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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00069-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00069-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2019, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00069-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00069 01
Demandante: Henry Buitrago Cely
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo.
Tesis: Son nulos los actos administrativos que ordenaron el decomiso de un
vehículo automotor, si existió una irregularidad en la descripción del modelo del
vehículo consignado en la declaración de importación presentada por el actor antes
del año 2002, pero las demás características resultan coincidentes con lo expuesto
en dicha declaración.
No es cierto que el motor del vehículo decomisado por los actos que se cuestionan,
haya sido adquirido e ingresado ilícitamente al país.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 31 de octubre de 2019, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. DEMANDA

1.1. Las pretensiones

1. El señor Henry Buitrago Cely, a través de apoderado judicial, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial
de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (en adelante parte
demandada o DIAN), solicitando lo siguiente a título de pretensiones:

Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00069 01
Demandante: Henry Buitrago Cely

«DECLARACIONES Y CONDENAS

Primera. Que son nulas las Resoluciones Números 1-03-238-421-636-1000087
de 13 de enero de 2010 expedida por el Jefe del G.I.T. Definición de Situación
Jurídica de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de
Aduanas de Bogotá y la No. 03-236-408-601-00435 de 15 de junio de 2010
expedida por el Jefe del G.I.T. Vía Gubernativa de la División de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

Segunda. Que como consecuencia de anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se condene u ordene a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN, representada legalmente por el doctor JUAN RICARDO
ORTEGA, o por quien haga sus veces, o a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADUANAS DE BOGOTÁ, a devolver el vehículo tracto camión decomisado, de
placas SYK-512, marca Kenworth, T800, color rojo, modelo 1989, motor número
11242644RGD, sin plaqueta de serie, sticker de serie 1NKDL29X2KJ530082,
chasis J530082, a quien en la actualidad acredite legalmente la titularidad como
propietario.

Tercera. Que en el evento de no acceder a la devolución del vehículo automotor
referido, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, o la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ, deberán pagar a su propietario,
debidamente registrado, a) su valor indexado a la fecha, el cual se estima en la
suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000.oo), más el cupo
para poder matricularlo, estimado en la suma de SETENTA MILLONES DE
PESOS ($70.000.000.00); b) A título de daño emergente, el valor equivalente a
los honorarios cancelados a los distintos profesionales del derecho que, por el
decomiso del automotor mencionado han atendido al señor BUITRAGO CELY
en las distintas actuaciones administrativas, penales y contencioso
administrativas, originadas en los hechos que dan origen la presente demanda,
así como todos los costos y perjuicios que de todo orden haya tenido que asumir
el actor, cuyo monto estimo en la suma de SESENTA CINCO MILLONESDE
PESOS ($65.000.000) moneda legal colombiana

Cuarta. Que por concepto de perjuicios morales la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN, o la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ, deberán
reconocer y pagar al demandante, por concepto de los perjuicios morales (sic),
una suma equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales.

Quinta. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia que se dicte en este
proceso, dentro del término establecido en el artículo 176 del C.C.A.

Sexta: Que si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los
intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 177 del C.C.A.

Séptima: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el artículo 178 del C.C.A.

1.2. Los actos demandados

2. La parte resolutiva de la Resolución Núm. 1-03-238-421-636-1000087 de 13 de
enero de 2010 es la siguiente:
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00069 01
Demandante: Henry Buitrago Cely

«ARTÍCULO PRIMERO: DECOMISAR el vehículo aprehendido con acta No.
03-01590 FISCA de noviembre 12 de 2009, relacionada en el Documento de
Ingreso, Inventario y Avalúo de Mercancías No. 39031118725 del 12 de
noviembre de 2009, avaluado en la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($49.375.000), el cual
se encuentra incurso en la causal de aprehensión y decomiso consagrada en el
artículo 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999, modificado por los artículos
48 del Decreto 1232 de 2001 y 6 del Decreto 1161 de 2002, de conformidad con
las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la SIM de la Secretaría Distrital de
Movilidad para que cancele el registro terrestre automotor del vehículo con
placas SYK-512, en atención a la Resolución 0144 de 2001 del Ministerio de
Transporte y al memorando No. 0727 del 14 de agosto de 2001 de la
Subdirección de Fiscalización Aduanera.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia la señora (sic)
MARTHA OFELIA GUASCA MORALES identifica con cédula de ciudadanía No.
52.106.910, en calidad propietario inscrito del vehículo y al señor JOSÉ
FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
11.438.657, en calidad de tenedor del vehículo y al señor HENRY ARTURO
BUITRAGO CELY identificado con cédula de ciudadanía No. 17.128.355,
conforme lo dispuesto en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, modificado
por el artículo 2 del Decreto 143 de 2006.

