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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00150-01

Porcentaje ambiental del impuesto predial: se fija anualmente por el concejo

Fecha
9 de julio de 2021
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00150-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: Artículo 1º. Denegar las pretensiones invocadas por el recurrente y confirmar la Resolución SDH-000323 del 13 de agosto de 2010, en todas sus partes, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta Resolución. (…) BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ Secretaria Distrital de Hacienda […]”. V.2.- Problema jurídico De conformidad con lo esgrimido en el recurso de apelación que convoca a la Sala, corresponde establecer si los actos acusados están viciados de nulidad por haber sido expedidos, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 29 de la Constitución Política; 29 del Decreto 537 de 2009; 44 de la Ley 99; 3º del Decreto 1339 de 1994; y 73 del CCA. V.3.- Análisis del caso concreto V.3.1.- Marco legal y jurisprudencial del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. De la falsa motivación y del daño antijurídico alegados en la demanda La Sala observa que el aspecto central, en el asunto bajo examen, gira en torno a la denominada transferencia del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble en favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, a cargo de los municipios y distritos del territorio nacional, lo que, a juicio de la actora, configuró el vicio de falsa motivación de los actos demandados, así como aquello que denomina un daño antijurídico. Al respecto, el artículo 317 de la Constitución Política la estableció así: “[…] TÍTULO XI De la organización territorial (…) CAPÍTULO 3 Del régimen municipal (…) Artículo 317. Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades pongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto). Por su parte la Ley 99, en su artículo 44, y en desarrollo de este expreso mandato constitucional, señaló: “[…] TÍTULO VII. DE LAS RENTAS DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (…) […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00150-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

9 de julio de 2021

PORCENTAJE AMBIENTAL DEL IMPUESTO PREDIAL – Se fija anualmente por el concejo / PORCENTAJE AMBIENTAL DEL IMPUESTO PREDIAL – Modalidades / PORCENTAJE AMBIENTAL DEL IMPUESTO PREDIAL – Cálculo / PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE EN FAVOR DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES – Transferencia / PORCENTAJE AMBIENTAL DEL IMPUESTO PREDIAL – Liquidación errónea por la Secretaría de Hacienda Distrital / FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL – Para restablecer el statu quo presupuestal / ACTO QUE DECLARA UN CRÉDITO A FAVOR DEL DISRITO CAPITAL – Por mayores valores girados a la CAR

[L]a Sala encuentra suficientemente reiterado que el porcentaje ambiental del total de recaudo del impuesto predial, para la época de los hechos, se calculó a la tarifa del 15% prevista en el Acuerdo Distrital núm. 14 de 1996, expedido por el concejo distrital de Bogotá, sobre el total recaudado por concepto de ese tributo, debiéndose entender que tal recaudo no incluía los intereses de mora ni las sanciones por cuanto estos rubros no corresponden al concepto de ingresos tributarios, conforme lo determinó la Jurisprudencia de la Sección Cuarta de esta Corporación, en consonancia con lo sostenido por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO en su Concepto núm. 016 de 3 de noviembre de 2003, así como la propia SDH en Concepto núm. 2009IE33476 de 19 de octubre de 2009 -que, como se anotó, superó el estudio de legalidad efectuado por dicha Sección en el marco de la acción de nulidad-. […] [L]a Sala observa que en los actos acusados la SDH resolvió determinar un crédito a favor del Distrito Capital de Bogotá, que asciende a la suma de $58.356.480.240, por concepto de mayores valores girados a la CAR, durante las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, en tanto se percató que en esos años había estado liquidando erróneamente el referido porcentaje ambiental, esto es teniendo como base el total del valor del recaudo del impuesto predial, sumado los intereses moratorios, sanciones y otros conceptos, y no simplemente el valor del recaudo de ese tributo tal como correspondía. […] [L]a Sala encuentra que la SDH no solo estaba facultada sino que también estaba obligada, por mandato constitucional y legal, a procurar el restablecimiento de su statu quo presupuestal, mediante la declaratoria del referido crédito a su favor, luego de verificar, como en efecto ha quedado demostrado, que liquidó y transfirió recursos en exceso a la CAR que debían permanecer excluidos del porcentaje ambiental, durante las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, por la suma de $58.356.480.240. Por ello, después de advertir el error, no hizo otra cosa que actuar conforme a las normas presupuestales que regulan este funcionamiento de la SDH que le imponían la recuperación de tales recursos, los que nunca debieron abandonar las arcas del Distrito Capital de Bogotá y que, como tampoco pertenecen a la CAR, constituyen un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de esta última. Consta asimismo que a través de comunicación núm. 2010EE171771 de 19 de mayo de 2010 y habiendo arribado a tales conclusiones, la SDH ofició a la CAR con el fin de presentarle la mencionada reliquidación de su porcentaje ambiental en el impuesto predial, para las vigencias 2005 a 2009, […] Sin embargo, de conformidad con el acervo probatorio que reposa en el expediente, la CAR omitió pronunciamiento alguno en torno a dicha propuesta que no se materializó y, por lo mismo, se mantuvo la irregularidad advertida por la Secretaría. Ante estas circunstancias la SDH resolvió declarar la acusada existencia del crédito referido a favor del Distrito Capital, a través de las resoluciones demandadas y le solicitó a la Corporación reintegrar o devolver los citados recursos, en el marco de sus legítimas facultades constitucionales y legales como la responsable de la hacienda distrital.

PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE – Marco legal y jurisprudencial

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 317 / LEY 99 DE 1993 – ARTÍCULO 44 / LEY 99 DE 1993 – ARTÍCULO 46 / DECRETO 1339 DE 1994 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1339 DE 1994 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1339 DE 1994 – ARTÍCULO 3 / ACUERDO DISTRITAL 14 DE 1996 / DECRETO LEY 1421 DE 1993 – ARTÍCULO 161 / DECRETO 714 DE 1996 – ARTÍCULO 59 / DECRETO 390 DE 2008 – ARTÍCULO 2 / ACUERDO DISTRITAL 257 DE 2006 – ARTÍCULO 62 / DECRETO DISTRITAL 545 DE 2006 – ARTÍCULO 4 / LEY 489 DE 1998 – ARTÍCULO 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., nueve de (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-24-000-2011-00150-01

Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Demandado: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - SHD

