Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00123-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00123-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2011-00123-01
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
12 de julio de 2018
TARIFA MÁXIMA PARA APARCADEROS Y/O ESTACIONAMIENTOS FUERA DE VÍA – Cobro por minutos / FACULTAD DEL JUEZ – Para acudir a criterios auxiliares al momento de fallar
[E]l a quo dentro de una interpretación sistemática con la integralidad de las normas del cual hace parte el parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 550 de 2010, concluyó que el cobro de la tarifa máxima por minutos para aquellos propietarios de aparcaderos abiertos al público antes de la entrada en vigencia del decreto parcialmente demandado sí debían atender los parámetros fijados en el Acuerdo 356 de 2008, tales como: tipo de vehículo, la demanda por zona y el nivel del servicio prestado, pues, señaló que la tarifa cobrada por el parqueadero depende del lleno de los requisitos para así fijar el valor máximo en minutos y la norma no hace distinciones porque el cobro está basado en el tiempo en que sea utilizado el servicio y su variación obedecerá a las características específicas que tenga cada uno de los prestadores de ese servicio, esto, además del estudio que hizo de forma integral, al decreto parcialmente demandando, también acogiendo las conclusiones del fallador en el juicio de legalidad adelantado al parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 268 de 2009. Acogió dicho criterio, al encontrar identidad entre los textos normativos, toda vez que el parágrafo 4º del artículo 1º del Decreto 550 de 2010, reprodujo de manera exacta el parágrafo 4º del artículo 1º del 268 de 2009, (…) En ese sentido, no se encuentra que el a quo haya hecho un juicio de legalidad equivocado, pues, su decisión se fundamentó en sus propios criterios y los expuestos por otra subsección que conforma el mismo tribunal, lo cual no le está prohibido, toda vez que el Juez para fallar, puede acudir a criterios auxiliares, en el caso concreto, la jurisprudencia que fue adoptada por el mismo Tribunal.
FUENTE FORMAL: ACUERDO 356 DE 2008 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
NORMA DEMANDADA: DECRETO 550 DE 2010 (29 de diciembre) ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – ARTÍCULO 1 PARÁGRAFO 4 (No anulado)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2011-00123-01
Actor: CAMILO ARAQUE BLANCO Y OTRO
Demandado: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
Referencia: Nulidad – Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de agosto de 2012 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La demanda
El 2 de marzo de 2011, los señores Camilo Araque Blanco y Juan Carlos Herrera Moreno, actuando en nombre propio, presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad contra del parágrafo 4º del artículo 1º del Decreto 550 del 29 de diciembre de 2010, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (E), “por el cual se fija la tarifa máxima para los aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.
1.1. Pretensiones
La parte actora solicitó:
“1. Que se declare la nulidad del parágrafo 4º del artículo 1º del Decreto reglamentario 550 de 2010, por medio del cual se establecieron los topes de las tarifas de los parqueaderos públicos.
2. Como consecuencia de lo anterior, se le aplique a todos y cada uno de los parqueaderos públicos, las tarifas establecidas en el Acuerdo 356 de 2008 y en el Decreto 550 de 2010 sin excepción alguna”.
1.2. Los hechos
Señalaron que el Concejo Distrital de Bogotá D.C, por medio de los artículos 1º y 2º del Acuerdo 356 de 2008 (reglamentado por el Decreto 268 de 2009), previó la liquidación de la tarifa de los aparcaderos de vehículos fuera de vía, sujeta al cobro por minutos, “atendiendo al tiempo real del servicio prestado”, así, estableció unos parámetros especiales (tipo de vehículo, factor de demanda zonal y nivel de servicio) para el recaudo de dicha tarifa, en orden a un cobro más justo de aquel que se venía aplicando en el régimen anterior, el cual se cobraba por cuartos de hora o fracción, asimismo, facultó al Alcalde Distrital para que en el ejercicio de su potestad reglamentaria determinara, únicamente, el tope máximo en las tarifas de los parqueaderos públicos.
Afirmaron que en ese orden, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., expidió el Decreto 550 de 29 de diciembre de 2010, por medio del cual reglamentó y estableció dicho tope. No obstante, consideraron que la autoridad aludida “desbordó” su facultad reglamentaria y, por lo tanto, desconoció las siguientes normas: el numeral 4º del artículo 38 del Decreto 1421 de 1993, los artículos 2º del Decreto 1855 de 1971, 12 del Decreto 2876 de 1984, 1º del Acuerdo 139 de 2004 y 2º del Acuerdo 356 de 2008.
Lo anterior, toda vez que en el parágrafo 4º del artículo 1º del Decreto 550 del 2010 el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., se dispuso que: “en todos aquellos casos en los que el valor final por minuto resulte inferior al que se cobra en los estacionamientos abiertos al público a la entrada en vigencia del presente decreto, se mantendrán las tarifas actuales, aplicando, en todo caso, el sistema de cobro por minutos”, y, solamente tenía facultad para fijar los topes de las tarifas en mención, más no para decretar situaciones diferentes.
En ese sentido, sostuvieron que dicho parágrafo permitió a los propietarios de los aparcaderos, abiertos al público con anterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo en cita, es decir, al 1º de enero del 2011 (artículo 2º del mismo decreto), cobrar por cuartos de hora o fracción conforme a la tarifa anterior; además sin atender las características especiales del aparcadero y el tipo de vehículo para el cobro máximo (ubicación, si es subterráneo o elevado, capacidad), lo cual permite que exija el pago de una tarifa superior a la establecida por minutos, con lo cual, “desbordó su potestad reglamentaria”, al no estar facultado para ello.
Concluyeron que, el Alcalde Distrital de Bogotá vulneró el derecho de igualdad de algunos propietarios de aparcaderos y los derechos subjetivos de los usuarios y consumidores, de Bogotá, ante la permisiva del cobro de la tarifa máxima sin atender las características establecidas para el efecto, además,
De otra parte, subrayaron que, luego de una interventoría efectuada sobre 1905 parqueaderos de Bogotá por parte de la Contraloría del Distrito, ésta, mediante comunicado del 27 de octubre de 2009, llamó la atención al Alcalde Distrital, debido a la falta de control por parte del mandatario respecto del cobro de las tarifas que hacen los dueños de los aparcaderos, ya que más del 85% de los mencionados, lo hacían de manera arbitraria, pues, dicho cobro no está sujeto a las características particulares de cada estacionamiento, establecidas para el efecto.
1.3. Normas vulneradas y concepto de violación
Los actores señalan como violados los artículos 1º, 13, 78 y 315 de la de la Constitución Política y los numerales 1º y 4º del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993.
Los actores sustentaron la demanda bajo tres cargos que la Sala sintetiza:
Primer cargo. Violación de los artículos 1 y 13 de la Constitución Política, por darle un trato desigual a los diferentes propietarios de los parqueaderos, con la autorización de un cobro de la tarifa máxima a un grupo de propietarios de aparcaderos de Bogotá sin el cumplimiento de las características y requisitos establecidos para el efecto
Sostienen que el contenido del parágrafo 4º del artículo 1º del Decreto 550 del 29 de diciembre de 2010, el cual, fijó la tarifa máxima por minuto para el servicio de aparcaderos y/o estacionamientos fuera de la vía, aplicable en el Distrito Capital, discriminó a los propietarios de estacionamientos que empezaron a prestar ese servicio luego de la entrada en vigencia del acto mencionado.
Indicaron que dicha discriminación se generó debido a la excepción que se hizo en favor de 1905 aparcaderos que fueron abiertos al público antes de la entrada en vigencia del mismo decreto, es decir al 1º de enero de 2011, ya que se les permitió cobrar una tarifa diferente y superior frente a los que propietarios de aparcaderos que sì deben les aplica la tarifa del Decreto 550 de 2010, por contera, sin tener en cuenta las características particulares de cada estacionamiento, establecidas además en el Decreto 356 de 2008, situación que va en detrimento del interés general.
De lo anterior, concluyeron que se creó un “régimen de transición” y por ende la “configuración de un derecho adquirido inconstitucional e ilegal”, por lo que bajo la aplicación de la retroactividad de la ley, se favoreció a los dueños de los aparcaderos abiertos al público antes de la entrada en vigencia del Decreto 550 de 2010, sin tener en cuenta que los que fueron abiertos al público después de la entrada en vigencia del mismo decreto, presentan similitud en cuanto a su razón social, ciudad de operación y pago de impuestos.
A vía de ejemplo, indicaron que el Alcalde de Usaquén aceptó, frente a los medios de comunicación, que la mayoría de estacionamientos no cumplían con las condiciones requeridas para el cobro de la tarifa máxima y a pesar de ello, sí la cobran, por prestando el servicio desde antes de la entrada en vigencia del Decreto 550 de 2010.
