de Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP y TPBCL de
ETB S.A. ESP se realizaría de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de
la Resolución CRT 1763 de 2007.

54. El a quo evidenció que la CRC fijó el sistema de remuneración del mencionado
artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007 que dispone que “[…] se realizará
bajo el mecanismo en el que cada operador conserva la totalidad del valor
recaudado de sus usuarios y se responsabiliza de todo lo concerniente al proceso
de facturación […]”, es decir, el sistema Sender Keeps All – SKA, en el que no
existe pago entre los operadores por el tráfico cursado entre sus redes, sino quién
origina la llamada conserva la totalidad de lo facturado a sus usuarios por las
realizadas desde su red interconectada.

55. El Tribunal de primera instancia observó que el artículo 3° de la Resolución CRT
1763 de 2007 no reguló las circunstancias de asimetría en el tráfico de la
interconexión, de ahí que los artículos 18, 20 y 30 de la Decisión 462 de 1999 de la
Comunidad Andina complementan dicha falta de regulación, los cuales dispones
que los cargos de interconexión deben orientarse a costos económicamente
viables, que garanticen una prestación ininterrumpida, así como el mantenimiento
del servicio en condiciones razonables.

56. En ese sentido, el a quo consideró que la CRC debió llenar ese vacío normativo
con los preceptos comunitarios para implementar un mecanismo para compensar
asimetrías en el balance en el tráfico entre operadores.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

57. Así las cosas, el juez de la primera instancia concluyó que procedía la nulidad
parcial del artículo 2° de la Resolución 2346 de 26 de enero de 2010, en el
entendido que el mismo debía ser adicionado para hacer referencia a la posible
existencia de un desbalance de tráfico y la posibilidad que los operadores acuerden
un mecanismo para compensarlo.

III.2. Restablecimiento del derecho

58. El a quo indicó que en el expediente solo se encontraba un peritaje, que no fue
objetado por las partes, en el que se demostraba que existía asimetría en el tráfico
cursado en las redes de ETB S.A ESP por cuanto no ha generado llamadas hacia
la red de Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP, por lo que la
demandante no ha recibido ingresos por ese concepto.

59. Así, consideró que Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP adeudaba
para enero 2012 a la demandante la suma de $66.755,42, esto es, por concepto de
los cargos de acceso por tráfico asimétrico cursado en las redes de la demandante.

60. Por lo anterior, ordenó que la CRC debía pagar a favor de ETB S.A. ESP dicha
suma de dinero por concepto de cargos de acceso por tráfico asimétrico, valor que
debía ser indexado al momento de su pago efectivo.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

IV.1. Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP

61. Mediante escrito de 13 de julio de 20158, el apoderado de Comvoz
Comunicaciones de Colombia S.A. ESP presentó recurso de apelación con el fin
de obtener la revocatoria de los numerales 2° y 3° de la sentencia de 23 de junio
de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, en descongestión.

62. Afirmó que el juez de la primera instancia erró al considerar que el artículo 3° de
la Resolución CRT 1763 de 2007 presenta un vacío en cuanto a los casos en que
ocurran asimetrías en el tráfico de interconexión por lo que dicha disposición debía
ser integrada al artículo 30 de la Decisión 462 de 1999 y a los artículos 18, 20 y 30
de la Resolución 432 de 2000 de la Comunidad Andina, toda vez que “[…] las
normas como el SKA lo que buscan es proteger la competencia en el mercado de
la telefonía, lo anterior aplicando la llamada discriminación positiva que permite el
artículo 13 de la Carta […]”.

63. Además, mencionó que el a quo aseguró que el modelo Sender Keeps All – SKA
es aplicable y viable, siempre y cuando cumpla con: (i) que exista un balance en
los flujos del tráfico entre los operadores interconectados; (ii) que la estructura de

8 Folios 810 a 834 C 2.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

costos de interconexión de las dos redes sea similar; y (iii) que los operadores
acuerden un mecanismo para compensar cualquier desbalance en el tráfico.

64. Aseguró que al no existir el esquema Sender Keeps All – SKA sería imposible
que una empresa nueva pudiera entrar a competir con una empresa establecida,
por cuanto la dinámica de las redes haría que hubiera muchas más llamadas desde
la red del entrante y hacia la red establecida. Por lo que, “[…] el pago de los cargos
de acceso debidos al operador establecido por el uso de su red, todo operador
entrante tendría que manejar una situación deficitaria que en poco tiempo lo
arruinaría […]”.

65. Sostuvo que el esquema Sender Keeps All – SKA tiene la ventaja que los
operadores tienen sus incentivos para cobrar el verdadero costo del servicio, debido
a que los precios que ofrecen a sus usuarios son elevados y estos tendrán
incentivos a cambiar de operador. Por lo que, los operadores que fija un peaje alto,
son los usuarios del otro operador los que perciben el incremento en los precios por
lo que la base de usuarios propia no se ve afectada, “[…] de esta manera el
operador cubre un precio justo con base en su verdadera estructura de costos, sin
necesidad de que el regulador debe intervenir en la fijación del precio […]”.

66. Agregó que el esquema en mención no se asocia de manera exclusiva y
excluyente al comportamiento del tráfico entrante y saliente, sino que los
operadores compiten por los usuarios ofreciendo mejores tarifas y servicios. Por el
contrario, bajo el esquema “[…] el que llama paga […]” que involucra el pago de
peajes entre operadores, estos se distraen de la competencia por usuarios y se
concentran en encarecer las llamadas a otras redes.

67. En ese contexto, indicó que el esquema Sender Keeps All – SKA es una clara
intervención del Estado en la economía para corregir las inequidades de la misma,
proteger al usuario y su participación en el mercado, función primordial que la CRC
plasmó en la Resolución CRT 1763 de 2007, acorde con los artículos 13 y 333 de
la Constitución Política.

68. Finalmente, destacó que las decisiones de la Comunidad Andina no hacen parte
del bloque de constitucionalidad, por lo que dichas decisiones no son un criterio
para determinar la legalidad de los actos acusados.

IV.2. Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

69. Mediante escrito de 8 de octubre de 20159, el apoderado de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB presentó recurso de apelación con
el fin de obtener la revocatoria de la sentencia de 23 de junio de 2015 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
descongestión.

9 Folios 845 a 860 C 2.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
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Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

70. Lo anterior, tras considerar que el juez de la primera instancia incurrió en error
de derecho al aplicar el artículo 30 de la Decisión 462 de 1999 y los artículos 18 y
20 de la Resolución 432 de 2000, desconoció el artículo 230 de la Constitución
Política y el artículo 84 del CCA, así como el principio de inderogabilidad singular
del reglamento, incurrió en error de hecho en la apreciación del material probatorio
recaudado para condenar a la CRC y, violó el principio de congruencia de las
sentencias y su debido proceso, para lo cual señaló:

IV.2.1. Error de derecho al aplicar el artículo 30 de la Decisión 462 de 1999 y
los artículos 18 y 20 de la Resolución 432 de 2000

71. El apoderado de la CRC sostuvo que el Tribunal de Justicia no ha interpretado
el artículo 30 de la Decisión 462 de 1999 y los artículos 18 y 20 de la Resolución
432 de 2000 en el sentido de que el método Sender Keeps All – SKA es permitido
siempre que cumpla con los requisitos de: (i) que exista un balance en los flujos del
tráfico entre los operadores interconectados; (ii) que la estructura de costos de
interconexión de las dos redes sea similar; y (iii) que los operadores acuerden un
mecanismo para compensar cualquier desbalance en el tráfico.

72. Aseguró que, por el contrario, el Tribunal de Justicia ha rechazado adoptar dicha
posición al señalar que “[…] no se encuentra dentro del resorte de su actuación,
pronunciarse sobre si uno u otro sistema cumple los parámetros y criterios definidos
en la normativa comunitaria sobre cargos de interconexión, por lo tanto es cuestión
de la autoridad administrativa competente nacional definir y determinar dicha
situación […]”.

73. Precisó que, mediante la interpretación prejudicial 181-IP-2013, dicho Tribunal
prescindió de esos 3 requisitos para la aplicación del esquema Sender Keeps All –
SKA, al considerar que dicho método permite: (i) eliminar las oportunidades de
arbitraje regulatorio que aparecen con los regímenes de interconexión basados en
precios regulados e incentivan inversiones ineficientes por parte de los operadores;
(ii) eliminar el problema del monopolio de cada operador en la terminación de
llamadas en sus redes y; (iii) eliminar la estructura ineficiente de los cargos de
acceso cuyos costos de esa naturaleza se trasladan a los usuarios, resultando en
mejores precios a éstos y un eficiente uso de las redes.

74. Aunado a lo anterior, mencionó que el juez de la primera instancia debió revisar
la literatura que inspiró la regulación de interconexión para adoptar el artículo 3° de
la Resolución CRT 1763 de 2007, en el que se demuestra que no existe vacío
normativo que deba ser llenado por medio de resoluciones particulares,
precisamente porque el esquema Sender Keeps All – SKA trae ventajas para la
inversión de redes, en la reducción de precios y la eficiencia.

75. Agregó que si los preceptos comunitarios entran a solventar el vacío del artículo
3° de la Resolución CRT 1763 de 2007, el juez de la primera instancia no podía

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

reprocharle a la CRC las resoluciones demandadas, por cuanto ese vacío también
se habría suplido con las mencionadas disposiciones comunitarias.

76. En ese sentido, concluyó que la premisa mayor en que se fundamentó el a quo
no corresponde a la realidad, por tanto, no podía considerar que el artículo 3° de la
Resolución CRT 1763 de 2007 tenía un vacío normativo y, en consecuencia, anular
el artículo 2° de la Resolución 2346 de 26 de enero de 2010.

IV.2.2. Desconocimiento del artículo 230 de la Constitución Política y el
artículo 84 del CCA

77. La CRC manifestó que el Tribunal de la primera instancia desconoció el artículo
230 de la Constitución Política y el artículo 84 del CCA al declarar la nulidad del
artículo 2° de la Resolución 2346 de 26 de enero de 2010 con base en el dictamen
08 de 2007, formulado por un órgano administrativo andino, el cual la CRC no
estaba obligada a fundar sus decisiones.

78. Explicó que el a quo no solo resolvió la controversia con base en una
interpretación de la normatividad andina que el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no efectuó, sino que además adoptó una interpretación de la
Secretaría General de la Comunidad Andina que no podía servir como parámetro,
por cuanto el orden comunitario no atribuye los efectos que si le reconoce a las
interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia.

79. Recordó que el juez de la primera instancia no puede interpretar ni aplicar la
normatividad comunitaria según su propio arbitrio, toda vez que el sistema andino
de fuentes ha previsto la figura de la interpretación prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

IV.2.3. Desconocimiento del principio de inderogabilidad singular del
reglamento

80. El apoderado de la parte demandada afirmó que el juez de la primera instancia
modificó el artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007, acto administrativo de
carácter general y abstracto, cuando anuló el artículo 2° de la Resolución 2346 de
26 de enero de 2010.

81. Aseguró que implementar mecanismos de pago para compensar las asimetrías
en el esquema Sender Keeps All – SKA, comporta la derogación del mismo toda
vez que añade nuevos supuestos de hecho no contemplados.

82. Mencionó que el artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007 no se sujeta a
condiciones especiales o supuestos de hecho adicionales en razón de casos
especiales.

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IV.2.4. Error de hecho en la apreciación del material probatorio recaudado en
el proceso que condenó a la CRC a la indemnización

83. Señaló que el a quo condenó a la CRC para que pagara a favor de ETB S.A.
ESP, la suma de $66.755,42, sujeto a indexación, con fundamento en un dictamen
pericial, sin embargo, sostuvo que omitió considerar que el mismo da cuenta que,
entre la demandante y Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP no cursó
tráfico comercial sino de prueba.

84. En ese sentido, anotó que, ni bajo el esquema Sender Keeps All – SKA, ni bajo
ningún otro, la demandante había tenido derecho a recibir recursos por el tráfico
cursado, por cuanto se orientó a probar el interfuncionamiento de las redes y la
interoperabilidad de los servicios, esto es, que no estuviera involucrada ninguna
actividad comercial.

85. Además, aseveró que, aun si hubiese sido tráfico comercial, en razón de los
efectos ex tunc de las sentencias de nulidad, el acto declarado nulo nunca existió y
por tanto no se produjo ningún efecto jurídico. Así, una vez ejecutoriada la
sentencia, “[…] ETB tendría el derecho personal de exigir de su deudor COMVOZ
la suma que según la regulación le correspondiere, y éste la obligación correlativa
de pagar dicha suma, con la indexación asociada, lo que evidencia la inexistencia
de daño antijurídico causado por la CRC […]”.

IV.2.5. Desconocimiento del principio de congruencia de las sentencias y el
debido proceso de la CRC

86. Finalmente, la CRC señaló que, de acuerdo con el artículo 170 del CCA y el 305
del CPC, en ejercicio de la facultad judicial, el juez de la primera instancia
presupone que la parte demandante solicitó en la demanda a título de
restablecimiento del derecho, que estatuya determinada disposición nueva en
remplazo de la acusada, o la modifique o reforme, desconociendo el principio de
congruencia.

87. Precisó que, el Tribunal de la primera instancia ordenó un restablecimiento del
derecho diferente al solicitado por ETB S.A. ESP, frente al cual la CRC no tuvo
oportunidad de oponerse o ejercer su derecho de defensa.

88. Por otra parte, destacó que el a quo negó las pretensiones relacionadas con (i)
la declaración de la relación de interconexión entre ETB S.A. ESP y Comvoz
Comunicaciones de Colombia S.A. ESP era asimétrica; (ii) la declaración de la
ruptura de los costos de las redes de TPBCL entre esos operadores no eran iguales
y; (iii) la declaración del sistema Sender Keeps All – SKA impuesta no remunera los
costos del acceso, uso, interconexión y servicio mayorista de la demandante.

89. Enese contexto, la procedencia de la indemnización comportaba un
desconocimiento del principio de congruencia.

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V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

90. El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador de la
primera instancia mediante acta de audiencia de conciliación de 1° de junio de
201610 y auto de 11 de mayo de 201711.

91. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes Despachos que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto de 4 de abril de 201712,
se devolvió el expediente al juez de la primera instancia para que se pronunciara
sobre la concesión del recurso de apelación presentado por Comvoz
Comunicaciones de Colombia S.A. ESP.

92. A través de auto de 6 de octubre de 201713 se admitió los recursos interpuestos
por Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP y la CRC y; se corrió traslado
a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público
para que rindiera concepto.

93. El apoderado de ETB S.A. ESP presentó recurso de reposición contra el auto de
6 de octubre de 201714, al considerar que, previo a dar traslado para alegar y de
proferir sentencia de segunda instancia, era necesario solicitar la interpretación
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los artículos 4°
(numeral 2°, literal c), 28, 29, 30 (literal b numeral 2°, literal d, general del artículo
30), 35 y 37 de la Decisión 462 de 1999 y los artículos 2°, 17 (literal d), 18, 19, 20,
22, 25 y 30 de la Resolución 432 de 2000.

94. Mediante auto de 30 de mayo de 201815, se suspendió el proceso para efectos
de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 4° (numeral 2°, literal c), 28,
29, 30 (numerales 1° y 2° del literal b y literal d), 35 y 37 de la Decisión 462 de 1999
de la Comunidad Andina y los artículos 2°, 17 (literal d), 18, 19, 20, 22, 25 y 30 de
la Resolución 432 de 2000.

95. A través de auto de 19 de diciembre de 2019 16, se dejó sin efecto la actuación
secretarial de 17 de agosto de 2018, en cuanto estableció que el término para
alegar de conclusión comenzaría a correr el 21 de agosto de 2018, se ordenó dar
cumplimiento a la providencia de 30 de mayo de 2018, en el sentido de suspender
el proceso con el objeto de solicitar la interpretación de las normas comunitarias al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y; se ordenó a Secretaría que, una
vez sea remitida la interpretación prejudicial procediera a dar cumplimiento a la
orden impartida en el auto de 6 de octubre de 2017, atinente a dar traslado para
alegar de conclusión.

10 Folios 907 a 909 C 2.
11 Folios 918 a 919 C 2.
12 Folios 4 a 5 C 4.
13 Folio 9 C 4.
14 Folios 14 a 22 C 4.
15 Folios 76 a 77 C 4.
16 Folios 95 a 96 C 4.

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

96. Mediante interpretación prejudicial 433-IP-2018 de 29 de julio de 202017, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que procedía la interpretación
del artículo 30 (numerales 1° y 2° del literal b y literal d) de la Decisión 462 de 1999
de la Comunidad Andina y los artículos 18 y 20 de la Resolución 432 de 2000.

97. Por el contrario, indicó que no realizaría interpretación prejudicial de los artículos
4° (literal c del numeral 2°), 28, 29, 35 y 37 de la Decisión 462 de 1999, al no estar
en discusión los límites o restricciones a la libre competencia, las medidas para
garantizar la competencia, ni las prácticas anticompetitivas, así como tampoco la
restricción o limitación a la libre competencia ni el ámbito de aplicación de la
Decisión 462, el tema relacionado al servicio universal, ni la relación de los países
miembros con organizaciones y acuerdos internacionales.

98. De igual manera, afirmó que no se pronunciaría sobre los artículos 2°, 17 (literal
d), 19, 22, 25 y 30 de la Resolución 432 de 2000, por cuanto no se controvierten
los términos y definiciones contenidas en los reglamentos adoptados de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones – UIT, los procedimientos para el intercambio
de cuentas, aprobación de facturas, liquidación y pago de las mismas, la
celebración de acuerdos de interconexión, los descuentos en la facturación, ni las
responsabilidades del proyecto técnico y adecuación de las instalaciones
necesarias para la interconexión.

99. Finalmente, señaló que se realizaría de oficio la interpretación de los artículos 2°
y 3° de la Decisión 472, Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, a fin de analizar los principios que rigen el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina.

100. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió como
temas de interpretación a: “[...] 1. los principios de ordenamiento comunitario andino:
El principio de preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo. 2. Las
condiciones para la interconexión de redes públicas de telecomunicaciones [...]”, de
la siguiente manera:

“[…] F. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Los principios del ordenamiento comunitario andino: El principio de
preeminencia, de aplicación inmediata y de efecto directo

1.1. En el escrito de apelación, Comvoz alegó que las Decisiones de la
Comunidad Andina no hacen parte del bloque de constitucionalidad del
ordenamiento jurídico colombiano; y que, en consecuencia, no pueden ser
utilizadas como criterio para determinar la legalidad de una norma del derecho
interno, puesto que no se encuentran en la misma jerarquía de la Constitución
de la República de Colombia, razón por la que es pertinente desarrollar el
presente tema.

17 Folios 100 a 116 C 4

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

1.2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha consolidado, a través de
su jurisprudencia, la aplicación de principios jurídicos como el de preeminencia,
efecto directo y aplicación inmediata del ordenamiento jurídico comunitario
andino.

El principio de preeminencia

1.3. Por el principio de preeminencia (denominado también de primacía o
de prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas
internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales) de cada
uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Como
consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma
comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe
indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino
que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda.