Recurso de apelación contra la sentencia de 3 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y, EN SU LUGAR, SE DENIEGAN LAS SÚPLICAS DE LA DEMANDA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. MARCO JURÍDICO QUE REGULA EL PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE. NO DEBEN INCLUIRSE, EN LA BASE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PORCENTAJE AMBIENTAL A FAVOR DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, LAS SANCIONES Y LOS INTERESES DE MORA RECAUDADOS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL, COMO QUIERA QUE SE TRATA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS. PARA LA TRANSFERENCIA DE ESTOS RECURSOS NO SE REQUIERE LA EXPEDICIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO ALGUNO, EN TANTO QUE SE TRATA DEL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS ENCARGADAS DE SU RECAUDO, LIQUIDACIÓN Y GIRO RESPECTIVOS. EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO NO SUPONE LA REVOCATORIA DIRECTA DE NINGÚN ACTO ADMINISTRATIVO, SINO QUE SE LIMITA A ESTABLECER LOS MONTOS PAGADOS EN EXCESO QUE CARECEN DE SOPORTE LEGAL. LA CONFIANZA LEGÍTIMA ES UN PRINCIPIO EN CABEZA DE LOS CIUDADANOS PARA PROTEGERLOS DE LOS ABUSOS, CAMBIOS BRUSCOS Y SORPRESIVOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 3 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, en adelante CAR, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, a través de la cual formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare la nulidad de la Resolución 323 de 13 de agosto de 2010, por medio de la cual la Secretaría Distrital de Hacienda determinó la existencia de un crédito a favor del distrito capital y le ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR el reintegro o devolución de la suma de cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y seis millones, cuatrocientos ochenta mil, doscientos cuarenta pesos ($58.356.480.240), por considerar que esta suma corresponde a los mayores valores girados por concepto del impuesto predial de las vigencias 2005 a 2009 (imputables a intereses y sanciones).

2. Se declare la nulidad de la Resolución 438 del 29 de octubre de 2010 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, por medio del cual se confirmó el contenido de la resolución 323 de 2010 expedida por la entidad.

3. Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se declare que no existe un crédito a favor de Bogotá-Distrito Capital-Secretaría Distrital de Hacienda por valor de cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y seis millones, cuatrocientos ochenta mil, doscientos cuarenta pesos ($58.356.480.240).

4. Que, como complemento de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se declare que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, no está obligada a reintegrar o devolver el valor de $58.356.480.240 […]”.

I.2.- Como hechos relevantes para las resultas del proceso, la parte actora manifestó, en síntesis, que el artículo 44 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, en desarrollo de lo previsto por el artículo 317 de la Constitución Política de 1991, reguló el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, el que fuese reglamentado por el artículo 3º del Decreto 1339 de 27 de junio de 1994.

Señaló que, a través de Comunicación núm. 20101107308 de 20 de mayo de 2010, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, en adelante SDH, le informó a la CAR que el Distrito Capital había ordenado, a partir de la fecha, la entrega de los dineros correspondientes al porcentaje ambiental sobre el recaudo del impuesto predial, pero sin incluir recaudos por concepto de intereses y sanciones.

Indicó que, al conocer la decisión, la CAR solicitó concepto a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, que estimó que el giro debía hacerse cada trimestre sobre el total de los recaudos por impuesto predial, pues las normas constitucionales y legales, que regulan la materia, no hacen distinción sobre el particular.

Anotó que el 16 de julio de 2010, la CAR solicitó a la SDH, en ejercicio del derecho de petición, que informara varios aspectos, los cuales fueron respondidos de manera evasiva el día 18 de agosto de 2010; y que mediante comunicaciones núms. 20102111862 y 20102111865, la Subdirección de Recursos Económicos y Apoyo Logístico de la CAR, solicitó al Secretario Distrital de Hacienda que informara los valores que iban a ser transferidos a esa autoridad ambiental por concepto de porcentaje ambiental, como quiera que se había negado a suministrar lo indicado.

Comentó que la SDH expidió la Resolución núm. SDH-000323 de 13 de agosto de 2010, “[…] Por la cual se determina un crédito a favor de Bogotá Distrito Capital […]”, notificada el 24 de agosto, con la que estableció la existencia de un crédito a favor del Distrito Capital de Bogotá y le ordenó a la CAR el reintegro o devolución de $58.356.480.240, correspondiente a los mayores valores girados -intereses moratorios y sanciones de impuesto predial vigencias -, por concepto del referido porcentaje ambiental.

Acotó que contra la citada decisión, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto a través de la Resolución núm. SDH-000438 de 29 de octubre de 2010 “[…] Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución SDH-000323 del 13 de agosto de 2010 […]”, confirmándola en su integridad e incluyendo un nuevo argumento basado en un concepto de la Dirección General de Apoyo Fiscal del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, cuya fecha, fuente de origen y poder vinculante se desconocen.

Por último, adujo que en la acción de cumplimiento resuelta a través de la sentencia de 25 de enero de 1999, la Sección Tercera ordenó al Distrito Capital de Bogotá realizar las transferencias en el porcentaje ambiental equivalente al 7.5% del total recaudado por concepto de impuesto predial durante la vigencia 1998, en beneficio de su propietario, la CAR, -como quiera que esa transferencia había sido omitida por la SDH-, y, como consecuencia de lo anterior, también le ordenó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios del 6% anual liquidados sobre el monto de los porcentajes ambientales causados trimestralmente durante la vigencia de 1998 y desde la fecha de exigibilidad de cada uno de ellos, tal cual lo dispone el artículo 3°, inciso 2°, en concordancia con el artículo 5º, del Decreto 1339 de 1994.

I.3.- Como normas violadas, la parte actora señaló los artículos 29 de la Constitución Política; 29 del Decreto 537 de 11 de diciembre de 2009; 44 de la Ley 99; 3º del Decreto 1339 de 1994; y 73 del CCA.

Para sustentar el concepto de violación de las mismas, arguyó, en síntesis, que hubo falsa motivación, violación del principio de confianza legítima-seguridad jurídica, un daño antijurídico y la existencia de una vía de hecho en su expedición; y que el cruce de cuentas, al cual acudió la SDH para la devolución de los eventuales pagos en exceso, no es procedente toda vez que la CAR no tiene ninguna deuda con esa entidad y la transferencia de los recursos constituye una situación consolidada que no puede ser revocada sin el consentimiento de su titular.

Explicó, además, que el procedimiento de cruce de cuentas, según el artículo 29 del Decreto 537 de 2009, debe ser adelantado por el Director de presupuesto de la SDH; es potestativo de las partes deudoras; requiere acuerdo acerca de las condiciones y contempla el descuento de las transferencias, sin que sea viable el cobro coactivo iniciado por la entidad.

Señaló que el pago del porcentaje por concepto del impuesto predial, para efectos de la transferencia ambiental, comprende no solamente lo recaudado por el gravamen sino también lo que corresponde a sanciones e intereses originados en este tributo, por lo cual la motivación del acto demandado no tiene sustento constitucional ni legal, configurando así su falsa motivación y generando un daño antijurídico. Sumado a ello el Distrito Capital de Bogotá realizó toda suerte de interpretaciones sobre el sentido y alcance del artículo 44 de la Ley 99, pese a que el legislador no hizo distinción sobre el concepto de recaudo y a que la interpretación auténtica de las normas superiores no es competencia de la SDH sino de la Corte Constitucional.

