Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00685-03
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2010-00685-03
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2010-00685-03
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
9 de julio de 2026
Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00685 03
Demandante: Guillermo Arévalo Vargas y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 25000 23 24 000 2010 00685 03
Demandante: Guillermo Arévalo Vargas, Emilce Caro de Vergara, Elsa Rojas
Arévalo y Mery Patricia Rojas Arévalo
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretarias Distritales de Planeación y de
Ambiente, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - E.S.P. y
Superintendencia de Notariado y Registro
Tesis: Tiene legitimación en la causa por pasiva la Secretaría Distrital de Ambiente
de Bogotá para intervenir en el asunto de la referencia, si en la reforma de la
demanda se solicitó la inaplicación de un acto emitido por esa entidad.
No es cierto que la EAAB no tuviera facultades para acotar un humedal en el Distrito
de Bogotá.
No es cierto que la EAAB solo tenía potestades para elaborar el insumo técnico para
el acotamiento de rondas.
No es nulo por falta de competencia el acto administrativo por medio del cual la
EAAB acotó la ronda hídrica de un humedal en Bogotá ya que esa empresa podía
ejercer funciones en materia ambiental.
No es cierto que la EAAB sólo tenía facultades para acotar las rondas de ríos,
embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio del Distrito.
No es nulo por falsa motivación el acto administrativo por el cual se acotó un
humedal si se fundamentó en una plancha elaborada por el IGAC.
Es cierto que el a quo omitió pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias de la
demanda.
Es cierto que el Tribunal abordó el análisis de la excepción de inaplicación del
Decreto 457 de 2008 como una de inconstitucionalidad, pese a que correspondía a
una excepción de legalidad.
Es cierto que en la sentencia recurrida no existió ningún pronunciamiento sobre los
cargos formulados en contra de la anotación 2009-57802.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00685 03
Demandante: Guillermo Arévalo Vargas y otros
La Sala decide en segunda instancia, la demanda presentada en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho por los señores Guillermo Arévalo
Vargas, Emilce Caro de Vergara, Elsa Rojas Arévalo y Mery Patricia Rojas Arévalo,
contra de la Resolución 250 del 30 de junio de 1994 «Por la cual se acotan las
rondas hidráulicas de las chucuas de la Conejera y Techo, el lago de Santa María
del Lago, se definen sus zonas de manejo y preservación ambiental, y se establece
el acotamiento de rondas de los cuerpos de agua rodeados por elementos definidos
del espacio público en el Distrito Capital», expedida por la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá y la anotación 2009-57802 efectuada por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro en los folios de matrícula
inmobiliaria de los inmuebles que son de propiedad de los demandantes
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda
1. Las pretensiones del libelo introductorio se transcriben enseguida:
« PRETENSIONES:
En la eventual demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
se formularían las siguientes pretensiones:
Declarativas de Nulidad:
1. Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 250 DE 30 DE JUNIO DE
1994, expedida por el Gerente General de la E.A.A.B., "Por la cual se acotan
las rondas hidráulicas de las chucuas de La Conejera y Techo, el lago de Santa
María del Lago, se definen sus zonas de manejo y preservación ambiental, y se
establece el acotamiento de rondas de los cuerpos de agua rodeados por
elementos definidos del espacio público en el Distrito Capital".
2. Que se declare la NULIDAD del DECRETO 457 DE 23 DE DICIEMBRE DE
2008, expedido por el Alcalde Mayor del Distrito Capital, "Por el cual se declara
el estado crítico o alerta naranja en el Humedal de Techo, ubicado en
jurisdicción del Distrito Capital".
3. Que se declare la NULIDAD del OFICIO N° 2-2009-15216 DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, por el que se previene a los
Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos de extender o registrar actos
sobre los predios ubicados en el área del Humedal de Techo.
4. Que se declare la NULIDAD de la ANOTACIÓN CON RADICACIÓN NO.
2009-57802 efectuada por la OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
BOGOTÁ -ZONA CENTRO, siguiendo instrucciones de la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en los folios de
matrícula de los inmuebles de que son propietarios quienes demandan a través
de esta representación. Declarativas de restablecimiento:
5. Que se ordene a la Administración Distrital REDELIMITAR el área oficial del
Humedal de Techo, su zona de ronda y manejo ambiental, de acuerdo a las
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condiciones físicas y técnicas que correspondan a la realidad del humedal,
excluyendo de dicha delimitación al barrio LAGOS DE CASTILLA II SECTOR,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 95 del Decreto 190 de 2004, Plan de
Ordenamiento Territorial.
6. Que se ordene LEVANTAR la inscripción que recae sobre los predios
ubicados en el Barrio Lagos de Castilla, de fecha 11 de junio de 2009, que los
excluye del comercio, y como consecuencia se restablezca la libre disposición
del derecho de propiedad sobre ellos.
Subsidiaria Primera:
7. Que en subsidio de lo anterior, se ordene a la Administración Distrital
adelantar el proceso de compra, según lo dispuesto por los arts. 58 y siguientes
de la Ley 388 de 1997.
Subsidiaria Segunda:
En subsidio de la subsidiaria primera:
Que se declare que la Resolución 250 de 1994 no ha sido publicada en la gaceta
distrital.
Que en consecuencia, la Resolución 250 de 1994 no es oponible a los
demandantes, como tampoco le son oponibles los actos administrativos que
citan a la mencionada Resolución, como es el Decreto 457 de 2008.
Subsidiaria Tercera:
En subsidio de la segunda pretensión subsidiaria:
Que se ordene a los demandados con competencia para el efecto, que las áreas
ocupadas por las propiedades inmuebles de quienes demandan, sean
compensadas con áreas aledañas al Humedal de tal manera que se restituya el
espejo de agua con lotes en los que no exista consolidación urbana.
Pretensiones de Restablecimiento:
Que se condene de manera solidaria al DISTRITO CAPITAL, a la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, a que indemnice el
daño antijurídico material y moral causado a mis poderdantes, propietarios de
los inmuebles ubicados en el barrio LAGOS DE CASTILLA II
SECTOR,afectados en su tranquilidad y buen nombre por la exposición de que
han sido objeto en los medios de comunicación al ser tildados de invasores y a
los derivados de la exclusión de los bienes del comercio, inscrita en los Folios
de Matrícula Inmobiliaria de cada inmueble en fecha 11 de junio de 2009.
El monto de la indemnización corresponderá a la acreditación individual de daño
y perjuicios que sea probado dentro del proceso»1
2. En el escrito de reforma de la demanda se agregó la siguiente petición:
«Que el Decreto 457 de 2008, no sea aplicado a este caso particular o concreto,
por vía de excepción de ilegalidad»2
1 Visible a folios 4 a 7 del Cuaderno del Tribunal.
2 Visible a folio 138 del Cuaderno del Tribunal.
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1.2. Los actos administrativos demandados
1. De manera previa a transcribir los actos enjuiciados es pertinente señalar que
el Tribunal mediante proveído del 24 de febrero de 2011 admitió parcialmente el
libelo introductorio únicamente respecto de la Resolución 250 de 1994 y lo rechazó
frente a los demás actos que fueron objeto de demanda. Dicha decisión fue
revocada por esta Corporación en providencia del 8 de agosto de 2013 en la que se
ordenó al Tribunal proveer sobre la admisión de la demanda en relación con el
Decreto 457 de 2008 y la anotación 2009-57802.
2. A su vez, el Tribunal mediante auto del 10 de diciembre de 2014, admitió el
libelo introductorio respecto de la Resolución 250 del 30 de junio de 1994 y de la
anotación 2009-0057802 del 11 de junio de 2009, mientras que frente al Decreto
457 de 2008 ordenó tramitar el escrito demandatorio en un proceso independiente.
3. En ese contexto, la parte resolutiva de la Resolución 250 del 30 de junio de
1994 se transcribe enseguida:
«Resolución núm. 250 de 30 de junio de 1994
“Por la cual se acotan las rondas hidráulicas de las chucuas de la Conejera y
Techo, el lago de Santa María del Lago, se definen sus zonas de manejo y
preservación ambiental, y se establece el acotamiento de rondas de los cuerpos
de agua rodeados por elementos definidos del espacio público en el Distrito
Capital”
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y de
Manejo y Preservación Ambiental de la Chucua de La Conejera la línea formada
por la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en los planos No. 1 y 2
elaborados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que
hacen parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de
Manejo y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15)
metros de ancho.
PARÁGRAFO 1: Para efectos del acotamiento anterior, se consideró como
cuerpo de agua de la chucua de La Conejera la cartografía oficial del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi emitida inmediatamente después de la expedición
del Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974). Las
planchas correspondientes son las números E-18, E-19, E-28 y E-29 de 1981.
PARAGRAFO 2: El acotamiento de la Chucua de La Conejera definido con
anterioridad para la Urbanización el Rincón de Santa Inés (Compartir - Suba),
mediante Resolución 576 del 27 de Diciembre de 1988 expedida por el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Artículo 20, zonas de
cesión de uso público, afectación Zona Ronda de Río, seguirá vigente.
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ARTICULO SEGUNDO: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y
de Manejo y Preservación Ambiental del Lago de Santamaría del Lago la línea
formada por la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en el plano
No. 3 elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que
hace parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de
Manajo y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15)
metros de ancho.
PARÁGRAFO: Para efectos del acotamiento anterior, se consideró como
cuerpo de agua del Lago de Santa María del Lago, la cartografía oficial del
Instituto Geográfico Agustin Codazzi emitida inmediatamente después de la
expedición del Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811
de 1974). Las planchas correspondientes son las números E-89 de 1980 y E-
99 de 1979.
ARTICULO TERCERO: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y
de Manejo y Preservación Ambiental de la Chucua de Techo la línea formada
por la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en el planos No. 3
elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que hace
parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de Manejo
y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15) metros de
ancho.
PARÁGRAFO: Considerar como cuerpo de agua de la chucua de Techo, la
cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi emitida
inmediatamente después de la expedición del Código de Recursos Naturales
Renovables (Decreto Le 2811 de 1974). La plancha correspondiente es la H-46
de 1978.
ARTÍCULO CUARTO: Definir que para los cuerpos de agua ubicados en zonas
urbanísticamente conformadas y rodeadas por otros elementos ya definidos del
espacio público, tales como parques y vías, el acotamiento de las Zonas de
Ronda y de Manejo y Preservación Ambiental corresponde al límite de los
mencionados espacios públicos.
PARÁGRAFO: Los acotamientos de Zonas de Ronda y de Manejo y Protección
Ambiental para proyectos urbanísticos presentados a la Empresa en lotes para
desarrollar, seguirán efectuándose por las dependencias que tienen a su cargo
el estudio de tales proyectos, observando el procedimiento ya establecido.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias»3
4. La anotación 2009-57802 prevé:
«
»4.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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1.3. Concepto de la violación
5. Como normas desconocidas invocaron los artículos 6, 29, 58, 79, 121 y 122 de
la Constitución Política; 106 de la Ley 142 de 1994; 1, 35, 59 y 66 del Código
Contencioso Administrativo (en adelante CCA); 3, 14, 28, 31 y 66 de la Ley 99 de
1993; 2 del Decreto Distrital 1132 de 1987; 138 y 142 del Acuerdo Distrital 6 de 1990
y 4 de la Resolución 423 de 2002 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
6. En el acápite de hechos, los demandantes aludieron a la ubicación y a la
historia registral del barrio Lagos de Castilla II Sector y señalaron entre otros
aspectos que al momento de adquirir sus predios dichos bienes no presentaban
limitaciones. Asimismo, indicaron que tenían una confianza legítima en la medida
en que en la zona existían desarrollos urbanísticos de gran envergadura tanto de
carácter distrital como privado.
7. Anotaron que el cuerpo de agua que eventualmente se constituye en el
Humedal de Techo fue disminuido y contaminado por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (en adelante EAAB) quien lo atravesó con una tubería que
recoge aguas residuales. Además, aseguraron que, en otros sectores distintos al
mencionado barrio, se ha desecado el cuerpo de agua mediante depósitos de tierra.
8. Señalaron que lo que hoy queda en el afluente es gracias a sus actividades de
conservación ya que han impedido que terceros pretendan invadirlo y destruirlo.
Posteriormente, se refirieron a daños ambientales ocasionados por parte de la
administración distrital de Antanas Mockus en el año 1995.
9. Alegaron que, como consecuencia de los actos demandados, el 11 de junio de
2009 se inscribió en los folios de matrícula inmobiliaria de sus inmuebles la
anotación con radicado 2009-57802, mediante la cual se les prohibió registrar
escrituras así como cualquier acto de transferencia o gravamen, todo ello en
cumplimiento de lo previsto en el Decreto Distrital 547 de 2008.
10. Posteriormente, aludieron a las actuaciones de las demandadas y procedieron
a exponer el concepto de vulneración de la demanda en los siguientes términos:
11. En relación con el cargo de falta de competencia, luego de citar los artículos 6,
121 y 122 de la Carta Política y 1 del CCA alegaron que el Gerente General de la
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EAAB carecía de competencia para acotar la ronda hidráulica de la chucua de
Techo. Agregaron que conforme a la Ley 142 de 1994 las empresas prestadoras de
servicios públicos tienen como objeto la prestación de dichos servicios por lo que
sus actuaciones administrativas se encuentran limitadas a la ejecución de las
disposiciones legales que las regulan. En ese sentido, indicaron que de acuerdo con
el artículo 32 ibidem, dichas empresas en el desarrollo de sus actividades se rigen
por el derecho ordinario el cual no contempla el ejercicio de facultades propias de
las autoridades públicas.
12. Expresaron que la EAAB no podía ejercer legalmente competencias de
carácter ambiental. Asimismo, señalaron que aun en gracia de discusión si se
admitiera que dicha entidad ejerció ese tipo de funciones mediante la Resolución
250 de 1994 lo cierto era que ese acto perdió fuerza ejecutoria conforme a lo
previsto en el artículo 66 del CCA, como consecuencia de la expedición de la
Constitución Política de 1991, la Ley 99 de 1993 y la entrada en vigencia de la Ley
142 de 1994. Lo anterior, máxime cuando los artículos 31 y 66 de la Ley 99 de 1993
atribuyeron las competencias ambientales a los grandes centros urbanos.
13. Citaron los artículos 138, 139 y 140 del Acuerdo Distrital 6 de 1990 e indicaron
que las facultades de la EAAB en materia de acotamiento de fuentes hídricas se
restringían a la ronda de ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del
territorio del Distrito. En ese sentido, afirmaron que dicha empresa no estaba
habilitada para declarar la existencia de un humedal y proceder a su delimitación.