1.4. Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de
la normativa comunitaria, en los siguientes términos:

“El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el
principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o
internos de los Países Miembros (...) En los asuntos cuya regulación
corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o
básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un
desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al
comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el
terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este
modo al derecho interno..." (Subrayado agregado)

1.5. En efecto, si no existiera la primacía de la norma comunitaria andina
por sobre la norma nacional no existiría el proceso de integración andino.
La existencia de un proceso de integración parte de la premisa de reconocer la
cesión de soberanía de los Países Miembros hacia el proceso de integración y
de aceptar la existencia de normas supranacionales y obligaciones que
vinculan a los Países Miembros.

El principio de aplicación inmediata (o aplicación directa)

1.6. Por su parte, el principio de aplicación inmediata (o aplicación directa)
asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Así, se
refiere a las obligaciones que las disposiciones comunitarias generan en los
Países Miembros.

1.7. El principio de aplicación inmediata se encuentra previsto en el Artículo 3
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en
adelante, el Tratado de Creación del TJCA)

[…]

1.8. La jurisprudencia de este Tribunal en varias ocasiones se ha pronunciado
sobre la definición, alcances e importancia del principio de aplicación inmediata
en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Así, en la Sentencia de la
Acción de Incumplimiento recaída en el Proceso 3-AI-96 de fecha 24 de marzo
de 1997, este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:

“...La sola suposición de que las Decisiones de la Comisión o las
Resoluciones de la Junta, tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de cada

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

uno de los Países Miembros, antes de su aplicación interna, habría
conducido a negar la existencia de un derecho comunitario andino.

Este principio ha sido recogido también por los Presidentes Andinos al
reiterar la aplicación directa de las Decisiones de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, según se establece en el artículo 3 del Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia, e instruir a las autoridades nacionales para que las
apliquen sin restricciones y promuevan su difusión. (Consejo Presidencial
Andino. Acta de Caracas, mayo 18 de 1991).

En la Comunidad Andina la aplicación directa del derecho comunitario
se deriva tanto de la norma positiva como de la jurisprudencia. El
artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal, expresa que Las Decisiones
de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a
partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos
que las mismas señalen una fecha posterior."

1.9. Como se puede apreciar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina resaltó la importancia de este principio precisando que la sola
suposición de que las disposiciones comunitarias tuvieran que pasar por
el tamiz legislativo de los Países Miembros, antes de su aplicación
interna, conduciría a negar la existencia misma de un derecho
comunitario andino. Tal como lo concibe este Tribunal, la existencia del
derecho comunitario andino depende, entre otros principios, del atributo de
aplicación inmediata de sus disposiciones.

1.10. En vinculación con ello, el Tribunal también ha destacado el carácter
imperativo de las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario andino
para los Países Miembros, en los siguientes términos:

“ … ha de tenerse en cuenta, además, que el ordenamiento jurídico del
Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos
los Países Miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos
ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por
todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a
dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se
cumple en una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto
Andino. (Subrayado agregado)

1.11. Asimismo, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-1P-88,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afianzó su criterio anterior
precisando que los Países Miembros se encuentran prohibidos de formular
reservas o desistir de aplicar las disposiciones comunitarias,
escudándose en disposiciones de su orden interno. De manera textual, se
señaló lo siguiente:

“...Estos [se refiere a los Estados Miembros] frente a la norma comunitaria,
no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni
pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o practicas
usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la
alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No
debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento
jurídico andino, los Países Miembros están comprometidos a no adoptar ni
emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún
modo obstaculicen su aplicación como de modo expreso preceptúa el
artículo 5, segunda parte del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo
de este Tribunal.

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

Las medidas de simple ejecución que en casos concretos pudiera adoptar
un País Miembro tampoco pueden servir de excusa válida para alterar el
efecto directo y uniforme propio de tales regulaciones. La entrada en vigor
de éstas, por tanto, ha de determinar automáticamente la inaplicabilidad del
derecho interno que sea contrario a sus determinaciones o que, de alguna
manera, las desnaturalice, y ello en virtud de la primacía que tiene la norma
comunitaria. La posible colisión de normas, en consecuencia, ha de
resolverse sin vacilaciones ni reticencias en favor del derecho de la
integración. (Subrayado agregado)

1.12. Como se puede apreciar, el principio de aplicación inmediata implica
que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina y las Resoluciones
de la Secretaría General de la Comunidad Andina son automáticamente
incorporadas a la normativa interna de cada país miembro a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin que sea
necesario pasar por un procedimiento de aprobación, recepción o
incorporación previo.

13. Como consecuencia de ello, la normativa comunitaria constituye fuente
inmediata de derechos y obligaciones para sus destinatarios y genera en
todo juez nacional la obligación de aplicarla directamente.

14. Distinto es el caso, contemplado en el Artículo 3 del Tratado de Creación
del TJCA, en el que la propia norma andina difiere su vigencia o dispone que
se requerirá de la emisión de un determinado acto a partir del cual entrará en
vigor en cada país miembro. Fue el caso, por ejemplo, de la Decisión 608,
Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la
Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1180 del 4 de abril de 2005, en cuyo Artículo 51 se estableció su vigencia
diferida para la República del Ecuador.

15. En sintonía con lo señalado previamente, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional de Colombia se ha pronunciado señalando que las normas
supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los
ordenamientos internos de los Países Miembros del tratado de integración, los
cuales no se derivan del común de las normas de derecho internacional.

16. En suma, las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la
Secretaria General de la Comunidad Andina, por regla general, son de
aplicación incondicionada e inmediata a la realidad jurídica de cada uno
de los Países Miembros y, en esa medida, constituyen mandatos
imperativos cuyo cumplimiento no puede ser omitido o ignorado por sus
destinatarios.

El principio de efecto directo

17. Conjuntamente con el principio de aplicación inmediata, el principio
de efecto directo asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa
comunitaria. Así, el principio de efecto directo se relaciona con las
acciones que los ciudadanos pueden ejercer en defensa de sus derechos
para la debida aplicación de la norma comunitaria.

18. Por su parte, el principio de efecto directo se encuentra contemplado en el
Artículo 2 del Tratado de Creación del TJCA

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[…]

1.19. Al respecto, en la Sentencia de la Acción de Incumplimiento recaída en el
Proceso 3-AI-96 este órgano jurisdiccional señaló lo siguiente:

“…Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma
como tal, el del efecto directo se relaciona con las acciones que los
sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la
norma comunitaria. En otras palabras, que sus efectos generan derechos
y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los
ordenamientos estatales, permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan
exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales."
(Subrayado agregado)

1.20. Como se puede apreciar, conforme al principio de efecto directo,
desde la fecha de aprobación de las Decisiones del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad
Andina, los ciudadanos de los Países Miembros se encuentran facultados
a exigir el cumplimiento de la normativa comunitaria promoviendo las
acciones que corresponda ante los tribunales competentes.

1.21. La jurisprudencia de este Tribunal ha afirmado que existe una conexión
estrecha entre el principio de aplicabilidad directa (también llamado de
aplicación inmediata) y el de efecto directo. De manera textual, este órgano
jurisdiccional señaló lo siguiente:

“Entre el principio de la aplicabilidad directa y del efecto directo existe
una conexión estrecha: la norma comunitaria andina al ser
directamente aplicable en los Países Miembros tiene como efecto
inmediato que los ciudadanos de la Subregión se sientan protegidos
con y en los derechos que esas normas les confieran. Es la forma legal
de abrirles la posibilidad de exigir su cumplimiento ante las justicias
nacionales.

En conclusión (...) al pasar a formar parte del ordenamiento jurídico andino,
son de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa
que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros,
los órganos del Acuerdo y los particulares." (Subrayado agregado)

1.22. En atención a ello, por el principio de aplicación directa y el de efecto
directo, la normativa comunitaria andina es de obligatorio cumplimiento tanto
para los Países Miembros como para sus ciudadanos, los cuales se encuentran
autorizados para hacer valer sus derechos ante los tribunales que corresponda.

2. Las condiciones para la interconexión de redes públicas de
telecomunicaciones

[…]

2.2. Un elemento que promueve una mayor integración en el mercado
subregional andino es la interconexión de redes públicas de
telecomunicaciones, aspecto que se encuentra regulado en el Capítulo
VIII (Principios relativos a la interconexión) de la Decisión 462 de la
Comisión de la Comunidad Andina del 25 de mayo de 1999 y la Resolución
432 (Normas comunes sobre interconexión) de la Secretaría General de la
Comunidad Andina del 2 de octubre de 2000.

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2.3. El Articulo 2 de la Decisión 462 define la interconexión de la siguiente
manera:

“Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que los
usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro
proveedor y tener acceso a los servicios suministrados par otro proveedor
respecto de los que se contraigan compromisos específicos."

24. El Artículo 30 de la Decisión 462 estableció las condiciones para la
interconexión en los siguientes términos:

“Artículo 30. - Condiciones para la interconexión

Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con
las de los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes,
de acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País
Miembro.

La interconexión debe proveerse:

a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas
las normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no
menos favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a
servicios similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por
empresas no afiliadas;

b) Con cargos de interconexión que:

1. Sean transparentes y razonables;

2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad
económica:

3. Esten suficientemente desagregados para que el proveedor que
solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o
instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del
servicio;

c) En forma oportuna;

d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red,
ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo
de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.

En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad
Nacional Competente la que determine su procedencia".

2.5. Los parámetros medulares de las condiciones económicas de la
interconexión se encuentran desarrollados en los Artículos 18 y 20 de la
Resolución 432, que a continuación se transcriben:

“Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a
costos, complementados con un margen razonable de utilidad más una
cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión
y suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la

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interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de
la red que no se requieran para el Suministro del servicio.

Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que
corresponden a instalaciones y equipos a prestaciones compartidos por
vanos servicios.

(…)”

“Artículo 20.- La interconexión deberá ser económicamente eficiente y
sostenible, atendiendo a cargos de interconexión orientados a costos
que preserven la calidad a costos eficientes”.

2.6. Una interpretación conjunta de los artículos transcritos nos conduce a los
siguientes elementos esenciales de los cargos de interconexión:

2.6.1. Obligatoriedad en la interconexión. Los proveedores de servicios
públicos de transporte de telecomunicaciones tienen la obligación de
interconectarse. Por lo tanto, el establecimiento de los cargos de interconexión
se da en este ámbito de apremio en pro de la competencia y el mayor bienestar
de los consumidores y usuarios. Si un proveedor se negara a la interconexión,
el asunto se ventilará ante la Autoridad Nacional Competente para que tome
una decisión al respecto. De todas formas, la normativa comunitaria andina
se sustenta sobre el principio de autonomía de la voluntad privada, en el
sentido de que las partes pueden acordar las condiciones de
interconexión, siempre y cuando se fijen sobre los parámetros
establecidos. Esto se desprende de un análisis conjunto de los Artículos
30 de la Decisión 462, y 16, 17, 19, 23, 27 y 34 de la Resolución 432, donde
se da un margen de acción contractual a los proveedores que se
interconectarán para fijar las condiciones generales, económicas y técnicas del
enlace, bajo los parámetros establecidos en la normativa comunitaria y la
regulación de la Autoridad Nacional Competente.

2.6.2. Los cargos de interconexión deben estar orientados a costos
eficientes. Como se dejó claramente establecido en jurisprudencia uniforme
de este Tribunal la normativa andina no estaba buscando un método específico
para establecer los cargos de interconexión. Una vez consultados todos los
antecedentes de la Decisión 462 y de la Resolución 432, el Tribunal no
encontró un marco de discusión que le permitiera inferir que hubo una
intención plenamente direccionada a escoger un único método o sistema
para establecer los cargos de interconexión. Lo que sí es evidente es que
desde los primeros borradores del proyecto la intención del legislador
comunitario era que los costos (eficientes) fueran un factor determinante
para la fijación de los precios de interconexión. En consecuencia, cualquier
metodología o esquema utilizado debe garantizar que los cargos tengan
en cuenta los costos específicos para la interconexión sobre la base de
los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de la llamada.
Además, cualquier metodología debe dar razón de la relación ingreso-
costo, permitiendo que la interconexión sea viable económicamente y que
fomente la eficiencia económica (reducción de costos), asegure la
prestación ininterrumpida (continuidad) del servicio, garantice el
mantenimiento y mejora de la calidad y facilite el acceso a las redes. Es
por esto que el Artículo 20 de la Resolución 432 prevé que dichos costos
preserven la calidad a costos eficientes, ya que la interconexión es una
herramienta fundamental para el desarrollo de la industria de las
telecomunicaciones, soportada en el equilibrio económico de los proveedores,
la eficiencia económica del servicio y la viabilidad financiera que redunda en la

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integración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima
de competencia.

2.7. Por lo tanto, si bien la autoridad nacional competente cuenta con la
potestad de escoger la metodología que estime pertinente para calcular
los cargos de interconexión, dicha metodología debe reflejar los
parámetros establecidos en el párrafo 2.6.2 precedente.

2.8. Resta agregar que el Artículo 18 de la Resolución 432 prevé que
dentro del análisis se debe tener en cuenta una cuota de costos comunes
o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente
desagregados.

Dicha norma define qué se entiende por costos comunes: "Se entenderá por
costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a
instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios
servicios". Además, para lograr unos costos desagregados con el objetivo
de "que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por
componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el
suministro del servicio", el Articulo 21 de la Resolución 432 advierte que
la interconexión se debe estructurar sobre la base de la desagregación de
componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones. Presenta
una lista no taxativa, a saber: origen y terminación de comunicaciones a
nivel local; conmutación; señalización; transmisión entre centrales;
servicios de asistencia a los abonados; acceso a elementos auxiliares y a
elementos que sean usados por ambas partes al mismo tiempo, si son
factibles y económicamente viables; y la facturación y recaudación, así
como la información necesaria para poder facturar y cobrar a los
usuarios.

2.9. Al analizar si se cubren los costos, la Autoridad Nacional Competente
deberá hacer un estudio integral de todas las variables y elementos que
afectan los costos, teniendo en cuenta el comportamiento de la
interconexión en periodos de tiempo razonables y la naturaleza de las
redes que se enlazan; asimismo, deberá verificar si la metodología
adoptada incentiva la disminución de costos (eficiencia económica), y si
la relación costo ingreso es razonable para asumir que hay un
desequilibrio que justifique una revisión de la metodología utilizada
(mayúscula, subraya y negrilla del original).

101. Finalmente, mediante auto de 10 de noviembre de 202018, se corrió traslado a
las partes y demás intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión,
y al agente del Ministerio Público para que de considerarlo pertinente rindiera
concepto. ETB S.A. ESP19, la CRC20, Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A.
ESP21 reiteraron en esencia sus argumentos expuestos en la demanda y en los
recursos de apelación, respectivamente. Por su parte el Ministerio Público guardó
silencio.

18 Folios 120 C 4.

Índice 15 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
19 Folios 124 a 136 C 4.

Índice 15 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
20 Folios 164 a 178 C 4.

Índice 15 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
21 Folios 146 a 158 C 4.

Índice 15 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.

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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

102. De conformidad con el artículo 129 del CCA22, la Sección Primera del Consejo
de Estado es competente para decidir los recursos de apelación interpuestos en
contra de la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en descongestión, en
concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 80 de 201923, que contiene las reglas
de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

VI.2. La formulación del problema jurídico

103. De acuerdo con las prescripciones del artículo 328 del CGP 24, aplicable por
remisión del artículo 267 del CCA y en los términos de los recursos de apelación
interpuestos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC y Comvoz
Comunicaciones de Colombia S.A. ESP – Netuno, la Sala debe determinar la
legalidad de las Resoluciones 2228 de 28 de octubre de 2009 y 2346 de 26 de
enero de 2010.

104. La Sala deberá determinar si las normas de la Comunidad Andina pueden ser
aplicadas directamente al sistema de interconexión Sender Keeps All – SKA en
Colombia, considerando que las decisiones de la Comunidad Andina, según el
tercero con interés en el resultado del proceso no hacen parte del bloque de
constitucionalidad. Analizar sí las decisiones de la Comunidad Andina tienen
preeminencia, efecto directo y aplicación inmediata sobre la regulación nacional, o
si, como sostiene la CRC, la Resolución CRT 1763 de 2007 debe prevalecer al
haber sido emitida conforme a los principios regulatorios nacionales, sin estar
subordinada a las decisiones de la Comunidad Andina.

105. Asimismo, la Sala debe analizar, por un lado, si el Tribunal de primera instancia
no acertó al considerar que el esquema Sender Keeps All – SKA, regulado por el
artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007, presentaba un vacío normativo
respecto a la compensación por asimetría en el tráfico, lo cual lo llevó a integrar
este vacío con las disposiciones de la Decisión 462 de 1999 y la Resolución 432
de 2000 de la Comunidad Andina.

22 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión […]”.
23 La Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y nulidad y

restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente
a otras secciones.
24 Artículo 328. “[…] Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley […]”. Antes artículo 357 del CPC.

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106. Por otro lado, la Sala deberá decidir si el Tribunal vulneró los principios de
inderogabilidad singular del reglamento, legalidad y congruencia, como alega la
CRC, al modificar un acto administrativo general y condenarla al pago de
$66.755,42 por concepto de tráfico asimétrico, a pesar de que dicho tráfico fue de
prueba y no comercial.

107. También se analizará si el esquema Sender Keeps All – SKA, en su aplicación
original, cumplía con los objetivos de promover la competencia y eficiencia en el
sector, o si, como sostiene Comvoz, su modificación resultaría en una desventaja
para los nuevos operadores frente a los más establecidos, como ETB.

108. Para los fines anteriores, la Sala abordará: (i) identificación de los actos
administrativos acusados; (ii) el análisis del caso concreto en el cual se revisará la
aplicación de las normas de la Comunidad Andina en el sistema de interconexión
en Colombia; la presunta existencia de un vacío normativo en el esquema Sender
Keeps All – SKA; el presunto error en la aplicación de los criterios establecidos
Dictamen 08 de 2007 expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina;
el impacto de la modificación del esquema Sender Keeps All – SKA en la
competencia del sector y; la presunta vulneración de los principios de legalidad y
congruencia y; (iii) conclusión.

VI.2.1. La identificación de los actos demandados

109. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB demandó el
artículo 3º de la Resolución 2228 de 28 de octubre de 2009 y el artículo 2º de la
Resolución 2346 de 26 de enero de 2010, expedidas por la Comisión de Regulación
de Comunicaciones – CRC25, cuyos textos son los siguientes:

VI.2.1.1. Artículo 3º de la Resolución 2228 de 28 de octubre de 2009

“[…] RESOLUCIÓN No. 2228 DE 2009

“Por la cual se resuelve la solicitud de imposición de servidumbre de acceso
uso e interconexión entre la red de TPBCL de COMVOZ COMUNICACIONES
DE COLOMBIA S.A. E.S.P en la dudad de Bogotá D.C., y la red de TPBCL y
TPBCLE de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - ETB
S.A. E.S.P. en la ciudad de Bogotá D. C. y en el Departamento de
Cundinamarca"

[…]

2. CONSIDERACIONES DE LA CRC

[…]
2.4. Aspectos que han de regir la interconexión

[…]

25 Folios 92 a 99 y 101 a 106 C pp.

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2.4.1. Cargos de Acceso interconexión local – local

Particularmente en Io que respecta a los cargos de acceso y uso en
interconexiones entre redes de TPBCL, es precise señalar que de conformidad
con Io establecido en la regulación de carácter general vigente, en particular,
en los artículos 3° y 4° de la Resolución CRT 1763 de 2007, la remuneración a
los operadores de TPBCL por parte de otros operadores de TPBCL en un
mismo municipio, o grupo de municipios a los que hacen referencia los artículos
5° y 6° de dicha resolución, por concepto de la utilización de sus redes, se
realizará bajo el mecanismo en el que cada operador conserve la totalidad del
valor recaudado de sus usuarios y se responsabiliza de todo Io concerniente al
proceso de facturación.

