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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00120-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00120-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 20 de febrero de 2013 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para, en su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO: ACEPTAR las renuncias presentadas por los abogados Lorena Lunar Montufar y al señor Manuel David Jaramillo a los poderes conferidos 29 Cfr folio 221 anverso cuaderno anexos. 30 Cfr folio 22 escrito de demanda. 31 Cfr artículo 136. 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01 Demandante: Alexander Rodríguez Flórez por la Alcaldía Mayor de Bogotá y RECONOCER personería al abogado Roberto Jesús Palacios Angulo como apoderado de Bogotá Distrito Capital. TERCERO: Una vez ejecutoriada la providencia por Secretaria DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00120-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

28 de septiembre de 2023

Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023)

Referencia: Acción de nulidad
Radicación: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez
Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá y otros

Actos acusados: Resoluciones nro. 486 de 25 de noviembre de 2004
y 154 de 8 de junio de 2005 expedidas por la
Alcaldía Local de Santa Fe y 634 de 31 de marzo de
2009 expedida por la Sala de Decisión de
Contravenciones Administrativas, Desarrollo
Urbanístico y Espacio Público del Consejo de Justicia
de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Tema: No procede la acción de nulidad en contra del acto
administrativo mediante el cual se impuso una
sanción de multa.

Procede declarar la caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho cuando han
transcurrido más de 7 meses desde la notificación
del acto que resolvió el recurso de apelación y la
presentación de la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 20 de febrero de 20131, proferida por
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negó la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda por inadecuada selección de la acción y se
negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1 Folio 159 a 198 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.

Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

El señor Alexander Rodríguez Flórez, a través de apoderado judicial, el 28
de febrero de 2011 interpuso demanda en ejercicio de la acción de nulidad
prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, Decreto
01 de 1984, en contra de las Resoluciones nro. 486 de 25 de noviembre de
2004 y 154 de 8 de junio de 2005 expedidas por la Alcaldía Local de Santa
Fe y 634 de 31 de marzo de 2009 expedida por la Sala de Decisión de
Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público
del Consejo de Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Las pretensiones

Las pretensiones deprecadas por el demandante fueron las siguientes:

«Se demanda la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1. Acto administrativo No. 634 de marzo 31 de 2009, mediante el cual
se resolvió “recurso de apelación contra la resolución 486 del 25 de
noviembre de 2004”, expedido por el Consejo de Justicia de Bogotá.

2. Acto administrativo No. 154 de junio 8 de 2005, mediante el cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 486 de
noviembre 25 de 2004, expedido por la Alcaldía Local de Santa Fe.

3. Acto administrativo No. 486 de noviembre 25 de 2004, mediante el
cual se declara infractor a las normas de urbanismo al señor Alexander
Rodríguez Flórez, expedido por la Alcaldía Local de Santa Fe».

Síntesis de los hechos de la demanda

Inició por señalar que el 2 de octubre de 1998, el señor Alexander Rodríguez
Flórez presentó ante la Alcaldía Local de Chapinero petición mediante la cual
solicitó información sobre el uso y destino del suelo donde se encontraba
«la casa de vivienda familiar ubicada en el lote 3 El Ocal Hoya Teusaca,
identificado con el código de sector 1012201006600000000 y matrícula
inmobiliaria 014488390 en la ciudad de Bogotá».

Precisó que, el 8 de octubre de 1998, el Asesor de Obras de la Alcaldía Local
de Chapinero contestó su petición, informándole que, para esa fecha, no se
había expedido ninguna reglamentación sobre el uso del suelo o su
destinación en la Vereda El Verjón, sitio donde se ubicaba la vivienda
referida. Indicó, que ante tal situación, el señor Alexander Rodríguez Flórez
«construyó una placa que soportaba la estructura de la casa y sobre ella,
levantó dos edificaciones de madera que servían de alojamiento y contaban
con servicios básicos».

Sostuvo que el demandante «estuvo presente en reuniones con
APROVERJON, en el mes diciembre de 2001 y la Presidenta de la Asociación
le informó que no era necesaria la licencia de construcción para casas
prefabricadas».

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

Afirmó que «a inicios del año 2002 y por intermedio de la compañía
SERVIVIENDA el señor Rodríguez Flórez instaló una casa prefabricada sobre
la placa mencionada»

Refirió que, el 15 de agosto de 2002, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca realizó una visita de inspección al pozo séptico;
posteriormente, el 21 de octubre de 2002, la autoridad manifestó que «el
pozo séptico ubicado en la vivienda familiar cumplía con las especificaciones
mínimas requeridas, conformando un sistema integral de tratamiento de
residuos líquidos».

Indicó que, el 19 de agosto de 2002, la Alcaldía Local de Chapinero dispuso
sellar de manera preventiva la casa de habitación familiar del señor
Alexander Rodríguez Flórez.

Afirmó que, el 5 de diciembre de 2003, la Alcaldía Local de Chapinero le
abrió la investigación 194/03, «la cual fue remitida por la Alcaldía Local de
Chapinero con el No. 207 de 2002».

Sostuvo que, el 9 de diciembre de 2003, el señor Alexander Rodríguez Flórez
radicó una solicitud de reconocimiento de construcción ante la Curaduría
Urbana nro. 4 de Bogotá, a la cual se le asignó el nro. 0342835. Asimismo,
que la Curaduría Urbana nro. 4 de Bogotá el 5 de enero de 2004, le informó
al demandante que la solicitud no es procedente «por estar el predio ubicado
dentro del área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá
de los Cerros Orientales, la cual está sujeta a la zonificación y
reglamentación del Plan de Manejo que elabore la Corporación Autónoma
Regional CAR». En consecuencia, el 21 de enero de 2004 el ciudadano radicó
solicitud de desistimiento de la actuación.

Señaló que el 28 de febrero de 2004 el señor Alexander Rodríguez Flórez
«le expresó a la Asesora de Obras la intención de acogerse a la demolición
voluntaria de la casa prefabricada y solicito que le fuera indicado el
procedimiento con sus correspondientes plazos para llevar a cabo dicha
demolición».

Relató que la Alcaldía Local de Santa Fe, el 25 de noviembre de 2004,
expidió la Resolución nro. 486 de 2004, en la que determinó lo siguiente:

«PRIMERO: declarar infractor a las normas de urbanismo al señor
ALEXANDER RODRÍGUEZ FLÓREZ con C.C. 79.801.304 de Bogotá, con
dirección de notificación en la calle 40ª No. 13-43 Apto 201 con teléfono
3400266 de esta ciudad por las obras realizadas en el predio de su
propiedad lote 3 el Ocal matrícula inmobiliaria No. 50C-1499390, ubicado
en la Vereda El Verjón Bajo Zona rural de Bogotá, sin la respectiva
licencia de construcción.

SEGUNDO: imponer al mismo la sanción urbanística de multa
equivalente a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTESO
(sic) CINCUENTA MIL PESOS ($46’350.000.oo) mcte., disponer que

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Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

dicha multa será consignada a (sic) en la Tesorería Distrital a favor del
Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, una vez en firme la presente
resolución advertir que en caso de incumplimiento se hará efectiva por
vía coactiva.

TERCERO: ORDENAR LA DEMOLICIÓN de la construcción realizada sin
licencia en el predio ubicado en la Vereda El Verjón Bajo, denominado
lote 3 el Ocal, con matrícula inmobiliaria No. 0502 C 1488390, de
propiedad del señor Alexander Rodríguez Flórez, advertir que en caso de
incumplimiento, de la misma será ejecutada a su costa por la
administración Distrital de conformidad con lo establecido en el numera
(sic) 5º del art. 2º de la Ley 810 de 2.003, concediéndose para su
ejecución un plazo de 60 días contados a partir de estar en firme la
presente resolución.

CUARTO: Indicar al sancionado que en caso de no adecuarse la (sic) las
normas ya sea demoliendo las obras realizadas o presentando la licencia
dentro de los 60 días de ejecutoriada la presente providencia, se harán
efectivas sucesivamente cada dos (2) meses la multa señalada en el
numeral segundo de esta resolución.

QUINTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de
reposición años (sic) esta Alcaldía y en subsidio el de apelación ante El
consejo de Justicia, dentro de los cinco días siguientes a su notificación».

Frente a la anterior, indicó que el señor Alexander Rodríguez Flórez
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Los cuales
fueron desatados, el primero, mediante Resoluciones nro. 154 de 8 de junio
de 2005, en el sentido de no revocar la decisión recurrida; y, el segundo, a
través de la Resolución nro. 634 de 31 de marzo de 2009 emitida por la Sala
de Decisión de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanístico y
Espacio Público del Consejo de Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en
el sentido de confirmar la decisión recurrida.

Normas violadas y su concepto de violación

El demandante estimó como vulnerados los artículos 1°, 6°, 29 y 209 de la
Constitución Política y los artículos 38 y 48 del Código Contencioso
Administrativo, Decreto 01 de 1984; presentó el consecuente concepto de
violación dividido en 5 cargos, así: i) la caducidad de la acción
sancionatoria; ii) la falsa motivación; iii) la presunción de legalidad; iv)
error común creador de derecho; y, finalmente, v) vicios en la expedición
del acto administrativo.

En cuanto al primero, esto es, la caducidad de la acción sancionatoria,
consideró que, para la fecha en que fueron notificados los actos
administrativos acusados, habían transcurrido más de tres años, plazo con
el que contaba la entidad demandada, según lo dispuesto en el artículo 38
del Código Contencioso Administrativo.

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

Lo anterior, por cuanto, a su juicio, la construcción sobre el predio de
propiedad del demandante fue iniciada en el mes de enero de 2000 y al
momento de expedirse la Resolución nro. 486 de 2004 por parte de la
Alcaldía Local de Santa Fe ya había transcurrido más de 3 años; asimismo,
si se contaban los términos desde el momento de la instalación de la casa
prefabricada, esto es, los 2 primeros meses del año 2002 hasta la
notificación de la Resolución nro. 486 de 2004, la cual se realizó el 15 de
marzo de 2005, también se consolidaba la caducidad de la acción
sancionatoria.

Respecto del segundo cargo, esto es, la falsa motivación, estimó que, según
la Resolución nro. 76 de 1977, norma que reglamentaba el área, en la
Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales se admitía la construcción;
por lo que para este no era entendible porque la autoridad da aplicación de
una sanción, como si en la zona estuviese prohibida dicha actividad.

En ese sentido, la sanción no resultaba procedente toda vez que no se
adecuaba a los requisitos que exigía la ley, esto es, que la construcción se
realizara sobre terrenos no urbanizables ni parcelables, por lo que tampoco
procedían los otros correctivos impuestos.

Ahora bien, sobre el tercer cargo, titulado la presunción de legalidad,
expuso que «bajo la presunción de legalidad donde “nadie está obligado a
lo imposible”, no es procedente que la Alcaldía Local de Santa Fe, solicite la
presentación de la licencia de construcción, a pesar de que desde hacía ya
más de cinco (5) años desde la presentación del recurso de reposición
interpuesto por el señor Rodríguez Flórez, las Curadurías Urbanas no las
expedían por estar sujeta a la promulgación del Plan de Ordenamiento de
los Cerros Orientales».

Frente al cuarto cargo, el de error creador de derecho, señaló que fueron
varias circunstancias la que llevaron al convencimiento que no necesitaba
la licencia de construcción, a saber, las respuestas brindadas por las
autoridades locales en el sentido de que para la fecha no existía
reglamentación alguna sobre el uso o destinación del suelo donde se
encontraba la construcción; otras construcciones similares en el mismo
lugar; que existía una empresa dedicada al montaje de casas prefabricadas;
que la Corporación Autónoma Regional en una visita avaló las
especificaciones del pozo séptico que estaba ubicado en el lugar; y que la
Secretaría Distrital de Ambiente entregó certificación de estado de
conservación ambiental.

En consecuencia, a su juicio, el no tener una licencia de construcción era un
error invencible, ya que ni la misma autoridad tenía conocimiento sobre la
reglamentación en la zona, los vecinos tampoco tenían licencia y las
autoridades ambientales evaluaron satisfactoriamente intervenciones
realizadas sobre la zona, necesarias para el efectivo uso y goce del
inmueble.

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Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

Finalmente, respecto de los vicios en la expedición del acto administrativo
precisó que la sanción «no solo no se ajustaba a la existencia de motivos
exigidos, sino que tampoco se siguió el procedimiento establecido en el
Código de Policía de Bogotá, instancia que debió haber dictado una
resolución de suspensión y con ella la respectiva orden de sellamiento y
sanciones, y no proceder inmediatamente a ordenar la demolición. De igual
forma y como se puede constatar en el archivo administrativo de la alcaldía
local, en el mes de febrero de 2005 en vista de que no era definida la
situación del señor Alexander Rodríguez Flórez, ante la Alcaldía Local de
Santa Fe, el accionante manifestó la intención de acogerse a la demolición
voluntaria de la casa prefabricada, para lo cual solicito que se me
informaran los plazos que se otorgarían para tales efectos, sin embargo a
pesar de que la Alcaldesa Local le informa que es procedente la ejecución
de la demolición, de manera irregular, se refiere a que el plazo solicitado se
encuentra en la Resolución 486 de 4 numeral 3».

I.2. Trámite en primera instancia

La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto de 15 de septiembre de 20112 resolvió admitir
la demanda de nulidad propuesta, para el efecto consideró que «la acción
de simple nulidad procede también contra los actos administrativos de
carácter particular, dentro de los cuales se encuentra la resolución
demandada en el presente, pero que ello no implica el reconocimiento del
restablecimiento del derecho».

Contestación de la demanda

Dentro de la oportunidad procesal dispuesta, la Secretaría Distrital de
Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante memorial de 15 de
noviembre de 20113, contestó la demanda oponiéndose a cada uno de los
cargos planteados por el demandante; para el efecto señaló lo siguiente:

En cuanto a la caducidad señaló que, en el transcurso de la actuación
administrativa se evidenció que las obras de construcción adelantadas por
el demandante se encontraban en ejecución en el mes de junio y culminaron
en agosto de 2002, fecha en la cual debe entenderse empezó a contarse el
término de caducidad de la potestad sancionatoria.

En ese sentido, afirmó que, la facultad sancionatoria ejercida por la Alcaldía
Local de Santa Fe a través de la Resolución nro. 486 de 25 de noviembre
de 2004, notificada personalmente el 15 de marzo de 2005, fue ejercida
dentro del término previsto en el artículo 38 del CCA, esto es, antes del mes
de agosto de 2005.

Respecto del cargo de falsa motivación, estimó que, según lo dispone el
Decreto Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974, en las áreas de reserva

2 Folios 85 a 92 cuaderno nro. 1 del Tribunal.
3 Folios 100 a 118 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

forestal no estaba permitido desarrollar proyectos residenciales; lo que
estaba permitido era el adelantamiento de obras de infraestructura dirigidas
al mantenimiento y utilización de las áreas forestales.

Respecto al cargo relativo a la presunción de legalidad, argumentó que el
demandante alegaba en su defensa su propia culpa, por cuanto, aducía que
le era imposible conseguir la licencia urbanística en tanto no existía un Plan
de Manejo para la zona de reserva en la que se hallaba su predio, lo que a
juicio del representante de la entidad, demostraba que el sancionado
desconoció el artículo 99 (numeral 1º), de la Ley 388, que le impedía
adelantar la obra.

En cuanto al cargo de error común creador de derecho, advierte la entidad
demandada que la conducta esgrimida por el demandante como creadora
de derechos carecía de un elemento fundamental para el efecto pretendido,
y este era la razonabilidad de la creencia, cuando se tenía que no obraba
solicitud de concepto de la máxima autoridad en asuntos urbanísticos del
Distrito, es decir, de la Secretaría de Planeación.

Asimismo, señaló que los conceptos acopiados por el demandante lo único
que evidenciaron era que no existía reglamentación alguna que facultara
para llevar a cabo una intervención como la adelantada en la zona de
reserva afectada.

Sostuvo frente al cargo de vicios del acto administrativo que no compartía
los argumentos del demandante por cuanto para la expedición de los actos
demandados se siguió el procedimiento previsto en el Código de Policía de
Bogotá.