14. Trajeron a colación el artículo 142 del Acuerdo Distrital 6 de 1990 y afirmaron
que la Zona de Manejo y Preservación Ambiental aledaña a la ronda hídrica
previamente determinada por la EAAB, debía ser definida por el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital al igual que la delimitación y las restricciones
del uso del suelo en dicha área.
15. En el cargo de falta de motivación reprocharon que la Resolución 250 de 1994
fue emitida sin el debido sustento técnico. En particular, sostuvieron que para
determinar la existencia del humedal, así como la línea de marea máxima, el cauce
permanente, sus dimensiones y el acotamiento de la ronda, era necesario
considerar criterios biofísicos, ecológicos, geográficos, socioeconómicos y
culturales sin que estos fueron tenidos en cuenta por la EAAB en el acto
demandado.
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16. Afirmaron que la EAAB no motivó adecuadamente la Resolución 250 de 1994,
toda vez que el acotamiento y delimitación del Humedal de Techo se realizó con
fundamento exclusivo en la plancha H-46 de 1978 elaborada por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC) sin contar con estudios técnicos
que analizaran la correspondencia entre el espejo de agua del humedal y dicha
cartografía, ni que permitieran determinar su cauce, marea máxima, extensión real
y ronda hidráulica. En ese sentido, sostuvieron que dicha actuación desconoció los
artículos 141 y 142 del Acuerdo Distrital 6 de 1990, los cuales exigían que la
delimitación de las rondas y de las zonas de manejo y preservación ambiental
estuviera sustentada en estudios que reflejaran la realidad fáctica y ambiental del
ecosistema. Agregaron que esa ausencia de motivación condujo a incluir
erróneamente el barrio de los accionantes dentro del área demarcada pese a que,
en su criterio, este se encontraba por fuera de la zona del humedal.
17. Mencionaron que se infringió el numeral 3 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993
ya que no se priorizó al ser humano sobre lo ambiental. Precisaron que, si bien los
efectos antrópicos pudieron haber generado una transformación de lo que en
épocas anteriores fue el Lago de la Sabana de Bogotá, lo cierto es que no se podía
desconocer la buena fe exenta de culpa de los propietarios actuales de los predios
que en el pasado pudieron construir en un humedal. En ese sentido, afirmaron que
no resultaba procedente atribuirles responsabilidad por decisiones administrativas
orientadas a revertir procesos de urbanización.
18. Anotaron que la Resolución 250 de 1994 y el Decreto 457 de 2008
desconocieron lo previsto en el numeral 7 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, en la
medida en que no incorporaron los costos ambientales ni el uso de instrumentos
económicos para la restauración del deterioro ambiental en el Humedal de Techo.
Asimismo, sostuvieron que la medida adecuada era compensar las áreas del
humedal con zonas aledañas que no contaran con desarrollo urbano.
19. De otro lado, aseveraron que se vulneró el debido proceso ya que no fueron
vinculados a los procedimientos que derivaron en la emisión de los actos
enjuiciados. Además, reprocharon que la Resolución 250 de 1994 no fue
socializada, lo que implicó un desconocimiento de los artículos 29 y 79 de la
Constitución Política y 12, 14, 15 y 28 del CCA.
20. Alegaron que la Resolución 250 de 1994 no fue publicada en el Registro
Distrital por lo que resultaba inoponible. En consecuencia, precisaron que los demás
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actos censurados se encontraban viciados de ilegalidad por contravenir los artículos
43 y 48 del CCA, así como el artículo 2 del Decreto Distrital 1132 de 1987 y el
artículo 4 de la Resolución 423 de 2002 ya que se fundamentaron en la mencionada
Resolución a pesar de que no había sido comunicada a sus destinatarios
21. Señalaron que la aplicación de la Resolución 250 de 1994 por parte del Distrito
Capital sin que fuera oponible a terceros les generó perjuicios, lo que de
conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política y el CCA los facultaba para
solicitar el restablecimiento del derecho y la reparación de los daños ocasionados
al verse afectados sus predios sin existir una delimitación del Humedal debidamente
publicada.
22. De otro lado, expresaron que la Resolución 250 de 1994 imponía a la
administración la adopción de diversas acciones tales como la expedición del acto
administrativo de determinación de la zona de humedal por parte de la Secretaría
Distrital de Planeación, la realización del inventario catastral y la incorporación de
las afectaciones ambientales en los folios de matrícula inmobiliaria. Asimismo,
señalaron que debían adelantarse medidas de preservación ambiental para evitar
la reducción del espejo de agua del humedal por rellenos posteriores, así como
abstenerse de realizar intervenciones que afectaran el ecosistema.
23. No obstante, afirmaron que ninguna de dichas actuaciones fue ejecutada antes
de la expedición del Decreto 457 de 2008, razón por la cual la Resolución 250 de
1994 había perdido fuerza ejecutoria, en tanto habían transcurrido más de 5 años
sin que la administración adelantara las actuaciones necesarias para su
cumplimiento. En esa medida, alegaron que el citado decreto era nulo, pues se
fundamentó en un acto administrativo que ya no producía efectos.
24. Sobre la «expedición irregular que conlleva a desviaciones de poder en la
expedición del Decreto Distrital 457 de 2008»5, precisaron que conforme al artículo
15 del Acuerdo Distrital 19 de 1996, el Alcalde Mayor del Distrito Capital podía
declarar alguno de los estados de alarma ambiental por contaminación atendiendo
a lo previsto en dicha norma y a las circunstancias ambientales particulares del área
objeto de la declaratoria, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 y la
Resolución 618 de 2003.
5 Visible a folio 90 del Cuaderno del Tribunal.
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25. Indicaron que como para la emisión de la Resolución 250 de 1994 no se
elaboró un Plan de Manejo Ambiental, así como de una caracterización de las
aguas, del entorno socioambiental y de la flora y fauna del humedal, no era posible
establecer el deterioro sufrido y su magnitud lo que imposibilitaba la declaratoria de
la alerta naranja en el Decreto 457 de 2008.
26. Señalaron que en el marco de la mesa de trabajo distrital de la acción popular
del Humedal del Burro surgió la iniciativa de declarar la alerta naranja respecto del
Humedal de Techo ante la existencia de una advertencia previa sobre la
interposición de una acción popular relacionada con este último.
27. Entre tanto, indicaron que el Decreto 457 de 2008 desconoció los artículos 6,
58, 122 y 123 de la Constitución Política, en la medida en que no existía disposición
en el ordenamiento jurídico que facultara a la administración para excluir bienes del
comercio y ordenar su demolición cuando estos habían sido adquiridos con justo
título, se encontraban debidamente registrados y no había mediado un proceso de
expropiación. Añadieron que dicha actuación resultaba irracional y
desproporcionada, toda vez que sus bienes no ocasionaban daño al ambiente.
28. Sobre la «expedición irregular de la medida de sacar del comercio a los
inmuebles ubicados dentro del área del humedal»6 arguyeron que el artículo 15 del
Acuerdo 19 de 1996 impuso al Alcalde Mayor de Bogotá el deber de obtener
autorización previa del Concejo Distrital para adoptar las medidas presupuestales,
policivas y administrativas necesarias para atender situaciones de alerta ambiental.
No obstante, indicaron que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 457 de 2008 sin
dicha autorización, pese a que no se configuraba una situación imprevista o
sobreviniente que lo justificara.
29. Anotaron que dicha autorización resultaba necesaria por cuanto: (i) la orden de
demolición de viviendas ubicadas en zonas que no correspondían al humedal se
sustentó en la Resolución 250 de 1994, la cual consideraban inoponible por no
haber sido publicada, (ii) la orden de impedir la escrituración y el registro de predios
ubicados en el área del Humedal de Techo constituía el ejercicio de facultades
administrativas no ordinarias, en la medida en que ninguna autoridad podía disponer
la salida de bienes del comercio mediante acto administrativo sin habilitación legal
expresa, (iii) no se adoptó una medida preventiva ambiental en los términos de la
6 Visible a folio 97 del Cuaderno del Tribunal
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Ley 99 de 1993, (iv) no se trató de un proceso de expropiación conforme a lo previsto
en la Ley 9 de 1989.
30. Asimismo, señalaron que la decisión de sacar bienes del comercio generaba
efectos presupuestales inmediatos ya fuera por la indemnización derivada del daño
antijurídico o por la necesidad de adquirir los bienes afectados. Por ello, alegaron
que conforme a la Ley Orgánica de Presupuesto no era posible expedir un acto
administrativo de esta naturaleza sin contar con el respectivo Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que respaldara el gasto.
31. Expresaron que el Distrito Capital únicamente podía ejercer las atribuciones
sancionatorias previstas en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 388 de 1997 respetando
en todo caso el debido proceso. No obstante, advirtieron que dicha posibilidad
tampoco podía ser empleada ya que la Resolución 250 de 1994 no era oponible al
no ser publicada.
32. Indicaron que el Decreto Distrital 457 de 2008 se encontraba viciado por
desviación de poder en la medida en que se utilizó un mecanismo excepcional para
enfrentar una situación que era preexistente y atribuible a la actuación de las
autoridades distritales. Asimismo, aseveraron que el acto enjuiciado fue emitido de
manera indebida afectando su derecho de propiedad con el fin de justificar la
inactividad de la administración y eludir la situación jurídica existente respecto del
Humedal de Techo.
33. Mencionaron que fue la propia actuación del Distrito Capital la que desconoció
la existencia del Humedal de Techo al haber construido colegios en sus
inmediaciones, extendido redes de servicios públicos en la zona, cobrado
valorización a los inmuebles y generado una apariencia de inexistencia de medidas
de conservación ambiental, máxime cuando la Resolución 250 de 1994 no fue
publicada.
34. Sostuvieron que las anotaciones demandadas que fueron efectuadas por la
Superintendencia de Notariado y Registro eran nulas como efecto de la ilegalidad
de los demás actos enjuiciados. Igualmente, recalcaron que la «Superintendencia y
la Oficina de Registro, obraron (Sic) de manera ciega, se limitaron a tomar el listado
remitido por Catastro Distrital que da cuenta de los folios de matrícula respectivo y
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procedieron a realizar la anotación, sin consideración ninguna a su legalidad o
ilegalidad»7.
35. Finalmente, afirmaron que se desconoció su derecho de propiedad, al debido
proceso y de confianza legítima bajo similares consideraciones a las antes
resumidas en este acápite.
36. En memorial del 9 de febrero de 2015, en atención a que el Tribunal ordenó
tramitar la demanda contra el Decreto 457 de 2008 en un proceso aparte, los
accionantes reformaron el libelo introductorio en el sentido de solicitar su
inaplicación por vía de excepción de ilegalidad. Al respecto, afirmaron que la
demanda contenía argumentos suficientes sobre la afectación de sus situaciones
particulares como consecuencia de ese acto, por lo que pidieron remitirse a estos.
II. CONTESTACIONES DE LAS DEMANDAS
2.1. La Superintendencia de Notariado y Registro en memorial del 26 de mayo
de 2014, respondió el libelo introductorio respecto a la Resolución 250 de 1994, bajo
las siguientes consideraciones8:
37. Anotó que carecía de legitimación en la causa por pasiva ya que en virtud del
Decreto Ley 1250 de 1970 las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos tienen
la competencia de registrar los actos emitidos por las autoridades competentes. En
ese sentido, señaló que actuó conforme a la ley al realizar las anotaciones en los
folios de matrícula inmobiliaria en cumplimiento de la orden impartida por la alcaldía
de Bogotá en el Decreto 457 del 23 de diciembre de 2008, mediante el cual se
declaró el estado crítico o alerta naranja en el Humedal de Techo.
38. Señaló que no existía nexo de causalidad entre la actuación de dicha oficina y
el perjuicio alegado por los demandantes ya que se limitó a cumplir funciones
registrales derivadas de actos emitidos por las autoridades correspondientes.
39. De otro lado, explicó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
no era procedente, ya que lo cuestionado eran actos generales y estaba de por
medio el interés general de ahí que la acción que debió interponerse era la de
nulidad simple, de modo que debían desestimarse las pretensiones de la demanda.
7 Visible a folio 107 del Cuaderno del Tribunal.
8 Visible a folios 36 a 44 del Cuaderno del Tribunal.
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2.1.1. Posteriormente, en escrito del 9 de abril de 2015, la aludida
Superintendencia reiteró que el Registrador debía limitarse a verificar a dar
cumplimiento a lo definido en el Decreto Distrital 457 de 2008, sin considerar
elementos distintos a los que acompañan el acto cuya inscripción se solicita.
40. Concluyó que había operado el fenómeno de caducidad ya que la demanda se
interpuso después de 4 meses de la inscripción de la medida de exclusión de los
bienes del comercio.
2.2. La Secretaría Distrital de Ambiente en nombre del Distrito Capital de
Bogotá contestó la demanda en relación con la Resolución 250 de 1994 bajo las
siguientes consideraciones:
41. Tras aludir a la Convención Ramsar, el artículo 118 del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá, al Acuerdo 35 de 1999, el artículo 77 del Decreto Distrital 469
de 2003, al artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y al Decreto 1504 de 1998
indicó que la finalidad de la Resolución 250 de 1994 fue la protección del Parque
Ecológico Distrital de Humedal de Techo en atención a su importancia ecológica,
paisajística y ambiental para el patrimonio natural de Bogotá.
42. Arguyó que el cargo de falta de competencia no tenía fundamento en la medida
en que la EAAB contaba con amplias funciones para el acotamiento de las fuentes
hídricas.
43. Mencionó que la Resolución 250 de 1994 no produjo ningún daño pues perdió
fuerza ejecutoria como los mismos demandantes señalaron en el libelo
introductorio. Alegó que en todo caso esa decisión fue emitida con plena
observancia del ordenamiento jurídico y que no existía prueba del perjuicio
reclamado.
44. De otro lado, mencionó que no se probaron los perjuicios materiales ya que no
se aportaron los avalúos de los inmuebles de los accionantes, ni pruebas médicas
que acrediten que sufrieron algún padecimiento causado por la emisión del citado
acto.
45. Planteó la excepción de pleito pendiente esgrimiendo que en el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bogotá cursaba la acción popular 2005 02358 por la presunta
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afectación de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio
ecológico, a la defensa de los bienes de uso público y a la salubridad pública por la
afectación del Humedal de Techo.