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a los interesados que contra la presente
Resolución procede el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse
ante la División de Gestión Jurídica de esta Dirección Seccional, dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con lo
establecido en el articulo 515 del Decreto 2685 de 1999; modificado por el
artículo 50 del Decreto 1232 de 2001.

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR una vez ejecutoriada la presente resolución,
copia por parte de la División de Gestión Administrativa y Financiera, al GIT de
Comercialización de la citada División para lo de su conocimiento y fine
pertinentes y de igual forma al GIT Unidad Penal de la División de Gestión
Jurídica de esta Dirección Seccional, para lo de su competencia. Se advierte
que el vehículo esta bajo la cadena de custodia. Adicionalmente a la SIM de la
Secretaria Distrital de Movilidad ubicada en la calle 64C No. 88A-44 en Bogotá,
para que de cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo del presente
proveído.

ARTÍCULO SEXTO: ARCHIVAR el expediente No. DM 2009 2009 4521, por
parte de la División de Gestión Administrativa y Financiera de esta Dirección
Seccional, una vez ejecutoriada la presente resolución»1.

3. La parte resolutiva de la Resolución Núm. 03-236-408-601-00435 de 15 de junio
de 2010, es la siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER personería para actuar a la doctora
MARIA CRISTINA ALONSO GOMEZ con C.C. 41.769.845 de Bogotá y Т.P.

1 Visible a folios 10 a 11 del documento denominado «ED_C11_01 ANEXOS - ANEXOS DE LA

DEMANDA.(.pdf) NroActua 6».
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00069 01
Demandante: Henry Buitrago Cely

45.020 del C.S. de la J. para actuar como apoderada de la señora MARTHA
OFELIA GUASCА MORALES, en los términos del poder conferido.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No.
1-03- 238-421-636-1-000087 del 13 de enero de 2010 expedida por el G.I.T.
Definición de Situación Jurídica de la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la Secretaria Distrital de Movilidad, que
cancele el registro terrestre automotor del vehículo con placas SYK-512,
siempre y cuando dichas placas sean ORIGINALES, en atención a la
Resolución 01440 de 2001 del Ministerio de Transporte y al memorando No
0727 del 14 de agosto de 2001 de la Subdirección de Fiscalización aduanera.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la doctora
MARIA CRISTINA ALONSO GOMEZ con C.C. 41.769.845 de Bogotá y Т.P.
45.020 del C.S. de la J., apoderada de la señora MARTHA OFELIA GUASCA
MORALES, con C.C. 52.106.910 de Bogotá; y al señor HENRY BUITRAGO
CELY con C.C. 17.182.355 de Bogotá de conformidad con el artículo 567 del
Decreto 2685 de 1999 modificado por el artículo 2 del Decreto 143 de 2006.

ARTICULO QUINTO: REMITIR por parte del Grupo Interno de Trabajo de
Correspondencia y Notificaciones de la División de Gestión Administrativa y
Financiera copia del presente Acto y de la Resolución recurrida al G.I.T.
Comercialización de la División de Gestión Administrativa y Financiera, para
que disponga de la mercancía cuyo decomiso fue confirmado, al G.I.T. Unidad
Penal de la División de Gestión de Jurídica, ambas de la Dirección Seccional
de Aduanas de Bogotá.

Asi mismo remitir copias a la Secretaria Distrital de Movilidad ubicada en la calle
64C No. 88 A -44 de Bogotá con el fin de dar cumplimiento al artículo tercero
del presente acto administrativo y al Almacén General de Depósitos
ALMAGRARIO S.A. Fontibón de esta ciudad para lo de su competencia.

ARTICULO SEXTO: ARCHIVAR el expediente No. DM 2009 2009 4521

ARTICULO SEPTIMO: CONTRA el presente acto administrativo no procede
recurso alguno y queda agotada la vía gubernativa»2.