Consideró que fue violado el principio de confianza legítima-seguridad jurídica, porque el constituyente y el legislador establecieron expectativas favorables para las Corporaciones Autónomas Regionales, al prever que las transferencias hacen parte de sus rentas que fueron desconocidas por la Administración al excluir de dicho componente los intereses, multas y sanciones vinculadas al recaudo del impuesto.

Subrayó que la SDH incurrió en una vía de hecho, porque al expedir el segundo acto acusado incluyó un hecho nuevo no discutido al expedir la Resolución núm. SDH-000323 de 13 de agosto de 2010, consistente en la citación de un concepto de la Dirección de Apoyo Fiscal del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, lo cual va en contra de sus actos propios y del comportamiento asumido en los últimos once años en la transferencia de los recursos.

Luego de señalar que hubo daño antijurídico porque la CAR fue puesta en situación de desigualdad y tuvo que soportar una carga negativa, estimó violado el artículo 73 del CCA porque la SDH revocó tácitamente, sin consentimiento del titular, la situación consolidada que la Constitución y la Ley 99 establecieron en favor de las Corporaciones Autónomas Regionales para la transferencia sobre el total del recaudo.

I.4.- La SDH presentó escrito de contestación el 13 de junio de 2011, a través del cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando, en síntesis, lo siguiente:

Descartó la falsa motivación de los actos acusados y sostuvo que ni la Constitución, ni la ley ni el reglamento establecen que el porcentaje del total de recaudo del impuesto predial incluya intereses y sanciones; y que la interpretación de las normas constitucionales y legales que regulan la transferencia a las corporaciones autónomas, según los métodos sistemático, literal, histórico y finalista, permite concluir que los intereses y sanciones no forman parte del recaudo tributario.

Resaltó que dichos intereses y sanciones, que la CAR reclama como parte de las transferencias, son ingresos no tributarios provenientes de la conducta omisiva del contribuyente y, en consecuencia, no pueden hacer parte del valor del inmueble gravado. Precisó que la finalidad del artículo 44 de la Ley 99 exige que el porcentaje a transferir dependa de un parámetro objetivo como el recaudo total del impuesto, sin tener en cuenta la incertidumbre surgida de las omisiones del contribuyente y las actuaciones sancionatorias. Advirtió que el artículo tercero de la citada norma hace referencia al porcentaje del total del gravamen, pero no incluye un inciso que contemple la mora en el pago del impuesto, como ocurre con la sobretasa ambiental, lo que hace que este factor no pueda aplicarse al recaudo del mismo.

Indicó que la diferencia entre ingresos tributarios y no tributarios está prevista en las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto y enfatizó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado coincide en que las multas, sanciones e intereses son ingresos no tributarios. Subrayó que el concepto de la Contraloría General de la República, en el que fue apoyada la posición de la CAR no tiene fuerza vinculante, al tiempo que agregó que la sentencia del Consejo de Estado, citada como parte de la argumentación, está referida a una situación diferente de la transferencia oportuna del porcentaje ambiental.

Consideró que no hubo desconocimiento del principio de confianza legítima por cuanto la expectativa que tiene la CAR adolece de legitimidad, razón por la cual no puede ser objeto de protección judicial; y que la existencia de la confianza legítima no implica la petrificación de las situaciones ni el surgimiento de un derecho estático, pues son posibles las modificaciones en la actuación de la administración por razones de interés general, siempre que no se trate de cambios súbitos.

Subrayó que el Distrito Capital de Bogotá actuó de buena fe en el giro de las transferencias e identificó un error en la metodología que aplicaba y su deber era corregirlo para ajustar el cálculo del porcentaje a las normas vigentes sobre el total del recaudo del impuesto.

Estimó que no hubo hechos nuevos en el segundo acto acusado porque la distinción entre ingresos tributarios y no tributarios fue aducida en la Resolución núm. SDH-000323 de 13 de agosto de 2010; que no existió daño antijurídico que afecte las rentas de la CAR; y que el cruce de cuentas y el proceso ejecutivo son procedentes para recuperar las sumas giradas indebidamente.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Con sentencia de 3 de noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, declaró la nulidad de los actos acusados expedidos por la SDH y, a título de restablecimiento del derecho, determinó que la orden de reintegro o devolución establecida en estos no podía exigírsele a la CAR, bajo los siguientes argumentos:

Señaló que de conformidad con el artículo 73 del CCA, al ordenarse la devolución de los referidos recursos, implicó dejar sin efectos parte del giro que en aquellas oportunidades, en cumplimiento del deber legal, hizo la SDH a la CAR como parte de la transferencia ambiental; y que en los actos acusados, lo que cuestionó la SDHfue la validez de las decisiones que ordenaron las transferencias, lo cual significa que parte de las mismas quedaron sin efectos, en cuanto a los mayores valores girados, afectando así el derecho de la CAR a percibir tales recursos.

Consideró que desde este punto de vista, lo que operó fue una revocatoria directa de los actos que sustentaron las transferencias correspondientes a las vigencias fiscales de los años 2005 a 2009, que por mandato legal ya formaban parte del patrimonio económico de la autoridad ambiental; y que la circunstancia de haberlas dejado parcialmente sin efectos, sin el consentimiento expreso y escrito de la CAR como titular de la situación jurídica surgida de la transferencia prevista en la Ley 99, significó el incumplimiento del mandato establecido en el artículo 73 del CCA.

Anotó que la ausencia de consentimiento es evidente, al punto que en el expediente aparece probado que la CAR no autorizó el cruce de cuentas dispuesto por la SDH, ni acogió el acuerdo de pagos propuesto en aplicación de este mecanismo; y que aunque la primera resolución acusada no haya señalado en forma expresa los actos respecto de los cuales operaba la pretendida devolución, como lo expuso la entidad demandada en la contestación, es claro que la decisión dejó tácitamente sin efectos aquellos que respaldan el giro de las transferencias hechas durante las vigencias de los años 2005 a 2009.

Por lo tanto, indicó que ante la inexistencia de consentimiento previo, expreso y escrito de la CAR, a la SDH le correspondía acudir ante la jurisdicción a demandar sus propios actos, si consideraba que parte de las transferencias fueron hechas indebidamente.

Aclaró que la situación descrita sobre la revocatoria parcial de los actos que sustentaron las transferencias, está directamente ligada al cargo relacionado con el debido proceso, cuya violación expuso la parte actora en la medida en que involucra las acciones ordenadas para el reintegro del crédito declarado a su favor por la SDH.

Observó que, efectivamente, la SDH acogió el cruce de cuentas establecido en el artículo 29 del Decreto 537 de 2009 como mecanismo para la devolución de los mayores valores pagados por las transferencias, según indicó en la parte considerativa del primer acto acusado; y que luego la entidad envió a la CAR el oficio núm. 2010EE171771 de 19 de mayo de 2010, mediante el cual solicitó hacer uso de dicha figura y propuso la suscripción de un acuerdo de pagos entre las partes.