46. Propuso la excepción de caducidad al señalar que la inscripción de la
afectación en los folios de matrícula de los demandantes se realizó el 10 de junio
de 2009, por lo que el término para la presentación oportuna de la demanda vencía
el 10 de octubre de ese mismo año. No obstante, como el libelo introductorio se
presentó el 1 de diciembre de 2009, consideró que había operado dicho fenómeno.
47. Agregó que carecía de legitimación en la causa por pasiva ya que no participó
en la emisión de la Resolución 250 de 1994 pues fue emitida exclusivamente por la
EAAB.
48. Expuso que la demanda era inepta ya que no se explicó el concepto de
vulneración.
2.2.1. En escrito del 28 de mayo de 2015, la Secretaría de Ambiente de Bogotá
se pronunció respecto a la reforma de la demanda en los siguientes términos:
49. Dijo que la figura de la inaplicación de una norma a un caso concreto vía
excepción de ilegalidad no se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico de
suerte que la demanda era inepta. Además, indicó que el Decreto 457 de 2008 solo
puede ser controvertido mediante la acción de nulidad simple y no a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
50. Alegó que el mencionado Decreto fue expedido con fundamento en las
facultades conferidas por los numerales 6 y 9 del artículo 1 y los artículos 65 y 66
de la Ley 99 de 1993, así como por los artículos 35 y 38, numeral 18, del Decreto
Ley 1421 de 1993 y el artículo 15 del Acuerdo 19 de 1996, con el lleno de los
requisitos legales, por funcionario competente y sin incurrir en falsa motivación ni
desviación de poder.
51. Propuso la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de
pretensiones en tanto se mezclaron peticiones propias de las acciones de nulidad
simple con las de nulidad y restablecimiento del derecho. Finalmente, propuso la
excepción de pleito pendiente respecto del proceso identificado con número 25000
23 24 000 2015 00004 00, en el que se discute la legalidad del Decreto 457 de 2008.
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2.3. La EAAB respondió la demanda bajo los siguientes términos.
52. Propuso la excepción de «caducidad de la acción» 9 señalando que había
operado el fenómeno de caducidad ya que la demanda fue interpuesta fuera del
plazo previsto en el ordenamiento jurídico para esos efectos. Agregó que de
conformidad con el Decreto Distrital 1132 de 1987, la EAAB no estaba obligada a
publicar en el Registro Distrital los actos administrativos que emitiera en tanto estos
debían divulgarse a través de medios de comunicación conforme a lo dispuesto en
los artículos 43 a 46 del CCA.
53. Destacó que existía cosa juzgada respecto de la sentencia de acción popular
dictada el 8 de octubre de 2009 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá y
en la que se buscó la protección del Humedal de Techo. Dijo que en dicho fallo se
ordenó a las autoridades de la ciudad realizar acciones tendientes a recuperar dicho
afluente.
54. Alegó que carecía de legitimación en la causa por pasiva en tanto la Resolución
250 de 1994 constituía un simple acto de ejecución por lo que el acto que debió ser
demandado era el Acuerdo 6 de 1990, expedido por el Concejo de Bogotá. Lo
anterior, por cuanto la Resolución enjuiciada se limitó a dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 141 de ese acuerdo.
55. En relación con el cargo de falta de competencia dijo que no estaba llamado a
prosperar ya que fue emitido en cumplimiento de lo previsto en el artículo 141 del
Acuerdo 6 de 1990, norma que aseveró se encontraba vigente ya que solo fue
derogada por mandato del Decreto 619 de 2000.
56. Dijo que la resolución enjuiciada contaba con motivación suficiente ya que se
fundamentó en las normas aplicables para el momento de su emisión y en las
aerofotografías que formaron parte de ese acto.
57. En lo referente al cargo por vulneración del debido proceso, señaló que los
accionantes sí tenían conocimiento de la Resolución 250 de 1994, en la medida en
que esta fue publicada en medios de comunicación conforme a lo dispuesto en los
artículos 43 a 46 del CCA. Asimismo, adujo que los demandantes venían desde
9 Visible a folio 17 del Cuaderno de contestación de la demanda.
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años atrás buscando que la EAAB adquiriera sus inmuebles como se evidenciaba
en la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado el 4 de marzo de 2010
dentro del proceso 25000 23 15 000 2009 01849 01.
58. De otro lado, dijo que no se vulneró el derecho de propiedad en tanto debe
ejercerse en consonancia con sus funciones social y ecológica. En ese sentido,
alegó que los propietarios de los inmuebles ubicados en el Humedal de Techo se
apropiaron del espacio público, lo que podría constituir una infracción al artículo 58
de la Constitución Política.
59. Alegó que la Resolución 250 de 1994 y el Decreto 457 de 2008 no desconocían
el principio de buena fe ya que «los hechos aducidos por el demandante, no
concuerdan con lo que ha señalado por los lineamientos señalados por la Corte
Constitucional, en cuanto considera que el principio de la confianza legítima es un
corolario del de la buena fe y consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar
unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se
les otorgue a estos últimos un período de transición para que ajusten su
comportamiento a una nueva situación jurídica»10.
60. Finalmente indicó que se atenía a lo establecido en la Convención Ramsar de
1971, el Convenio Sobre la Diversidad Biológica de 1992, los artículos 58, 63, 79,
80 y 366 de la Constitución Política, los artículos 8, 9, 137 y 329 del Decreto 2811
de 1974, el Decreto 1541 de 1978, el Decreto 1594 de 1984, la Ley 99 de 1993, Ley
165 de 1994, Ley 357 de 1997, Resolución 157 de 2004, Resolución 196 de 2006,
Resolución 1128 de 2006, el Acuerdo 6 de 1990, el Acuerdo 02 de 1993, el Acuerdo
19 de 1994, el Acuerdo 19 de 1996, los artículos 72, 75, 79, 81, 94, 95 y 118 del
Decreto 190 de 2004, el Decreto 62 de 2006, el Decreto 624 de 207, el Decreto 386
de 2008, el Decreto 457 de 2008, el artículos 75 y 76 de Acuerdo 79 2003, las
Resoluciones 334 de 2007, 1504 de 2008, 4383 de 2008, 4573 de 2009, 7473 de
2009, 3887 de 2010, 5195 de 2009 y 2618 de 2006.
61. Posteriormente, la anotada empresa se manifestó respecto de la reforma de la
demanda indicando que no era la entidad competente para pronunciarse sobre la
expedición del Decreto 457 de 2008 en la medida en que no tuvo injerencia en su
emisión.
10 Visible a índice 26 ibidem.
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III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
62. En sentencia del 21 de febrero de 2019, la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de
la demanda con fundamento las siguientes consideraciones:
63. En relación con la oportunidad para demandar la Resolución 250 del 30 de
junio de 1994 expedida por la EAAB, indicó que no existían elementos probatorios
suficientes para establecer la fecha en que la EAAB comunicó ese acto
administrativo a la comunidad y en particular a los demandantes. Señaló que ante
la existencia de duda razonable sobre la ocurrencia de la caducidad resultaba
procedente aplicar el principio pro actione con el fin de garantizar su derecho de
acceso a la administración de justicia conforme al artículo 229 de la Constitución
Política. Asimismo, se precisó que de acuerdo con el artículo 43 del Decreto Ley 01
de 1984 los actos de carácter general debían darse a conocer mediante su
publicación, por lo que correspondía a la EAAB acreditar en qué momento comunicó
la anotada decisión sin que ello hubiera sido probado.
64. En lo que respecta a la anotación 2009-57802, indicó que esta fue efectuada
el 11 de junio de 2009, por lo que el término para la presentación oportuna de la
demanda habría comezado a contarse a partir del 12 de ese mismo mes y año.
Precisó que el 5 de octubre de 2009 la parte actora radicó solicitud de conciliación
y que el 25 de noviembre siguiente se expidió la respectiva constancia de modo que
contaba hasta el 2 de diciembre para interponer la acción. En consecuencia, al
haberse radicado el 1 de diciembre de 2009, concluyó que la demanda fue
presentada en término.
65. Precisó que en todo caso tampoco existía constancia de que la citada
anotación hubiera sido comunicada a los actores por lo que tomó como punto de
partida para el cómputo del término de presentación oportuna de la demanda el 25
de septiembre de 2009, fecha en la que se expidió el respectivo certificado de
libertad y tradición de los inmuebles de los accionantes en los que constaba la
aludida anotación. En ese sentido, indicó que dicho plazo vencía el 26 de marzo de
2010 y como el libelo introductorio se radicó el 1 de diciembre de 2009, concluyó
que fue presentada en término.
66. Destacó que no existía cosa juzgada en relación con la acción popular
adelantada para la recuperación del Humedal de Techo ya que las pretensiones de
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ambos procesos resultaban disímiles.
67. En relación con la falta de legitimación en la causa por pasiva de la EAAB
dijo que dicha entidad sí debía participar en el asunto ya que fue quien expidió la
Resolución 250 de 1994.
68. Respecto de la Secretaría Distrital de Ambiente, señaló que como dicha
entidad no emitió los actos enjuiciados ni intervino en la actuación administrativa
que dio lugar a su expedición carecía de interés para participar en el proceso. En
consecuencia, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva frente a esa entidad.
69. Sobre la Superintendencia de Notariado y Registro, señaló que emitió la
anotación 2009-57802 en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 del Decreto
Distrital 457 de 2008, por lo que se encontraba habilitada para intervenir en este
trámite.
70. Sobre la excepción de pleito pendiente respecto de la acción popular 2005-
02358, indicó que en ambos trámites se perseguían objetos distintos pues en el
proceso de la referencia se debatía la legalidad de unos actos administrativos,
mientras que en la mencionada acción constitucional se buscaba la protección de
unos derechos colectivos.
71. En relación con la ineptitud sustantiva de la demanda, señaló que, si bien se
evidenciaban deficiencias en la técnica jurídica, de la lectura del libelo era posible
identificar las normas en las que la parte actora fundamentaba la controversia sobre
la legalidad de los actos enjuiciados.
72. Sobre la indebida escogencia de la acción indicó que los accionantes
ejercieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 85 del CCA contra la Resolución 250 de 1994, la anotación 2009-57802
efectuada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y el Decreto Distrital
457 de 2008. No obstante, respecto de este último, dijo que el Consejo de Estado
mediante providencia del 8 de agosto de 2013 determinó que por tratarse de un acto
de carácter general su control debía adelantarse a través de la acción de nulidad
simple consagrada en el artículo 84 del CCA, razón por la cual dicha pretensión se
tramitó en proceso separado.
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73. En cuanto a la Resolución 250 de 1994, alegó que, aunque corresponde a
un acto de carácter general su eventual declaratoria de nulidad conllevaría el
restablecimiento automático de los derechos de los demandantes, lo que hacía
procedente el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
74. Posteriormente se pronunció de los cargos de nulidad de la demanda
indicando que el artículo 1 del Acuerdo Distrital 019 de 1994 declaró reservas
ambientales naturales de interés público a los humedales del distrito capital. Dijo
que de acuerdo con la Ley 357 de 1997 los humedales requieren una especial
protección no solo porque son ecosistemas frágiles, sino que desempeñan
funciones vitales para el ambiente como el almacenamiento, depuración y
estabilización de las aguas y de las condiciones climáticas locales.
75. Mencionó que a través del artículo 95 del Decreto 190 de 2004 clasificó el
Humedal de Techo como un parque ecológico del Distrito de Bogotá.
76. Así, frente al cargo de falta de competencia dijo que el Acuerdo Distrital 6 de
1990 facultó a la EAAB para realizar el acotamiento del terreno de todas las rondas
de los ríos, embalses, quebradas y canales dentro de Bogotá. En consecuencia, dijo
que esa entidad sí estaba habilitada para acotar las rondas hidráulicas de los
humedales de la Conejera y de Techo.
77. Manifestó que la Ley 99 de 1993 no derogó la facultad conferida por el
Acuerdo 6 de 1990, el cual solo fue derogado con el Decreto 619 de 2000.
78. Sobre el cargo de falta de motivación señaló que para la época de expedición
de la Resolución 250 de 1994, la regulación sobre humedales no era tan estricta,
por lo que no se exigía la realización de estudios previos como los alegados por la
parte demandante, de manera que no podían imponerse requisitos no previstos en
la normativa vigente al momento de la expedición del acto.
79. Respecto del desconocimiento del derecho al debido proceso mencionó que
el derecho de propiedad no es absoluto sino que debe cumplir una función
ecológica. En ese orden, indicó que la limitación impuesta a los inmuebles de los
demandantes resultaba proporcional en la medida en que se encontraban ubicados
en una zona de importancia ecológica como el Humedal de Techo.
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80. Asimismo, indicó que los demandantes no ostentaban la calidad de
propietarios de los bienes objeto de controversia al momento de la expedición de la
Resolución 250 de 1994, por lo que no resultaba necesario vincularlos para la
adopción de dicho acto.
81. En cuanto a la publicación de la Resolución 250 de 1994, alegó que la falta
de comunicación de un acto no constituye una causal de anulación sino produce su
inoponibilidad, por lo que dicho reparo tampoco prosperó.
82. Además, negó la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 457 de 2008,
destacando que acto buscaba implementar una medida de protección frente a la
fragilidad y el riesgo del ecosistema del Humedal de Techo. Asimismo, reiteró que
el derecho de propiedad no es absoluto, en tanto cumple una función ecológica y
social, aspectos que no fueron desvirtuados dentro del proceso.
83. Por último, se abstuvo de condenar en costas a la parte actora.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
84. La parte actora interpuso recurso de alzada en contra de la sentencia de
primera instancia bajo las siguientes consideraciones:
85. Indicó que la sentencia era incongruente, en la medida en que resolvió una
excepción de inconstitucionalidad respecto del Decreto 457 de 2008, cuando en
realidad lo que se había promovido era una de ilegalidad. Señaló que en la
sentencia recurrida no se realizó consideración alguna sobre los argumentos que
sustentaban dicha excepción, máxime cuando la protección del ambiente no
constituye una carga que deba ser asumida exclusivamente por los demandantes.
86. Afirmó que en la sentencia de primera instancia no se analizaron las razones
por las cuales el Decreto Distrital 457 de 2008: (i) desconocía la disciplina
presupuestal al no contar con respaldo en un Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, (ii) no podía ser expedido sin la autorización previa del Concejo
Distrital, la cual no fue solicitada y (iii) incurría en desviación de poder, aspecto que
tampoco fue objeto de estudio.
