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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00098-01

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00098-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de agosto 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, atendiendo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 36 Según el mandato visible al folio 20 del cuaderno principal. Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 61 Número único de radicación: 25000232400020110009801 Actor: RÉGULO GÓMEZ HERNÁNDEZ Nulidad y Restablecimiento del derecho SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: TENER a los doctores RAFAEL ANTONIO FLECHAS DIAZ, FELIX ANTONIO LOZANO MANCO y JAIRO LEÓN CÁRDENAS BLANDÓN como apoderado de actor, el primero, y los demás como representantes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, de conformidad con el poder y los documentos anexos visibles a los folios 20 y 53 a 70 del cuaderno principal. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00098-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Consejera Ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000232400020110009801
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: RÉGULO GÓMEZ HERNÁNDEZ

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA, POR CUANTO NO SE
DEMOSTRÓ LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO QUE SE INVOCÓ
POR NO HABERSE SUPUESTAMENTE DECRETADO LAS PRUEBAS
QUE SOLICITÓ PRACTICAR EN EL ESCRITO DEL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN. NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD DE LOS ACTOS ACUSADOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

actora contra la sentencia de 23 de agosto de 2012, proferida por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca 1 , Sección Primera,

Subsección “B”, que denegó las pretensiones de la demanda.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000232400020110009801
Actor: RÉGULO GÓMEZ HERNÁNDEZ
Nulidad y Restablecimiento del derecho

I. ANTECEDENTES

I.1.- El señor RÓMULO GÓMEZ HERNÁNDEZ, en ejercicio de la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el

artículo 85 del CCA, por conducto de apoderado judicial, presentó

demanda contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -

DIAN2, en la que formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Por medio del presente escrito me permito manifestar a
su Despacho que instauro ACCIÓN DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de que trata el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que
se decrete la nulidad y la revocatoria de la operación
administrativa que determinó Oficialmente el Decomiso del
Vehículo cuyas características se discriminan y detallan más
adelante, actuación contenida en los actos administrativos
que se relacionan a continuación:

1. RESOLUCIÓN N° 1-003-238-4021-636-1006247 DE FECHA
22 DE OCTUBRE 2009 por medio de la cual se profirió el
DECOMISO del vehículo automotor CAMIÓN DOBLE
TROQUE DE PLACAS JAK-063.

2. RESOLUCIÓN N° 00312-03-236-408-601 DE FECHA 12 DE
ABRIL DE 2010, por medio de la cual se resolvió el
Recurso de Reconsideración confirmando en todas sus
partes la RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE
2009, que decomisó el vehículo en mención […]”.

I.2.- La parte accionante fundó sus pretensiones en los siguientes

hechos, que de manera resumida destaca la Sala, así:

2
En adelante DIAN.

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Nulidad y Restablecimiento del derecho

Indicó que la Policía Judicial de Investigación de la policía Nacional -

SIJIN del departamento de Boyacá, mediante Oficio 6110 de 2 de

septiembre de 2009, dejó a disposición de la DIAN el vehículo de

propiedad del actor, identificado como: “CLASE: CAMIÓN, MARCA:

DODGE, LINEA CNT 9000, COLOR: VERDE METALIZADO, PLACAS

JAK-063, MOTOR 11552075, CHASIS: H81HZ 1T300414-JAK063,

TIPO: ESTACAS”, luego de inmovilizarlo cuando era conducido por

el señor JIMMI DANIEL ALARCÓN OICATA.

Afirmó que la DIAN decretó el decomiso del referido vehículo

automotor, a través de la Resolución 1-03-238-421-636-1-006247

de 22 de octubre de 2009, “so pretexto que presuntamente tienen

una parte que no tiene factura (que no está probado por la

demanda DIAN)”.

Contra el anterior acto administrativo el actor por conducto de su

apoderado interpuso recurso de reconsideración, el cual fue

resuelto por la Resolución 00312-03-236-408-601 de 12 de abril de

2010, en el sentido de confirmar el decomiso y ordenar al Instituto

de Tránsito de Boyacá cancelar el registro terrestre del vehículo y la

licencia de tránsito del automotor.

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Nulidad y Restablecimiento del derecho

Aseguró que el fundamento del recurso interpuesto “solicitó la

práctica de varias pruebas, entre ellas se decretara y practicara un

nuevo peritaje de improntas al vehículo objeto de decomiso, que lo

debía realizar el DAS”.

Agregó que también requirió a la DIAN para que solicitara: i)

“fotocopia autentica (sic) del Manifiesto Aduanero y las

Declaraciones de Nacionalización del camión”; ii) al “Instituto de

Tránsito de Boyacá – ITBOY la carpeta original de registro del

camión” y, iii) en ejercicio del derecho de petición pidió a la

Administración de Adunas de Buenaventura y a la Subdirección de

Fiscalización Aduanera de Bogotá para que allegaran el manifiesto

aduanero y/o declaración de nacionalización del vehículo

decomisado.

Señaló que “estas pruebas no fueron ni decretadas ni practicadas

por la demandada, violando con esta actuación el DEBIDO

PROCESO y el DERECHO DE DEFENSA”.

En relación con el vehículo decomisado, afirmó que el importador y

primer propietario del automotor fue el Ministerio de Obras Públicas

y Transporte y desde entonces, fue objeto de varias compraventas

celebradas respecto de dicho vehículo. También que:

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“[…] El vehículo volqueta decomisado es modelo 1971, pero
fue repotenciado a modelo 1995, con licencia aprobada por el
Instituto de Tránsito de Boyacá ITBOY, como consta en la
carpeta original, labor que se realizó en el concesionario de
Duitama.

Al momento de hacer la repotencialización, le fue reforzado el
chasis original y le colocaron el conjunto de cabina
KENWORTH. El trabajador de TALLERES ROSAS de Duitama
Boyacá donde le hicieron el refuerzo, le montó la nueva
cabina y presuntamente le haya (sic) dejado puntas del chasis
KENWORTH, porque realmente el vehículo es MARCA DODGE
[…]”.

I.3.- Fundamentos de derecho

En apoyo de las pretensiones, el apoderado del actor enlistó en el

escrito de demanda que los actos acusados vulneraron los artículos

1°, 2°, 4°, 13, 25, 29, 48, 58 y 209 de la Constitución Política; 2° y

47 del CCA y “Del Estatuto Aduanero los artículos pertinentes”3.

También estimó como normas violadas de manera general

“Jurisprudencias de la Honorables Corte Constitucional y el Consejo

de Estado, conceptos varios de la DIAN y Circulares varias del

director general de la DIAN”

En el acápite denominado “conceptos de violación” manifestó que la

DIAN transgredió el debido proceso que debe observarse en las

3
“Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”. En adelante el Estatuto Aduanero.

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actuaciones administrativas “ya que dejaron de decretar, practicar

y tener como pruebas las peticiones por mi mandante en la etapa

de investigación de la vía gubernativa”.

Así como tampoco valoró los documentos allegados a la

investigación por parte del Instituto de Transporte de Boyacá, que

buscaban establecer que el vehículo decomisado sí ingresó

legalmente al territorio nacional.

Afirmó que los funcionarios que expidieron los actos acusados

desbordaron las facultades conferidas por la ley e incurrieron en

una desviación de poder, toda vez que la conducta por ellos

desplegada no se ajustó a las normas en las que debió fundarse y,

por el contrario, se alegaron motivaciones caprichosas.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN, por intermedio de apoderada judicial, contestó la

demanda4. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y aclaró

que la razón por la cual el automotor descrito fue inmovilizado

obedeció a “presentar inconsistencias en sus sistemas de

identificación, pues al realizar el estudio técnico […] se pudo

establecer que el número de chasis correspondía a una

4
Folios 105-118 del C. 1.

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regrabación”.

En relación con los hechos de la demanda, explicó que:

En el escrito de recurso de reconsideración el actor no solicitó un

nuevo peritaje de improntas al vehículo, que tal requerimiento

ocurrió cuando el actor radicó la carpeta del historial del vehículo y

mediante este memorial solicitó tal peritaje, el cual, además, sí fue

ordenado por la DIAN según oficio 1-03-236-408-0081, pero no se

adelantó por cuanto el Coordinador Operativo Seccional del DAS –

Boyacá, informó que no contaba con técnicos en automotores para

practicar las diligencias solicitadas.

Que, en ese sentido, no puede endilgarse la violación al debido

proceso, pues valoró y practicó las pruebas solicitadas y realizó un

minucioso análisis de todos los documentos incorporados al

proceso, cuestión diferente es que el actor no logró desvirtuar la

causal de decomiso, pues las declaraciones aportadas no

corresponden con el automotor decomisado.

Agregó que en el trámite administrativo obra el dictamen pericial

rendido por la SIJIN, el cual se realizó por personal calificado.

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Indicó que es cierto que el vehículo fue sometido a trámites ante

tránsito, pero no por ello, y por el hecho de ser “repotenciado” se

deba eximir de responsabilidad el legal ingreso de este al territorio,

puesto que los procedimientos ante tránsito son independientes y

no sanean la ilicitud del automotor.

Frente a la legalidad de los actos acusados, precisó que no obra

declaración de importación que demuestre que el vehículo

decomisado fue legalmente importado, lo que deviene en que estos

están debidamente motivados.

Insistió que los trámites necesarios para la circulación y

repotenciación del vehículo que el actor realizó ante el Instituto de

Tránsito de Boyacá no suplen la obligación de demostrar la

legalidad de su ingreso al territorio nacional, ya que “[…] una cosa

son los trámites y requisitos exigidos para realizar procedimientos

ante tránsito y transporte y otra cosa es la acreditación de la

legalidad de la mercancía importada con la que realizó dichas

modificaciones del automotor […]”.

En este punto, recordó que el proceso de definición de situación

jurídica de mercancía aprehendida busca probar el legal ingreso de

la mercancía de origen extranjero al territorio aduanero nacional,

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de conformidad con las funciones legalmente asignadas a la DIAN,

atribución en la que no tiene ninguna incidencia la propiedad de los

bienes, ni la buena fe con que se hayan adquirido.

Afirmó que en la investigación administrativa quedó demostrado

que existen múltiples diferencias entre el vehículo inmovilizado, el

descrito en los documentos aportados y el identificado con el

estudio técnico de la Seccional de Investigación Judicial de la

Policía Nacional-SIJIN5, de la siguiente manera:

“[…] El vehículo identificado técnicamente por la SIJIN
corresponde a un CAMIÓN MARCA KENWORTH, MOTOR No.
11552075 ORIGINAL, CHASIS Y SERIE No. J534745,
VIN1NKAH28X1LJ534745.

• El vehículo inmovilizado corresponde a UN CAMIÓN
MARCA DODGE, MOTOR No. 11552075, CHASIS
H81HZ1T300414.JAK063 GRABADO.

• El vehículo descrito en los documentos aportados
corresponde a una VOLQUETA MARCA DODGE, MODELO
1971, CHASIS No. M81HZ1T-300755 Y SERIE
M81HZ1T300414, MOTOR F047327 […]”.

También indicó que la declaración de importación presentada en

Santa Marta y certificada por dicha administración con sticker núm.