Evidenció que en esta comunicación, el Secretario de Hacienda precisó que en caso de ser aceptada la propuesta, la fecha límite para celebrar el acuerdo de pagos, en ejecución del cruce de cuentas, estaba prevista para el 15 de julio de 2010; y que revisada la actuación y la norma que regula dicho mecanismo, se advierte que el cruce de cuentas dispuesto por la SDH para el cobro de los mayores valores que aspiraba a recuperar, no era procedente por cuanto no estaban reunidos los requisitos para su adopción.

Sostuvo que como los valores correspondientes a los intereses y sanciones del recaudo del impuesto predial estaban en discusión entre las partes, como parte del monto de la transferencia ambiental, la deuda alegada por el Distrito Capital, y declarada como crédito a su favor, realmente no existía; que el cruce de cuentas no podía ser puesto en marcha porque el Decreto núm. 537 de 2009, en su artículo 29, al regular dicho mecanismo de saneamiento financiero, señaló que su aplicación opera sobre las deudas que recíprocamente tengan las entidades distritales; y que, además, la norma dispuso que el cruce de cuentas, ya sea a través del descuento de las transferencias giradas por cualquier concepto o sobre obligaciones recíprocas de las entidades, requiere la existencia de acuerdo previo y escrito acerca de las condiciones y términos del cruce de cuentas.

Sostuvo que hubo un evidente incumplimiento del requisito exigido por el Decreto núm. 537 de 2009, según quedó expuesto, consistente en el acuerdo previo y por escrito que debía existir entre las partes acerca de las condiciones y los términos del cruce de cuentas; y que como ese mecanismo no era aplicable, porque la obligación estaba en discusión y tampoco había acuerdo entre las partes, insistió en que la Administración debió acudir ante la jurisdicción a demandar los actos que ordenaron los mayores valores que estimó haber girado indebidamente a la autoridad ambiental.

En tales condiciones, el a quo concluyó que el debido proceso establecido para el cruce de cuentas, a partir del artículo 29 de la Constitución Política y del artículo 29 del Decreto núm. 537 de 2009, no fue observado en la actuación seguida contra la CAR, por lo que declaró la nulidad de los actos acusados.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

A través de escrito de 30 de noviembre de 2011, la demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 3 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en el que, luego de reiterar los argumentos de su contestación, aseveró que la SDH no requería del consentimiento de la CAR para establecer que tiene una obligación de devolver los mayores montos girados, en primer lugar porque no operó una revocatoria directa en tanto que el giro erróneo de un exceso de recursos públicos asignados al Distrito Capital no generó, a su favor, una situación jurídica de carácter particular y concreto; y, en segundo lugar, porque los actos acusados tampoco se expidieron en aplicación del cruce de cuentas previsto en el artículo 29 del Decreto 537 de 2009 sino en ejercicio de la jurisdicción de cobro coactivo prevista en la Ley 1066 de 29 de julio de 2006.

En lo concerniente al primer aspecto, explicó que la CAR no es titular de una situación jurídica consolidada que haya sido generada por los giros en exceso efectuados por el Distrito Capital de Bogotá, premisa de la sentencia apelada que resulta errada por dos razones:

(i) Las situaciones previstas en el artículo 73 del CCA sólo protegen al particular en su relación con la Administración, no a una entidad pública frente a otra, y (ii) en cualquier caso, los giros en exceso hechos entre 2005 y 2009 no estuvieron plasmados en actos administrativos del Distrito Capital de Bogotá, sino que la Tesorería Distrital se limitó a depositar en la cuenta de la CAR el equivalente al 15% de lo recaudado por concepto de impuesto predial, después de realizada una operación matemática en aplicación del Acuerdo 14 de 1996 y los demás acuerdos distritales de carácter presupuestal. Que, por lo tanto, al no existir acto administrativo alguno, mal podría la SDH revocar o demandar sus propios actos.

Frente al segundo de los asuntos, anotó que si bien el Tribunal acertó al considerar que de utilizarse la figura del cruce de cuentas prevista en el Decreto 537 de 2009, tendría que existir acuerdo entre la SDH y la CAR, según lo previsto en su artículo 29, lo cierto es que erró al determinar que los actos censurados fueron expedidos en ejercicio de esa facultad, habida cuenta que, por el contrario, los mismos lo fueron en aplicación de la Ley 1066 en materia de competencia para ejercer jurisdicción de cobro coactivo.

Finalizó planteando una reflexión sobre los posibles efectos de una decisión adversa, asegurando que un error involuntario de tipo fáctico, cometido en la elaboración de una planilla de ingresos por el funcionario de una entidad, crearía, por sí solo, un derecho subjetivo inamovible de recibir y permanecer con recursos públicos a los que por ley no se tiene derecho sino que la Constitución Política destina a otra entidad, como quiera que la titular de los mismos no puede recuperarlos por vía administrativa.

IV.- ALEGATOS

IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en esta instancia, las partes ratificaron sus posturas y argumentos con escritos de 4 y 5 de octubre de 2012, respectivamente.

IV.2.- Por su parte el Ministerio Público, quien actúa a través de la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado, rindió el Concepto núm. 226-371175 de 8 de octubre de 2012, a través del cual solicitó la revocatoria de la sentencia apelada y, en su lugar, la denegación de pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:

Manifestó que, en el presente caso, es indudable que el porcentaje de transferencia previsto en el artículo 44 de la Ley 99, está referido al impuesto predial únicamente, toda vez que el comportamiento normal de los contribuyentes o responsables de este tributo es que lo paguen dentro de los plazos fijados para tal efecto; y que de ese total recaudado, los municipios realicen la transferencia en cita, sentido en que se debe entender dicha expresión legal.

Aseveró que los intereses no pueden formar parte de las transferencias a la CAR porque lo que es objeto de ésta es el porcentaje total que se recaude por impuesto predial, el que se origina en el autoavalúo del inmueble, que es la base gravable en la cual no quedaron incluidos. Anotó, además, que esos intereses y sanciones se causan a favor del municipio porque es frente a este que los contribuyentes del impuesto predial deben cumplir, oportunamente, con el pago del mismo, no frente a la CAR que no es titular de dicho impuesto sino de la transferencia de un porcentaje del mismo, por lo que entender lo contrario sería despojar al municipio de su titularidad.