87. Adujo que el Tribunal de primera instancia no realizó un análisis integral de
los hechos, lo que impidió comprender adecuadamente cómo los actos
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administrativos demandados al no ajustarse al ordenamiento jurídico generaron una
limitación temporal al derecho de propiedad que no estaban obligados a soportar.
88. Arguyó que el Tribunal omitió pronunciarse sobre las pretensiones
subsidiarias, lo que a su juicio evidenciaba el desconocimiento del principio de
congruencia. Precisó que, en la segunda pretensión subsidiaria, se solicitó declarar
que la Resolución 250 de 1994 no había sido publicada y aunque en la providencia
recurrida se reconoció que la falta de comunicación de dicho acto lo hacía
inoponible, no se emitió un pronunciamiento sobre la procedencia de esa solicitud.
Agregó que tampoco existió un pronunciamiento sobre la petición al distrito de
adelantar el proceso de compra de los bienes objeto de controversia, ni que se que
compensen dichos bienes con zonas aledañas.
89. De otro lado, cuestionó que se hubiera declarado probada la excepción de
falta de legitimación de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues si bien en el
presente asunto no se debate la nulidad del Decreto 457 de 2007, en la reforma de
la demanda se solicitó su inaplicación por ilegalidad.
90. Entre tanto, consideró que la sentencia del 20 de abril de 2018, proferida en
el proceso 25000 23 15 000 2005 02358 00, constituía un precedente relevante para
este asunto, en la medida en que en ella se evidenciaron irregularidades por parte
del Distrito de Bogotá y de la EAAB en la protección del Humedal de Techo. En
consecuencia, solicitó que lo allí decidido fuera tenido en cuenta para resolver la
alzada.
91. Respecto del cargo de falta de competencia de la EAAB para emitir la
Resolución 250 de 1994 ,expresó que conforme al inciso segundo del artículo 142
del Acuerdo Distrital 6 de 1990, la determinación de las zonas de manejo y
preservación ambiental en las áreas de ronda correspondía al Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, hoy Secretaría de Planeación Distrital. De ahí
que no fuera cierto que en ese acuerdo se hubiera otorgado facultades a la EAAB
para emitir la anotada decisión demandada.
92. Refirió que en el artículo 141 ibidem únicamente se limitó a establecer que la
EAAB debía elaborar un insumo técnico que sería considerado por el referido
departamento para la determinación de las mencionadas zonas.
93. Dijo que conforme a los artículos 139 y 140 ibidem la competencia de la
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EAAB en materia de acotamiento se limitaba a la ronda de ríos, embalses, lagunas,
quebradas y canales dentro del territorio del Distrito, comprendiendo la demarcación
del cauce natural y de la ronda hidráulica. Destacó que no existía una disposición
en el referido acuerdo que habilitara a la anotada empresa para declarar la
existencia de un humedal y proceder a su delimitación.
94. Señaló que la Resolución 250 de 1994 resultaba contraria a la Constitución
Política de 1991, en la medida en que con posterioridad a su expedición dichas
materias quedaron en cabeza de las autoridades municipales conforme a lo
dispuesto en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993.
95. Indicó que las empresas de servicios públicos domiciliarios, como la EAAB,
únicamente pueden desarrollar las actividades autorizadas por el artículo 14 de la
Ley 142 de 1994 por lo que no les corresponde ejercer funciones propias de
autoridad ambiental ni declarar la existencia de humedales o delimitarlos. En
consecuencia, mencionó que esa empresa desconoció los artículos 6, 121 y 122
Superiores.
96. En relación con la falsa motivación expuso que de conformidad con los
numerales 6 y 12 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, los actos administrativos en
materia ambiental deben tener una motivación seria y se debe garantizar la
participación efectiva en la decisión. No obstante, expresó que para la emisión de
la Resolución 250 de 1994, la EAAB no tuvo en cuenta criterios biofísicos,
ecológicos, geográficos, socioeconómicos y culturales del humedal.
97. Expuso que no era suficiente como soporte técnico una plancha elaborada
aproximadamente 16 años antes de la emisión del citado acto demandado dada la
complejidad de la materia ambiental en la zona. En ese orden, expuso que el
Tribunal omitió analizar el carácter obsoleto de dicha plancha e insistió que la
Resolución 250 de 1994 fue adoptada sin un estudio previo que permitiera verificar
la correspondencia entre el espejo de agua del Humedal de Techo y dicha
cartografía, así como determinar el cauce del humedal, su marea máxima, su
verdadera extensión y su ronda al momento de su expedición.
98. Indicó que resultaba contradictorio que el Tribunal tras reconocer que la
normativa vigente para la época de la Resolución 250 de 1994 era flexible y no
exigía estudios técnicos, no reprochara que actos administrativos posteriores
expedidos bajo una normativa más estricta adoptaran sin mayor análisis lo
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dispuesto en dicha resolución. Asimismo, señaló que no era razonable que los
demandantes asumieran los perjuicios derivados de una actuación administrativa
carente de fundamento jurídico y técnico riguroso.
99. En relación con la infracción al debido proceso señaló que dicho cargo no se
limitaba a la Resolución 250 de 1994, sino que también se cuestionaba que no
hubieran sido vinculados al trámite de expedición del Decreto 457 de 2008, por lo
que no era posible desestimar el reproche con el único argumento de que
adquirieron sus inmuebles con posterioridad al primer acto.
100. Indicó que el carácter urgente de una actuación orientada a la protección
ambiental, como la prevista en el Decreto 457 de 2008, no justificaba que no se
incluyera en el trámite de emisión de ese acto a las personas que resultarían
afectadas con esa decisión, por lo que se desconoció lo previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, así como las estipulaciones en la materia contenidas en
el CCA.
101. Anotó que si bien la falta de publicación de la Resolución 250 de 1994 no
implicaba su ilegalidad sí conllevaba la nulidad del Decreto 457 de 2008 y de los
actos de registro demandados en la medida en que si el primer acto no producía
efectos, no podía servir de sustento para la expedición de los posteriores so pena
de desconocer lo previsto en los artículos 83 de la Carta Política, 48 y 63 del CCA.
102. Reiteró que la Resolución 250 de 1994 no fue publicada en el Registro
Distrital desconociendo lo previsto en el literal f) del numeral 2 del artículo 2 del
Decreto Distrital 1132 de 1987, circunstancia que se certificaba en el oficio con
radicado 2-2009-40607 firmado por la Subdirectora de Imprenta Distrital. Indicó que
la aplicación de la Resolución 250 de 1994 por parte del Distrito Capital sin que esta
fuera oponible a terceros generó perjuicios a los demandantes, lo que conforme al
artículo 90 de la Constitución Política y al CCA los facultaba para solicitar el
restablecimiento del derecho y la reparación de los daños causados.
103. Adujo que la Resolución 250 de 1994 imponía a la administración la
realización de diversas actuaciones, entre ellas la expedición por parte de la
Secretaría Distrital de Planeación del acto administrativo de determinación de la
zona de humedal, la elaboración del inventario catastral y la incorporación de las
afectaciones ambientales en los folios de matrícula inmobiliaria. Afirmó que ninguna
de dichas actuaciones, ni otras dirigidas a la ejecución de la Resolución 250 de
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1994, fueron realizadas antes de la expedición del Decreto 457 de 2008, lo que
condujo a la pérdida de fuerza ejecutoria del primer acto frente a los particulares
afectados e imposibilitaba que sirviera de fundamento para la emisión de los demás
actos demandados.
104. Anotó que, si bien los actos administrativos de carácter general no decaen,
lo cierto era que los efectos de la Resolución 250 de 1994 eran concretos,
personales y particulares, al recaer sobre el Humedal de Techo y afectar
directamente a los propietarios de predios ubicados en esa área. Resaltó que sobre
la aplicación de un acto decaído en los demás actos enjuiciados tampoco existió
pronunciamiento, de ahí que el fallo de primera instancia sea incongruente.
105. Mencionó que el Distrito Capital con el propósito de proteger el supuesto
Humedal de Techo en el Decreto 457 de 2008, únicamente podía ejercer las
atribuciones sancionatorias previstas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997,
esto es, en materia ambiental y urbanística, garantizando en todo caso el debido
proceso.
106. Indicó que el Alcalde Mayor habría incurrido en abuso de poder al disponer
en el citado Decreto la salida del comercio de los bienes de los demandantes sin
contar con autorización previa del Concejo, desconociendo así sus derechos de
propiedad. Asimismo, señaló que dicha actuación no obedecía a un proceso de
expropiación sin que previamente hubiera una declaratoria de utilidad pública para
la ejecución de obras o proyectos de interés general, tales como infraestructura
social, vial, de transporte o de preservación ambiental.
107. Resaltó que el vicio de desviación de poder se evidenciaba en la medida en
que la declaratoria de alerta naranja en el aludido Decreto se habría concebido en
el marco de mesas de trabajo de las autoridades distritales, en las cuales se
discutían los efectos de una sentencia proferida en una acción popular relacionada
con el Humedal del Burro y en las que dichas autoridades tenían conocimiento de
la existencia de otra acción popular respecto del Humedal de Techo, circunstancia
de la que daban cuenta las actas del Comité Jurídico Distrital que fueron aportadas
como pruebas de la demanda.
108. Anotó que las condiciones de contaminación y los estándares de calidad
ambiental debían determinarse conforme a los lineamientos del artículo 8 del
Decreto Ley 2811 de 1974, así como a la reglamentación expedida por el Director
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del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA mediante la
Resolución 618 de 2003. No obstante, expresó que al momento de expedir la
Resolución 250 del 30 de junio de 1994, la EAAB no realizó una caracterización de
las aguas del supuesto Humedal de Techo, ni del entorno socioambiental, la flora y
la fauna, por lo que no existía una línea base que permitiera establecer el deterioro
ambiental ni su magnitud. Asimismo, indicó que no existía un Plan de Manejo
Ambiental para la protección del anotado humedal.
109. En relación con la Anotación 2009-57802 dijo que en la sentencia recurrida
tampoco existió un pronunciamiento sobre los cargos en contra de ese acto, lo que
nuevamente implicaba un nuevo desconocimiento del principio de congruencia. En
ese orden, indicó que en la anotada actuación materializaba la «aplicación irregular
de actos que eran obsoletos, habían decaído y eran inoponibles»11.
110. Alegó que el daño debía calcularse con base en una comparación con el
provecho económico que habrían obtenido otros propietarios no afectados por la
medida adoptada mediante el Decreto 457 de 2008, en relación con el desarrollo de
sus predios durante el tiempo en que la anotación permaneció en el registro público.
Asimismo, señaló que el perjuicio también se derivaba de la imposibilidad de
desarrollar los inmuebles en las condiciones permitidas para otros predios, como
consecuencia de la restricción al ejercicio pleno del derecho de disposición.
111. Adujo que pese a haberse levantado la medida ordenada en los actos
enjuiciados, lo cual permitía presumir su irracionabilidad e ilegalidad, ello no impedía
que medidas similares pudieran ser adoptadas nuevamente por la administración.
En ese sentido, señaló que resultaba procedente insistir no solo en la indemnización
por la privación temporal de los beneficios económicos derivados del derecho de
dominio. Además, alegó que dichas medidas debían conducir a la regularización de
la situación jurídica de los predios de propiedad de los demandantes, ubicados en
un sector cercano al humedal objeto de controversia.
112. Agregó que la Superintendencia de Notariado y Registro incumplió sus
deberes al gravar la matrícula inmobiliaria de los predios de los demandantes sin
advertir que dicha medida resultaba desproporcionada, en tanto afectaba el derecho
de propiedad y restringía la libre disposición de los inmuebles. Alegó que inclusive
la Secretaría de Planeación Distrital de la Alcaldía de Bogotá, en un documento
11 Visible a folio 298 del Cuaderno del Tribunal
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cuyo radicado no identificó y que aseguró aportó con la demanda, reconoció que la
medida adoptada de sacar los bienes del comercio era desproporcional.
V. TRÁMITE DE LA APELACIÓN
113. En auto del 22 de mayo de 2019 se admitió el recurso de apelación12 . En
proveído del 22 de marzo de 2024 el Despacho sustanciador negó el decreto de las
pruebas solicitadas en segunda instancia y, entre otras, se negó la petición de tener
como elemento probatorio la sentencia del del 20 de abril de 2018, proferida en el
proceso 25000 23 15 000 2005 02358 0013.
114. En proveído del 23 de abril de 2024, se corrió traslado para alegar de
conclusión. Durante el término concedido para esos efectos las partes guardaron
silencio como consta en el índice 23 del Sistema de Gestión SAMAI.
VI. CONSIDERACIONES
6.1. Competencia de la Sala
115. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
lo ordenado en los artículos 129 y 132 (numeral 3) del C.C.A. y en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 201914, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
6.2. De los reproches relacionados con la legitimación de la Secretaría
Distrital de Ambiente de Bogotá
116. Se absolverá si tiene legitimación en la causa por pasiva la Secretaría Distrital
de Ambiente de Bogotá para intervenir en el asunto de la referencia, si en la reforma
de la demanda se solicitó la inaplicación de un acto emitido por esa entidad.
117. La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener
decisión de fondo. En otras palabras, la ausencia de este requisito enerva la
12 Visible a folio 4 del Cuaderno Principal.
13 Visible a folio 58 del Cuaderno Principal
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas de la demanda15.
118. Así, a efectos de resolver la controversia que ocupa la atención de la Sala es
menester indicar que en el escrito de reforma de la demanda los accionantes
solicitaron la inaplicación vía de excepción de ilegalidad del Decreto 457 de 2008.
119. En ese orden, vale la pena recordar que el artículo 149 del CCA reguló la
capacidad y representación de las entidades públicas en los procesos judiciales
presentados ante esta Jurisdicción. En otras palabras, estableció quienes deben ser
vinculadas a los procesos en atención a los actos demandados. La norma en
cuestión prevé:
«Artículo 149. Representación de las personas de derecho público. Las
entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar
como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos Contencioso
Administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.
Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este Código si las
circunstancias lo ameritan.
En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por
el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente,
Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o
por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el
hecho.
El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el
Congreso. La Nación-Rama Judicial estará representada por el Director
Ejecutivo de Administración Judicial.
15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de septiembre de 2012. Proceso número
05001 23 31 000 1995 00575 01(24677). M.P. Enrique Gil Botero.