Como sustento jurisprudencial, transcribieron apartes de las sentencias C-748 del 2009 y T-593 de 2006 de la Corte Constitucional y, en los términos allí previstos, explicaron en qué consistía el derecho de igualdad e indicaron que el trato diferencial debe obedecer a un motivo racional y proporcional dentro del marco Constitucional y legal, situación que no ocurrió en el caso concreto, toda vez que hubo discriminación directa en sentido formal y material.
Segundo cargo. Desconocimiento del artículo 78 de la Constitución Política, por desconocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios capitalinos respecto del servicio de aparcadero.
Arguyeron que la norma acusada vulnera el artículo en cita toda vez que modificó las condiciones del mercado al permitir que se cobre la tarifa máxima en la prestación del servicio de parqueadero sin el lleno de requisitos para el efecto (ubicación del parqueadero y sus características, así como el tipo de vehículo que toma el servicio de parqueo), que en ese sentido, se desatendió lo establecido en el Acuerdo 356 de 2008, reglamentado por el Decreto 268 del 2009, ya que el cobro de la tarifa debe atender a las características particulares de cada estacionamiento, por lo tanto, no debe ser arbitrario.
Indicaron que, lo descrito, ocasionó un sobrecosto en las tarifas que asciende a un 42% que afecta a múltiples usuarios beneficiarios del servicio, lo cual, se hizo evidente con el informe de la Contraloría Distrital de Bogotá titulado “pronunciamiento sobre la falta de control efectivo por parte de la administración distrital para garantizar en Bogotá el estricto cumplimiento en el cobro de las tarifas de parqueadero”, mediante el cual, se le hizo un llamado de atención al Alcalde Mayor de Bogotá, en la medida que un 85% de los 1905 parqueaderos que funcionaban en Bogotá al momento en que entró a regir el Decreto acusado, cobran de manera arbitraria la tarifa máxima.
Como sustento jurisprudencial, citaron las siguientes sentencias:
C-1141 del 2000 de la Corte Constitucional, atinente al “campo de protección en favor del consumidor” en la que el Alto Tribunal realizó un estudio del derecho contractual teniendo en cuenta que la Constitución ordenó tal protección con el propósito de establecer su igualdad frente a los productores o consumidores y que los supuestos específicos para el efecto, se determina en la ley, los reglamentos y los contratos.
Salvamento de voto de la Sentencia C-973 del 2002 de la Corte Constitucional, relativo a la “importancia de la ubicación de la norma en el título de los derechos e interese colectivos”, con base en la cual, se estableció el derecho colectivo del consumo, como un derecho preconstitucional (Decreto 3466 de 1982, artículo 1º).
Varias sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional referentes a la “imperativa intervención del Estado en el derecho del consumo” como “director general” de la economía encaminado a la protección especial al consumidor (usuario final), dentro del contrato de adhesión. Concluyeron que el derecho del consumo tiene un carácter “poliédrico”, en la medida en que su objeto incorpora pretensiones y situaciones de orden sustancial, procesal y participativo (frente a la administración pública y a los órganos reguladores), que en este último, se incluye a la Alcaldía de Bogotá como “supervisor e interviniente del flujo económico… (Artículo 334 Constitucional)”.
Finalmente, transcribieron la tabla relativa a la tarifa máxima para aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía, contenida en el artículo 1º del Decreto 550 de 2010 y la correspondiente a la clasificación para la aplicación del factor de demanda zonal por localidad, prevista en el artículo 2º del Decreto 268 de 2009, de lo cual, indicaron que el cobro de la tarifa por minutos debe atender las condiciones del vehículo, el factor de demanda zonal y el nivel de servicio.
Tercer cargo. Vulneración del artículo 315 de la Constitución Política y, de los numerales 1º y 4º del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, por cuanto el Alcalde de Bogotá D.C., “desbordó su potestad reglamentaria", toda vez que no tenía facultad para reglamentar aspectos no previstos en el Acuerdo 356 de 2008, pues, su facultad se limitaba únicamente a la fijación de la tarifa.
En suma aducen que la vulneración de estas normas se produjo por cuanto dicha autoridad, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al expedir el parágrafo 4º del artículo 1º del Decreto 550 de 2010, ya que al ser un acto reglamentario y de ejecución su objeto es el de servir de instrumento y complemento de una norma superior y no de contrariarla.
Lo anterior, por cuanto el Concejo de Bogotá D.C., es la máxima autoridad administrativa del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º del Decreto Ley 1421 de 1993 y, en ese orden, los acuerdos expedidos por esta autoridad son de superior jerarquía que aquellos actos administrativos expedidos por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
Ahora, en la medida en que el Acuerdo 356 de 2008 tiene por objeto establecer unos parámetros en la fijación de la tarifa pública de estacionamientos, le correspondía a la autoridad aludida, por medio del decreto acusado, tenerlos en cuenta de manera obligatoria y no facultativa.
Arguyeron que en la situación descrita, se concretó la vulneración de las normas superiores habida cuenta que éstas le atribuyen al Alcalde Mayor de Bogotá la obligación de “cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo” y “ejercer la potestad reglamentaria expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos”. Adicionalmente, porque de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Como sustento de los argumentos anteriormente descritos, transcribieron apartes de sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, atinentes a “los límites de la facultad reglamentaria en cabeza del poder ejecutivo”. Reiteraron que la autoridad en comento no podía reglamentar aspectos no previstos en el Acuerdo 356 de 2008, pues, su facultad se limitaba a la fijación de la tarifa únicamente.
Finalmente, resaltaron que la norma acusada desconoció formal y teleológicamente el principio de legalidad, de conformidad con los argumentos arriba señalados.
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES EN PRIMERA INTANCIA
2.1 Admisión de la demanda
Mediante auto del 5 de mayo de 2011, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, admitió la demanda y dispuso su notificación al Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá y al Ministerio Público.
2.2. Providencias relevantes dictadas con posterioridad a la admisión de la demanda.
Por medio de auto del 18 de agosto de 2011, el a quo negó una solicitud de acumulación de procesos, planteada por el Distrito Capital, ya que no se cumplían los requisitos exigidos por la norma para el efecto, como quiera que no se precisó el número de radicación de otros procesos, las partes ni su clase.
III) DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Distrito Capital, contestó la demanda con escrito del 25 de julio de 2011, a través de apoderado judicial, quien, en primer lugar, indicó que la norma acusada reprodujo “de manera exacta” el artículo 1º parágrafo 4º del Decreto 268 de 2009 y que el artículo 2º del Decreto 550 de 2010 derogó dicho parágrafo, por lo tanto, aseguró que únicamente, se actualizó el valor de las tarifas fijadas en el primero.
En segundo lugar, enfatizó que el parágrafo 4º del Decreto 268 de 2009 ya había sido demandado a la luz del artículo 84 del CCA con argumentos similares a los expuestos en la presente acción y, que dicho proceso cursaba en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En tercer lugar, hizo algunas precisiones respecto de los antecedentes relativos a la fijación de las tablas de las tarifas e indicó que bajo la libertad regulada, los oferentes pueden determinarlas en su oferta de forma eficiente en orden a la competitividad, las cuales son avaladas por la autoridad local respectiva una vez comprobadas las condiciones del servicio.
Al respecto, indicó que el Decreto 268 de 2009 había reglamentado el Acuerdo 356 de 2008 mediante el cual se estableció el cobro de la tarifa, por minutos, fuera de vía ateniendo las características particulares de cada aparcadero y, que ésta debe permanecer expuesta a la vista de los usuarios.
Sostuvo que, en orden a lo anterior, el Decreto 550 de 2010 las actualizó las tablas tarifarias conforme la autorización que el Acuerdo 356 de 2008 le otorgó al alcalde Mayor de Bogotá, por lo que en el término allí señalado (seis meses), con el apoyo de las secretarías de planeación, gobierno y movilidad, se expidió el decreto demandado, con base en estudios económicos y financieros, atendiendo a los criterios de equidad para el usuario y el propietario, y que de igual forma, se fijaron las reglas para la prestación del servicio previendo que no se generara ningún tipo de detrimento patrimonial que afectara a los propietarios que venían cobrando las tarifas antiguas.
Señaló que dentro del estudio para fijar los parámetros que podían ser controlados por la administración respecto de la fijación de la tarifa, se determinó que correspondían a los precios del suelo, regulados con base en el plan de ordenamiento territorial y a las tasas de ganancias, atendiendo a la fórmula determinada por el Concejo Distrital, teniendo en cuenta “aspectos económicos de valores de inversión, mantenimiento de la infraestructura, días de operación, tiempo de servicio, personal operativo, seguros y gastos de administración”.