1.3. Supuestos fácticos

4. En el acápite de hechos señaló que el día 6 de octubre de 2009, la Policía
Nacional inmovilizó en la ciudad de Bogotá, D.C., el vehículo tipo tracto camión
marca Kenworth, T800, color rojo, modelo 1989, placas SYK-512, al encontrar
presuntas inconsistencias en sus sistemas de identificación, tales como ausencia
de plaqueta serial, inexistencia de stickers internos de serie y fabricación y
regrabación no autorizada en el número del motor.

2 Visible a folios 25 a 26 del documento denominado «ED_C11_01 ANEXOS - ANEXOS DE LA

DEMANDA.(.pdf) NroActua 6».
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00069 01
Demandante: Henry Buitrago Cely

5. Adujo que mediante oficio Núm. 17860 MD-GRAUT-DIJIN-20 de 7 de octubre de
2009, la Policía Nacional puso el referido automotor a disposición de la DIAN,
informando que conforme al VIN y número de chasis el vehículo correspondía al
modelo 1989, circunstancia que no coincidía con la licencia de tránsito ni con los
documentos de importación, en los cuales figuraba como modelo 1992.

6. Expuso que con fundamento en dichas inconsistencias, la DIAN inició actuación
administrativa para verificar la legalidad del ingreso del automotor al territorio
aduanero nacional, al considerar que la descripción de la mercancía no
correspondía con la declarada. Al respecto, indicó que la demandada sostuvo que
la declaración de importación 23870010007502 no podía amparar legalmente el
vehículo aprehendido, al existir discordancia entre el año del modelo allí consignado
(1992) y el determinado técnicamente en la inspección del automotor (1989),
concluyendo que no existía documento idóneo que acreditara su legal ingreso y
permanencia en el país.

7. Aseveró que el 12 de noviembre de 2009 el vehículo fue ingresado al depósito de
Almagrario Fontibón, en la ciudad de Bogotá D.C.

8. Alegó que, mediante Resolución Número 1-03-238-421-636-1 del 13 de enero de
2010, expedida por el Jefe del G.I.T. de Definición de Situación Jurídica de la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá, la DIAN ordenó el decomiso del automotor al estimar configurada la causal
prevista en el artículo 502 numeral 1.6. del Decreto 2685 de 1999, vinculando dentro
de la actuación administrativa, entre otros, al señor Henry Arturo Buitrago Cely.

9. Explicó que contra dicho acto administrativo el 11 de febrero de 2010, se
interpuso recurso de reconsideración, en el que argumentó que el vehículo había
sido legalmente importado y que no existía duda sobre su identificación técnica,
pues la clase, marca, línea, color, placas y sticker de serie coincidían plenamente
con lo consignado en la declaración de importación, la cual además había sido
certificada por la propia DIAN.

10. Reprochó la falta de motivación, claridad y precisión del acto de decomiso, al
haberse concluido de manera genérica e infundada que el documento de
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Demandante: Henry Buitrago Cely

importación no amparaba el vehículo, así como la improcedencia de desconocer la
validez de la actuación surtida por la Administración de Impuestos y Aduanas de
Santa Marta, que había declarado cumplidos los requisitos para la introducción del
automotor al territorio nacional, actuación que fue aceptada de buena fe por el
interesado.

11. Manifestó que mediante Resolución Núm. 03-236-408-601-00435 de 15 de junio
de 2010, expedida por el Jefe del G.I.T. de Vía Gubernativa de la División de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, la DIAN confirmó en todas
sus partes el acto de decomiso, al considerar que se encontraba plenamente
tipificada la causal de aprehensión y que los argumentos del recurrente no
desvirtuaban la ilegalidad de la entrada al territorio nacional del automotor,
declarando agotada la vía gubernativa.

1.4. Concepto de la violación

12. Como fundamento de lo anterior, invocó como desconocidos, los artículos 29,
34, 58 y 83 de la Constitución Política, el artículo 73 del CCA y el artículo 502,
numeral 1.6. del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 48 del Decreto
1232 de 2001 y por el artículo 6 del Decreto 1161 de 2002.

