Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00598-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00598-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2010-00598-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA, QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA INDEMNIZACIÓN QUE SE
RECONOCE A QUIEN SE VE AFECTADO POR UNA EXPROPIACIÓN
ADMINISTRATIVA TIENE CARÁCTER REPARATORIO Y DEBE
COMPRENDER EL PRECIO COMERCIAL Y LOS DEMÁS PERJUICIOS
QUE PUDIERON CAUSARSE, LOS CUALES DEBEN SER PROBADOS
POR EL AFECTADO Y DEMOSTRARSE EL NEXO CAUSAL CON LA
EXPROPIACIÓN DECRETADA, LO QUE NO OCURRIÓ EN ESTE CASO.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por el apoderado de WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ, contra
la sentencia de 3 de agosto de 2017, proferida por la Sección
Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que denegó las pretensiones de la demanda.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
I.- ANTECEDENTES
I.1. El señor WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ, por medio de
apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual
formuló las siguientes pretensiones:
“[…] A. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 850
de 24 de marzo de 2010, proferida por la Directora Técnica
de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, mediante el
cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto contra
las Resoluciones Nos. 521, 522 y 527 de 24 de febrero de
2010, proferidas por la Directora Técnica de Predios del
Instituto de Desarrollo Urbano.
B. Que se declare la Nulidad de las Resoluciones Nos. 521,
522 y 527 de 24 de febrero de 2010, proferidas por la
Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo
Urbano, mediante las cuales se ordenan las expropiaciones
administrativas de los inmuebles identificados con los Folios
Matrícula Inmobiliaria No. 50C-411646, 50C-443208 y 50C-
415876.
C. Que se declare que la decisión de expropiación por vía
administrativa adoptada por el Instituto de Desarrollo Urbano
no produce efecto alguno, debiendo la entidad surtir
nuevamente el proceso, de acuerdo con lo dispuesto por los
numerales 2º y 4º del artículo 70 de la Ley 388 de 1997.
D. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y
como restablecimiento del derecho, se condene al Instituto
de Desarrollo Urbano a reconocer a WILLIAM PIEDRAHITA
GUTIÉRREZ un mayor valor del precio indemnizatorio por la
expropiación, derivado del valor real del precio del inmueble
frente al valor reconocido por el IDU en los actos
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administrativos impugnados, producto del costo de
infraestructura, de la destinación económica del bien y de los
ingresos y rentas generadas por el establecimiento de
comercio ubicado en el predio expropiado, factores ignorados
en los avalúos como parámetros para la determinación del
valor de la indemnización, lo cual ocasionó un detrimento
patrimonial (daño emergente) al actor y un lucro cesante
proveniente de las rentas dejadas de percibir por la
imposibilidad de seguir desarrollando la actividad económica
del establecimiento de comercio que funcionaba en el bien
expropiado. […]”.
I.2. El actor fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes
hechos:
1º. Señaló que era propietario de los inmuebles ubicados en: 1)
Carrera 19 B núm. 26-01, antes Carrera 20 núm. 26-01, ubicado en la
ciudad de Bogotá, el cual adquirió por Escritura Pública núm. 7317 de
13 de diciembre de 1977 otorgada en la Notaría 4ª del Círculo de
Bogotá, acto debidamente registrado el 28 de diciembre de 1977 en el
Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-411646; 2) AC 26 núm. 19B-26,
antes Calle 27 núm. 20-66 de la ciudad de Bogotá, el cual adquirió por
Escritura Pública núm. 3327 de 15 de septiembre de 1978 otorgada en
la Notaría 2ª del Círculo de Bogotá, acto debidamente registrado el 2
de octubre de 1978 en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-443208;
y 3) Calle 27 núm. 19B-31 antes Calle 27 núm. 20-67 de la ciudad de
Bogotá, el cual adquirió por Escritura Pública núm. 2983 de 5 de
septiembre de 1977 otorgada en la Notaría 2ª del Círculo de Bogotá,
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acto debidamente registrado el 16 de septiembre de 1977 en el Folio
de Matrícula Inmobiliaria 50C-415876.
2º. Agregó que estos predios se encontraban arrendados desde el 17
de marzo de 2003 a la Compañía SHELL COLOMBIA S.A., hoy
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A., mediante contrato
privado elevado a Escritura Pública núm. 1746 de 17 de marzo de
2003, otorgado en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, inscrita en
los folios de matrícula inmobiliaria antes enunciados. El contrato tuvo
como plazo de ejecución 18 años y 6 meses, más el tiempo necesario
para la construcción de la estación, el cual se estimó en máximo 3
meses contados a partir de la firma del contrato, es decir, el 17 de
marzo de 2003, de los cuales solo han transcurrido 7 años, 4 meses
y 15 días.
3º. Indicó que a la fecha en que se decretaron las expropiaciones, a
través de las resoluciones núms. 521, 522 y 257 de 24 de febrero de
2010, modificadas por la Resolución núm. 865 de 25 de marzo de
210, expedidas por la directora técnica del Instituto de Desarrollo
Urbano, en adelante IDU, le hubiera correspondido a WILLIAM
PIEDRAHITA GUTIÉRREZ la propiedad del 37,14% de las
construcciones y a PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. el
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62.86% de las construcciones, en proporción del tiempo transcurrido
desde el inicio del contrato de arrendamiento.
4º. Que, por medio del Decreto núm. 513 de 20 de diciembre de
20061, el alcalde Mayor de Bogotá anunció a los interesados y a la
ciudadanía, en general, la puesta en marcha de los Proyectos
Urbanísticos Integrales, denominados Avenida Eliécer Gaitán- Calle
26 y Carrera 10ª.
5º. Señaló que mediante Decreto núm. 317 de 19 de julio de 20072,
el alcalde Mayor de Bogotá declaró las condiciones de urgencia por
razones de utilidad pública en interés social para la adquisición de
predios para la ejecución de obras para el desarrollo de la fase III de
Transmilenio, a través de expropiación administrativa.
6º. Añadió que, previo los estudios de títulos y práctica de Informes
Técnicos de Avalúo por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá
D.C., se estableció por el IDU el valor comercial de los inmuebles.
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“Por medio del cual se anuncia la puesta en marcha de los Proyectos Urbanísticos Integrales
denominados Avenida Jorge Eliécer Gaitán-Calle 26 y Carrera 10ª, y se dictan otras disposiciones”,
expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá.
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“Por medio del cual se declara la existencia de condiciones de urgencia para la adquisición de predios
para la ejecución de obras para el desarrollo de la fase III de Transmilenio mediante expropiación
administrativa por razones de utilidad pública e interés social ”, expedido por el Alcalde Mayor de
Bogotá.
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7º. Sostuvo que por medio de las resoluciones núms. 4608 de 5 de
diciembre de 2008, 4825 y 4847 de 15 de diciembre de 2008,
expedidas por el IDU, se determinó la adquisición de los inmuebles
identificados con las matrículas inmobiliarias núms. 50C-443208;
50C-411646; y 50C-415876, por el procedimiento de expropiación
administrativa y se formuló una oferta de compra que se notificó al
actor, en su calidad de titular del derecho de propiedad, el 18 de
diciembre de 2008, la cual le fue inscrita en los folios de núms. 50C-
443208; 50C-411646; y 50C-415876.
8º. Mediante Oficio UN-COL/GDST 0020/2009 de 2 de febrero de
2009, PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. comunicó al actor
sobre los perjuicios que le causaría el cierre de su estación de servicio
Calle 26 y le solicitó que los mismos fueran considerados en el
proceso de negociación con el IDU.
9º. A través de Oficio IDU 009034 de 3 de febrero de 2009, el actor
presentó solicitud de revisión de los Informes Técnicos de Avalúo AV-
724-08-35676 IDU- 04-07 de 30 de julio de 2008, AV-819-08-35675
IDU-04-07 y AV-820-08-35674 IDU- 04-07 de 13 de noviembre de
2008, realizados por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá
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D.C., en el cual manifestó que el avalúo no se ajustaba a las
condiciones exigidas en el Decreto 1420 de 24 de julio de 19983 y en
la Resolución 620 de 23 de septiembre de 20084, así como tampoco
reconocía al propietario, ni a PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE
S.A. e INVESTAM LTDA., indemnización por concepto de daño
emergente y lucro cesante, derivados de la destinación económica
del predio.
10º. Mediante Oficio 13369-DTDP-8000 de 20 de febrero de 2009,
la Dirección Técnica de Predios del IDU dio respuesta a la solicitud
anterior y le solicitó al actor allegar unos documentos.
11º. En respuesta a la comunicación anterior, el demandante radicó
el Oficio IDU 030866 de 27 de marzo de 2009, por el cual adjuntó
los documentos requeridos y pidió tener en cuenta los perjuicios
causados a PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A., por el cierre
de la estación de servicio Calle 26 y fijar una posición con respecto a
los mismos, específicamente en lo que tiene que ver con su
reconocimiento y pago por parte del IDU.
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“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”, expedido por el
Presidente de la República.
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“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la ley”,
expedido por el Director del IGAC.
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12º. El actor, a través de su apoderada, radicó el Oficio IDU 080754
de 8 de septiembre de 2009, con el fin de solicitarle a la mencionada
entidad que procediera a expedir los actos administrativos que
determinaran la expropiación, por cuanto, a su juicio, la negociación
directa se encontraba vencida hace más de 7 meses y habían
transcurrido más de 5 meses del cierre de la estación de servicio,
que funcionaba en los predios ofertados, sin que el IDU hubiese
adelantado acción alguna para mitigar el impacto de dicha decisión.
13º. Que el IDU, por oficio IDU-064101-DTDP-325 de 18 de
septiembre de 2009, solicitó a la apoderada del actor allegar
presupuesto, cantidades de obra y listado de las instalaciones
superficiales y/o enterradas que contiene la estación de servicio, la
cual fue remitida mediante oficio IDU 087083 de 28 de septiembre
de 2009.
14º. Que, como consecuencia de lo anterior, la Corporación Lonja
Inmobiliaria de Bogotá D.C. procedió a reemplazar el Informe Técnico
de Avalúo AV-820-08-35674 IDU 04-07 por el Informe de Avalúo AV-
820-08-35674 A IDU 04-07 REV 03 09/12/09, en el cual con base en
el método comparativo de mercado se corrigió el primero,
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señalándose como nuevo valor por concepto de avalúo comercial y
costo de reposición de la estación de servicio, la suma de
$2.466.878.143; así como se elaboró el informe técnico de avalúo
RT 35674 35675 35676 AV-820-08-35674 IDU 04-07 de 9 de junio
de 2009, con el fin de cuantificar el valor del lucro cesante, el cual
fue fijado en $92.434.788.
15º. El IDU expidió las resoluciones núms. 5348 de 7 de diciembre
de 2009, 5390 de 9 de diciembre de 2009 y 5498 de 11 de diciembre
de 2009, que modificaron una situación particular y concreta,
revocando parcialmente las resoluciones 4825, 4847 de 15 de
diciembre de 2008 y 4608 de 5 de diciembre de 2008, las cuales
fueron notificadas al actor.
16º. Que, mediante las resoluciones núms. 521, 522 y 527 de 24 de
febrero de 2010, la Dirección Técnica de Predios del IDU ordenó la
expropiación por vía administrativa de los inmuebles ubicados en la
Carrera 19 núm. 26-01 de la ciudad de Bogotá y Matrícula
Inmobiliaria 50C-411646; AC 26 No. 19B-26, antes Calle 27 núm. 20-
66 de la ciudad de Bogotá y Matrícula Inmobiliaria 50C-443208; y Calle
27 núm. 19 B-31, antes Calle 27 núm. 20-67 de Bogotá y Matrícula
Inmobiliaria 50C-415876.
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17º. A través de oficios núms. 019315, 019316, 019321 de 10 de
marzo de 2009, el demandante presentó recurso de reposición contra
las resoluciones antes citadas, los cuales fueron decididos por el IDU,
mediante la Resolución núm. 850 de 24 de marzo de 2010, notificada
el 26 de marzo del mismo año.
18º. El actor presentó derecho de petición al IDU en escrito núm.
38474 de 18 de mayo de 2010, por el cual solicitó que se anexara
copia de la investigación de mercado y de los análisis económicos
que permitieron determinar el término de 6 meses a pagar como
lucro cesante y copia de la investigación realizada para determinar el
costo del bodegaje, petición a la que dio respuesta la Administración
por oficio DTDP 20103250292461 de 17 de junio de 2010.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación
de los artículos 29 y 58 de la Constitución Política; 61, 67, 68 y 70,
numerales 2 y 4, de la Ley 388 de 18 de julio de 19975; 2°, 21,
numerales 2 y 8, 25 y 26 del Decreto 1420; 1°, 2°, 3°, 10°, 11, 12,
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“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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15 y 17 de la Resolución núm. 762 de 23 de octubre de 19986; y 84
del CCA.
En síntesis, adujo los siguientes cargos de violación:
.PRIMER CARGO
Señaló que los actos demandados poseen defectos en su formación,
dado que fueron expedidos con abierta violación al debido proceso y
al derecho de defensa y contradicción, por cuanto el actor no pudo
ejercer su derecho de defensa de manera idónea por la precariedad
del avalúo, que sustentó la resolución de oferta.
Indicó que también se vulneró el debido proceso, al no haberse
emitido por el IDU la Resolución de expropiación del predio dentro
del término previsto en el artículo 68 de la Ley 388, ya que
transcurrió más de un año para que la Administración expidiera las
resoluciones por las cuales se ordenó la expropiación por vía
administrativa, lo cual deja en entredicho la existencia de las
condiciones de urgencia declaradas por el Alcalde Mayor de Bogotá
D.C., mediante Decreto 317 de 2007.
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“Por la cual se establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la Ley 388
de 1997”.
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Afirmó que el daño ocasionado guarda relación directa con la
interrupción intempestiva del funcionamiento de la estación de
servicio, el cual era un proyecto a largo plazo (15 años), que
comportaba una inversión y consiguiente retorno de capital, por lo
cual “salta de bulto” el perjuicio causado sobre el capital del
expropiado, así como el esfuerzo realizado durante estos años.
. SEGUNDO CARGO
Expresó que se desconoció el principio de igualdad frente a las cargas
públicas, por cuanto se le privó al actor de las rentas que percibía,
en virtud del contrato de arrendamiento suscrito con PETROBRAS
COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A., sin que se le haya indemnizado
plenamente por ello.
Que ello debido a que el avaluador utilizó el método comparativo de
mercado, sin dar explicación alguna sobre su conveniencia y
pertinencia técnica y porque el IDU omitió realizar observaciones, en
relación con el método empleado por la Corporación Lonja
Inmobiliaria de Bogotá D.C., dentro del plazo señalado en el artículo
15 del Decreto 1420.
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Anotó que el avaluador tampoco tuvo en cuenta para la
determinación del valor comercial del inmueble, la destinación
económica, ni la forma, el tamaño que tiene el inmueble, la
accesibilidad, la visibilidad, su frente sobre las vías, los cuales
constituyen factores que le permiten al negocio (la estación de
servicio) captar un volumen de tráfico significativo; y que, de por sí,
son elementos que implican un mayor valor.
Alegó que se debió utilizar por el avaluador el método de
capitalización de renta, previsto en el artículo 2º de la Resolución
IGAC 620 de 2008, debido a la alta rentabilidad de la destinación
económica del inmueble y que las construcciones en las estaciones
de servicio, en relación con los ingresos, son relativamente bajas por
sus mismas características.
Adujo que la escogencia del método no puede ser un acto discrecional
del avaluador, sino que debe ajustarse a las características y
destinación económica del inmueble avaluado y su elección debe ser
sustentada, por lo que en este caso se violaron las disposiciones
contenidas en los artículos 25 y 26 del Decreto 1420; y 6º, 7º, 8º,
9º, 10º y 34 de la Resolución 762 de 1998, ya que el método
escogido por el avaluador va en contra de la realidad, las prácticas
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mercantiles y desconoce la finalidad del avalúo, que es establecer
cuál es el valor más probable, conforme al cual el inmueble se
transaría en el mercado.