Además, en sentencia del 23 de abril de 20008, emitida en el expediente con número 16.271 la
Sección Tercera de esta Corporación expuso frente a la legitimación en la causa:«La legitimación en
la causa -legitimatio ad causam- se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la
situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el
proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen
los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en
ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en
el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo
o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de
que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal»
A su vez, en providencia del 22 de noviembre de 2001, emitida en el expediente 13.356, la Sección
Tercera puntualizó: «La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior
y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado;
el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho
a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no
porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino
porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -
no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante
se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino
porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el
demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del
demandante» (Subrayas de la Sala).
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En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de
las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas
Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.
Parágrafo 1°. En materia contractual, intervendrá en representación de las
dependencias a que se refiere el artículo 2°, numeral 1, literal b) de la Ley 80
de 1993, el servidor público de mayor jerarquía en éstas.
Parágrafo 2°. Cuando el contrato haya sido suscrito directamente por el
Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de ésta
se ejerce por él o por su delegado» (Subrayas de la Sala).
120. En esa línea, deberá vincularse en calidad de demandada a la entidad que
haya expedido los actos acusados. Ello es así, de un lado, porque se trata de la
única autoridad que cuenta con los elementos suficientes para defender la validez
del acto y, del otro, porque es en quien recae la responsabilidad por cualquier vicio
que eventualmente se encuentre en aquel.
121. En ese orden de ideas, como el Decreto 457 de 2008 cuya inaplicación fue
solicitada en la reforma de la demanda fue expedido por la Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá, dicha entidad cuenta con legitimación en la causa por pasiva
dentro del presente asunto, en tanto le corresponde ejercer la defensa judicial del
referido acto administrativo.
122. En suma, se revocará el numeral 2 de la sentencia de primera instancia y en
su lugar se declarará no probada la excepción de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
6.3. De la solicitud de aplicación de la sentencia del 20 de abril de 2018
123. Al respecto, se advierte que en la alzada los recurrentes pidieron que se
tenga en cuenta lo resuelto en la sentencia del 20 de abril de 2018 proferida dentro
del proceso de acción popular 25000 23 15 000 2005 02358 00 para absolver la
presente controversia.
124. Así, lo que observa el Despacho es que la anotada providencia no constituye
un precedente para ese asunto, dado que el objeto de la controversia resuelta en
dicho asunto difiere del debatido en el presente proceso. En efecto, en aquella
oportunidad se analizó la posible vulneración de derechos e intereses colectivos con
ocasión de las afectaciones sufridas por el Humedal de Techo, mientras que en el
asunto sub examine el debate se circunscribe a determinar la legalidad de los actos
administrativos demandados.
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125. Sumado a lo expuesto, en auto del 22 de marzo de 2024, el Despacho
sustanciador negó la solicitud encaminada a incorporar como prueba el expediente
correspondiente al referido proceso de acción popular, decisión que quedó en firme
al no haberse interpuesto recurso alguno en su contra. En consecuencia, no resulta
procedente fundamentar la presente decisión en los elementos probatorios que
obran dentro de dicho trámite judicial.
126. Por ende, no se tendrá en cuenta lo resuelto en la mencionada providencia
para absolver la controversia.
6.4. De los cargos en contra de la Resolución 250 de 1994
6.4.1. Del cargo de falta de competencia
6.4.1.1. De las funciones relacionadas con el acotamiento de humedales de
la EAAB
127. La Sala resolverá si es nulo por falta de competencia el acto administrativo por
medio del cual la EAAB acotó la ronda hídrica de un humedal en Bogotá, si se
sostiene que esa empresa sólo tenía facultades para acotar las rondas de ríos,
embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio del Distrito pero no
específicamente de un humedal.
128. Pues bien, en los artículos 53 y 54 de Acuerdo 6 de 1990 se indicó:
«Artículo 53.- Zonificación. Es la división del territorio del Distrito Especial de
Bogotá con el fin de regular en forma ordenada los usos del terreno y su
intensidad, así como las características urbanísticas y arquitectónicas de las
áreas y edificaciones que se destinan a los diversos usos.
Artículo 54.- Uso. Es la utilización que se le da a los elementos materiales de
la estructura urbana en las distintas actividades ciudadanas.
Algunos usos se fundan en derechos de los ciudadanos en general, como son
las diversas formas del Uso Público a las que están destinados los bienes de
uso público de propiedad pública; otros usos se fundan en las actividades
propias de las Empresas de Servicios Públicos, como es el uso de las redes,
instalaciones y obras de infraestructura de servicios públicos por parte de ellas
y de los usuarios, conforme a lo que al respecto prevean los respectivos
reglamentos de suscripción; otros usos son necesarios para el cumplimiento de
las funciones públicas en general, como los usos que se le dan a los edificios
públicos para la prestación de los servicios administrativos; finalmente, otros
usos tienen su fundamento en el derecho de propiedad y en el ejercicio de las
libertades públicas, en especial la libertad de empresa, como son los usos
residenciales, los usos comerciales y los usos industriales, así como también
algunos de los usos para fines cívicos o institucionales, que se sustraen de la
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actividad propiamente pública y ciertas formas específicas del uso o disfrute
colectivos que pueden darse en la propiedad privada conforme al Artículo 5 de
la Ley 9 de 1989» (Subrayas de la Sala).
129. A su vez, el artículo 63 ibidem dispuso:
« Artículo 63º.- Primer nivel de zonificación. El Primer Nivel de Zonificación,
comprende las siguientes formas de Zonificación, según la naturaleza de los
elementos de la estructura urbana, los valores urbanísticos y las actividades
que tutelan las normas respectivas:
A. Zonificación para el manejo de los elementos naturales de la estructura
urbana, para la preservación y fomento de aquellos usos e intensidades de los
mismos, que sean compatibles con la defensa de dichos elementos y para la
exclusión o restricción de aquellos usos que los afecten o impacten
negativamente.
Pertenece, por tanto, al Primer Nivel de Zonificación la sectorización del
territorio para el establecimiento y regulación de:
• El Sistema Hídrico del Distrito Especial de Bogotá, en lo que se refiere a las
áreas y elementos naturales que conforman el mismo y que, sin ser de uso
público, requieren un tratamiento especial para la protección del mencionado
sistema, como son las Zonas de Manejo y Preservación de las Rondas de Ríos,
Quebradas, Embalses y Lagunas.
• El Sistema Orográfico del Distrito Especial de Bogotá. (Cerros Orientales,
Cerros de Suba y La Conejera, Cerros Sur-Occidentales, Guacamayas y Juan
Rey).
• El Sistema de Parques, Zonas Verdes y Forestales, Zonas Oxigenantes,
Amortiguadoras y Zonas de Preservación de Elementos Estéticos Naturales del
Paisaje. (Parques Metropolitanos, Jardín Botánico, Zonas Arborizadas, Zonas
Verdes de Uso Público y de Uso Privado, Zonas Recreativas al Aire Libre,
Parques Cementerios, Clubes Campestres, Áreas Verdes y Arborizadas
destinadas a Establecimientos Educativos o Institucionales de otros órdenes,
etc.).
B. Zonificación para el manejo del patrimonio cultural de la ciudad y de los
valores históricos, arquitectónicos, urbanísticos y de identidad urbana, para la
preservación y fomento de los usos e intensidades de los mismos, que sean
compatibles con la preservación de los mencionados valores y para la exclusión
o restricción de aquellos usos que los amenacen o pongan en peligro.
C. Zonificación para la preservación del uso público y en general, para el manejo
y utilización del espacio público.
Por lo tanto, pertenece al Primer Nivel de Zonificación la sectorización del
territorio para el establecimiento y regulación de:
• Zonas Viales;
• Zonas Recreativas de Uso Público;
• Zonas de Uso Público del Sistema de Rondas de Ríos, Quebradas,
Canales, Embalses y Lagunas;
• Zonas de Cesión Obligatoria Gratuita al Patrimonio Público de Bienes de
Uso Público por parte de los Propietarios y Urbanizadores;
• Elementos Arquitectónicos y Naturales de los Bienes Inmuebles de
Propiedad Privada y de los Bienes Fiscales que deben ser destinados al Uso
Publico;
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D. Zonificación para el manejo y preservación de las obras de infraestructura de
servicios públicos.
Por lo tanto, pertenece al Primer Nivel de Zonificación la sectorización del
territorio para el establecimiento y regulación de Zonas de Servicios Públicos y
Franjas de Control Ambiental de tales zonas.
E. Zonificación para el manejo y preservación de las estructuras destinadas al
servicio público y del patrimonio público inmobiliario en general; para la
regulación de los usos, que se asignen a los inmuebles del patrimonio público
y para la exclusión o restricción de aquellos usos que impliquen riesgo para su
integridad y estabilidad, o para el bienestar de los habitantes.
Por lo tanto, pertenece al Primer Nivel de Zonificación la sectorización del
territorio para el establecimiento y regulación de Edificios Públicos y
establecimientos destinados a los servicios administrativos y estatales en
general.
Zonificación para el manejo y preservación de los Usos Institucionales en
edificios de carácter privado apropiados para tales usos. (Universidades,
Colegios, Hospitales, etc.)» (Subrayas de la Sala).
130. En ese contexto, dentro del capítulo VIII denominado «Rondas de Ríos,
Quebradas, Canales, Embalses y Lagunas y Zonas y Manejo y Preservación
Ambiental de las mismas» el artículo 141 ibidem previó:
«Artículo 141º.- Acotamiento. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá hará el acotamiento y demarcará en el terreno, todas las rondas de los
ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio del Distrito
Especial de Bogotá y en especial las cuencas de Torca, Conejera, Salitre,
Jaboque, Fucha, Tunjuelo, Tintal y Soacha, velará por su preservación y
solicitará a las autoridades la protección que las leyes le otorgan a los bienes
de uso público.
El acotamiento tendrá una representación cartográfica elaborada con asesoría
técnica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la cual
será incluida en la Cartografía Oficial del Distrito Especial de Bogotá, para todos
los efectos» (Subrayas de la Sala).
131. En ese marco, lo que se observa es que el propósito del artículo 141 del
Acuerdo 6 de 1990 consistió en atribuir a la EAAB la competencia para acotar y
demarcar las rondas hídricas dentro del territorio distrital como instrumento para su
identificación, delimitación y preservación.
132. Ahora, es claro que la mencionada norma no alude de manera expresa a los
humedales; no obstante, es importante precisar que para la época de expedición
del acto acusado no existía ninguna previsión normativa que diera cuenta de esos
ecosistemas.
133. En efecto, ni en el Decreto 2811 de 1974 ni la Ley 99 de 1993 se evidencia
regulación alguna al respecto. Solo fue con la expedición de la Ley 357 de 1997,
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que el Congreso de la República aprobó la «Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas»
(Convención de Ramsar), buscando establecer mecanismos orientados a su
protección y a la conservación de la diversidad e integridad del ambiente.
134. El artículo 1º ibidem, los definió como «las extensiones de marismas, pantanos
y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja
no exceda de seis metros».
135. Como resultado de la Convención de Ramsar, en la Séptima Reunión de la
Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención sobre los Humedales16,
se aprobaron los «Lineamientos para elaborar y aplicar Políticas Nacionales de
Humedales» en los cuales se fijaron los elementos para lograr su conservación. En
cumplimiento de lo acordado en dicha Reunión y de lo dispuesto en el numeral 24
del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 17 , el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible expidió, en junio de 2002, la «Política Nacional para Humedales
Interiores de Colombia»18.
136. De acuerdo con lo establecido en la Convención Ramsar se clasificaron los
humedales en marinos o costeros e interiores, cada uno con un sistema,
subsistema, clase y subclase. Allí mismo, y luego de definir el marco general, el
diagnóstico, los principios de la política, las estrategias, líneas programáticas, metas
y acciones, el Ministerio se ocupó de concretar los instrumentos de articulación y
funcionamiento de la gestión para la conservación y uso sostenible de los
16 Realizada en San José (Costa Rica) del 10 al 18 de mayo de 1999.
17 “Artículo 5º.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente:
(…)
24. Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, en las zonas marinas y costeras, y coordinar las actividades de las entidades
encargadas de la investigación, protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, y de
las costas y playas; así mismo, le corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de
ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales”.
18 Los objetivos que allí se trazaron conducían a: »«Integrar los humedales del país en los procesos
de planificación de uso del espacio físico, la tierra, los recursos naturales y el ordenamiento del
territorio, reconociéndolos como parte integral y estratégica del territorio, en atención a sus
características propias, y promover la asignación de un valor real a estos ecosistemas y sus recursos
asociados, en los procesos de planificación del desarrollo económico.
Fomentar la conservación, uso sostenible y rehabilitación de los humedales del país de acuerdo a
sus características ecológicas y socio económicas.
Promover y fortalecer procesos de concienciación, y sensibilización a escala nacional, regional y
local, respecto a la conservación y uso sostenible de humedales».
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humedales, encontrando que en el punto legal el país carecía de normatividad que
regulara todo lo concerniente. Sobre el punto indicó:
«En la actualidad no existe en Colombia una normatividad específica para la
conservación, protección y manejo de estos ecosistemas, encontrándose sólo
en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección
del Medio Ambiente, algunos aspectos relacionados con el aprovechamiento de
las aguas superficiales y subterráneas, dominio de las aguas y sus cauces y de
los modos de adquirir derecho al uso de las aguas.
La ausencia de un marco legal específico para humedales, ha ocasionado la
pérdida y alteración de los mismos debido al deterioro de los procesos naturales
como consecuencia de la agricultura intensiva, la urbanización, la
contaminación, la construcción, de represas el traslado regional de aguas y
otras formas de intervención en el sistema ecológico e hidrológico.
Aunque no se ha cuantificado su pérdida, es claro que se está ocasionando un
impacto importante en las comunidades locales que depende de estos recursos
y por ende en los servicios ambiéntales que generan.
En este sentido la Convención Ramsar, en las Directrices sobre el uso
sostenible de humedales y en su Plan Estratégico insta a las Partes
Contratantes a realizar los exámenes de la legislación a partir de los
lineamientos para examinar leyes e instituciones a fin de promover la
conservación y uso sostenible de los humedales.
Teniendo en cuanta lo anterior, y en el marco de la Ley 357 de 1997, los
objetivos operativos y acciones específicas que se presentan a continuación
apuntan a evitar la pérdida de humedales y a regular las actividades que causen
un impacto sobre los humedales y establecer criterios de protección, mitigación,
seguimiento y ejecución de las leyes.