13. Adujo que la DIAN fundó el decomiso del vehículo en una motivación genérica
e insuficiente, al limitarse a señalar una diferencia en el año modelo sin determinar
la incidencia real de dicha discrepancia en la legalidad de la importación ni explicar
por qué tal circunstancia habilitaba la medida extrema de decomiso, lo cual impidió
el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

14. Explicó que la parte demandada desconoció que la diferencia en el año del
modelo no afectaba los intereses económicos del Estado ni del importador, dado
que los tributos aduaneros se liquidan con base en el valor del bien y no del año del
modelo, máxime cuando existía declaración de importación válida que amparaba el
automotor y respecto de la cual la propia administración había reconocido su legal
ingreso al país, configurándose así un derecho adquirido que no podía ser
desconocido unilateralmente.

15. Agregó que la DIAN omitió aplicar el principio constitucional de la buena fe, pues
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Demandante: Henry Buitrago Cely

el importador actuó confiando en la información suministrada por el vendedor
extranjero y en la validez de los documentos aduaneros, los cuales fueron
aceptados durante varios años por autoridades públicas y entidades privadas sin
reparo alguno.

16. Alegó que se afectó de manera grave su patrimonio sin justificación suficiente y
en contravía de la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, según la cual la
sola discrepancia en el modelo del vehículo no autoriza desconocer la declaración
de importación cuando las demás características de identificación coinciden
plenamente.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

17. La entidad demandada3 contestó la demanda y solicitó que no se accediera a
las pretensiones formuladas por la parte activa. Adujo que las actuaciones surtidas
por la DIAN se ajustaron a la situación fáctica y a la normatividad aduanera aplicable
al caso.

18. Sostuvo que el decomiso del vehículo se dispuso en estricto cumplimiento de la
normatividad aduanera vigente, al encontrarse acreditado dentro del proceso
administrativo que el automotor no se encontraba amparado por una declaración de
importación válida y que adicionalmente no correspondía con la descripción
consignada en los documentos aportados.

19. Señaló que verificada la configuración de la causal prevista en el numeral 1.6
del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, la administración se encontraba
legalmente obligada a ordenar el decomiso, sin margen de discrecionalidad.

20. Manifestó que el principio de buena fe invocado por el demandante no resulta
oponible frente a la comprobación objetiva de una infracción aduanera, ni tiene la
posibilidad de generar derechos adquiridos sobre mercancías que no cumplan los
requisitos legales de importación, pues una vez demostrada la irregularidad del
ingreso del automotor, la Entidad estaba obligada a adoptar la medida de decomiso.

3 Visible a folios 39 a 49 del cuaderno 01 del Tribunal.

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Demandante: Henry Buitrago Cely

21. Se opuso al reconocimiento de los perjuicios materiales y morales solicitados
por el demandante, al considerar que no fueron acreditados dentro del proceso, ni
se demostró su existencia, cuantía o nexo causal con los actos acusados.

22. Alegó que la condena en costas no resulta procedente, en tanto su actuar ha
sido diligente, oportuno y ajustado a derecho, orientado en todo momento al
cumplimiento de la normatividad aduanera y a la defensa de los intereses de la
Nación, sin que se configure alguna conducta reprochable que justifique su
imposición.

III. SENTENCIA APELADA

23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección A en sentencia proferida el 31 de octubre de 2019 4 , resolvió la
controversia y decidió lo siguiente:

«PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones Números 1-03-238-
421-636-1000087 de 13 de enero de 2010 expedida por el Jefe del G.I.T.
Definición de Situación Jurídica de la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y la No. 03-236-408-601-00435 de
15 de junio de 2010 expedida por el Jefe del G.I.T. Vía Gubernativa de la
División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho se adoptan las siguientes
órdenes y condenas:

1º. ÓRDENASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, (...) o la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ, a devolver el vehículo tracto camión
decomisado, de placas SYK-512, marca Kenworth, T800, color rojo, modelo
1989, motor número 11242644RGD, sin plaqueta de serie, sticker de serie
1NKDL29X2KJ530082, chasis J530082, a quien en la actualidad acredite
legalmente su titularidad como propietario, en un plazo no mayor de un mes,
contado a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

2º. La sentencia será cumplida en los términos del artículo 1765 del C.C.A.