Finalmente, propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
por inadecuada selección de la acción comoquiera que de declararse la
nulidad de los actos demandados se generaría un restablecimiento de
derechos a favor del demandante, pues con ello se legalizaría la
intervención que realizó en la zona, asimismo, su derecho a la no demolición
de la obra y la consecuente devolución de dineros cancelados a título de
multa.

Concluyó, en ese sentido, que con la demanda promovida se pretendía
suprimir requisitos legales para accionar ante la jurisdicción, en tanto el
actor permitió que operara, para el caso concreto, el fenómeno de la
caducidad respecto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
y sin embargo pretendía cuestionar la legalidad de los actos de contenido
particular que lo declararon infractor al régimen de obras.

Alegatos de conclusión

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

La magistrada sustanciadora del Tribunal mediante auto de 13 de
septiembre de 20124 resolvió correr traslado a las partes para que
formularan sus alegatos de conclusión.

La parte demandante

La parte demandante mediante escrito de 26 de septiembre de 20125
ratificó los argumentos expuestos en el escrito de demanda, esto es, insistió
en que, al momento de la imposición de la sanción, había caducado la
facultad sancionatoria, así como que, debido a la falta de regulación, el
demandante no estaba en la obligación de solicitar una licencia de
construcción, ni tampoco obligado a conseguirla.

La parte demandada

El apoderado judicial de la entidad demandada a través de memorial de 28
de septiembre de 20126 reiteró el escrito contentivo de la contestación de
la demanda.

I.3. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 20 de febrero de 20137, resolvió
negar la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, asimismo, negar
las pretensiones de la demanda.

En relación con la excepción, el a quo consideró que no tenía vocación de
prosperidad en atención a las siguiente:

i) Señaló que de las pretensiones expuestas en la demanda no se
evidenciaba que la parte demandante buscara un restablecimiento del
derecho, sino que se limitaba a solicitar la nulidad de los actos demandados.

ii) En cuanto al argumento de la caducidad de la acción adujo que «debe
tenerse en cuenta que precisado lo anterior, es decir, que la acción incoada
por la demandante fue la de simple nulidad, que así fue admitida la
demanda y que ello se encuentra conforme a los términos de la sentencia
aludida por la Corte Constitucional, solo resta agregar que de conformidad
con lo previsto en el artículo 136, inciso 1, del Decreto 01 de 1984, para
este tipo de acción no hay un término de caducidad y, por ello, en el
presente caso no operó dicho fenómeno procesal».

En relación con los cargos, los estudió en el orden propuesto en el escrito
de demanda, para el efecto puntualizó respecto de cada uno lo siguiente:

4 Folio 136 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
5 Folios 137 a 142 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
6 Folios 143 a 154 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.
7 Folios 159 a 198 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.

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Respecto a la caducidad de la facultad sancionatoria, estimó que, en
infracciones urbanísticas, el término previsto en el artículo 38 del Decreto
01 de 1984 se contabilizaba a partir de la fecha en que se produjo el último
acto constitutivo de la falta o infracción al régimen de obras, esto de
conformidad con lo definido por la Sección Primera en sentencia del 25 de
abril de 2002 (expediente nro. 6896), por tratarse de una conducta
continuada.

En ese sentido, señaló que en el presente caso el término de caducidad
debía contabilizarse desde el momento en que cesó la conducta y hasta la
declaratoria del demandante como infractor de las normas de urbanismo;
en ese caso se tenía que la conducta infractora cesó el 23 de agosto de
2002 y que el acto a través del cual se puso fin a la actuación administrativa
fue expedido el 25 de noviembre de 2004 y se notificó el 15 de marzo de
2005, por lo que no se configuraba el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria, pues la entidad tenía hasta el 23 de agosto de 2005
para ejercerla, lo que ocurrió antes.

En cuanto al cargo de falsa motivación, consideró que conforme a las
normas aplicables al asunto (Decreto 2811 de 1974, la Ley 388 de 1997 y
el Acuerdo nro. 16 de 1998), en las zonas de reserva forestal no podía
construirse obras urbanísticas, por cuanto su destinación era
exclusivamente para el establecimiento, mantenimiento y la utilización
racional de las áreas forestales productoras, protectoras y para el
aprovechamiento racional de los bosques; asimismo, que su suelo estaba
clasificado como suelo de protección en el que estaba restringida la
posibilidad de urbanización; y por último, que en las áreas protectoras
estaba prohibido el uso del suelo con fines de urbanismo.

Precisó que al reconocer el mismo demandante en su escrito de demanda
la existencia de una construcción de una casa de habitación en el área de
la reserva forestal, se podía deducir que era procedente la imposición de la
sanción prevista en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 810 de 2003, por
parte de la Alcaldía Local de Santa Fe.

Frente al cargo de presunción de legalidad, estableció que, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1052 de 1998, cualquier obra
de construcción residencial requería de una licencia de construcción, por lo
que a su juicio no existía vacío al respecto, por lo que el señor Alexander
Rodríguez Flórez no acató lo previsto en la ley, es decir, no tramitó la
licencia de construcción previamente como lo exigían las normas.

Finalmente, respecto al cargo de error común sostuvo que: i) la Alcaldía
Local de Chapinero no era la entidad competente para dar respuesta a la
consulta elevada sobre la reglamentación, así tampoco la empresa
SERVIVIENDA podía informar sobre la necesidad del requisito, sino que lo
era el INDERENA; ii) asimismo, que la información solicitada tenía el
carácter de consulta, por lo que su respuesta no resultaba un concepto de
obligatorio cumplimiento; por otra parte que, iii) no obraba prueba en el

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

expediente que demostrara la existencia de otras construcciones que
carecieran de licencia, por el contrario se evidenciaba un escrito de 9 de
agosto de 2002, suscrito por los vecinos de la vereda, en el que
manifestaban la necesidad de tramitar las respectivas licencias; iv) que
aunque la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría Distrital de
Ambiente avalaran el pozo séptico y otorgaran una certificación de
preservación ambiental, respectivamente, ello no eximía al demandante de
obtener la licencia de construcción previa.

En suma, estimó que la autoridad local demandada cumplió con el
procedimiento previsto para la imposición de la sanción y que fue anterior
a la solicitud del demandante para acogerse a un proceso de demolición
voluntaria.

I.4. Recurso de apelación

Dentro del término dispuesto para ello, el apoderado judicial del
demandante mediante escrito de 1 de abril de 20138 interpuso recurso de
apelación solicitando se revoque la sentencia apelada y se acceda a las
pretensiones de la demanda.

Inició haciendo un recuento de hechos, al respecto, mencionó que el 8 de
octubre de 1998, mediante Oficio nro. 285-98 AO, la Alcaldía Local de
Chapinero dio respuesta a una petición presentada por otros propietarios
de predios ubicados en la vereda El Verjón en la que contestó que «a la
fecha no se ha producido reglamentación ninguna sobre el uso o el destino
del suelo en el área de la Vereda El Verjón».

Adujo que a principios del año 2002 el demandante solicitó una visita de la
CAR para que aprobara el diseño del pozo séptico de su casa; según el
demandante, la visita se llevó a cabo el 15 de agosto de 2002, en la cual la
CAR aprobó y avaló el diseño del pozo séptico, lo que fue confirmado
mediante oficio nro. 1810 del 21 de octubre de 2002.

Afirmó que la única diligencia de sellamiento se llevó a cabo el 23 de agosto
de 2002, fecha para la cual la construcción se encontraba terminada y
habitada por el demandante y su familia. En ese sentido, argumentó que
no incurrió en incumplimiento de la ley porque no continúo construyendo,
pues a la mencionada fecha ya la vivienda se encontraba terminada.

Sostuvo que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución nro. 0478 de 23 de
septiembre de 2003, se observaba que los linderos de la localidad de
Chapinero descritos en el Acuerdo 8 de 1977 en cuanto a su área rural eran
imprecisos, en ese sentido, a su juicio, ni las autoridades locales conocían
su jurisdicción.