En efecto, el artículo 3° de la mencionada Resolución CRT 1763 de 2007,
establece Io siguiente:

"ARTICULO 3. CARGOS DE ACCESO ENTRE REDES DE TPBCL. La
remuneración a los operadores de TPBCL por parte de otros operadores de
TPBCL en un mismo municipio, o grupo de municipios a los que hacen
referencia los artículos 5 y 6 de la presente resolución, por concepto de la
utilización de sus redes, se realizará bajo el mecanismo en el que cada
operador conserve la totalidad del valor recaudado de sus usuarios y se
responsabiliza de todo lo concerniente al proceso de facturación.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que los operadores acuerden otros
mecanismos alternativos para la remuneración de las redes."

En este orden de ideas, las condiciones económicas y financieras definidas
como parte de la presente resolución para la interconexión entre la red de
TPBCL de NETUNO y la red de TPBCL de ETB en la ciudad de Bogotá D.C.,
necesariamente deberán reflejar este principio regulatorio que se encuentra
establecido en un acto administrative de carácter general, del cual procede su
presunción de legalidad, vigencia y obligatoriedad de su cumplimiento, que
debe ser aplicado por la Comisión en ejercicio de sus funciones, dado que las
partes de mutuo acuerdo no definieron un esquema diferente.

[…]
En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer servidumbre definitiva de acceso, uso e
interconexión para el tráfico de TPBCL y TPBCLE entre la red de TPBCL de
COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. E.S.P en la ciudad de
Bogotá D.C y la red de TPBCL en la ciudad de Bogotá D.C. y de TPBCLE en
el Departamento de Cundinamarca de la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.

ARTÍCULO SEGUNDO.- COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.
E.S.P y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
para efectos de la conciliación de los cargos de acceso asociados al tráfico
cursado entre redes de TPBCL y TPBCLE y/o redes de TPBCLE y TPBCLE
deberán dar aplicación al procedimiento de conciliación descrito en el numeral
2.4.2 de la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- La remuneración por concepto de la utilización de las
redes de TPBCL de COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.

30

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

E.S.P y de TPBCL de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
S.A. E.S.P., se realizará de conformidad con Io establecido en el artículo 3° de
la Resolución CRT 1763 de 2007 o las normas que Io modifiquen, adicionen o
sustituyan.

La remuneración por concepto de la interconexión de redes de TPBCLE y
TPBCLE de COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. E.S.P y de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. se
realizará de conformidad con Io establecido en los artículos 4° y 5° de la
Resolución CRT 1763 de 2007 o las normas que Io modifiquen, adicionen o
sustituyan […]” (mayúsculas y negrillas del original).

VI.2.1.2. Artículo 2º de la Resolución 2346 de 26 de enero de 2010

“[…] RESOLUCIÓN 2346 DE 2010

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. contra la Resolución
CRC 2228 de 2009”

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley
1341 de 2009, y conforme Io dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, y.

[…]

2.3. Sobre la solicitud de modificación del Párrafo Primero del Artículo 3°

[…]

CONSIDERACIONES DE LA CRC

En relación con el cargo formulado, debe recordarse que, ante la falta de
acuerdo entre las partes, los actos administrativos a través de los cuales se
impone servidumbre de acceso, uso e interconexión están llamados a
establecer las condiciones en que debe darse la interconexión de las redes
para que la misma entre en operación, en los términos previstos en la
regulación. Para tales efectos, la CRC debe interpretar, dar aplicación y
establecer los efectos de Io dispuesto en la regulación de carácter general
vigente.

De esta manera, en relación con la remuneración por el acceso y uso de las
redes de TPBCL cuando se interconectan entre sí, debe recordarse que la
regulación general ha establecido una metodología de remuneración de las
redes, la cual debe ser aplicada en el caso particular a través del acto
administrativo de imposición de servidumbre. Así pues, contrario a lo expuesto
por la recurrente, la CRC si definió y resolvió la divergencia suscitada entre
NETUNO y ETB en relación con el esquema de remuneración de sus redes
locales, toda vez que ante la ausencia de acuerdo directo, la dirimió con arreglo
a la regulación vigente.

En este orden de ideas en la medida que se trata de dos redes de TPBCL, tal
y como se estableció en el acto administrativo recurrido, las partes deberán
aplicar lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007.

31

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

[…]

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

[…] ARTÍCULO SEGUNDO. Acceder parcialmente a las pretensiones de la
EMPRESA DE COMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y, en
consecuencia, modificar el artículo 3°de la Resolución CRC 2228 de 2009 por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución, el cual
quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO TERCERO. La remuneración por concepto de la utilización de las
redes de TPBCL de COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. y de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.
E.S.P., se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la
Resolución CRT 1763 de 2007 o de las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan […] (mayúscula y negrilla del original).

VI.2.2. Análisis del caso concreto

110. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB presentó
demanda en contra de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC con
el fin de obtener la nulidad del artículo 3º de la Resolución 2228 de 28 de octubre
de 2009 y del artículo 2º de la Resolución 2346 de 26 de enero de 2010.

111. El argumento la parte demandante se fundamentó en que las resoluciones
mencionadas imponen una servidumbre de acceso, uso e interconexión entre las
redes de Telefonía Pública Básica Conmutada Local – TPBCL de Comvoz
Comunicaciones S.A. ESP y ETB S.A. ESP que resulta perjudicial para esta última,
debido a una asimetría en el tráfico entre las redes y una estructura de costos que
no es igual.

112. Según la demandante, esta asimetría y el sistema Sender Keeps All – SKA,
(donde cada operador retiene los ingresos de los usuarios que originan llamadas)
no compensan los costos en los que incurre por el uso de su red, lo que le genera
pérdidas económicas.

113. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 23 de junio de
2015, declaró la nulidad parcial del artículo 2° de la Resolución 2346 de 2010, en
el entendido que se debería permitir que, en caso de desbalance de tráfico entre
operadores, estos acuerden un mecanismo de compensación. Consideró que en la
eventualidad de que no se llegue a un acuerdo, la CRC deberá intervenir y
determinar dicho mecanismo, lo anterior por cuanto a que el sistema de
remuneración Sender Keeps All – SKA, en el que cada operador conserva lo
recaudado por las llamadas originadas en su red, no consideraba el impacto de la
asimetría de tráfico entre las redes de ETB S.A ESP y Comvoz Comunicaciones
S.A. ESP.

32

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

114. El a quo concluyó que la CRC no reguló adecuadamente las circunstancias de
asimetría en el tráfico, y debía haber complementado este vacío con los principios
establecidos por la normativa de la Comunidad Andina. Dichos principios, según el
artículo 30 de la Decisión 462 de 1999, exigen que los cargos de interconexión sean
transparentes, razonables, orientados a costos y aseguren la viabilidad económica
de los servicios.

115. En su recurso de apelación presentado el 13 de julio de 2015, Comvoz
Comunicaciones de Colombia S.A. ESP solicitó la revocatoria de los numerales 2°
y 3° de la sentencia del 23 de junio de 2015, para lo cual argumentó que el juez de
primera instancia erró al considerar que el artículo 3° de la Resolución CRT 1763
de 2007 presentaba un vacío normativo respecto a la asimetría en el tráfico de
interconexión, lo que llevó al Tribunal a integrar dicha norma con disposiciones de
la Decisión 462 de 1999 y la Resolución 432 de 2000 de la Comunidad Andina.

116. Sostuvo que el sistema Sender Keeps All – SKA no contempla esos requisitos,
y que este esquema busca precisamente proteger la competencia en el mercado
de telecomunicaciones mediante la aplicación de la discriminación positiva, tal
como lo permite el artículo 13 de la Constitución.

117. Además, Comvoz Comunicaciones S.A. ESP defendió que el esquema Sender
Keeps All – SKA permite a los nuevos operadores competir en igualdad de
condiciones con empresas establecidas como la demandante, al eliminar la
necesidad de pagar cargos de acceso a la red más grande.

118. También señaló que el sistema Sender Keeps All – SKA incentiva a los
operadores a cobrar precios justos a sus propios usuarios y fomenta la
competencia, mientras que el modelo “[…] el que llama paga […]” desvía la atención
de los operadores hacia el encarecimiento de los peajes por el uso de otras redes.

119. En el recurso de apelación presentado el 8 de octubre de 2015, la Comisión de
Regulación de Comunicaciones – CRC solicitó la revocatoria de la sentencia del 23
de junio de 2015, para lo cual señaló que el juez de primera instancia erró al aplicar
las disposiciones de la Comunidad Andina (Decisión 462 de 1999 y Resolución 432
de 2000) y al considerar que el esquema Sender Keeps All – SKA requería ciertos
requisitos no establecidos en la regulación nacional.

120. Sostuvo que el a quo erró en la aplicación de los criterios establecidos Dictamen
08 de 2007 expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina y que debió
tener en cuenta la interpretación prejudicial 181-IP-2013.

121. La CRC también indicó que el Tribunal violó el principio de inderogabilidad
singular del reglamento al modificar el artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de
2007 y que no existía vacío normativo que justificara tal modificación. Además,
aseveró que el juez cometió un error de hecho en la apreciación del material
probatorio, al ordenar el pago de $66.755,42 a favor de ETB con base en un
dictamen pericial que hacía referencia a tráfico de prueba y no a tráfico comercial.

33

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

122. Finalmente, la CRC alegó que el Tribunal desconoció el principio de
congruencia al otorgar un restablecimiento del derecho distinto al solicitado por
ETB, lo que afectó el derecho de defensa de la Comisión.

123. Para el análisis anterior, la Sala tendrá en cuenta la interpretación prejudicial
433-IP-2018 de 29 de julio de 2020, a través de la cual el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina interpretó el artículo 30 (numerales 1° y 2° del literal b y literal
d) de la Decisión 462 de 1999 de la Comunidad Andina y los artículos 18 y 20 de la
Resolución 432 de 2000 y de oficio los artículos 2° y 3° de la Decisión 472 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

124. No se hará pronunciamiento respecto de los artículos 4° (literal c del numeral
2°), 28, 29, 35 y 37 de la Decisión 462 de 1999, así como los artículos 2°, 17 (literal
d), 19, 22, 25 y 30 de la Resolución 432 de 2000, que no fueron objeto de
interpretación.

VI.2.2.1. Aplicación de las normas de la Comunidad Andina en el sistema de
interconexión en Colombia

125. La Sala deberá determinar si las normas de la Comunidad Andina pueden ser
aplicadas directamente al sistema de interconexión Sender Keeps All – SKA en
Colombia, considerando que el tercero con interés en el proceso argumenta que no
forman parte del bloque de constitucionalidad.

126. Asimismo, se debe analizar si las decisiones de la Comunidad Andina tienen
preeminencia, efecto directo y aplicación inmediata sobre la regulación nacional, o
si, como sostiene la CRC, la Resolución CRT 1763 de 2007 debe prevalecer, dado
que fue emitida conforme a los principios regulatorios nacionales y no está
subordinada a las decisiones de la Comunidad Andina.

127. Para resolver, la Sala recuerda que el bloque de constitucionalidad se refiere a
aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del
texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a
la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución Política26.

128. Sonseis los artículos de la Carta Política que definen los parámetros de
adopción de las normas internacionales en el orden interno, a saber:

El artículo 9º, el cual reconoce que “[…] las relaciones exteriores del Estado
se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia […]”.

26Corte Constitucional. Sentencia C-225-95 MP: Dr. Alejandro Martínez Caballero. Posición reiterada en
sentencia C-578-95 MP: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

34

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

El artículo 93, según el cual “[…] Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia […]”.

El artículo 94, que establece que “[…] La enunciación de los derechos y
garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales
vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes
a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

El artículo 214 que al regular los estados de excepción señaló en su
numeral 2º que “[…] No podrán suspenderse los derechos humanos ni las
libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho
internacional humanitario […]”.

El artículo 53 que preceptúa que “[…] Los convenios internacionales del
trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna […]”.

El artículo 102 que consagra en su inciso 2º que “[…] Los límites señalados
en la forma prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en virtud de
tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente
de la república […]”.

129. Como se observa, la Constitución Política incorpora normas y principios
internacionales como parte de su estructura, especialmente en materia de derechos
humanos, derecho internacional humanitario, relaciones exteriores y convenios
laborales. Las disposiciones transcritas evidencian que los tratados y convenios
internacionales ratificados por Colombia, no solo forman parte del orden interno,
sino que tienen preeminencia sobre la legislación ordinaria.

130. Nótese, entonces, que el bloque de constitucionalidad es un mecanismo
esencial para garantizar que Colombia cumpla con sus obligaciones
internacionales. De esta manera, el bloque de constitucionalidad asegura que las
leyes internas se interpreten y se controlen con base en dichos estándares
internacionales, alineando el derecho colombiano con los compromisos
internacionales.

131. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, el control
constitucional y de legalidad deberá realizarse no sólo frente al texto formal de la
Carta, sino también a partir de su comparación con otras disposiciones con carácter
“[…] supralegal […]” que tienen relevancia constitucional27.

27 Corte Constitucional. Sentencias C-225 de 1995; C-575 de 1995; C-358 de 1997; C-191 de 1998 y C-256 de

1998.

35

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

132. Así, existen eventos en los cuales las normas que, por su naturaleza, se
convierten en parámetros para el enjuiciamiento de constitucionalidad y legalidad,
por lo que integran el bloque de constitucionalidad. Todas las normas de dicho
bloque son parámetros de legitimidad constitucional, pero no por ello gozan de
idéntica jerarquía normativa28.

133. Es por ello que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que es
posible distinguir los dos sentidos del concepto de bloque de constitucionalidad. El
primero: stricto sensu, conformado por aquellos principios y normas que han sido
normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato
expreso de la Carta, por lo que entonces tienen rango constitucional, según los
artículos 93 y 103. El segundo: lato sensu, integrado por aquellas disposiciones que
“[…] tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias […]”, aunque a veces
no tengan rango constitucional, como las leyes estatutarias y orgánicas, pero que
sirven como referente necesario para la creación legal y para el control
constitucional29.

134. La Sala recuerda que, en principio, “[…] integran el bloque de constitucionalidad
en sentido lato: (i) el preámbulo, (ii) el articulado de la Constitución, (iii) algunos
tratados y convenios internacionales de derechos humanos, (iv) las leyes orgánicas
y, (v) las leyes estatutarias […]”30.

135. En este sentido, si una disposición contradice lo dispuesto en cualquiera de las
normas que integran el bloque de constitucionalidad es deber del juez retirarla del
ordenamiento jurídico. Sin embargo, no todos los tratados y convenios
internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad, en tanto que como lo
ha considerado el alto Tribunal Constitucional “[…] los tratados internacionales, por
el sólo hecho de serlo, no forman parte del bloque y, por tanto, no ostentan una
jerarquía normativa superior a la de las leyes ordinarias […]”31.

136. En este contexto, debe analizarse si el sistema normativo andino hace parte del
bloque de constitucionalidad en Colombia. Sobre el particular, se tiene que
mediante el “[…] Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional
Andino (Acuerdo de Cartagena) […]” suscrito en Trujillo – Perú, el 10 de marzo de
1996, los Estados Miembros crearon la Comunidad Andina y el Sistema Andino de
Integración.

137. La Corte Constitucional ha señalado que, refiriéndose a las modificaciones
acordadas en el Protocolo de Trujillo, “[…] la más importante de ellas fue la
transformación del llamado Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino de la Comunidad
Andina de Naciones, en atención a que desde sus comienzos, se ha planteado

28 Corte Constitucional. Sentencia C-582/99.
29 Ibidem.
30
Ejusdem.
31
Corte Constitucional. Sentencia C-582/99.

36

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

como una organización que no se restringe únicamente a sus ventajas comerciales,
sino que pretende ser también un proceso de integración entre pueblos […]”32.

138. De acuerdo con el artículo 48 ibidem la Comunidad Andina se definió como “[…]
una organización subregional con personería o personalidad jurídica internacional
[…]” integrada con los Estados Miembros y los órganos e instituciones del Sistema,
definidos en sus artículos 5º y 6º.

139. El sistema andino de integración se creó con la finalidad de coordinar de manera
efectiva sus órganos e instituciones, razón por la cual el artículo 7º ejusdem precisó
su finalidad: “[…] profundizar la integración subregional andina, promover su
proyección externa y consolidar y robustecer las acciones relacionadas con el
proceso de integración […]”.

140. Enla sentencia de revisión C-231-97, la Corte Constitucional se refirió al
derecho comunitario de la siguiente forma:

“[…] 8. El derecho comunitario se distingue por ser un derecho que apunta
hacia la integración - y no solamente hacia la cooperación. Igualmente, es
un derecho que no se desarrolla únicamente a partir de tratados,
protocolos o convenciones, puesto que los órganos comunitarios están
dotados de la atribución de generar normas jurídicas vinculantes. Por eso,
en el caso del derecho comunitario se habla de la existencia de un derecho
primario y un derecho secundario, siendo el primero aquél que está
contenido en los tratados internacionales, y, el segundo, el que es creado
por los órganos comunitarios investidos de competencia para el efecto.

Una característica fundamental del ordenamiento comunitario andino se
relaciona con la aplicación directa de las decisiones que crean derecho
secundario, las cuales son obligatorias desde el momento mismo de su
promulgación, salvo que expresamente se consagre que la norma concreta
deba ser incorporada al derecho interno de cada país. Asimismo, debe
destacarse que las normas comunitarias prevalecen sobre las normas
locales.

Estos puntos fueron tratados por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia
del día 27 de febrero de 1973, sobre la Ley 8 de 1973 (sic), por la cual se
aprobó el Acuerdo Subregional Andino suscrito en 1969. En la citada ley
se incorporaron diversas disposiciones, entre las cuales cabe mencionar
aquella que contemplaba que el Gobierno podía poner en vigencia las
decisiones de la Comisión y de la Junta o de los organismos que desarrollaran
el Acuerdo Subregional Andino siempre y cuando no modificaran la legislación
nacional o no fueran materia del legislador. En caso de que las decisiones
comunitarias no cumplieran esos requisitos, debían ser sometidas por el
Gobierno al Congreso, para que éste las aprobara y permitiera así su entrada
en vigencia.”