TERCERO.- DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4 Índice 00006 del expediente cargado en SAMAI, documento: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01

PRINCIPAL (.pdf) NroActua 6.
5 ARTICULO 176. EJECUCION. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige

a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Las
autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de
treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se
adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.

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Demandante: Henry Buitrago Cely

CUARTO.- Por Secretaría DEVUÉLVASE al actor el remanente de los gastos
de proceso, previa liquidación

QUINTO.- SIN CONDENA en costas.

SEXTO.- ARCHÍVESE, previa ejecutoria. […]».

24. Determinó el tribunal que de los elementos esenciales de identificación, en
especial el número de chasis, coincidían plenamente entre el automotor
inspeccionado, la declaración de importación, la licencia de tránsito y la factura de
compra, sin que se acreditara adulteración alguna.

25. Resaltó que aunque del VIN se desprendía que el año de fabricación
correspondía a 1989, en la factura del proveedor extranjero se indicaba que se
trataba de vehículos modelo 1992, fabricados en 1991, información que fue tomada
como base para la declaración de importación y para el registro ante las autoridades
de tránsito.

26. Precisó que el modelo no constituye el único elemento de identificación de un
vehículo automotor y que una discrepancia de esta naturaleza atribuible a la
información suministrada por el vendedor no resultaba suficiente para desconocer
la validez de la declaración de importación ni para justificar una medida de
decomiso.

27. Analizó el cambio de motor invocado por la DIAN como una de las razones del
decomiso y concluyó que dicho componente se encontraba respaldado por una
declaración de importación distinta, legalmente válida, por lo que indicó que el
cambio del motor por sí mismo, no configura una causal de decomiso.

28. Consideró que la causal prevista en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto
2685 de 1999 fue aplicada indebidamente, en la medida que el vehículo sí se
encontraba amparado por documentos aduaneros idóneos que acreditaban su legal
ingreso al territorio nacional y la autoridad aduanera no logró desvirtuar dicha
circunstancia mediante una valoración integral y razonable del acervo probatorio.

29. Destacó que el vehículo había sido importado en el año 1993 y que su
aprehensión se produjo 16 años después, lapso durante el cual circuló con licencia
de tránsito vigente y sin reparo alguno por parte de las autoridades de tránsito,

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Demandante: Henry Buitrago Cely

situación que consolidó en cabeza del propietario una expectativa legitima fundada
en el principio de buena fe, la cual no podía ser desconocida de manera abrupta a
través de un decomiso fundado en inconsistencias.

30. Con fundamento en lo anterior, el a quo accedió a las pretensiones de la
demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos de decomiso y ordenó,
a título de restablecimiento del derecho, la devolución del vehículo a su propietario
inscrito negando las pretensiones indemnizatorias por falta de prueba de los
perjuicios alegados.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

31. La parte demandada interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación
contra la sentencia proferida en primera instancia con fundamento en los
argumentos que se exponen a continuación6.

32. Señaló el recurrente que el Tribunal incurrió en falsa motivación al sustentar su
decisión en una supuesta correspondencia entre el vehículo decomisado y la
declaración de importación aportada por el demandante, pese a que el material
probatorio demuestra que dicha declaración ampara un vehículo distinto al
inspeccionado.

33. Afirmó que el fallo reconoce expresamente que el vehículo decomisado
corresponde al modelo 1989; no obstante, concluye que se encuentra amparado
por documentos que describen un tracto camión modelo 1992, conclusión que
estima contraria a la realidad probatoria, pues el año modelo constituye un elemento
esencial para la individualización del vehículo en materia aduanera.

34. Manifestó igualmente que la sentencia desconoció el valor probatorio de los
estudios técnicos especializados aportados al proceso, en particular el dictamen de
la DIJIN, el análisis del VIN y la verificación realizada por el distribuidor oficial de la
marca Kenworth.

6 Índice 00006 del expediente cargado en SAMAI, documento: ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01

PRINCIPAL (.pdf) NroActua 6.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00069 01
Demandante: Henry Buitrago Cely

35. Indicó que el Tribunal otorgó mayor credibilidad a los documentos allegados por
el demandante, los cuales, según el apelante, no permiten identificar plenamente el
vehículo decomisado ni acreditar su legal importación al territorio nacional.

36. Expuso que el a quo no aplicó adecuadamente la normatividad aduanera
vigente para la época de los hechos, especialmente aquella relativa a la correcta
individualización de la mercancía importada.