13805010638488 6 de julio de 1998, presenta las siguientes

diferencias:

5
En adelante SIJIN.
6
Cfr. Folio 201 de los antecedentes administrativos.

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Declaración aportada por el actor (recurso Declaración certificada por la Dirección
de reconsideración) folio 88 Seccional de Santa Marta, folio 201
"Cabinas para camión y tractocamión "Cabinas para camión y tractocamión
marca/chevrolet/kenworth/internaciona, pegaso/chevrolet/kenworth modelo:
gmc, volvo white, modelo: 1986 a 1998 1986 a 1990; 180/210/350/400 HP.
180/210/350/400 HP. Completas con su Completas con su conjunto y accesorios
conjunto y camarote y accesorios para su para su normal funcionamiento".
normal funcionamiento".

Agregó que el estudio técnico practicado se realizó por personal

idóneo y experto de la SIJIN, y en ese sentido el informe de

laboratorio FPJ13 de septiembre de 2009, el proceso de revenido

químico se concluyó los siguiente:

"[…] EN SUS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN,
ESPECIALMENTE EN SU NUMERO DE CHASIS, SE OBSERVA
QUE EN LA PUNTERA DEL LARGUERO DERECHO, PARTE
ANTERIOR CARA EXTERNA, SE ENCUENTRA UN NUMERO (sic)
DE CHASIS GRABADO, EN EL LUGAR EN DONDE LA CASA
ENSAMBLADORA PARA LOS VEHICULO (sic) MARCA
KENWORTH SE ENCUENTRA LA SUPERFICIE LIMADA CON
ESMERIL, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETERA (sic) A
PROCESO DE REVENIDO QUIMICO (sic) […]".

Finalmente, refirió que del proceso de revenido químico se obtuvo

el siguiente resultado:

“[…] Indica la superficie del chasis, ubicado cara superior del
larguero derecho del mismo, donde se nota que a propósito
borraron o esmerilaron el número original, tratando de ocultar
la verdadera identificación del vehículo, dejando la superficie
totalmente lisa.

Guarismos grabados no originales del número de chasis".

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección “B” mediante sentencia de 23 de agosto de 2012,

resolvió: i) INHIBIRSE de realizar el estudio de fondo de la

presunta trasgresión de los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 25, 48, 54,

58 y 209 de la C.P. y de los artículos 2° y 47 del CCA y ii)

DENEGAR las pretensiones de la demanda.

Para arribar a tal decisión, señaló respecto de la inhibición que en el

escrito de demanda no se expusieron argumentos concretos que

sustentaran la violación predicada frente a tales normas, en tanto

se limitó a realizar un breve enunciado y transcripción de éstas sin

explicar el concepto de violación.

Indició que tal exposición es un requisito de obligatorio

cumplimiento para el demandante, al tenor de lo dispuesto en el

numeral 4 del artículo 137 del CCA, según el cual, cuando se trate

de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse en el

escrito de la demanda las normas transgredidas y el concepto de su

violación.

El análisis de fondo que realizó el a quo y por el cual denegó las

pretensiones de la demanda, se circunscribió al cargo de

violación del derecho al debido proceso y defensa “por el hecho de

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haber adoptado una decisión alejada de los postulados de la

legislación aduanera y sin haber efectuado el respectivo análisis de

las pruebas que obran en el expediente”.

Después de realizar un recuento para examinar la competencia de

la DIAN en materia aduanera y analizar el contexto del debido

proceso en sede administrativa, el fallo precisó que este derecho se

concreta en “la obtención de decisiones justas y adecuadas al

derecho material, para lo cual es indispensable que se haya

proporcionado al interesado la oportunidad de ser escuchado y de

controvertir los elementos probatorios que sustentan la adopción de

la respectiva decisión”.

Examinados los supuestos acreditados en el proceso vía examen de

los antecedentes administrativos y de las pruebas decretadas y

practicadas en sede judicial, el Tribunal a quo encontró que “el

aludido automotor no fue debidamente ingresado al territorio

nacional por cuanto no fue aportada ninguna declaración de

importación que amparara la legal introducción de este al territorio

nacional, por lo cual se incurrió en la causal de aprehensión y

decomiso definida en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto

2685 de 1999”.

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Considero que, si bien es cierto que el automotor marca Dodge,

modelo 1971 fue repotenciado a un vehículo modelo 1995, a través

del proceso de revenido químico practicado por el personal de la

SIJIN, se comprobó que el número de chasis fue borrado y

posteriormente regrabado uno nuevo.

Afirmó que el chasis original está identificado con el número J53745

que corresponde a un vehículo marca Kenworth y no Dodge,

identificación que también fue hallada en la cabina y en el conjunto

del automotor, con lo cual se demostró que los documentos

aportados por el actor para amparar la legal tenencia del vehículo

Dodge modelo 1971, no coinciden con la identificación del número

del chasis y cabina que pertenecen a un automotor marca

Kenworth, respecto del cual, insistieron, no se aportó la declaración

de importación o manifiesto aduanero.

En cuanto a la prueba pericial practicada en el proceso judicial por

solicitud del demandante, se determinaron las características,

especificaciones y demás detalles de las partes del automotor

objeto de decomiso y el número que aparece en el chasis del

vehículo Kenworth es el H81HZ1T300414, es decir, que

corresponde al que fue grabado sin autorización de la autoridad

competente.

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De este análisis probatorio, concluyó que:

“[…] de la revisión y análisis integral de los documentos
obrantes en el expediente contentivo de los antecedentes
administrativos que dieron origen a los actos administrativos
acusados se concluye, que no aparece la respectiva
declaración de importación del vehículo marca Kenworth de
placas JAK-063, cuyo número de chasis fue regrabado sin
autorización de la autoridad competente, dado que las
facturas, declaraciones de importación de partes de
vehículos y demás documentos antes referidos, solo
demuestran, entre otros puntos, las distintas transacciones
comerciales efectuadas por el actor, la propiedad respecto del
vehículo, la repotenciación al que fue sometido, el cambio de
servicio particular a público, pero no comprueban que el
rodante ingresó de manera legal al país […]”

En tal sentido, concluyó que con la expedición de las resoluciones

acusadas la DIAN no vulneraron el debido proceso del demandante,

pues los actos administrativos se encuentran ajustados a la

normatividad vigente para la época en que sucedieron los hechos,

la medida impuesta estuvo sustentada en lo acreditado con los

documentos aportados por el actor, así como en las pruebas

practicadas por la entidad demandada.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado del demandante presentó escrito de apelación en el

que manifiesta oponerse a la sentencia en su integridad, decisión

que califica de incongruente. Transcribe en esencia el escrito

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introductorio en los acápites denominados: i) hechos, ii)

pretensiones y iii) fundamentos - normas violadas. Agregó como

normas violadas, los artículos 90 y 365 de la Constitución Política;

78, 86, 206 y 214 del CCA y 1, 11, 14 y 44 de la Ley 962 de 2005.

También transcribió el contenido de los artículos 2, 13 y 29

Superiores y apoyó su conceptualización en jurisprudencia que

transcribió, pero sin contextualizarla al caso objeto de examen.

En capítulo denominado “III. LA PROVIDENCIA RECURRIDA”

expresó las razones de inconformidad, así:

El Tribunal al momento de fallar no valoró el expediente del

vehículo decomisado que fue remitido a la investigación

administrativa por el Instituto de Tránsito de Boyacá, con el que

asegura se demuestra que: i) el automotor fue importado por el

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por lo cual se presume

que fue nacionalizado legalmente y ii) que si bien le fueron

cambiadas algunas piezas o partes utilizadas en la repotenciación y

el cambio de motor, estas fueron introducidas al país mediante

declaraciones de importación expedidas por la DIAN y allegadas

como prueba, lo que se demuestra la legalidad de su

nacionalización.

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Informó que al momento en que el demandante adquirió la

propiedad del vehículo no le fue entregada por parte del vendedor

su declaración de importación, documento que tampoco la DIAN

posee en sus archivos debido a la antigüedad de vehículo y sus

registros, tal como se aprecia en las respuestas a las peticiones que

presentó para obtener su copia.

Insistió en que la entidad demandada no decretó ni practicó las

pruebas que solicitó con el recurso de reconsideración,

circunstancia que se pasó por alto por el Tribunal, vulnerando el

derecho al debido proceso y a la defensa. Al respecto, sostuvo:

“[…] Se dice en la sentencia que el chasis fue regrabado sin
autorización de la autoridad competente, pero en el dictamen
del perito nombrado por el Honorable Tribunal Administrativo,
se dice que el chasis es el original del vehículo DODGE modelo
1971 de placas JAK-063, que figura en la carta de propiedad
el cual llega hasta desde la parte final hasta 60 centímetros
de la cabina de KENWORTH, lo que quiere decir que casi la
totalidad del chasis corresponde al original del vehículo
volqueta DODGE modelo 1971, que fue reforzado debido a
QUE ES MUY ANTIGUO O VIEJO (CASI 39 AÑOS), que por el
deterioro necesitaba le colocaran refuerzo (sic) […]”.

Indicó con base en el informe pericial y su aclaración, que se

encuentra plenamente probado que el chasis del camión

decomisado “tiene hasta detrás, es decir al pie de la cabina el

chasis original Dodge 1971. Solamente la cabina es de Kenworth y

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las puntas de dicha cabina llegan hasta el chasis original que fue

reforzado en partes”.

Por lo expuesto, estimó que las demás partes del camión de estacas

con placas JAK063 de propiedad del demandante, son las originales

del camión Dodge, modelo 1971, que perteneció al Ministerio de

Obras Públicas y Transporte.

Por todo lo expuesto, pidió revocar en su totalidad la sentencia

cuestionada y, por ende, la declaratoria de nulidad de los actos

acusados.

También solicitó en el escrito de apelación que se oficiara: i) a la

DIAN para que acompañe copia de la declaración de importación del

vehículo de placas JAK-063 y ii) al Ministerio de Obras Públicas para

que remitiera copia de la declaración de importación de dicho

automotor.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

IV.1 Por auto de 4 de febrero de 2013 el Despacho conductor del

trámite admitió el recurso de apelación y ordenó la notificación al

Procurador Delegado.

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IV.2 Mediante providencia de 5 de octubre de 2015, la magistrada

ponente denegó la solicitud de pruebas aportadas con el recurso

de apelación. Allegó mediante memoriales los documentos que

requirió en el recurso de apelación se decretaran y, en su lugar,

pidió incorporar los documentos referidos con la importación del

vehículo decomisado, que corresponde a los solicitados por el actor

al Instituto Nacional de Vías. Notificada esta decisión, adquirió

ejecutoria sin controvertirse.

IV.3 Por auto de 4 de noviembre de 2015, se corrió traslado para

alegar, término durante el cual, únicamente el apoderado de la

entidad demandada participó. Solicitó confirmar en todas sus partes

la sentencia de primera instancia, pues estimó que: i) no es a

través del recurso de apelación que el actor puede corregir su falta

de técnica jurídica para explicar el concepto de violación de las

normas invocadas como transgredidas, y ii) que existe una

incoherencia en la alegación del recurso de apelación frente a la

declaración de importación de año 1998, que cita como inobservada

para justificar la repotenciación de un vehículo al año 1995, lo que

evidencia que estas piezas se importaron de manera ilícita. Por lo

expuesto, solicitó confirmar el fallo apelado.

IV.4 La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. ACTOS ACUSADOS

Los actos administrativos que se cuestionan en este proceso se

identifican, así:

i) Resolución 1-03-238-421-636-1-006247 de 22 de

octubre de 2009 7 , “por medio de la cual se decomisa una

mercancía”, expedida por el jefe del GIT de Definición de Situación

Jurídica de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección

Seccional de Aduanas de Bogotá.