Que no se hizo mención acerca de los estudios, clasificaciones o
interpretaciones de ofertas o transacciones recientes de bienes
semejantes y comparable al objeto de avalúo, como lo exige la
Resolución núm. 620 de 2008.
Afirmó que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del
artículo 9º de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, en caso de no
existir transacciones recientes en el mercado, se debe acudir a las
encuestas, que deben realizarse entre diferentes peritos para
establecer el valor probable en el mercado, las cuales no existen en
este caso.
Que, por tanto, el método valuatorio aplicado no era viable
técnicamente para determinar el valor comercial del inmueble, objeto
de avalúo.
Sostuvo que el avaluador desconoció: i) que la estructura y
construcción pertenecen a construcciones de especiales
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características y la utilidad del constructor, la cual calculó en la suma
de $3.625.167.000 por metro cuadrado, incluyendo costos directos
e indirectos; ii) el valor del desmantelamiento de la estación, ya que
en el acta de entrega se evidencia que el IDU asumió las actividades
de evaluación y manejo ambiental; iii) el valor del terreno no tuvo
en cuenta que se trata de un inmueble con destinación comercial en
que funciona una estación de servicio, amparado bajo una licencia
de construcción, que se encuentra sobre una vía principal y tiene
acceso, a través de la malla vial de soporte; y iv) no incluyó la
totalidad del daño emergente y el lucro cesante, ni los soportó
técnicamente ni legamente, contrariando lo dispuesto en la sentencia
C- 476 de 2007 de la Corte Constitucional, al no haber incluido el
valor del inmueble expropiado, los gastos que se requieren para
desmontar la estación de servicio, ni haber soportado técnica ni
legalmente el lucro cesante, ni el contrato de arrendamiento suscrito
con PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. y solo tuvo en
cuenta los 6 meses que suponen indemnizar a título de lucro cesante,
los cuales solo están relacionados con el tiempo que demora el
proceso de enajenación, el cual, a su juicio, dura un año y 3 meses.
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I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1. El IDU, mediante apoderado, contestó la demanda y para
oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo
siguiente:
En cuanto al primer cargo, sostuvo que con ocasión de un cambio de
registro topográfico fue necesario modificar la oferta y, por lo tanto,
empezar a contar de nuevo los términos de negociación voluntaria.
Que teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por el propietario
con respecto al avalúo y los soportes aportados por el mismo para la
liquidación del lucro cesante y con el objeto de realizar un análisis de
los mismos con extremo cuidado, debido a la complejidad de la
actividad económica desarrollada en el inmueble, le fue solicitado al
propietario varias aclaraciones y documentos necesarios para ello.
Señaló que debido al tema presupuestal, se decidió adquirir
parcialmente el inmueble, para lo cual se determinó que el área a
adquirir es coincidente con la reserva vial de la TRONCAL DE
TRANSMILENIO CALLE 26, por cuya virtud las áreas objeto de oferta
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de compra y posterior expropiación se ajustan a la necesidad indicada
en dicha reserva.
Expresó que una vez superados los temas presupuestales y de haber
realizado la solicitud al propietario con respecto a la adquisición parcial,
se continuó con el trámite de la negociación, para lo cual se expidieron
los respectivos actos administrativos de expropiación, en los cuales se
incluyó la obligación de realizar el plan de remediación ambiental, al
tratarse de una estación de servicio, que es el análisis del suelo, donde
se encontraban los tanques para determinar la contaminación del
mismo a cargo del propietario. Este procedimiento, dependiendo de los
elementos existentes en la estación, duraba aproximadamente de 90
a 120 días.
Indicó que previo a la iniciación de la actuación administrativa,
tendiente a la adquisición de inmuebles, es necesaria la consolidación
de una serie de insumos técnicos y jurídicos, consistentes en el decreto
de declaratoria de urgencia, así como el anuncio del proyecto, la
resolución de reserva vial, los registros topográficos, el estudio de
títulos y el avalúo comercial.
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Adujo que el predio, objeto de expropiación, fue requerido por el IDU
para la construcción de las obras públicas denominadas “TRONCAL
CALLE 26”, como componente del sistema de transporte masivo de
pasajeros TRANSMILENIO FASE II.
Afirmó que al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 388, el
IDU expidió las resoluciones núms. 4847 y 4825 de 15 de diciembre
de 2008 y 4608 de 5 de diciembre del mismo año, por las cuales se
determinó la adquisición de los inmuebles referidos por el
procedimiento de expropiación administrativa, resoluciones que se
notificaron por intermedio de apoderado el 18 de diciembre de 2008.
Manifestó que los recursos para la adquisición de los inmuebles
referidos se encontraban amparados con cargo al presupuesto de
TRANSMILENIO S.A., dentro del esquema de cooperación
interinstitucional definido en el Convenio Interadministrativo núm. 020
de 2001, celebrado entre el IDU y TRANSMILENIO S.A. y sus
modificaciones de 22 de enero de 2002, 27 de mayo de 2002 y 26 de
junio de 2008, según los cuales TRANSMILENIO S.A. asumiría los
pagos con cargo al presupuesto.
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Que el actor interpuso recursos de reposición contra las resoluciones
de oferta antes citadas, bajo los radicados núms. 019321, 019316 y
019315 de 10 de marzo de 2010.
Que con el fin de no violar el debido proceso se dio traslado de todas
las peticiones presentadas a la Corporación Lonja Inmobiliaria de
Bogotá D.C., para que se pronunciara de fondo sobre las múltiples
inquietudes respecto al avalúo; el IDU realizó nueva vista técnica, con
el objeto de revisar las áreas objeto de adquisición y ajustar los
registros topográficos, de lo cual se desprende la inclusión, mediante
las resoluciones modificatorias, de los valores que, por concepto de
daño emergente y lucro cesante, fueron determinados por el avaluador
con los documentos aportados por el recurrente.
Que del simple hecho de decidir el recurso interpuesto por el actor
contra la resolución, que ordenó la expropiación administrativa, se
observa el cumplimiento del debido proceso.
Aclaró que para poder emitir cualquier acto administrativo, que
implique afectación presupuestal, se debe contar con la disponibilidad
presupuestal respectiva, la cual, en este caso, fue expedida por
TRANSMILENIO S.A., por tal razón una vez se contó con la
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disponibilidad presupuestal respectiva para efectos de las
indemnizaciones, por concepto de daño emergente y lucro cesante, se
expidieron las resoluciones respectivas en las cuales se incluyeron
dichos valores.
Resaltó que la Administración puede expedir los actos de expropiación
en cualquier momento, una vez se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 68 de la Ley 388. Esta norma indica a partir de cuándo
se cumplen los presupuestos para emitir dichos actos, esto es, 30 días
hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, de
que trata el artículo 66 ibidem.
Mencionó que la compra de inmuebles es coincidente con la reserva
vial de la TRONCAL TRANSMILENIO CALLE 26, en virtud de la cual las
áreas objeto de oferta de compra y posterior expropiación se ajustan
a la necesidad señalada en dicha reserva, para ser destinada a la obra
pública que obligó su adquisición, aclarando que la decisión de no
adquirir la totalidad del predio se debió a una propuesta presentada
por el propietario y cuyo análisis se adelantó basados en razones
estrictamente presupuestales, para lo cual la Administración decidió
que debía darse trámite a la actuación con arreglo a las ofertas de
compra.
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Sobre el segundo cargo, señaló que el lucro cesante fue tasado de
acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico en concordancia
con la sentencia C -476 de 2007.
Aclaró que en el contrato de arrendamiento se estableció que el mismo
se encuentra sometido a una cláusula resolutoria sin necesidad de
declaración judicial que así lo determine, sin responsabilidad para las
partes, en cualquier momento, en caso que cualquiera de los
inmuebles sufra afectaciones especiales producto de decisión de
autoridad competente durante la vigencia del contrato.
Que, asimismo, el Código Civil en su artículo 64, prevé la fuerza mayor
y el caso fortuito; que la ley señala que estamos frente a uno de estos
casos, cuando se da un hecho irresistible e imprevisible y que de ser
previsible es irresistible, lo que genera una causal de terminación de
los contratos.
Agregó que todos los factores y características propias del inmueble se
tuvieron en cuenta y se pueden observar en los avalúos realizados. Las
primas o Good Will no se tuvieron en cuenta, debido a que el IDU
estaba adquiriendo el inmueble para un uso totalmente diferente al
que actualmente presenta; mientras que el proceso de remediación
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ambiental y demás obras adicionales de la estación sí se tuvieron en
cuenta al momento de la valoración del inmueble.
Expresó que el método de capitalización y rentas se aplica en casos de
negocios en marcha, cuando el solicitante y comprador están
interesados en seguir con el negocio, básicamente cuando el
comprador paga un Good Will y rentabilidad del mismo.
Que si bien es cierto para la asignación del valor se ha tenido el uso
que presenta el inmueble, también lo es que el método aplicado es el
de comparación de mercado, el cual se basa en ofertas y transacciones
dentro del sector y de zonas comparables con la que es objeto de
estudio.
Que para el análisis para la asignación por metro cuadrado del terreno,
se partió de que se trata de un corredor vial y como zona homogénea,
debido a las características del sector.
En relación con el terreno medianero, aclaró que el IDU se ajustó a los
parámetros, en tanto a los terrenos esquineros se les asignó un
plusvalor del 10%, por lo que el medianero tiene un valor de $900.000
por metro cuadrado.
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Que la investigación de mercado fue anexada al informe respectivo.
Alegó, frente al cuestionamiento del actor en relación con la
metodología de encuesta, que esta no se encuentra reglamentada; y
que solo se hace como medio informativo.
Sostuvo que para la determinación del valor comercial de la estación
de servicio se tuvieron en cuenta las obras civiles y la adecuación
general para el normal funcionamiento de aquélla, además de todas
las obras adicionales de demolición y desmonte de equipos, conforme
consta en el informe entregado por la Corporación Lonja Inmobiliaria
de Bogotá D.C.
Adujo, respecto del daño emergente, que se incluyeron todos los ítems
que corresponden al caso en particular, sin que se hayan encontrado
razones para modificar los valores asignados. Y, con relación al lucro
cesante, ratificó lo expresado en los informes realizados.
Que se tuvo en cuenta toda la información recopilada a través de las
diferentes visitas realizadas directamente al inmueble y a sus
propietarios, los estudios de mercado realizados, la información y
documentos obtenidos de los propietarios y del IDU.
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Indicó que el reconocimiento del daño emergente y el lucro cesante,
generado por el cierre de los establecimientos comerciales existentes
en el inmueble a causa de la obra, que pretende el actor sean incluidos
dentro del precio indemnizatorio, solo se generan cuando la
Administración actúa de manera unilateral y arbitraria contra derecho,
situación que no se presenta en el procedimiento de adquisición de
inmuebles por motivos de utilidad pública, el cual se adelanta de
acuerdo con lo previsto en las leyes 9ª de 11 de enero de 19897 y
388, ya que en cumplimiento de dichas normas el titular del derecho
de dominio es informado con suficiente anterioridad a la inminencia del
traslado, lo que le permite iniciar las gestiones tendientes a buscar una
nueva ubicación, aclarar el futuro de la relación contractual con sus
arrendatarios y dado el caso, informar a su clientela.
Afirmó que en atención a la función social de la propiedad, de acuerdo
con lo señalado en el artículo 58 de la Constitución Política y que se
trata de una obra en beneficio general, la indemnización no tiene que
cubrir todos los aspectos necesarios para lograr que el titular del
derecho de dominio logre sustituir el predio expropiado por otro de
semejantes condiciones, toda vez que esta puede cumplir con una
función meramente compensatoria que se traduce en la determinación
7
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
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del valor comercial, sin tener en consideración factores tales como el
daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, entre otros.
Concluyó que el precio indemnizatorio del predio, objeto de
expropiación, es el valor de las áreas de terreno y construcción que lo
conforman, cantidad que se obtiene de realizar una operación
aritmética, previa determinación del valor del metro cuadrado
ponderando los factores señalados en la ley.
Propuso las excepciones de fondo “de la presunción de legalidad del
acto demandado, expedición del acto administrativo conforme los
requisitos formales y materiales” y “de la prevalencia del interés
general sobre el particular”.
I.4.2. TRANSMILENIO S.A., mediante apoderado, también contestó la
demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo,
en esencia, lo siguiente:
Sobre el primer cargo, señaló que los actos acusados se fundaron en
motivos de utilidad pública, de conformidad con lo dispuesto en los
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artículos 1º y 2º del Decreto 317 de 2007; 58, literal e), y 63 de la
Ley 388.
Que no existe inobservancia de los preceptos legales por parte del
IDU, en tanto que actuó con fundamento en facultades legales y
conforme a los fines y funciones de la entidad.
Que el valor tenido en cuenta como precio de los bienes a expropiar,
se basó en el avalúo realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria
de Bogotá D.C., que utilizó el método de comparación de mercado,
el cual era el más idóneo para tasar los precios del bien y su posterior
indemnización al propietario.
Que dicho avalúo se realizó de conformidad con el capítulo III de la
Ley 9ª, las modificaciones realizadas por la Ley 388, lo reglamentado
en el Decreto 1420 (artículo 21) y en el Decreto 619 de 28 de julio
20008.
Que el artículo 25 del Decreto 1420 prevé que para la evaluación de
los avalúos se deberá aplicar alguno de los métodos allí consignados
y no concretamente uno de ellos, razón por la cual es de libre
8
“Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”,
expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
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escogencia por parte del avaluador el método que considere más
idóneo y el que le permita establecer de mejor forma el valor de los
predios, tal y como lo hizo la Corporación Lonja Inmobiliaria de
Bogotá D.C.
Precisó que conforme al artículo 67 de la Ley 388, la indemnización
se deberá reconocer al PROPIETARIO, es decir al actor, y no a
terceros relacionados con éste, que para el presente caso es
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. Por tal razón, no son
de recibo las peticiones del demandante, de que se reconozcan
derechos económicos en virtud del trámite de expropiación en favor
de la mencionada sociedad, dado que no ostenta la calidad de
propietario de los inmuebles y se encuentra, por ende, impedida para
solicitar cualquier restablecimiento del derecho.
Puntualizó que en sentencia C-1074 de 2002, la Corte Constitucional
señaló que no siempre se debe responder íntegramente a los
intereses del afectado; que el reconocimiento del daño emergente y
el lucro cesante generado por el cierre de los establecimientos
comerciales existentes en el inmueble, a causa de la obra, que
pretende el actor sean incluidos dentro del precio indemnizatorio,
solo se generan cuando la Administración actúa de manera unilateral
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y arbitraria, contra derecho, situación que no se presenta en el
procedimiento de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad
pública que se adelanta de conformidad con las leyes 9ª y 388.
Anotó que el precio indemnizatorio del predio es el valor de las áreas
de terreno y construcción que lo conforman, cantidad que se obtiene
de realizar una operación aritmética, previa determinación del valor
del metro cuadrado ponderando los factos señalados en la ley.
Expresó que el IDU dio traslado de todas las peticiones presentadas
a la Corporación Lonja Inmobiliaria D.C., con el fin que la entidad
avaluadora se pronunciara de fondo sobre las múltiples inquietudes
realizadas respecto al avaluó elaborado bajo el método de mercado
y comparación.
Adujo que, asimismo, se evidencia que el IDU realizó una visita de
carácter técnico, con el fin de revisar las áreas objeto de adquisición
y ajustar los registros topográficos, de lo cual se desprende la
inclusión mediante las resoluciones modificatorias de los valores que,
por concepto de daño emergente y lucro cesante, fueron
determinados por el avaluador, con los documentos aportados por el
actor en esa etapa del trámite de expropiación.