37. Sostuvo que la diferencia en el modelo del vehículo no constituye un error
subsanable en la descripción de la mercancía, sino una variación sustancial que
impide considerar que la declaración de importación ampare el bien efectivamente
decomisado. Señaló, además, que la jurisprudencia del Consejo de Estado respalda
esta interpretación.

38. Indicó también que la providencia apelada pasó por alto que la jurisprudencia
de esta Corporación ha sostenido reiteradamente que el paso del tiempo no sanea
irregularidades en la importación de mercancías, ni exonera al obligado aduanero
del cumplimiento de los requisitos legales para la introducción de bienes extranjeros
al país.

39. Finalmente, sostuvo que el principio de buena fe no puede ser empleado para
impedir el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de la autoridad
aduanera, ni para legitimar la permanencia en el territorio nacional de mercancías
que no han cumplido con las exigencias legales en materia de importación.

V. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

40. El 2 de marzo de 2020, el despacho sustanciador del Tribunal a quo celebró la
audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 640 de 2001 y ante la
ausencia de acuerdo conciliatorio concedió el recurso de apelación.

41. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 26 de septiembre de 2023 7 ,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

7 Índice 00018 del expediente digital, SAMAI.

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42. Posteriormente, en providencia del 7 de noviembre de 20238 se corrió traslado
a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera concepto, etapa durante la cual las partes guardaron silencio y el
Ministerio Público no presentó escrito de intervención.

VI. CONSIDERACIONES

43. De acuerdo con el 328 del CGP9, aplicable por remisión del artículo 267 del CCA
y en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la
Sala procederá a resolver la controversia.

6.1. Competencia

44. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201910, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

45. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

6.2. De la controversia sobre la descripción del modelo del vehículo
decomisado consignado en la declaración de importación

46. En este punto es necesario definir si son nulos los actos administrativos que
ordenaron el decomiso de un vehículo automotor y si existió una irregularidad en la

8 Índice 00023 del expediente digital, SAMAI.
9 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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descripción del modelo del vehículo consignado en la declaración de importación
presentada por el actor antes del año 2002.

47. Del análisis de los fundamentos de los actos acusados, a la luz de lo planteado
por las partes, se advierte que la controversia radica en la distinta interpretación que
cada extremo de la litis asigna al año modelo como elemento determinante para la
individualización del vehículo.

48. Para la DIAN, el número de identificación vehicular acredita que el vehículo
corresponde al modelo 1989, en tanto el bien decomisado es modelo 1992 tal como
aparece consignado en la declaración de importación. En esa medida, la
administración consideró configurada la causal de decomiso prevista en el numeral
1.6. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, relativa a la inconsistencia entre la
mercancía presentada y la amparada en la declaración, cuando esta no
corresponde por sus características esenciales a lo declarado.

49. Por el contrario, el demandante afirma que el bien se encuentra debidamente
identificado en la declaración de importación con base en los datos de clase, marca,
línea, color, placas y sticker de la serie, esto es, sus características esenciales.

50. Ahora bien, atendiendo a la relevancia que la DIAN le otorga al código VIN para
afirmar que el vehículo decomisado corresponde al modelo 1989, la Sala observa
que ese código, aunque definido originalmente por el estándar ISO 3780 de 1977 y
revisado en 1983, adquirió carácter obligatorio en Colombia únicamente a partir de
la Ley 769 de 200211, cuyo artículo 38 lo reconoce como un elemento esencial para
la identificación de los vehículos.

51. En ese orden de ideas, resulta claro que para la fecha en que se efectuó la
importación del automotor en litigio, esto es el año 1993, el código VIN aún no había
sido adoptado como requisito obligatorio en el ordenamiento jurídico colombiano.

11 «Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones»

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52. En este contexto, la Sala observa que esta Corporación al resolver un caso con
similares supuestos fácticos y jurídicos, correspondiente igualmente a
importaciones realizadas en ese mismo año, sostuvo que dicho código no constituía
el único medio para determinar el año de fabricación de un vehículo en el siguiente
sentido:

«[…] La Sala considera que en el presente caso no se configura ninguno de los
eventos previstos en las disposiciones transcritas, pues la realidad fáctica
demuestra que lo que originó la actuación administrativa acusada fue que según
conceptos de la Unidad de Automotores de la SIJIN Quindío y de la
Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN, la letra “P” que incluye el
número del Chasís, indica que el modelo del vehículo objeto del decomiso no
es 1995 como aparece en la declaración de importación y licencia de tránsito,
sino que se trata de un modelo 1993.