Adicionalmente, adujo que el costo máximo por minuto se estableció i) a partir del Decreto 115 de 2006, que definió la tarifa máxima para el cobro de los aparcaderos urbanos destinados a prestar el servicio de estacionar y cuidar los vehículos por cuarto de hora o fracción, la cual equivale proporcionalmente a 86.67 pesos por minuto (costo máximo por minuto) y ii) teniendo en cuenta los factores de demanda zonal, por tipo de vehículo y por nivel de servicio.
En orden a lo anterior, indicó que el Decreto 268 de 2009, “actualizado” por el 550 de 2010 aplicó de forma precisa la fórmula prevista en el Acuerdo 356 de 2008, que corresponde a una medida justa con los usuarios. Que de igual forma, no se podía desconocer la obligación del distrito, de salvaguardar las condiciones creadas para los dueños de los aparcaderos por las disposiciones legales previas a este último.
En ese sentido, reiteró que no se podían desmejorar las condiciones económicas de los propietarios de los estacionamientos abiertos al público antes de la entrada en vigencia del Decreto 550 de 2010 más allá de la exigencia de que el cobro se efectuaría por minutos atendiendo la fórmula establecida por el Concejo Distrital.
Concluyó que por las razones señaladas, la administración no desbordó su potestad reglamentaria, no invadió la órbita del Concejo Distrital ni pretendió favorecer a un grupo de dueños de aparcaderos, pues, la pretensión fue la de “prevenir un eventual desequilibrio económico en contra de las situaciones generadoras de derechos objetivos y consolidados de algunos dueños de parqueaderos en la ciudad”, atendiendo al principio de la confianza legítima en tratándose de actuaciones de la administración del Distrito Capital, desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU- 360 de 1999.
Por último, frente a los cargos expuestos por los demandantes, resaltó que se limitaron a señalar que la inclusión del parágrafo demandado permite a un sector de propietarios de estacionamientos, efectuar el cobro de las tarifas en comento a su arbitrio desconociendo el Acuerdo 356 de 2008. No obstante, echó de menos la explicación de tal argumento, máxime porque los actores afirmaron que estaban de acuerdo con las tarifas decretadas en la norma parcialmente demandada.
Adicionalmente, indicó que no existe evidencia de denuncias ciudadanas o de reporte oficial de las alcaldías locales, donde se observe que algún aparcadero esté cobrando tarifas por encima de los topes máximos establecidos en artículo 1º del decreto en cuestión, por cuenta del parágrafo demandado.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
3.1. El Distrito Capital, a través de apoderado judicial, reiteró los argumentos expuestos al contestar la demanda.
3.2. La parte demandante, insistió en las razones desarrolladas en el libelo introductorio y agregó que con las pruebas aportadas al proceso se demostró la ilegalidad del parágrafo 4º del artículo 1º del Decreto 550 de 2010.
Lo anterior, por el exceso en que incurrió el Alcalde Distrital en el ejercicio de la potestad reglamentaria conferida y la consecuente trasgresión de los artículos 1, 13, 78, 209 y 315 de la Constitución, así como los numerales 1º y 4º del artículo 38 del Decreto 1421 de 1993.
Asimismo, debido a la permisividad en el cobro de las tarifas, que además de darse sin el lleno de los requisitos para el efecto por parte de los propietarios de los aparcaderos; es superior a la establecida en el Decreto 550 de 2010.
Agregaron que conforme a la exposición de motivos y a los aspectos técnicos señalados en los diferentes acuerdos expedidos por el Concejo Distrital, quedó demostrado que para reglamentar el tema de los aparcaderos públicos, se deben tener en cuenta las características tantas veces mencionada en pro de unas tarifas más justas, situación que no se cumple respecto del cobro por parte de aquellos propietarios insertos en la condición del parágrafo demandado.
Sostuvieron que dentro del proceso, no se pudo establecer con exactitud cuántos aparcaderos entraron en vigencia luego de la expedición del decreto parcialmente demandando, que en ese orden, se demostró que la Alcaldía Mayor, junto con las locales no tienen el censo o inventario exacto de los aparcaderos antiguos como tampoco los nuevos, lo cual, hace evidente la falta de control de sobre los mismos.
3.3. Intervención del Agente del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia del 30 de agosto de 2012, el a quo negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos, los cuales, por efectos prácticos, se titularán conforme a los cargos demandados y resueltos en la providencia, que sintetiza la Sala:
Primer cargo. Violación de los artículos 1° y 13 de la Constitución
Indicó que el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., cada año expide el decreto mediante el cual regula la tarifa máxima para los aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía en el Distrito Capital de Bogotá, la cual, es cobrada al año siguiente, y que fue en ese contexto que, la autoridad expidió el Decreto 550 del 29 de diciembre de 2010, para ser aplicado a partir del año 2011.
Señaló que el artículo 2° del Decreto en comento, derogó de forma expresa el artículo 1° del Decreto 268 de 2009, mediante el cual la autoridad distrital fijó las tarifas para el año 2010. Enfatizó que el parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 550 de 29 de diciembre de 2010, del cual se acusa su legalidad, era idéntico con el antes mencionado, que, establecía:
“En todos aquellos casos en los que el valor final por minuto resulte inferior al que se cobre en los estacionamientos abiertos al público a la entrada en vigencia del presente Decreto, se mantendrán las tarifas actuales, aplicando en todo caso, el sistema de cobro por minutos”.
Subrayó que la aplicación de la tarifa en las condiciones allí señaladas fue objeto de análisis por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, al resolver una demanda de nulidad contra el Decreto 268 de 2009 y agregó que las tarifas establecidas en dicha norma fueron actualizadas mediante el decreto parcialmente demandado.
Señaló que compartía la decisión adoptada por la Subsección en comento, consistente en la inexistencia de violación del principio de igualdad, toda vez que, “el parámetro general que regula la tarifa es aplicable a todos los parqueaderos de Bogotá en cumplimiento del Acuerdo 0356 de 2008”. Indicó que el criterio acogido para el efecto fue que:
“(…) genera una presunción que debe ser interpretada sistemáticamente, con la integralidad de las normas de la cual hace parte, al no establecer distinciones frente al sistema de cobro por el uso de parqueaderos dejando a salvo el sistema de cobro por minutos, que debe aplicarse indistintamente al nivel de servicio o tipo de parqueadero de que se trate, poniendo a todos los propietarios de los estacionamientos en un nivel de igualdad frente al cobro del servicio, el cual sólo depende del nivel de servicio que tenga cada estacionamiento abierto al público según la descripción que el mencionado decreto determinó, bajo el supuesto siempre de cobro por minutos como medida universal de tiempo definida desde el Decreto 019 de 2008, en el cual se cambió el sistema de 1300 pesos (sic) por el equivalente a una tarifa por minuto de 86, 67, concretada por nivel de servicio y demanda por zona en tarifas diferenciables por valor por minuto, en el Decreto 268 de 2009 (…)”.
Consideró que, aunque se permitió el cobro de la tarifa vigente a finales de 2010, para aquellos casos en los cuales el valor final resultara inferior a la nueva tarifa, el decreto parcialmente acusado previó el parámetro equivalente al valor máximo por minuto, con la aplicación de factores específicos (tipo de vehículo, demanda por zonal nivel deservicio), aplicable a todos los parqueaderos sin excepción alguna.
Concluyó que: i) la tarifa cobrada por el parqueadero depende del lleno de los requisitos para así fijar el valor máximo en minutos, ii) la norma no hace distinciones porque el cobro está basado en el tiempo en que sea utilizado el servicio y su variación obedecerá a las características específicas que tenga cada uno de los prestadores de ese servicio, razones por la cuales no observó ningún tratamiento injustificado por la “igualación al parámetro de cobro para aquellos que aplicaban tarifas distintas en el momento de la actualización del valor”.
Segundo cargo. Violación al artículo 78 de la Constitución
Señaló que los actores, no incluyeron elementos de juicio diferentes al cargo primero, toda vez que se limitaron a indicar la inobservancia de las directrices trazadas por el Acuerdo 356 de 2008.
Consideró que la norma acusada no transgredió los lineamientos fijados en el Acuerdo 356 de 2008, debido a que, en el decreto parcialmente demandado, para la fijación de la tarifa, se tuvieron en cuenta las características específicas y el componente estructural de cada parqueadero. Así, en el artículo 1° se dispuso que se debía tener en cuenta la clase de vehículo, la zona y el nivel del servicio, la clasificación de los parqueaderos según la altura, la ubicación subterránea, el nivel por piso y el tipo de materiales utilizado; y previó el valor máximo por minuto a cobrar, sujeto a los factores específicos mencionados.