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Afirmó, en cuanto al plazo para expedir las resoluciones, que ordenan
la expropiación de los inmuebles declarados de utilidad pública, que
dicho plazo, señalado en el artículo 68 de la Ley 338, no es
perentorio. Lo que indica dicha norma es a partir de cuándo se
cumplen los presupuestos para emitir el acto administrativo de
expropiación, el cual puede expedirse en cualquier momento, una
vez se cumplan los requisitos establecidos en esa disposición, es
decir, que transcurran 30 días hábiles contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo de que trata el artículo 66 ibidem.
Manifestó que no encuentra asidero alguno el argumento del actor
frente a la vulneración del derecho de defensa, ya que el mismo
conoció los avalúos practicados y pudo contradecirlos, dentro de la
actuación administrativa, cuando presentó derechos de petición, a
través de los cuales solicitó aclaración y realización de un nuevo
avalúo.
Respecto del segundo cargo, indicó que el actor incurrió en un yerro,
al señalar que el IDU, por medio de la expedición de las resoluciones
demandadas, no pagó una justa indemnización, puesto que las
mismas fueron expedidas teniendo en cuenta un adecuado y
pertinente avalúo, realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de
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Bogotá D.C., el cual tuvo en cuenta el daño emergente y el lucro
cesante, que debía soportar el actor, con motivo de la expropiación
de sus bienes.
Precisó que los avalúos de los predios se realizaron conforme con las
disposiciones establecidas en la Ley 388, el Decreto 1420, la
Resolución IGAC 0752 de 1998 y la sentencia C- 476 de 2007.
Que tal y como lo señaló la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá
D.C., en su calidad de entidad avaluadora, a través de oficio IDU-
018097 de 11 de marzo de 2010, para tasar el valor de los inmuebles
y determinar el daño emergente y el lucro cesante, como elementos
de la indemnización, con ocasión del trámite de expropiación, se
tuvieron en cuenta todos los elementos que componían la totalidad
de los inmuebles. De esta manera, para pagar una indemnización
justa y completa no solo se debía pagar el valor del inmueble, sino
que, además, se debió tener en cuenta la actividad comercial que allí
se realizaba, conforme se hizo en los avalúos realizados por dicha
entidad.
Sostuvo, frente al argumento del actor de que la Administración no
realizó una indemnización plena en virtud del trámite de
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expropiación, que ella fue quien pagó debidamente el valor de los
inmuebles expropiados, con fundamento en el avalúo realizado por
el experto.
Advirtió que el IDU respetó debidamente los derechos al debido
proceso y contradicción del actor, durante el trámite de expropiación.
Aclaró que es de escogencia del avaluador el método que este
considere más idóneo, el cual le permita establecer de mejor forma
el valor de los predios, pues tal y como lo hizo la Corporación Lonja
Inmobiliaria de Bogotá D.C., el método de comparación o de mercado
permite establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de
ofertas o bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo.
Propuso las siguientes excepciones:
-“Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva”: Argumentó que esta
excepción se presenta, toda vez que TRANSMILENIO S.A. no expidió
los actos administrativos acusados, además de que no tiene dentro
de sus funciones el adelantamiento de trámites de expropiación por
vía administrativa.
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-“Indebido Agotamiento de Requisito de Procedibilidad”: Consideró
que se presenta esta excepción, dado que el actor no citó a
TRANSMILENIO S.A. a comparecer a la audiencia de conciliación
extrajudicial adelantada al Ministerio Público, trámite que resulta
exigible como requisito de procedibilidad, cuando se ejerza el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 22 de enero de
20099 y el numeral 1º del artículo 161 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 201110.
Asimismo, propuso las excepciones de “inexistencia de causal de
nulidad y en consecuencia ausencia de título jurídico que fundamente
el restablecimiento de derechos”, “inexistencia de ilegalidad del acto-
debida escogencia el método de avaluó”, “la indemnización debe
pagarse únicamente al propietario”, y “prevalencia del interés
general sobre el particular”.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 3 de agosto de 2017, la Sección Primera,
Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego
9
“Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”.
10
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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de declarar no probadas las excepciones propuestas por las entidades
demandadas, señaló que tampoco prosperaba la objeción por error
grave al dictamen pericial, elaborado por el auxiliar de justicia David
Ricardo Sánchez Albarracín, debido a que el mencionado perito de
manera efectiva justificó la metodología empleada; que no se
evidencia que el perito en mención carezca de idoneidad o que exista
una equivocación de tal magnitud o que se haya presentado una falla
que tenga entidad de conducir a conclusiones equivocadas, o que el
objeto de la pericia sea diferente o que el mismo no se hubiese
ajustado a un método señalado por el Decreto 1420 y la Resolución
IGAC 620 de 2008.
Explicó que no existe obligatoriedad de atender un determinado
método de avalúo para cada caso, sino que se debe sustentar el
método utilizado, lo cual fue cumplido en este caso.
Que al proceso se allegaron los siguientes avalúos: i) el avalúo oficial
elaborado para la expedición de los actos acusados, por la Corporación
Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C.; ii) el avalúo pericial decretado en
el proceso, realizado por el perito David Ricardo Sánchez Albarracín; y
iii) el peritazgo ordenado para evaluar la existencia de objeción por
error grave, efectuado por Sebastián Arango Castiblanco.
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Que tanto la mencionada Corporación, como el perito David Ricardo
Sánchez Albarracín, presentaron un dictamen individual para cada uno
de los predios, mientras que el perito Sebastián Arango Castiblanco lo
hizo para la totalidad del inmueble e hizo un nuevo dictamen, pero no
valoró el dictamen objeto de objeción.
Asimismo, el Tribunal de primera instancia denegó las pretensiones de
la demanda, al no desvirtuarse la legalidad de los actos acusados, con
fundamento en las siguientes consideraciones que se resumen, así:
Se refirió al primer cargo, indicando que éste no tenía vocación de
prosperidad, para lo cual expresó que la etapa de negociación del
procedimiento de expropiación se inicia con el acto administrativo, que
contiene la oferta de compra que se hace el propietario del bien que
se requiere expropiar, y que en una expropiación por vía
administrativa, hay una negociación directa, la cual inicia a partir de la
notificación, al propietario del inmueble, del acto que determina el
carácter administrativo de la expropiación y se le informa la posibilidad
de negociación directa de compra del bien por el precio allí señalado.
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Que para el asunto bajo estudio, el precio indemnizatorio establecido
en los actos acusados se fijó con base en los avalúos comerciales,
realizados por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C.,
identificados con los núms. AV-820-08-35674 A IDU 04-07 REV 03/
9/12/09, AV-819-08-35675 IDU 04-07 y AV-724-08-35676 IDU 04-
07.
Manifestó que previo a la expedición de las resoluciones acusadas,
hubo una etapa de negociación directa, en la cual el actor tuvo la
oportunidad de pedir revisión del avalúo, no siendo del caso acceder a
su pretensión de violación del debido proceso, por este aspecto.
Precisó que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9ª, la negociación
se realiza con base en el precio del avalúo realizado por el IGAC o la
entidad que cumpla con dichas funciones. Para el presente asunto, el
no encontrarse de acuerdo el propietario con el avalúo determinado
por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. no resulta
violatorio del debido proceso, ya que se trata de una etapa que tiene
como objetivo buscar el acercamiento de las partes, para que lleguen
a un acuerdo, con el objeto de enajenar de manera voluntaria el
inmueble a expropiar, a través de la suscripción de un contrato de
promesa de compraventa.
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Que, en caso de no llegar al acuerdo de voluntades, corresponde a la
Administración disponer la expropiación por vía administrativa,
mediante acto motivado de los bienes inmuebles correspondientes.
Estimó que si bien es cierto que el IDU expidió la resolución, que
ordenó la expropiación del inmueble por fuera del término de 30 días
que prevé el artículo 68 de la Ley 388, también lo es que ello obedeció
a las observaciones presentadas por el actor a los avalúos realizados y
al consecuente estudio que hizo sobre el particular la Corporación
Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., debiendo la Administración
proceder a dar continuidad con el procedimiento de expropiación, al no
haber existido acuerdo alguno entre las partes.
Aclaró que dicho término de 30 días hábiles es el que tienen las partes
para realizar el proceso de negociación después del acto
administrativo, que determinó la adquisición del inmueble y vencida
esta etapa, la autoridad tiene la potestad de expedir el respectivo acto
de expropiación.
En cuanto al segundo cargo, señaló que éste tampoco tenía vocación
de prosperidad.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Afirmó que el perito David Ricardo Sánchez utilizó el método
comparativo o de mercado, sin lugar a cuestionar su aplicación por
parte de la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., por lo que
no hay lugar a determinar que el método aplicable pertinente, para el
caso en particular, era el de capitalización.
Indicó, sobre el argumento del actor de que el IDU omitió realizar
observaciones en relación con el método empleado por la Corporación
Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. dentro del plazo previsto en el
artículo 15 del Decreto 1420, que no le asiste razón, debido a que la
revisión e impugnación del avalúo es facultativo de la entidad, pero no
resulta ser obligatoria.
Expresó que los avalúos realizados por la Corporación Lonja
Inmobiliaria de Bogotá D.C. sí tuvieron en cuenta las construcciones
que había en el terreno, lo que fue ratificado con el oficio núm. 023421
de 24 de marzo de 2010, en el cual la mencionada entidad afirmó
haber tenido en cuenta todos los factores y características propias del
mismo, de conformidad con la norma urbanística aplicable al caso en
particular.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Sostuvo que le asistió razón al IDU, en el sentido de que los bienes
expropiados no tuvieron en cuenta el Good Will, ya que el objeto de la
expropiación era la adquisición el terreno para construir una vía, con
el objeto de destinarla al servicio del sistema de transporte masivo
TRANSMILENIO.
Trajo a colación la sentencia de 14 de mayo de 200911 de la Sección
Primera sobre el carácter reparatorio y pleno de la indemnización, así
como la sentencia C-476 de 2007 de la Corte Constitucional, citada por
el actor, en cuanto al carácter previo y justo de la indemnización.
Anotó que correspondía determinar si en el caso en particular el avalúo
realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. atendió
la normativa urbanística correspondiente, lo que realizaría con base en
el dictamen realizado por el perito David Ricardo Sánchez Albarracín.
Observó que el perito David Ricardo Sánchez Albarracín, en su
dictamen, hizo referencia al objeto del dictamen, las fuentes de
información utilizadas, la normatividad, limitantes y metodologías
empleadas, ubicación e identificación de los predios, los linderos de los
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-
03509-01.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
inmuebles, características de los predios, descripción del sector, su
normativa y servicios públicos, así como a los gastos que presentó y
solicitó la parte actora le fueran reconocidos en la presentación de la
demanda, y a lo dejado de obtener como consecuencia de la
terminación del contrato de arrendamiento.
Señaló que el mencionado perito estableció el precio del inmueble, con
base en el método de comparación o de mercado, esto es, a partir del
estudio de las ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes
y comparables al del avalúo.
Que, en su escrito de aclaración, el mencionado perito señaló que los
inmuebles relacionados en su informe fueron consultados y visitados
en el sector aledaño o contiguo a los predios, en que se hallaba la
estación de servicio.
Estimó, en cuanto a la ausencia de encuestas para determinar el valor
del bien, que según el artículo 9º de la Resolución IGAC 620 de 2008
las mismas son un apoyo al proceso valuatorio, pero no en sí
determinantes del avalúo, por lo cual resultaba necesario que el perito
hubiese realizado visita al inmueble, tal y como, en efecto, ocurrió.
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Afirmó que el perito consideró que a la fecha del cierre del dictamen
pericial se encontraba liquidado el daño emergente y el lucro cesante,
para lo cual realizó el cálculo del lucro cesante futuro, teniendo en
consideración el término de duración del contrato de arrendamiento,
suscrito entre el actor y PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.,
de 18 años y 6 meses.
Señaló que el perito desconoció lo dispuesto en el artículo 21 del
Decreto 21, que establece que el monto equivalente al lucro cesante
solo puede compensarse por un término de 6 meses de las rentas que
dejan de percibirse, por lo que no hay lugar a desvirtuar a través del
dictamen presentado el avalúo realizado por la Corporación Lonja
Inmobiliaria de Bogotá D.C.
Aseveró que el perito tampoco analizó lo señalado por el actor,
relacionado con el desmantelamiento de la estación del servicio, pero
que del contenido del acta de entrega y recibo del actor, PETROBRAS
COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. y el IDU, con registros topográficos
35674, 35675 y 35676 de 16 de septiembre de 2010, se observa que
allí se acordó que el actor se encontraba a paz y salvo por todo
concepto relacionado con el desmantelamiento y remediación
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ambiental de la estación de servicio, por lo que no sería del caso
profundizar sobre este aspecto.
Consideró que, teniendo en cuenta que el actor no demostró que el
avalúo oficial es equivocado, el cargo no prosperaba.
Por último, condenó en costas a la parte vencida.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor fincó su inconformidad, en esencia, así:
Señaló, en primer lugar, que el avalúo comercial practicado sobre el
inmueble, objeto de expropiación, que fue realizado por la
Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., no se ajusta a lo
establecido en las leyes 9ª, 388 y en el Decreto 1420 y a lo señalado
por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en materia de
expropiación y de indemnización integral, debido a que desconoció
de manera sustancial los derechos que tenía el demandante, en
virtud del contrato de arrendamiento que suscribió con PETROBRAS
COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A., mediante escritura pública núm.
1746 de 17 de marzo de 2003, otorgada en la Notaría Sexta del
Círculo de Bogotá, al reconocer un menor valor por concepto de daño
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emergente y lucro cesante, y desconocer la destinación económica
del inmueble.
Argumentó que está demostrado que el IDU no justificó, en los actos
acusados, motivación alguna para no incluir la destinación económica
del inmueble, como criterio, y mucho menos estableció las
motivaciones para dicha exclusión; es decir, no se encuentra
justificación alguna para dicha actuación.
Expresó que se desconoció cualquier elemento adicional a la
infraestructura del inmueble que se encuentra detallado en el avalúo
y lo señalado por la normatividad y jurisprudencia sobre la obligación
de valorar la destinación económica.
Adujo que al no reconocer la existencia de errores en el método
valuatorio realizado, pese a la clara diferencia de los valores
reconocidos por los 3 dictámenes periciales, se evidencian fallas que
no pueden ser identificadas fácilmente en el primer avalúo, por la
precariedad de la información suministrada por el IDU. Por tal razón,
se debió valorar la misma, de acuerdo con los perjuicios
efectivamente probados en el proceso y que el mismo IDU reconoció
no haber pagado, como lo es el caso de los pasivos ambientales
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(suma destinada a cubrir los costos de evaluación y manejo
ambiental), entre otros, “los cuales constituyen reconocer el daño
emergente y lucro cesante” en favor del actor.
Alegó, en segundo lugar, que el Tribunal de primera instancia no
podía aplicar el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 en este
caso, por cuanto dicha norma contiene un criterio para calcular la
indemnización por lucro cesante en los avalúos, que debe realizar
directamente la entidad en aquellos casos en que, como lo dispone
el artículo 37 de la Ley 9ª, se produce la afectación a una obra pública
de un inmueble, como paso previo a la enajenación voluntaria en
favor de la entidad.
Explicó que es equivocado aplicarla en un proceso, en el cual se
discute la indemnización por lucro cesante a causa de la
expropiación.
Afirmó que en lugar de aplicar una norma, como el numeral 6º del
artículo 21 del Decreto 1420, que regula un caso diferente al que es
objeto de este proceso, el a quo debió ordenar una indemnización
plena, que repare integralmente el perjuicio causado al actor, quien
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se vio privado de continuar ejerciendo la actividad económica, que
venía desarrollando.
Sostuvo, en tercer lugar, que el daño emergente debe ser
indemnizado.