(…)

Sin embargo, a juicio de la Sala, por ese sólo aspecto no podía la DIAN
desconocer la declaración de importación y licencia de tránsito aportada por el
actor para demostrar la legal importación del vehículo decomisado, toda vez
que reiterando lo ya expuesto por la Sala en la sentencia que invoca la parte
actora, el modelo del automotor no es el único elemento que identifica la
mercancía importada, ya que existen otras características descritas en el
documento aduanero que la identifican perfectamente y que coinciden con la
inspección física llevada a cabo por la Administración, sin que se observe por
parte de los importadores la intención de incurrir en contrabando, que es la
conducta que castigan las normas aduaneras transcritas

(…)

Entonces, si bien el modelo determinado por el sistema del VIN que menciona
la demandada, no coincide en el presente caso, con el modelo declarado, ello
obedece a que no siempre el año de fabricación coincide con el modelo.

Pero, visto que las restantes características del automotor y las demás pruebas
reseñadas dan la certeza a la Sala de que se trata del automotor declarado, no
puede tenerse como no declarado el vehículo, pues en la declaración de
importación no hubo omisión de la descripción, y tampoco existió falta de
correspondencia entre la mercancía importada y la descrita en el documento de
importación, ya que, como se dejó visto, la identificación del motor y del chasís
son características coincidentes con las descritas en la declaración»12.

53. La Sala también ha reconocido que el año modelo del automotor no constituye
el único elemento de identificación de la mercancía importada, puesto que el
documento aduanero contiene otras características que permiten individualizarla
adecuadamente, por ello, dicha discrepancia no es razón suficiente para que la

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia del 21 de

septiembre de 2001; C.P Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 11001-03-24-000-
2000-0858-01(6695).
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DIAN desconozca la declaración de importación y la licencia de tránsito destinadas
a acreditar la importación legal de un vehículo. En efecto, la jurisprudencia ha sido
enfática al señalar que:

«[…] Como se observa, a juicio de la Sala, por ese sólo hecho no podía la DIAN
desconocer la declaración de importación y licencia de tránsito aportada por el
actor para demostrar la legal importación del vehículo decomisado, toda vez
que el modelo del automotor no es el único elemento que identifica la mercancía
importada, ya que existen otras características descritas en el documento
aduanero que la individualizan perfectamente y que coinciden con la inspección
física llevada a cabo por la Administración, sin que se observe por parte de los
importadores la intención de incurrir en introducción ilegal de la mercancía, que
es la conducta que castigan las normas aduaneras.

En el caso del tractocamión objeto de análisis la Sala encuentra de las prueba
obrantes en el proceso que el mismo se encontraba plenamente identificado y
que este era nuevo.

(…)

Erró entonces la autoridad administrativa al considerar que el tractocamión no
estaba plenamente identificado y que no era nuevo, si bien es cierto que en el
referido oficio también se plasmó que el vehículo estaba “sin recorrido” de esa
sola expresión no se podría concluir que se trata de un saldo, en la medida que,
como se precisó, fue el propio representante de la sociedad KAMZ quien señaló
expresamente que era nuevo y, no obra en el expediente otro medio probatorio
que desvirtúe dicha afirmación o que permita vislumbrar que el consejero del
director general de la compañía haya faltado a la verdad»13.

54. Así las cosas, en el asunto bajo examen, aunque el modelo determinado a partir
del código VIN no coincide con el modelo declarado, las demás características del
automotor permitían identificar plenamente la mercancía importada. Esto le otorga
a la Sala la certeza de que se trata del vehículo declarado, pues su identificación no
se limitó al código VIN, sino que también incluyó su clase, marca, línea, color, motor,
chasis núm. J53008.