8 Folios 200 a 211 del cuaderno nro. 1 del Tribunal.

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

Manifestó que durante el trámite de la licencia de construcción y
reconocimiento de obra, la Curaduría nro. 4 le notifica que «a esa fecha no
ha sido reglamentada ninguna norma para esta clase de predios».

Adujo que el predio del demandante tiene un valor de 23 millones de pesos
y que la multa ascendió a $46’350.000 pesos, incurriendo así las entidades
demandadas en desvío de poder y abuso del derecho, por cuanto este no
vulneró las normas y que estas no podían ser aplicables de manera
retroactiva, en la medida en que la CAR solo hasta el año 2005 daba cuenta
de que había una zona de recuperación para el plan de manejo.

Expresó que en el folio de matrícula nro. 50C-1488390 de 28 de enero de
2005 no se encuentra limitación al predio; mientras en el expedido el 18 de
enero de 2007 «aparecen 3 anotaciones adicionales, entre ellas la
afectación por causa de categorías ambientales de Redelimitación de
reserva forestal», lo que, a su juicio, permite concluir que no existía claridad
en los límites de la reserva para la época de la construcción.

Señaló que en el reporte de impuesto predial correspondiente al año 2006,
posterior al fallo, el área construida aparece registrada desde el año 1999.
Asimismo, que la Secretaría Distrital de Ambiente otorgó mediante
certificación ambiental la máxima calificación en preservación.

Puntualizó que las facturas del servicio de energía daban cuenta de que en
mayo de 2004, no había incrementos en el consumo, lo que demostraba
que el predio no tuvo incrementos sustanciales.

Finalmente, en este acápite, sostuvo que «la CAR profirió la Resolución N.
2439 de 14 de agosto de 2006, mediante la cual se indicó que “Las personas
naturales o jurídicas que consideren que tienen derechos adquiridos dentro
del Área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
deberán poner en conocimiento de la entidad dicha condición a más tardar
el día 30 de noviembre de 2006…”. Ello indica claramente que antes de esa
fecha nunca existió ningún llamado de las autoridades acerca del asunto, lo
cual claramente demuestra que en el asunto concerniente al señor
Alexander Rodríguez Flórez, nunca antes de esa fecha hizo exigible a través
de acto administrativo, la necesidad de hacer valer sus derechos».

A continuación, desarrolló un capítulo, en donde hacía referencia a los
argumentos de la sentencia de primera instancia. A manera de síntesis, se
tienen los siguientes:

Destacó que a quo no realizó una valoración adecuada de las pruebas
obrantes en el expediente que acreditaban que para el 2002 no era claro si
existían normas que prohibieran la construcción de edificaciones
residenciales, así como tampoco los límites de la localidad de Chapinero.

Continúo explicando que en el proceso no se precisó la fecha en que se
realizó la construcción ni la fecha en que estuvo prohibido construir, pues,

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

según los documentos expedidos por Catastro desde 1999, ya había una
construcción y para esa fecha no estaba prohibido hacerlo; asimismo, que
esta cumplió los requerimientos de la ley según la CAR y además
expresamente se señaló que el predio obtuvo la máxima calificación en
conservación del ecosistema.

Respecto de la caducidad, precisó que fue erróneamente calificado «ya que
si la construcción fue llevada a cabo en 1999, es evidente que el yerro de
análisis en que incurrió el Tribunal es de bulto, por tanto, deberá ser
corregido en segunda instancia revocando la sentencia que por este medio
se impugna».

Afirmó que las normas bajo las cuales se ordenó el sellamiento aplicaban
para predios urbanos y que el inmueble del demandante era rural, por lo
que no le eran aplicables, adicionalmente, que el plan de manejo
establecido en la Ley 99 de 1993 no le era exigible en la medida en que no
había sido expedido y reiteró que «la CAR y el Ministerio de Ambiente era
quienes entregaban los parámetros que no existen a la fecha de la actuación
de la Alcaldía local sobre el predio de mi poderdante».

Sostuvo que teniendo el 100% de la calificación en conservación se
comprobaba como si era posible dar el reconocimiento de la obra por parte
de la Curaduría al ser solicitada, por consiguiente, a su juicio, no procedía
la demolición.

Asimismo, adujo que en virtud de la suspensión parcial de la Resolución
nro. 0463 de 2005, resultaba aplicable la Zona de Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá fijada por la Resolución nro. 076 de
1977, por lo que el predio del demandante se encontraba dentro de la
suspendida Franja de Adecuación de la Resolución suspendida.

Finalmente, con el escrito de apelación el recurrente solicitó «se tengan
como pruebas las fotografías que se anexan las cuales comprueban el
estado actual del inmueble».

I.5. Trámite en segunda instancia

Mediante auto de 23 de septiembre de 20139, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.

Mediante auto de 1° de febrero de 201810 el Despacho negó el decreto de
pruebas en segunda instancia solicitadas por la parte demandante.

Mediante memorial de 9 de febrero de 201811 el apoderado de la parte
recurrente presentó solicitud de nulidad en contra de la decisión que negó
el decreto de pruebas en segunda instancia.

9 Folio 4 del cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.
10 Folio 98 y 99 del cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.
11 Folios 101 a 110 cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

El Despacho a través de auto de 13 de noviembre de 201812, al estudiar la
solicitud de nulidad propuesta, resolvió rechazarla de plano al considerar
que la alegada no configuraba ninguna de las consagradas en el artículo
133 del Código General del Proceso; en contra de la anterior decisión, la
parte interpuso recurso de reposición13, el cual fue resuelto mediante auto
de 1° de septiembre de 202014, en el que se decidió no reponer por cuanto
el recurso no atacaba la decisión cuestionada.

Mediante memorial presentado el 9 de julio de 201915, el demandante
informa al Despacho que, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución nro.
463 de 2005, inició un proceso de normalización de la construcción que
realizó en el predio de su propiedad, en ese sentido, acompañó copia del
auto nro. 0729 de 30 de mayo de 2019 expedido por la CAR 16, mediante el
cual se resolvió lo siguiente:

«ARTÍCULO 1: Iniciar trámite administrativo para la evaluación Plan de
Manejo para el proceso de normalización de las construcciones
preexistentes en la Zona de Recuperación Ambiental de la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C., a nombre del señor
ALEXANDER RODRÍGUEZ FLÓREZ…en calidad de propietario del predio
denominado LOTE 3 EL OCAL HOYA DE TEUSACA, identificado con
matrícula inmobiliaria número 50C-1488390…

PARÁGRAFO: En consecuencia, de la ordenanza anteriormente señalada,
se deberá dar apertura al expediente nro. 75834.

ARTÍCULO 2: El señor ALEXANDER RODRÍGUEZ FLÓREZ,…deberá
cancelar a la CAR, por concepto del Servicio de Evaluación Ambiental,
con el fin de continuar con el trámite del proceso administrativo de
normalización de las construcciones pre-existentes en la Zona de
Recuperación Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá la suma de $303.427».

Finalmente, por auto de 28 de marzo de 201417 se corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

Alegatos de conclusión

La entidad demandada a través de memorial de 25 de abril de 201418
presentó sus alegatos solicitando se confirme la sentencia de primera
instancia, reiterando para el efecto los argumentos expuestos por el a quo
respecto a los cargos formulados en el escrito de demanda. Adicionalmente,
solicitó se estudie la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por

12 Folios 114 a 116 cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.
13 Folios 117 a 123 cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.
14 Folios 146 a 148 del cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.
15 Folios 126 a 128 del cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.
16 Folio 127 y 128 del cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.
17 Folio 20 cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.
18 Folios 21 a 39 del cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

inadecuada selección de la acción, por cuanto la misma pretendía suprimir
los requisitos para accionar, en tanto el demandante había permitido que
operara el fenómeno de la caducidad respecto de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y sin embargo pretendía cuestionar la
legalidad de actos de contenido particular que lo declararon infractor del
régimen de obras públicas, a través de la acción de nulidad, con el único
propósito de legalizar la construcción efectuada sin licencia en una reserva
forestal.