Resaltó que el Decreto 1339 de 1994, reglamentario del artículo 44 de la Ley 99, dispuso el manejo de las cuentas para efectuar la transferencia y que los tesoreros debían girar los montos correspondientes, lo que significa que aquella se configura con su respectivo giro y no requiere de un acto administrativo, ante cuya ausencia no sería exacto predicar que el giro hubiera creado o modificado una situación jurídica de carácter particular susceptible de que se pudiera consolidar a favor de la CAR; que se trata, simplemente, de un traslado de dineros que el municipio efectúa por disposición legal, en el cual puede ocurrir que incluya un menor valor, caso en el cual la CAR reclamaría el faltante, o un mayor valor como ocurre en el presente caso, esto es un pago en exceso por parte del municipio.

A su vez, indicó que, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 1066, la gestión de la entidad pública está referida al recaudo de cartera de obligaciones generadas, a su favor, por razón de su actividad; y que no se trata de una obligación a favor del Distrito Capital de Bogotá respecto de la cual tuviera que efectuar diligencias necesarias para su recaudo, acorde con la normativa antes mencionada, sino de un pago en exceso originado en la transferencia que le corresponde efectuar a la CAR.

Sostuvo que tampoco hay falsa motivación, debido a que los argumentos de la Administración no carecen de sustento. En igual sentido, opinó que la misma suerte debe correr el cargo de desconocimiento de la confianza legítima, la cual se inspira en el deber que tiene la Administración de observar sus propias decisiones en casos similares, siempre que compartan las mismas condiciones y supuestos de configuración, lo cual no tiene lugar en este caso en el que la CAR no demostró la existencia de antecedentes aplicables.

Finalmente, con relación al supuesto nuevo hecho en el acto que resolvió el recurso de reposición formulado contra el principal, consistente en haber esgrimido el Concepto núm. 16 de 2003 del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en realidad constituye un soporte al fundamento del Distrito Capital de Bogotá, razón por la que el cargo no debe prosperar.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Actos demandados

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones núms. SDH-000323 de 13 de agosto de 2010 “[…] Por la cual se determina un crédito a favor de Bogotá Distrito Capital […]” y SDH-000438 de 29 de octubre de 2010 “[…] Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución SDH-000323 del 13 de agosto de 2010 […]”, expedidas por el Secretario Distrital de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital, cuya parte resolutiva es la siguiente:

“[…] RESOLUCIÓN No. SDH-000323
13 AGOSTO 2010

“Por la cual se determina un crédito a favor de Bogotá Distrito Capital”

EL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA

En uso de sus facultades legales y, en especial, las que confiere el artículo 2º del Decreto 499 del 12 de noviembre de 2009, modificatorio del artículo 4º del Decreto 545 de 2006
(…)

RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la existencia de un crédito a favor de Bogotá Distrito Capital-Secretaría Distrital de Hacienda, por valor de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA MIL, DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($58.356.480.240), por mayores valores girados a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, del porcentaje sobre el recaudo por concepto del impuesto predial en el Distrito Capital de las vigencias 2005 a 2009.

Artículo 2º. Que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, debe reintegrar o devolver el valor de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA MIL, DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($58.356.480.240), a favor de Bogotá Distrito Capital-Secretaría Distrital de Hacienda, por los mayores valores girados por el porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial de las vigencias 2005 a 2009.
(…)

JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
Secretario Distrital de Hacienda […]”.

“[…] RESOLUCIÓN No. SDH-000438
29 OCTUBRE 2010

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución SDH-000323 del 13 de agosto de 2010”

(…)
RESUELVE:

Artículo 1º. Denegar las pretensiones invocadas por el recurrente y confirmar la Resolución SDH-000323 del 13 de agosto de 2010, en todas sus partes, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta Resolución.
(…)

BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ
Secretaria Distrital de Hacienda […]”.

V.2.- Problema jurídico

De conformidad con lo esgrimido en el recurso de apelación que convoca a la Sala, corresponde establecer si los actos acusados están viciados de nulidad por haber sido expedidos, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 29 de la Constitución Política; 29 del Decreto 537 de 2009; 44 de la Ley 99; 3º del Decreto 1339 de 1994; y 73 del CCA.

V.3.- Análisis del caso concreto

V.3.1.- Marco legal y jurisprudencial del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. De la falsa motivación y del daño antijurídico alegados en la demanda

La Sala observa que el aspecto central, en el asunto bajo examen, gira en torno a la denominada transferencia del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble en favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, a cargo de los municipios y distritos del territorio nacional, lo que, a juicio de la actora, configuró el vicio de falsa motivación de los actos demandados, así como aquello que denomina un daño antijurídico. Al respecto, el artículo 317 de la Constitución Política la estableció así:

“[…] TÍTULO XI
De la organización territorial
(…)
CAPÍTULO 3
Del régimen municipal
(…)
Artículo 317. Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades pongan contribución de valorización.

La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Por su parte la Ley 99, en su artículo 44, y en desarrollo de este expreso mandato constitucional, señaló:

“[…] TÍTULO VII.
DE LAS RENTAS DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
(…)
ARTÍCULO 44. PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal.

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial.

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley.

Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que trata el numeral 1o. del artículo 46, deberán ser pagados a éstas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de recaudación.

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la presente ley establece.

PARÁGRAFO 1. Los municipios y distritos que adeudaren a las Corporaciones Autónomas Regionales de su jurisdicción, participaciones destinadas a protección ambiental con cargo al impuesto predial, que se hayan causado entre el 4 de julio de 1.991 y la vigencia de la presente Ley, deberán liquidarlas y pagarlas en un término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, según el monto de la sobretasa existente en el respectivo municipio o distrito al 4 de julio de 1991;

PARÁGRAFO 2. <Parágrafo modificado por el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El cincuenta por ciento (50%) del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del municipio, distrito, o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la población respectiva, dentro del área urbana, fuere superior a un millón de habitantes, exceptuando el megaproyecto del río Bogotá. Estos recursos se destinarán exclusivamente a inversión […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Dicho artículo, a su vez, fue reglamentado por el Decreto 1339 de 1994, que en el artículo 1° estableció que “[…] Los Concejos municipales y distritales deberán destinar anualmente a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible del territorio de su jurisdicción, para la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, el porcentaje ambiental del impuesto predial de que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que se podrá fijar de cualesquiera de las dos formas que se establecen a continuación: 1. Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial y, como tal, cobrada a cada responsable del mismo, discriminada en los respectivos documentos de pago. 2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15 % ni superior al 25.99 % de tal recaudo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Los artículos 2º y 3º de este Decreto 1339 de 1994, prevén las condiciones en que se debe girar la sobretasa y el porcentaje total del recaudo, así:

“[…] Artículo 2o. Sobretasa. En el evento de optar el respectivo Concejo municipal o distrital por el establecimiento de una sobretasa a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los recaudos correspondientes efectuados por los tesoreros municipales y distritales se mantendrán en cuenta separada y los saldos respectivos serán girados trimestralmente a tales Corporaciones, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de cada período. Los tesoros distritales y municipales no podrán otorgar paz y salvos a quienes no hayan cancelado la totalidad del impuesto predial y la sobretasa. Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán en el mismo porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán transferidos a las Corporaciones, en los mismos términos y períodos señalados anteriormente (Negrilla fuera de texto).