En este acto se decomisó a favor de la Nación el camión

aprehendido mediante acta 834-060 de 2 de septiembre de 2009,

avaluado en la suma de $43’000.000, por encontrarse incurso en la

causal de aprehensión y decomiso de mercancías prevista en el

numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

ii) Resolución 00312-03-236-408-601 de 12 de abril de

2010 8 , “por medio de la cual se resuelve el recurso de

7
Cfr. Folios 61-74 C.1.
8
Cfr. Folios 155-162 C.1.

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reconsideración interpuesto contra la Resolución No. 1-03-238-421-

636-1-006247 de 22 de octubre de 2009”, expedida por el Jefe del

GIT Vía Gubernativa de la División de Gestión Jurídica de la

Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para confirmar en su

totalidad la decisión recurrida.

V.2. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER

De acuerdo con los planteamientos del recurso de apelación, le

corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o

confirmar la sentencia proferida por el Tribunal a quo en razón a

que, a juicio del apelante, es incongruente por no resolver lo

solicitado en la demanda y por no valorar las pruebas que se

aportaron para desvirtuar la orden de decomiso y la legal

introducción del automotor soportada en declaraciones de

importación que dijo, no se examinaron por el juez.

V.3 LÍMITES DE LA APELACIÓN

Esta Sala refiere que el reproche del apelante por conducto de su

apoderado cuestionó la totalidad de la sentencia, esto es, la

decisión de inhibición y la denegatoria de las pretensiones, por

considerar que el fallador no resolvió los reproches que invocó

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frente a la violación al debido proceso y el derecho de defensa por:

i) no haberse decretado las pruebas solicitadas en sede

administrativa, y ii) no haber valorado la documental que contiene

el registro de tránsito del automotor decomisado.

En ese sentido, la Sala se ocupará únicamente de analizar si estos

reproches, fueron debidamente formulados, es decir, si hubo carga

argumentativa que explique el motivo de oposición de la parte

apelante para cuestionar la sentencia a efectos de determinar si

procede su revocatoria, tal como lo solicita.

Lo anterior, en razón a que, en materia de competencia en la

segunda instancia el objeto de la apelación se circunscribe a los

argumentos de oposición del recurrente, no resultando viable

abordar puntos no discutidos, según lo prevé el artículo 357 del

CPC. Entonces, conforme se ha reiterado por esta Corporación son

esos límites a los que se cierne la competencia y pronunciamiento

del fallador en la segunda instancia.

Sobre el particular esta Sección, puntualizó:

“[…] Esta Corporación en reiterados pronunciamientos ha
considerado que cuando decide el recurso de apelación, tal
como lo indica el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, el juez de instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos

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por el apelante único. […] Como ya se estableció la parte
demandante tiene la calidad de apelante único, por lo que, el
marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia, en este caso, lo constituyen las referencias
conceptuales y argumentativas que aduce la apelante en
el escrito contentivo del recurso, contra la decisión que
adoptó la primera instancia. […]”9

Igual restricción se predica para la formulación de nuevos cargos

con ocasión del recurso de apelación, en tanto al juez le está

vedados pronunciarse sobre normas y reproches que no se

formularon en oportunidad, tal es el caso de las referencias que el

apoderado de la parte actora realizó al reiterar aparentemente el

contenido del escrito de demanda, pero lo que en realidad hizo, fue

señalar nuevas disposiciones que no invocó en el libelo inicial.

De este modo, la Sala no abordará el examen planteado respecto

de los artículos 90 y 365 de la Constitución Política; 78, 86, 206 y

214 del CCA; y 1°, 11, 14 y 44 de la Ley 962 de 2005, que el

apelante estimó con el recurso de apelación vulneradas a título de

reiteración, cuando en realidad se distingue que no se identificaron

en la demanda inicial como transgredidas, lo que por obvias

razones impidió el pronunciamiento del Tribunal. Al respecto es

9
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 15 de
febrero de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2001-00470-02. Actor: Inmobiliaria San José
Ltda y María Del Pilar Sandoval Gómez Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.

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oportuno traer a colación el siguiente pronunciamiento de la

Sección10, en el que se puntualizó:

“[…] la Sala recuerda que, en torno al principio de
congruencia de la sentencia, instituido como una
verdadera garantía del derecho fundamental al debido
proceso de las partes, esta Sección ha sostenido que las
normas invocadas como violadas en el concepto de
violación, entre otros aspectos, delimitan la acción del
fallador, habida cuenta del carácter rogado de la jurisdicción
contencioso administrativa. Así lo ha expresado la Sección:

[…] El pronunciamiento que se profiera no solo debe
referirse al petitum elevado sino además, a los hechos
que sirven de soporte aducidos por quien entabla la
demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es
menester señalar que el quebranto normativo endilgado
en el capítulo del libelo que contenga el concepto de
violación, constituye un límite que no puede
traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en
cuenta que en este campo la justicia es rogada; por
lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro
de las pautas fijadas en el libelo incoativo del
proceso”11. […] (Resaltado fuera del texto).

En consecuencia, los nuevos argumentos introducidos por la
demandante […] a todas luces resultan extemporáneos […],
razón por la cual la Sala no emitirá pronunciamiento de fondo
al respecto […]”.

Esta conclusión es suficiente para restringir el pronunciamiento del

juez de la alzada, y concretarlos a los aspectos que sí constituyeron

el pronunciamiento autorizado en sede judicial.

10
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia de 23 de
abril de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00003-00. Actor: EURO-CELTIQUE S.A.
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
11
Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
5 de junio de 1997. Radicado: 4092. M. P: Manuel Santiago Urueta Ayola, reiterada, entre otras, en
sentencia de 5 de diciembre de 2019, radicación: 13001233100020110221101, con ponencia de
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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V.4. CASO CONCRETO

V.4.1. DE LA DECISIÓN INHIBITORIA

En lo que respecta a esta censura de la apelación, se aprecia que la

parte actora se limitó a indicar que la sentencia es incongruente,

sin explicar el motivo de su dicho, por lo menos, en lo que se

refiere a esta decisión.

Es preciso recordar que la incongruencia corresponde a un atributo

de la decisión judicial y se traduce en la armonía predicable tanto

de su estructura interna, esto es, la parte motiva y resolutiva del

fallo, como de la externa, entendida como la coherencia entre la

decisión y lo pedido por las partes.

Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir

del fallador una decisión que resuelva la controversia formulada, no

solo frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto

del pronunciamiento que el juez debe realizar en relación con la

defensa de quien funge como parte accionada, y que se ejerce

también a título de excepciones.

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En lo que atañe al cuestionamiento de la decisión del Tribunal a quo

no existe un argumento que se dirija a desvirtuar la imposibilidad

de pronunciamiento que halló el juez de la primera instancia,

respecto de la ausencia de concepto de violación de los artículos 1°,

2°, 4°, 6°, 13, 25, 48, 54, 58 y 209 de la C.P. y 2° y 47 del CCA, lo

que implica que, ante la ausencia de carga argumentativa, no es

factible identificar oficiosamente el reproche de oposición.

Respecto de la carga argumentativa del recurso de apelación, la

Sección12 ha dicho:

“[…] Sala encuentra que el recurso de apelación objeto de
este pronunciamiento se encuentra desprovisto de una real
sustentación, pues la parte actora no aduce argumento
alguno dirigido a atacar la decisión de instancia […]. En
efecto, si el objeto del recurso de apelación es que el superior
analice la decisión adoptada en la sentencia objeto de alzada,
resulta imperioso que el recurrente exponga las
razones por las cuales no comparte las consideraciones
que se tuvieron en cuenta en dicho momento. Así pues,
no cabe duda que el memorial contentivo de la impugnación
carece de las razones y argumentos por los cuales se
considera que la decisión del Tribunal de instancia es
equivocada […] incumpliendo de esta forma la carga procesal
que en este escenario le corresponde como apelante […]”

De este modo, la decisión inhibitoria se mantendrá sin examen por

ausencia de carga argumentativa y, en ese sentido, se confirmará

la decisión apelada en relación con esta determinación.

12
Consejo de Estado - Sala de Lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia de 23 de
enero de 2020. Radicación número: 25000-23-25-000-2012-90514-01. Actor: Carlos Iván Fierro
Flórez. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés

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V.4.1. DE LA DECISIÓN DENEGATORIA DE LAS PRETENSIONES

En lo que respecta a la decisión de fondo en este proceso, se tiene

que son precisos los argumentos que el apelante expuso en su

escrito de alzada para oponerse al fallo del a quo, los cuales se

concretan de una parte en que el juez no valoró los reproches que

invocó frente a la violación al debido proceso y el derecho de

defensa por: i) no haberse decretado las pruebas solicitadas en

sede administrativa y ii) no haber valorado la documental que

contiene el registro de tránsito del automotor decomisado.

Para abordar el primero de los reproches, la Sala estima

conveniente examinar cuál fue el trámite administrativo que

precedió a la expedición de los actos acusados, y si le asiste a razón

al apelante frente a los reproches alegados y los presuntos defectos

de la privación del derecho de defensa y del debido proceso.

V.4.1.1. De la conducta que dio lugar al decomiso

Previo a examinar el desarrollo del proceso administrativo se tiene

que la DIAN aprehendió el automotor de propiedad del actor y

luego ordenó el decomiso sustentado en la causal del numeral 1.6

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del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 13 , que establecía lo

siguiente:

“CAPÍTULO XIII
CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE
MERCANCÍAS

ARTÍCULO 502. CAUSALES DE APREHENSIÓN Y
DECOMISO DE MERCANCÍAS.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la
ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

En el Régimen de Importación:

[…]

1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en
una planilla de envío, factura de nacionalización o
declaración de importación, o no corresponda con la
descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a
la declarada, o se haya incurrido en errores u omisiones en su
descripción, que impidan la identificación o individualización
de la misma, o no se pueda establecer su correspondencia
con la inicialmente declarada, salvo que estos errores u
omisiones se hayan subsanado en la forma prevista en el
numeral 4 del artículo 128 y en los parágrafos 1o y 2o del
artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá
lugar a la aprehensión.” (Negrillas fuera de texto).

De este modo, es oportuno referir que la obligación aduanera nace

por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al

territorio nacional y comprende la presentación de la declaración de

importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a

que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los

documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los

requieran las autoridades, atender las solicitudes de información y

13
Modificado por el artículo 6° del Decreto 1446 de 2011.

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pruebas y, en general, cumplir con las exigencias, requisitos y

condiciones establecidos en las normas correspondientes.

Precisamente, tales obligaciones se predican de los responsables de

las obligaciones aduaneras según el artículo 3° del referido

Estatuto, que determina que son: el importador, el exportador, el

propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía, los llamados

a presentar en ejercicio de la atribución de fiscalización la

información y las pruebas que demuestren el cumplimiento de las

exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas.

En el caso bajo examen, para la DIAN se presentó una divergencia

entre el vehículo subastado, el inmovilizado y el identificado,

diferencias que no encontraron explicación en las pruebas que

acompañó el propietario del automotor decomisado.