Por su parte, la parte demandante mediante escrito de 28 de abril de 201419
presentó sus alegatos solicitando se revoque la sentencia apelada,
asimismo, que se aplicara la extensión de jurisprudencia contemplada en el
artículo 102 del CPACA y, en ese sentido, pidió aplicar la sentencia de
unificación de fecha 5 de noviembre de 2013, con ponencia de la Magistrada
María Claudia Rojas Lasso, expediente 2005-00662, comoquiera que, a su
entender, el demandante había cumplido con el deber de conservación del
predio de su propiedad, así como que, para la fecha en que se impuso la
sanción, no era clara la normatividad respecto a la delimitación de la reserva
forestal.

El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

II.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución
Política y los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo,
y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de
esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto.

II.2. Hechos relevantes

La Alcaldía Local de Santa Fe y la Sala de Decisión de Contravenciones
Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público del Consejo de
Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante los actos demandados,
esto es, las Resoluciones nro. 486 de 25 de noviembre de 2004, 154 de 8
de junio de 2005, y Resolución nro. 634 de 31 de marzo de 2009,
respectivamente, resolvieron lo siguiente:

«PRIMERO: declarar infractor a las normas de urbanismo al señor
ALEXANDER RODRÍGUEZ FLÓREZ con C.C. 79.801.304 de Bogotá,
con dirección de notificación en la calle 40ª No. 13-43 Apto 201 con
teléfono 3400266 de esta ciudad por las obras realizadas en el predio de
su propiedad lote 3 el Ocal matrícula inmobiliaria No. 50C-1499390,

19 Folios 40 a 52 del cuaderno nro. 1 del Consejo de Estado.

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Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

ubicado en la Vereda El Verjón Bajo Zona rural de Bogotá, sin la
respectiva licencia de construcción.

SEGUNDO: imponer al mismo la sanción urbanística de multa
equivalente a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTESO (sic) CINCUENTA MIL PESOS ($46’350.000.oo)
mcte., disponer que dicha multa será consignada a (sic) en la Tesorería
Distrital a favor del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, una vez en
firme la presente resolución advertir que en caso de incumplimiento se
hará efectiva por vía coactiva.

TERCERO: ORDENAR LA DEMOLICIÓN de la construcción realizada
sin licencia en el predio ubicado en la Vereda El Verjón Bajo,
denominado lote 3 el Ocal, con matrícula inmobiliaria No. 0502 C
1488390, de propiedad del señor Alexander Rodríguez Flórez,
advertir que en caso de incumplimiento, de la misma será ejecutada a
su costa por la administración Distrital de conformidad con lo establecido
en el numera (sic) 5º del art. 2º de la Ley 810 de 2.003, concediéndose
para su ejecución un plazo de 60 días contados a partir de estar en firme
la presente resolución.

CUARTO: Indicar al sancionado que en caso de no adecuarse la
(sic) las normas ya sea demoliendo las obras realizadas o
presentando la licencia dentro de los 60 días de ejecutoriada la
presente providencia, se harán efectivas sucesivamente cada dos
(2) meses la multa señalada en el numeral segundo de esta
resolución». (negrillas de la Sala).

El 28 de febrero de 2011 el demandante presentó ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca demanda en ejercicio de la acción de
nulidad en contra de las Resoluciones nro. 486 de 25 de noviembre de 2004
y 154 de 8 de junio de 2005 expedidas por la Alcaldía Local de Santa Fe y
634 de 31 de marzo de 2009 expedida por la Sala de Decisión de
Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público
del Consejo de Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto de 15 de septiembre de 2011 resolvió admitir
la demanda de nulidad propuesta, al considerar que «la acción de simple
nulidad procede también contra los actos administrativos de carácter
particular, dentro de los cuales se encuentra la resolución demandada en el
presente, pero que ello no implica el reconocimiento del
restablecimiento del derecho».

Posteriormente, mediante sentencia de 20 de febrero de 2013 el a quo
resolvió negar la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda en
consideración a que de las pretensiones expuestas en la demanda no se
evidenciaba que la parte buscara un restablecimiento del derecho.

II.3. Análisis de la Sala

La Sala para resolver el presente, considera oportuno destacar lo siguiente:

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Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

A partir de los hechos relevantes del caso concreto y, en consideración al
análisis esbozado por el a quo en la sentencia en relación con la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda por inadecuada selección de la acción,
en concordancia con lo dispuesto en los artículos 16420 y 17021 del CCA,
debe la Sala examinar en primer lugar si se advierte la configuración de la
excepción propuesta y cualquiera otra que se encuentre probada. En este
sentido, en primera medida y antes de examinar el fondo del asunto, se
deben estudiar: i) la naturaleza de los actos demandados; ii) la teoría de
los móviles y las finalidades; iii) la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por inadecuada selección o escogencia de la acción en el caso
concreto.

II.3.1. La naturaleza de los actos demandados

Los actos administrativos de contenido particular son aquellos que crean,
modifican o extinguen situaciones jurídicas de carácter particular y concreto,
es decir, afectan a personas claramente individualizadas y determinadas.
Este tipo de actos tienen efectos jurídicos directos e inmediatos sobre
personas identificadas o identificables individualmente, independientemente
del número de personas a quien va dirigido.

Esta Corporación ha señalado que «el carácter individual de un acto no está
dado por la posibilidad de que los sujetos a los cuales está dirigido sean fácil
o difícilmente individualizables o identificables, sino que ellos estén
efectivamente individualizados e identificados, de tal manera que el
contenido del acto es aplicable exclusivamente a esas personas y no a otras
que puedan encontrarse en la misma situación. De no ser así, todos los actos
podrían ser calificados de individuales o subjetivos en la medida en que, por
principio, los actos de las autoridades públicas tienen vocación de aplicación
individual a quienes se encuentren en la situación prevista por el acto22».

Como puede apreciarse, en principio, los actos administrativos de contenido
particular tienen efectos única y exclusivamente respecto de una o varias

20 «ARTICULO 164. EXCEPCIONES DE FONDO. En todos los procesos podrán proponerse las
excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término
de fijación en lista, en los demás casos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada.
Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de
fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus."».
21 «ARTICULO 170. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia analizará los hechos de la

controversia, las pruebas en su conjunto, las normas jurídicas pertinentes y los
argumentos de las partes, y con base en tal análisis resolverá las peticiones, en forma que
no quede cuestión pendiente entre las partes y por los mismos hechos.
Para el solo efecto de atender las peticiones previstas en los artículos 85 a 88, podrán estatuirse en
las sentencias disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas o no expedidos, y modificar o
reformar aquellas».
22 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco (25) de
febrero de mil novecientos noventa y Cuatro (1994) Radicación número: 2757. D

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
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personas que se encuentran claramente identificadas e individualizadas, o
que se pueden identificar.

Mientras, respecto del acto administrativo de carácter general ha sostenido
que es aquél que define una situación abstracta e impersonal, dirigida a
personas indeterminadas. El contenido y los efectos de este tipo de actos
abarcan esferas jurídicas diferentes al estricto carácter individual o
particular, es decir, sus efectos exceden la órbita individual y concreta y que
tienen como fundamento directo la Constitución o la ley.

No obstante, existen situaciones en las cuales los efectos de los actos
administrativos, en principio particulares, van más allá de los sujetos
individualizados o identificados en el respectivo acto, e involucran el interés
general; en especial dentro del contexto de la Constitución Política que rige
desde el año 1991, que reconoce los derechos humanos, incluyendo en ellos
los colectivos. Es decir, casos en los cuales los efectos del acto
administrativo no recaen única y exclusivamente respecto de una o varias
personas que se encuentran claramente identificadas e individualizadas en
el acto administrativo, sino que además afectan intereses colectivos, tales
como los actos que autorizan a un particular la prestación de un servicio
público, los que conceden licencias para desarrollar actividades con
impactos ambientales, o los permisos otorgados por el estado para captar
recursos del público, entre otras.