Indicó que la sentencia apelada erró al no reconocer una
indemnización que repare la totalidad del perjuicio causado, con
ocasión de la expropiación administrativa adelantada por el IDU, que
desconoció la prueba pericial y el acta suscrita por la demandada, en
la cual reconoció que no estaba pagando la totalidad de los perjuicios
y, en especial, una limitante que es el resultado de una inadecuada
aplicación de una norma que no gobierna la situación fáctica
planteada, por lo cual debe modificarse y, en su lugar, ordenar el
pago de la totalidad de la indemnización calculada adecuadamente
por vía pericial.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, la parte actora, mediante escrito visible a folios 40 a
55 del C. de Apelaciones, insistió en que el avalúo comercial
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practicado sobre el inmueble, objeto de expropiación, que fue
realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C.,
desconoció de manera sustancial los derechos que tenía el
demandante, en virtud del contrato de arrendamiento que suscribió
con PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A., así como la
destinación económica del inmueble; que no existen fundamentos
que justifiquen la aplicación del numeral 6 del artículo 21 del Decreto
1420 en este caso; y que se debe indemnizar el daño emergente y
el lucro cesante acreditado en el proceso en favor del actor.
IV.2.- Por su parte, el IDU, a través de escrito visible a folios 56 a
66 del C. de Apelaciones, indicó que el avalúo practicado en el
proceso acredita que el método comparativo o de mercado es válido
y que resulta acertado que el fallador de primera instancia haya
declarado que no se acreditó que el avalúo oficial estuviera
equivocado.
Adujo que sí es aplicable el numeral 6 del artículo 21 del Decreto
1420, debido a que la normativa que rige la expropiación por vía
administrativa para proyectos de infraestructura de transporte es
clara en señalar el límite temporal de 6 meses para la determinación
de la indemnización por lucro cesante.
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Expresó que de la prueba recaudada no se puede concluir que los
avalúos utilizados por el IDU carecían de sustento técnico y que no
se identificó algún aspecto, en el que se apartaron de los parámetros
establecidos en las resoluciones del IGAC, ni de la realidad fáctica de
los inmuebles expropiado.
Anotó que los gastos relacionados con el desmantelamiento y
remediación ambiental no fueron asumidos por el actor ni por la
empresa propietaria de la estación de servicio, por lo que tampoco
había lugar a su reconocimiento y pago dentro del trámite de
expropiación, porque el IDU pactó con ellos, responsabilizarse del
cumplimiento de esas actividades.
Alegó, además, que en este caso carece de sustento el argumento,
según el cual la indemnización debió cubrir otros perjuicios que
estaban probados, no solo porque el material probatorio recaudado
no soporta esta afirmación, sino también porque la indemnización
reconocida incluyó, como se ordena legal y jurisprudencialmente, los
valores correspondientes a los avalúos de terreno y construcciones,
daño emergente y lucro cesante.
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IV.3.- TRANSMILENIO, mediante escrito visible a folios 8 a 23 297
del C. de Apelaciones, reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda, en cuanto a que no existe causal de
nulidad de los actos acusados; que existió una debida escogencia del
método de avaluó; que la indemnización debía pagarse únicamente
al propietario; y que debe prevalecer el interés general sobre el
particular, razón por la cual solicitó confirmar la sentencia apelada.
IV.4.- En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 521 de 24 de febrero de 2010, por la cual
se ordenó la expropiación por vía administrativa del inmueble
ubicado en la Carrera 19 B núm. 26-01, ubicado en la ciudad de
Bogotá, con Matrícula Inmobiliaria 50C-411646; 522 de 24 de
febrero de 2010, por la cual se ordenó la expropiación por vía
administrativa del inmueble ubicado en la Calle 27 núm. 19B-26 de la
ciudad de Bogotá, con Matrícula Inmobiliaria 50C-415876; 527 de 24
de febrero de 2010, por la cual se ordenó la expropiación por vía
administrativa del inmueble ubicado en la AC 26 núm. 19B-26 de la
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ciudad de Bogotá, con Matrícula Inmobiliaria 50C-443208; y 850 de
24 de marzo de 2010, por la cual se resolvió un recurso de
reposición interpuesto por el actor, en el sentido de confirmar en
todas sus partes las anteriores resoluciones, expedidas por la
Directora Técnica de Predios del IDU de Bogotá D.C.
Previo al análisis de fondo, es del caso advertir que la Sala es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra los fallos de primera instancia en aquellos temas que
constituyeron la oposición específica a la decisión de los Tribunales.
De este modo, el estudio y la competencia del fallador de segunda
instancia, se limitará a examinar los reproches contra los
razonamientos y consideraciones que tuvieron los mismos para
resolver las demandas respectivas.
Esta Corporación, en reiterados pronunciamientos, ha delimitado el
objeto del recurso de apelación y de conformidad con el artículo 357
del CPC, el juez de instancia deberá pronunciarse solamente frente a
los argumentos expuestos por el apelante y, en específico, a las
referencias argumentativas que aduce en el escrito contentivo del
recurso contra la decisión que adoptó la primera instancia.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver las censuras,
expuestas en el recurso de apelación, así:
La primera censura la hace descansar el recurrente en que el
avalúo comercial practicado sobre el inmueble, objeto de
expropiación, que fue realizado por la Corporación Lonja Inmobiliaria
de Bogotá D.C., no se ajustó a lo establecido en las leyes 9ª, 388 y
en el Decreto 1420 ni a lo señalado por el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, en materia de expropiación e indemnización
integral, debido a que desconoció de manera sustancial los derechos
que tenía el demandante, en virtud del contrato de arrendamiento
que suscribió con PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A., la
destinación económica del inmueble expropiado y la suma destinada
a cubrir los costos de evaluación y manejo ambiental, y reconoció un
menor valor por concepto de daño emergente y lucro cesante.
En relación con la controversia sometida al estudio de la Sala, cabe
advertir que la Sección en la sentencia de 14 de mayo de 200912,
aleccionó sobre el alcance de la expropiación administrativa y
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-
03509-01.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
de la indemnización de carácter reparatorio pleno, de la
siguiente manera:
“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, garantiza
la intangibilidad de la propiedad privada y de los derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su inciso 4°,
modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30 de 1999, se
establece sin embargo que, “Por motivos de utilidad pública o
de interés social definidos por el legislador, podrá haber
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización
previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad
y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta
a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto
del precio.” (negrillas ajenas al texto)
En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido
por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por
motivos de utilidad pública o de interés social debidamente
determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una
indemnización de carácter reparatorio y pleno, que comprenda
tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a
los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo
han precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y
el H. Consejo de Estado.
En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece de
manera tajante y asertiva que “Siendo la propiedad un derecho
inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino en
caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y
previa una justa indemnización.” (negrillas ajenas al texto)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte del
llamado «bloque de constitucionalidad», prevé igualmente en
su artículo 21.2 el pago de una indemnización previa y justa
que cubra la totalidad de los perjuicios que se deriven de la
transferencia forzada de un bien de dominio privado en favor
del Estado. Lo anterior significa que el valor que se determine
con esa finalidad, debe ser comprensivo de todas las ablaciones
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la línea
divisoria que marca las fronteras entre el enriquecimiento y el
menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que subyace
en estas normas de rango superior, indica que los daños y
perjuicios que se originen en el acto de autoridad mediante el
cual se decrete la incorporación al dominio público de bienes
de propiedad particular para satisfacer con ellos una necesidad
de interés general, presupone necesariamente la obligación a
cargo de la autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito
de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a
la cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el
hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que
por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal un
detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura
del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló que
el quantum de la expropiación debe abarcar, además del valor
del bien expropiado, el de “…los daños que sean consecuencia
directa e inmediata de la expropiación”. Y agrega: “Por todo lo
anterior, es evidente que la indemnización prevista en el
artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena,
ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro
cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha
sido expropiado.” (Cursivas de la Corte).
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que “[…]
la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que se
irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL BIELSA
comenta que “La reparación integral debe ser justa y
razonable” y continúa diciendo, “…«el justiprecio» es el que
representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (Negrillas
ajenas al texto)
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión
de expropiar un bien del dominio privado, comporta
necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el
daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o
por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda
los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta,
se aparta del postulado de justicia consagrado por el
constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o injusta
ocasiona un menoscabo o desmedro económico al patrimonio
de la persona afectada con la expropiación, a quien le asiste el
derecho subjetivo de ser indemnizada conforme a la garantía
constitucional ya mencionada. En caso contrario, el asunto
podrá ser objeto de acción contencioso-administrativa, puesto
que ésta es procedente respecto del precio, cuando el
expropiado considere incumplido el mandato de que la
indemnización sea justa y plena.
Lo anteriormente expuesto explica el por qué el artículo 71 de
la Ley 388 de 1997, en el cual se regula el proceso contencioso
administrativo especial de expropiación por vía administrativa,
establecen textualmente lo siguiente en el inciso 1° y el
numeral 6°:
Artículo 71º.- Proceso contencioso administrativo. Contra la
decisión de expropiación por vía administrativa procede acción
especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá
interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes
a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da
lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas
particulares: (Subrayado fuera de texto)
[…]
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la
Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse los
motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo
al precio indemnizatorio. (Subrayado fuera de texto)
Como bien se puede observar, los dispositivos legales que se
acaban de indicar, permiten a los propietarios afectados
demandar ante la justicia administrativa el pago de los daños
derivados de una expropiación por vía administrativa, cuando
quiera que el precio indemnizatorio reconocido por la
administración a título de indemnización no alcance a
proporcionar una reparación justa y plena, esto es, cuando la
suma decretada no sea suficiente para cubrir el valor comercial
del inmueble y los demás daños irrogados (Ablatio dominii),
con lo cual se quiere evitar una ruptura del principio de igualdad
frente a las cargas públicas.
Por otra parte, no sobra precisar que para poder obtener
la reparación de los daños accesorios que hubieren
podido consumarse con la expropiación, es
indispensable que los mismos sean ciertos y que exista
necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la
expropiación.
El carácter resarcible del daño depende
fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia, pues
es claro que las lesiones de carácter hipotético,
estocástico o contingente no pueden ser objeto de
reparación o compensación. El agravio debe estar
revestido entonces de certeza para que produzca efectos
jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello
que constituya una simple conjetura o una suposición no
puede dar lugar a una indemnización […]” (Destacado
fuera de texto).
Por lo tanto, aunque el Estado está expresamente facultado para
limitar el derecho de propiedad vía expropiación, siempre que existan
motivos de utilidad pública e interés general, también le asiste la
obligación ineludible de reconocer y pagar una indemnización previa,
plena y justa a quien debe ceder su derecho en favor de la
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
comunidad, lo que no obsta para que el afectado acuda a la
jurisdicción de lo contencioso administrativa si considera que aquélla
no lo repara en forma justa y plena, en cuyo caso tendrá la carga de
probar, no sólo la existencia y certeza de aquellos perjuicios que
pretende le sean reconocidos, sino el nexo de causalidad entre ellos
y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la
expropiación, pues la simple conjetura o suposición no puede dar
lugar a una indemnización.
Sobre esta temática, debe señalarse que el actor es quien tiene
la carga de probar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorreción.
En cuanto a la carga de la prueba frente a la inconformidad con
el valor de la indemnización, conviene precisar que en la sentencia
antes invocada, de 14 de mayo de 2009, que ahora se prohíja, esta
Sección se pronunció así:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia
que el precio del inmueble establecido por la administración
se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque
se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento
ni en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente las
operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se
tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo
cual permite concluir que contra el justiprecio
realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra
el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia
de la mencionada información, el avalúo practicado por
la Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego
prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su
incorrección.
[…]
Según el criterio expresado por esta Corporación, en estos
casos resulta insuficiente la mera exposición de los
resultados de las operaciones periciales practicadas y
de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas
de las explicaciones relativas a su origen y al proceso
lógico e intelectivo que ha conducido a su obtención,
omitiendo la exposición y explicación de las razones
por las cuales no es dable mantener otro criterio
diferente.
Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la
autoridad judicial no cuenten con los conocimientos
especializados del perito, es de esperar que éste revele los
datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un
entendido en la materia puede reputar elementales, un
profano puede encontrarlos inasequibles. Obsérvese que el
cometido principal de cualquier experticia no es otro que la
persuasión, y esta difícilmente se logra cuando solamente se
efectúan afirmaciones o negaciones de manera apodíctica,
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
negándole al juez y a las partes la posibilidad de conocer los
rudimentos básicos del análisis efectuado. La labor del perito
consiste precisamente en proporcionar, junto con el fruto de
su propia interpretación, los fundamentos que lo soportan,
para situar a sus destinatarios en condiciones de poder
valorar la objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la
sensatez de las conclusiones presentadas.
Teniendo cuenta las falencias que quedan expuestas y ante
la imposibilidad de dar plena credibilidad a la prueba pericial
practicada en el proceso en relación con el justiprecio del
inmueble expropiado, la Sala considera, al amparo de la
sana crítica, que el actor no logró desvirtuar en el
proceso la corrección del justiprecio preparado por la
Subdirección de Catastro de Medellín. Por esa misma
razón ha de concluirse que el actor tampoco logró
desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los
actos administrativos demandados que acogieron ese
justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún
medio de prueba que permita demostrar que el avalúo
fijado por la administración fuese incorrecto, no hay
ninguna razón para decretar la nulidad parcial
deprecada por el actor en lo relativo al precio
indemnizatorio.
Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral 6° del
artículo 237 del C. de P. C., en donde se dispone que "El
dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se
explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones
efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos
o artísticos de las conclusiones". Esta disposición consagra la
necesidad de explicar el por qué se rinde el dictamen en
determinado sentido, indicando las razones de orden técnico,
científico o artístico que se tuvieron en cuenta para conceptuar,
a fin de que, como ya se dijo, las partes puedan ejercer el
derecho de contradicción de la prueba y el juez, por su parte,
pueda valorar la racionalidad y objetividad de las conclusiones
emitidas.
El actor tenía la carga de demostrar la incorrección del
avalúo oficial y acreditar la corrección del justiprecio
presentado por quien actuó como perito en el curso de
la primera instancia, cometido que no se logró en el
asunto sub examine.
Por todo lo anterior, habrá de modificarse la sentencia de
primer grado, en el sentido de revocar la condena impuesta al
Municipio de Medellín en lo que tiene que ver con el pago de
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
las sumas pretendidas en relación con el valor indemnizatorio
del inmueble […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).13
Frente a este asunto, en sentencia de 14 de septiembre de 202014,
la Sección Primera reiteró que no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe convencer al juez del
error en el que ha incurrido la Administración al fijar un monto
específico para la indemnización.
Asimismo, que el justo precio de la indemnización expropiatoria se
encuentra amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el avalúo técnico
brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo que ordena la
expropiación, por lo que deberá ser desvirtuado a través de los
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, de la
siguiente manera:
“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe convencer
13
Este criterio fue reiterado por esta Sección en sentencia proferida el 11 de julio de 2019 (Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,
núm. único de radicación 25000-23-24-000-2012-00509-01).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.
Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.
“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor tampoco
logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los
actos administrativos demandados que acogieron ese
justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún medio
de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la
administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para
decretar la nulidad parcial deprecada por el actor en lo
relativo al precio indemnizatorio.” 15[…]” (Destacado fuera de
texto).