Ahora bien, según certificación del Instituto de Tránsito de Boyacá

– ITBOY el vehículo decomisado tiene el siguiente historial:

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De este documento se aprecia que según registro del 02/07/2003 el

señor RÉGULO GÓMEZ HERNÁNDEZ compró a MARIA EUGENIA

FUQUENE SAMACA la propiedad del vehículo identificado con las

placas JAK073 como: “CLASE: CAMIÓN, MARCA DODGE,

CARROCERIA ESTACAS, LINEA CNT-900-212-18 T, COLOR VERDE

METALIZADO, MODELO 1971, CON MOTOR 11552075, CHASIS

H81HZ1T300414-JAK063 RGDO RDO, SERVICIO PÚBLICO”.

Atendiendo a la fecha de la compra, se tiene que el vehículo

registró en manos del demandante, los siguientes trámites:

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

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Registro de trámite Fecha y actividad
CAMBIO DE COLOR 18/06/2004 VERDE METALIZADO, BLANCO
05/12/2005 BLANCO, VERDE METALIZADO
CAMBIO DE MOTOR 23/09/2003 F047327, F047327 RGDO
18/06/2004 F047327 RGDO, 11552076
CAMBIO DE LATAS 18/06/2004 PORTA CONJUNTO KENWORTH MODELO 1995
CAMBIO DE SERVICIO 25/09/2004 PARTICULAR, PÚBLICO
REGRABACIONES 18/06/2004 H81HZ1T300414, H81HZ1T300414-JAK063 RGDO RDO
GRABAR CHASIS
REPOTENCIACIÓN REPOTENCIADO EL 01/01/1995 HASTA EL 31/01/1995 RESOLUCIÓN
081914

El 9 de junio de 2004 la Policía Judicial - Área de Delitos contra el

Patrimonio – Grupo de Automotores, con el fin de adelantar

trámites ante el Transito de Combita Boyacá, hizo constar 15 para

cambio de motor, regrabación del chasis por reconstrucción y

cambio de cabina para repotenciación, de la inspección realizada al

vehículo decomisado. También registró la siguiente anotación:

“[…] los documentos que amparan la matricula como son:
facturas de compra-manifiesto de Aduanas y/o similares,
estos no se dictaminan por cuanto no se tuvieron
presentes en el momento de practicarle la inspección
judicial rodante. Se anexan improntas al respaldo para
posibles confrontaciones […]”

El demandante, presentó ante el ITBOY los siguientes formularios a

fin de realizar estos trámites:

Formulario Fecha Trámite y Anotación
especificidad de la
transformación
02-15204-009714 16 18 de junio de 2004 Cambio de color: Hay visto bueno a
Para cambio de mano
color a blanco
036686504-1100117 18 de junio de 2004 Otro: cambio de Hay visto bueno a
cabina, Porta cabina mano

14
Cfr. Folio 385 del C. 2 de antecedentes administrativos.
15
Cfr. Folio 388 del C. 2 de antecedentes administrativos.
16
Cfr. Folio 460 del C. 2 de antecedentes administrativos.
17
Cfr. Folio 461 del C. 2 de antecedentes administrativos.

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Formulario Fecha Trámite y Anotación
especificidad de la
transformación
Kenworth modelo
1995
036686604-1100118 18 de junio de 2004 Otro: cambio de Hay visto bueno a
motor. Motor mano
cummins N°
11552075
036686404-1100119 18 de junio de 2004 9. Regrabación Hay visto bueno a
chasis mano

Es precisamente de la autorización de tales ajustes en el registro

automotor que el demandante estima como justificantes para

cuestionar la inmovilización por cuenta de la preexistencia de dicho

historial aprobado por la autoridad de tránsito; sin embargo, olvida

el apelante que éstas dan cuenta de una solicitud tramitada pero no

corresponde a la autorización o equivalencia de una declaración de

importación dadas las diferencia con el registro de automotores.

V.4.1.2. Trámite adelantado por la DIAN

Precisado lo anterior, corresponde para efectos de resolver el

recurso de apelación, identificar el trámite que se surtió en sede

administrativa, así:

• El 1o. de septiembre de 2009, en la vía que comunica a los

municipios de Tunja y Paipa, la SIJIN del departamento de Boyacá

inmovilizó el vehículo tipo camión doble troque, marca Kenworth,

18
Cfr. Folio 462 del C. 2 de antecedentes administrativos.
19
Cfr. Folio 463 del C. 2 de antecedentes administrativos.

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color verde metalizado, placas JAK-063, motor 11552075, chasis

H81HZ1T300414-JAK063 (Regrabado).

Como motivo de la inmovilización20, se señaló:

“[…] Por presentar inconsistencias en sus sistemas de
identificación, ya que el vehículo se encuentra amparado con
documentos de un vehículo Dodge, modelo 1971 y no porta
documentación del vehículo incautado […]”.

• Mediante Oficio 6110 de 2 de septiembre de 2009, la SIJIN

dejó a disposición de la DIAN, Seccional Tunja, el automotor

inmovilizado, identificado, según consta en dicho documento, por

medio del método de revenido químico, como: camión doble

troque, marca Kenworth, color verde metalizado, placas JAK-063,

motor 11552075, chasis J34745.

Como motivo de la incautación21 se registró:

“[…] Por no presentar documentos de la importación del
vehículo ya que mediante la reactivación con REVENIDO
QUÍMICO, arrojó marcación para un vehículo Kenworth y los
números de chasis coinciden con el número de serie y cabina
que posee el vehículo y, a la vez se hallaron originales del
número de cabina y stickers, por lo que se presume que el
vehículo fue ingresado al país ilegalmente y con los sistemas
de identificación originales y, una vez en el territorio nacional,
le fue borrado el número de chasis y grabado un número de
otro vehículo, además también se trató de legalizar la cabina
y los bastidores con unas facturas […]”.

20
Cfr. Acta de incautación. Folio 7 C. 1 de antecedentes administrativos.
21
Cfr. Oficio visible a folios 5-6 del C. 1 de antecedentes administrativos.

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• La DIAN, Seccional Tunja, por medio de auto 060 de 2 de

septiembre de 200922, inició investigación contra el conductor y el

propietario del vehículo incautado.

• Mediante Acta 834-060 de 2 de septiembre de 2009 las

funcionarias comisionadas de la Subdirección de Fiscalización

ordenaron la aprehensión del automotor “CAMIÓN DOBLE TROQUE,

MARCA KENWORTH, COLOR VERDE METALIZADO, PLACAS JAK063,

MOTOR 11552075 ORIGINAL, CHASIS J534745, SERIE j534745,

VIN1NKAH28X1LJ534745. SERVICIO PÚBLICO, TIPO ESTACAS”. La

explicación de la aprehensión se registró en los siguientes términos

“Los documentos presentados no amparan la mercancía objeto de

estudio, diferencia en la descripción. Ver estudio técnico de la SIJIN”23.

• El propietario del automotor aprehendido mediante memorial

radicado el 14 de septiembre de 2009, objetó 24 el acta de

aprehensión del vehículo e informó que el camión si bien era

modelo 1971, fue objeto de un “proceso de repotenciación al

año 1995”, según permiso autorizado por el Instituto de Tránsito de

Boyacá. Agregó que debido al deterioro y mal estado del chasis se

reconstruyó y de este proceso también obtuvo autorización según el

historial del automotor. Como anexos de su escrito aportó: i)

22
Cfr. Folio 4 del C. 1 de antecedentes administrativos
23
Cfr. Folios 27-28 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos.
24
Cfr. Folios 36-44 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos

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Actor: RÉGULO GÓMEZ HERNÁNDEZ
Nulidad y Restablecimiento del derecho

fotocopia de revisión técnica vehículos automotores policía judicial

núm. 00819, ii) constancia expedida por la SIJIN, iii) fotocopia de

tradición del camión expedido por el Instituto de Tránsito de Boyacá

– sede Combita, iv) fotocopia de repotenciamiento núm. AC114

expedida por el Ministerio de transporte de febrero 22 de 2002 y v)

fotocopia de resolución núm. 00864525 (sic) de 2004, expedida por

el Ministerio de transporte.

• Oficio 120-201-238-147626, por medio del cual el jefe de la

Dirección Seccional de Impuestos y Adunas de Tunja – Dirección de

Fiscalización le comunicó al demandante que la objeción al Acta de

Aprehensión N° 834-060 de fecha 02/09/09 se remitió a la

Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, con el fin de que se le

dé el trámite correspondiente.

• El propietario del automotor radicó el 4 de octubre de 2009

ante el jefe Grupo Interno de Trabajo de la Dirección de Gestión de

Fiscalización de la Dirección seccional de Adunas de Bogotá un

memorial en el que allega los documentos a los aportados con la

objeción y los siguientes:

“[…] 1. Revisado del vehículo por parte de la Sección de
Policía Judicial e Investigación Grupo Automotores, de la

25
Se debe leer Resolución núm. 008345 de 2004.
26
Cfr. Folio 46 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos.

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ciudad de Tunja. Del 21 de febrero de 1989, donde se
certifica que el vehículo no registra antecedentes de hurto.

2. Declaración de importación con formulario 987091234582
y No. 0500760629820-7 de Noviembre de 1997. Donde se
importa Mercancía Usada Motores completos Diesel y
Gasolina.

3. Declaración de Importación con formulario No.
987090813917 y No Interno. De Julio 1 de 1998 donde se
importa Cabinas para camión Marca Chevrolet, Kenworth,
International, GMC y otros de modelo 1986 a 1998.

4. Revisión certificada para repotenciar a Modelo 1995 del
vehículo de placa JAK-063 certificada por la Secretaria de
Tránsito Municipal de la ciudad de Villavicencio […]”

• Resolución 1-03-238-421-636-1-006247 27 de 22 de

octubre de 2009, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECOMISA UNA

MERCANCIA”. En esta decisión luego de referirse a los hechos y al

contenido del Informe investigador de laboratorio – FPJ13 de

septiembre 1 de 2009, relacionó las pruebas examinas y enlistó el

análisis de estas, en la siguiente argumentación:

“[…] A folio 15 obra en el expediente la factura de venta N°
0180 de mayo 12 de 2004, expedida por TECNIPARTES
FRONTERA DIESEL, de la ciudad de Ureña Estado de Táchira
de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre del señor
REGULO GOMEZ, describiendo un motor Cummins usado para
reparar.

A folio 16 obra en el expediente la factura de venta N° 0181
de mayo 12 de 2004, expedida por TECNIPARTES
FRONTERA DIESEL, de la ciudad de Ureña Estado de Táchira
de a República de Venezuela, a nombre del señor REGULO
GOMEZ, describiendo una cabina usada, marca Kenworth,
serial N° INKAH28X1LJ534745.

A folio 17 obra en el expediente fotocopia del oficio de junio 7
de 2004, radicado por el señor Regulo Gómez Hernández, en

27
Cfr. Folios 63 a 76 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos,

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la Administración Local de Aduanas de Barranquilla, por medio
del cual solicita una certificación del acta de adjudicación N°
003 del 18 de febrero de 1993.

A folio 18 obra en el expediente la factura de venta N° 0168
de junio 7 de 2004, expedida por IMPORTADOR DE
REPUESTOS PARA AUTOMOTORES, a nombre del señor
REGULO GÓMEZ, describiendo dos (2) bastidores de chasis
con impronta borrada para tractocamión, con una nota que
dice: "ESTOS BASTIDORES DE CHASIS HAN SIDO SACADOS
DEL LOTE N° 0520-756 CON ACTA DE AJUDICACION N° 003
REMATADOS POR LA ADUANA NACIONAL ADMINISTRACION
ADUANA DE BARRANQUILLA DE FEBRERO 5 DE 1993. ESTE
CHASIS SEINSTALARA EN EL VEHICULO DE PLACAS JAK-
063."