Estos actos en apariencia son exclusivamente particulares, como en aquellos
eventos en los cuales implican autorización para la realización de una
actividad de interés general por parte de un particular, pero, dado la materia
que regulan y los efectos que tienen sobre un número plural e indeterminado
de sujetos, presenta un interés para la colectividad; por lo que también
pueden ser considerados actos administrativos de carácter general,
precisamente por el interés respecto de personas indeterminadas que
eventualmente pueden ver afectados sus derechos como consecuencia de
la autorización otorgada a un sujeto particular para la prestación de un
servicio público, la realización de una actividad con impacto ambiental, la
captación de dineros del público o, en general, el impacto que el acto puede
tener en la adecuada realización y materialización de los derechos e
intereses particulares y colectivos que la Constitución Política reconoce a
cada uno de los individuos y a la sociedad en su conjunto.

En estos eventos, se advierte que el ordenamiento jurídico superior que
fundamenta este tipo de actos busca proteger no solamente los derechos
del sujeto particular al cual se le ha creado, modificado o extinguido una
situación jurídica, sino también al público en general y los derechos
fundamentales y colectivos de las personas, los cuales se pueden ver
comprometidos como consecuencia de la regulación adoptada en un acto
administrativo que en apariencia es exclusivamente particular.

En el caso concreto, no existe discusión respecto a que los actos
administrativos demandados son de carácter particular dado que con ellos

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se creó una situación jurídica particular en cabeza del demandante, a saber,
se le declaró infractor de las normas de urbanismo e impuso una sanción de
multa por infringir las normas urbanísticas, así como se le ordenó la
demolición de un bien inmueble de su propiedad, ubicado en la zona de
reserva forestal afectada.

II.3.2. La teoría de los móviles y finalidades

Ha sido reseñado por esta Corporación23, que desde el primer Código
Contencioso Administrativo, esto es la Ley 130 de 1913, se estableció un
control contencioso contra los actos de las corporaciones o empleados
administrativos, a través de las acciones de nulidad y de lesividad, esta
última referida a revisar dichos actos «en el concepto de ser lesivos de
derechos civiles», caso en el cual se procedía a petición de quienes tuvieran
interés en ello. En la Ley 167 de 1941, segundo Código Contencioso
Administrativo, se estructuró de manera más clara las acciones,
denominándolas de nulidad y de plena jurisdicción, correspondientes a los
contenciosos objetivo y subjetivo. En el Decreto 01 de 1984, tercer Código
Contencioso Administrativo, se regulan las dos acciones denominándolas de
nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sostuvo esta Corporación que dichas acciones se diferencian, entre otros
aspectos, en cuanto a la titularidad de la acción; así, la de nulidad es una
acción pública, abierta a todas las personas, cuyo ejercicio no necesita del
ministerio de un abogado; en tanto que el uso de la acción de nulidad y
restablecimiento está condicionado a la existencia de un interés, de manera
que podrá ejercerla quien considere que su derecho ha sido lesionado y es
necesario para tal efecto el apoderamiento de un profesional del derecho;
otro aspecto que distingue a las dos acciones tiene que ver con su
procedibilidad, el cual se vincula directamente con la teoría de los móviles y
finalidades24.

Tal posición jurisprudencial, conservada por varios lustros, fue recogida en
la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de marzo de 2003,

radicación nro. 11001-03-24-000-1999-05683-02 (IJ-030), C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
24 «Algunos meses después, la teoría de los móviles y finalidades encuentra su formulación acabada

en la sentencia de agosto 10 de 1961, tomo LXIII, núms. 392-396, p. 202), con ponencia de CARLOS
GUSTAVO ARRIETA ALANDETE, en donde se dijo: “No es la generalidad del ordenamiento impugnado
el elemento que determina la viabilidad del contencioso popular de anulación. Son los motivos
determinantes de la acción y las finalidades que a ella ha señalado la ley, los elementos que sirven
para identificarla jurídicamente y para calificar su procedencia. ...los únicos motivos determinantes
del contencioso popular de anulación son los de tutelar el orden jurídico y la legalidad abstracta
contenida en esos estatutos superiores, y que sus finalidades son las de someter la administración
pública al imperio del derecho objetivo. (…) la Corporación reiteró y precisó la doctrina de 1961, al
introducir la idea de “pretensión litigiosa”, como elemento de distinción entre las dos acciones. Se
dijo en esa oportunidad, en auto de 8 de agosto de 1972, Mag. Pon. Dr. HUMBERTO MORA, que las
acciones de nulidad y de plena jurisdicción se distinguían en el sentido de que la primera buscaba la
tutela del orden jurídico abstractamente considerado, sobre la base del principio de jerarquía
normativa, lo cual originaba un proceso que, en principio, no llevaba implicado un litigio o
contraposición de pretensiones; en tanto que la segunda, tenía por objeto la garantía de derechos
privados, vulnerados por actuaciones de la administración, lo cual se lograba mediante el
restablecimiento del derecho o el resarcimiento del daño».

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Contencioso Administrativo, en donde además se precisó que el medio de
control de nulidad procede contra los actos generales, y el de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos particulares, cuestión que no
estaba así discernida de manera expresa en las normas que le antecedieron.

También, prohijó como norma positiva los criterios jurisprudenciales
señalados relacionados con la teoría de móviles y finalidades y los casos en
los que procede el medio de control de nulidad contra actos particulares y
el de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos generales, siempre
dentro de un margen de rigor excepcional y bajo el cumplimiento de ciertos
requerimientos sobre todo en lo que concierne al criterio de «pretensión
litigiosa», como elemento de distinción entre las dos acciones, así como a
partir de su «causa petendi», cuestión que es la alegada en el asunto bajo
examen y que será analizada a renglón seguido.

El mencionado parámetro se define como aquella situación según la cual, si
de conformidad con las pretensiones del demandante, o del fallo de nulidad
que eventualmente se produjera, no se genera un restablecimiento
automático del derecho a favor de aquel o de un tercero, la acción
procedente podría ser la de nulidad y no la de nulidad y restablecimiento del
derecho como procedería en principio.

II.3.3. Análisis de la Sala del caso concreto.

En el presente asunto con la declaratoria de nulidad de las decisiones
acusadas proferidas por la Alcaldía Local de Santa Fe y la Sala de Decisión
de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio
Público del Consejo de Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante las
cuales se declaró infractor al demandante y se le impuso una multa, es
evidente que se generaría un restablecimiento del derecho para este,
consistente en que no quedaría obligado al pago de la suma impuesta como
sanción o en caso de haberla pagado, las autoridades demandadas se verían
en la obligación de devolverla, asimismo, respecto de la demolición habría
lugar al reconocimiento de los consecuentes perjuicios.

En estos términos, si se permitiese el trámite de la acción de nulidad en
contra de las decisiones acusadas, la sentencia estimatoria de las
pretensiones autorizaría que el señor Alexander Rodríguez Flórez no debiera
realizar ninguna erogación por concepto de la multa impuesta o en su caso,
recibir del Distrito una suma a título de devolución, pues es la consecuencia
automática del pronunciamiento sobre la ilegalidad de los actos que se
censuran, si se tiene en cuenta que nadie está obligado a acatar la orden o
disposición declarada contraria al ordenamiento jurídico por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.

Bajo tal perspectiva, considera la Sala que, contrario a lo señalado por el a
quo, la acción procedente no es la de simple nulidad, sino la de nulidad y
restablecimiento del derecho a la luz de lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo y la teoría de móviles y finales, toda vez que,

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Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

como se dijo en líneas precedentes, del fallo de nulidad que eventualmente
se produjera, se generaría un eventual restablecimiento automático del
derecho a favor del demandante.

Ahora bien, conforme a los artículos 164 del CCA que establece que «en la
sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada» y que «el silencio del
inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones
de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus»;
asimismo, del artículo 170 ejusdem que señala que en la sentencia se
«analizará los hechos de la controversia, las pruebas en su conjunto, las
normas jurídicas pertinentes y los argumentos de las partes, y con base en
tal análisis resolverá las peticiones, en forma que no quede cuestión
pendiente entre las partes y por los mismos hechos» se hace procedente el
examen por la Sala de las excepciones propuestas y las que encuentre de
probadas de oficio.

Lo anterior, aunado a que en el procedimiento previsto en el CCA no se
previó una etapa previa a la sentencia para resolver las excepciones
propuestas, sino que era en este momento en que se debía abordar su
estudio, conforme al artículo 164.