9. Las disposiciones del Acuerdo de Cartagena y de su protocolo
modificatorio, responden a la idea de tratado-marco. Con el objeto de
concretar el propósito central del acuerdo, se crean órganos y se fijan de
manera general sus funciones. Dado que el acuerdo ha significado la

32 Corte Constitucional. Sentencia C-256-14.

37

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
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Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

transferencia de competencias soberanas por parte de los Estados a las
autoridades supranacionales, un amplio número de decisiones
comunitarias se aplican directamente en los países signatarios y otras
surten efectos internos luego de agotado su proceso de incorporación. La
naturaleza de los dos instrumentos internacionales suscita, para los efectos de
su control de constitucionalidad, una complejidad que no está presente en los
demás casos. La revisión de la Corte Constitucional se limita a confrontar el
texto del tratado y de su ley aprobatoria con la Constitución. No obstante, el
alcance de las habilitaciones que se radican en cabeza de los distintos órganos
de la comunidad, sólo podrá apreciarse con ocasión de su ejercicio ulterior, que
naturalmente se realiza al margen del tipo especial de control instituido en la
Carta, puesto que éste se lleva a cabo con antelación a la ratificación del
respectivo tratado, con miras a conciliar los dictados de aquélla con los de éste
último, evitando así conflictos entre disposiciones nacionales e internacionales
[…]” (negrilla fuera de texto).

141. De lo anterior se desprende que el derecho comunitario andino se caracteriza
por su finalidad de integración regional, lo que implica la creación de normas
jurídicas vinculantes por parte de los órganos comunitarios. A diferencia de otros
sistemas de cooperación, este derecho se divide en primario, derivado de los
tratados internacionales, y secundario, generado por los órganos competentes de
la comunidad andina.

142. Cómo lo precisó la Corte Constitucional, las normas de derecho secundario
tienen aplicación directa y prevalecen sobre las disposiciones internas de los
Estados miembros, salvo que se indique expresamente que deben ser incorporadas
al derecho local, garantizando una coherencia normativa que facilita la integración
de los países signatarios.

143. Además, la aplicación de las normas comunitarias en el ámbito nacional se ha
visto acompañada por decisiones judiciales, como se puso de presente con la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 27 de febrero de 1973, en la cual se
permitió al Gobierno Colombiano aplicar directamente decisiones comunitarias,
siempre y cuando no modificaran la legislación nacional.

144. La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado respecto de los efectos del
proceso de integración en el derecho interno a partir del concepto de
supranacionalidad y el derecho comunitario resultante. Así, en la sentencia C-256
de 2014, destacó:

“[…] La CAN ha dado origen a un ordenamiento jurídico propio, autónomo
y supranacional, que se aplica directamente en el territorio de los países
miembros y tiene efectos sobre las autoridades públicas y sobre los
particulares.

Se observa entonces que en el derecho comunitario existe una división
entre las normas catalogadas como primarias u originarias y las normas
de carácter secundario o derivado. En la primera clasificación, se
encuentran los tratados constitutivos, los protocolos o convenciones, y
en la segunda clasificación, las normas que emiten las autoridades
comunitarias en desarrollo de las competencias asignadas por dichos

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

instrumentos internacionales y que tienen un carácter vinculante.
Además, el funcionamiento de dicho sistema involucra la creación de tribunales
judiciales encargados de dirimir los conflictos que se susciten en aplicación de
las normas del derecho comunitario.

Específicamente, el derecho primario del SAI se encuentra conformado
no sólo por el Acuerdo de Cartagena, a través del cual se conformó el
sistema de integración y cooperación andino, sino también por otros
instrumentos que fueron emitidos con posterioridad a él, como los
Protocolos Adicionales al Acuerdo de Cartagena, el Tratado que crea el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y el Protocolo
Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional o “Acuerdo de
Cartagena”. Con respecto al derecho secundario del sistema, son los
órganos comunitarios a los que se hizo alusión en el acápite anterior
quienes, en el marco de sus competencias, pueden emitir normas de
carácter vinculante en el orden jurídico de los países miembros […]”
(negrilla fuera de texto).

145. Teniendo en cuenta lo anterior, el derecho primario del Sistema Andino de
Integración no se limita al Acuerdo de Cartagena, sino que incluye otros
instrumentos posteriores como los Protocolos Adicionales y el Tratado que crea el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En cuanto al derecho secundario,
este se origina a través de las competencias asignadas a los órganos comunitarios,
lo que fortalece la capacidad normativa de este sistema supranacional en los
ordenamientos internos de los países miembros.

146. Respecto de las características sustanciales de las normas supranacionales, la
Corte Constitucional33 precisó lo siguiente:

“[…] Como es sabido, el concepto de supranacionalidad - dentro del que se
inscribe el Acuerdo de Cartagena - implica que los países miembros de
una organización de esta índole se desprendan de determinadas
atribuciones que, a través de un tratado internacional, son asumidas por
el organismo supranacional que adquiere la competencia de regular de
manera uniforme para todos los países miembros sobre las precisas
materias que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de
integración económica de carácter subregional. Las normas
supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los
ordenamientos internos de los países miembros del tratado de
integración, que no se derivan del común de las normas de derecho
internacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo sobre los
derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus
jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule
algún asunto sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación
expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de
prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y,
por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que
no deroga) - dentro del efecto conocido como preemption - a la norma
nacional […]” (negrilla fuera de texto).

33 Corte Constitucional. Sentencia C-137/96.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

147. Como lo precisó esta Corporación34, “[…] sobre el conjunto de los tratados
originarios y las normas emanadas de los organismos supranacionales que, como
se mencionó, integran el Derecho Comunitario, la jurisprudencia constitucional
colombiana se ha referido a (i) su objeto y características, y (ii) las normas que
conforman los derechos primario y secundario, dentro de la normatividad
comunitaria; y ha dejado reiteradamente en claro que el derecho comunitario (i) no
integra el bloque de constitucionalidad en cuanto no regula derechos
fundamentales sino relaciones económicas, (ii) tampoco prevalece sobre la
Constitución y (iii) por consiguiente, no es referente para decidir sobre la
constitucionalidad del derecho interno […]”.

148. En otra decisión la Corte Constitucional35 señaló que “[…] ni los tratados de
integración ni el derecho comunitario se acomodan a los supuestos
normados por el artículo 93 constitucional, ya que sin perjuicio del respeto a los
principios superiores del ordenamiento constitucional destacado en la citada
sentencia No. C-231 de 1997, su finalidad no es el reconocimiento de los
derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos, fiscales,
aduaneros, monetarios, técnicos, etc., de donde surge que una prevalencia
del derecho comunitario andino sobre el orden interno, similar a la prevista en
el artículo 93 de la Carta, carece de sustento […] vistas las cosas a partir del
artículo 93, el derecho comunitario andino no conforma el bloque de
constitucionalidad […]” (negrilla fuera de texto).

149. En la misma decisión, se anotó que “[…] sirven los anteriores argumentos al
propósito de demostrar que no existe la superioridad del derecho comunitario sobre
la Constitución, y que no es cierto que comparta con ella idéntica jerarquía.
Adicionalmente, el derecho comunitario tampoco conforma un cuerpo normativo
intermedio entre la Carta Fundamental y la ley ordinaria, ya que la aprobación de
los tratados por el Congreso se lleva a cabo mediante una ley ordinaria, de modo
que, analizadas las cosas desde la perspectiva del juicio de constitucionalidad, las
presuntas contradicciones entre la ley y el derecho comunitario andino no
generan la declaración de inexequibilidad, cuyo presupuesto es la
inconformidad de una norma inferior con otra superior y no con otra de la
misma jerarquía o proveniente de algún órgano comunitario […]” (negrilla fuera
de texto).

150. Por lo anterior, el derecho comunitario no tiene una jerarquía superior a la
Constitución Política ni conforma un cuerpo normativo intermedio entre esta y la ley
ordinaria. La aprobación de los tratados por el Congreso se realiza a través de una
ley ordinaria, lo que implica que las contradicciones entre una ley nacional y el
derecho comunitario no generan una declaración de inexequibilidad per se, ya que

34
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá, D.C., Concepto de 24 de octubre de 2016.
Rad.: 2016-00074-00 (2293). CP: Dr. Germán Alberto Bula Escobar.
35
Corte Constitucional. Sentencia C-256-98.

40

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

este tipo de contradicciones no se fundamentan en una norma inferior que sea
contraria a una superior.

151. La Sala debe resaltar la diferencia de la prevalencia de las normas comunitarias
sobre las normas locales, así como la aplicación directa y obligatoria de las
decisiones de los órganos comunitarios que crean derecho secundario del juicio
abstracto de constitucionalidad.

152. En efecto, la resolución de posibles conflictos entre las normas comunitarias y
el derecho interno recae en los jueces y operadores jurídicos, quienes deben
evaluar los efectos especiales y directos que las normas supranacionales generan
en el orden interno, lo cual no implica la derogación de las normas nacionales, sino
su desplazamiento en los casos en que regulen una misma materia, tal y como lo
concluyó la Corte Constitucional en la sentencia antes mencionada:

“[…] la prevalencia de las normas comunitarias sobre las normas locales
y la obligatoria aplicación directa de las decisiones de los órganos
comunitarios creadoras de derecho secundario son situaciones distintas
al juicio abstracto de constitucionalidad, y comportan unos alcances
singulares, por cuya virtud la apreciación de las eventuales
contradicciones entre las prescripciones regionales y el derecho interno
corresponde a los jueces y a los operadores jurídicos encargados de
resolver esos conflictos concretos, teniendo como norte los efectos
especiales y directos que en el ordenamiento interno despliegan las normas
supranacionales, cuya prevalencia sobre las normas locales reguladoras
de una misma materia implica el desplazamiento que no la derogación de
la norma nacional.” […] el valor normativo, la fuerza jurídica interna de los
tratados de integración y del derecho secundario que encuentra en ellos
su origen no se desconoce por el simple hecho de que la Corte
Constitucional no los tenga en cuenta como pauta para apreciar la
constitucionalidad de una ley y se niegue a declarar la inexequibilidad de
una norma de derecho interno que los contradiga o cuya aplicación
práctica desconozca normas comunitarias. Sencillamente lo que se ha
afirmado es que la vía del control abstracto no es la apropiada para
ventilar supuestas contradicciones entre las normas internas y las del
derecho comunitario o entre éste y la puesta en práctica de una norma
nacional y que, en la eventualidad de conflictos de semejante naturaleza,
son otras las autoridades y otros los mecanismos establecidos en el
derecho nacional y en el comunitario para procurar la solución adecuada
[…]” (negrilla y subrayado fuera de texto).

153. Es por lo anterior que se ha considerado que, en lo atinente a la Comunidad
Andina, es “[…] la única organización internacional de integración con vocación
subregional en la que participa el Estado colombiano y en la que ha operado un
traslado voluntario de competencias de legislación a un órgano supranacional,
sobre materias determinadas […]”36.

154. Lo anterior lo corrobora el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia, en la cual hizo un

36 Corte Constitucional. Sentencia C-269-14.

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

pronunciamiento sobre los principios de preeminencia en el derecho comunitario
andino, de aplicación inmediata y de efecto directo. Al respecto señaló:

“[…] El principio de preeminencia

1.3. Por el principio de preeminencia (denominado también de primacía o
de prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas
internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales) de cada
uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia
de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una
norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica
que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea
inaplicada por el país miembro que corresponda.

[…]

1.5. En efecto, si no existiera la primacía de la norma comunitaria andina
por sobre la norma nacional no existiría el proceso de integración andino.
La existencia de un proceso de integración parte de la premisa de
reconocer la cesión de soberanía de los Países Miembros hacia el
proceso de integración y de aceptar la existencia de normas
supranacionales y obligaciones que vinculan a los Países Miembros […]”.

“[…] El principio de aplicación inmediata (o aplicación directa)

1.6. Por su parte, el principio de aplicación inmediata (o aplicación directa)
asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa comunitaria. Así,
se refiere a las obligaciones que las disposiciones comunitarias generan
en los Países Miembros.

[…]

1.9. Como se puede apreciar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
resaltó la importancia de este principio precisando que la sola suposición de
que las disposiciones comunitarias tuvieran que pasar por el tamiz
legislativo de los Países Miembros, antes de su aplicación interna,
conduciría a negar la existencia misma de un derecho comunitario
andino. Tal como lo concibe este Tribunal, la existencia del derecho
comunitario endino depende, entre otros principios, del atributo de aplicación
inmediata de sus disposiciones.

1.10. En vinculación con ello, el Tribunal también ha destacado el carácter
imperativo de las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario
andino para los Países Miembros, en los siguientes términos:

“ … ha de tenerse en cuenta, además, que el ordenamiento jurídico del
Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos
los Países Miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos
ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por
todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a
dicho ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se
cumple en una comunidad de derecho cual es la constituida en el Pacto
Andino... (Subrayado agregado).

1.11. Asimismo, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-1P-
88, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afianzó su criterio

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

anterior precisando que los Países Miembros se encuentran prohibidos
de formular reservas o desistir de aplicar las disposiciones
comunitarias, escudándose en disposiciones de su orden interno.

1.12. Como se puede apreciar, el principio de aplicación inmediata
implica que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina y las
Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son
automáticamente incorporadas a la normativa interna de cada país
miembro a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, sin que sea necesario pasar por un procedimiento de
aprobación, recepción o incorporación previo.

13. Como consecuencia de ello, la normativa comunitaria constituye fuente
inmediata de derechos y obligaciones para sus destinatarios y genera en
todo juez nacional la obligación de aplicarla directamente […]”.

[…]

El principio de efecto directo

17. Conjuntamente con el principio de aplicación inmediata, el principio de
efecto directo asegura la vinculatoriedad y exigibilidad de la normativa
comunitaria. Así, el principio de efecto directo se relaciona con las
acciones que los ciudadanos pueden ejercer en defensa de sus
derechos para la debida aplicación de la norma comunitaria.

[…]

1.20. Como se puede apreciar, conforme al principio de efecto directo,
desde la fecha de aprobación de las Decisiones del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad
Andina, los ciudadanos de los Países Miembros se encuentran
facultados a exigir el cumplimiento de la normativa comunitaria
promoviendo las acciones que corresponda ante los tribunales
competentes.

[…]

1.22. En atención a ello, por el principio de aplicación directa y el de
efecto directo, la normativa comunitaria andina es de obligatorio
cumplimiento tanto para los Países Miembros como para sus
ciudadanos, los cuales se encuentran autorizados para hacer valer sus
derechos ante los tribunales que corresponda […]” (negrilla fuera de
texto).

155. En este contexto, el principio de preeminencia en el derecho comunitario andino
establece que la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas de los
países miembros, incluso sobre las constitucionales, en caso de contradicción. No
obstante, este principio no implica la derogación de las normas nacionales, sino que
las desplaza en favor de las normas comunitarias en los temas regulados por estas
últimas. La aceptación de este principio es fundamental para la existencia del
derecho comunitario andino, ya que garantiza que los países miembros cedan parte
de su soberanía al proceso de integración, reconociendo la primacía de las
disposiciones supranacionales.

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156. De otro lado, el principio de aplicación inmediata asegura que las normas
comunitarias entren en vigor sin necesidad de ser ratificadas o incorporadas por los
legisladores nacionales, lo que refuerza su carácter vinculante y obligatorio. Esto
se complementa con el principio de efecto directo, que permite a los ciudadanos de
los países miembros exigir ante los tribunales nacionales el cumplimiento de las
normas comunitarias que les confieren derechos. Ambos principios garantizan la
integración efectiva de las normas comunitarias en los ordenamientos internos de
los Estados miembros, asegurando que estas normas generen efectos inmediatos
y vinculantes tanto para los gobiernos como para los particulares.

157. Con fundamento en lo anterior, la Sala estima que, si bien es cierto que las
decisiones de la Comunidad Andina y las Resoluciones de la Secretaría General
no forman parte del bloque de constitucionalidad como lo señaló el tercero con
interés en el proceso, también lo es que el derecho comunitario andino, como parte
de un sistema supranacional, tiene preeminencia, aplicación inmediata y efecto
directo sobre la legislación nacional en las materias que regula.

158. Como se precisó líneas atrás, no debe confundirse entre la prevalencia de las
normas comunitarias andinas sobre las normas nacionales y el ámbito del juicio
abstracto de constitucionalidad. En el contexto del derecho comunitario andino, las
normas supranacionales que se origina por los órganos comunitarios, como las
decisiones y resoluciones que constituyen derecho secundario, no son evaluadas
bajo el control de constitucionalidad estricto que se aplica a las leyes nacionales,
pero sí tienen un efecto inmediato en el orden interno.

159. Los conflictos entre las normas nacionales y las disposiciones comunitarias
deben ser resueltos por los jueces y operadores jurídicos, quienes deben evaluar
el impacto y los efectos especiales que generan las normas supranacionales. Es
decir, si existe un conflicto normativo en materias reguladas por la Comunidad
Andina, las normas comunitarias prevalecen sobre las nacionales en virtud de su
naturaleza supranacional, desplazando la legislación interna, pero sin derogarla.

160. La jurisprudencia citada destaca que la preeminencia de las normas
comunitarias sobre las locales no implica que la norma nacional sea declarada
inconstitucional o derogada, sino que simplemente queda inaplicada en favor de la
norma supranacional en aquellos casos donde ambas regulan la misma materia.

161. El principio de aplicación directa implica que las decisiones de la Comunidad
Andina no necesitan ser ratificadas o incorporadas mediante un procedimiento
legislativo adicional en Colombia. Por tanto, si la Comunidad Andina ha regulado
temas relacionados con el sistema de interconexión y el sistema de cosas y
remuneración del mismo, sus decisiones deben aplicarse de manera inmediata y
directa, y prevalecerán sobre la normativa interna, como es el caso de la Resolución
CRT 1763 de 2007, en caso de contradicción.

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162. Lo anterior responde al principio de efecto directo, que permite que los
ciudadanos e instituciones exijan el cumplimiento de las normas comunitarias ante
los tribunales nacionales.

163. Así, no es de recibo el argumento de la CRC que defiende la prevalencia de la
Resolución CRT 1763 de 2007 con base en su emisión conforme a los principios
regulatorios nacionales, en tanto que las normas de la Comunidad Andina regulan
el mismo ámbito abordado por el acto administrativo.

164. Ciertamente, en relación con la promoción de la integración en el mercado
subregional andino la interconexión de redes públicas de telecomunicaciones tiene
una especial relevancia, temática que se encuentra regulada en el Capítulo VIII
(principios relativos a la interconexión) de la Decisión 462 de la Comisión de la
Comunidad Andina del 25 de mayo de 1999 y la Resolución 432 (normas comunes
sobre interconexión) de la Secretaría General de la Comunidad Andina del 2 de
octubre de 2000.

165. Estas disposiciones buscan unificar y armonizar las reglas sobre la
interconexión de redes en los países miembros, con el fin de promover un mercado
de telecomunicaciones más integrado y competitivo en la región andina. La
implementación de estas normas facilita la conectividad y reducen las barreras
técnicas y regulatorias.