A folio 19 a 23, obra en el expediente fotocopia del acta de
adjudicación N° 003 de febrero 18 de 1993, expedida
aparentemente por la Administración de Aduanas de
Barranquilla; oficio de febrero 5 de 1993 firmado
aparentemente por el Administrador de Aduana de
Barranquilla; oficio N° 7200028-00164 de enero 30 de 2001
aparentemente de la Subsecretaria Comercial, registrando en
su texto la nota igualmente ninguna podrá ser matriculada
como vehículo ante las autoridades de tránsito
competentes; oficio N° 0046 de enero 17 de 2001
aparentemente de la División de Comercialización de la
Administración de Aduanas de Barranquilla.

A folio 24 obra en el expediente el original de la Licencia de
Tránsito N° 05-15204-097972 expedida para el vehículo de
placas JAK-063, con la siguiente información: "PROPIETARIO
GOMEZ HERNANDEZ REGULO, CEDULA DE CIUDADANIA N°
4.103.313, PLACA:JAK-063, MARCA: DODGE-CNT-900-212,
MODELO: 1971, CLASE DE VEHICULO: CAMION, COLOR:
VERDE METALIZADO, SERVICIO: PUBLICO, CARROCERIA:
ESTACAS, MOTOR N° 11552075, CHASIS N°:
H81HZ1T300414-JAK063, FACTURA 419 BOGOTA 12 DE
FEBRERO DE 1987."

[…]

Con escrito de septiembre 14 de 2009, recibido con radicado
N° 5280 de septiembre 14 de 2009 en la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Tunja (folios 36 y 37), los
señores REGULO GOMEZ HERNANDEZ y JIMMY DANIEL
ALARCON OICATA, presentaron objeción al acta de
aprehensión N° 834-060 de septiembre 2 de 2009, con base
en los siguientes argumentos:

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“... el cual fue repotenciado el año 1995, según solicitud hecha al
ITBOY con sede en Combita y ordenada por el mismo instituto; lo
mismo que el acta de repotenciamiento según resolución del
Ministerio de Transportes N° 002502 de febrero 2 de 2002.

Es así como ante el deterioro y mal estado del chasis del
mencionado vehículo se solicitó al ITBOY con sede en Combita, la
reconstrucción del mencionado chasis o parte del mencionado
automotor, la cual fue avalada por dicho organismo, conforme
consta en el historial del vehículo expedido por la mencionada
entidad, motivo por el cual se procedió en un taller de la ciudad de
Duitama, ubicado en la ciudadela y denominado TALLERES ROSA. Lo
cual se hizo con los lineamientos exigidos por las normas legales
exigidas por el Ministerio de Transporte y avaladas por el respectivo
instituto de transportes ITBOY de Combita donde se encuentra
avalado el automotor.

Con gran extrañeza no vemos el porque (sic) los señores agentes de
la policía de carreteras o SIJIN de Tunja nos retuvieron el camión,
sin querernos oir el 1 de septiembre del año en curso, sin
escucharnos por más de que les pusimos de presente los
respectivos documentos que acreditaban la repotenciación y
reconstrucción del chasis del camión, como también la revisión
técnico-mecánica de vehículos N° 0000819 expedida por la Policía
Judicial Sección Automotores de la ciudad de Tunja en el cual se
confrontaron los documentos que amparan al camión y en la cual se
concluyó que los sistemas de identificación que poseía el automotor
entre ellos chasis regrabado y motor original eran los ordenados por
el instituto de tránsito de Boyacá con sede en Combita y que
concordaban con la tarjeta de propiedad del automotor.

Así las cosas, se puede observar que en ningún momento se
adultero, se cambió el chasis del camión, si no simplemente se
procedió a pedir su reconstrucción, siendo ordenado por el
respectivo instituto de tránsito, de lo cual se puede comprobar en la
carta de propiedad y en las respectivas resoluciones y revisadas
legalmente etas actuaciones estando el camión materialmente
presente ante la sección de automotores de la S/JIN de la policía
nacional de Tunja, como lo comprobaran ustedes en la fotocopia que
anexo del mismo...."

A folios 38 y 39 obra en el expediente el oficio N° UL-
00003012 de agosto 8 de 2007, por medio del cual el
Instituto de Tránsito y Transportes de Boyacá expide un
historial del vehículo de placas JAK-063 registrando entre
otra, la siguiente información: "Clase: camión, marca: Dodge,
chasis N° H81HZ1T300414-JAK063 RGDO, motor N°
11552075, cambio de color 05-12-2005 Verde Metalizado,
cambio motor 18-06-2004 N° 11552075, cambio de latas
porta conjunto Kenworth modelo 1995, cambio de servicio 25-
09-2004 público, regrabaciones 18-06-2004 N°
H81HZ1T300414-JAK063 RGDO, repotenciación Resolución
0000819."

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A folio 41 obra en el expediente el formulario de revisión
técnica N° 0000819 de junio 11 de 2004, diligenciado para el
vehículo de placas JAK-063, con la siguiente información:
“Apellidos y nombres: Regulo Gómez Hernández, cc 7.103.313,
clase: Tratocamión, marca Dodge, línea D, ipo S.R.S., modelo 1971,
color: verde, placas JAK-063, motor N° 11552075, chasis N°
H81HZ1T300414, se debe confrontar con los documentos que lo
amparan. Los sistemas identificación que posee en la actualidad
determinan CHASIS REGRABADO Y MOTOR ORIGINAL."

A folio 42 obra en el expediente la constancia de fecha junio 9
de 2004, expedida por el técnico en identificación de
automotores de la SIJIN de la Policía de Risaralda,
certificando que: "Visto lo anterior se conceptúa que el vehículo
objeto de estudio queda identificado técnicamente por los sistemas
de identificación vehicular que posee en la actualidad como son:
número de motor, chasis y plaqueta serial los cuales se encuentran
originales de fábrica. La placa que porta es original en su totalidad
por cuanto cumple con el temple, sellos de seguridad tanto de la
casa fabricante como del Ministerio de Transporte..."

A folio 43 obra en el expediente el formulario N° ACO114,
registrando la repotenciación de modelo 1971 a 1995 del
vehículo de placas JAK-063.

Con oficios N° 120-201-238-1475 y 1476 de septiembre 22
de 2009, el jefe de la División de Gestión de Fiscalización de
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja,
dando respuesta al documento de objeción presentado contra
el acta de aprehensión N° 834-060 de septiembre 2 de 2009.
(folios 46 y 47)

Con escrito recibido con radicado N° 37204 de octubre 1 de
2009, en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, el
señor Regulo Gómez Hernández, remite documentos que
permiten demostrar la legalidad de los procesos de cambio de
modalidad, repotenciación, y regrabación de chasis del
vehículo de placas JAK-063 modelo 1971 repotenciado a
modelo 1995. (folio 48)

A folio 50 obra en el expediente el formulario N° 8032 de
junio 2 de 2004, para la revisión técnico-mecánica del
vehículo de placas JAK-063, marca Dodge, modelo 1971,
clase Camión en la ciudad de Villavicencio.

A folio 51 obra en el expediente la certificación de fecha
febrero 21 de 1989, expedida por el Grupo de Automotores de
la Policía Judicial de Boyacá, al vehículo: "Clase: Volqueta,
marca: Dodge, Modelo: 1971, amarillo, tipo: platón, N° M81HZ1T-
300755, serie N° M81HZ1T300414, motor: F047327, acta de
remate: 036516, fecha 26-07-88, puerto: Banco Popular Tunja.
Revisados sus sistemas de identificación que posee en la actualidad

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se estableció que son originales; revisado el kárdex que se lleva
sobre vehículos hurtados no registra antecedentes; se expide el
presente revisado con destino a circulación y tránsito únicamente
para efectos matricula inicial; fotocopias carecen de valor,
improntas al respaldo."

A folio 52 obra en el expediente la declaración de importación
N° 0500760629820-7 de noviembre de 1997, con importador
Gregorio Galindo Pinzón, describiendo como mercancía
importada motores usados para camión, varias marcas, entre
ellas Cummins.

A folio 53 obra en el expediente la declaración de importación
N° 1380501065 de julio 1 de 1998, con importador Pedro
Claver Ramírez Gómez, describiendo como mercancía
importada cabinas para camión y tractocamión, varias marcas
entre ellas Kenworth.

A folio 54 obra en el expediente la factura N° 0083 de mayo
25 de 2004, expedida por el establecimiento Sumdiesel a
nombre de Regulo Gómez, describiendo como mercancías,
repuestos varios.

Con oficio N° 1-020-238-1404 de septiembre 7 de 2009, el
jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos y Adunas de Tunja, remite al GIT de
Unidad Penal de la División de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá, el acta de aprehensión N°
834-060 de septiembre 2 de 2009. (folio 55)

Con Auto de Apertura de Expediente N° 134-03788 del 16 de
octubre de 2009 (folio 1), apertura el expediente DM 2009
2009 3788, por parte del Grupo Interno de Trabajo Secretaría
de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera de esta
Dirección Seccional el cual fue asignado al Grupo Interno de
Trabajo Definición de Situación Jurídica de la misma División,
mediante planilla N° 1390 del 16 de octubre de 2009. (folio
56)

[…]
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En primer lugar, es dable señalar que la presente decisión de
fondo se toma dentro del término establecido en el inciso
segundo del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999,
modificado por el artículo 30 del Decreto 2557 de 2007.

En segundo lugar, una vez analizados los anteriores hechos
y el material probatorio obrante dentro del presente
proceso y de acuerdo a la normatividad aduanera vigente,

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este Despacho se permite hacer las siguientes
consideraciones:

La legislación aduanera dispone que toda mercancía de
procedencia extranjera que ingrese al territorio aduanero
nacional, por cualquiera de las modalidades de importación,
deben tener un documento de importación idóneo que
las ampare.

[…]

De conformidad con el estudio técnico de septiembre 1 de
2009, elaborado por un funcionario de la SIJIN de la Policía
Nacional, al vehículo de placas JAK-063 a los sistemas de
identificación que posee el vehículo encartado, se analizan de
la siguiente manera:

RESULTADOS DEL ESTUDIO: Al examinar el vehículo en su parte
exterior se observa que se trata de un vehículo marca Kenworth, en
la parte documental se encuentra que está amparado con
documento de vehículo marca Dodge, modelo 1971, en sus sistemas
de identificación, especialmente en su número de chasis, se observa
que en la puntera del larguero derecho, parte anterior cara externa,
se encuentra un número de chasis grabado, en el lugar en donde la
casa ensambladora para los vehículos marca Kenworth se encuentra
la superficie limada con esmeril, motivo por el cual se someterá a
proceso de revenido químico.

• Examinada la cabina y conjunto de este vehículo, se logró
identificar técnicamente con un sticker 1NKAH28X1LJ534745,
coincidiendo este con el número de chasis obtenido mediante el
procedimiento de reactivación con revenido químico.

• El vehículo motivo de estudio QUEDA IDENTIFICADO
TECNICAMENTE con el número de chasis original (J534745),
obtenido de la reactivación con revenido químico y los sticker
hallados en la cabina y conjunto del vehículo.

• El motor que posee el rodante, presenta sus guarismos de
identificación originales de fábrica.