En ese sentido, al revisar el caso concreto encuentra la Sala que el a quo al
momento de admitir la demanda y en la sentencia objeto del recurso de
apelación consideró que procedía la acción de nulidad porque de las
pretensiones promovidas en la demanda no se evidenciaba que la parte
demandante buscara un restablecimiento del derecho, conforme lo señalado
en la sentencia C-426 de 2002 de la Corte Constitucional.

Ahora bien, la discusión entre la interpretación por parte de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado respecto de la posibilidad de presentar
demandas en ejercicio de la acción de simple nulidad ya puede afirmarse
superada, pues desde la sentencia del 4 de marzo de 2003, radicado nro.
11001-03-24-000-1999-05683-02 (IJ-030), C.P. Manuel Santiago Urueta
Ayola25, fijó su postura respecto de la decisión de la Corte Constitucional,

25 «La arquitectura constitucional sobre distribución de competencias jurisdiccionales tiene su razón

de ser en el principio de especialidad, con el fin de lograr solidez jurídica en la solución de los casos
sometidos a decisión de cada uno de los órganos jurisdiccionales.

Hecha aparte la posición del Consejo de Estado en materia de interpretación de las acciones de nulidad
y de nulidad y restablecimiento del derecho, que como se ha dicho no es posible controvertir, si se
examina en gracia de discusión el punto de vista expuesto por la Corte Constitucional, con ocasión
de la demanda presentada, éste se revela frágil en sus fundamentos e incoherente en sí mismo y
con el sistema normativo que regula la materia contencioso administrativa, pues se limita a examinar
literalmente el texto del artículo 84, con olvido de las numerosas normas del código que guardan
relación con la materia y que se ven afectadas con la decisión que se comenta. De su examen, se
desprenden, entre otras, las siguientes observaciones :

VI. 5. 1. La decisión de la Corte desconoce el carácter de orden público de las normas procesales.

Sea lo primero observar que la decisión que se analiza desconoce el carácter de orden público de las
normas procesales, al permitirle al actor escoger a voluntad el juez de conocimiento de su causa,

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alterando así las reglas de competencia. En efecto, al transmutar, a voluntad, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en acción de simple nulidad, por no pedir expresamente el
restablecimiento del derecho, la Corte Constitucional permite que el actor convierta los asuntos
contencioso administrativos de dos instancias en procesos de única instancia ante el Consejo de
Estado, al no fijar en la demanda una cuantía en las pretensiones y afirmar que actúa en aras de
preservar la legalidad abstracta. De una pincelada queda borrado el capítulo sobre distribución de
competencias entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos de departamento. De
manera que a partir de la fecha, si se siguiera el criterio recomendado por la Corte, los asuntos del
orden nacional que en acción de nulidad y restablecimiento del derecho son de conocimiento de los
tribunales en primera instancia quedan convertidos en asuntos sin cuantía, de conocimiento del
Consejo de Estado, en única instancia. VI. 5. 2. La decisión comentada institucionaliza la vía de hecho. Al afirmar la providencia “… que cuando se demanda por vía de la acción de simple nulidad un acto
de contenido particular y concreto o reconoce un derecho subjetivo, pese a que el mismo haya sido
declarado nulo en la respectiva sentencia, el juez de la causa está obligado a mantener intangible el
derecho en cuestión ya que … el pronunciamiento judicial en estos casos es única y exclusivamente
de legalidad en abstracto”, la Corte consagra la vía de hecho como generadora de derecho, pues es
sabido que la actuación de la administración tiene como respaldo el acto administrativo, que se
presume legal, de manera que si la situación creada queda sin el respaldo jurídico del acto que la
crea o modifica, dicha situación se convierte en vía de hecho, con carácter intangible, en criterio de
la Corte. VI. 5. 3. La decisión de la Corte acaba con la figura del decaimiento administrativo. De acuerdo con
el ordinal 2º del artículo 66 del C. C. A. , los actos administrativos perderán su fuerza ejecutoria
“cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho”, norma que queda modificada por la
sentencia que se comenta, pues a pesar de que se haya declarado la nulidad del acto que le sirve de
fundamento, el juez está obligado a mantener intangible la situación que de allí nace. Esa
interpretación conduciría, a manera de ejemplo, a situaciones absurdas, como aquélla en donde se
decreta la nulidad del acto de reconocimiento de una pensión manifiestamente ilegal, pero subsiste
la obligación del estado, a pesar de que no haya sustento jurídico, de seguir reconociendo los
derechos que allí se generaron. VI. 5. 4. La decisión de la Corte borra del derecho procesal administrativo la noción de legitimación
de la parte demandante. El fundamento jurídico de situaciones creadas por actos administrativos
particulares podría, de coincidir la jurisprudencia del Consejo de Estado con el criterio expuesto por
la Corte, ser discutido en cualquier tiempo, por los interesados o por terceros que nada tienen que
ver con el asunto planteado, introduciendo así un peligroso elemento de inseguridad jurídica. Piénsese, nada más, en la posibilidad de controvertir, en cualquier tiempo, la legalidad de licencias o
permisos otorgados a las empresas de transporte terrestre o de servicio aéreo, la de actos que sirven
de fundamento a la inversión extranjera, o las sanciones impuestas en materia tributaria o aduanera,
o en materia disciplinaria, o los actos administrativos que reconocen prestaciones sociales. Sería el
retorno permanente de la litigiosidad en los tribunales en asuntos ya definidos, con una carga
profunda de inseguridad jurídica en las relaciones sociales. VI. 5. 5. La decisión de la Corte elimina el término de caducidad de la acción.

Como es sabido, el
restablecimiento del derecho, que puede ser automático, debe ser solicitado a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de caducidad de la acción, que es
precisamente uno de los elementos que la distingue de la acción de simple nulidad. De acuerdo con
el criterio de la Corte, a pesar de que comporte restablecimiento automático del derecho, podrá
intentarse la acción de nulidad en cualquier tiempo. VI. 5. 6. La decisión de la Corte desnaturaliza el procedimiento de la vía gubernativa. Para ocurrir
ante lo contencioso administrativo, cuando se trata de actos particulares es necesario el cumplimiento
del presupuesto procesal de agotamiento de la vía gubernativa, con el objeto de que la Administración
conozca los motivos de disentimiento del interesado, lo que no sucede en el ejercicio de la acción de
simple nulidad, caso en el cual se demanda directamente ante la jurisdicción. Dado que se podría
demandar un acto particular a través de cualquiera de las dos acciones, cuando ello se haga a través
de la acción de simple nulidad, dicho agotamiento no sería necesario, en tanto que si demanda el
interesado, dentro del término de ley, éste tendría que haber agotado previamente la vía gubernativa. VI. 5. 7. La decisión de la Corte escinde en dos la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Dice la decisión comentada que un acto particular puede ser demandado a través de las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho, o de simple nulidad, escindiendo así la primera de dichas
acciones, con el olvido de que el mismo legislador quiso que en unos casos, cuando se pide el
restablecimiento del derecho, la nulidad del acto que le sirve de soporte a esos derechos debe ser
buscado a través del procedimiento especial de la acción subjetiva. Y así debe ser porque los actos
de contenido particular son los que pueden generar vulneración del derecho subjetivo, que servirá
luego para solicitar su restablecimiento, si el acto que le sirve de fundamento está viciado de nulidad;

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la que ha sido pacífica en adelante, como se puede apreciar, en recientes
pronunciamientos de la Sección Primera del Consejo de Estado sobre la
procedencia de las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de actos administrativos de contenido general o
particular26.