166. Como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
interpretación rendida en este proceso, las Decisiones del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina y las
Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son
automáticamente incorporadas a la normativa interna de cada país miembro a partir
de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin que sea
necesario pasar por un procedimiento de aprobación, recepción o incorporación
previo.

167. En suma, si la Comunidad Andina ha emitido normas vinculantes relacionadas
con el sistema de interconexión, esas decisiones deben prevalecer sobre la
Resolución CRT 1763 de 2007, y Colombia estaría obligada a aplicar directamente
las decisiones y resoluciones expedidas por los órganos supranacionales, en virtud
de su efecto directo y aplicación inmediata. Aunque estas normas no formen parte
del bloque de constitucionalidad, la naturaleza supranacional del derecho
comunitario andino les otorga un rango superior al de las normas nacionales en las
materias reguladas por la Comunidad Andina, razón por la cual los argumentos de
apelación no están llamados a prosperar.

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VI.2.2.2. Existencia de un vacío normativo en el esquema Sender Keeps All –
SKA

168. La Sala deberá analizar si el Tribunal de primera instancia incurrió no acertó al
considerar que la metodología para calcular los cargos de interconexión establecida
en el artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007, particularmente en el sistema
Sender Keeps All – SKA, presenta un vacío normativo respecto a la compensación
por asimetría en el tráfico de llamadas, lo que llevó al a quo integrar dicho vacío
con las disposiciones de la Decisión 462 de 1999 y la Resolución 432 de 2000 de
la Comunidad Andina.

169. Para resolver, la Sala recuerda que, en 1998, la Comisión de la Comunidad
Andina mediante la Decisión 439, adoptó el “[…] Marco General de Principios y
Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina
[…]”, que entre sus disposiciones transitorias incluyó la siguiente:

“[…] Quinta.- A más tardar, en el transcurso de los dos meses siguientes a la
entrada en vigencia de esta Decisión, el Comité Andino de Autoridades de
Telecomunicaciones (CAATEL), será convocado por la Secretaría General
para que, en materia de telecomunicaciones, elabore los Proyectos de
Decisión que contengan las normas que regulen el proceso de
liberalización del comercio de tales servicios entre los Países Miembros.
Dichos Proyectos contemplarán las condiciones para la aplicación de los
principios, compromisos y norma contenidos en el presente Marco
General […]” (negrilla fuera de texto).

170. En cumplimiento de dicho mandato, la Comisión de la Comunidad Andina
expidió la Decisión 462 de 1999, a través de la cual se adoptaron las normas que
regulan el proceso de integración y liberalización del comercio de servicios de
telecomunicaciones en la Comunidad Andina.

171. En cuanto al propósito de dicha Decisión la misma se refirió al deber de los
países miembros de “[…] fomentar el proceso de liberalización progresiva del
comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones a fin de alcanzar la
creación de un mercado común andino de servicios, contribuyendo así al proceso
de integración de la subregión andina […]”, los objetivos específicos fueron los
siguientes:

“[…] a) Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de los
servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma
establecido en la presente decisión;

b) Propiciar la armonización de las normas necesarias para la
conformación del mercado común andino de telecomunicaciones;

c) Proponer definiciones comunes de los servicios de
telecomunicaciones en los países miembros; y

d) Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en los
países miembros […]” (negrilla fuera de texto).

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172. El artículo 2º incluyó, entre otras, las siguientes definiciones:

“[…] Telecomunicaciones. Toda transmisión, emisión o recepción de signos,
señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier
naturaleza por líneas físicas, medios radioeléctricos, medios ópticos u otros
medios electromagnéticos.”

“Servicios de telecomunicaciones. Conjunto de funciones, ofrecidas por un
proveedor, que se soportan en redes de telecomunicaciones con el fin de
satisfacer necesidades de los usuarios.”

“Interconexión. Todo enlace con los proveedores que suministran redes
o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que
los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de
otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro
proveedor respecto de los que se contraigan compromisos específicos
[…]” (negrilla fuera de texto).

173. Lainterconexión, entonces, se refiere al enlace entre diferentes redes o
proveedores de servicios de telecomunicaciones con el fin de permitir que los
usuarios de una red puedan comunicarse con los usuarios de otra y, además,
acceder a los servicios ofrecidos por el otro proveedor. Este tipo de interconexión
es fundamental para que los usuarios no se vean limitados por las fronteras técnicas
de un único operador y puedan acceder a servicios de otros proveedores con
quienes existan compromisos y acuerdos específicos.

174. Los artículos 6º y 7º de la Decisión 462 de 1999 de la Comisión de la Comunidad
Andina, previeron que el comercio de servicios de telecomunicaciones se
desarrollaría bajo un régimen de liberalización e integración, que se cumpliría en
dos etapas; la primera, a partir del 1º de enero de 2000, con la eliminación de las
medidas restrictivas en relación con los servicios de telecomunicaciones diferentes
a los de telefonía básica local, de larga distancia nacional e internacional y los de
telefonía móvil terrestre; y la segunda, a partir del 1º de enero de 2002, con la
eliminación de las medidas restrictivas de todos los servicios de
telecomunicaciones, incluidos los de telefonía básica local, de larga distancia
nacional e internacional y los de telefonía móvil terrestre.

175. Por su parte, el capítulo VII trató el tema de la “[…] protección de la libre
competencia […]”, remitiéndose a la Decisión 285 en la cual se instó a los países
miembros a adoptar o mantener medidas que impidan prácticas anticompetitivas e
identificó algunas de estas en particular en el artículo 29.

176. El capítulo VIII de la Decisión en comento, particularmente en los artículos 30 a
33, se ocupó de los “[…] principios relativos a la interconexión […]”, conforme a los
cuales todos los proveedores de servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones están obligados a interconectar sus redes con las de “[…] los
proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de acuerdo a la
normativa nacional de interconexión de cada país miembro […]”, tal y como se
observa a continuación:

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“[…] La interconexión debe proveerse:

a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas las
normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos
favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios similares
suministrados por empresas filiales o asociadas y por empresas no afiliadas;

b) Con cargos de interconexión que:

1. Sean transparentes y razonables.

2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad económica.

3. Estén suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita
la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de
la red que no se requieran para el suministro del servicio.

c) En forma oportuna, y

d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red,
ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de
construcción de las instalaciones adicionales necesarias.

En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la autoridad
nacional competente la que determine su procedencia […]” (negrilla fuera de
texto).

177. Como se observa, la interconexión en las telecomunicaciones debe
garantizarse en términos no discriminatorios, lo que implica que las normas,
especificaciones técnicas y cargos sean iguales para todos los proveedores,
independientemente de si son filiales, asociadas o no afiliadas. Los cargos de
interconexión deben ser transparentes, razonables, orientados a costos y
suficientemente desagregados, de manera que los proveedores solo paguen por
los componentes necesarios para el servicio.

178. Por su parte el artículo 32 de la misma Decisión 462 relacionó las condiciones
entre proveedores, señalando que “[…] si un proveedor que solicita una
interconexión considera que es objeto de actuaciones que violan las normas o los
principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá ante las
autoridades nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales
resolverán de acuerdo con su normativa nacional […]” (negrilla fuera de texto).

179. La anterior disposición hizo referencia expresa a los principios bajo los cuales
debe desarrollarse el proceso de integración y liberación del comercio de servicios
de telecomunicaciones, esto es, la libre competencia e interconexión.

180. Como se anotó con líneas atrás, la interconexión es el enlace entre los
proveedores de redes y servicios de transporte de telecomunicaciones para que los
usuarios de los respectivos proveedores puedan comunicarse y acceder a los
servicios que ofrecen; y la libre competencia, de conformidad con lo dispuesto en

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el artículo 333 de la Constitución Política, “[…] es un derecho de todos que supone
responsabilidades […]”.

181. La Sala pone de presente que en el capítulo IX de la Decisión 462 de 1999
reguló el principio de transparencia en el sentido de comprometer a los países
miembros en la publicidad de toda la normativa referente a “[…] cualquier asunto
comprendido en esta decisión […]”, así como de la información relativa a tarifas y
demás condiciones del servicio público de transporte de telecomunicaciones,
especificaciones de las interfases técnicas con esos servicios y redes, autoridades
responsables de la elaboración y adopción de medidas de normalización que
afecten el acceso y uso, y las condiciones aplicables a la conexión de equipo -
terminal o de otra clase - a la red pública de transporte de telecomunicaciones.

182. Ahora bien, dando cumplimiento al mandato comunitario de la Comisión de la
Comunidad Andina, la Secretaría General de la Comunidad Andina expidió la
Resolución 432 de 200037, la cual como se precisó en el numeral anterior, también
forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad, esto es, al ser derecho
comunitario derivado, vinculante y de aplicación directa.

183. El artículo 35 de dicha resolución dispuso que “[…] para efectos de la
interconexión, las partes deberán regirse por las normas comunitarias
andinas y, en lo no previsto, por las disposiciones contenidas en la legislación de
cada País Miembro donde se lleve a cabo la interconexión […]” (negrilla fuera de
texto).

184. Dicha disposición fue clara en precisar que, en materia de interconexión, las
partes deben regirse principalmente por las normas comunitarias andinas. En los
casos en los que dichas normas no aborden un aspecto específico, se aplicarán las
disposiciones contenidas en la legislación interna del país miembro donde se
realice la interconexión. Esto garantiza una jerarquía normativa, donde las reglas
comunitarias prevalecen, pero se complementan con el derecho interno para cubrir
cualquier vacío normativo, asegurando así una regulación completa y armonizada
en lo atiente a las telecomunicaciones.

185. No puede perderse de vista que el objeto de la resolución es el de “[…] definir
los conceptos básicos y obligaciones sobre los cuales se debe desarrollar la
interconexión que se realice en cada uno de los Países Miembros de la
Comunidad Andina […]” (artículo 1º, negrilla fuera de texto); y que para efectos de
su aplicación se prevé que “[…] rigen los términos y definiciones contenidos en los
Reglamentos adoptados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y
la Decisión 462 de la Comunidad Andina […]” (artículo 2º).

186. En cuanto a su aplicación, el artículo 3º ibidem precisó que “[...] la interconexión
en los casos vigentes y por realizarse en los Países Miembros de la Comunidad

37 Resolución 432 de 2 de octubre de 2000. Lima Perú, “[…] Normas Comunes sobre Interconexión […]”,

Secretaría General de la Comunidad Andina.

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Andina se ajustará a las obligaciones establecidas en la presente Resolución,
las Decisiones 439 y 462, así como las normas nacionales de cada País
Miembro […]” (negrilla fuera de texto).

187. Sobre el tema esta Corporación38 ha señalado que “[…] esta disposición
supone armonización del derecho comunitario y del derecho interno, pero
con prevalencia del primero. La Resolución 432 reguló prácticamente todos
los aspectos atinentes a la interconexión y a los mecanismos establecidos
para su realización, en principio con referencia a la legislación de cada país
miembro […]” (negrilla fuera de texto).

188. Los artículos 18 y 20 se refirieron a los cargos de interconexión, su composición,
sus finalidades y a sus condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad en
relación con la interconexión y, particularmente, señaló que “[…] los acuerdos de
interconexión y las ofertas básicas de interconexión contemplarán los cargos
de interconexión a pagarse entre las partes, cuando éstos no sean fijados por la
Autoridad de Telecomunicaciones competente del País Miembro […]” (negrilla fuera
de texto).

189. Es claro que la Resolución 432 de 2000 asignó competencias a la Autoridad de
Telecomunicaciones, que en Colombia es la CRC, para la armonización de la
norma comunitaria con el derecho interno.

190. La Ley 1341 de 200939, establece el marco especial de intervención del Estado
en materia de telecomunicaciones y cuyo objeto es determinar el ámbito general
para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de
competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la
calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas
tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las
potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración
adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo,
facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio
nacional a la sociedad de la información.

191. Dicha intervención y en cumplimiento de la potestad regulatoria, esto es, en
ejercicio de la función administrativa, se encuentra limitada por el principio de
legalidad, esto es, por el ordenamiento jurídico, especialmente enmarcado dentro
los principios orientadores previstos en el artículo 2º de la mencionada Ley 1341,
entre los cuales se observan los siguientes:

38
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá, D.C., Concepto de 24 de octubre de 2016.
Rad.: 2016-00074-00 (2293). CP: Dr. Germán Alberto Bula Escobar.
39 “[…] Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se
dictan otras disposiciones […]”.

50

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

“[…] i) Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al
interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en
igualdad de condiciones a todos los habitantes del territorio nacional;

ii) La libre competencia debe ser propiciada por el Estado en condiciones
de igualdad y bajo precios de mercado;

iii) Debe atenderse a la protección de los derechos de los usuarios de los
servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y,

iv) Debe procurarse el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos
escasos […]” (negrilla fuera de texto).

192. El artículo 4º ibidem consagró los fines específicos de la intervención del Estado
en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, señalando
como uno de ellos la protección de los derechos de los usuarios, la cobertura
universal del servicio y la libre competencia, así como la garantía de interconexión
y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones.

193. Para garantizar el acceso, el artículo 50 ejusdem dispuso que los proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones deberán permitir la interconexión de
sus redes y el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro
proveedor que lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos
por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para asegurar los siguientes
objetivos:

“[…] 1. Trato no discriminatorio; con cargo igual acceso igual.

2. Transparencia.

3. Precios basados en costos más una utilidad razonable.

4. Promoción de la libre y leal competencia.

5. Evitar el abuso de la posición dominante.

6. Garantizar que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán
prácticas que generen impactos negativos en las redes […]” (negrilla
fuera de texto).

194. En coherencia con la obligación legal de permitir la interconexión, el artículo 51
de la norma antes citada reguló lo referente a la “[…] Oferta Básica de Interconexión
–OBI […]”, en el sentido de que los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada la OBI para ser consultada por cualquier persona. Para tales efectos,
en la OBI se definirán la totalidad de elementos necesarios, incluidos los precios,
para que con su simple aceptación por parte de un proveedor se genere un acuerdo
de acceso, uso e interconexión.

51

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

195. En lo atinente a la determinación de los precios, el ordenamiento interno no
estableció un esquema cerrado, razón por la cual se ha considerado que no existe
un único método para fijar los cargos de acceso. Como bien lo precisó el a quo
existen una serie de modalidades, sistemas y métodos para estructurar los precios
de interconexión de conformidad con cada tipo de red, tales como: Calling Party
Pays, Receiving Party Pays, Calling Party Network Pays y Sender Keeps All – SKA.

196. En lo relativo al esquema Sender Keeps AllI – SKA, se trata de un sistema de
remuneración de cargos de interconexión, mediante el cual cada operador
conservaba la totalidad de lo facturado a sus usuarios por las llamadas realizadas
desde su red a la red interconectada, donde cada operador actúa bajo el principio
de reciprocidad, ya que no se imponen precios de terminación de las llamadas;
cada uno permite que los demás facturen las llamadas salientes de su propia red
sin preocuparse por el cobro de las entrantes, lo que implica que cada uno
conservaría el valor recaudado de sus usuarios.

197. Sobre los cargos de interconexión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en la interpretación rendida en el proceso de la referencia se refirió a la
obligatoriedad de la interconexión y a que los cargos deben estar orientados a
costos eficientes, tal y como se observa a continuación:

“[…] Obligatoriedad en la interconexión. Los proveedores de servicios
públicos de transporte de telecomunicaciones tienen la obligación de
interconectarse. Por lo tanto, el establecimiento de los cargos de interconexión
se da en este ámbito de apremio en pro de la competencia y el mayor bienestar
de los consumidores y usuarios. Si un proveedor se negara a la interconexión,
el asunto se ventilará ante la Autoridad Nacional Competente para que tome
una decisión al respecto. De todas formas, la normativa comunitaria andina se
sustenta sobre el principio de autonomía de la voluntad privada, en el sentido
de que las partes pueden acordar las condiciones de interconexión,
siempre y cuando se fijen sobre los parámetros establecidos. Esto se
desprende de un análisis conjunto de los Artículos 30 de la Decisión 462,
y 16, 17, 19, 23, 27 y 34 de la Resolución 432, donde se da un margen de
acción contractual a los proveedores que se interconectarán para fijar las
condiciones generales, económicas y técnicas del enlace, bajo los parámetros
establecidos en la normativa comunitaria y la regulación de la Autoridad
Nacional Competente.

2.6.2. Los cargos de interconexión deben estar orientados a costos
eficientes. Como se dejó claramente establecido en jurisprudencia uniforme
de este Tribunal la normativa andina no estaba buscando un método
específico para establecer los cargos de interconexión. Una vez
consultados todos los antecedentes de la Decisión 462 y de la Resolución 432,
el Tribunal no encontró un marco de discusión que le permitiera inferir que hubo
una intención plenamente direccionada a escoger un único método o sistema
para establecer los cargos de interconexión. Lo que sí es evidente es que
desde los primeros borradores del proyecto la intención del legislador
comunitario era que los costos (eficientes) fueran un factor determinante
para la fijación de los precios de interconexión. En consecuencia,
cualquier metodología o esquema utilizado debe garantizar que los
cargos tengan en cuenta los costos específicos para la interconexión
sobre la base de los servicios prestados: origen, tránsito y terminación

52

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

de la llamada. Además, cualquier metodología debe dar razón de la
relación ingreso-costo, permitiendo que la interconexión sea viable
económicamente y que fomente la eficiencia económica (reducción de
costos), asegure la prestación ininterrumpida (continuidad) del servicio,
garantice el mantenimiento y mejora de la calidad y facilite el acceso a las
redes. Es por esto que el Artículo 20 de la Resolución 432 prevé que dichos
costos preserven la calidad a costos eficientes, ya que la interconexión es una
herramienta fundamental para el desarrollo de la industria de las
telecomunicaciones, soportada en el equilibrio económico de los
proveedores, la eficiencia económica del servicio y la viabilidad financiera que
redunda en la integración de las distintas redes entrantes o incumbentes,
dentro de un clima de competencia.

2.7. Por lo tanto, si bien la autoridad nacional competente cuenta con la
potestad de escoger la metodología que estime pertinente para calcular los
cargos de interconexión, dicha metodología debe reflejar los parámetros
establecidos en el párrafo 2.6.2 precedente […]” (negrilla fuera de texto).

198. De lo anterior, se desprende dos elementos necesarios para la interconexión, a
saber: la obligatoriedad de interconectarse y los cargos de interconexión orientados
a costos eficientes.

199. En cuanto al primero, se tiene que el mismo dispone que los proveedores de
servicios de telecomunicaciones están obligados a interconectarse en pro de la
competencia y el bienestar de los usuarios. En caso de negativa, el conflicto será
resuelto por la Autoridad Nacional Competente. Sin embargo, se permite que las
partes acuerden las condiciones de la interconexión, siempre que respeten los
parámetros fijados por la normativa comunitaria andina y la regulación nacional,
garantizando así la autonomía de la voluntad privada dentro de ciertos límites
regulatorios.

200. En cuanto al segundo, la normativa andina no establece un método específico
para su cálculo, pero el Tribunal de Justicia insiste en que deben estar orientados
a costos eficientes. Esto implica que cualquier metodología debe considerar los
costos reales asociados a los servicios de interconexión (como el origen, tránsito y
terminación de llamadas), y asegurar la viabilidad económica del sistema, la
eficiencia del servicio y la mejora continua de la calidad.