Meta 1
Examinar la legislación vigente y las políticas sectoriales para establecer
deficiencias para el manejo de humedales y proponer un desarrollo
reglamentario de la ley 357
Acciones:
▪ El Ministerio del Medio Ambiente a partir de la revisión de la normatividad
vigente, formulará y expedirá un Decreto reglamentario específico sobre
conservación y uso sostenible de humedales, con base en los
lineamientos de la Convención Ramsar.
▪ El Ministerio del Medio Ambiente, promoverá la participación de las
entidades del SINA, el Comité Nacional de Humedales, las
Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales, el sector
productivo, la Sociedad Civil, las comunidades locales, en la
formulación, concertación y expedición del Decreto normativo específico
para humedales.
▪ Las CAR y CDS con base al Decreto reglamentario específico para
humedales, generan normas regionales y locales para la protección de
los humedales de su jurisdicción.»
137. Acatando el lineamiento que buscaba precisar un régimen claro de protección
de humedales, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
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expidió la Resolución 0157 del 12 de febrero de 2004 19, en la cual, además de
precisar su ámbito de aplicación, es decir, los «humedales continentales y marino
costeros» 20 , señaló que eran bienes de uso público 21 , aspecto éste que fue
desarrollado vía concepto por la Sala de Consulta y Servicio Civil en dos
oportunidades22 y por esta Sección en una sentencia expedida el 21 de junio de
2018, que analizó a profundidad tal condición23.
138. En ese contexto normativo e histórico, la Sala considera que la interpretación
del artículo 141 del Acuerdo 6 de 1990 no puede efectuarse de manera literal con
miras a descartar la competencia de la EAAB para delimitar las zonas de ronda de
ecosistemas hídricos distintos a los que de manera enunciativa señala el artículo
141 del Acuerdo 6 de 1990. Por el contrario, dicha disposición debe entenderse
conforme a las condiciones factuales en que fue expedida, de suerte que no
habiendo regulación sobre los humedales era imposible que el citado Acuerdo los
incluyera.
139. Bajo esa perspectiva, atendiendo no solo al explicado escenario en el que fue
expedido el Acuerdo 6 de 1990, sino al propósito mismo del artículo 141 ibidem, se
colige que la atribución que el citado Acuerdo le reconoce a la EAAB está orientada
a que procure la protección de las zonas de ronda de las fuentes hídricas, de suerte
que se garantice la salvaguarda integral de los cuerpos de agua y de los
ecosistemas asociados a estos, por lo que la Sala considera que la EAAB sí contaba
con competencia para acotar la ronda hídrica del Humedal de Techo.
140. Para el efecto resulta pertinente traer a colación lo expuesto por esta
Corporación en sentencia del 28 de mayo de 2015, en la que se indicó:
«Ahora, en lo referente al argumento sobre que el dictamen pericial allegado al
plenario demostró la inexistencia real de humedal de Capellanía, pese a que la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado mediante acto administrativo señaló su
existencia en los inmuebles de la parte demandante, la Sala considera que de
conformidad con la ley 357 de 1997, son humedales las extensiones de
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,
19 “Por el cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se
desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar”
20 Artículo 1.
21 Artículo 2.
22 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de octubre de 1994,
proferido en el expediente número 642, M.P. Dr. Javier Henao Hidrón.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 26 de julio de 2007. Rad. 1825.
C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
23 Consejo de Estado. Sección Primera. Proceso número 25000-23-24-000-2013-00008-01 (AP).
M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros.
Es así, que lo humedales representan un recurso ambiental con incidencia
ecológica, científica, recreacional y paisajística, que al ser terrenos cuyo
cubrimiento es de agua, forma parte del sistema hídrico y cuya conservación se
encuentra dentro de las políticas de Desarrollo Urbano en el Distrito Especial
de Bogotá, como se deduce lo prescrito en el artículo 8, numeral 2, literal a) del
Acuerdo 6 de 1990.24
Seguidamente, el Acuerdo 19 de 1994 declaró como reservas ambientales
naturales de interés público y patrimonio ecológico del Distrito, entre otros, el
humedal la Cofradía o Capellanía, mientras el citado Acuerdo 6 de 1990, en su
artículo 141 dispuso:
“Artículo 141. Acotamiento. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá hará el acotamiento y demarcará en el terreno, todas las rondas
de los ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio
del Distrito Especial de Bogotá y en especial las cuencas de Torca,
Conejera, Salitre, Jaboque, Fucha, Tunjuelo, Tintal y Soacha, velará por
su preservación y solicitará a las autoridades la protección que las leyes
le otorgan a los bienes de uso público.
El acotamiento tendrá una representación cartográfica elaborada con
asesoría técnica del Departamento Administrativo de Planeación Distrital,
la cual será incluida en la Cartografía Oficial del Distrito Especial de
Bogotá, para todos los efectos.” (Subrayado fuera del texto)
Con base en lo anterior, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado manifestó en
oficio 562101 calendado doce (12) de septiembre de mil novecientos noventa y
cinco (1995), que las manzanas A y B, lotes 1 y lotes 1 y 2 respectivamente, “se
encuentran afectadas por el Humedal La Capellanía de acuerdo a la Resolución
N° 0194 de Junio (sic) 7 de 1995 expedida por la Gerencia General de la EAAB-
ESP”, y por tal motivo se produjo la suspensión de la licencia de urbanismo
sobre los mencionados inmuebles.
La normatividad antes mencionada otorgó a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado la función específica de acotamiento y demarcación de todas las
rondas de los ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del territorio
del Distrito Especial de Bogotá, por ende, es a esta entidad a la que le
corresponde determinar la existencia de humedales y su respectiva
demarcación»25 (Subrayas de la Sala).
6.4.1.2. De las funciones relacionadas con el acotamiento de humedales de
la EAAB
24 “Son Políticas de Desarrollo Urbano en el Distrito Especial de Bogotá, y en orden prevalente, las
siguientes: (…)
2. Conservación y rehabilitación de los elementos naturales que conforman los recursos ecológicos
y ambientales de la ciudad, en particular los siguientes, en concordancia con las definiciones
científicas sobre el particular y con sujeción a la normatividad nacional. A) El sistema hidrográfico del
Distrito Especial de Bogotá y su integración a los usos urbanos circundantes. (Adecuación hidráulica,
saneamiento, tratamiento físico y arborización ornamental de las rondas, zonas amortiguadoras y de
reserva y espacios públicos adyacentes al Río Bogotá y sus afluentes, a las lagunas, quebradas,
embalses, canales y obras de ingeniería hidráulica).” Acuerdo 2 de 1993, Acuerdo 3 de 1993,
Acuerdo 19 de 1994, Acuerdo 14 de 1996, Acuerdo 16 de 1996, Acuerdo 19 de 1996, Acuerdo 26
de 1996, Acuerdo 31 de 1996 y Acuerdo 2 de 1997.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C.
Proceso radicado número 25000 23 26 000 2002 00396 01. Consejera Ponente: Olga Mélida Valle
de la Hoz.
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141. La Sala resolverá si es nulo por falta de competencia el acto administrativo
por medio del cual la EAAB acotó la ronda hídrica de un humedal en Bogotá, si en
criterio de los recurrentes solo tenía potestades para elaborar el insumo técnico para
el acotamiento de rondas.
142. La Sala a este respecto pone de presente que los libelistas confunden la
facultad prevista en el artículo 141 del Acuerdo Distrital 6 de 1990 con la establecida
en el artículo 142 ibidem.
143. En efecto, esta última norma no regula el acotamiento de las rondas hídricas
sino la determinación de las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental, las cuales
corresponden a áreas contiguas a aquellas y tienen por finalidad contribuir a su
protección y conservación. En ese sentido, esa norma asignó al Departamento
Administrativo de Planeación Distrital la competencia para definir y delimitar dichas
zonas, con base en los estudios técnicos elaborados por la empresa demandada.
144. La disposición en comento prevé:
«Artículo 142º.- Zonas de manejo y preservación ambiental de las rondas.
Para la protección de la ronda, se prevé una Zona de Manejo y Preservación
Ambiental, que aunque no está incluida dentro de dicha ronda, es parte del
espacio público y se define como la zona contigua a la ronda, que contribuye a
su mantenimiento, protección y preservación ambiental, establecida con el
fin principal de garantizar la permanencia de las fuentes hídricas naturales.
Corresponde al Departamento Administrativo de Planeación Distrital
determinar en detalle las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las
Rondas, con base en los estudios técnicos que prepare la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, señalarlas cartográficamente, informar
de ello al Departamento Administrativo de Catastro Distrital para lo de su
competencia y ordenar su demarcación sobre el terreno cuando lo juzgue
conveniente, para lo cual la mencionada empresa y las autoridades de policía
prestarán la colaboración necesaria.
El establecimiento y demarcación de las Zonas de Manejo y Preservación
Ambiental de las Rondas, tiene por objeto prever el espacio público del sistema
hídrico de la ciudad, con miras a su paulatina consolidación, informar a la
ciudadanía sobre la política distrital a este respecto, y sentar las bases para la
gestión continuada de adquisición de predios.
La Zona de Manejo y Preservación Ambiental del río Bogotá, sumada a la
Ronda Hidráulica, formarán una franja de 300 metros a lo largo del río, medida
desde su eje de rectificación.
Para que se pueda variar esta medida para sectores específicos en los decretos
de Asignación de Tratamiento o en los actos de legalización, se requerirá de
conceptos previos y favorables de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá y de la Junta de Planeación Distrital, en los que se expliquen las razones
excepcionales de orden técnico o de conveniencia, por las cuales la Zona de
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Manejo y Preservación Ambiental del río Bogotá deba ser de dimensiones
distintas.
También estarán comprendidas dentro de la Zona de Manejo y Preservación
Ambiental del río Bogotá aquellas áreas que se requieran para lagunas de
amortiguación y para las obras de rectificación del río.
Las normas específicas para el manejo y utilización de la Zona de Manejo y
Preservación Ambiental, serán adoptadas dentro del contexto del Tratamiento
de Preservación del Sistema hídrico, conforme a las siguientes reglas:
1. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas son áreas
no explotables con actividades extractivas o cualesquiera otras que perjudiquen
la idoneidad del terreno para el cumplimiento cabal de su función propia.
2. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas que se
encuentran dentro de las Áreas Urbanas, sólo podrán ser utilizadas para
uso forestales.
3. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas que se
encuentran dentro de las Áreas Suburbanas, Zonas de Reserva Agrícola y
Áreas Rurales, podrán ser utilizadas para otros usos agrícolas, como
dependencias de fincas de mayor extensión y siempre que las edificaciones de
la finca se encuentren por fuera de las Zonas de Manejo y Preservación
Ambiental de las Rondas.
4. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas no podrán
ser subdivididas, ni segregadas de los inmuebles a los cuales pertenecen, salvo
para efectos de ser transferidas al dominio público.
5. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas no son
edificables, ni urbanizables, ni son susceptibles de ser rellenadas, modificadas
o trabajadas, con las excepciones que se señalan en los siguientes numerales.
6. Las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas que se
encuentren en las Áreas Suburbanas, no podrán ser incorporadas como nuevas
Áreas Urbanas, salvo que dentro del régimen concertado, se prevean como
zonas verdes de urbanizaciones u otras zonas de cesión gratuita, en
proporcionas superiores a las exigidas por las reglamentaciones urbanísticas y
siempre que sea cedida la totalidad del área del inmueble incorporado que se
encuentre delimitada dentro de las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.
7. Lo anterior es aplicable también a los inmuebles sin desarrollar que se
encuentren dentro de las áreas urbanas» (Subrayas de la Sala).
145. Por lo explicado el cargo no prospera.
6.4.1.3. De las funciones en materia ambiental de la EAAB
146. Se absolverá si es nulo por falta de competencia el acto administrativo por
medio del cual la EAAB acotó la ronda hídrica de un humedal en Bogotá, si se alega
que esa empresa no podía ejercer funciones en materia ambiental.
147. Con miras a resolver ese interrogante debe indicarse que el artículo 66 de la
Ley 99 de 1993 determinó que a los grandes centros urbanos les corresponde
ejercer como autoridades ambientales en el área de su jurisdicción. La mencionada
norma prevé:
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«Artículo 66. Competencias de grandes centros urbanos. Los municipios,
distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a
un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las
mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo
que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias
ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda
otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del
territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o
metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos
y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos
tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños
ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.
Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo
asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de
trasferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas
dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes
contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de
dicho perímetro, según el grado de materias contaminantes no eliminadas con
que se haga el vertimiento» (Subrayas de la Sala).
148. Así las cosas, es pertinente señalar que de conformidad con el numeral 2 del
artículo 49 del Acuerdo 105 de 1955 se creó la EAAB como un establecimiento
público en los siguientes términos:
«Artículo 49. Como una de las garantías en pro del Fideicomisario y de los
tenedores de bonos, así del empréstito de que trata la escritura número 4286
de 20 de diciembre de 1946, de la Notaría Primera de este Circuito, como del
empréstito sobre que versa la presente escritura, según lo atrás estipulado, el
Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, ,en uso de la autorización que le
confiere el artículo 1 del Decreto Legislativo número 3300 de 15 de noviembre
de 1954, constituye y organiza aquí los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado del Distrito Especial de Bogotá en entidad administrativamente
autónoma, con personería jurídica independiente y patrimonio propio que se
denominará "Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá" tendrá su
domicilio en la capital de la República, y cuyo gobierno y administración se
regirán por los siguientes estatutos:
(…)
2) Naturaleza de la personaría jurídica. La nueva entidad tendrá el carácter
de un establecimiento público, separado del Distrito e independiente de éste.
Administrará el acueducto y el alcantarillado, como servicios públicos, con miras
al bien general, pero aprovechando los sistemas comerciales que aseguren el
sostenimiento, desarrollo y ensanche de los mismos servicios» (Subrayas de la
Sala).
149. Bajo este marco normativo, resultaba viable que el Concejo de Bogotá en
ejercicio de su autonomía administrativa y de lo previsto en el artículo 66 de la Ley
99 de 1993 delegara funciones específicas en materia ambiental a la EAAB dada la
especialidad de esa empresa en la gestión del ciclo del agua y el saneamiento
básico en el Distrito Capital. Ello en aplicación de los numerales 1, 6 y 9 del artículo
313 de la Carta Política que prevén:
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«Artículo 313. Corresponde a los concejos:
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo
del municipio.
(…)
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos
y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades
de economía mixta.