Indicó que gran parte del cargo estaba sustentando en apreciaciones relativas al derecho de consumo que a criterio de los demandantes se encontraba regulado en el artículo 78 de la Constitución, como herramienta de la economía de mercado.
Sostuvo que al margen de la discusión sobre los alcances del derecho del consumidor, la acción de nulidad no era el escenario para determinar el “supuesto perjuicio individual y colectivo causado a los usuarios del servicio por las inadecuadas condiciones en que un parqueadero ofrezca la custodia del vehículo”.
En ese sentido, señaló que las posibles anomalías en el servicio y en el cobro de las tarifas basadas en el informe de la Contraloría de Bogotá debían resolverse en las instancias de vigilancia y control, por lo que le correspondía a cada usuario tramitar la queja ante las autoridades distritales por el inadecuado servicio y el cobro de la tarifa, presuntamente irregular.
Concluyó que la norma demandada no desconoció el artículo 78 de la Constitución ya que la tarifa se fundamentó en los lineamientos del Acuerdo 356 de 2008, como se observa en su artículo 1º y consideró que la Alcaldía Mayor de Bogotá no tenía que aplicar, en estricto sentido, los factores previstos en el Decreto 268 de 2009 toda vez que éste fue derogado por el Decreto 550 de 2010.
Tercer cargo. Violación de los artículos 315 de la Constitución, numerales 1° y 4° del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993
Señaló que los demandantes estimaron que el Alcalde expidió el decreto parcialmente acusado en contra de las previsiones del Acuerdo 356 de 2008 al introducir una regulación de temas ajenos a la fijación del tope máximo de la tarifa del servicio público de aparcadero fuera de vía.
Indicó el Tribunal que igual como ocurrió con el primer cargo, lo atinente al supuesto exceso de la potestad reglamentaria por parte del Alcalde Mayor de Bogotá al introducir una regulación de temas ajenos a la fijación de la tarifa en mención, también fue resuelto por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, y que compartía su decisión, consistente en que la regulación de la tarifa fue acorde con las directrices fijadas en el Acuerdo 356 de 2008; que una vez comparadas las tablas contenidas en éste, con las del Decreto 550 de 2010, se evidenció que el último acogió todos los componentes del primero (tipo de vehículo, demanda zonal y nivel de servicio), para la adopción de la tarifa, del mismo modo, dispuso como parámetro de cobro, el valor por minuto según el lineamiento allí establecido.
El criterio acogido por el a quo en relación con lo anterior es el siguiente:
“…aquellas tarifas dispuestas en el acto acusado conservan “(...) los topes realmente establecidos por cobrar por los dueños de los aparcaderos, toda vez que la redacción del mencionado parágrafo, no deja duda de lo siguiente (:) a partir de lo dispuesto en el artículo primero del acto acusado que en todo caso debe leerse integrado al Decreto 356 de 2008, reglamentado por el decreto 268 de 2009 así: i) si el valor final por minuto fuera inferior al que se cobra en los estacionamientos abiertos al público la tarifa a cobrar siempre será igual a la fijada por el decreto (sic) 356, es decir, sin sobrepasar la tarifa general, y ii) la referencia para el cobro del parqueadero será en minutos situación que asegura (...) un trato igual para los usuarios de este servicio”.
Adicionalmente, consideró que el ámbito de la potestad reglamentaria del Alcalde Mayor de Bogotá no suprimía la adopción de medidas tendientes a la ejecución del acto parcialmente demandado, al respecto señaló:
“Al establecer el Acuerdo 356 de 2008 que la competencia del alcalde radica en la fijación de las tarifas tampoco descarta que su decisión pueda contemplar, como en este caso, aspectos propios dirigidos al cumplimiento de las directrices para el cobro del servicio dentro del sistema adoptado por el Concejo, basado en el valor por minutos”
Que en ese sentido, no se demostró que con la norma acusada, el Alcalde Mayor de Bogotá hubiera desbordado la facultad reglamentaria al establecer un mecanismo de igualación de tarifas para aquellos propietarios que cobraban valores inferiores antes de la entrada en vigencia del decreto en cita, ya que la aplicación basada en minutos está acorde con lo dispuesto en el Acuerdo 356 de 2008.
V. EL RECURSO DE APELACIÓN
Por medio de escrito radicado el 21 de septiembre de 2012, la parte demandante interpuso recurso de alzada contra la decisión de primera instancia, mediante el cual solicitó que se revoque la decisión y se acceda a las pretensiones del libelo introductorio.
Como sustento de lo anterior, reiteró los mismos argumentos esbozados en el escrito de la demanda y respecto de las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera, Subsección “B” señaló:
Frente al cargo primero. Violación de los artículos 1 y 13 de la Constitución: consideró que el Tribunal pasó por alto que el parágrafo demandado “no se inspiró en los factores” del Acuerdo 356 de 2008, que, en ese sentido, es equivocado el juicio de igualdad realizado con base en otra decisión que estudió un tema similar, sin que se evidencien argumentos que desvirtúen los planteamientos de la demanda.
Respecto al cargo segundo. Desconocimiento del artículo 78 de la Constitución: argumentó que “sorprende” que el a quo “asevere” que la “única forma de proteger los derechos de los usuarios y consumidores de los parqueaderos, es a través de la acción contenciosa individual frente a cada parqueadero”, toda vez que dejó de un lado. para la protección de tal derecho, las demás acciones existentes en el ordenamiento jurídico; entre otras, la de “simple nulidad”, que en el presente caso busca expulsar del ordenamiento jurídico una disposición normativa que “lesiona derechos subjetivos… ”.
En relación con el cargo tercero: sostuvo que yerra la sentencia de primera instancia al indicar que “por no estar prohibido”, se colegía que el Alcalde Mayor de Bogotá “bajo la excusa” de fijar los topes y las de los parqueaderos podía regular temas ajenos a su competencia limitada, que así, se volvía inaplicable el Acuerdo 356 de 2008 por lo que además se vulneraba el artículo 6° de la Constitución (los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la ley).
Adicionalmente, afirmó que hubo ciertos “silencios y vacíos”, que acaecen en la providencia recurrida tales como que el Tribunal: i) no hizo alusión a las pruebas, ii) no abordó de manera puntual los motivos que originaron la demanda de nulidad “bajo el andamiaje de disquisiciones y conclusiones constitucionales, legales y jurisprudenciales” y iii) citó de manera parcial una providencia sin contar con criterios de suficiencia, pertinencia, certeza y claridad.
Aseveró que se pudo establecer que la norma parcialmente acusada desconoció formal y teleológicamente el principio de legalidad al favorecer a 1905 parqueaderos, al no aplicarles las nuevas tarifas en detrimento de los recursos de aquellas personas que hacen uso de ese servicio, dejando de manera intencional, la obligatoriedad de la nueva tarifa únicamente, para los aparcaderos creados con posterioridad a la vigencia del Decreto 550 de 2010.
Consideró que teniendo en cuenta que la alcaldía no logró demostrar la creación de nuevos aparcaderos, debido a la falta de adquisición de predios ante los problemas geográficos, lo que salta a la vista, a partir de una respuesta de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, es que no hay prueba de la existencia de nuevos parqueaderos a los que en realidad les aplicaría el decreto que contiene el parágrafo demandado, por lo que, a su juicio, quedó probado que actualmente, la nueva tarifa no es aplicable a ningún estacionamiento, pues, solamente existían aquellos creados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 550 de 2010.
VI. TRÁMITE DEL RECURSO
6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, el 4 de octubre de 2012, concedió el recurso de alzada presentado por la parte actora y, posteriormente, fue admitido por el Consejero Ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto del 9 de mayo de 2013.
6.2. Luego, el Consejero sustanciador, mediante providencia del 21 de octubre de 2013 corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que formulara su concepto.
VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PLÚBLICO
7.1. El Distrito Capital, a través de apoderado judicial, hizo un breve resumen de las consideraciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, e indicó que compartía las razones allí expuestas, toda vez que, con la norma acusada se pretendió prevenir la posibilidad de causar un desequilibrio económico en contra de situaciones generadoras de derechos objetivos y consolidados de algunos dueños de aparcaderos de la ciudad de Bogotá D.C., que en ese sentido, la autoridad administrativa no vulneró los derechos de los consumidores y usuarios del servicio de aparcadero, ni el principio de igualdad, como tampoco incurrió en extralimitación de su potestad reglamentaria.
Reiteró los argumentos expuestos en las intervenciones anteriores y, resaltó que el a quo, acogió la decisión adoptada en otra providencia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, mediante la cual resolvió en primera instancia, la demanda de nulidad contra el Decreto 268 de 2009, para establecer que no hubo vulneración al principio de igualdad, ni extralimitación por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Ejercicio de su potestad reglamentaria. Señaló que el proceso referido se encontraba en trámite de segunda instancia ante la Sección Primera del Consejo de Estado bajo el radicado 2009-0400.