201. El propósito de dichos principios no es otro que el referido a que los costos se
mantengan equilibrados con los ingresos y fomenten la competencia sin
comprometer la sostenibilidad financiera de los proveedores ni la calidad del
servicio, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 432 de 2000.

202. Así pues, la metodología Sender Keep All – SKA utilizada en diversos países
porque simplifica los acuerdos de interconexión al eliminar la necesidad de realizar
estudios complejos de costos y conciliaciones entre operadores implica que cada
operador retiene los ingresos generados por el tráfico cursado en su propia red, sin
realizar pagos cruzados. Sin embargo, para que esta metodología sea compatible

53

Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

con la normativa andina, específicamente con la Decisión 462 de 1999 y la
Resolución 432 de 2000, es necesario que se cumplan ciertos presupuestos.

203. Entre los presupuestos se encuentran los relativos a que los cargos sean
transparentes y razonables, que estén orientados a costos y tengan en cuenta su
viabilidad económica y, además, que estén suficientemente desagregados para
que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes
o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio.

204. Aunado a lo anterior, siguiendo lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, cualquiera que sea la metodología que se adopte los costos
reales asociados a los servicios de interconexión deben tener en cuenta el origen,
tránsito y terminación de llamadas, y asegurar la viabilidad económica del sistema,
la eficiencia del servicio y la mejora continua de la calidad.

205. Ciertamente, las estructuras de costos de interconexión de ambas redes deben
ser similares para garantizar que los cargos sean justos y equitativos, por lo que se
debe adoptar un mecanismo para compensar cualquier desbalance en el tráfico que
pudiera surgir, evitando que un operador soporte más costos que el otro, para ello
se debe tener en cuenta los flujos de tráfico entre las redes interconectadas, de
manera que ninguno de los operadores resulte desproporcionadamente afectado.

206. Si no se cumplen estas condiciones, la metodología Sender Keep All – SKA
podría desequilibrar la relación entre operadores, incumpliendo los principios de
orientación a costos y utilidad razonable establecidos en la normativa andina,
afectando la competencia y la eficiencia económica.

207. La Sala reitera que, en el derecho interno colombiano, la regulación de la
prestación de estos servicios, es función del Estado a cargo de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones – CRC, e incluye la estructuración de los cargos de
interconexión por mandato y los efectos de derecho comunitario andino, los cuales
deben responder a los principios consagrados en la Decisión 462 de 1999 y la
Resolución 432 de 2000 y sus interpretaciones comunitarias. Al respecto, esta
Corporación40 ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, en el sentido de considerar:

“[…] Llama la atención de la Sala sobre las exigencias acerca de los “cargos
de conexión” para que se orienten a los costos y sean viables económicamente
y para que el proveedor que solicita la interconexión pague lo requerido para
suministrar el servicio.

La norma comunitaria asume que los aspectos económicos de la relación
de interconexión deben responder a criterios que garanticen no solo la
equivalencia en la posición de cada parte sino su incidencia en el costo
del servicio.

40
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá, D.C., Concepto de 24 de octubre de 2016.
Rad.: 2016-00074-00 (2293). CP: Dr. Germán Alberto Bula Escobar.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

En el derecho interno colombiano, la regulación de la prestación de estos
servicios, es función del Estado a cargo de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, como se verá en la Parte Tercera de este concepto, e
incluye la estructuración de los cargos de interconexión que, por el
mandato y los efectos del derecho comunitario andino, deben responder
a los principios consagrados en la Decisión 462.

Como se trata de una decisión de la Comisión de la Comunidad Andina,
es una norma jurídica vinculante y de aplicación directa en el derecho
interno y, por consiguiente, en la hipótesis de que la autoridad nacional
de alguno de los países miembros no tenga tal competencia en la
legislación correspondiente, debe entenderse que le ha sido asignada por
la norma comunitaria; y en la hipótesis contraria, esto es, que en el
derecho interno esté prevista la competencia en mención para la
respectiva autoridad nacional, se procederá a la armonización que
requieran las normas -comunitaria e interna- para su ejercicio, porque así
lo exige el derecho comunitario […]” (negrilla fuera de texto).

208. Así, la Sala de Consulta y Servicio Civil resaltó la importancia de que los cargos
de interconexión estén orientados a los costos reales y sean económicamente
viables, asegurando que el proveedor que solicita la interconexión pague solo lo
necesario para el suministro del servicio. Esta disposición económica en la
interconexión busca garantizar una relación equilibrada entre las partes, de forma
que no solo se mantenga la igualdad en las condiciones entre proveedores, sino
que también se refleje en los costos finales para los usuarios.

209. La regulación de estos aspectos está en manos del Estado a través de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC en Colombia, quien debe
estructurar los cargos conforme a los principios del derecho comunitario andino, en
particular, la Decisión 462 de 1999.

210. Cabe advertir que como la Decisión 462 de 1999 proviene de la Comisión de la
Comunidad Andina, tal y como se concluyó en el numeral anterior, esta norma es
vinculante y de aplicación directa en el derecho interno de los países miembros,
incluido Colombia.

211. Las normas internas y comunitarias deben armonizarse, tal como lo exige el
marco normativo del derecho comunitario, para asegurar su adecuada
implementación y regulación en cada país miembro, tal y como lo dispone el artículo
33 de la Decisión 462 de 1999 al establecer:

“[…] Armonización de normas de interconexión. Los países miembros de la
Comunidad Andina propenderán por la armonización de los requisitos,
procedimientos y normas relativos a la interconexión […]” (negrilla fuera
de texto).

212. Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso sub examine, la Sala encuentra que
la CRC emitió la Resolución 2228 de 28 de octubre de 2009, mediante la cual
resolvió la solicitud de imposición de servidumbre de acceso uso e interconexión
entre la red TPBCL de Comvoz Comunicaciones Colombia S.A. ESP en la ciudad

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

de Bogotá y la red de TPBCL y TPBCLE de la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá – ETB S.A. ESP, en la ciudad de Bogotá y el departamento de
Cundinamarca, disponiendo lo siguiente en los primeros tres artículos:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer servidumbre definitiva de acceso, uso e
interconexión para el tráfico TPBCL y TPBCLE entre la red de TPBCL de
COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. ESP en la ciudad de
Bogotá D.C. y la red de TPBCL en la ciudad de Bogotá D.C. y de TPBCLE en
Departamento de Cundinamarca la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTA S.A. ESP.

ARTÍCULO SEGUNDO: COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.
ESP, y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP,
para efectos de la conciliación de los cargos asociados al tráfico cursado entre
redes TPBCL y TPBCLE y/o redes de TPBCL y TPBCLE deberán dar aplicación
al procedimiento de conciliación descrito en el numeral 2.4.2 de la parte motiva
de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La remuneración por concepto de utilización de las
redes TPBCL de COMVOZ COMUNICACIONES DE COLMBIA S.A. ESP y de
TPBCL de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP,
se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Resolución
CRT 1763 de 2007 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

La remuneración por concepto de interconexión de redes de TPBCLE y
TPBCLE de COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. ESP, y de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP se realizará
de conformidad con lo establecido en los artículos 4° y 50 de la Resolución CRT
1763 de 2007 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan […]”41
(negrilla del original).

213. El anterior acto administrativo fue objeto de recurso de reposición por parte de
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB el 2 de diciembre
de 2009, en el que solicitó la revocatoria de los artículos 2º y 3º de la mencionada
decisión42, al considerar que la red de Netuno no es una red local extendida, sino
una red local que se interconecta con la red local y local extendida de ETB y, por
consiguiente no es aplicable para la definición de la remuneración de los cargos de
acceso de esta interconexión. El 26 de enero de 2010, la CRC, a través de la
Resolución 2346 resolvió el recurso, accediendo parcialmente a las peticiones de
la ETB, en el sentido de modificar el artículo 3º toda vez que efectivamente la red
de Netuno es una red de TPBLC y no una red de TPBCLE, como se observa a
continuación43:

“[…] ARTICULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP, contra la
Resolución CRC 2228 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO. Acceder parcialmente a las pretensiones de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP y, en

41 Folios 696 a 703 C 14.
42
Folios 706 a 711 C 14.
43
Folios 771 a 776 C 14.

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

consecuencia modificar el Artículo 3° de la Resolución CRC 2228 de 2009 por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución, el cual
quedará de la siguiente manera:

ARTICULO TERCERO. La remuneración por concepto de la utilización de las
redes de TPBCL de COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. ESP
y de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP, se
realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Resolución
CRT 1763 de 2007 o de las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
[…]” (negrilla del original).

214. Como lo precisó el a quo, de los referidos actos se tienen que la CRC impuso
servidumbre de interconexión entre las redes de las partes fijando el sistema de
remuneración previsto en el artículo 3° de la Resolución 1763, el cual dispone:

“[…] ARTÍCULO 3°. CARGOS DE ACCESO ENTRE REDES DE TPBCL. La
remuneración a los operadores de TPBCL por parte de otros operadores de
TPBCL en un mismo municipio, o grupo de municipios a los que hacen
referencia los artículos 5° y 6° de la presente resolución, por concepto de la
utilización de sus redes, se realizará bajo el mecanismo en el que cada
operador conserva la totalidad del valor recaudado de sus usuarios y se
responsabiliza de todo lo concerniente al proceso de facturación.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que los operadores acuerden otros
mecanismos alternativos para la remuneración de las redes […]” (negrilla
fuera de texto).

215. La Sala recuerda, como ya se precisó en las líneas que preceden, que el
sistema Sender Keeps All – SKA, no existe un pago entre los operadores por el
tráfico cursado entre sus redes, sino, quien origina la llamada, conserva la totalidad
de lo facturado a sus usuarios, por las realizadas desde su red interconectada.

216. Los actos acusados se sustentan en una norma de carácter general, como lo
es el artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007, no obstante, frente a la cual
el a quo señaló que este presenta un vacío en cuanto a los casos en que ocurran
asimetrías en el tráfico de la interconexión.

217. Al respecto, la Sala considera que no existe un vacío normativo, sino más bien
una falta de armonización entre la Resolución CRT 1763 de 2007 y las normas
comunitarias andinas, como son la Decisión 462 de 1999 y la Resolución 432 de
2000. Esta surge en relación con la aplicación del esquema Sender Keeps All –
SKA, que, aunque simplifica la interconexión al permitir que cada operador retenga
los ingresos generados por el tráfico en su red, no prevé adecuadamente los casos
de asimetría en los flujos de tráfico entre operadores.

218. El esquema Sender Keeps All – SKA, regulado en Colombia por el artículo 3°
de la Resolución CRT 1763 de 2007, ha sido implementado con el propósito de
simplificar los acuerdos de interconexión entre operadores de telecomunicaciones,
eliminando la necesidad de realizar estudios complejos de costos y conciliaciones
entre ellos. En este esquema, cada operador retiene el valor recaudado de sus

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

usuarios por las llamadas realizadas desde su red a la red interconectada, sin
realizar pagos cruzados por el tráfico entre redes.

219. Si bien este mecanismo es eficiente en términos operativos como lo señala la
CRC, también lo es que la ausencia de disposiciones claras en la normativa
nacional sobre la asimetría en el tráfico entre operadores ha llevado a dificultades
en su aplicación. El artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007 no prevé
mecanismos para corregir situaciones en las que un operador curse
significativamente más tráfico hacia otra red, lo que puede generar desbalances
económicos.

220. En estos casos, el operador que recibe mayor cantidad de tráfico puede verse
afectado de manera desproporcionada, ya que debe asumir costos adicionales sin
recibir una compensación adecuada. Este desbalance plantea un riesgo en
términos de equidad y eficiencia del sistema de interconexión, especialmente
cuando los operadores no tienen estructuras de costos similares.

221. Es por lo anterior, que la normativa comunitaria andina, a través de la Decisión
462 de 1999 y la Resolución 432 de 2000, estableció unos principios claros
respecto a los cargos de interconexión, los cuales deben ser transparentes,
razonables y orientados a costos eficientes. Estos principios buscan garantizar que
los precios reflejen los costos reales asociados con los servicios de interconexión,
incluyendo el origen, tránsito y terminación de llamadas.

222. Además, se destaca la importancia de que los cargos sean suficientemente
desagregados, de manera que un operador no tenga que pagar por componentes
o servicios que no sean estrictamente necesarios para el suministro del servicio de
interconexión.

223. La normativa comunitaria también advierte la obligatoriedad de la interconexión
en términos no discriminatorios, lo que implica que todos los proveedores de
servicios públicos de telecomunicaciones deben interconectar sus redes bajo
condiciones equitativas. En caso de que existan desbalances en los flujos de tráfico
entre operadores, la normativa andina prevé la necesidad de un mecanismo
compensatorio que asegure que ningún operador se vea desproporcionadamente
afectado por las asimetrías en el tráfico. Este mecanismo es necesario para
mantener el equilibrio en las relaciones entre operadores y fomentar una
competencia justa en el mercado de telecomunicaciones, en línea con el principio
de libre competencia consagrado tanto en la normativa comunitaria como en el
ordenamiento jurídico colombiano.

224. En este sentido, la Sala reitera que no se puede afirmar que exista un vacío
normativo en la regulación del esquema Sender Keeps All – SKA, sino más bien
una falta de armonización entre la Resolución CRT 1763 de 2007 y las normas
comunitarias andinas. Esta circunstancia se refleja en la falta de previsión sobre los
desbalances de tráfico y la falta de mecanismos para asegurar que los cargos de

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interconexión estén orientados a costos eficientes y no generen distorsiones en la
competencia entre operadores.

225. Por lo tanto, la Decisión 462 y la Resolución 432 deben servir como marcos de
referencia para garantizar que la regulación colombiana de la interconexión se
ajuste a los principios de transparencia, equidad y eficiencia económica
establecidos en el derecho comunitario. Esto implica que la CRC, como autoridad
competente en Colombia, debe estructurar los cargos de interconexión y regular las
relaciones entre operadores de manera que se respeten los principios comunitarios,
particularmente aquellos relativos a la libre competencia y la orientación a costos.

226. En estos términos, la Sala considera que la CRC en los actos acusados debió,
al momento de fijar los parámetros de remuneración por la cargos de acceso entre
redes de TPBCL de Comvoz Comunicaciones de Colombia S.A. ESP y de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, armonizar lo regulado por
el artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007 con los preceptos comunitarios
respectivos, esto es, los artículos 18, 20 y 30 de la Decisión 462 de 1999 de la
Comunidad Andina, y lo dispuesto en la Resolución 432 de 2000 expedida por la
Secretaría General de la Comunidad Andina, en los términos antes expuestos, esto
es, previendo efectivamente que en caso de que exista un desbalance de tráfico,
los operadores pueden acordar un mecanismo para compensarlo y en el evento de
no existir acuerdo, el mencionado mecanismo será determinado por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones por solicitud de las partes, conforme a las
facultades otorgadas en el numeral 9º del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, tal y
como lo dispuso el a quo.

227. Nótese, que el artículo 3° de la Resolución CRT 1763, al regular el esquema
Sender Keeps All – SKA, no estableció explícitamente un mecanismo para corregir
las asimetrías que puedan surgir cuando un operador cursa más tráfico hacia la red
de otro, de ahí que el Tribunal de primera instancia acertadamente consideró que
debían observarse las normas comunitarias, donde se da un margen de acción
contractual a los proveedores que se interconectarán para fijar las condiciones
generales, económicas y técnicas del enlace, donde los cargos de interconexión
deben orientarse a costos económicamente viables, que garanticen una prestación
ininterrumpida, así como el mantenimiento del servicio en condiciones razonables.

228. La interconexión en el ámbito de las telecomunicaciones, según la
jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, debe orientarse hacia el
establecimiento de cargos que reflejen costos eficientes. A pesar de que no se
adoptó un método único en la normativa andina, como lo evidencian la Decisión
462 y la Resolución 432, es clara la intención del legislador comunitario de que los
costos eficientes sean un factor determinante en la fijación de los cargos.

229. Como lo prevé el sistema comunitario andino los cargos de interconexión
deberán estar orientados a costos, complementados con un margen razonable de
utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

interconexión y suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita
la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que
no se requieran para el suministro del servicio.

230. Es por lo anterior que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
interpretación prejudicial rendida en este proceso, consideró que “[…] si bien la
autoridad nacional competente cuenta con la potestad de escoger la metodología
que estime pertinente para calcular los cargos de interconexión, dicha
metodología debe reflejar los parámetros establecidos en el párrafo 2.6.2
precedente […]” (negrilla fuera de texto).

231. La finalidad de la normativa es garantizar que cualquier metodología empleada
no solo considere los costos específicos de la interconexión, sino que también
mantenga una relación justa entre los ingresos y costos, asegurando la viabilidad
económica del proceso de interconexión y fomentando la eficiencia económica. La
interconexión debe permitir la continuidad del servicio, la mejora de su calidad y
facilitar el acceso a las redes, componentes necesarios para el desarrollo del sector
de telecomunicaciones en un entorno de competencia.

232. Los costos eficientes deben ser la base para la preservación de la calidad en el
servicio de interconexión, contribuyendo al equilibrio económico de los
proveedores, la eficiencia económica del servicio y la viabilidad financiera. Este
enfoque se traduce en la integración de las diversas redes y el fomento de un
entorno competitivo, a luz de lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución
Política.

233. En cuanto al argumento del recurrente, quien sostiene que la simetría en los
patrones de tráfico no constituye una condición necesaria para la viabilidad del
esquema Sender Keeps All – SKA, la Sala advierte que si bien es cierto que dicho
esquema puede funcionar sin que exista un balance perfecto entre los operadores,
en tanto que ciertos desbalances en el tráfico son tolerables siempre y cuando
existan límites razonables, también lo es que se deben contar con mecanismos que
gestionen y resuelvan adecuadamente que las asimetrías significativas que puedan
surgir entre las redes interconectadas.

234. La ausencia de estos mecanismos correctivos podría generar efectos
negativos, como la afectación desproporcionada a uno de los operadores, lo que
llevaría a un desequilibrio económico y competitivo. Así, aunque la Resolución CRT
1763 de 2007 no prevé expresamente dicha circunstancia, la normativa comunitaria
andina en la Decisión 462 de 1999 y en la Resolución 432 de 2000 sí establece la
necesidad de garantizar que los cargos de interconexión sean transparentes,
razonables y orientados a costos. Esta regulación busca prevenir distorsiones
significativas que afecten la equidad en el mercado de telecomunicaciones.

235. De otra parte, el apelante argumenta que la implementación de mecanismos
para corregir las asimetrías podría desnaturalizar el esquema Sender Keeps All –

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SKA, asemejándolo al modelo Calling Party Pays – CPP, sin embargo, la Sala
estima que lo acá expuesto no implica la equiparación de los esquemas SKA y CPP,
sino de asegurar que el sistema incorpore medidas para gestionar los desbalances
de tráfico sin eliminar sus ventajas operativas.