(…)
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio»
150. Precisamente en ejercicio de dichas competencias constitucionales y legales,
el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 6 de 1990 «por medio del cual se adopta
el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito de Bogotá y se dictan otras
disposiciones», cuyo artículo 145 asignó a la EAAB funciones relacionadas con la
administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de las rondas y zonas
de manejo y preservación ambiental. La citada disposición señaló:
«Artículo 145º.- Administración, mantenimiento y aprovechamiento económico
de las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental de las rondas de
propiedad del distrito o de sus entidades descentralizadas. La Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, tendrá la administración, mantenimiento
y aprovechamiento económico de las rondas y zonas de manejo y preservación
ambiental que se adquieran por parte del Distrito Especial de Bogotá o de sus
entidades descentralizadas y podrá contratarlas en los términos del inciso 1 del
artículo 7 de la Ley 9 de 1989, con sujeción a las formas y requisitos de
contratación a que estén sometidas y dentro del contexto de los contratos de
derecho privado de la administración, siempre que sea con el objeto principal
de preservar y mejorar el entorno del sistema hídrico.
Las Rondas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de las Rondas no
podrán ser encerradas en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce
y disfrute visual de las áreas verdes, sin perjuicio de la posibilidad de
cerramiento efectivo y edificación en los sectores destinados a instalaciones
propias de los servicios públicos a cargo de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá.
Por tanto, las áreas verdes, solo podrán ser encerradas, para efectos de
mantenimiento y perfeccionamiento de los valores ambientales y paisajístico y
específicamente los del sistema hídrico, o en general para efectos de seguridad,
previa autorización y aprobación del diseño urbanístico del cerramiento por
parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, siempre y
cuando la transparencia del cerramiento sea de un 90% como mínimo, de
suerte que se garantice a la ciudadanía el disfrute visual de las áreas verdes»
(Subrayas de la Sala).
151. Así las cosas, se advierte que las funciones atribuidas a la EAAB mediante el
artículo 145 del Acuerdo 6 de 1990 guardaban correspondencia con la naturaleza
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jurídica de dicha entidad y podían ser delegadas a esa empresa por el Concejo de
Bogotá en aplicación de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993.
152. Asimismo, en criterio de la Sala no es cierto el Tribunal hubiera atribuido
competencia a la EAAB con fundamento exclusivo en el principio de coordinación.
Por el contrario, en la providencia demandada dicha autoridad judicial señaló que
dadas las competencias concurrentes existentes en materia ambiental y la
especialidad técnica de la EAAB en la gestión del recurso hídrico resultaba viable
que esa entidad ejerciera funciones relacionadas con la protección y manejo
ambiental de los humedales junto con otras entidades distritales con el propósito de
garantizar la preservación del ecosistema del Distrito Capital; veamos:
« De otro lado, el demandante aduce que la EAAB habría usurpado
competencias propias de la Secretaría Distrital de Planeación y del
Departamento Administrativo del Medio Ambiente; sin embargo, debe
entenderse que las características que entraña la tarea de protección del
patrimonio ambiental del Distrito Capital pueden implicar la actividad
concurrente de varias entidades públicas de ese nivel.
En tal sentido, si bien coincide el Tribunal en que a la Secretaría mencionada
se le han asignado funciones en materia de usos del suelo y al Departamento
Administrativo aludido competencias generales en cuanto al manejo y
protección ambiental; el ejercicio de tales atribuciones puede ocurrir sin
desmedro de otras ejercidas por restantes dependencias del Distrito Capital,
entre ellas la EAAB, que por su afinidad con los elementos del componente
ambiental agua también tienen asignadas atribuciones por disposición del
concejo Distrital (Artículo 141 del Acuerdo No. 06 de 1990)»26 (Subrayas de la
Sala).
153. Por último, y dado que el accionante refiere que a las empresas de servicios
públicos únicamente les está permitido adelantar las funciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 142 de julio 1994; lo que evidencia la Sala es que dicha norma
no se encontraba vigente al momento de emisión de la Resolución 250 de 30 de
junio de 1994, lo que impide su análisis ya que el juicio de validez de un acto
administrativo debe realizarse con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente
al momento de su expedición.
154. Con todo, la aplicación de dicha norma es irrelevante, ya que como se vio la
aludida empresa sí contaba con facultades en materia ambiental de conformidad
con lo previsto en el Acuerdo 6 de 1990, en concordancia con el artículo 66 de la
Ley 99 de 1993.
6.4.2. Del cargo de falsa motivación
26 Visible a folio 310 del Cuaderno del Tribunal.
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155. Es menester resolver si es nulo por falsa motivación el acto administrativo por
el cual se acotó un humedal, si se alega que se fundamentó en una plancha
elaborada por el IGAC que resultaba obsoleta para esos efectos.
156. Sobre el alcance de la anotada causal de nulidad, esta Sección ha señalado 27:
«El citado vicio de nulidad debe ser entendido desde tres (3) enfoques distintos,
a saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la
indebida motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde
el contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance interno,
lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el acto
administrativo en la parte motiva y en la resolutiva.
Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento
acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para
expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no
tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el
acto toma.
Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a atacar
los supuestos jurídicos empleados en la parte motiva y que sustentan la
expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa que
invoca la Administración no tiene el alcance para definir la situación jurídica en
el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad será la de desaparecer del
orden jurídico por ilegal.
Finalmente, la indebida motivación surge del análisis de la congruencia que
debe existir entre la parte motiva y la resolutiva, pues esta última debe ser la
consecuencia lógica de lo indicado en aquélla» (Subrayas del texto original).
157. Al respecto lo que se advierte es que el anotado reproche se enmarca en un
cuestionamiento por indebida motivación del acto administrativo, en tanto se alega
que las razones expuestas en la decisión no resultan suficientes ni adecuadas para
el fin que se pretende alcanzar con su expedición. En ese orden, la discusión se
centra en los fundamentos que sustentan la actuación de la Administración.
158. Pues bien, para el acotamiento del humedal de Techo la EAAB consideró la
plancha H-46 de 1978 emitida por el IGAC. De lo anterior da cuenta el artículo 3 de
la Resolución 250 del 1994 que prevé:
«Artículo Tercero: Acotar como límite externo de las Zonas de Ronda y de
Manejo y Preservación Ambiental de la Chucua de Techo la línea formada por
la unión de los puntos cuyas coordenadas aparecen en el planos No. 3
elaborado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y que hace
parte de la presente Resolución, acotamiento dentro del cual la Zona de Manejo
27 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia del
29 de agosto de 2024 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2015 00201 00.
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y Protección Ambiental está constituida por una franja de quince (15) metros de
ancho.
Parágrafo: Considerar como cuerpo de agua de la chucua de Techo, la
cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi emitida
inmediatamente después de la expedición del Código de Recursos Naturales
Renovables (Decreto Le 2811 de 1974). La plancha correspondiente es la H-46
de 1978» (Subrayas de la Sala).
159. Es relevante destacar que de acuerdo con el artículo 264 del Decreto 1541 de
197828, vigente al momento de emisión del acto enjuiciado, corresponde al IGAC la
cartografía del recurso hídrico del país; veamos:
«Artículo 264. El Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", IGAC, con la
colaboración del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente -INDERENA-, del Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras,
INGEOMINAS, y del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y
Adecuación de Tierras, HIMAT, levantará la representación cartográfica del
recurso hídrico» (Subrayas de la Sala).
160. Así las cosas, la cartografía empleada para el acotamiento del Humedal de
Techo fue elaborada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, esto es, la entidad
competente para la representación cartográfica del recurso hídrico en el país
conforme al artículo 264 del Decreto 1541 de 1978, de ahí que la utilización de dicha
plancha constituya el fundamento técnico idóneo para sustentar la delimitación
adoptada por la Administración
161. Ahora, no se evidencia en el plenario ningún elemento técnico que desvirtúe
que la enunciada plancha no era suficiente para la delimitación del humedal y que,
en cambio, existían otros elementos que orientaban el juicio hacia una conclusión
diferente.
162. Por ende, es evidente que los accionantes incumplieron la obligación prevista
en el artículo 167 del Código General del Proceso aplicable a este asunto por la
remisión prevista en el artículo 267 del CCA29 según la cual corresponde a las partes
acreditar los supuestos de hecho en que fundan sus pretensiones.
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
28 « Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto-ley 2811 de 1974: "De las aguas no
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973»
29 «Articulo 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo»
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No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica
o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable
para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará
a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la
respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas
en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba» (Subrayas de la Sala).
163. En consecuencia, el cargo no prospera.
6.4.2.1. De la emisión del Decreto 457 de 2008 y de la anotación registral
2009-57802 con fundamento en la Resolución 250 de 1994
164. De manera previa a plantear el respectivo problema se advierte que los
accionantes reprocharon en el recurso de apelación que el Tribunal hubiera
señalado que el procedimiento vigente para la expedición de la Resolución 250 de
1994 era menos riguroso y por ende no era válido que ese acto se hubiera
fundamentado exclusivamente en la plancha H-46 de 1978. Lo anterior, sin analizar
que los demás actos demandados fueron expedidos con posterioridad y se
fundamentaron en dicha decisión. En ese sentido, sostuvieron que el a quo omitió
establecer si para la expedición del Decreto 457 de 2008 y de la anotación registral
2009-57802 resultaba exigible el cumplimiento de mayores exigencias técnicas y
ambientales.
165. Siendo ello así, resulta necesario verificar si en efecto, la expedición del
Decreto 457 de 2008 y de la anotación registral 2009-57802 tuvo como fundamento
la Resolución 250 de 1994.
166. Pues bien, como se ha visto a lo largo de esta providencia a través de la
Resolución 250 de 1994, demandada, la EAAB acotó, entre otros, el Humedal de
Techo en la ciudad de Bogotá.
167. Posteriormente, con la emisión del artículo 95 del Decreto Distrital 190 de
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2004 30 se señaló expresamente que la delimitación del Humedal de Techo
corresponde a los límites fijados en el anexo 2 de ese acto; veamos:
« Artículo 95. Parque Ecológico Distrital. Identificación.
Los Parques Ecológicos Distritales de Montaña son:
1. Cerro de La Conejera.
2. Cerro de Torca.
3. Entrenubes (Cuchilla del Gavilán, Cerro de Juan Rey, Cuchilla de
Guacamayas).
4. Peña Blanca.
5. La Regadera.
Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal son:
1. Humedal de Tibanica.
2. Humedal de La Vaca
3. Humedal del Burro.
4. Humedal de Techo.
5. Humedal de Capellanía o La Cofradía.
6. Humedal del Meandro del Say.
7. Humedal de Santa María del Lago.
8. Humedal de Córdoba y Niza.
9. Humedal de Jaboque.
10. Humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes
11. Humedal de La Conejera
12. Humedales de Torca y Guaymaral
Parágrafo 1. Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal incluidos en el
presente Artículo incluyen la zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA),
la ronda hidráulica y el cuerpo de agua, como una unidad ecológica.
El alinderamiento de los humedales corresponde al establecido en los planes
de manejo respectivos, los cuales aparecen en el anexo No. 2 de este Decreto
y están señalados en el Plano denominado "Estructura Ecológica Principal" que
hace parte de esta revisión.
Parágrafo 2. En caso de modificación del alinderamiento de la zona de manejo
y preservación de los humedales existentes o de la creación de nuevos
humedales, con base en los correspondientes estudios técnicos de soporte, la
administración presentará la nueva delimitación al Concejo Distrital, para su
aprobación e incorporación a la Estructura Ecológica Principal.
Parágrafo 3. La delimitación del Parque Ecológico
Distrital Entrenubes corresponde a la establecida en el estudio denominado
"Elaboración de la topografía, trazado, estacamiento y registros topográficos del
límite del parque Entrenubes", realizado por el Departamento Administrativo del
Medio Ambiente (DAMA) en abril de 1999» (Subrayas de la Sala).
168. Por su parte, el aludido anexo 2 es el siguiente:
«
30 «Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de
2000 y 469 de 2003»
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»
169. En ese contexto, para la fecha de expedición del Decreto 457 de 2008 y del
Oficio 2-2009-15216, la delimitación del Humedal de Techo correspondía a la
establecida en el Decreto Distrital 190 de 2004 y su anexo 2, mediante el cual se
incorporó el alinderamiento de los humedales a la estructura ecológica principal del
Distrito.
170. Ahora, no se pasa por alto que en los considerandos del Decreto 457 de
2008, demandado se dijo lo que sigue en relación con límites del Humedal de Techo:
« Que conforme a las coberturas del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá- POT, el límite y el área del Humedal de Techo corresponden al mismo
que fue establecido en la Resolución 0250 del 30 de junio de 1994, de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá» (Subrayas de la Sala).
171. En ese sentido, si bien el Decreto 457 de 2008 señaló que el límite y el área
del Humedal de Techo coinciden con los establecidos en la Resolución 250 de 1994,
lo cierto es que para la época de su expedición dicha delimitación ya se encontraba
incorporada en el Plan de Ordenamiento Territorial, por lo que la regulación vigente
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correspondía a la prevista en el Decreto Distrital 190 de 2004 y su anexo 2. En
consecuencia, no es cierto que el Decreto 457 de 2008 y la anotación registral 2009-
57802 se hubieran fundamentado en un acto inoponible a terceros y que había
perdido fuerza ejecutoria.
172. En suma el cargo no prospera.
6.5. De los reproches relacionados con la incongruencia de la sentencia de
primera instancia
6.5.1. De las pretensiones subsidiarias
173. De otro lado se absolverá si es cierto que el a quo omitió pronunciarse sobre
las pretensiones subsidiarias de la demanda.
174. Resolver tal cuestión impone dar cuenta de esas súplicas:
«Subsidiaria Primera:
7. Que en subsidio de lo anterior, se ordene a la Administración Distrital
adelantar el proceso de compra, según lo dispuesto por los arts. 58 y siguientes
de la Ley 388 de 1997.
Subsidiaria Segunda:
En subsidio de la subsidiaria primera:
Que se declare que la Resolución 250 de 1994 no ha sido publicada en la gaceta
distrital.
Que en consecuencia, la Resolución 250 de 1994 no es oponible a los
demandantes, como tampoco le son oponibles los actos administrativos que
citan a la mencionada Resolución, como es el Decreto 457 de 2008.
Subsidiaria Tercera:
En subsidio de la segunda pretensión subsidiaria:
Que se ordene a los demandados con competencia para el efecto, que las áreas
ocupadas por las propiedades inmuebles de quienes demandan, sean
compensadas con áreas aledañas al Humedal de tal manera que se restituya el
espejo de agua con lotes en los que no exista consolidación urbana»31.