7.2. Intervención del Agente del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.
7.3. Impedimento del Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio
Mediante escrito radicado el 03 de julio de 2018, el Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó su impedimento para conocer y decidir la segunda instancia del proceso de la referencia, con fundamento en el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso, toda vez que como Magistrado de la Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca suscribió, la sentencia de primera instancia, dentro del proceso de la referencia.
La Sala aceptará su impedimento y lo separará del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, ya que de conformidad con el alcance de la misma, ésta se configura por “Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.
CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos de Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 129 numeral 1º del CCA y, en cumplimiento al Acuerdo Nº 357 de 5 de diciembre de 2017 celebrado entre las Secciones Quinta y Primera, ante la Sala Plena del Consejo de Estado, en ese orden, la Sección Quinta de la Corporación es competente para proferir la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia, en tanto ha sido remitido dentro del acuerdo de descongestión por la Sección Primera.
Cuestión previa
Considera la Sala que, antes de abordar el caso concreto, se deberá verificar si el parágrafo 4º del artículo 1º del Decreto 550 del 29 de diciembre de 2010, derogado por el artículo 8º del Decreto 217 del 3 de mayo de 2017, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, surtió efectos jurídicos previo a su derogatoria, en tanto, de conformidad con la posición de la Sala Plena de esta Corporación, respecto del estudio de aquellas normas que al momento de fallar se encuentran derogadas, se impone la inhibición del asunto cuando opera la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en el momento en que el acto demandado no surta tales efectos, mientras que si los produce, se impone proferir un fallo de mérito toda vez que su derogatoria acabaría con la vigencia de la norma empero no desvirtuaría su legalidad.
Al respecto, esta Sección, mediante auto del 15 de mayo de 2018, reiteró lo señalado por la Sala Plena en los siguientes términos:
“… corresponde determinar si a esta instancia del proceso el parágrafo del artículo 14 de la Resolución No. 0828 de 2014, surtió plenos efectos jurídicos, previo a ser derogado por la Resolución No. 1392 de 2016, lo anterior teniendo en cuenta que según la jurisprudencia de la Sala Plena y de la Sección Quinta del Consejo de Estado, cuando el acto demandado no surte efectos opera la carencia de objeto por sustracción de materia y se impone la inhibición del asunto, a saber:
“Concluye la Sala que en este caso operó la sustracción de materia debido a que el acto demandado no surtió efectos jurídicos, lo cual hace que exista carencia actual de objeto para el estudio de su legalidad.
Sobre el particular, es importante tener en cuenta que la Sala Plena de esta corporación adoptó un criterio según el cual <<De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de esta Corporación, si las causas que originaron el ejercicio del medio de control desaparecen, el juez debe declararse inhibido para resolver el asunto ya que no hay objeto que se sujete a una sentencia. Lo anterior, porque la sustracción de materia, admitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo como causal para inhibirse, opera cuando la relación sustancial o material que originó la litis ha variado de sentido, o incluso desaparecido.
Ahora bien, en materia de control de constitucionalidad, la Corte Constitucional reiteradamente también se ha servido de la teoría de la sustracción de materia para determinar su competencia al momento de estudiar demandas de constitucionalidad contra normas derogadas. (…) En conclusión, la Corte Constitucional se ha declarado incompetente para conocer una acción de inconstitucionalidad por sustracción de materia, cuando la norma (1) se encuentra derogada y (2) no produce efectos”.
(…)
… un acto administrativo derogado que produjo efectos jurídicos en el tiempo y en el espacio es susceptible de control por la jurisdicción contencioso administrativa, quien formalmente decidirá si dicho acto revocado fue expedido en su momento observando los elementos de validez: competencia, objeto, forma, causa y finalidad. De esta manera, no podría configurarse la denominada sustracción de materia.
Sentado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si el acto parcialmente acusado produjo efectos jurídicos y a partir de allí, establecer si hay lugar a establecer la carencia actual de objeto por sustracción de materia o si se sigue con el estudio de fondo sobre el asunto, en ese sentido, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente se observa lo siguiente:
Tanto en el líbelo introductorio, como la contestación de la demanda, las partes señalaron que el Decreto 550 de 2010, fijó la tarifa máxima por minuto de servicio de aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía en el Distrito Capital, en atención a lo previsto en el Acuerdo 356 de 2008, el cual estableció unos parámetros especiales para su recaudo (tipo de vehículo, factor de demanda zonal, y nivel de servicio), en orden a un cobro de una tarifa más justa que aquella que se venía aplicando en el régimen anterior, que permitía el cobro de las tarifas por el servicio de parqueadero por cuartos de hora o fracción.
De igual forma, el a quo sostuvo, en el juicio de legalidad del acto, que el Alcalde Mayor de Bogotá, a finales de cada año, expide un decreto mediante el cual regula la tarifa máxima de aparcaderos que será cobrada al año siguiente, en ese orden, dicho decreto sería aplicable a partir de enero de 2011. Asimismo, el artículo 2º del decreto en cita, previó su vigencia a partir del 1º de enero de 2011.
De lo anterior, se establece que el Decreto 550 del 29 de diciembre de 2010, estaría vigente mínimo por un año y que fue derogado de forma expresa por el artículo 8º del Decreto 217 del 3 de mayo de 2017, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá.
En atención a lo anterior, le corresponde a la Sala, estudiar el fondo del asunto toda vez que el acto en comento sí produjo efectos jurídicos, pues estuvo vigente y los aparcaderos de Bogotá D.C. se rigieron por lo allí establecido, y en ese sentido, como se indicó, la derogatoria no desvirtúa su legalidad y por ende, se impone un fallo de mérito.
8.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos del recurso de alzada, se revoca, modifica o confirma la providencia del 30 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “B”, que negó las pretensiones de la demanda, para lo cual se deberá resolver si en la sentencia censurada, conforme a los reparos de la parte actora, el a quo: i) hizo un juicio de igualdad equivocado, ii) desconoció que la acción de nulidad era procedente para proteger los derechos de los usuarios y consumidores, iii) “permitió” que el Acuerdo 356 de 2008 se volviera inaplicable, situación que contraviene además el artículo 6° de la Constitución, iv) no hizo alusión a las pruebas arrimadas al proceso y v) no abordó de manera puntual los motivos que originaron la demanda de nulidad “bajo el andamiaje de disquisiciones y conclusiones constitucionales, legales y jurisprudenciales.
En el evento en que le asista razón al recurrente, se hará el estudio de legalidad frente al parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 550 de 2010 ante lo cual, se deberá determinar si la autoridad distrital desbordó su facultad al reglamentar temas ajenos a los que le otorgó el Acuerdo 356 de 2010, y si con ello, vulneró el derecho de igualdad y el artículo 78 de la Constitución política.
La norma demandada
“DECRETO 550 DE 2010
(Diciembre 29)
"Por el cual se fija la tarifa máxima para los aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. (E)
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el numeral 4º del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, 2º del Decreto Nacional 1855 de 1971, 12 del Decreto Nacional 2876 de 1984, artículo 1º del Acuerdo Distrital 139 de 2004, y el artículo 1º del Acuerdo 356 de 2008, y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 118 del Acuerdo Distrital 79 de 2003, estableció que el servicio de aparcaderos será prestado por personas naturales o jurídicas debidamente inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá, cuyo objeto comercial contemple la prestación de este servicio.
Que el numeral 3 del artículo 118 del Acuerdo Distrital 79 de 2003, modificado por el Acuerdo Distrital 139 de 2004, estableció que las personas naturales o jurídicas que presten el servicio de aparcaderos deben observar, entre otras conductas, la de cobrar únicamente la tarifa fijada por el Gobierno Distrital.
Que el artículo 2º del Decreto Nacional 1855 de 1971, establece que corresponde a los Alcaldes reglamentar el funcionamiento de los garajes o aparcaderos, señalando en qué zonas pueden operar y fijando los precios o tarifas máximas que pueden cobrar por la prestación de sus servicios.
Que conforme a los artículos 11 y 12 del Decreto Nacional 2876 de 1984, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. es competente para sancionar las conductas especulativas, atribución que por virtud del mismo Decreto le fue otorgada a los Alcaldes Locales.
Que el valor del servicio de aparcadero y/o estacionamiento fuera de vía, debe fijarse por minutos de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º del Acuerdo Distrital 356 de 2008.
Que el valor actual del servicio por minuto, fijado en la suma de ochenta y siete pesos ($87.oo), corresponde a la asignación que hiciera el Decreto Distrital 268 de 2009, reglamentario del Acuerdo Distrital 356 de 2008.