Dentro del expediente, obra copia de los Avalúos comerciales AV-
819-08-35675 IDU 04-07, AV-820-08-35674 IDU 04-07 y AV-724-
08-3567 IDU 04-07, realizados por la Corporación Lonja
Inmobiliaria de Bogotá D.C., respecto de los inmuebles de
propiedad del actor, ubicados en la ciudad de Bogotá, en la Carrera
19 B núm. 26-01, antes Carrera 20 núm. 26-01, con Matrícula
Inmobiliaria 50C-411646; en la Calle 27 núm. 19B-26 de la ciudad de
Bogotá, antes Calle 27 núm. 20-67, con Matrícula Inmobiliaria 50C-
415876; y AC 26 núm. 19B-26, antes Calle 27 núm. 20-66) de la
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
ciudad de Bogotá, con Matrícula Inmobiliaria 50C-443208, objeto de
expropiación administrativa, en los cuales constan los siguientes
datos:
1. INMUEBLE UBICADO EN LA CRA 19 B NÚM. 26-01 (CRA 20
NÚM. 26-01) CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 50C-411646
“[…] INFORME TÉCNICO DE AVALÚO
1. INFORMACIÓN BÁSICA GENERAL
• Propósito del avalúo: Estudios y deseños de la Troncal Calle 26
(Avenida El Dorado- Avenida José Celestino Mutis)
• Clase de avalúo: Comercial Corporativo
• Fecha del avalúo: 13 de noviembre de 2008
• Dirección del Inmueble: KRA 20 NÚM. 26-01
• Propietario
• Localidad: Teusaquillo
• Barrio: La Estrella
• Tipo de inmueble: LOTE DESTINADO A ESTACIÓN DE SERVICIO
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
• Actividad predominante: Comercial
• Estrato: 3
• Vías de acceso al sector: Calle 26, Avenida Caracas, Carrera 20, entre
otras
• Tipo de desarrollo: heterogéneo
• Transporte público: X
• Norma aplicable: UPX 101 Teusaquillo, Decreto 492 de 26/10/2007
Tratamiento de Renovación Urbana, Zona Centro Tradicional
3. INFORMACIÓN JURÍDICA
• Escritura: 7317
• Fecha: 13/12/1977
• Notaría: 4
• Matrícula Inmobiliaria:50C-411676
• Ced. Catastral:26 20 5
4. TERRENO
• Manzana
• Lote
• Topografía: Plana
• Forma: Irregular
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
• Servicios Públicos: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
teléfono, alumbrado público.
5. CONSTRUCCIÓN
• Distribución Interior
• Otras Áreas: Lote de terreno Libre con Destinación Estación de
Servicio
• Vida Útil Económica
• Funcionabilidad: Buena
• Especificaciones Constructivas (fachada: libre)
• Acabados Interiores: Pisos: Especificaciones según estaciones
de servicio
• Estado de conservación: Bueno
6. METODOLOGÍA VALUATORIA
• Comparativo de Mercado
7. AVALÚO COMERCIAL
Descripción Área Valor Valor Total
en M2 Unitario
Lote de 113,16 $990.000.00 $112.028.400,00
terreno
Construcción 22.03 $150.000.00 $3.304.500.00
primer piso
TOTAL $115.332.900,00
ESTE
AVALÚO
[…]”16.
“[…] AVALÚO INDEMNIZACIÓN DAÑO EMERGENTE
• Dirección del Inmueble y/o negocio objeto de este estudio: KRA 20
NÚM. 26-01
• Tipo de inmueble: LOTE DESTINADO A ESTACIÓN DE SERVICIO
VALOR AVALÚO COMERCIAL INMUEBLE: $115.332.900,00
• Gastos Notariales 3 por mil: $345.999
• Iva 16% sobre gastos notariales: $55.360
• Retención del 3,5% sobre gastos notariales: $12.110
• Papelería $1,850por hoja, 15 hojas por escritura, total 3 copias:
$83.250
• Iva papelería 16%: $13.320
• Total Gastos Notariales: $510.038
16
Folio 94 del C. Principal.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
• Taponamiento de Servicios por Cuenta Propietario: $300.000
[…]
TOTAL AVALÚO INDEMNIZACIÓN DAÑO EMERGENTE:
$810.038 […]”17.
2. INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 27 NÚM. 19B-26 (CALLE
27 NÚM. 20-67), CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 50C-415876
“[…] INFORME TÉCNICO DE AVALÚO
1. INFORMACIÓN BÁSICA GENERAL
• Propósito del avalúo: Estudios y deseños de la Troncal Calle 26
(Avenida El Dorado- Avenida José Celestino Mutis)
• Clase de avalúo: Comercial Corporativo
• Fecha del avalúo: 13 de noviembre de 2008
• Dirección del Inmueble: CALLE 27 NÚM. 20-67
• Propietario
• Localidad: Teusaquillo
• Barrio: La Estrella
• Tipo de inmueble: LOTE DESTINADO A ESTACIÓN DE SERVICIO
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
• Actividad predominante: Comercial
• Estrato: 3
• Vías de acceso al sector: Calle 26, Avenida Caracas, Carrera 20, entre
otras
• Tipo de desarrollo: heterogéneo
• Transporte público: X
• Norma aplicable: UPX 101 Teusaquillo, Decreto 492 de 26/10/2007
Tratamiento de Renovación Urbana, Zona Centro Tradicional
3. INFORMACIÓN JURÍDICA
• Escritura: 2983
• Fecha: 5/09/1977
• Notaría: 2
• Matrícula Inmobiliaria:50C-415876
• Ced. Catastral:26 20 3
4. TERRENO
• Manzana: 26 22
• Lote
• Topografía: Plana
• Forma: Irregular
17
Folio 95 del C. Principal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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62
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
• Servicios Públicos: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
teléfono, alumbrado público.
5. CONSTRUCCIÓN
• Distribución Interior
• Islas: 4
• Bodega: 2
• Vestier: 1
• Oficina: 2
• Planta Ele: 1
• Baños: 2
• Otras Áreas: Lote de terreno Libre con Destinación Estación de
Servicio, Cuenta con un área de Lubricación
• Vida Útil Económica: 94 construcción
• Funcionabilidad: Buena
• Especificaciones Constructivas (Estructura: vigas y columna;
Fachada: libre, pañete, estuco, pintura; Cubierta: Placa concreto y
lamina; Puertas: metálicas y de seguridad; Mampostería: bloques y
ladrillos)
• Acabados Interiores: Pisos: Especificaciones según estaciones
de servicio; Baño: convencional; Muros: pañete, estuco y pintura;
Puertas interiores: metálicas.
• Estado de conservación: Bueno
6. METODOLOGÍA VALUATORIA
• Comparativo de Mercado
7. AVALÚO COMERCIAL
Descripción Área Valor Valor Total
en M2 Unitario
Terreno 1107,91 $990.000.00 $1.096.830.900,00
Construcciones 91,43 $900.000.00 $82.287.000.00
CANOPI 81,12 $250.000.00 $20.280.000.00
ZONA DURA 740,13 $150.000.00 $11.019.500.00
COSTO DE VALOR $1.165.758.243
REPOSICIÓN GLOBAL
ESTACIÓN DE
SERVICIO
TOTAL ESTE $2.479.175.643
AVALÚO
[…]”18
18
Folio 103 del C. Principal.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
“[…] AVALÚO INDEMNIZACIÓN DAÑO EMERGENTE
• Dirección del Inmueble y/o negocio objeto de este estudio: CL 27
NÚM. 20-67
• Tipo de inmueble: LOTE DESTINADO A ESTACIÓN DE SERVICIO
VALOR AVALÚO COMERCIAL INMUEBLE: $2.479.176.642,66
• Gastos Notariales 3 por mil: $7.437.527
• Iva 16% sobre gastos notariales: $1.190.004
• Retención del 3,5% sobre gastos notariales: $260.313
• Papelería $1,850 por hoja, 15 hojas por escritura, total 3 copias:
$83.250
• Iva papelería 16%: $13.320
• Total Gastos Notariales: $5.984.415
• Taponamiento de Servicios por Cuenta Propietario: $300.000
[…]
TOTAL AVALÚO INDEMNIZACIÓN DAÑO EMERGENTE:
$9.284.415 […]”19
“[…] VALOR DE CONSTRUCCIÓN POR MÉTODO DE REPOSICIÓN
TABLA DEPRECIACIÓN SEGÚN FITTO CORVINI
[…]
PORCENTAJE TOTAL COSTOS DIRECTOS: 19,90%
FUENTE DEL VALOR CONSTRUDATA: $1.194.795,00
[…]
VALOR M2 DE CONSTRUCCIÓN: $903.279,49
APROXIMACIÓN A MIL: $900.000.000 […]”20
“[…] VALOR REPOSICIÓN OBRAS ESTACIÓN DE SERVICIO
[…]
-DIRECCIÓN INMUEBLE Y/O NEGOCIO OBJETO DE ESTE ESTUDIO:
CL 27 NÚM. 20-67
-TIPO DE INMUEBLE: ESTACIÓN DE SERVICIO
DESMONTE DE MUEBLES Y EQUIPO(TANQUES): $68.724.654.
[…]
-TANQUES: $522.917.130
19
Folio 104 del C. Principal.
20
Folio 105 del C. Principal.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
[…]
-OBRA CIVIL INCLUYE: $448.775.754
[…]
-VALOR COSTO DE REPOSICIÓN: $1.362.506.695
[…]
-VALOR DE CONSTRUCCIÓN DE REPOSICIÓN ESTACIÓN DE
SERVICIO: $1.168.758.243 […]”21.
3. INMUEBLE UBICADO EN LA AC 26 NÚM. 19B-26 (CALLE 27
NÚM. 20-66), CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 50C-443208
“[…] INFORME TÉCNICO DE AVALÚO
1. INFORMACIÓN BÁSICA GENERAL
• Propósito del avalúo: Estudios y deseños de la Troncal Calle 26
(Avenida El Dorado- Avenida José Celestino Mutis)
• Clase de avalúo: Comercial Corporativo
• Fecha del avalúo: 30 de julio de 2008
• Dirección del Inmueble: CALLE 27 NÚM. 20-66
• Propietario
• Localidad: Teusaquillo
• Barrio: La Estrella
• Tipo de inmueble: LOTE DESTINADO A ESTACIÓN DE SERVICIO
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
• Actividad predominante: Comercial
• Estrato: 3
• Vías de acceso al sector: Calle 26, Avenida Caracas, Carrera 20, entre
otras
• Tipo de desarrollo: heterogéneo
• Transporte público: X
• Norma aplicable: UPX 101 Teusaquillo, Decreto 492 de 26/10/2007
Tratamiento de Renovación Urbana, Zona Centro Tradicional
Área de actividad central, Modalidad de Desarrollo, Ficha 11, Sector
11.
3. INFORMACIÓN JURÍDICA
• Escritura: 3327
• Fecha: 15/09/1976
• Notaría: 2
• Matrícula Inmobiliaria:50C-443208
• Ced. Catastral:26 20 6
21
Folios 106 a 116 del C. Principal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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65
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
4. TERRENO
• Manzana
• Lote
• Topografía: Plana
• Forma: Irregular
• Servicios Públicos: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
teléfono, alumbrado público.
5. CONSTRUCCIÓN
• Distribución Interior
• Otras Áreas: Lote de terreno Libre con Destinación Estación de
Servicio
• Vida Útil Económica
• Funcionabilidad: Buena
• Especificaciones Constructivas
• Acabados Interiores: Pisos: Especificaciones según estaciones
de servicio
• Estado de conservación: Bueno
6. METODOLOGÍA VALUATORIA
• Comparativo de Mercado
7. AVALÚO COMERCIAL
Descripción Área Valor Valor Total
en M2 Unitario
Lote de 505,20 $900.000.00 $454.680.000,00
Terreno
Zona Libre 311,35 $150.000.00 $46.702.500.00
Dura
Piso Teja 87,32 $400.000.00 $34.928.000.00
TOTAL $536.310.500.00
ESTE
AVALÚO
[…]”22
“[…] VALOR DE CONSTRUCCIÓN POR MÉTODO DE REPOSICIÓN
TABLA DEPRECIACIÓN SEGÚN FITTO CORVINI
[…]
PORCENTAJE TOTAL COSTOS DIRECTOS: 19,90%
22
Folio 121 del C. Principal.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
FUENTE DEL VALOR CONSTRUDATA: $1.194.795,00
[…]
VALOR M2 DE CONSTRUCCIÓN: $903.279,49
APROXIMACIÓN A MIL: $900.000.000 […]”23
“[…] AVALÚO INDEMNIZACIÓN DAÑO EMERGENTE
• Dirección del Inmueble y/o negocio objeto de este estudio: CL 27
NÚM. 20-66
• Tipo de inmueble: LOTE DESTINADO A ESTACIÓN DE SERVICIO
VALOR AVALÚO COMERCIAL INMUEBLE: $536.310.500.00
Gastos Notariales 3 por mil: $1.608.932
• Iva 16% sobre gastos notariales: $257.429
• Retención del 3,5% sobre gastos notariales: $56.313
• Papelería $1,850 por hoja, 15 hojas por escritura, total 3 copias:
$83.250
• Iva papelería 16%: $13.320
• Total Gastos Notariales: $5.984.415
• Taponamiento de Servicios por Cuenta Propietario: $2.019.243
[…]
TOTAL AVALÚO INDEMNIZACIÓN DAÑO EMERGENTE:
$5.240.283 […]”24.
Adicionalmente, los informes de avalúos contienen un “AVALÚO
INDEMNIZACIÓN LUCRO CESANTE” de los inmuebles antes
indicados, elaborado el 9 de junio de 2009, por un valor total de
$92.434.788, en el cual se destacan las siguientes observaciones, las
normas aplicables, metodología aplicada y valores:
“[…] OBSERVACIONES: Para la determinación de este lucro
cesante de estos RT se han tomado como base el
contrato de arrendamiento suscrito mediante escritura
pública No- 1476 de la Notaría 6 de Bgta de fecha 17
de marzo/2003 y la normatividad establecida en el
23
Folio 123 del C. Principal.
24
Folio 104 del C. Principal.
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67
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Decreto 1420 de 1998 y que hacen relación con el
arrendamiento de los lotes que el propietario entregó
en dicha calidad inicialmente a la firma SHELL, hoy
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. sobre el
particular se debe tener en cuenta la cláusula 6 de la
escritura antes mencionada para los efectos legales a que
haya lugar y el valor del arrendamiento mensual actualizado
a la suma de $14.308.348.
NORMAS APLICABLES: Ley 388 de 1997, Decreto 1420
de 1998, Resolución IGAC 0762 de 1998 y sentencia
Corte Constitucional 476 de 2007.
METODOLOGÍA: La metodología que hemos utilizado para
la determinación de este avalúo está basada en la naturaleza
u origen de la renta que produce el establecimiento comercial
objeto del estudio mediante el sustento documentario y
complementariamente la verificación que directamente se
realizó por parte de la firma avaluadora. Igualmente se ha
determinado un tiempo de seis meses que es producto de los
análisis económicos llevados a cabo y que está directamente
relacionado con el tiempo que demora el proceso en
enajenación para que el propietario reciba la totalidad de
pago del inmueble es decir que el proceso quedará
finiquitado.
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES: $15.405.798
TOTAL INGRESOS: $15.405.798
[…] (Destacado fuera de texto).
DESCRIPCIÓN No. DE VALOR MES VALOR TOTAL
MESES
ESTIMADOS
VALOR LUCRO 6 $15.405.798 $92.434.788
CESANTE
GRAN TOTAL $92.434.788
AVALÚO
[…]”25.
25
Folio 96 del C. Principal.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Como se puede observar, en el avalúo comercial practicado sobre los
inmuebles, objeto de expropiación, que fue realizado por la
Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., además de señalar
que aplicó la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998, la
Resolución IGAC 0762 de 1998 y la sentencia Corte Constitucional C-
476 de 2007, se tuvo en cuenta la destinación económica de los
inmuebles, esto es, que se trataba de un lote destinado a Estación
de Servicio, así como su infraestructura o construcciones (islas,
bodega, vestier, oficinas, plantas, baños, áreas, especificaciones
constructivas, funcionalidad, fachada, mampostería, estado de
conservación, y que sus acabados interiores tenían especificaciones
según estaciones de servicio), pues así lo dejan traslucir los Informes
Técnicos de Avalúos y los Avalúos Indemnización Daño Emergente.