175. En efecto, revisado el fallo recurrido no se encuentra pronunciamiento alguno
respecto de las enunciadas pretensiones subsidiarias.
31 Visible a folios 4 a 7 del Cuaderno del Tribunal.
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176. Al respecto, es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 281 del CGP,
aplicable por la remisión expresa de que trata el artículo 267 del CCA32, la sentencia
es incongruente cuando no responde a los hechos y las pretensiones así como a
las excepciones alegadas por las partes. El artículo 281 de ese Estatuto es del
siguiente tenor:
«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…)» (Subrayas de la
Sala).
177. En consecuencia, la sentencia es incongruente pues omitió pronunciarse sobre
una parte del objeto del litigio sometido a consideración del juez, concretamente
respecto de las pretensiones subsidiarias formuladas por la parte actora, de modo
que el cargo en este punto prospera.
6.5.2. De la excepción de ilegalidad
178. Se definirá si es cierto que el Tribunal abordó el análisis de la excepción de
inaplicación del Decreto 457 de 2008 como una de inconstitucionalidad, pese a que
correspondía a una excepción de ilegalidad.
179. Con miras a resolver dicho reparo es menester señalar que en la reforma al
libelo introductorio se solicitó la inaplicación vía excepción de ilegalidad del anotado
acto. Así se dejó dicho en el mencionado escrito:
«Que el Decreto 457 de 2008, no sea aplicado a este caso particular o concreto,
por vía de excepción de ilegalidad»33
180. Asimismo, en el escrito de reforma de la demanda la parte actora solicitó que,
para efectos del análisis de la excepción de ilegalidad, se tuvieran en cuenta los
cargos formulados contra el Decreto 457 de 2008 en el libelo introductorio; veamos:
«Siendo del caso precisar que la demanda inicial contiene suficientes
argumentos por los cuales dicho acto administrativo general, afectó de manera
particular a mis representados, y por tanto, en el presente escrito, no se
considera necesario volver a hacer referencia a tales argumentos»34
32 «Artículo 267. Aspectos no regulados. los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo»
33 Visible a folio 138 del Cuaderno del Tribunal.
34 Ibidem.
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181. Ahora, como se vio en los antecedentes, los actores formularon los siguientes
cargos en contra del citado Decreto:
(i) Infracción del numeral 7 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, al considerar
que en las medidas adoptadas para la restauración del Humedal de Techo
no se incorporaron los costos ambientales ni se utilizaron instrumentos
económicos orientados a compensar las afectaciones derivadas de la
protección del ecosistema. En ese sentido, sostuvieron que la
administración debió compensar las áreas del humedal con zonas que no
contaran con desarrollo urbano consolidado.
(ii) Desconocimiento al derecho al debido proceso ya que no fueron
vinculados en el procedimiento que derivó en su emisión.
(iii) El mencionado Decreto se fundamentó en la Resolución 250 de 1994,
pese a que dicho acto no era oponible por no haber sido publicado.
Asimismo, sostuvieron que la referida resolución había perdido fuerza
ejecutoria, en tanto las actuaciones y medidas previstas en esta no fueron
ejecutadas dentro de los 5 años siguientes a su expedición. En ese
sentido, alegaron el desconocimiento de los artículos 43 y 48 del CCA,
así como del artículo 2 del Decreto Distrital 1132 de 1987 y del artículo 4
de la Resolución 423 de 2002.
(iv) En cuanto a la desviación de poder afirmaron que: (a) no era posible
declarar el estado crítico o de alerta naranja en el Humedal La Conejera,
toda vez que el Decreto 457 de 2008 se fundamentó en la Resolución 250
de 1994, pese a que para la expedición de dicho acto no se elaboró un
Plan de Manejo Ambiental ni estudios de caracterización de las aguas,
del entorno socioambiental y de la flora y fauna del ecosistema, razón por
la cual no existían elementos técnicos que permitieran establecer el grado
de deterioro ambiental del humedal ni la magnitud de la afectación sufrida,
(b) en la mesa de trabajo distrital de la acción popular del Humedal de
Burro surgió la iniciativa de declarar la alerta naranja respecto del
Humedal de Techo ante la existencia de una advertencia previa sobre la
interposición de una acción popular relacionada con este último, (c) se
excluyeron sus bienes del comercio en contravía de lo previsto en los
artículos 6, 58, 122 y 123 de la Constitución Política y (d) las medidas de
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protección previstas en el Decreto 457 de 2008 únicamente podían
adoptarse mediante procedimientos sancionatorios o de expropiación. En
ese sentido, alegaron que como en el presente asunto no se adelantó
ninguno de dichos procedimientos y se desconocieron las Leyes 99 de
1993 y 9 de 989.
(v) Existió expedición irregular toda vez que no se solicitó autorización previa
al Concejo de Bogotá de manera previa a la emisión del Decreto 457 de
2008. Lo anterior en contravía de lo previsto en el artículo 15 del Acuerdo
19 de 1996.
182. Ahora en la sentencia recurrida se indicó frente a la anotada excepción:
«5. Otro motivo de inconformidad de la parte actora
El apoderado de la parte actora en la reforma de la demanda adicionó una
pretensión referente a la inaplicación del Decreto 457 de 2008 por excepción de
inconstitucional, respecto de la cual se limitó a citar apartes jurisprudenciales
sobre el desarrollo de esa figura jurídica y adujo que como la afectación a los
demandantes se concretó con la notación no. 2009-57802 en cumplimiento de
lo dispuesto en el Decreto Distrital 457 de 2008 se hace necesario estudiar la
inaplicación del mismo por medio de la excepción de inconstitucionalidad.
En primer lugar, resulta necesario observar que el artículo 4 de la Constitución
Política dispone que cuando exista incompatibilidad entre una norma y la
Constitución se aplicarán las disposiciones constitucionales, precepto que sirve
de fundamento para la aplicación de la figura denominada excepción de
inconstitucionalidad.
En relación con ese tema la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido
que "la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se
quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser
alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un
deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los
eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable
a una caso concreto y las normas constitucionales", y en la sentencia de
unificación 132 del 2013 con ponencia del doctor Alexei Julio indicó que "esta
herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter
partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de
una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las
normas contenidas dentro de la Constitución Política".
En ese marco constitucional y jurisprudencial en relación concreta con que el
Decreto Distrital 457 de 2008 proferido por el Alcalde Distrital de Bogotá por
medio del cual se declaró en situación de alerta naranja el Humedal de Techo
y, por el cual se ordenó a notarios y registradores abstenerse de hacer cualquier
registro de escrituras públicas en los predios que conforman dicho humedal, no
se advierte que exista una contradicción con las normas constitucionales pues,
tal como se explicó antes, la expedición de dicho acto obedeció a una medida
de protección debido a la fragilidad y riesgo en que se encontraba el Humedal
de Techo, además, se reitera que la propiedad privada no es un derecho
absoluto ya que comporta una función ecológica y social, ninguno de cuyos
extremos ha sido desvirtuado en el proceso.
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En consecuencia de lo expuesto anteriormente no es dable aplicar la excepción
de institucionalidad planteada por el actor.
Por consiguiente se concluye que la parte actora no logró quebrar la presunción
de legalidad de que gozan las resoluciones no. 250 de 30 de junio de 1994 y la
anotación no. 2009-57802 de 11 de junio de 2009, razón por la que se
denegarán las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho
solicitado»35 (Subrayas de la Sala)
183. En consecuencia, la Sala advierte que el fallo apelado es incongruente, toda
vez que no resolvió la causa petendi planteada por la parte actora en relación con
la excepción de ilegalidad formulada contra el Decreto 457 de 2008. En efecto,
aunque en la reforma de la demanda se solicitó expresamente la inaplicación de
dicho acto por vía de excepción de ilegalidad y se indicó que los cargos
desarrollados en el libelo introductorio sustentaban esa petición, el Tribunal abordó
el análisis como si se tratara de una excepción de inconstitucionalidad y, además,
no efectuó un estudio concreto de los reproches que fueron esgrimidos por los
accionantes.
184. Por ende, el cargo prospera.
6.5.3. De la Anotación 2009-57802
185. Se resolverá si es cierto que en la sentencia recurrida no existió ningún
pronunciamiento sobre los cargos formulados en contra de la anotación 2009-
57802.
186. En relación con ese acto, la Sala advierte que en el libelo introductorio se
formuló el siguiente reparo:
« Nulidad de la Actuación de la Superintendencia de Notariado y Registro y de
la Oficina de Registro de Bogotá -Zona Centro.- Las anotación con Radicación
No. 2009-57802 que se hizo en sendas matrículas registrales de los predios de
que son propietarios mis poderdantes, son nulas como efecto de la nulidad que
afecta los actos que la soportan, pero adicionalmente, en responsabilidad
imputable a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Oficina de
Registro de Bogotá -Zona Centro-, por violación del control de legalidad, pues
es obvio que la Superintendencia y la Oficina de Registro no cumplen un servicio
administrativo bajo condiciones de obediencia legítima, sino que la función que
realizan debe obedecer a la razonabilidad y racionalidad de toda actuación de
autoridad pública.
En este orden, la Superintendencia y la Oficina de Registro han debido
preguntarse por la competencia del funcionario -Director de Planeación Distrital-
que solicitaba el registro de la medida cautelar, para examinar si la misma
35 Visible a índice 25 del Sistema de Gestión SAMAI.
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estaba conforme al ordenamiento jurídico.
La Superintendencia y la Oficina de Registro, obraron de manera ciega, se
limitaron a tomar el listado remitido por Catastro Distrital que da cuenta de los
folios de matrícula respectivos y procedieron a realizar la anotación, sin
consideración ninguna a su legalidad o ilegalidad»36
187. Siendo ello así, asiste razón a la parte actora al señalar que en la sentencia de
primera instancia no se efectuó un pronunciamiento respecto de los cargos
formulados contra la anotación registral 2009-57802, por lo que nuevamente la
sentencia es incongruente este punto.
6.5. Devolución del proceso
188. Así pues, y en orden a garantizar la doble instancia en relación con las
pretensiones subsidiarias, la excepción de ilegalidad y los cargos en contra de
anotación 2009-57802 se dispone que tal y como se ha ordenado por esta Sala en
otras oportunidades 37 , que el a quo se pronuncie de fondo respecto de dichos
aspectos que fueron omitidos en la sentencia de primera instancia. La decisión de
fondo deberá proferirse, conjuntamente con el auto de obedecimiento, dentro de los
cuarenta (40) días siguientes a la recepción del expediente por parte del Tribunal.
36 Visible a folio 107 del Cuaderno del Tribunal.
37 Entre otras, ver la sentencia de 26 de abril de 2013 (Expediente núm. 50001-2331-000-2006-
01004-01), C.P. María Elizabeth García González, en la cual se precisó lo siguiente: “[…] Cabe
advertir que esta Corporación, al estudiar en segunda instancia los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias dictadas en primera por los Tribunales Contencioso
Administrativos, en las cuales no se ha resuelto el fondo del asunto -ello ha sido considerado
injustificado-, en su lugar, ha procedido a proferir la providencia de mérito que corresponda, en
aplicación del ultimo inciso del artículo 357 del C. de P.C., el cual prevé: || “Cuando se hubiere
apelado una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante”. || Sin embargo, la Sala observa que esta norma
resulta incompatible con el texto de los artículos 29 y 31 de la Carta Política, que consagran
el principio de la doble instancia. […] Sobre este principio, la Corte Constitucional en sentencia C-
095 de 2003 (Expediente D-4172, Magistrado ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil), precisó: “… 6.3.
De la doble instancia, del debido proceso y del acceso a la administración de justicia. || 4. El
principio de la doble instancia está previsto en el artículo 31 de la Constitución Política, a cuyo tenor:
"Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley", en
armonía con el artículo 29 del mismo ordenamiento, que consagra que toda persona tiene derecho
a "... impugnar la sentencia condenatoria...". || Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los
artículos 29 y 31 de la Carta Fundamental, sino que también aparece consagrado en las normas de
derecho internacional humanitario, concretamente, en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales
le otorgan el carácter de garantía judicial y de mecanismo de protección, destinado a hacer efectivos
los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico y a velar por la recta actuación de la
administración, máxime en aquellos casos en los cuales a partir del ejercicio de sus funciones puede
imponer sanciones (v.gr. en los procesos penales). […] Como quiera que el asunto a que se contrae
la sentencia dictada en el proceso de la referencia, no está considerado dentro de los casos que
deban ventilarse en única instancia, resolver de fondo la controversia en la segunda instancia,
implica reemplazar al a quo en el estudio de los cargos de la demanda que no realizó y
equivale a convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida del derecho
fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al
acceso a la Administración de Justicia.[…]” (Destacado del texto original). Este criterio fue
reiterado recientemente por la Sala en sentencia de 24 de mayo de 2018 (Expediente núm. 25000-
23-24-000-2004-00684-01), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00685 03
Demandante: Guillermo Arévalo Vargas y otros
6.6.Condena en costas
189. De conformidad con el artículo 171 del CCA, en consonancia con el artículo 55
de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en
la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u
oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de
colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de
recursos con un interés meramente dilatorio”38.
190. En el caso concreto la parte demandante acudió al proceso sin abusar de su
derecho a acceder a la Administración de Justicia; por tanto, no hay lugar a imponer
condena en costas.
191. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida en lo referente a la negativa de las
pretensiones en relación con la Resolución 250 de 1994, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDA: REVOCAR el numeral 2 de la sentencia de primera instancia y en su
lugar se DECLARA NO PROBADA la excepción de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, por las razones
previstas en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se
pronuncie de fondo respecto de las pretensiones subsidiarias de demanda, la
excepción de ilegalidad y los cargos en contra de anotación 2009-57802 que no
analizó en primera instancia. La decisión de fondo deberá proferirse, conjuntamente
con el auto de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la
recepción del expediente por parte del Tribunal.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.
Ricardo Hoyos Duque.
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Radicado número: 25000 23 24 000 2010 00685 03
Demandante: Guillermo Arévalo Vargas y otros
CUARTO: ORDENAR a la Secretaria de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que informe de forma inmediata al Despacho la llegada de la apelación, si la hubiere,
contra la sentencia complementaria que emita el Tribunal en cumplimiento de la
orden prevista en el numeral anterior.
QUINTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley
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