Que se hace necesario actualizar las tarifas de aparcaderos con base en el incremento del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1º.- Tarifa Máxima para Aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía. La tarifa máxima por minuto de servicio para el servicio de aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía en el Distrito Capital será la siguiente:
(…)
Parágrafo 4º.- En todos aquellos casos en los que el valor final por minuto resulte inferior al que se cobra en los estacionamientos abiertos al público a la entrada en vigencia del presente Decreto, se mantendrán las tarifas actuales, aplicando, en todo caso, el sistema de cobro por minutos.
(…)
Artículo 2º.- Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir del 1 de Enero de 2011 y deroga el artículo 1º del Decreto Distrital 268 de 2009, artículo 1º del Decreto Distrital 406 de 2009 y artículo 1º del Decreto Distrital 474 de 2009 y demás disposiciones que le sean contrarias”.
Caso concreto
Se demanda la nulidad del parágrafo 4º del artículo 1º del Decreto 550 de 2010, por medio del cual, el Alcalde Mayor de Bogotá estableció que en los casos en los que el valor final por minuto resultara inferior al que se cobra en los estacionamientos abiertos al público a la entrada en vigencia del mismo decreto, se mantendrían las tarifas antiguas (por cuartos de hora o fracción) aplicando, en todo caso, el sistema de cobro por minutos, toda vez que, la parte actora consideró que con dicho parágrafo, la autoridad aludida había desbordado su facultad reglamentaria al establecer una situación jurídica que favorecía a los propietarios de los aparcaderos abiertos al público, antes de la entrada en vigencia del acuerdo en cita, siendo que estaba facultado únicamente para fijar la tarifa máxima.
Que por lo anterior, se vulneró el derecho a la igualdad de aquellos propietarios de aparcaderos que sí tienen que cobrar la tarifa equivalente al valor real; así como los derechos de los consumidores y usuarios del servicio en cuestión, habida cuenta que se les impone el cobro de tarifas que desconocen las condiciones exigidas en el Acuerdo 356 de 2008.
No obstante, también consideró que teniendo en cuenta que la alcaldía no logró demostrar la creación de nuevos aparcaderos debido a la falta de adquisición de predios ante los problemas geográficos, conforme a una respuesta de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, que sería para quienes en realidad aplicaría el decreto que contiene el parágrafo demandado, sostuvo que quedó probado que actualmente, la nueva tarifa no es aplicable a ningún estacionamiento nuevo, pues, solamente existen aquellos creados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 550 de 2010 y que en ese sentido se creó el parágrafo de manera intencional para favorecer a los dueños de parqueaderos antiguos.
Así mismo, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”: erró en lo siguiente:
Hizo un juicio de igualdad equivocado (con base en la conclusión de otra decisión del mismo Tribunal), porque pasó por alto que el parágrafo demandado no se inspiró en los parámetros establecidos en el Acuerdo 356 de 2008 (cargo primero).
Desconoció que la acción de nulidad sí era procedente para la protección de los derechos de usuarios y consumidores de los aparcaderos (cargo segundo)
Al concluir que el Alcalde Mayor de Bogotá “bajo la excusa” de fijar los topes de los parqueaderos podía regular temas ajenos a su competencia limitada, al incluir en el acto el parágrafo acusado, volvió inaplicable el Acuerdo 356 de 2008 y vulneró el artículo 6° de la Constitución (cargo tercero).
No hizo alusión a las pruebas arrimadas al proceso.
No abordó de manera puntual los motivos que originaron la demanda de nulidad “bajo el andamiaje de disquisiciones y conclusiones constitucionales, legales y jurisprudenciales.
Citó de manera parcial una providencia sin contar con criterios de suficiencia, pertinencia, certeza y claridad.
Por su parte, el apoderado judicial del Distrito, se opuso a las pretensiones de la demanda, y señaló estar de acuerdo con la decisión de primera instancia, pues, arguyó que la pretensión del aparte demandado era prevenir eventuales desequilibrios económicos en contra de derechos objetivos y consolidados de los dueños de los aparcaderos establecidos antes de la entrada en vigencia del decreto parcialmente demandado, que así se determinó, a partir de estudios económicos y financieros, razón por la cual, adujo que no se incurría en extralimitación de la potestad reglamentaria y tampoco en vulneración de los derechos invocados por la parte actora, máxime teniendo en cuenta la aplicación del principio de confianza legítima en tratándose de actuaciones de la administración del Distrito Capital, desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU- 360 de 1999.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el parágrafo demandado, no vulneró el derecho de igualdad y tampoco desbordó la facultad reglamentaria, porque tal potestad no descarta la adopción de medidas tendientes a la ejecución del acto, además, lo que se estableció fue un mecanismo de igualación de tarifas para quienes cobraban valores inferiores antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema, asimismo, porque el parámetro general que regula la tarifa máxima, sí es aplicable a todos los aparcaderos en cumplimiento del Acuerdo 356 de 2008.
Ahora, revisada la providencia del 30 de julio de 2012, proferida por el a quo, se encuentra que, acogió las conclusiones a las cuales arribó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, toda vez que allí se adelantó el juicio de legalidad respecto del parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 268 del 2009 (reglamentó el Acuerdo 356 de 2008), el cual, fue reproducido de manera exacta por parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 550 de 2010, ahora demandado, en el que se estableció:
“En todos aquellos casos en los que el valor final por minuto resulte inferior al que se cobra en los estacionamientos abiertos al público a la entrada en vigencia del presente Decreto, se mantendrán las tarifas actuales, aplicando, en todo caso, el sistema de cobro por minutos”.
En la decisión acogida, el tribunal, en el juicio de legalidad, sostuvo que a través del parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 550 de 2010 no se había desbordado la potestad reglamentaria y tampoco el derecho de igualdad, en los siguientes términos:
Frente al cargo de violación del principio de igualdad:
Acogió el siguiente criterio:
“(…) genera una presunción que debe ser interpretada sistemáticamente, con la integralidad de las normas de la cual hace parte, al no establecer distinciones frente al sistema de cobro por el uso de parqueaderos dejando a salvo el sistema de cobro por minutos, que debe aplicarse indistintamente al nivel de servicio o tipo de parqueadero de que se trate, poniendo a todos los propietarios de los estacionamientos en un nivel de igualdad frente al cobro del servicio, el cual sólo depende del nivel de servicio que tenga cada estacionamiento abierto al público según la descripción que el mencionado decreto determinó, bajo el supuesto siempre de cobro por minutos como medida universal de tiempo definida desde el Decreto 019 de 2008, en el cual se cambió el sistema de 1300 pesos (sic) por el equivalente a una tarifa por minuto de 86, 67, concretada por nivel de servicio y demanda por zona en tarifas diferenciables por valor por minuto, en el Decreto 268 de 2009 (…)”. (Negrilla fuera del texto).
Por lo anterior, el a quo, señaló que, aunque se permitió el cobro de la tarifa vigente a finales de 2010, para aquellos casos en los cuales el valor final resultara inferior a la nueva tarifa, el decreto parcialmente acusado previó el parámetro equivalente al valor máximo por minuto, con la aplicación de factores específicos (tipo de vehículo, demanda por zonal nivel deservicio), aplicable a todos los parqueaderos sin excepción alguna.
En ese sentido, consideró que la tarifa cobrada por el parqueadero depende del lleno de los requisitos para así fijar el valor máximo en minutos, que la norma no hace distinciones porque el cobro está basado en el tiempo en que sea utilizado el servicio y su variación obedecerá a las características específicas que tenga cada uno de los prestadores de ese servicio, razones por la cuales, concluyó que el parámetro general que regula la tarifa (tipo de vehículo, la demanda por zona, y el nivel del servicio) es aplicable a todos los parqueaderos de Bogotá en cumplimiento del Acuerdo 356 de 2008, “sin que pueda decirse que existe tratamiento diferente e injustificado por la igualación al parámetro de cobro para quienes aplicaban tarifas distintas en el momento de la actualización del valor”.
Respecto de la Violación del artículo 315 de Constitución y los numerales 1° y 4° del artículo 38 del Decreto 1421 de 1993, por desbordar la potestad reglamentaria
En el criterio acogido por el a quo en relación con este tópico es el siguiente:
“…aquellas tarifas dispuestas en el acto acusado conservan “(...) los topes realmente establecidos por cobrar por los dueños de los aparcaderos, toda vez que la redacción del mencionado parágrafo, no deja duda de lo siguiente (:) a partir de lo dispuesto en el artículo primero del acto acusado que en todo caso debe leerse integrado al Decreto 356 de 2008, reglamentado por el decreto 268 de 2009 así: i) si el valor final por minuto fuera inferior al que se cobra en los estacionamientos abiertos al público la tarifa a cobrar siempre será igual a la fijada por el decreto (sic) 356, es decir, sin sobrepasar la tarifa general, y ii) la referencia para el cobro del parqueadero será en minutos situación que asegura (...) un trato igual para los usuarios de este servicio”.