Artículo 3o. Porcentaje del total del recaudo. En el caso de optar el respectivo Concejo municipal o distrital por el establecimiento de un porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, deberán destinar entre el 15% y el 25.9% de éste para las Corporaciones con jurisdicción en su territorio. En este evento, los municipios y distritos a través de sus respectivos tesoreros o del funcionario que haga sus veces, deberán, al finalizar cada trimestre, totalizar los recaudos efectuados en el período por concepto de impuesto predial y girar el porcentaje establecido a la Corporación respectiva, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre.

Parágrafo. De manera excepcional, previo concepto del Ministerio del Medio Ambiente y teniendo en cuenta condiciones especiales de los municipios, calificadas por el CONPES, los municipios podrán realizar los giros a las Corporaciones del porcentaje a que se refiere el presente artículo anualmente, a más tardar el 30 de marzo del año siguiente a la respectiva vigencia fiscal […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A través de las sentencias C-013 de 1994 y C-305 de 1995, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y fijó, entre otros criterios, los siguientes, al referirse a los cargos por inconstitucionalidad por violación del artículo 317 de la Carta Política:

“[…] 1. El artículo 317 de la C.P., en su inciso 2º dispone que "La ley destinará un porcentaje de estos tributos (se refiere al gravamen sobre la propiedad inmueble)... a las entidades encargadas del manejo y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables...".

Lo ordenado por tal inciso busca, en primer lugar, destinar por medio de ley, un porcentaje para las entidades encargadas del manejo y conservación del medio ambiente, en segundo lugar, señalar un límite ("no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes") y, por último, plantear una exigencia: estar de acuerdo "con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción."

El artículo 44 de la Ley 99 de 1993 se refiere a ese PORCENTAJE, no se aparta del destino que señala la Constitución y lo califica como PORCENTAJE AMBIENTAL, luego, por estos aspectos se trata de una disposición legal que desarrolla un postulado constitucional.
(…)
4.- Importa continuar analizando si el artículo acusado en cuanto al "porcentaje" atenta o no contra la Constitución Política, en cuanto, según el demandante Néstor Raúl Correa, la Constitución no permite porcentajes sobre lo ya recaudado por el Municipio, puesto que, según él "se impone un impuesto entre el 15% y el 25% sobre el total del recaudo", y por eso cree que se vulnera el inciso inicial del artículo 317 de la C.P:, y el demandante Álvaro Rendón lo ubica como violación al inciso 2º de tal artículo. Para ello se examinará lo siguiente:

"El porcentaje ambiental", ya se dijo, desarrolla un canon constitucional y los rubros (del 15% al 25.9%) no exceden del promedio de las sobretasas existentes según lo informa el Ministerio del Medio Ambiente en su escrito presentado a la Corporación, y, este aspecto (el de no exceder los referidos promedios) no fue argumentado por ninguno de los ciudadanos que presentaron las demandas. Tampoco puede decirse que se trata de un nuevo impuesto. El actor hace una lectura incompleta del artículo acusado al predicar los porcentajes "sobre el total del recaudo", cuando la frase es: "sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial", es decir que, de todo lo que se recaude por concepto de impuesto predial se destinará entre el 15% y el 25.9% a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Menos le asiste razón al afirmar que es un impuesto predial, es, se repite, un porcentaje del impuesto predial para protección del medio ambiente.

5.- Otro tema que motiva las demandas es que el artículo acusado da la posibilidad de OPTAR por una SOBRETASA, en vez del porcentaje ambiental. Los ciudadanos que acusan el artículo 44 opinan que esta "sobretasa" no está contemplada en el artículo 317 C.P. y equivaldría a un recaudo municipal para una Entidad que no es el Municipio y sería una adición al tributo. Ambas cosas, en el sentir de ellos es violatorio de la Constitución. Inquietud semejante ya fue estudiada por la Corporación

La Corte, en la referida sentencia C-013 de 1994, dijo:

"[…] Alcance del inciso segundo del artículo 317 Constitucional. Este inciso permite, en forma amplia, que la ley destine recursos a las entidades encargadas del manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. La destinación de esos porcentajes debe sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios. De acuerdo con los artículos 294 y 317, lo que la Constitución permite excepcionalmente es la existencia de participaciones o recargos en favor de las participaciones mencionadas, pero no de un impuesto nuevo, porque ello iría contra la justicia tributaria".

"Resulta importante señalar que la ley a que se remite la norma no crea un nuevo impuesto, sino que la expresión que equivale a afirmar que el gravamen no se aumenta para el propietario del bien inmueble sino que un porcentaje de ese monto -que no puede exceder del promedio de las sobretasas existentes- se destina a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, bajo la orientación trazada por los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Con ello se evita la descoordinación fiscal, al someterla al principio de planeación municipal, consagrado en la Carta política"...

“Tampoco se trata de una disposición que viole el artículo 359 de la Carta, por cuanto no es una renta nacional de destinación específica, sino en estricto sentido, una sobretasa que favorece la protección del medio ambiente de los municipios […]” (Subrayas fuera de texto).

El artículo 317 de la C. P. establece una vía de excepción, luego el artículo 317 hay que leerlo conjuntamente con el art. 294 C. P. que prohíbe imponer recargos "salvo lo dispuesto en el artículo 317 caso en el cual hay un recargo por reenvío. De manera que el inciso 2º del artículo acusado al permitir opcionalmente que se cobre una sobretasa en lugar del porcentaje, está dentro de la interpretación que ha dado la Corte […]”.

El porcentaje ambiental entonces será fijado anualmente por el respectivo concejo a iniciativa del alcalde municipal o distrital, bajo uno de los siguientes dos mecanismos: (i) un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%, o (ii) una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

Estos recursos tienen como destino la constitución del patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 99:

“[…] ARTÍCULO 46. PATRIMONIO Y RENTAS DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales:

1) El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial, les transferirán los municipios y distritos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la presente ley.

2) Los recursos que le transfieran las entidades territoriales con cargo a sus participaciones en las regalías nacionales.

3) El porcentaje de los recursos que asigne la ley, con destino al medio ambiente y a la protección de los recursos naturales renovables, provenientes del Fondo Nacional de Regalías.

4) Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y participaciones, que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes; y en especial el producto de las tasas retributivas y compensatorias de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1.974 en concordancia con lo dispuesto en la presente ley;

5) Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se establezcan, conforme a la ley, para la financiación de obras de beneficio común ejecutadas en ejercicio de sus funciones legales.

6) Un porcentaje hasta del 10% del producto del impuesto de timbre a los vehículos que autónomamente decidan fijar los Departamentos, como retribución del servicio de reducción del impacto o de control de las emisiones de sustancias tóxicas o contaminantes del parque automotor.