236. La normativa comunitaria permite que los operadores acuerden libremente las
condiciones de interconexión, siempre que respeten los principios de transparencia
y eficiencia económica, tal y como se concluyó con antelación. En este sentido, la
autonomía contractual permite la creación de mecanismos compensatorios sin
desvirtuar el esquema original del Sender Keeps All – SKA.

237. No debe olvidarse que aunque el esquema Sender Keeps All – SKA ha sido
implementado para simplificar los acuerdos de interconexión, debe garantizarse
que los principios comunitarios de orientación a costos eficientes se respeten.

238. Finalmente, en cuanto al desconocimiento de la interpretación prejudicial 181-
IP-2013, la Sala pone de presente que este argumento fue incorporado en el
recurso de alzada, es decir, no fue expuesto en la contestación de la demanda. Sin
perjuicio de ello, la Sala pone de presente que aunque el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina indicó en dicha oportunidad que, si bien no es competencia
directa de ese organismo pronunciarse sobre si un sistema específico de cargos de
interconexión, como el Sender Keeps All – SKA, cumple con los parámetros
normativos establecidos en la legislación comunitaria andina, también lo es que la
autoridad administrativa nacional competente, en este caso la CRC, es la
encargada de realizar tal evaluación, tomando en cuenta los principios y directrices
interpretativos de la Decisión 462 y la Resolución 432 de la Comunidad Andina.

239. En este sentido, quedó claro que el análisis que debe realizar la CRC debe
reflejar todas las variables y elementos que impactan los costos de interconexión,
considerando tanto los costos conjuntos como los exclusivos involucrados en dicha
prestación, lo cual incluye, de conformidad con el artículo 18 de la Resolución 432,
la consideración de los costos comunes o compartidos inherentes a la
interconexión, entendidos como aquellos que corresponden a instalaciones y
equipos compartidos por varios servicios. Además, estos costos deben estar
suficientemente desagregados, de manera que el operador que solicita la
interconexión no tenga que asumir cargos por componentes o instalaciones que no
sean estrictamente necesarios para el servicio de interconexión solicitado, tal y
como fue reiterado en la interpretación rendida dentro del proceso de la referencia.

240. Asimismo, previó que se deberá llevar a cabo un análisis integral de los costos
durante períodos de tiempo razonables y considerables, tomando en cuenta la
naturaleza de las redes interconectadas, con el fin de establecer si el sistema
adoptado, como el SKA, reduce los costos y si la relación costo-ingreso es
razonable para las partes involucradas.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

241. Resaltó, igualmente, que en caso de que el análisis revele un desbalance
significativo, se justifica una revisión del esquema adoptado para corregir las
posibles asimetrías, evitando que uno de los operadores soporte más costos que
el otro de manera injustificada. En la interpretación prejudicial 181-IP-2013, se
plasmaron las siguientes consideraciones:

“[…] Los cargos de interconexión deben estar orientados a costos. Como
se dijo líneas arribas, la normativa andina no está jugándosela por un
método específico para establecer los cargos de interconexión. Una vez
consultados todos los antecedentes de la Decisión 462 y de la Resolución 432,
el Tribunal no encontró un marco de discusión que le permitiera inferir que hubo
una intención plenamente direccionada a escoger un único método sistema
para establecer los cargos de interconexión. Lo que sí es evidente, es que
desde los primeros borradores de proyecto la intención del legislador
comunitario era que los costos fueran un factor determinante para la
fijación de los precios de interconexión. En consecuencia, cualquier
metodología o esquema utilizado debe garantizar que los cargos tengan
en cuenta los costos específicos para la interconexión sobre la base de
los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de la llamada.
Además, cualquier metodología debe dar razón de la relación ingreso-
costo, permitiendo que la interconexión sea viable económicamente y, por
lo tanto, que sea susceptible de brindar una continuidad en el servicio, una
proyección de mantenimiento y mejoramiento de la calidad, prestación
ininterrumpida del servicio y viabilizando el acceso a las redes. Es por esto que
el artículo 20 de la Resolución 432 prevé que dichos costos preserven la calidad
a costos eficientes, ya que la interconexión es una herramienta fundamental
para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, soportada en el
equilibrio económico de los proveedores y la viabilidad financiera que redunda
en la integración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un
clima de competencia.

Por lo tanto, el análisis de costos debe reflejar todas las variables que se
presenten en un esquema de interconexión. Para una red como la TPBCL,
por ejemplo, es esencial el análisis de costos conjuntos y costos
exclusivos involucrados en la interconexión. Por esta razón es que el
artículo 18 de la Resolución 432 prevé que dentro del análisis se debe tener
en cuenta una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la
interconexión y suficientemente desagregados. Dicha norma define qué se
entiende por costos comunes: “Se entenderá por costos comunes o
compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o
prestaciones compartidos por varios servicios.” Además, para lograr unos
costos desagregados con el objetivo de “que el proveedor que solicita la
interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red
que no se requieran para el suministro del servicio”, el artículo 21 advierte que
la interconexión se debe estructurar sobre la base de la desagregación de
componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones. Presenta
una lista no taxativa, a saber: origen y terminación de comunicaciones a
nivel local; conmutación; señalización; transmisión entre centrales;
servicios de asistencia a los abonados; acceso a elementos auxiliares y a
elementos que sean usados por ambas partes al mismo tiempo, si son
factibles y económicamente viables; y la facturación y recaudación, así
como la información necesaria para poder facturar y cobrar a los
usuarios.

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Al analizar si se cubren los costos, la autoridad competente deberá hacer
un análisis integral de todas las variables y elementos que afectan en los
costos, teniendo en cuenta el comportamiento de la interconexión en periodos
de tiempo razonables y considerables con la naturaleza de las redes que se
enlazan; además deberá establecer de manera integral si los beneficios del
sistema adoptado disminuye costos, y si la relación costo-ingreso es
razonable para pensar en que hay un desbalanceo que justifique una
revisión del esquema.

Complementados con un margen de utilidad razonable. El Tribunal llama la
atención en la diferencia existente entre los términos utilizados en la Decisión
y la Resolución. Si bien la Decisión habla de “cargos de interconexión
razonables”, la Resolución filtró esta palabra en “utilidad razonable”. Teniendo
en cuenta que “razonable” en este campo significa moderado en relación con
la situación específica, tenemos que entender que “utilidad razonable” significa
simplemente que los cargos no pueden ser excesivos y tampoco pueden
permitir una actividad a pérdida. Significa entonces que para la relación
ingreso-costo, una utilidad razonable se da cuando los ingresos cubren
cómodamente los costos; de ninguna manera se pude entender a la
interconexión como una actividad eminentemente lucrativa […]” (negrilla
fuera de texto).

242. Por lo anterior, en dicha interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no es que haya prescindió de los presupuestos para la
aplicación del esquema Sender Keeps All – SKA a los cuales hace referencia la
CRC en el recurso de alzada, lo que hizo fue precisar que la evaluación sobre la
idoneidad de este sistema debía ser realizada por la autoridad administrativa
nacional competente, y que dicha evaluación debía considerar si el esquema
cumplía con principios como la simetría en el tráfico y la eficiencia económica,
instando para que se resolvieran los desbalances injustificados.

243. En efecto, el Tribunal destacó que el sistema Sender Keeps All – SKA podría
ser adecuado en escenarios donde exista simetría en el tráfico entre redes y donde
los costos estén debidamente reflejados y orientados a la eficiencia, advirtiendo
que, en caso de existir un desbalance en el tráfico, el sistema podría no ser viable
sin mecanismos compensatorios.

244. En suma, la Sala considera que el a quo acertó al declarar la nulidad parcial del
artículo 2º de la Resolución 2346 del 26 de enero de 2010, expedida por la CRC,
en el entendido que no se tuvo en cuenta al momento de la determinar la
remuneración por la cargos de acceso entre redes de TPBCL por la metodología
Sender Keeps All – SKA los principio y presupuestos establecidos en las normas
comunitarias sobre la materia, razón por la cual el argumento de apelación no está
llamada a prosperar.

VI.2.2.3. Error en la aplicación de los criterios establecidos en el Dictamen 08
de 2007 expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina

245. El apoderado de la CRC señaló que el Tribunal advirtió que el método Sender
Keeps All – SKA es considerado viable y acorde con el ordenamiento comunitario,

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siempre que cumpla con las siguientes condiciones: (i) que exista un balance en
los flujos de tráfico entre los operadores interconectados; (ii) que la estructura de
costos de interconexión de las redes de ambos operadores sea similar,
garantizando una equidad en los costos asociados a la interconexión; y (iii) que los
operadores acuerden un mecanismo para compensar cualquier desbalance que se
presente en el tráfico, asegurando una justa compensación entre las partes.

246. Además, precisó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha
interpretado los artículos de la Decisión 462 de 1999 y la Resolución 432 de 2000
en el sentido de que el método Sender Keeps All – SKA está condicionado al
cumplimiento de los requisitos mencionados.

247. Por el contrario, aseguró que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha rechazado pronunciarse sobre la viabilidad específica de un sistema de
remuneración como el SKA. En su lugar, ha indicado que no es su función
determinar si un esquema cumple los parámetros definidos en la normativa
comunitaria, siendo competencia de la autoridad administrativa nacional definir y
regular estos aspectos en función de la legislación local y las particularidades del
caso.

248. Sobre el particular, la Sala recuerda que el a quo hizo mención al hecho de que
la Secretaría de la Comunidad Andina también se ha pronunciado acerca de los
principios que deben tenerse en cuenta en la fijación del cargo de acceso, esto es,
en un caso relacionado con unas resoluciones que fijaron servidumbres y
condiciones de interconexión, basándose en el artículo 4.2.2.20 de la Resolución
87 de 1997, en la fase prejudicial de una acción de incumplimiento iniciada por la
ETB contra la Republica de Colombia.

249. En dicha oportunidad se expidió el Dictamen 08 de 2007, en el cual se consideró
lo siguiente:

“[…] El reclamante centra sus argumentos en que los actos administrativos
emitidos por la CRT se fundamentan en la aplicación del mencionado artículo,
el cual impone servidumbres de acceso a las redes de ETB, bajo la modalidad
de liquidación de cargos sender keep all. Por lo tanto, se hace necesario
analizar la compatibilidad de la referida metodología con la normativa
andina.

[...]

Como se puede apreciar, en esta modalidad, en estricto, no existe un pago
entre operadores por el tráfico cursado entre sus redes; entendiendo que
pago es la "entrega de un dinero o especie que se debe", tal como lo define
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, sí
hay una remuneración por el uso de las redes puestas al servicio de la
interconexión, lo cual implica recompensar, normalmente con dinero, un
servicio o trabajo, o a la persona que lo realiza".

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Es así que esta metodología es utilizada en distintos países por ser un
mecanismo fácil por medio del cual los operadores se ahorran los complejos
estudios de costos y cruces de cuentas. Sin embargo, para que esta
metodología sea consistente con la normativa andina, en el sentido de
que el cargo de acceso a las redes responda a costos más una utilidad
razonable, el servicio de telefonía debe cumplir con ciertos requisitos,
tales como:

1. Que exista un balance en los flujos del tráfico entre los operadores
interconectados.

2. Que la estructura de costos de interconexión de las dos redes sea
similar.

3. Que los operadores acuerden un mecanismo para compensar cualquier
desbalance en el tráfico.

Si se establece el método "sender keep all" en interconexión de redes que
no cumplen con las características antes señaladas se estaría
desconociendo lo exigido por los artículos 30 de la Decisión 462 y 18 de
la Resolución 432, puesto que el cargo no estaría orientado a costos más
utilidad razonable como lo establece la normativa andina, sino que se
estaría desequilibrando al operador que recibe en su red la mayor
cantidad de flujo de tráfico, ya que se estaría asumiendo mayores costos
en la prestación del servicio, como facturar, medir, conciliar, etc (...)

"La Secretaría General analizó la información aportada por las Partes y
observa que en las Resoluciones de imposición de servidumbre materias
del reclamo, expedidas por la CRT, dicho ente no consideró en ningún
caso, de manera especial, los flujos del tráfico entrante y saliente entre
las redes de "TPBCL" de los operadores a los cuales se les iba a imponer
el mandato de interconexión, de modo que se pudieran verificar las
condiciones para que fuera aplicable la metodología "sender keeps all" y
la misma resultara compatible con la normativa andina. Lo anterior, a pesar
que dicho alegato fue planteado por la ETB ante la CRT en los procedimientos
para la imposición de servidumbre de acceso.

Así, la autoridad nacional de telecomunicaciones, al imponer las
servidumbres sobre la red de la ETB no tomó adecuadamente en cuenta
las asimetrías existentes en el tráfico de la red de "TPBCL" a efectos de
calcular los cargos de interconexión, de manera tal que éstos estén
orientados a costos, complementados con un margen razonable de
utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherentes a la
interconexión, según lo establecen la Decisión 462 y la Resolución 432

[...]

En este sentido, la Secretaría General encuentra que la CRT ha
desatendido las obligaciones previstas en la normativa andina, cimentada
en los principios de aplicación inmediata, efecto directo y preeminencia
sobre las normas nacionales, toda vez que al decidir la metodología de
remuneración aplicable entre los operadores que estén interconectados, no ha
considerado de manera rigurosa las condiciones reales de la interconexión y
especialmente el tráfico entrante y saliente entre las redes de los operadores
"TPBCL", en forma tal que se garantice efectivamente el cumplimiento de las
condiciones previstas en la normativa andina (Decisión 462 y Resolución 432)
para la medición de los cargos de interconexión y su viabilidad económica(...)

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

La Secretaría General, con base en las consideraciones que se anteponen, la
información suministrada por las Partes y los argumentos expuestos en el
presente Dictamen, encuentra que la República de Colombia ha incurrido
en incumplimiento de los artículos 30 literal b) de la Decisión 462, y 18 y
20 de la Resolución 432, por establecer condiciones de interconexión
contrarias al precepto de que los cargos de interconexión deberán estar
orientados a costos, complementados con un margen razonable de
utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos, a través de las
Resoluciones CRT N° 1308, 1389, 1345, 1388, 1347 de 2005 y 1413 de 2006
mediante las que se impuso la servidumbre obligatoria a la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB."

Por ello, ordena que en 30 días se adopten las siguientes medidas:

"Para cesar la conducta contraria al ordenamiento comunitario, esta
Secretaria General sugiere al Gobierno de Colombia revisar las condiciones
de tráfico entre ETB y los operadores a los que se les concedió
servidumbre de acuerdo con las Resoluciones CRT N° 1308, 1389, 1345,
1388, 1347 de 2005 y 1413 de 2006, de forma que pueda determinar con
elementos técnicos más objetivos, a través de los actos administrativos […]”
(negrilla fuera de texto).

250. En el Dictamen antes transcrito, la Secretaría General de la Comunidad Andina
señaló que la metodología Sender Keeps All – SKA es utilizada en varios países
porque simplifica los acuerdos entre operadores al evitar la necesidad de realizar
estudios de costos complejos y conciliaciones. Sin embargo, para que esta
metodología sea compatible con la normativa andina, anotó que el sistema debe
cumplir con ciertos requisitos, tales como: (i) que exista un balance en los flujos de
tráfico entre operadores; (ii) que la estructura de costos de interconexión sea
similar; y (iii) que los operadores acuerden un mecanismo para compensar los
desbalances en el tráfico.

251. El dictamen advirtió que la CRC no consideró adecuadamente las asimetrías
en el tráfico entre redes al imponer servidumbres de interconexión, lo que
contravenía los artículos 30 de la Decisión 462 y 18 de la Resolución 432, al no
garantizar que los cargos de interconexión estuvieran orientados a costos, lo cual
generaba un desequilibrio en los operadores afectados, ya que uno de ellos asumía
costos adicionales sin recibir una compensación adecuada.

252. Por lo anterior, la Secretaría ordenó revisar las condiciones de tráfico entre ETB
y los operadores a los que se les concedió servidumbre de acuerdo con las
Resoluciones CRT 1308, 1389, 1345, 1388, 1347 de 2005 y 1413 de 2006, de forma
que pueda responder a elementos técnicos más objetivos.

253. Sobrela vinculación de este dictamen la Sala ya tuvo la oportunidad de
pronunciarse, esto es, en la sentencia de 23 de noviembre de 202344, en la cual se

44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de noviembre

de 2023. Rad.: 2010 – 0343. MP. Dr. Oswaldo Giraldo López.

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

analizó la legalidad de las Resoluciones 2256 de 200945 y 2497 de 201046, por
medio de las cuales se revisó el desarrollo de la relación de interconexión existente
entre la red de TPBCL de TELMEX Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y la red de
TPBCL de la ETB en la ciudad de Bogotá, esto es, las Resoluciones 1308 y 1389
de 2005, por medio de las cuales la CRC le impuso una servidumbre a ETB a favor
de TELMEX y definió que las condiciones económicas de la misma se regirían por
el método definido para el esquema SKA previsto en el artículo 4.2.2.20 de la
Resolución CRT 87 de 199747 48.

254. En dicha oportunidad, la Sala consideró que el Dictamen 08 de 2007 no es
vinculante para el Estado colombiano. En efecto, se precisó que aunque dicho
dictamen incluye recomendaciones para que Colombia revise las condiciones de
interconexión entre ETB y otros operadores, estas son solo sugerencias, por lo que
el Estado Colombiano puede optar por no seguirlas si considera que su conducta
no infringe la normativa comunitaria.

255. Loanterior significa que, en el contexto de esa decisión, la autoridad
administrativa nacional no está obligada a implementar las recomendaciones del
dictamen si no hay una resolución judicial que lo obligue a hacerlo. Al respecto se
concluyó:

45 “[…] RESUELVE. ARTÍCULO PRIMERO. Revisadas las condiciones en que viene desarrollándose la relación

de interconexión, entre la red de TPBCL de TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P en la dudad de
Bogotá D.C. y la red de TPBCL de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. en la
dudad de Bogotá D.C., se constata que la misma se encuentra remunerada en los términos establecidos en la
regulación nacional vigente en materia de cargos de acceso de redes de TPBCL, así como de conformidad con
los postulados contenidos en la normatividad andina. ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la
presente Resolución a los representantes legales de TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P., o a quienes hagan sus veces, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de Código Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que
contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación […]”.
46 “[…] RESUELVE: Artículo Primero. Admitir el recurso de reposición Interpuesto por la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA. E.S, P. contra la Resolución CRC 2256 de 2009. Artículo
Segundo. Negar las pretensiones del recurrente por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolución y confirmar en todas sus partes la resolución recurrida. Artículo Tercero. Notificar personalmente la
presente resolución al representante legal de la EMPRESA DE TELECOMUNIACIONES DE BOGOTÁ S.A.
E.S.P. y de TELMEX TELECOMUNICACIONES S,A. ESP o a quien haga sus veces, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma no procede alguno por
encontrarse agotada la vía gubernativa […]”.
47 La Sala en la sentencia en comento, precisó que la ETB confundía el procedimiento efectuado en las
Resoluciones 1308 y 1389 de 2005, con el llevado a cabo en los actos demandados, para lo cual señaló: “[…]
Al respecto, téngase en cuenta que los cargos tendientes a reprochar la legalidad de los actos enjuiciados por
el desconocimiento de las normas comunitarias invocadas como infringidas, así como de los principios andinos
de preeminencia y prevalencia, no buscan controlar las actuaciones adelantadas en las Resoluciones
objeto de la declaración de invalidez en este proceso, sino que en realidad pretenden controvertir el
esquema SKA, dado que éste, a juicio de la actora, es ilegal, al no prever ningún mecanismo para remunerarla
ni para compensar las pérdidas que podría sufrir en periodos de asimetría. Ahora, pese a que la empresa
actora manifestó su inconformidad en contra de los aludidos actos administrativos dentro del trámite
de su expedición, no instauró ninguna acción judicial en contra de ellos, sin que sea dable que en este
asunto se analice su legalidad, pues ello no hace parte de la controversia […]” (negrilla fuera de texto).
48
En dicha oportunidad, la Sala aclaró que no correspondía analizar la legalidad del esquema SKA ni las
resoluciones anteriores que lo establecieron, ya que no fueron objeto de acción judicial oportuna. Cabe advertir
que, a diferencia de lo decidido en la sentencia de 23 de noviembre de 2023, en el proceso de la referencia sí
se están demandando las resoluciones que impusieron una servidumbre definitiva de acceso, uso e
interconexión para el tráfico de TPBCL y TPBCLE y que también establecieron el esquema de remuneración
por concepto de utilización de las redes, el cual, según los actos administrativos se realizaría de conformidad
con lo establecido en el artículo 3° de la Resolución CRT 1763 de 2007.