55. En consecuencia, teniendo en cuenta que el fundamento del acto administrativo
que ordenó el decomiso fue una exigencia que no se corresponde con las directrices
aduaneras sobre descripción de las mercancías importadas, concretamente el
modelo de un vehículo importado antes del año 2002, la Sala concluye que en este
asunto no resultaba aplicable el numeral 1.6 del Decreto 2685, razón por la cual le
asistió razón al a quo al declarar la nulidad de los actos mediante los cuales se

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia del 20 de

octubre de 2023; C.P Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicado: 76001-33-31-000-2007-01399-
01.
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ordenó el decomiso del vehículo importado por el demandante con fundamento en
dicha causal.

6.3. De si no son nulos los actos administrativos acusados que se sustentan
en el informe técnico presentado por la División de Investigación Criminal –
DIJIN – Grupo Automotores, que establece que el motor se encuentra
regrabado sin tener autorización para ello

56. Habrá de definirse la validez de los actos administrativos que ordenaron el
decomiso de un vehículo automotor, si parte del fundamento de tal decisión
consistió en que el motor se encontraba regrabado sin la debida autorización, ya
que dicha modificación no aparecía registrada en la hoja de vida del automotor.

57. Desatar tal cuestión impone a la Sala dar cuenta de la información que reposa
en el expediente administrativo, de suerte que se determine si es cierto que esa
modificación no tenía soporte alguno.

58. Pues bien, del examen de esa documentación se desprende que la entonces
propietaria del vehículo, el 21 de agosto del 2000 adquirió un nuevo motor y solicitó
a la Jefe de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduana de Bogotá la
devolución del motor núm. 11242644 que se encontraba instalado en el tracto
camión de placas SYK 512. Para tal efecto adjuntó la factura de compra, veamos14:

14 Tomado del documento: ED_C10_01 ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS PARTE

2. (.pdf) NroActua 6
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59. Asimismo, la mencionada propietaria solicitó al Director de Tránsito y Transporte
del Municipio de Mosquera, copia de los documentos relacionados con el cambio
del motor efectuado el 9 de diciembre de 2000. En respuesta, dicha oficina remitió
el certificado núm. 4763 del 7 de julio de 2008, correspondiente a la hoja de vida del
vehículo decomisado, en el que consta el registro del cambio del motor, así15:

15 Tomado del documento: ED_C09_01 ANEXOS-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS PARTE

1(.pdf) NroActua 6.
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60. De lo expuesto se colige que el motor fue adquirido e ingresado lícitamente al
país, circunstancia que desvirtúa el señalamiento efectuado en el informe técnico
elaborado por la División de Investigación Criminal – DIJIN – Grupo Automotores,
según el cual la regrabación del motor no había sido autorizada. En consecuencia,
dicho informe que también sirvió de fundamento a la entidad demandada para
expedir los actos acusados que culminaron en el decomiso del vehículo, carece de
sustento.

6.4. De la buena fe

61. A continuación, estudiará la Sala si la circulación de un vehículo, por un periodo
de tiempo considerable en el territorio nacional y sin reparos de las autoridades de
tránsito, genera una expectativa legítima fundada en la buena fe que impida a la
autoridad aduanera disponer su decomiso por inconsistencias en su importación.

62. Es claro para la Sala que la buena fe no reemplaza el cumplimiento objetivo de
los requisitos exigidos para la introducción legal de mercancías, ni inhibe las
facultades de verificación, control y fiscalización de la autoridad aduanera. Del
mismo modo, el transcurso del tiempo no sanea irregularidades que puedan existir
en materia de importación.

63. En ese marco, la Sala admite que el argumento del Tribunal sobre la expectativa
que podría generar la circulación de un vehículo por un periodo considerable de
tiempo no constituye por sí mismo en un argumento que enerve la legalidad de los
actos de decomiso; sin embargo, esa no fue la razón determinante para la
declaración de nulidad que ahora confirma esta Corporación y por ende, el reparo
enrostrado por la DIAN tampoco tiene la fuerza para revocar esa decisión.

6.5. Condena en costas

64. De conformidad con el artículo 171 del CCA, en consonancia con el artículo 55
de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en
la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u
oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de

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colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de
recursos con un interés meramente dilatorio”16.

65. En el caso concreto la parte demandada acudió al proceso sin abusar de su
derecho a acceder a la Administración de Justicia; por tanto, no hay lugar a imponer
condena en costas.

66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2019, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

16 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.

Ricardo Hoyos Duque.
19

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La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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