7) El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará en su totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los procesos instaurados en ejercicio de las acciones populares de que trata el artículo 88 de la Constitución Política. Estos valores corresponderán a la Corporación que tenga jurisdicción en el lugar donde se haya producido el daño ambiental respectivo. En caso de que corresponda a varias Corporaciones, el juez competente determinará la distribución de las indemnizaciones.

8) El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas, por las autoridades de las entidades territoriales que forman parte de la jurisdicción de la respectiva Corporación, como sanciones por violación a las leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter general en materia ambiental.

9) Los recursos que se apropien para serles transferidos en el presupuesto nacional.

10) Las sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier título le transfieran las entidades o personas públicas o privadas, los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran y les sean transferidos en el futuro a cualquier título.

11) Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala tarifaria que para el efecto expida el Ministerio del Medio Ambiente.

PARÁGRAFO. Los recursos y rentas previstos en este artículo ingresarán al Fondo Nacional Ambiental en aquellas regiones del país donde no se hayan organizado corporaciones autónomas regionales, hasta el momento en que éstas se creen. Estas rentas deberán asignarse a programas y proyectos que se ejecuten en las regiones respectivas […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En el caso del Distrito Capital de Bogotá, a través del Acuerdo Distrital núm. 14 de 6 de septiembre de 1996, el Concejo Distrital acogió la primera de las modalidades, esto es la de transferir a la CAR el porcentaje ambiental equivalente al 15% sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial.

Ahora bien, la Sección Cuarta de esta Corporación, como Sala especializada en la materia, determinó que cuando se tratara del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble, como en el caso concreto, éste debe ser calculado, por los referidos entes territoriales, sobre el valor total recaudado del impuesto predial, sin incluir intereses, sanciones y otros conceptos generados con ocasión de dicho tributo, zanjando así cualquier discusión al respecto, incluida la planteada por la CAR y la SDH alrededor de los actos acusados.

Fue, precisamente, en un proceso ordinario adelantado también por la CAR, -en el que ésta solicitó la nulidad del Concepto núm. 2009IE33476 de 19 de octubre de 2009, suscrito por la Dirección Jurídica de la SDH-, que esa Sección, para denegar las pretensiones de la demanda, mantener incólume el sentido del concepto y otorgarle razón a la interpretación normativa expuesta por dicha Secretaría, estableció lo siguiente:

“[…] Las normas citadas reiteran lo dicho en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993. Respecto de la sobretasa, que se calcula sobre la misma base que se tiene en cuenta para tasar el impuesto predial, esto es, sobre el avalúo de los bienes. Y como está previsto que la sobretasa se recaude de manera conjunta con el impuesto predial, el artículo 2 del Decreto 1339 de 1994 dispone que si el contribuyente incumple el pago de la sobretasa incurre en mora en las mismas condiciones en que se incurre por la mora en el pago del impuesto predial. Es por esto que la norma exige que los intereses por mora causados por el pago inoportuno de la sobretasa se giren a la correspondiente corporación autónoma.

En el caso del “porcentaje del total de recaudo del impuesto predial”, se reitera que se calcula a la tarifa prevista en el respectivo acuerdo municipal sobre el total recaudado por concepto de impuesto predial. Debe entenderse que ese recaudo no incluye los intereses de mora ni a las sanciones por cuanto estos rubros no corresponden al concepto de ingresos tributarios, como lo precisó el a quo, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el concepto 016 del 3 de noviembre de 2003, al aclarar, con fundamento en el artículo 27 del Decreto 111 de 1996, que los intereses de mora, por definición hacen parte de los ingresos no tributarios.
Lo anterior por cuanto, los intereses de mora tienen naturaleza punitiva y resarcitoria pues su objeto es indemnizar el perjuicio causado por la mora en el pago de la obligación crediticia, en este caso, del impuesto.

En el concepto demandado [trascrito en las páginas 2 a 6 de esta sentencia], el Distrito Capital aludió al capítulo II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado por la Resolución 356 de 2007 por la Contaduría General de la Nación, para explicar, precisamente, cómo se contabiliza el impuesto predial, el porcentaje y la sobretasa ambiental.

De ese manual se infiere que los municipios y distritos deben registrar el impuesto predial en una subcuenta del activo [130507 “Impuesto predial”] y en una subcuenta de ingresos [410507 “Impuesto predial”].

La descripción y dinámicas de las cuentas 1305 y 4105 son las siguientes:
(…)

Precisada la descripción y la dinámica de las cuentas, es menester reiterar la advertencia que se hace en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en el sentido de que los recursos correspondientes al porcentaje o sobretasa deben mantenerse en cuenta separada del impuesto predial y eso justifica que se registren en las cuentas de control 9915 y 9390.
(…)

El Manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública concluye, entonces, lo siguiente:

“[…] Cuando los municipios y distritos giran los recursos a las corporaciones autónomas regionales o a las áreas metropolitanas, sean intereses o el valor del porcentaje o sobretasa ambiental, éstos deben debitar la subcuenta 290518-Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial, de la cuenta 2905-RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS, y acreditar la subcuenta 111005- Cuenta corriente, de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS […]”.

Fíjese, entonces, que en ninguna de las cuentas aludidas, ni en el procedimiento explicado en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública se dice que los ingresos por sanciones e intereses moratorios del impuesto forman parte de la base del cálculo del porcentaje ambiental. Esos ingresos, valga precisar, se contabilizan en la cuenta 4110 “ingresos fiscales no tributarios” y en las subcuentas 411003 [intereses] y 411004 [sanciones].
(…)

De manera que, legal y contablemente está previsto que el porcentaje ambiental se calcule sobre lo que se recaude por impuesto predial en las condiciones anteriormente anotadas, sin que sea pertinente incluir en esa base de cálculo los ingresos no tributarios correspondientes a sanciones e intereses moratorios.

En consecuencia, no prospera el cargo de nulidad por violación de los artículos 44 de la Ley 44 de 1993 y 3 del Decreto 1339 de 1994 […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Posteriormente, en otro proceso en el que intervinieron las mismas partes, -en esta ocasión la SDH fue quien demandó a la CAR-, dicho precedente fue ratificado en contra de los intereses de esa corporación autónoma, así:

“[…] Debe tenerse en cuenta, que el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, estableció que la transferencia por este concepto debe realizarla el Distrito trimestralmente a medida que efectúe el recaudo. Las transferencias del período en discusión se realizaron el 13 de abril, el 12 de julio, el 16 de octubre de 2012 y el 14 de enero de 2013, según certificación de la CAR de Cundinamarca que obra en el expediente.