Inicia la Sala por referir que el a quo determinó que en el caso concreto
procedía la acción de simple nulidad en atención a lo dispuesto en la
sentencia C-426 de 2002, pero una vez revisado el asunto advierte la Sala
que la conclusión debió ser otra, pues, en primera medida, cuando se
pretende la nulidad de un acto administrativo que impone una sanción de
multa, de prosperar las pretensiones, se genera un restablecimiento
automático de un derecho de contenido económico, pues desaparece la
obligación del pago de una suma de dinero correspondiente al valor de la
multa27. En otras palabras, con este sólo hecho es claro que la acción

más, no cuando se trata de actos de contenido general, que, como es sabido, no causan esa
vulneración sino que crean cargas públicas, que los ciudadanos deben soportar como el precio de
vivir en sociedad, a menos que dichas cargas constituyan un sacrificio especial que deba ser
colectivizado.
VI. 5. 8. La decisión de la Corte confunde los intereses público y privado. La observancia de las
normas procesales es de interés público, trátese de cualquiera de las acciones reguladas en el código
contencioso administrativo. Estas constituyen los caminos que el ordenamiento ha previsto para
acceder a la administración de justicia, cada uno de los cuales tiene su propia especificidad, sin que
la obligación que tiene el actor de escoger uno u otro implique la prevalencia del interés privado sobre
el público, o viceversa. Cuando esa especificidad no se respeta, se introduce un indeseable elemento
de desorden que afecta la seguridad jurídica.
VI. 5. 9. La decisión de la Corte desconoce las normas legales sobre nulidad contra actos
administrativos de contenido particular. Las normas jurídicas que regulan la procedencia de la acción
de simple nulidad contra actos de contenido particular fueron desconocidas por la decisión de la Corte,
al volverlas ineficaces, si se aplica el criterio de que cualquier acto particular puede ser demandado
en acción de simple nulidad. No se entendería para qué el legislador hizo esas previsiones, si a través
de la acción de simple nulidad también puede controvertirse la legalidad del acto que sirve de
fundamento a la situación jurídica individual.
VI. 5. 10. La decisión de la Corte pretende reformar la Constitución Política al crear la acción de
inexequibilidad contra la jurisprudencia de los jueces. El ordenamiento constitucional es claro en el
sentido de que la Corte Constitucional tiene una competencia limitada a declarar la exequibilidad o
inexequibilidad de una ley, o de un decreto con fuerza de ley, a través de la acción del mismo nombre.
Única y exclusivamente hasta allí llega su competencia, la cual debe ser ejercida dentro de los
“estrictos y precisos términos” establecidos en la Constitución y ésta no ha previsto acciones de
órgano estatal alguno contra la jurisprudencia de los tribunales, pues una posición distinta no tendría
en cuenta las atribuciones asignadas por la Carta Política a las distintas ramas del Poder Público».
26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, radicación nro. 11001-

33-31-000-2011-00050-03, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia de 9 de julio de 2020, radicación nro. 17001-23-31-000-2008-00235-01, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés.
26 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020, radicación nro. 05001-

23-31-000-2011-00651-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
27 Cfr. Expediente 2010-00025-01. CP Oswaldo Giraldo López, Sentencia del 12 de marzo de 2020.

«Pues bien, en el presente asunto con la declaratoria de la Resolución No. 4383 del 14 de julio de
2009 proferida por la SDA, mediante la cual impone una multa a la Constructora Colpatria S.A., es
evidente que se generaría un restablecimiento del derecho para tal sociedad, consistente en que no
quedaría obligada al pago de la suma impuesta como sanción o en caso de haberla pagado, la SDA
se vería en la obligación de devolverla.
En estos términos, si se permitiese la instauración de la acción de nulidad contra las decisiones
impugnadas, el fallo estimatorio de las pretensiones consentiría que la sociedad Constructora
Colpatria S.A. no deba realizar ninguna erogación por concepto de la multa impuesta o en su caso,
recibir del Distrito una suma a título de devolución, pues es la consecuencia lógica y directa del
pronunciamiento sobre la ilegalidad del acto que se censura, si se tiene en cuenta que nadie está

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procedente en este caso era de la nulidad y restablecimiento del derecho,
dado que es cierto que la eventual declaratoria de nulidad de los actos
acusados generaría un restablecimiento automático de un derecho a favor
del demandante, en ese sentido, contrario a lo que se argumentó por el a
quo con la demanda no se pretende un simple control de legalidad en
abstracto; en consecuencia, se reitera la acción que se debió ejercer era la
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, el Código Contencioso Administrativo, en concordancia con la Ley
1285 de 2009 y el Decreto Reglamentario el Decreto 1716 de 2009,
ordenaron que debían acreditarse los siguientes requisitos: i) agotar la vía
gubernativa (artículos 135 y 138 del CCA), ii) solicitar de manera previa a
la presentación de la demanda la conciliación prejudicial ante la
Procuraduría General de la Nación en cumplimiento del artículo 28 de la Ley
1285 de 2009 y el mencionado decreto reglamentario, y iii) presentar la
demanda dentro de un término especial dispuesto en el numeral dos del
artículo 136 del CCA, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación del acto definitivo.

El primero de los requerimientos se encuentra satisfecho de parte del
demandante, esto en consideración a que en contra de la Resolución nro.
486 de 2004 interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación, este último fue desatado mediante Resolución nro. 634 de 31 de
marzo de 2009, por lo que se agotó la vía gubernativa.

En cuanto al segundo presupuesto, según lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 1285 de 200928, como la acción que procede en este caso es la
contemplada en el artículo 85 del CCA, y para la fecha de interposición de
la demanda (28 de febrero de 2011) ya se encontraban vigentes tanto la
citada Ley 1285 como el Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009 que la
reglamentó, se colige que al demandante le asistía el deber de acreditar tal
requisito.

Revisado el expediente, se observa que el demandante no allegó la
constancia que permitiese tener por cumplido el requisito de la solicitud de
conciliación prejudicial.

obligado a acatar la orden o disposición declarada contraria al ordenamiento jurídico por la
Jurisdicción.
Bajo tal perspectiva, considera esta Sala que la acción procedente no es la de simple nulidad, sino la
de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que, como se dijo en líneas precedentes, del fallo
de nulidad que eventualmente se produjera, sin perjuicio de las pretensiones del demandante, se
generaría un eventual restablecimiento automático del derecho a favor de la sociedad actora. En
consecuencia, se tendrá que evaluar ahora si la actora cumplió con los requerimientos que para el
ejercicio de esta acción ha exigido el Legislador».

28 «Artículo 13. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

“Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de
la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de
procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial».

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Respecto a este requisito, además de no constar en el proceso la constancia,
advierte la Sala que la Resolución nro. 634 del 31 de marzo de 2009,
mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, fue notificada
personalmente al actor el 21 de mayo de 200929 y la demanda fue
interpuesta el 28 de febrero de 201130, es decir tiempo después de
cumplido el término para presentarla oportunamente, aún si al plazo de los
cuatro meses31 le sumamos los tres meses de suspensión cuando se solicita
la conciliación prejudicial.

En consecuencia, la Sección declarará probada la excepción de caducidad
de la acción y revocará la sentencia apelada.

Finalmente, obran en el expediente electrónico, a índice 61 solicitud de
renuncia al poder otorgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la apoderada
Lorena Lunar Montufar. Asimismo, a índice 63 solicitud de reconocimiento
de personería para actuar como apoderado de la entidad territorial del
abogado Manuel David Jaramillo Duque y, a índice 64 la correspondiente
renuncia al poder que le fue conferido. En atención a lo anterior la Sala
tendrá por bien presentadas las renuncias de poder presentadas por los
apoderados de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Adicionalmente, se tiene que el 30 de agosto de 2022, índice 65 la Dirección
Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, allegó poder especial
conferido al abogado Roberto Jesús Palacios Angulo, por reunir los
requisitos dispuestos en el artículo 74 del Código General del Proceso, se
reconocerá personería.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 20 de febrero de 2013 proferida por
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para, en su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción
de caducidad de la acción, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: ACEPTAR las renuncias presentadas por los abogados Lorena
Lunar Montufar y al señor Manuel David Jaramillo a los poderes conferidos

29 Cfr folio 221 anverso cuaderno anexos.
30 Cfr folio 22 escrito de demanda.
31 Cfr artículo 136. 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del
acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

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Radicado: 25000-23-24-000-2011-00120-01
Demandante: Alexander Rodríguez Flórez

por la Alcaldía Mayor de Bogotá y RECONOCER personería al abogado
Roberto Jesús Palacios Angulo como apoderado de Bogotá Distrito Capital.

TERCERO: Una vez ejecutoriada la providencia por Secretaria DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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