De lo anterior, al autoridad judicial adujo que igual como ocurrió con el cargo anterior, compartía la decisión del Tribunal en comento, consistente en que la regulación de la tarifa fue acorde con las directrices fijadas en el Acuerdo 356 de 2008; que una vez comparadas las tablas contenidas en éste, con las del Decreto 550 de 2010, se evidenció que este último acogió todos los componentes del primero (tipo de vehículo, demanda zonal y nivel de servicio), para la adopción de la tarifa, del mismo modo, dispuso como parámetro de cobro, el valor por minuto según el lineamiento allí establecido.
Adicionalmente, consideró que el ámbito de la potestad reglamentaria del Alcalde Mayor de Bogotá no suprimía la adopción de medidas tendientes a la ejecución del acto parcialmente demandado, al respecto señaló:
“Al establecer el Acuerdo 356 de 2008 que la competencia del alcalde radica en la fijación de las tarifas tampoco descarta que su decisión pueda contemplar, como en este caso, aspectos propios dirigidos al cumplimiento de las directrices para el cobro del servicio dentro del sistema adoptado por el Concejo, basado en el valor por minutos”
Que en ese sentido, no se demostró que con la norma acusada, la autoridad aludida hubiera desbordado la facultad reglamentaria al establecer un mecanismo de igualación de tarifas para aquellos propietarios que cobraban valores inferiores antes de la entrada en vigencia del decreto en cita, ya que la aplicación basada en minutos está acorde con lo dispuesto en el Acuerdo 356 de 2008.
Lo atinente al cargo de violación del artículo 78 Constitucional
La autoridad judicial, señaló que los actores, no incluyeron elementos de juicio diferentes al cargo relativo a la vulneración del derecho de igualdad, toda vez que se limitaron a indicar la inobservancia de las directrices trazadas por el Acuerdo 356 de 2008.
Reiteró que la norma acusada no transgredió los lineamientos fijados en el Acuerdo 356 de 2008, debido a que, en el decreto parcialmente demandado, para la fijación de la tarifa, tuvo en cuenta las características específicas y el componente estructural de cada parqueadero, así, en el artículo 1° se dispuso que se debía tener en cuenta la clase de vehículo, la zona y el nivel del servicio, asimismo, la clasificación de los parqueaderos según la altura, la ubicación subterránea, el nivel por piso y el tipo de materiales utilizado, de igual forma, también previó el valor máximo por minuto a cobrar, sujeto a los factores específicos mencionados.
Indicó que gran parte del cargo estaba sustentando en apreciaciones relativas al derecho de consumo que a criterio de los demandantes se encontraba regulado en el artículo 78 de la Constitución como herramienta de la economía de mercado.
Sostuvo que al margen de discusión sobre los alcances del derecho del consumidor, consideró que la acción de nulidad no era el escenario para determinar el “supuesto perjuicio individual y colectivo causado a los usuarios del servicio por las inadecuadas condiciones en que un parqueadero ofrezca la custodia del vehículo”.
En ese sentido, señaló que las posibles anomalías en el servicio y en el cobro de las tarifas basadas en el informe de la Contraloría de Bogotá debían resolverse en las instancias de vigilancia y control, por lo que le correspondía a cada usuario tramitar la queja ante las autoridades distritales por el inadecuado servicio y el cobro de la tarifa, presuntamente irregular.
Concluyó que la norma demandada no desconoció el artículo 78 de la Constitución ya que la tarifa se fundamentó en los lineamientos del Acuerdo 356 de 2008, como se observa en su artículo 1º y consideró que la Alcaldía Mayor de Bogotá no tenía que aplicar, en estricto sentido, los factores previstos en el Decreto 268 de 2009 toda vez que éste fue derogado por el Decreto 550 de 2010.
Sentado lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón al recurrente, al señalar que el a quo:
Hizo un juicio de igualdad, equivocado, porque pasó por alto que el parágrafo demandado no se inspiró en los parámetros establecidos en el Acuerdo 356 de 2008, pues precisamente, el a quo dentro de una interpretación sistemática con la integralidad de las normas del cual hace parte el parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 550 de 2010, concluyó que el cobro de la tarifa máxima por minutos para aquellos propietarios de aparcaderos abiertos al público antes de la entrada en vigencia del decreto parcialmente demandado sí debían atender los parámetros fijados en el Acuerdo 356 de 2008, tales como: tipo de vehículo, la demanda por zona y el nivel del servicio prestado, pues, señaló que la tarifa cobrada por el parqueadero depende del lleno de los requisitos para así fijar el valor máximo en minutos y la norma no hace distinciones porque el cobro está basado en el tiempo en que sea utilizado el servicio y su variación obedecerá a las características específicas que tenga cada uno de los prestadores de ese servicio, esto, además del estudio que hizo de forma integral, al decreto parcialmente demandando, también acogiendo las conclusiones del fallador en el juicio de legalidad adelantado al parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 268 de 2009.
Acogió dicho criterio, al encontrar identidad entre los textos normativos, toda vez que el parágrafo 4º del artículo 1º del Decreto 550 de 2010, reprodujo de manera exacta el parágrafo 4º del artículo 1º del 268 de 2009, en los cuales se previó:
“En todos aquellos casos en los que el valor final por minuto resulte inferior al que se cobre en los estacionamientos abiertos al público a la entrada en vigencia del presente Decreto, se mantendrán las tarifas actuales, aplicando en todo caso, el sistema de cobro por minutos”.
En ese sentido, no se encuentra que el a quo haya hecho un juicio de legalidad equivocado, pues, su decisión se fundamentó en sus propios criterios y los expuestos por otra subsección que conforma el mismo tribunal, lo cual no le está prohibido, toda vez que el Juez para fallar, puede acudir a criterios auxiliares, en el caso concreto, la jurisprudencia que fue adoptada por el mismo Tribunal.
Desconoció que la acción de nulidad era procedente para la protección de los derechos de usuarios y consumidores de los aparcaderos, al respecto, revisada la providencia cuestionada, se observa que el Tribunal señaló que la acción de nulidad no era el escenario para determinar el “supuesto perjuicio individual y colectivo causado a los usuarios del servicio por las inadecuadas condiciones en que un parqueadero ofrezca la custodia del vehículo”, lo que no significa que hubiere desconocido los alcances de la acción de nulidad, pues incluso analizó el fondo del asunto y en ningún momento afirmó su improcedencia, por lo que no se asiste razón al apelante
Al concluir que el Alcalde Mayor de Bogotá “bajo la excusa” de fijar los topes de los parqueaderos podía regular temas ajenos a su competencia limitada, el parágrafo, volvió inaplicable el Acuerdo 356 de 2008 y vulneró el artículo 6° de la Constitución, en este punto, considera la Sala, que la apelante, de manera equivocada arriba a esta conclusión, ya que de las consideraciones del Tribunal no se observa esa consecuencia, recuérdese que el cargo encaminado a demostrar el supuesto exceso de la potestad reglamentaria no prosperó, porque a partir del criterio acogido por el fallador de primera instancia, en el proceso de nulidad ya mencionado, bajo una interpretación sistemática de las normas, se concluyó que la regulación de la tarifa fue acorde con las directrices fijadas en el Acuerdo 356 de 2008 y que comparadas las tablas contenidas tanto en el acuerdo como en el decreto parcialmente demandado, se evidenció, que este último acogió todos los componentes del primero.