Lo anterior fue corroborado por la mencionada Lonja Inmobiliaria, la
que a través de oficio núm. 023421 de 24 de marzo de 201026, dirigido
al IDU, luego de revisar y analizar cada uno de los informes valuatorios
con sus correspondientes sustentos, que le sirvieron de base para
obtener los resultados que incluyeron, señaló:
“[…] ESTUDIO COMERCIAL DEL INMUEBLE
[…]
26
Folios 276 a 278 del C. Anexo RT 35674.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Para la determinación del valor comercial de la estación de
servicio, se han tenido en cuenta todas las obras civiles y la
adecuación general tenida en cuenta para el normal
funcionamiento de una estación de servicio.
Asimismo, dentro de dicho valor comercial se han tenido en
cuenta todas las obras adicionales de demolición y desmonte
de equipos, como así consta en el informe entregado por la
Lonja. […]”.
Además, de manera específica, se tiene que el avalúo oficial se refirió
al contrato de arrendamiento que suscribió el actor con PETROBRAS
COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A., en el informe denominado
Indemnización Lucro Cesante, cuando al efecto indicó:
“[…] OBSERVACIONES: Para la determinación de este lucro
cesante de estos RT se han tomado como base el
contrato de arrendamiento suscrito mediante escritura
pública No- 1476 de la Notaría 6 de Bgta de fecha 17
de marzo/2003 y la normatividad establecida en el
Decreto 1420 de 1998 y que hacen relación con el
arrendamiento de los lotes que el propietario entregó
en dicha calidad inicialmente a la firma SHELL, hoy
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. sobre el
particular se debe tener en cuenta la cláusula 6 de la
escritura antes mencionada para los efectos legales a que
haya lugar y el valor del arrendamiento mensual actualizado
a la suma de $14.308.348.
[…]
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES: $15.405.798
TOTAL INGRESOS: $15.405.798
[…] (Destacado fuera de texto).
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Por lo tanto, no es cierto, como lo adujo el recurrente, que el avalúo
oficial haya desconocido la destinación económica de los inmuebles
expropiados, ni el referido contrato de arrendamiento.
Cabe mencionar que en dichos avalúos, además de lo anterior, se
identificaron y describieron los inmuebles por sus aspectos físicos,
tales como área, ubicación, topografía y forma, sus situaciones
jurídicas (norma jurídica vigente), sus servicios públicos, vías de
acceso, áreas, descripción económica del sector, áreas de
construcciones existentes, elementos constructivos empleados en
sus estructuras y acabados, obras adicionales o complementarias
existentes, vida útil económica, funcionalidad del inmueble para lo
cual fue construido, estado de conservación, como lo exige el Decreto
1420, en sus artículos 2127 y 2228.
27
“[…] Artículo 21º.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor
comercial:
1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la realización del avalúo
en relación con el inmueble objeto del mismo.
2. La destinación económica del inmueble.
3. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará sobre las
áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad.
4. Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de
construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos. […]”.
28
“[…] Artículo 22º.- Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener en
cuenta por lo menos las siguientes características:
A. Para el terreno
1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma 2. Clases de Suelo: urbano, rural, de
expansión urbana, suburbano y de protección
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
4. Tipo de construcciones en la zona
5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así,
como la infraestructura vial y servicio de transporte
6. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en cuenta las agrológicas
del suelo y las aguas.
7. La estratificación socioeconómica del inmueble
B. Para las construcciones:
1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Además, se especificó que se había utilizado el “comparativo de
mercado”, como método valuatorio, así como el valor comercial
correspondiente a cada uno de los inmuebles, objeto de
expropiación, esto es, $116.142.938 (correspondiente al predio con
matrícula inmobiliaria 50C-411646); $2.568.543.223
(correspondiente al predio con matrícula inmobiliaria 50C-415876);
$541.550.783 (correspondiente al predio con matrícula inmobiliaria
50C-443208), conforme lo preceptúa el citado Decreto 1420, en su
artículo 2029.
La Sala enfatiza que de conformidad con lo previsto en los artículos
25 y 26 del Decreto 1420, para la elaboración de los avalúos que se
requieran con fundamento en las leyes 9º y 388, se deberá aplicar
uno de los siguientes métodos: el método de comparación o de
mercado, el de renta o capitalización por ingresos, el de costo de
reposición, y el residual, o si el caso lo amerita varios de ellos.
2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados
3. Las obras adicionales o complementarias existentes
4. La edad de los materiales
5. El estado de conservación física
6. La vida útil económica y técnica remanente
7. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido […]”.
29
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación. […]”.
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Sobre el particular, la Resolución 620 de 2008, expedida por el
Director General del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, definió
los referidos métodos, de la siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o
transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
ARTÍCULO 2o. MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE
RENTAS O INGRESOS. Es la técnica valuatoria que busca
establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas
o ingresos que se puedan obtener del mismo bien, o
inmuebles semejantes y comparables por sus características
físicas, de uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma
de los probables ingresos o rentas generadas en la vida
remanente del bien objeto de avalúo, con una tasa de
capitalización o interés.
PARÁGRAFO. Se entiende por vida remanente la diferencia
entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea
el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros
de carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan
estructura en concreto, metálica o mampostería estructural,
la vida útil será de 100 años.
ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es
el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se
le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para
ello se utilizará la siguiente fórmula:
Vc = {Ct – D} + Vt
En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno.
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PARÁGRAFO. Depreciación. Es la porción de la vida útil que
en términos económicos se debe descontar al inmueble por
el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida
remanente del bien.
Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo
el más conocido el Lineal, el cual se aplicará en el caso de las
maquinarias adheridas al inmueble. Para la depreciación de
las construcciones se deben emplear modelos continuos y no
los discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema
que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación, tal
como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se presentan
las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3
y 4.
ARTÍCULO 4o. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. Es el que
busca establecer el valor comercial del bien, normalmente
para el terreno, a partir de estimar el monto total de las
ventas de un proyecto de construcción, acorde con la
reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el
mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de
avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar,
al monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y
la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es
indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica
se evalúe la factibilidad comercial del proyecto, es decir la
real posibilidad de vender lo proyectado. […]”.
En el presente caso, la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá
D.C., tal y como consta en los Informes Técnicos de Avalúos e
Informes de Valor de Construcción por método de Reposición, de los
inmuebles, acudió, por una parte, al método de comparación o de
mercado para establecer el valor comercial de los terrenos; y, por la
otra, al método de costo de reposición, a fin de determinar el valor
comercial de las construcciones, los cuales resultan aplicables, en
virtud de lo señalado en los citados artículos 1º y 3º de la Resolución
núm. 620 de 2008 y 25 y 26 del Decreto 1420.
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Para sustentar el método de comparación o de mercado, anexó la
“Investigación General de Inmuebles ubicados entre la Carrera 16
Hasta la Carrera 30 Sobre la Avenida Calle 26”30, en la cual se
recopilaron datos de ofertas de 15 inmuebles, respecto de cada uno
de ellos indicó el teléfono, la dirección, el valor de la oferta, el valor
ajustado, el área de terreno en metros cuadrados y su valor, el área
de construcción en metros cuadrados y su valor, el valor total de la
construcción, las observaciones; así como la media aritmética,
desviación de estándar y el coeficiente de variación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 1º de la Resolución núm. 620 de 2008,
que exige el estudio de ofertas y transacciones recientes de bienes
semejantes comparables, en la aplicación del método de
comparación o de mercado.
Y para fundamentar el método de costo de reposición, a fin de
determinar el valor de las construcciones en metros cuadrados,
adoptó una tabla de depreciación según FITTO Y CORVINI, utilizó la
información que le proporcionó CONSTRUDATA, la cual constituye
fuente oficial de consulta y es constantemente utilizada en la
aplicación de los métodos determinados por el IGAC en la Resolución
30
Folio 250 del C. Anexo RT-35674.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
núm. 620 de 200831, y expuso los costos directos de construcción e
indirectos, así como información referente a la vetustez y vida útil de
los inmuebles, el valor resultante años sobre el 100%, clase del
inmueble, porcentaje y valor de depreciación.
Ahora, en lo que respecta a la suma destinada a cubrir los costos de
evaluación y manejo ambiental, que a juicio del apelante fue
desconocida, la Sala debe poner de presente que el Tribunal en el
fallo de primera instancia consideró lo siguiente:
“[…] del contenido del acta de entrega y recibo de William
Piedrahita Gutiérrez y Petrobras Colombia Combustible S.A.
e IDU Predios Registros Topográficos núms. 35674, 35675 y
35676 de 16 de septiembre de 2010, se observa que allí se
acordó que el hoy actor se encontraba paz y salvo por todo
concepto relacionado, por lo que no sería del caso
profundizar sobre este aspecto […]”.
Por su parte, el IDU, al momento de alegar de conclusión, en segunda
instancia, se refirió al acta de entrega y sobre dicho asunto, en los
siguientes términos:
“[…] debemos aclarar que dicho documento lo que
realmente prueba es que la entidad exoneró a los
propietarios de los inmuebles y del establecimiento de
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
comercio Estación de Servicio Petrobras Calle 26, de la
realización de las obras relacionadas con el
desmantelamiento y remediación ambiental, acorde a
lo exigido por la Secretaría Distrital de Ambiente. Esta
circunstancia se genera porque al no haber reconocido la
suma correspondiente a estas obras, el IDU tampoco exigió
de los particulares su ejecución y por el contrario se obligó
a asumir las actividades de evaluación y manejo
ambiental. Según consta en la cláusula Tercera del referido
documento “el IDU se compromete a mantener indemne a
Petrobras Colombia Combustible S.A. y a William Piedrahita
Gutiérrez en relación con cualquier hecho o requerimiento de
cualquier autoridad ambiental (…). De lo anterior se deduce
que con este documento se adecúo el procedimiento
administrativo con el objetivo de que los destinatarios de la
expropiación no tuvieran que adelantar actividades no
contempladas en la indemnización. La suscripción de este
documento es prueba de que la entidad demandada siempre
respetó el debido proceso, y los derechos de audiencia y
defensa de los propietarios, adecuando las responsabilidades
radicadas en su cabeza a lo efectivamente indemnizado en el
trámite administrativo. Es de resaltar que los gastos
relacionados con el desmantelamiento y remediación
ambiental no fueron asumidos por el demandante ni la
empresa propietaria de la estación de servicio, por lo que
tampoco había lugar a su reconocimiento y pago
dentro del trámite de expropiación, porque el IDU
pactó con ellos, responsabilizarse del cumplimiento de
esas actividades. […]” (Destacado fuera de texto).
Además, a folios 336 a 341 del Cuaderno Anexo RT-35674, obra el
“Acta de Entrega y Recibo de WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ y
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. e IDU Predios Registros
Topográficos núms. 35674, 35675 y 35676”, de 16 de septiembre de
2010, en la que se estableció, en sus consideraciones sexta y séptima
y en su cláusula tercera, lo siguiente:
“[…] CONSIDERACIONES
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
[…]
SEXTA: Mediante comunicación UN- COL/GDST 0073
dirigida a la Dirección Técnica del Que en virtud de lo
anterior, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO “IDU”,
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. remitió copia de
los oficios con radicado 2009EE12811 del 16 de marzo de
2009 y 2010EE25295 del 9 de junio de 2010, mediante los
cuales la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE informa que
el proceso de desmantelamiento de la estación de servicio
PETROBRAS Calle 26, debe ser realizado siguiendo los
procedimientos establecidos en el Capítulo 5.4. de la Guía
Ambiental para Estaciones de Servicios de Combustibles
Líquidos y en el Capítulo 5 de la Resolución No. 1170 del 11
de noviembre de 1997 expedida por el Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente.
Igualmente, se le reiteró al IDU, que los costos de
remediación ambiental de la Estación de Servicio no
fueron tenidos en cuenta dentro del valor del Precio
Indemnizatorio y por tal razón dicha actividad no se
realizaría.
SÉPTIMA: Que en virtud de lo anterior, PETROBRAS
COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A., WILLIAM PIEDRAHITA
GUTIÉRREZ y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
“IDU”, acordaron revisar el Informe Técnico de Avalúo,
mediante el cual la Corporación Lonja Inmobiliaria de
Bogotá D.C. estableció el valor de los costos de
remediación ambiental de la estación de Servicio,
únicamente en lo que respecta a dicha actividad,
concluyendo que en el mismo no se incluyó ninguna
suma destinada a cubrir los costos de evaluación y
manejo ambiental.
Resultado de esta revisión, se acordó que las obras
relacionadas en los ítems contenidos en Informe Técnico
(Anexo 1), por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($76.339.891.00), no serán
ejecutadas por WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ y/o
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A., razón por la
cual esta suma será devuelta al IDU o a quien esta entidad
indique.
Teniendo en cuenta lo anterior, las partes manifiestan su
voluntad de entregar y recibir los inmuebles expropiados en
virtud de las resoluciones 521, 522 y 527 del 24 de febrero
de 2010, dentro de los siguientes términos y condiciones:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
CLÁUSULAS
[…]
TERCERA: En virtud de lo anterior, el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO “IDU”, asumirá las actividades
de evaluación y manejo ambiental de la estación de
servicio Petrobras Calle 26, con arreglo a la
normatividad vigente sobre la materia. Las obras
referidas en el Informe Técnico (Anexo 1), se realizarán de
acuerdo con lo mencionado en la consideración séptima de
este documento. De igual manera el IDU se compromete
a mantener indemne a PETROBRAS COLOMBIA
COMBUSTIBLE S.A. y a WILLIAM PIEDRAHITA
GUTIÉRREZ en relación con cualquier hecho o
requerimiento de cualquier autoridad ambiental, ente
de control o autoridad judicial frente a la evaluación y
manejo ambiental de la estación de servicio Petrobras
Calle 26 y las obras referidas en el Informe Técnico
(Anexo 1).
Igualmente, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO “IDU”
se abstendrá de iniciar cualquier reclamación en contra de
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. y/o WILLIAM
PIEDRAHITA GUTIÉRREZ, encaminada a demandar cualquier
suma de dinero o pretensión derivada de las obras referidas
en el Informe Técnico (Anexo 1) y/o de la evaluación y
manejo ambiental de la estación Petrobras Calle 26. […]”
(Destacado fuera de texto).
Y, a folios 350 a 351 del Cuaderno Anexo RT-35674, obra el
Despacho Comisorio IDU 032184 352 Res. 521-522-527 de febrero
24 de 2010, denominado DILIGENCIA DE ENTREGA DE INMUEBLES,
suscrita ante la Inspección 13 E Distrital de Policía de Bogotá, por la
cual la Inspectora, los apoderados del actor, PETROBRAS COLOMBIA
COMBUSTIBLE S.A. e IDU, avalaron la entrega de los inmuebles
expropiados, bajo estudio, y se dejó constancia de lo siguiente:
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
“[…] En mi calidad de apoderado del IDU solicito
respetuosamente a su Despacho que se avale el Acta de
entrega y recibo de la cual allego copia por la cual se
materializa la entrega de los inmuebles antes mencionados,
libres de animales, personas y cosas y se llega a un acuerdo
con el fin de asumir por parte del IDU las actividades de
evaluación y manejo ambiental […]. Ahora en uso de la
palabra el doctor WBEIMAR HERNÁNDEZ expresa: “En mi
condición de apoderado de PETROBRAS solicito a la señora
inspectora se avale el acta de entrega y recibo del acta antes
mencionada aclarando que las actividades de
remediación ambiental y extracción de los tanques
corresponden al IDU y que por lo demás el mismo se
entrega desmantelado a dicha entidad. Así mismo con
respecto a la remediación ambiental es preciso aclarar que
los avalúos que determinaron el daño emergente fueron
revisados única y exclusivamente en lo que concierne a la
mencionada remediación ambiental, puesto que los demás
ítems que lo conforman fueron reservados por las partes que
los suscribieron para ser objeto de reclamación ante el
Tribunal contencioso Administrativo en virtud de la acción del
Art. 71 de la Ley 388 de 1977. […]” (Destacado fuera de
texto).