De acuerdo con la información obrante en el expediente se
puede observar que una vez se adelantó el proceso de
revenido químico, se estableció que los guarismos originales
estampados por la casa fabricante, el número de chasis es
J534745. De otra parte, examinada la cabina y conjunto del
vehículo, se identificó técnicamente con un sticker N°
1NKAH28X1LJ534745, coincidiendo con el número de chasis
obtenido en el procedimiento descrito anteriormente.

Con base en lo anterior, los funcionarios de la División de
Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de

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Impuestos y Aduanas de Tunja, debidamente comisionados
con Auto Comisorio N° 002 del 1 de junio de 2009
procedieron con la medida cautelar de aprehensión mediante
Acta N° 834-060 del 2 de septiembre de 2009, respecto del
vehículo distinguido con las siguientes características:
CAMION DOBLE TROQUE, MARCA KENWORTH, COLOR VERDE
METALIZADO, PLACAS JAK-063, MOTOR N° 11552075
ORIGINAL, CHASIS N° 534745, SERIE N° J534745, VIN N°
1NKAH28X1LJ534745, SERVICIO PÚBLICO, TIPO ESTACAS,
avaluado en la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DE
PESOS MCTE ($ 43.000.000), por encontrarse carente de
documento idóneo de importación que ampare su legal
introducción y permanencia dentro del Territorio Aduanero
Nacional, incurriendo en la causal de aprehensión y decomiso
de mercancías, establecida en el numeral 1.6 del artículo 502
del Decreto 2685 de 1999, modificada por los artículos 48 del
Decreto 1232 de 2001 y 6 del Decreto 1161 de 2002.

Es importante señalar que la identificación técnica realizada al
vehículo de placas JAK-063 estableció que los sistemas de
identificación, a saber, MOTOR N° 11552075, CHASIS N°:
J534745 y VIN N° 1NKAH28X1LJ534745, son los
ORIGINALES DE FABRICA, lo que desvirtúa de plano
que el vehículo se hubiera podido importar por partes,
como se pretende hacer ver por la persona interesada.
De otra parte, en materia aduanera la carga de la prueba se
revierte a los investigados, de manera que es a éstos a
quienes les corresponde presentar los documentos que
acrediten que la introducción de la mercancía al Territorio
Aduanero Nacional se realizó conforme a las normas
correspondientes.

Dentro del término legal establecido, el señor Regulo Gómez
Hernández, presento documento de objeción al acta de
aprehensión N° 834-060 de septiembre 2 de 2009, el día 14
de septiembre de 2009 y el 1 de octubre de 2009, anexando
los documentos con los cuales considera se demuestra la legal
importación e introducción al territorio aduanero nacional, del
vehículo encartado.

Una vez este Despacho adelantó un análisis detallado de los
documentos aportados por el interesado, se concluye lo
siguiente:

1. FACTURAS EXPEDIDAS EN VENEZUELA

Con el fin de demostrar la legal importación del motor usado marca
Cummins, que porta el vehículo encartado, el señor Regulo Gómez
aportó la factura de venta N° 0180 de mayo 12 de 2004, expedida
a nombre del establecimiento comercial denominado TECNIPARTES

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FRONTERA DIESEL, con domicilio en la ciudad de Ureña Estado del
Táchira en la República Bolivariana de Venezuela.

De igual manera, con el fin de demostrar la legal importación de la
cabina usada marca Kenworth con serie N° INKAH28X1LJ534745,
que porta el vehículo encartado, el señor Regulo Gómez aportó la
factura de venta N° 0180 de mayo 12 de 2004, expedida a nombre
del establecimiento comercial denominado TECNIPARTES FRONTERA
DIESEL, con domicilio en la ciudad de Ureña Estado del Táchira en la
República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto se establece que los documentos presentados por
el interesado no demuestran la legal introducción al territorio
aduanero nacional, de las mercancías descritas, por cuanto
como lo establece el artículo 469 del Decreto 2685 de 1999,
entre los documentos que permiten determinar la legal
importación se encuentra la declaración de importación y no
la factura de venta.

Con el fin de definir la situación jurídica de la mercancía
aprehendida en el presente caso, se dan dos (2) situaciones:

La primera es que no existe declaración de importación que
demuestre la legal importación del vehículo a territorio
aduanero nacional.

La segunda es que las facturas comerciales expedidas en otro
país solo demuestran una posible transacción comercial entre
dos (2) personas, pero aduaneramente no se considera como
el documento idóneo para amparar las mercancías
aprehendidas. En este caso si la mercancía se adquirió en
territorio venezolano, de todas maneras se debería cumplir los
trámites de nacionalización hacia el territorio aduanero
nacional, presentando una declaración de importación y
cancelando los tributos aduaneros respectivos.

Ahora bien, observa este Despacho que la cabina del vehículo
encartado con serie N° 1NKAH28X1LJ534745, cuyo número se
estableció después del proceso de revenido químico, fue
aparentemente vendido en la República Bolivariana de
Venezuela, pero no se anexa documento aduanero que
permita establecer su legal importación.

2.ACTA DE ADJUDICACION DE REMATE

De otra parte el señor Regulo Gómez aporta como documentos que
demuestran la legal importación de a mercancía, en este caso los
bastidores, certificaciones expedidas aparentemente por la DIAN
con fecha enero de 2001, documentos y factura de venta que tienen
relación con el acta de adjudicación N° 003 del 18 de febrero de
1993 adjudicada aparentemente por la Administración de Aduanas
de Barranquilla.

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Número único de radicación: 25000232400020110009801
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Nulidad y Restablecimiento del derecho

Estos documentos amparan un (1) lote de chatarra automotriz
compuesto por 43 unidades, con borrado de improntas, entre ellas
se encuentra el identificado con número 05-20-756 que corresponde
a una tractomula - planchón, color azul y crema.

La factura N° 00168 de junio 7 de 2004, expedida a nombre de
Regulo Gómez Hernández, en donde se describen 2 bastidores de
chasis con impronta borrada, y señala que hacen parte de la
mercancía adjudicada con acta N° 003.

De igual forma, dentro de la certificación N° 00164 de 2001,
expedida aparentemente por la Subsecretaria Comercial, se indica
la imposibilidad de matricular las unidades del acta de
adjudicación N° 003 de febrero 18 de 1993, ante las
autoridades de tránsito.

Este Despacho observa que no se registra ninguna
identificación de VIN o serial que permita individualizar, la
mercancía adjudicada con acta N° 003 de febrero 18 de 1993
y además se encuentra imposibilitado para realizar
trámites de inscripción ante las oficinas de tránsito, de
las mercancías incluidas en el acta de adjudicación, como se
manifiesta en el oficio N° 00164 de enero de 2001.

Así las cosas, se concluye que estos documentos no aportan
elementos de juicio para establecer la legal importación del
vehículo aprehendido.

3. DOCUMENTOS DE REPOTENCIACION Y CAMBIO DE
MODALIDAD.

Aporta el señor Regulo Gómez con el fin de demostrar la
debida importación de la mercancía aprehendida, documentos
en los cuales se registra que el vehículo, para el año 1989 se
adelantó revisión de una Volqueta Dodge con modelo 1971,
con diferentes números de identificación de chasis y motor a
los registrados anteriormente.

De igual manera anexa formulario para revisión técnico-
mecánica del camión Dodge modelo 1971, y fotocopia de
declaraciones de importación de motores usados y cabinas
usadas, sin registrar seriales que permitan identificarlos.

A este respecto, se puede constatar que existen diferencias
entre el vehículo registrado en los documentos aportados, el
vehículo inmovilizado y el vehículo identificado en el estudio
técnico elaborado por la SIJIN, a saber:

• El vehículo inmovilizado corresponde a un CAMION MARCA
DODGE, CON MOTOR N° 11552075, CHASIS N°
H81HZ1T300414-JAK063 GRABADO.

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• El vehículo identificado técnicamente por la SIJIN
corresponde a un CAMION MARCA KENWORTH, CON
MOTOR N° 11552075 ORIGINAL, CHASIS Y SERIE N°
534745, VIN N° 1NKAH28X1LJ534745.

• El vehículo descrito en los documentos aportados en
octubre 1 de 2009, registran una VOLQUETA MARCA
DODGE, MODELO 1971, CON CHASIS N° M81HZ1T-
300755 Y SERIE N° M81HZ1T300414, MOTOR N°
F047327.

3. CERTIFICACION INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

Con respecto a la certificación N° UL-00003012 de agosto 8
de 2007, expedida por el Distrito de Tránsito de Combita,
para el vehículo de placas JAK-063, esta registra una serie
de autorizaciones para la modificación de partes que ha
venido sufriendo el vehículo, Camión Dodge.

Pero este documento, no permite establecer la legalidad
en el territorio aduanero nacional y la debida
importación de los elementos que constituyen en la
actualidad el vehículo aprehendido, que como ya se
mencionó solo se demuestra con la declaración de
importación.

El Despacho encuentra ajustada a derecho la medida cautelar
de aprehensión, toda vez que dentro del material probatorio
obrante en el expediente no reposa documento idóneo de
importación que acredite la legal introducción y permanencia
dentro del Territorio Aduanero Nacional de la mercancía
objeto de estudio.

La obligación aduanera de conformidad con el artículo 87 del
Decreto 2685 de 1999 nace por la introducción de
mercancía de procedencia extranjera al territorio
nacional y comprende la presentación de una
declaración de importación que ampare el ingreso y
permanencia de dicha mercancía en el territorio aduanero
nacional con el respectivo pago de los tributos, requisito que
hasta la fecha de proferir el presente acto administrativo, no
se ha satisfecho respecto de la mercancía aprehendida.

Con base en lo anterior este despacho concluye, que como
dentro del proceso administrativo no existe documento de
importación idóneo que desvirtué la causal para el vehículo
aprehendido, se procederá a ordenar su Decomiso a favor de
la Nación, con fundamento en la causal de aprehensión y
decomiso de mercancías establecida en el numeral 1.6

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artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modificada por los
artículos 48 del Decreto 1232 de 2001 y 6 del Decreto 1161
de 2002.
Adicionalmente una vez ejecutoriado, se remitirá copia del
acto administrativo al Distrito de Tránsito N° 1 de Combita,
ubicado en la Autopista Central del Norte en Combita-Boyacá,
con el fin que se cancele el registro terrestre automotor del
vehículo con placas JAK-063, siempre y cuando dichas placas
coincidan con los guarismos de identificación del vehículo
encartado en la presente investigación, en atención a la
Resolución 01440 de 2001 del Ministerio de Transporte y al
Memorando N° 0727 del 14 de agosto de 2001 de la
Subdirección de Fiscalización Aduanera […]”.

• Escrito del recurso de reconsideración 28 interpuesto por el

demandante contra la resolución de decomiso. Se radicó el 18 de

noviembre de 2009, por conducto de apoderado. Allí formuló que la

decisión adoptada era improcedente, por cuanto el señor GÓMEZ

HERNÁNDEZ no es el “importador del vehículo objeto de este

proceso y que de esta certificación se desprende que son muchos

los propietarios del mencionado automotor, siendo éste el último

adquirente, como tampoco es el importador del motor y cabina con

los cuales se repotenció el mencionado automotor”.