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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

“[…] 9.4.1.2.1. […] las directrices dispuestas en el Dictamen 08-2007 no
eran vinculantes para el Estado colombiano, circunstancia que de entrada
descarta la procedencia del reparo relacionado con el desconocimiento de lo
dispuesto en el anotado dictamen por parte de la CRC.

En efecto, en dicho estudio apenas se realizaron unas recomendaciones
para que la CRC revisara las condiciones de la interconexión entre ETB y
TELMEX que fueron fijadas en las Resoluciones 1308 y 1389 de 2005,
pues, a juicio de la SGCAN, las mismas desconocían la normativa
comunitaria.

Si esas sugerencias no fueran observadas, la ETB tenía la opción de
presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la CAN. Allí podría
obtener una decisión que obligara a Colombia a cambiar el método de
remuneración SKA. Incluso podría utilizar ese fallo ante los tribunales
nacionales para reclamar los perjuicios causados por la aplicación de
este esquema.

Sin embargo, no se acreditó que la demandante haya utilizado ese
mecanismo judicial. Por el contrario, al parecer, la actora se conformó con la
emisión del mencionado dictamen y supuso que, con esto, la CRC cambiaría
el sistema en cuestión, pese a que dicho punto no fue sugerido expresamente
por la SGCAN en su correspondiente estudio, pues allí únicamente se
recomendó verificar con métodos objetivos las condiciones de interconexión
[…]” (negrilla fuera de texto).

256. En este contexto, la Sala pone de presente que, si bien es cierto que el a quo
citó el Dictamen 08 de 2007 de la Secretaría General de la Comunidad Andina,
también lo es que su decisión no se basó exclusivamente en el mismo, en tanto dio
aplicación a los principios y parámetros establecidos en la Decisión 462 y la
Resolución 432 de la Comunidad Andina, analizados en esta providencia con
antelación.

257. Como se concluyó en los numerales precedentes, cualquier metodología debe
responder a los principios establecidos en las normas comunitarias. Estas
disposiciones establecen las reglas para la liberalización y regulación del comercio
de servicios de telecomunicaciones dentro de la Comunidad Andina.

258. Entre estos principios se encontró el relativo a que los cargos de interconexión
respondieran a costos eficientes, transparentes, razonables, y que al momento de
fijar la remuneración se debe tener en cuenta la viabilidad económica de los
operadores involucrados. Tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso, la normativa
comunitaria también exige que los cargos estén desagregados, de manera que
cada proveedor pague únicamente por los componentes necesarios para la
prestación del servicio, evitando así prácticas discriminatorias.

259. Mientras que el dictamen es útil para proporcionar una guía sobre cómo aplicar
el esquema SKA, las normas comunitarias establecen un marco legal más amplio
y obligatorio para garantizar que los cargos de interconexión se mantengan dentro
de los parámetros económicos eficientes y equitativos.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

260. A pesar de que la Resolución CRT 1763 de 2007 regula el esquema SKA en
Colombia, esta resolución no contempla un mecanismo específico para corregir
posibles asimetrías en los flujos de tráfico entre operadores, lo que podría generar
desbalances económicos, así pues, es necesario armonizar la normativa interna
con los principios comunitarios para asegurar una regulación justa y equilibrada de
los costos de interconexión.

261. En suma, si bien es cierto que la decisión de primera instancia hizo referencia
al Dictamen 08 de 2007, también lo es que la decisión se fundamentó en la
necesidad de precaver que en la eventualidad de que exista un desbalance de
tráfico, los operadores pueden acordar un mecanismo para compensarlo, siguiendo
los principios comunitarios, asegurando que los acuerdos de interconexión entre
operadores de telecomunicaciones se mantengan dentro de parámetros justos,
equitativos y eficientes, promoviendo la competencia y protegiendo los derechos de
los usuarios, de acuerdo con los principios y parámetros establecidos en la Decisión
462 y la Resolución 432 de la Comunidad Andina, razón por la cual el argumento
de apelación no está llamado a prosperar.

VI.2.2.4. Impacto de la modificación del esquema Sender Keeps All – SKA en
la competencia del sector

262. La Sala deberá analizar sí, como lo sostiene Comvoz, el esquema Sender
Keeps All – SKA con la presunta modificación realizada mediante la sentencia del
Tribunal de primera instancia resultaría en una desventaja para los nuevos
operadores frente a los operadores ya establecidos, como ETB, esto es, sopesar si
la modificación afecta la dinámica competitiva en el mercado.

263. Al respecto, la Sala considera que no existe una desventaja para los nuevos
operadores, en tanto que, como se concluyó en el numeral anterior, para garantizar
la libre competencia y un sistema de interconexión eficiente y con competencia leal,
se deben tener en cuenta los principios y presupuestos establecidos en las normas
comunitarias, en particular, la Decisión 462 de 1999 y la Resolución 432 de 2000
de la Comunidad Andina, que establecen los principios de transparencia, no
discriminación y orientación a costos en los acuerdos de interconexión entre
operadores.

264. La Sala reitera que la normativa comunitaria permite que los operadores puedan
aplicar mecanismos para compensar los desbalances significativos en los flujos de
tráfico, siempre que estos respeten los principios mencionados. Esto otorga a los
operadores autonomía para acordar los términos de compensación, asegurando
que cualquier ajuste en los cargos no genere un desequilibrio competitivo ni
perjudique a un operador en particular.

265. Lo anterior tiene como objetivo mantener un balance justo entre todos los
operadores, sean estos nuevos entrantes o establecidos, y promover una
competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

266. Sin embargo, la Sala advierte que en los casos donde los operadores no logren
acordar un mecanismo que permita corregir las asimetrías de tráfico de manera
justa y equitativa, la CRC debe intervenir, conforme a las facultades que le otorga
el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, disposición que lo habilita para regular las
condiciones de interconexión, incluyendo la determinación de los cargos de
interconexión, con el fin de garantizar que estos respeten los principios de eficiencia
económica y competencia leal.

267. La intervención de la CRC asegura que se mantenga un acceso igualitario a las
redes y se eviten prácticas abusivas que puedan perjudicar la competencia,
particularmente cuando un operador dominante pudiera estar en una posición de
ventaja.

268. En suma, la Sala no vislumbra una desventaja competitiva inherente para los
nuevos operadores bajo el esquema Sender Keeps All – SKA. En su lugar, la Sala
destaca la necesidad de garantizar que los principios comunitarios se respeten y
que, en caso de que no se logren acuerdos entre operadores, la CRC pueda ejercer
sus facultades regulatorias para corregir los desbalances en el tráfico de
interconexión de manera justa, asegurando la libre competencia y la equidad entre
todos los operadores del sector, razón por la cual el argumento de apelación no
está llamado a prosperar.

VI.2.2.5. Vulneración de los principios de inderogabilidad singular del
reglamento, legalidad y congruencia

269. La Sala deberá decidir si el Tribunal vulneró los principios de inderogabilidad
singular del reglamento, legalidad y congruencia, como alega la CRC, al modificar
un acto administrativo general y condenarla al pago de $66.755,42 por concepto de
tráfico asimétrico, a pesar de que dicho tráfico fue de prueba y no comercial.

270. Para resolver, la Sala pone de presente que la nulidad parcial del artículo 2º de
la Resolución 2346 del 26 de enero de 2010 no implica una modificación del acto
administrativo general, como sostiene la CRC, sino que prevé que la remuneración
fijada en los actos acusados se armonice con las normas comunitarias aplicables.

271. En efecto, la decisión no modifica el contenido general de la Resolución CRT
1763 de 2007 sino que prevé su armonización con el sistema comunitario andino,
esto es, al integrar los principios derivados de la Decisión 462 de 1999 y la
Resolución 432 de 2000 de la Comunidad Andina, que exigen que los cargos de
interconexión estén orientados a costos, sean transparentes y no discriminatorios.

272. La decisión no modifica dicho acto administrativo, sino que ordena que la
liquidación específica del tráfico que se llegué a realizar se haga conforme con los
parámetros establecidos en las normas comunitarias, y que, en caso de que no se
logren acuerdos entre operadores, la CRC pueda ejercer sus facultades
regulatorias para corregir los desbalances en el tráfico de interconexión de manera

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

justa, asegurando la libre competencia y la equidad entre todos los operadores del
sector.

273. En efecto, contrario a lo afirmado por la CRC, no estamos en presencia del
principio de inderogabilidad singular del reglamento, sino que se considera que su
aplicación debe armonizarse con las normas comunitarias andinas analizadas en
el caso sub examine.

274. Cabe advertir, en cuanto al principio de congruencia, que la decisión del
Tribunal fue coherente con los cargos planteados y con las pruebas presentadas
durante el proceso. Aunque el tráfico involucrado era de prueba y no comercial, la
remuneración correspondiente debe ajustarse a los mismos principios que se
aplicarían al tráfico comercial, siempre respetando los parámetros establecidos en
la normativa comunitaria y evitando desbalances significativos que pudieran
generar inequidades entre los operadores.

275. Conforme a la prueba de los perjuicios alegados por la demandante, se tiene el
dictamen elaborado por el perito Germán Baquero Albornoz, quien concluyó lo
siguiente49:

“[…] 2.- Suministrar los costos en que ha incurrido Comvoz en Bogotá por la
prestación del servicio TPBCL.

RESPUESTA

Los costos que incurrido Comvoz por TPBCL con ETB son varios, entre estos
costos se encuentran los de servicio de capacidad de capacidad de transporte
o servicio portador contratado a ETB los cuales se detallan en el folio 1
expedido por Netuno (Anexo) la cual tienen un valor total final de
$31.687.584,66.

3.- Suministrar el valor de los ingresos por la prestación del servicio de acceso,
uso e interconexión de la red de Comvoz con ETB.

RESPUESTA

Los ingresos por el servicio de acceso, uso e interconexión de la red de Comvoz
con ETB es cero (0).

4.- Suministrar los costos de red por la prestación del servicio de acceso, uso
es interconexión en Comvoz en Bogotá.

RESPUESTA

Bajo en entendido que la interconexión de Netuno local ETB local no genera
costos por acceso, uso e interconexión con base en lo establecido en el artículo
3° de la resolución 1763 de 2007 de la CRT en referencia a la interconexión
entre redes locales, donde las partes acuerdan que la remuneración por la
utilización de las redes se realizará bajo el mecanismo en que cada operador
conserva la totalidad del valor recaudado de sus usuarios, entendemos

49 Folios 284 a 287 C 1.

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entonces como los costos de red por la prestación del servicio de acceso, uso
e interconexión en Comvoz en Bogotá con ETB, los relacionados con el tráfico
de Voz entre la red LD de NetUno y la red L/LE de ETB la cual se detalla en el
Folio No. 3 de la certificación expedida por el representante legal de Net Uno
el Doctor José Cristóbal Martínez relacionado con los siguientes valores.

Un valor Total antes de IVA de $108.350.759.80
Más IVA 16% $17.331.321.10

Valor Total $125.652.077.90 […]

5.- Suministrar los ingresos discriminados en pesos por la prestación de
acceso, uso e interconexión en Bogotá en TPBCLE, TPBCLD, TMC desde las
redes de Comvoz a la red de ETB.

Nota: Todas las cifras deben ser en pesos colombianos desde Abril de 2011 a
Enero de 2012

RESPUESTA

Los ingresos por el servicios de acceso, uso e interconexión de la red de
Comvoz con ETB es Cero (0).

El cuadro que se relaciona a continuación es el Tráfico cursado en la
interconexión local entre ETB y Comvoz donde refleja un valor final total
por cargo de acceso por un valor total de $66.755.42.

[…]

1.- De esta manera se puede concluir que Comvoz le adeuda a la ETB a
Enero de 2012 por concepto de cargos de acceso por tráfico asimétrico
cursado en las redes de la ETB la suma de $66.755,42 tal como se refleja
en el cuadro No. 1 de la columna No. 8, Hoja No. 4.

2.- Que la ETB por TPBCL, TPBCLE, TPBCLD, TMC. No percibió ingresos de
Comvoz por estos conceptos desde Abril del año 2011 a Enero de 2012 según
estados de Resultados comparativos presentados por la ETB años 2009-2010-
2011 […]" (negrilla fuera de texto).

276. La recurrente señala que, aun si hubiese sido tráfico comercial, en razón de los
efectos ex tunc de las sentencias de nulidad, el acto declarado nulo nunca existió
y, por tanto, no se produjo ningún efecto jurídico.

277. Sobre el particular y contrario a lo argumentado por el apoderado de la CRC, la
declaración de nulidad de un acto administrativo tiene como consecuencia la
obligación de retrotraer la situación jurídica al estado en el que se encontraba antes
de la emisión del acto viciado. El restablecimiento del derecho implica reparar los
efectos negativos que el acto nulo pudo haber generado, protegiendo los derechos
de las partes afectadas.

278. Finalmente, el apoderado de la CRC anotó que el Tribunal de la primera
instancia ordenó un restablecimiento del derecho diferente al solicitado por ETB
S.A. ESP, frente al cual la CRC no tuvo oportunidad de oponerse o ejercer su

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derecho de defensa, esto es, al declarar la nulidad parcial del artículo 2° de la
Resolución 2346 de 2010, en el entendido que se debería permitir que, en caso de
desbalance de tráfico entre operadores, estos acuerden un mecanismo de
compensación, como se observa a continuación:

“[…] No obstante lo anterior, en caso de que exista un desbalance de tráfico,
los operadores pueden acordar un mecanismo para compensarlo. En el
evento de no existir acuerdo, el mencionado mecanismo será determinado
por la Comisión de Regulación de Comunicaciones por solicitud de las
partes, conforme a las facultades otorgadas en el numeral 9º del artículo 22
de la Ley 1341 de 2009 […]”

279. Sobre el particular, la Sala pone de presente que el artículo 170 del CCA
dispone que la sentencia que ponga fin al proceso tiene que ser motivada y en la
cual se debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las
normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con
el objeto de resolver todas las peticiones. Particularmente, estatuye que, para
restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo
podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o
reformar éstas.

280. Como se observa, el legislador facultó al juez de contencioso administrativo
para modificar o reformar disposiciones, lo cual no implica per se un
desconocimiento del debido proceso. Esta facultad le permite al juez dictar
decisiones que restablezcan los derechos vulnerados, incluso mediante la
expedición de disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas.

281. El hecho de que el Tribunal haya declarado la nulidad parcial del artículo 2° de
la Resolución 2346 de 2010 y ordenado adicionar un mecanismo de compensación
para los posibles desbalances de tráfico, no significa automáticamente que se haya
vulnerado el derecho de defensa de la recurrente, en tanto que la CRC tuvo la
oportunidad de intervenir en el proceso, presentar sus argumentos y controvertir las
pretensiones de la parte demandante.

282. Aunado a lo anterior, la Sala evidencia una conexión sustancial entre la
pretensión y lo ordenado por el Tribunal de instancia, en tanto que adicionar un
mecanismo de compensación para los desbalances de tráfico responde
directamente a la pretensión de ETB, quien solicita una medida para mitigar la
asimetría en los costos de interconexión, esto es, al garantizar una estructura
acorde a la solicitud de restablecimiento de derechos en relación con el tráfico
asimétrico.

283. Para asegurar que la relación futura entre ETB y Comvoz, establecida tras la
imposición de la servidumbre, se rija de manera equitativa y sostenible, la inclusión
del mecanismo de compensación busca proporcionar una base estructural para
gestionar posibles desbalances de tráfico que puedan surgir en el tiempo.

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Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00344-01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
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Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

284. Lo anterior implica que, al estar ya impuesta la servidumbre de interconexión,
la relación entre los operadores debe orientarse hacia una colaboración justa y
transparente, en la que ambos puedan equilibrar sus obligaciones y beneficios.

285. Razón por la cual, conforme a los principios de viabilidad económica y no
discriminación en la interconexión establecidos en la normativa comunitaria andina,
era necesario incluir un mecanismo que permita a los operadores acordar una
compensación en caso de tráfico asimétrico, dado que, como se precisó con
antelación, ya se había otorgado la servidumbre de redes en los actos acusados.

286. Asípues, esta disposición responde a la finalidad de restablecimiento del
derecho al brindar una solución que salvaguarde los principios económicos y de
transparencia en la relación de interconexión, tal y como se expuso en los
numerales anteriores.

287. Ciertamente, la adición se fundamenta en el análisis normativo de los artículos
18, 20 y 30 de la Decisión 462 de 1999 de la Comunidad Andina, los cuales
establecen parámetros de igualdad y sostenibilidad en la fijación de cargos de
interconexión.

288. La Sala considera que esta disposición permite que se supla la falta de
armonización de la normativa interna con el ordenamiento jurídico comunitario y
que los operadores puedan llegar a un acuerdo equitativo para la compensación en
caso de un desbalance de tráfico.

289. Finalmente, la Sala estima que la decisión del a quo estuvo debidamente
motivada, se fundó en los supuestos fácticos y jurídicos aplicables al caso, lo cual
resulta coherente con habilitación antes mencionada.

290. Así pues, la Sala considera que no se vulneró los principios de legalidad y
congruencia y que, como se preció, aunque el tráfico probado era de prueba y no
comercial, se incurrieron en unos costos que debían ajustarse a los mismos
principios que se aplicarían al tráfico comercial, razón por la cual el argumento de
apelación no está llamado a prosperar.

VI.2.3. Conclusión

291. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que los
planteamientos de los apelantes no están llamados a prosperar, por lo que la Sala
confirmará la sentencia recurrida, tal y como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.

292. Finalmente, la Sala no condenará en costas como quiera que no se evidenció
temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP,
aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.

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Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP – ETB
Demandados: Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTic y Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de junio de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en
descongestión, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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