De manera, que los costos de evaluación y manejo ambiental de la
referida estación de servicio, que se ubicaba en los inmuebles objeto
de expropiación, conforme lo establece la cláusula tercera de la
citada “Acta de Entrega y Recibo de WILLIAM PIEDRAHITA
GUTIÉRREZ y PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. e IDU
Predios Registros Topográficos núms. 35674, 35675 y 35676”, de 16
de septiembre de 2010 y la constancia de DILIGENCIA DE ENTREGA
DE INMUEBLES, suscrita ante la Inspección 13 E Distrital de Policía
de Bogotá, fueron asumidos por el IDU, entidad esta que, además,
se comprometió a mantener indemne a PETROBRAS COLOMBIA
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
COMBUSTIBLE S.A. y al actor, en relación con cualquier hecho o
requerimiento de cualquier autoridad ambiental, ente de control o
autoridad judicial frente a la evaluación y manejo ambiental de esa
estación de servicio, razón por la cual no tenían que ser objeto de
indemnización.
Así las cosas, la Sala no comparte las apreciaciones de la parte
apelante respecto de los avalúos oficiales realizados por la
Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., para fijar el valor del
precio indemnizatorio, pues no se desvirtuó su presunción de
legalidad y, por el contrario, se puede concluir que los mismos
acogieron las reglas determinadas en la normatividad aplicable para
su determinación y sí tuvieron en cuenta tanto la destinación
económica como la infraestructura de los inmuebles expropiados, y
el contrato de arrendamiento suscrito con PETROBRAS COLOMBIA
COMBUSTIBLES S.A., ya que no basta con argumentar que los
mismos no cumplieron con lo determinado en la normativa y en las
sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, para
controvertir la presunción de legalidad y veracidad de que gozan los
avalúos oficiales, sino que resulta indispensable que la parte
demandante demuestre el defecto en que se ha incurrido y cuál es el
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
impacto en el precio que se ofreció por la administración, conforme
a las normas que regulan la materia32.
Ahora, el actor alegó, en su recurso de apelación, que es evidente el
error que presenta el avalúo oficial, por cuanto los dictámenes
periciales elaborados por David Ricardo Sánchez Albarracín y
Sebastián Arango Sánchez, demuestran una clara diferencia entre los
perjuicios reales sufridos.
Para ello, la Sala encuentra pertinente analizar, en primer lugar, el
Dictamen pericial realizado por el auxiliar de justicia, David Ricardo
Sánchez Albarracín33, el cual arrojó como valor total de daños y
perjuicios (daño emergente y lucro cesante): $5.950.542.074, valor
total indemnización liquidado por el IDU: $2.144.286.701, y valor
diferencia por pagar IDU: $3.806.255.373.
Para obtener el valor de $5.950.542.074, tuvo en cuenta los
siguientes valores, correspondientes a: $3.587.022.000 por valor
total de avalúos comercial; $267.808.635 por gastos de abogados y
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.
33
Folios 431 a 457 y 475 a 484 del C. Principal.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
otro; y $2.095.711.439 (376.566.975 más 1.719.144.46434) por
frutos civiles de arrendamientos.
El perito avaluador para calcular dichos gastos, señaló lo siguiente:
“[…] V. GASTOS DEL SR. WILLIAM PIEDRAHITA
GUTIÉRREZ CON OCASIÓN DE LA EXPROPIACIÓN
Los gastos que presentó y solicita el apoderado legal de la
parte demandante en la presentación de la demanda,
ascienden a la suma de Doscientos treinta y ocho millones
novecientos veintiocho mil ciento veintitrés
($238.928.123), en razón de la expropiación realizada.
Por este concepto se establece los siguientes cálculos en el
cuadro siguiente:
CALCULO DEL LUCRO CESANTE SOBRE GASTOS
ABOGADO Y OTROS
[…]
V/r. Total Lucro C.: 28.880.512
V/r. Daño Emergen.: 238.928.123
Gran Total: 267.808.635
[…]”35.
Asimismo, aclaró lo siguiente:
“[…] Los valores que se tomaron como soporte y
sustento referente a los gastos de expropiación por
concepto de apoderado judicial son los que se
encuentran señalados en el folio 191 de la
presentación de la demanda en el acápite en donde el
apoderado judicial señala la cuantía: se observa
textualmente en el literal; “c) La suma de Doscientos treinta
y ocho millones novecientos veintiocho mil ciento veintitrés
($238.928.123), por gastos que ha tenido que soportar
34
Se obtuvo de lo correspondiente a valor de arriendos de 17-09-10 a 31-08-12 y de 01-09-12 a 16-
12-21.
35
Folio 443 del C. Principal.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ en relación a la
expropiación realizada (Honorarios de abogado y perito, etc).
[…]”36 (Destacado fuera de texto).
Y en cuanto al monto de ganancia o incremento patrimonial dejado de
obtener como consecuencia de la terminación del contrato de
arrendamiento, expresó:
“[…] VI. MONTO DE GANANCIA O INCREMENTO
PATRIMONIAL DEJADO DE OBTENER COMO
CONSECUENCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO.
Teniendo en cuenta el incremento que se debe realizar tanto
para el año 2011 como para el 2012 con relación a los
cánones de arrendamiento y con base en el último valor de
arrendamiento mensual del año anterior $14.417.205 se
aplica el incremento correspondiente a cada año 3.17% año
2011 y 3.73% para el año 2012 y se obtiene los valores que
se registran como valor del canon de arrendamiento que se
dejó de percibir desde la fecha siguiente a la entrega de los
inmuebles a la entidad expropiante y su correspondiente
lucro cesante.
CALCULO DEL LUCRO CESANTE SOBRE VALORES DE
ARRENDAMIENTO DESDE 17-09-10 A 31-08-12.
[…]
V/r. Total Lucro Cesante: 20.889.155
V/r. Daño Emergen.: 355.677.820 37 38
Teniendo en cuenta el contrato de arrendamiento suscrito por
el Sr. William Piedrahita Gutiérrez como propietario y
arrendador de los inmuebles fue constituido mediante
escritura pública No. 1746 de marzo 17 de 2003 y otorgado
por la Notaría 6º del Círculo de Bogotá y que en la Cláusula
3º Duración del Contrato señala un término de dieciocho
(18) años y seis (6) meses, más el tiempo necesario para
la construcción de la estación de servicio, el cual se estimó
36
Folio 484 del C. Principal.
37
Esto da como resultado un valor total de $376.566.975.
38
Folio 444 del C. Principal.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
en un máximo de tres (3) meses contados a partir de la firma
del contrato, por lo cual el tiempo de ejecución comienza a
contabilizarse a partir del 17 de junio de 2003 lo cual equivale
a señalar que la fecha de terminación del contrato
correspondería al 16 de diciembre de 2021.
Por cuanto a la fecha de cierre del dictamen 31 de agosto de
2012 se encuentra liquidado el daño emergente y lucro
cesante, corresponde adicionalmente efectuar el cálculo
desde la fecha del 1º de septiembre de 2012 a 16 de
diciembre de 2021 el lucro cesante futuro por el tiempo que
falta establecer y de acuerdo al último canon de
arrendamiento mensual que se encontraba vigente lo cual
equivale a 9 años, 3 meses y 16 días, para lo cual se
establece los siguientes valores; no se liquidan intereses toda
vez que es una liquidación como lucro cesante futuro que
debe ser pagada a la fecha del cierre del dictamen.
CALCULO DEL LUCRO CESANTE SOBRE VALORES DE
ARRENDAMIENTO DESDE 01-09-12 A 15-12-21.
[…]
V/r. Total Lucro Cesante: 1.719.144.464
Gran Total: 1.719.144.464
[…]”39.
Al analizar este primer avalúo, la Sala estima que no obra sustento
alguno que documente lo expuesto en el peritaje, en torno a estos
gastos y a las ganancias o incremento patrimonial dejado de obtener,
como consecuencia de la terminación del citado contrato de
arrendamiento, como por ejemplo, reportes de la contabilidad de la
empresa, suscritas por un contador, o certificaciones de revisoría fiscal
que soporten las sumas de la facturación de la estación de servicio y/o
lo dejado de facturar con ocasión de la medida expropiatoria, ni de los
39
Folios 445 a 446 del C. Principal.
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valores que se tomaron como soporte y sustento referente a los
gastos de expropiación. Por el contrario, se vislumbra que dichos
valores correspondientes a los gastos fueron tomados de acuerdo con
lo expresado por el apoderado del actor en la demanda y que no fue
posible obtener una relación o balance de los ingresos que generaba el
establecimiento (estación de servicio).
Tan cierto es ello, que el mismo perito al referirse a la metodología
seleccionada y limitantes, indicó lo siguiente:
“[…] Por cuanto uno de los puntos que el apoderado del
demandante cuestionó y que está relacionado con el hecho
de no haberse utilizado el método de rentas o ingresos, se
solicitó telefónicamente a éste, se entregara una
relación o balance de los ingresos que generaba el
establecimiento durante el último año contable,
sustentado y firmado por el contador o revisor de la
firma o empresa, no fue posible obtenerlo por parte de
él, y ya que en mi concepto, el avaluador puede elegir el
método que debidamente justique: se determinó tomar el
método comparativo u oferta de mercado de inmuebles, para
la elaboración del dictamen […]”.40 (Destacado fuera de
texto).
Además, tal y como lo estimó el Tribunal de primera instancia, el
referido dictamen pericial, elaborado por David Ricardo Sánchez
Albarracín, no se refirió a los costos de evaluación y manejo ambiental
40
Folio 436 del C. Principal.
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o desmantelamiento de la estación de servicio, que a juicio del
apelante fue echado de menos en el avalúo oficial.
En este orden de ideas, y en lo que se refiere al rubro por concepto de
lucro cesante y daño emergente, se observa que el referido dictamen
pericial elaborado por el auxiliar de justicia, David Ricardo Sánchez
Albarracín, no aporta elementos probatorios que permitan constatar la
veracidad de las cifras que expone y mucho menos respecto de la
necesaria relación de causalidad que debe existir entre la suma cuyo
reconocimiento se procura y la medida expropiatoria.
Frente a ello, se reitera, conforme lo puntualizó esta Sección en
sentencia de 26 de junio de 201341, que el daño debe ser cierto, a fin
de indemnizar con la mayor exactitud posible los componentes del
mismo, y ello no es verificable mediante simples afirmaciones
consignadas en un dictamen sin los soportes que faciliten al juez la
labor de identificar su existencia, por lo que se hace evidente señalar
que el demandante no observó su deber procesal de aportar elementos
probatorios que permitieren aducir que, en efecto, se generó un
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio
de 2013, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2005-00735-
01.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
perjuicio por el referido concepto indemnizatorio, de forma tal que del
mismo no es viable predicar su ocurrencia.
En segundo lugar, frente al Dictamen pericial realizado por el auxiliar
de justicia, Sebastián Arango Sánchez42, que arrojó como valor total
de perjuicios materiales la suma de $3.940.333.134, un total de daño
emergente por valor de $1.582.247.991, y un total de lucro cesante
por valor de $2.358.085.143, la Sala advierte que a pesar de que dicho
dictamen tenía por objeto probar la objeción por error grave contra el
dictamen elaborado por el perito David Ricardo Sánchez Albarracín43,
no valoró el dictamen objeto de objeción, sino que elaboró uno
nuevo, pero por la totalidad del inmueble y no para cada uno
individualmente, conforme lo estimó el a quo en la sentencia apelada.
En efecto, dicho dictamen pericial no controvirtió en forma directa el
rendido por la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., ni
mencionó de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por alto los
parámetros establecidos en el Decreto 1420, pues simplemente se
limitó a realizar una nueva valoración, que no evidencia falencia
alguna en el precio indemnizatorio reconocido y pagado al
demandante.
42
Folios 531 a 545 del C. Principal.
43
De conformidad con el auto de 14 de febrero de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (folios 508 a 509 del C. Principal).
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Al efecto, es del caso traer a colación los siguientes apartes de dicho
dictamen:
“[…] DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DEL PREDIO Y LO
PAGADO POR EL IDU POR REPOSICIÓN DE PREDIOS.
VALOR DEL PREDIO…$4.540.676.300.oo
VALOR PAGADO POR EL IDU…$3.226.236.944.oo
Valor adeudado por la entidad demandada a WILLIAM
PIEDRAHITA, por concepto del real valor comercial de
los predios.
$1.314.439.956.oo
B) Gastos que ha tenido que soportar a WILLIAM PIEDRAHITA
con ocasión a la expropiación realizada (Honorarios de
Abogado, peritos, etc.).
Como se expresó en los considerandos, en la visita pericial
practicada para constatar los gastos en que tal entidad incurrió
para asumir el trámite administrativo de la oferta de compra
de los precios mencionados, encontré lo siguiente:
Gastos por concepto de honorarios por prestación de
servicios para la defensa en el proceso de expropiación
de los predios ubicados en la calle 26 según contrato
anexo y otro sí al mismo. Se anexa al dictamen.
POR UN VALOR DE $267.808.635.oo
TOAL DAÑO EMERGENTE
Valor adeudado por la entidad demandada a WILLIAM
PIEDRAHITA, por concepto del real de los predios
ubicados en la calle 26 es igual a $1.314.439.356.oo.
Gastos que ha tenido que soportar WILLIAM
PIEDRAHITA con ocasión a la expropiación realizada es
igual a $267.808.635.oo.
TOTAL DAÑO EMERGENTE
$1.582.247.991.oo.
B. LUCRO CESANTE
FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA LIQUIDACIÓN
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Tal y como lo mencioné anteriormente no existe una
metodología única en la norma para calcular el mismo, sin
embargo las sentencias de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado establecen la obligatoriedad de los avalúos
de establecer la misma y de explicar la metodología
adelantada.
1.Período de duración de los contratos de
arrendamiento.
TEMARIO A DESARROLLAR
En cuanto al Lucro cesante- Determinar:
El monto de la ganancia o incremento patrimonial que
WILLIAM PIEDRAHITA ha dejado de obtener, como
consecuencia de la expropiación. Dicha pérdida de ganancia se
debe cuantificar, de la siguiente forma:
A partir del cierre total de la estación de servicio y por el tiempo
que faltaba para que se cumpliera el término estipulado en el
contrato de arrendamiento suscrito entre WILLIAM
PIEDRAHITA GUTIÉRREZ y PETROBRAS COLOMBIA
COMBUSTIBLES S.A., es decir 11 años y 3 meses.
CONSIDERACIONES
Para este efecto, una vez consultada la documentación
aportada, debiendo remitirme al hecho cierto del contrato de
arrendamiento suscrito entre PETROBRAS y William Piedrahita,
propietario de los tres inmuebles donde funcionaba la estación
de servicio de la calle 26, ya que de dicho documento es
que se infiere que los inmuebles generaban utilidad
hasta el año 2021.
Partiendo de este hecho referido, es decir de la existencia de
este contrato hasta el año 2021, procedí a determinar el
margen de ingresos de WILLIAM PIEDRAHITA
Para determinar la pérdida por este concepto, hay que
abordarlo de la siguiente manera:
Para este efecto he tomado el período a partir de julio 30 de
2010 cuando se produce el cierre definitivo y hasta el momento
en que finalizaban los contratos de arrendamiento sobre el
predio.
Lo anterior como quiera que WILLIAM PIEDRAHITA tenía un
contrato de arrendamiento de los tres inmuebles donde
funcionaba su Estación de Servicio, y este contrato iba hasta
el año 2021, teniendo en cuenta para esta proyección el IPC
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
respetando los cánones de arrendamiento estipulados en el
contrato, y para las fechas siguientes se hace una media del
incremento del IPC para calcular los arriendos restantes
(Valores IPC 2011=3,17%- 2012=3,73%-2013=2,44%-
media=3,11%)
[…]
Total: $2.358.085.143
LIQUIDACIÓN LUCRO CESANTE
Utilidad dejada de percibir a partir del cierre total de la estación
de servicio y por el tiempo que faltaba para que se cumpliera
el término estipulado en el contrato de arrendamiento.