No hizo alusión a las pruebas arrimadas al proceso; al respecto, es menester precisar que el apelante no señaló a qué pruebas se refiere y en qué forma esas probanzas alteran la decisión a la que llegó el a quo, razón por la cual, el presente cargo no tiene la suficiente entidad para ser estudiado en el caso concreto.
v) No abordó de manera puntual los motivos que originaron la demanda de nulidad “bajo el andamiaje de disquisiciones y conclusiones constitucionales, legales y jurisprudenciales”: en este punto, se reitera que el Tribunal acogió los criterios del previamente acogidos por ese mismo operador judicial, dentro de un proceso de nulidad en el que se demandó el parágrafo 1° artículo 4° del Decreto 268 de 2009 en lo atinente al cargo de la presunta vulneración del principio de igualdad (cargo primero) y del artículo 315 Constitucional entre otros (cargo tercero), de allí que no se suscita la necesidad de indicar una a una las providencias que el demandante hubiera relacionado en su escrito, en todo caso, sí estableció cuáles fueron los reproches aducidos por la parte demandante contra la norma acusada, ahora, en relación con la vulnerabilidad del artículo 78 de la Constitución, indicó que gran parte del cargo estaba sustentando en apreciaciones relativas al derecho de consumo que a criterio de los demandantes se encontraba regulado en el artículo 78 de la Constitución como herramienta de la economía de mercado y que al margen de discusión sobre los alcances del derecho del consumidor, consideró que la acción de nulidad no era el escenario para determinar el “supuesto perjuicio individual y colectivo causado a los usuarios del servicio por las inadecuadas condiciones en que un parqueadero ofrezca la custodia del vehículo”, ello evidencia que sí tuvo en cuenta los argumentos de la parte demandante al momento de fallar como ya se explicó.
vi) Citó de manera parcial una providencia sin contar con criterios de suficiencia, pertinencia, certeza y claridad, ante este argumento, se reitera que el fallador de primera instancia acogió las conclusiones del proceso de nulidad mediante el cual se demandó el parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 268 de 2009, ante lo cual, señaló que habida cuenta que el parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 550 de 2010, era idéntico con aquél, el aspecto relacionado con la aplicación de la tarifa en las mimas condiciones ya había sido objeto de estudio y en ese sentido, acogió las conclusiones en la forma arriba señalada, de lo que se desprende que no le asiste razón a la parte recurrente toda vez que los criterios que echa de menos sí se encuentran en la providencia cuestionada, pues, como ya se señaló, el fallador puede acudir a criterios auxiliares para sustentar sus decisiones.
De conformidad con lo anterior, se confirmará la sentencia del 30 de agosto de 2012 proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en la que se denegó las pretensiones de la demanda, pues, no se encontró los reproches referidos en el recurso de alzada por parte del a quo al momento de estudiar la legalidad del parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto 550 de 2010.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folios 1 a 31 del cuaderno 1.
“Por medio del cual se adoptan medidas para el cobro de estacionamiento de vehículos fuera de vía y se dictan otras disposiciones”. Reglamentado por el Decreto Distrital 268 de 2009. Modificado por el artículo 76 del Acuerdo Distrital 645 de 2016. Acuerdo 139 del 30 de diciembre de 2004, “por el cual se modifica el numeral 3 del Artículo 118 del Acuerdo 79 de 2003". Acto que derogó el Decreto 268 de 2009.
“Por el cual se crea el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”.
“Por el cual se dictan disposiciones sobre control de precios”.
“Sobre control de precios”.
“Por el cual se modifica el numeral 3 del Artículo 118 del Acuerdo 79 de 2003”. Citó la Sentencia C-393 de 1996 de la Corte Constitucional. M.P Carlos Gaviria Díaz. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. M.P Doctora Clara Inés Vargas Hernández. Citó también, las sentencias C-221 de 1992, C-430 de 1993, T-230 de 1994, C-445 de 1995, C-022 de 1996, C-393 de 1996, T-352 de 1997, C-563 de 1997, C-112 de 2000 y C-093 de 2001 y T-577 de 2005, de la Corte Constitucional.
“Por medio del cual se adoptan medidas para el cobro de estacionamiento de vehículos fuera de vía y se dictan otras disposiciones. Expedido por el Concejo de Bogotá D.C.”.
“Por el cual se reglamenta el Acuerdo 356 de diciembre 29 de 2008, que adoptó medidas para el cobro del estacionamiento de vehículos fuera de vía". Expedido por el Alcalde mayor de Bogotá D.C.”. Del Consejo de Estado: del 26 de enero de 2006, radicado AP-54001-23-31-000- 2002-01944-01, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Del 13 de mayo de 2004, radicado AP- 0020, M.P. María Elena Giraldo Gómez. Del 10 de febrero de 2005, Radicado AP-00254 C.P. María Elena Giraldo Gómez. Del 24 de febrero de 2.005, Actor: Alberto Poveda Perdomo, Demandada: Empresas Públicas de Neiva y Otros, Radicado AP-01470, M. P. Ramiro Saavedra Becerra. Auto de 17 de febrero de 2005, expediente número: 27673, radicado 00277 01, Actor: Rodrigo Villamil Virgüez, Demandado: Nación - Ministerio de Comunicaciones y Otros, M.P. Alier E. Hernández Enríquez. De la Corte Constitucional, sentencias C-066 de 1997, C-209 de 1997 y C-037 de 2003 y, Auto S-701 de 23 de septiembre de 1997. Entre otras.
“Por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”. Sección Segunda, Sentencia de 21 de agosto de 2008. C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente (0295-04) y, de la Sección Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010 C.P Enrique Gil Botero. Expediente (36054) B, entre otras. Sentencia C-1005 de 2008 M.P Humberto Sierra Porto, entre otras. Folios 47 del cuaderno 1. Folio 111 a 113 del cuaderno 1. Únicamente, indicó que el proceso cursaba en el despacho de la doctora Claudia Elizabeth Lozzi Moreno y que versaba sobre el mismo objeto. Folios 146 a 148 del cuaderno 1. Revisada la página del Consejo de Estado, se encontró que el asunto fue resuelto en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, bajo el radicado No. 25000-23-24-000-2009-00400-01. En la providencia se confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, (en la providencia no se indicó la subsección) toda vez que desestimó el recurso de alzada, al considerar que no se adujeron motivos para desvirtuar los fundamentos de la sentencia apelada. Folios 350 a 354 del cuaderno 1. Folios 338 a 356 del cuaderno 1. Numeral 4º del artículo 38 de la Ley 1421 de 1993, artículos 2º del Decreto 1855 de 1971, 12 del Decreto 2879 de 1984, 1º del Acuerdo 139 de 2004 y 2º del Acuerdo 356 de 2008. Folios 356 a 368 del cuaderno 1. No indicó el radicado ni las partes del proceso. Estatuto Orgánico de Bogotá. Folios 370 a 382 del cuaderno 1.
Revisado el expediente, lo que dijo el Tribunal al respecto fue: “al margen de discusión jurisprudencial y doctrinaria sobre los alcances del concepto de consumidor surgida por la definición contenida en el estatuto del ramo vigente en la época de los hechos, la Sala estima que la acción de nulidad no es el escenario donde pueda determinarse el supuesto perjuicio individual y colectivo causado a los usuarios del servicio por las inadecuadas condiciones en que un parqueadero ofrezca la custodia del vehículo. La existencia de posibles anomalías en el servicio y en el cobro de las tarifas, basada por los demandantes en el informe de la Contraloría de Bogotá allegado al expediente, debe resolverse en las instancias de vigilancia y control de su prestación…”
Dentro del capítulo denominado segundo cargo por la presunta vulneración del artículo 78 Constitucional a folio 376 del cuaderno 1 del expediente. Dentro del cargo tercero por la presunta vulneración de los artículos 315 de la Constitución Política y, los numerales 1º y 4º del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993. Los recurrentes no precisaron aspectos puntuales de la respuesta ni el oficio que dio origen a ella. Folio 384 del cuaderno 1. Folio 5 del cuaderno 2. Folio 8 del cuaderno 2. Como se señaló previamente, ya fue fallado en segunda instancia. Folio 9 a 14 del cuaderno 2. Artículo 8º.- Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir del día siguiente al de su publicación y deroga el Decreto Distrital 268 de 2009, el Decreto Distrital 406 de 2009, el Decreto Distrital 474 de 2009 y el Decreto Distrital 550 de 2010, y todas las disposiciones que le sean contrarias.
“Por medio del cual se define y actualiza la metodología para establecer las tarifas para el estacionamiento fuera de vía, se fija la tarifa máxima para los aparcaderos y/o estacionamientos en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de julio 19 de 2016, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente No. 11001-03-25-000-2015-01042-00
Reiteración Jurisprudencial, Consejo de Estado, Sección Quinta: Rad. 11001-03-24-000-2015-00423-00 (acumulado con 2003-00503-01.). M.P.: Rocío Araújo Oñate Actor: Miguel De La Vega Guzmán. Demandado: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de julio 19 de 2016, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente No. 11001-03-25-000-2015-01042-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre 2017, CP. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 66001-23-33-000-2015-00483-01, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación 81001-23-33-000-2012-00039-04. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación 81001-23-33-000-2012-00039-04. Reglamentado por el Decreto 268 de 2009. Acuerdo 139 del 30 de diciembre de 2004, “por el cual se modifica el numeral 3 del Artículo 118 del Acuerdo 79 de 2003". Artículo 2º.- Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir del 1 de enero de 2011 y deroga el artículo 1º del Decreto Distrital 268 de 2009, artículo 1º del Decreto Distrital 406 de 2009 y artículo 1º del Decreto Distrital 474 de 2009 y demás disposiciones que le sean contrarias. Los recurrentes no precisaron aspectos puntuales de la respuesta ni el oficio que dio origen a ella.
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