Agregó argumentos puntuales frente a:

Parte o Documento Argumento de defensa
componente soporte
del automotor
aprehendido
por la DIAN
Motor Cummins Factura nacional Según la factura expedida por el vendedor, describe
Diesel ACPM 0047 del 25 de que fue importador a través de la declaración
modelo 95, con mayo de 2004, 36701236 de 1998, número éste que corresponde
numero de expedida por la al manifiesto de transporte que se encuentra
serial empresa descrito en la declaración de importación con
11552075 que SUMDIESEL. Sticker 0500760629820-7 de la aduana de

28
Cfr. Folios 77 a 81 del C.1 antecedentes administrativos.

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Parte o Documento Argumento de defensa
componente soporte
del automotor
aprehendido
por la DIAN
corresponde a Buenaventura, formulario preimpreso No.
lo aprehendido 987091234582 de 1998, con lo que se demuestra la
por la DIAN legal introducción de dicho motor.
Cabina marca Adquirida en el Dicha factura describe que fue importada a través
Kenworth, territorio nacional de la declaración 195098800731 del 6 de junio de
a través de la 1998, número éste que corresponde al manifiesto
factura 0047 del de transporte descrito en la declaración de
25 de mayo de importación con Sticker 13805010638488 de julio
2004, a la de 1998 de la aduana de Santa Marta, formulario
empresa preimpreso No. 987090613917 de 1998, con lo que
SUMDIESEL. se demuestra la legal introducción de la cabina
objeto de aprehensión.

Anexó las declaraciones y pidió oficiar a las Aduanas
de Buenaventura y Santa Marta respectivamente,
para que alleguen tales declaraciones de
importación
Bastidores (2) Se adquirieron a Que, ante el mal estado del chasis, solicitó la
GLOBAL reconstrucción, avalada por ITBOY como consta en
exportaciones de el historial del vehículo. Que tales ajustes se
la ciudad de realizaron en un taller de Duitama para su
Barranquilla a reconstrucción siguiendo los lineamientos legales
través de la para el efecto.
factura 00168
que registra la
anotación de que
se instalaría al
vehículo de
placas JAK-063,

Concluyó, de acuerdo con estas afirmaciones sustentadas en la

documental que aportó, que el señor REGULO GÓMEZ adquirió

tales mercancías en territorio nacional, y que con posterioridad

solicitó la repotenciación del vehículo de placas JAK-063 a las

autoridades de tránsito de Combita (Boyacá), según certificación de

3 de agosto de 2004 y la Resolución 008345, expedida por el

Ministerio de Transporte, a través de la cual se le autorizó el cambio

de servicio particular a público del vehículo de placas JAK-063.

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Solicitó tener como pruebas las aportadas al expediente y decretar

las siguientes: i) oficiar a la Instituto de Transito de Boyacá con

sede en el municipio de Combita, para que envíe toda la carpeta

correspondiente a la matrícula y traspaso del vehículo de placa

JAK-063, ii) Oficiar a la DIAN de Buenaventura y Santa Marta

respectivamente, para allegar las declaraciones de importación

Sticker números 0500760629820-7, formulario preimpreso núm.

987091234582 de 1998 y 13805010638488 de julio de 1998,

formulario preimpreso núm. 987090613917 de 1998.

• La DIAN – División de Gestión Jurídica mediante Auto 03-236-

408-101-001160 de 29 de diciembre de 2009, dispuso: i) abrir el

proceso a pruebas, ii) decretar la práctica de las pruebas solicitadas

por el recurrente y, de oficio, iii) reconocer personería al doctor

RAFAEL H. RAMIREZ PINZÓN, y iv) suspendió el proceso por 2

meses. Frente a las pruebas decidió:

“[…]

1. Oficiar al Instituto de Tránsito de Boyacá - Distrito de
Combita para que remitan a este Despacho copia de toda
la carpeta correspondiente a la matrícula y traspaso del
vehículo de placas JAK-063.

2. Oficiar a la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Buenaventura para validar la Declaración
de Importación formulario preimpreso No. 987091234582
con sticker No. 0500760629820-7 de Bancafé de 1998,
declarante COLDEMAR SIA LTDA. e importador GREGORIO
GALINDO PINZÓN.

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3. Oficiar a la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Santa Marta para validar la Declaración de
Importación formulario preimpreso No. 987090613917 con
sticker No. 13805010638488 del Banco Ganadero de julio
1998, declarante PEDRO CLAVER RAMIREZ GOMEZ.

4. De manera oficiosa, este Despacho considera pertinente
oficiar a la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla
para que certifiquen el acta de adjudicación No. 0003 de
fecha 18 de febrero de 1993 y documentos soporte […]”

• Mediante memorial fechado de 30 de diciembre de 200929, el

abogado SILVANO USCATEGUI SALCEDO, adjuntó copias simples de

la carpeta histórica del vehículo decomisado y solicitó se ordenara

un “peritazgo, técnico jurídico a otro ente de control que puede ser el

Departamento de Seguridad DAS, que se base en los documentos que

estoy adjuntando […] esto con el fin de amparar tanto el debido proceso

como el derecho de defensa […]”.

• Mediante oficio núm. 1-03-236-408 de 1o. de febrero de

201030, por medio de cual la abogada Delegada GIT Vía gubernativa

requiere al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS

Grupo de Automotores para que “se sirva practicar una experticia

sobre el vehículo automotor que a continuación describo […]”.

29
Cfr. Folio 106 del C. antecedentes administrativos. Anexos (fls. 107-172)
30
Cfr. Folio 516-517 Cuaderno 2 antecedentes administrativos.

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• Respuesta al anterior oficio 31 suscrito por el Coordinador

Operativo Seccional DAS Boyacá (e) en el que informa “que la

Seccional no cuenta con técnicos en automotores quien (sic) pueda

practicar la diligencia solicitada”.

• Resolución 00312-03-236-408-601 de 12 de abril de

2010, “Por medio de la cual se resuelve el recurso de

reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 1-03-238-421-

636-1-006247 de 22 de octubre de 2009”. Constituyen

fundamentos de esta decisión, los siguientes:

“[…] La declaración de importación con sticker No.
0500760629820-7 y formulario preimpreso No.
987091234580 (folio 87) de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Buenaventura que presuntamente
ampara el motor cummins diesel acpm modelo 1995 con
número serial 11552075 adquirido según factura de
compraventa No. 0047 del 25 de mayo de 2004 expedida por
SUMIDIESEL (folio 276) no se encontró en los archivos de
la entidad, motivo por el cual no existe un documento
que demuestre su legal introducción y permanencia en
el territorio aduanero nacional.

Respecto a la declaración de importación con sticker No.
13805010638488 de julio de 1998 con formulario preimpreso
No. 987090613917 (folio 88) de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Santa Marta que presuntamente
ampara la cabina marca Kenworth color blanca con todos sus
accesorios modelo 1995 adquirida según factura de
compraventa No. 0047 del 25 de mayo de 2004 expedida por
SUMIDIESEL (folio 276), después de comparar la declaración
aportada con el recurso de reconsideración y que reposa en el
historial del vehículo con la declaración certificada por la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
se observa:

31
Cfr. Folio 516-517 Cuaderno 2 antecedentes administrativos.

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Declaración de importación con Declaración de importación con
sticker No. 13805010638488 de sticker No. 13805010638488 de
julio de 1998 con formulario julio de 1998 con formulario
preimpreso No. 987090613917 preimpreso No. 987090613917
(folio 88) aportada por el recurrente certificada por la Dirección
y que obra en el historial del Seccional de Impuestos yAduanas
vehículo de Santa Marta (folio 201)
Descripción mercancías: "Cabinas Descripción mercancías: "Cabinas
para camión y tractocamión para camión
marca/chevrolet/kenworth/internaci tractocamiónpegaso/chevrolet/Kenwo
onal, gmc, volvo white, modelo: rth modelo:1986 a 1990;
1986 a 1998 180/210/350/400 HP. 180/210/350/400 HP Completas con
Completas con su conjunto y su conjunto y accesorios para su
camarote y accesorios para su normal funcionamiento".
normal funcionamiento."

Así las cosas, de acuerdo a lo anterior, este Despacho
observa que la declaración de importación aportada por
el recurrente no demuestra la legal introducción de la
cabina al territorio aduanero nacional pues al compararla
con la declaración de importación certificada por la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta se tiene
que la mercancía descrita es diferente a la instalada en el
vehículo encartado.

Aunado a lo anterior, este Despacho solicita a la empresa
SUMIDIESEL y/o LEIDY ANDREA OSORIO IBAÑOL identificada
con NIT 25179725-1 la copia certificada por revisor fiscal de
las facturas de compraventa Nos. 0083 y 0047 del 25 de
mayo de 2004 (folios 275 a 276) que presuntamente
amparan la cabina y el motor, cuyo oficio fue devuelto
por el correo por tanto no fue posible establecer la
autenticidad de los mencionados documentos.

Así mismo, el Despacho solicitó a la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla certificar el Acta de Adjudicación No.
003 del 18 de febrero de 1993 que presuntamente ampara
los bastidores de chasis con impronta borrada para
tractocamión que fueron sacados del lote No. 0520-756
adquiridos según factura No. 00168 del 07 de junio de
2004 (folio 90) expedida por Global Internacional,
documento que no fue validado por la mencionada entidad
por cuanto no se ubicó físicamente en su archivo.

Es de anotar que en aras de establecer el vínculo comercial y
por ende validez de la factura No. 00168 del 07 de junio de
2004 (folio 90), este Despacho solicita a la empresa GLOBAL
INTERNACIONAL identificada con NIT 800.244.285-1 remitir
copia certificada por revisor fiscal de la mencionada factura,
no siendo posible validar dicho documento toda vez que como
lo indica el señor JOSE ENRIQUE HERNANDEZ RICAUTE
quien obraba como representante legal de la empresa
GLOBAL INTERNACIONAL LTDA., identificada con NIT

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800.244.285-1, dicho establecimiento fue enajenado a
otras personas y su contrato terminó en el 2004 por tanto
no cuenta con dirección ni teléfono del contador.

Por lo anterior observa este Despacho que no existe un
documento idóneo que ampare los bastidores de chasis
presuntamente rematados por la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla.

Es imperativo para el Despacho señalar que obra en el
expediente copia de un escrito de fecha 07 de junio de 2004
(folio 130) suscrito por el señor REGULO GOMEZ HERNANDEZ
dirigido al Jefe de División de Comercialización de la Aduana
de Barranquilla con el cual solicita una certificación que
mediante acta de adjudicación 003 de febrero 18 de 1993 fue
adjudicada mediante venta directa en la ciudad de
Barranquilla, un lote de chatarra automotriz compuesta por
49 unidades. Sin embargo, no obra dentro del expediente
respuesta a esta solicitud.

De acuerdo a la documentación aportada mediante escrito
radicado en esta Dirección Seccional el día 11 de marzo de
2010 (folios 232 al 240), por el Doctor SILVANO USCATEGUI
en calidad de apoderado especial del señor REGULO GOMEZ
HERNANDEZ, este Despacho con Oficio No. 1-03-236-408-
000202 del 23 de marzo de 2010 (folio 242) solicita a la Jefe
Coordinación de Documentación de la Subdirección de Gestión
de Recursos Físicos remitir copia certificada del manifiesto de
aduana No. Acta FC4199 del 12 de febrero de 1989, cuya
respuesta fue allegada a ésta Dirección Seccional mediante
Oficio No. 100215314-01188 CNAD (folio 246) suscrito por la
Jefe Coordinación de Documentación, en el cual informa
que no es posible expedir copia del documento
solicitado toda vez que el archivo del Nivel Central está
conformado por declaraciones de importación sencillas,
es decir, sin anexos.