RESPUESTA: Utilidad dejada de percibir a partir del cierre total
de la estación de servicio y por el tiempo que faltaba (2011 AL
2021) para que se cumpliera el término estipulado en el
contrato de arrendamiento.
TOTAL LUCRO CESANTE:
UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR a partir del cierre total de la
estación de servicio (año 2010) y por el tiempo que faltaba
(2011 al 2021) para que se cumpliera el término estipulado en
el contrato de arrendamiento.
TOTAL LUCRO CESANTE….$2.358.085.143.oo
TOTAL PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A WILLIAM
PIEDRAHITA
TOTAL DAÑO EMERGENTE….$1.582.247.991.oo
TOTAL LUCRO CESANTE….$3.940.333.134.oo
CONCLUSIÓN
Por consiguiente, en conclusión las sumas que
determina LOS PERJUICIOS MATERIALES PARA
WILLIAM PIEDRAHITA restando lo ya cancelado por el
IDU son los siguientes:
$3.940.333.134.oo
[…]”.
Como se puede apreciar, dicho dictamen también está desprovisto de
apoyo probatorio, como certificaciones de contador o revisor fiscal que
permitan constatar la veracidad de las cifras expuestas, la necesaria
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
relación de causalidad que debe existir entre la suma cuyo
reconocimiento se procura y la medida expropiatoria, que conduzca a
demostrar la corrección del justiprecio que se hace en este avalúo y
que entraña, obviamente, la incorrección del avalúo oficial.
Ciertamente, en el referido dictamen, realizado por Sebastián Arango
Sánchez, se señaló que se habían allegado como anexos que
soportaban el dictamen desarrollado, únicamente, los siguientes: 1.
contrato de arrendamiento suscrito entre PETROBRAS y WILLIAM
PIEDRAHITA; 2. Facturas; 3. Fotos de la expropiación; 4. Fotos
actualizadas del inmueble, lo que pone de manifiesto que no se
allegaron certificaciones de contador o revisor fiscal, necesarias para
constatar o fundamentar la veracidad de las cifras expuestas y que
determinaban los porcentajes de incrementos arrojados en dicho
dictamen.
Sobre el particular, es del caso mencionar que en sentencia de 26 de
junio de 201344, esta Sección, en un caso similar, en el que se expropió
un inmueble, en donde operaba una estación de servicio, señaló con
respecto a las pruebas allegadas a ese proceso, lo siguiente:
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio
de 2013, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2005-00735-
01.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
“[…] No obstante, en el expediente no obra sustento
alguno que documente lo expuesto en el peritazgo,
como por ejemplo, reportes de la contabilidad de la
empresa o certificaciones de revisoría fiscal que
soporten las sumas de la facturación de la estación de
servicio y/o lo dejado de facturar con ocasión de la
medida expropiatoria; sino que se vislumbra una simple
exposición de cifras alusivas a la proyección de
utilidades y luego hace referencia a la operación
matemática llevada a cabo para arrojar las sumas que
pretende sustentar […]
En este orden, y en lo que se refiere al rubro por concepto de
lucro cesante, se observa que el dictamen pericial no aporta
elementos probatorios que permitan constatar la veracidad de
las cifras que expone y mucho menos respecto de la necesaria
relación de causalidad que debe existir entre la suma cuyo
reconocimiento se procura y la medida expropiatoria, como
presupuesto fundamental para acceder al restablecimiento del
derecho en dicho concepto.[…]” (Destacado fuera de texto).
En virtud de lo anterior, el análisis precedente de los avalúos,
realizados por los Peritos David Ricardo Sánchez Albarracín y
Sebastián Arango Sánchez, evidencia que los mismos están
desprovistos de la suficiente fundamentación fáctica, así como de las
pruebas idóneas que respalden el lucro cesante y daño emergente,
que hubiere podido causarse y los mayores valores que arrojaron los
dos avalúos y que reclama la parte demandante.
En otras palabras, los justiprecios arrojados en los avalúos
practicados por los mencionados Peritos no dan cuenta de las razones
de orden fáctico y probatorio que los llevaron a acoger los valores
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
señalados en ellos y que permitan corroborar la corrección y certeza
de sus dichos, ni de los fundamentos que conduzcan a descartar los
valores de los precios indemnizatorios de los bienes expropiados,
establecidos en los avalúos oficiales realizados por la Corporación
Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que fueron acogidos en las
resoluciones demandadas.
Habida cuenta que la parte actora no demostró en el proceso que los
avalúos oficiales eran equivocados e incorrectos, ni acreditó la
corrección de los justiprecios presentados en los avalúos realizados
por los Peritos David Ricardo Sánchez Albarracín y Sebastián Arango
Sánchez, deben tenerse como válidos, creíbles y debidamente
fundamentados, los avalúos oficiales que sirvieron de sustento a las
resoluciones acusadas.
La segunda censura es la referente a que el Tribunal de primera
instancia no podía aplicar el numeral 6 del artículo 21 del Decreto
1420 en este caso, por cuanto dicha norma es para calcular la
indemnización por lucro cesante en los avalúos, en los que se
produce la afectación a una obra pública de un inmueble, como paso
previo a la enajenación, y no es viable invocarla en un proceso, en el
cual se discute la indemnización por lucro cesante a causa de la
expropiación.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
Que, el a quo debió ordenar una indemnización plena, que repare
integralmente el perjuicio causado al actor, quien se vio privado de
continuar ejerciendo la actividad económica, que venía
desarrollando.
Sobre el particular, la Sala debe advertir, en primer lugar, que
independientemente de si la citada norma es aplicable a este caso,
lo cierto es que teniendo en cuenta que el actor no demostró en el
presente proceso que los avalúos oficiales eran equivocados e
incorrectos, ni acreditó la corrección de los justiprecios presentados
en los avalúos realizados por los Peritos David Ricardo Sánchez
Albarracín y Sebastián Arango Sánchez, ni los mayores valores por
lucro cesante y daño emergente reconocidos en ellos, deben
tenerse como válidos, creíbles y debidamente fundamentados, los
precios indemnizatorios de los bienes expropiados, establecidos en
los avalúos oficiales realizados por la Corporación Lonja Inmobiliaria
de Bogotá D.C., y que fueron acogidos en las resoluciones
demandadas.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
En segundo lugar, en cuanto a la aplicación a este caso del numeral 6
del artículo 21 del Decreto 1420, es del caso poner de presente que
dicha disposición es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 21º.- Los siguientes parámetros se tendrán en
cuenta en la determinación del valor comercial:
[…]
Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la
Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados
a actividades productivas y se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación
de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas,
deberá considerarse independientemente del avalúo del
inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de
percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
[…]”.
Asimismo, cabe destacar que esta Sección, en sentencia de 19 de
abril de 202145, que ahora se prohíja, dio aplicación al numeral 6 del
artículo 21 del Decreto 1420, en un caso en que, al igual que el sub
examine, se discutía la indemnización por lucro cesante, que arrojó
un avalúo, a causa de una expropiación administrativa, de la cual
fue objeto el inmueble de propiedad del actor, en los siguientes
términos:
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00240-
01.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00598-01.
Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
“[…] Al respecto, es importante destacar que, de conformidad
con el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998,
“Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la
Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren
destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o
definitiva a la generación de ingresos provenientes del
desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la
compensación por las rentas que se dejarán de percibir
hasta por un período máximo de seis (6) meses.” (Se
destaca).
En concordancia con lo anterior, el numeral 4º del artículo en
cita preceptúa que, “Para estimar el monto de la
compensación de las rentas o ingresos que se dejan de
percibir por una limitación temporal o definitiva (…) se
deberán tener en cuenta: Las declaraciones para efectos
tributarios. El balance contable que se presente para
la Cámara de Comercio” (Se destaca)
Como puede apreciarse, previa determinación de que
el inmueble se encuentra destinado a una actividad
productiva y presente una afectación que ocasione una
limitación temporal o definitiva a la generación de los
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, los
documentos que se deberán tener en cuenta para que el
perito determine el monto de la compensación por rentas e
ingresos que se dejan de percibir, son las declaraciones para
efectos tributarios y el balance contable que se presente a la
Cámara de Comercio.
[….]
De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación,
a folios 307 a 345 obran declaraciones tributarias y estados
contables que dan cuenta de las rentas que dejó de percibir
la parte actora como consecuencia de la expropiación.
Estas pruebas documentales fueron aportadas por la parte
actora en respuesta a lo ordenado en el numeral 1.1 del auto
de pruebas fechado el 26 de abril de 2012, donde el Tribunal
resolvió: "1.1. documentales: Hasta donde la ley lo permita,
ténganse como pruebas los documentos que se acompañan
con la demanda, aportados con el valor legal (fls. 26 a 175
cdn 1). Se advierte que para otorgarles mérito probatorio a
los que no se allegan de la misma manera, deberán ser
presentados en la forma prevista en la ley artículos 252 y
254 CPC y dentro de los 20 días siguientes a la firmeza
de este proveído." (Se destaca)
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La Sala procede a relacionar las mentadas pruebas
documentales así:
[…]
En conclusión, la Sala observa que el inmueble
expropiado estaba destinado a actividades
productivas; que de las pruebas referidas, las cuales
fundamentaron la pericial practicada en el proceso
judicial, se encuentra acreditada la utilidad que dejó
de recibir el demandante; que para estimar el monto
de la compensación de las rentas o ingresos que se
dejaron de percibir el perito aplicó el cálculo de 6
meses, según lo preceptúa la normativa aplicable; y
que este dictamen pericial no fue objetado por error grave
en este punto.
En consecuencia, contrario a lo manifestado por el tribunal,
en el expediente sí hay prueba que fundamenta el dictamen
pericial, la cual da cuenta del lucro cesante que dejó de
percibir el demandante como consecuencia de la
expropiación administrativa de la cual fue objeto el
inmueble de su propiedad. […]” (Destacado fuera de
texto).
En el presente asunto, el Tribunal de primera instancia, en la sentencia
apelada, señaló que el dictamen pericial, elaborado por David Ricardo
Sánchez Albarracín, determinó el lucro cesante futuro, teniendo en
cuenta el término de duración del citado contrato de arrendamiento
suscrito con PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. de 18 años
y 6 meses, contrariando lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto
1420, que prevé que solo pueden compensarse las rentas dejadas de
percibir, por un término hasta de 6 meses.
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La Sala observa que los inmuebles expropiados estaban destinados
a actividades productivas, en tanto se trataba de lotes destinados a
estación de servicio, cuyo sector tenía como actividad predominante
la comercial; además de que tenían una afectación, que ocasionaba
una limitación definitiva a la generación de los ingresos provenientes
del desarrollo de esas actividades, razón por la cual se debía aplicar
una compensación por las rentas dejadas de percibir solamente
“hasta un período máximo de seis (6) meses”, conforme lo preceptúa
la citada disposición y lo señaló el a quo.
Vale la pena precisar que el avalúo oficial, elaborado por la
Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., sí tuvo en cuenta
dicho período, como se muestra a continuación:
“[…] OBSERVACIONES: Para la determinación de este lucro
cesante de estos RT se han tomado como base el
contrato de arrendamiento suscrito mediante escritura
pública No- 1476 de la Notaría 6 de Bgta de fecha 17
de marzo/2003 y la normatividad establecida en el
Decreto 1420 de 1998 y que hacen relación con el
arrendamiento de los lotes que el propietario entregó
en dicha calidad inicialmente a la firma SHELL, hoy
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLE S.A. sobre el
particular se debe tener en cuenta la cláusula 6 de la
escritura antes mencionada para los efectos legales a que
haya lugar y el valor del arrendamiento mensual actualizado
a la suma de $14.308.348.
[…]
METODOLOGÍA: La metodología que hemos utilizado para
la determinación de este avalúo está basada en la naturaleza
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u origen de la renta que produce el establecimiento comercial
objeto del estudio mediante el sustento documentario y
complementariamente la verificación que directamente se
realizó por parte de la firma avaluadora. Igualmente se ha
determinado un tiempo de seis meses que es producto
de los análisis económicos llevados a cabo […]”
(Destacado fuera de texto).
Para aclarar la aplicación de dicho término, la mencionada Lonja
Inmobiliaria, a través de oficio núm. 2010 526 003420 2 de 9 de junio
de 201046, dirigido al IDU, en cuanto a los estudios y conceptos
valuatorios realizados, aclaró:
“[…] por estar relacionada con el lucro cesante, el
tiempo de seis (6) meses corresponde al plazo máximo
establecido por el Decreto 1420 de 1998 que en su
Capítulo IV Artículo 21 dice:
“Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la
Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados
a actividades productivas y se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación
de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas,
deberá considerarse independientemente del avalúo del
inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de
percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.”
[…]” (Destacado fuera de texto).
En consecuencia, esta censura no tiene vocación de prosperidad.
La tercera censura es la relativa a que la sentencia apelada erró al
no reconocer una indemnización que repare la totalidad del perjuicio
46
Folios 296 a 297 del C. Anexo RT 35674.
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causado, con ocasión de la expropiación administrativa adelantada
por el IDU, que desconoció la prueba pericial y el acta suscrita por
la demandada, en la cual reconoció que no estaba pagando la
totalidad de los perjuicios y, en especial, una limitante que es el
resultado de una inadecuada aplicación de una norma que no
gobierna la situación fáctica planteada, por lo cual debe modificarse
y, en su lugar, ordenar el pago de la totalidad de la indemnización
calculada adecuadamente por vía pericial.
La Sala considera que esta censura tampoco está llamada a
prosperar, pues las consideraciones expuestas en este acápite de la
sentencia aparecen válidas para demostrar que no había lugar a
reconocer una indemnización diferente a la señalada en las
resoluciones acusadas, habida cuenta que se demostró que los
avalúos, realizados por los Peritos David Ricardo Sánchez Albarracín
y Sebastián Arango Sánchez, evidencian que: están desprovistos de
la suficiente fundamentación fáctica, así como de las pruebas idóneas
que respalden el lucro cesante y daño emergente, que hubieren
podido causarse, y los mayores valores que arrojaron esos dos
avalúos y que reclama la parte demandante y, por ende, que no se
descartaron los valores de los precios indemnizatorios de los bienes
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expropiados, establecidos en los avalúos oficiales, realizados por la
Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C.
Al respecto, la Sala destaca que los avalúos que se controvierten en
este tipo de procesos judiciales, por medio de los cuales se determina
el precio indemnizatorio, al formar parte del procedimiento
administrativo especial de expropiación administrativa se encuentran
cobijados por la presunción de legalidad, lo cual significa que
corresponde a quien demanda su declaratoria de nulidad, demostrar
que la decisión en ellos contenida no se ajustó a la Ley, tarea que no
se llevó a cabo por la parte actora.
Así las cosas y pese a que es cierto que la Jurisprudencia ha estimado
que la indemnización que se reconoce a quienes se ven afectados
con la expropiación, tiene carácter reparatorio y debe comprender no
sólo el precio comercial del bien sino los demás perjuicios que
pudieron causarse con tal medida, incluidos el daño emergente y el
lucro cesante, es deber del interesado probar ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, cuáles son los perjuicios y su monto y
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su nexo de causalidad con la expropiación decretada, lo que no
ocurrió en el asunto de la referencia47.
De manera que acertó, por contera, el Tribunal, cuando expresó:
“[…] Por lo anterior, teniendo en cuenta que no ha demostrado
el actor que el avalúo oficial es equivocado, es del caso declarar
que no prospera el cargo […]”.
En conclusión, aparece evidente que los actos administrativos
acusados no merecen reproche alguno sobre su juridicidad, razón por
la cual debe mantenerse incólume la presunción de legalidad que los
ampara y confirmarse la sentencia apelada, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de julio
de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2013-
01598-01.
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Actor: WILLIAM PIEDRAHITA GUTIÉRREZ
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de febrero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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