Así las cosas, de las pruebas recaudadas, este Despacho
observa que no obra dentro del acervo probatorio
allegado dentro de la presente investigación documento
idóneo que ampare el vehículo encartado y con el cual
se pueda demostrar su legal introducción y permanencia
dentro del territorio aduanero nacional.

Adicionalmente, se debe reiterar que la normatividad
aduanera dispone que toda mercancía de procedencia
extranjera que ingrese al territorio aduanero nacional, por
cualquiera de las modalidades de importación, deba tener un
documento idóneo que las ampare y para el vehículo
aprehendido no se demostró su legal ingreso y permanencia
en el país.

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Respecto al argumento del recurrente, consistente en
manifestar que el señor REGULO GOMEZ HERNANDEZ es
comprador y poseedor de buena fe del vehículo decomisado,
este Despacho se permite precisar que ésta no exime de
control legal y en el caso particular el que puede
ejercer la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, siendo esta la única autoridad que puede
establecer si la mercancía cuestionada se encuentra
legalmente en el país en el momento de la aprehensión.
La responsabilidad plasmada en la norma aduanera es de
carácter objetiva y por lo tanto no permite atenuantes de
responsabilidad. De aquí que la buena fe debe ser demostrada
a través de evidencias […]”.

V.4.1.3. Del caso concreto

Corresponde a la Sala diferenciar los reproches del apelante en

razón a que: i) uno se orienta a cuestionar la presunta omisión en

que incurrió la autoridad demandada en la actuación administrativa

al no decretar presuntamente las pruebas solicitadas por el actor y,

ii) el otro, representa un cuestionamiento directo a la decisión del

Tribunal a quo y al desarrollo de su competencia.

Frente al primero de los reproches, una vez revisado el proceso

administrativo que cursó ante la DIAN, se advierte que, contrario a

lo afirmado por la parte actora, todos los memoriales presentados

en su propio nombre y aquellos radicados por conducto de sus

apoderados, fueron objeto de pronunciamiento.

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En ese sentido, la acusación de que la DIAN no decretó ni practicó

las pruebas que solicitó con el recurso de reconsideración no es

acertada, pues al revisar la actuación administrativa se tiene que la

División de Gestión Jurídica profirió Auto 03-236-408-101-

001160 de 29 de diciembre de 2009, en el que ordenó tener como

pruebas las solicitadas por el apoderado judicial en dicho escrito.

Cabe destacar, además, que aunque el abogado recurrente aportó

la documental que apoyaba sus argumentos orientados a identificar

las facturas de compra y las declaraciones de importación de las

partes instaladas al vehículo decomisado, también solicitó que se

oficiara a las Seccionales de la DIAN de Buenaventura y Santa

Marta para que estas oficinas remitieran, a su vez, copia de las

declaraciones de importación con las que pretendía acreditar el

ingreso legal de los componentes que fueron integrados al

automotor en virtud de la repotencialización.

Precisamente, de la documental que se allegó al trámite

administrativo como consecuencia de los oficios que requirieron las

pruebas que echa de menos del actor, la DIAN logró identificar que,

contrario a lo alegado, la decisión de decomiso del automotor debía

confirmarse en razón a que el propietario del automotor no pudo

demostrar el ingreso legal de las partes modificadas del vehículo de

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su propiedad y que la Policía Nacional inmovilizó el 1o. de

septiembre de 2009.

También se prueba de la revisión del cuaderno de antecedentes que

un día después de haberse expedido el auto de 29 de diciembre de

2009, que decretó las pruebas solicitadas, el abogado SILVANO

USCATEGUI SALCEDO, apoderado del actor, intervino en la

actuación para solicitar la incorporación de la carpeta de la

autoridad de tránsito de Boyacá – ITBOY, que da cuenta del

registro de las novedades del vehículo decomisado. Además, solicitó

un peritaje con cargo al Departamento de Seguridad DAS.

A estas dos peticiones accedió la entidad demanda. La última se

aprecia al leer el contenido del oficio 1-03-236-408 de 1o. de

febrero de 2010, por el cual se requirió al DAS para que realizara el

informe técnico, entidad que manifestó imposibilidad de rendir tal

experticia, por la inexistencia de funcionarios con el perfil del

conocimiento requerido.

Corolario de todo lo anterior, para la Sala la presunta violación al

debido proceso que sustentó la parte demandante en la omisión en

la práctica de las pruebas que solicitó en el recurso de

reconsideración, no se probó. Al contrario, la autoridad accionada sí

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accedió a su decreto y práctica, lo que le permitió corroborar que la

mercancía decomisada no se encontraba amparada en las

declaraciones de importación allegadas.

En este punto, es oportuno identificar y aclarar que tampoco le

asiste razón al cuestionamiento sobre la no revisión de la carpeta

de registro del automotor ante el ITBOY por parte de la autoridad

administrativa. En oposición, lo que se aprecia de la lectura de las

resoluciones acusadas es que tales decisiones analizaron las

condiciones de registro del automotor para el momento de la

inmovilización.

Y aunque se prueba que en el registro automotor se anotaron los

cambios que la autoridad administrativa aceptó, ello no equivale a

concluir que la autoridad de tránsito validó las declaraciones de

importación que soportan la medida de repotencialización, pues no

es acertado señalar que dicha autorización estatal suple la prueba

que acredita el legal ingreso al país de las partes remplazadas del

vehículo.

En ese sentido es incorrecto señalar que la DIAN no verificó las

condiciones iniciales del automotor, pues de hecho sí lo hizo al

establecer la identificación del vehículo para el momento de la

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aprehensión, al razonar que tales cambios de cabina, motor y

refuerzo del chasis no estuvieron amparados en una declaración

valida que permitiera manifestar que tales mercancías ingresaron

de manera legal al territorio nacional.

En estos términos, no se encuentra probada la alegación planteada.

Ahora, respecto al análisis que abarcó el Tribunal a quo, se aprecia

que dicha Corporación examinó y concluyó que, aunque la actividad

administrativa ante la autoridad de tránsito hubiese estado

soportada en facturas de compra venta, no se acreditó que el

elemento allí registrado y adquirido por el actor se respalde por una

declaración de importación.

Ello se aprecia al identificar esos aspectos diferenciales de las

partes que se integraron al vehículo decomisado, todas sometidas a

registro y que luego del análisis que realizó la DIAN para: i) revisar

la validez o no de la declaración de importación de las partes que

hacen integral el automotor y permiten su desplazamiento y ii) la

existencia de prohibiciones para el uso de elementos para re

potencializar un vehículo, se corroboró que la conclusión de la

autoridad aduanera fue ajustada a las normas, por los siguientes

razonamientos:

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Número único de radicación: 25000232400020110009801
Actor: RÉGULO GÓMEZ HERNÁNDEZ
Nulidad y Restablecimiento del derecho

Parte o Documento Examen de las pruebas aportadas al trámite
componente soporte administrativo
del automotor
aprehendido
por la DIAN
Motor Cummins Factura nacional No se encontró en el archivo de la DIAN – Seccional
Diesel ACPM 0047 del 25 de Buenaventura la declaración que soportaba la
modelo 95, con mayo de 2004, introducción al país de dicho motor.
numero de expedida por la
serial empresa
11552075 que SUMDIESEL.
corresponde a
lo aprehendido
por la DIAN
Cabina marca Adquirida en el Se comparó el documento acompañador por el
Kenworth 1995. territorio nacional demandante con la documental que envió la
a través de la Seccional de la DIAN de Santa Marta en la que se
factura 0047 del evidencia identidad de número de declaración
25 de mayo de 987090613917, pero en el documento aportado por
2004, a la el actor ase le: “CABINAS PARA CAMIÓN Y
empresa TRATOCAMIÓN MARCA […] KENWORTH […]
SUMDIESEL. MODELO 1986 A 1998” de fecha 98/06/04 32
Declarante: PEDRO CLAVEL RÁMIEZ GÓMEZ;
mientras que la aportada por la DIAN 33 registra
para el mismo declarante, fecha y declaración
“CABINAS PARA CAMIÓN Y TRATOCAMIÓN […]
KENWORTH […] MODELO 1986 A 1990”
Bastidores (2) Se adquirieron a En los soportes de adjudicación de un lote de
GLOBAL chatarra identificado con el número de lote
exportaciones de compuestos por 49 unidades con borrado de
la ciudad de improntas, y con la siguiente restricción “[…] las
Barranquilla a unidades […] ninguna podrá ser matriculada como
través de la vehículo ante las autoridades de tránsito
factura 00168 competentes”34
que registra la
anotación de que De manera que el que en la factura de compra se
se instalaría al identifiquen tales bastidores para instalarse en el
vehículo de vehículo de placas JAK-063 no legaliza su usó pues
placas JAK-063, en la adjudicación se registró como prohibido para
matricularse, tanto la unidad35 como las piezas que
la integran.

En ese sentido, le asiste razón al Tribunal al concluir que el vehículo

integrado por los diferentes sistemas de identificación no se

32
Cfr. Folio 88 C. 1 de antecedentes administrativos.
33
Cfr. Folio 201 C. 1 de antecedentes administrativos.
34
Cfr.Folio 22 C. 1 de antecedentes administrativos.
35
Se trata de una tractomula - planchón. Lote 05-20-756 Azul – Crema. Cfr. Folio 21 C. 1 de
antecedentes administrativos.

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respaldó en documento idóneo. Decisión que no controvirtió ni

desvirtuó el apelante.

Tampoco se aprecia que en el recurso de apelación al fallo de

primera instancia se haya refutado la conclusión soportada en el

dictamen pericial rendido en el proceso judicial que certificó que sí

existió un reforzamiento de chasis, pues, como complemento de

esta prueba, se acreditó que las piezas usadas con tal propósito

estaban excluidas por la administración para ser matriculadas como

vehículo, según las notas que se dejó en el acta de adjudicación.

De este modo, no le asiste la razón a la parte demandante frente a

al reclamo contra el fallo apelado, pues se encontró que las

declaraciones e importación reportadas no autorizaron el ingreso al

país de los elementos que autorizó la autoridad de transporte

instalar al vehículo, en virtud de los trámites de repotencialización,

cambio de motor y refuerzo del chasis, por las razones que se

registraron.

En este orden, no existe motivo que lleve a la Sala a una conclusión

diferente a la de confirmar el fallo denegatorio de las pretensiones.

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En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

Finalmente, se tendrán a los doctores RAFAEL ANTONIO

FLECHAS DIAZ 36 , como apoderado del demandante y a FELIX

ANTONIO LOZANO MANCO y JAIRO LEÓN CÁRDENAS

BLANDÓN como apoderados de la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES - DIAN, de conformidad con el poder y los

documentos anexos visibles a folios 53 a 70 del cuaderno principal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de agosto

2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección “B”, atendiendo a las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.
36
Según el mandato visible al folio 20 del cuaderno principal.

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SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: TENER a los doctores RAFAEL ANTONIO FLECHAS

DIAZ, FELIX ANTONIO LOZANO MANCO y JAIRO LEÓN

CÁRDENAS BLANDÓN como apoderado de actor, el primero, y los

demás como representantes de la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES – DIAN, de conformidad con el poder y los

documentos anexos visibles a los folios 20 y 53 a 70 del cuaderno

principal.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez

ejecutoriado esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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