Por lo tanto, es claro que tanto la obligación legal de efectuar transferencias a favor de la Corporación Autónoma Regional como las fechas en las cuales la Secretaría de Hacienda Distrital liquidó y transfirió el porcentaje ambiental a favor de la demandada, ya habían transcurrido para el momento de la promulgación de la Ley 1687 de 2013, por lo que esta última norma no hacía parte del marco normativo vigente, para el cumplimiento de la obligación, ni puede aplicarse retroactivamente a ese año, como ya se explicó.

Se debe añadir que la Sala se pronunció en un caso similar en el que intervinieron las mismas partes y expresó lo siguiente:

“[…] En el caso del “porcentaje del total de recaudo del impuesto predial”, se reitera que se calcula a la tarifa prevista en el respectivo acuerdo municipal sobre el total recaudado por concepto de impuesto predial. Debe entenderse que ese recaudo no incluye los intereses de mora ni a las sanciones por cuanto estos rubros no corresponden al concepto de ingresos tributarios, como lo precisó el a quo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el concepto 16 del 3 de noviembre de 2003, al aclarar, con fundamento en el artículo 27 del Decreto 111 de 1996, que los intereses de mora, por definición hacen parte de los ingresos no tributarios”.
(...)
De manera que, legal y contablemente está previsto que el porcentaje ambiental se calcule sobre lo que se recaude por impuesto predial en las condiciones anteriormente anotadas, sin que sea pertinente incluir en esa base de cálculo los ingresos no tributarios correspondientes a sanciones e intereses moratorias.

En consecuencia, no prospera el cargo de nulidad por violación de los artículos 44 de la Ley 44 de 1993 y 3º del Decreto 1339 de 1994 […]” (Destaca la Sala)

En ese orden de ideas, una vez descartada la aplicación de la Ley 1687 de 2013 en observancia del principio de irretroactividad de la ley, en relación con la transferencia del porcentaje ambiental a favor de las corporaciones autónomas regionales, es preciso tener presente el precedente de la Sección citado que en el que se consideró que no debe incluirse en la base de su liquidación las sanciones y los intereses de mora recaudados por concepto del impuesto predial al tratarse de ingresos no tributarios […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A partir de lo anterior, y tal como se había anticipado en el caso sub iudice, la Sala encuentra suficientemente reiterado que el porcentaje ambiental del total de recaudo del impuesto predial, para la época de los hechos, se calculó a la tarifa del 15% prevista en el Acuerdo Distrital núm. 14 de 1996, expedido por el concejo distrital de Bogotá, sobre el total recaudado por concepto de ese tributo, debiéndose entender que tal recaudo no incluía los intereses de mora ni las sanciones por cuanto estos rubros no corresponden al concepto de ingresos tributarios, conforme lo determinó la Jurisprudencia de la Sección Cuarta de esta Corporación, en consonancia con lo sostenido por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO en su Concepto núm. 016 de 3 de noviembre de 2003, así como la propia SDH en Concepto núm. 2009IE33476 de 19 de octubre de 2009 -que, como se anotó, superó el estudio de legalidad efectuado por dicha Sección en el marco de la acción de nulidad-.

Esta misma posición fue asumida por la parte demandada en su recurso de apelación que, como se constató, es a todas luces consecuente con la concepción normativa y jurisprudencial avalada por esta Corporación, lo que permite declararlo procedente y, por lo tanto, se procederá a denegar el cargo de la demanda que planteó el vicio de la falsa motivación de los actos, así como el denominado “daño antijurídico”, -el que no corresponde propiamente a una irregularidad sino a una posible consecuencia de la misma-, sustentados a partir de una interpretación opuesta al correcto entendimiento y aplicación de las normas bajo análisis.

No sobra aclarar que en la acción de cumplimiento resuelta a través de la sentencia de 25 de enero de 1999, a la que hace referencia la parte actora en el acápite de “Hechos” de la demanda, en efecto la Sección Tercera ordenó al Distrito Capital de Bogotá realizar las transferencias en el porcentaje ambiental equivalente al 7.5% del total recaudado por concepto de impuesto predial durante la vigencia 1998, en beneficio de su propietario, la CAR, como quiera que esa transferencia había sido omitida por la SDH, y, como consecuencia de lo anterior, también le ordenó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios del 6% anual liquidados sobre el monto de los porcentajes ambientales causados trimestralmente durante la vigencia de 1998 y desde la fecha de exigibilidad de cada uno de ellos, tal cual lo dispone el artículo 3°, inciso 2°, en concordancia con el artículo 5º, del Decreto 1339 de 1994; no obstante, esa situación difiere sustancialmente de la actual discusión y no constituye un antecedente judicial aplicable al caso concreto, habida cuenta que en este, como se ha advertido, se hizo un pago en exceso de lo debido, mientras que en aquel hubo tardanza u omisión en la transferencia a la CAR del porcentaje ambiental, causando así intereses de mora susceptibles de legítimos reconocimiento y pago que, en cualquier caso, dejan ver la diferencia fáctica entre las dos controversias.

V.3.2.- De la determinación del crédito a favor del Distrito Capital de Bogotá en los actos acusados

Considerado lo anterior, la Sala observa que en los actos acusados la SDH resolvió determinar un crédito a favor del Distrito Capital de Bogotá, que asciende a la suma de $58.356.480.240, por concepto de mayores valores girados a la CAR, durante las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, en tanto se percató que en esos años había estado liquidando erróneamente el referido porcentaje ambiental, esto es teniendo como base el total del valor del recaudo del impuesto predial, sumado los intereses moratorios, sanciones y otros conceptos, y no simplemente el valor del recaudo de ese tributo tal como correspondía.

La liquidación de ese monto aparece descrita en las consideraciones de ambas resoluciones acusadas, así:

Año
Valor efectivamente girado a la CAR (impuesto predial, intereses, sanciones y otros)
Valor liquidado sobre el recaudo impuesto predial
Mayor valor girado

2005

$88.239.533.403

$79.404.228.177

$8.837.305.226

2006

$95.989.183.401

$86.673.906.768

$9.315.276.633

2007

$110.540.126.089

$97.478.621.461

$13.061.504.628

2008

$114.856.794.802

$103.161.566.159

$11.695.228.643

2009

$133.739.802.747

$118.290.637.638

$15.449.165.110

TOTAL

$543.365.440.443

$485.008.960.203

$58.356.480.240

Para ello, la SDH invocó, además de los conocidos artículos 317 constitucional, 44 de la Ley 99 y 1º del Acuerdo distrital núm. 14 de 1996, la disposición contenida en el artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 21 de julio de 1993 que designa a dicha secretaría distrital, a través de su tesorería, como responsable de la administración hacendaria del Distrito Capital de Bogotá, así:

“[…] Artículo 161. Atribuciones de la Administración Tributaria. Corresponde a la Administración Tributaria la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión devolución y cobro de los tributos distritales.

Se exceptúan la contribución de valorización y las tasas por servicios públicos las cuales serán administradas por las entidades que las normas especiales señalen.

La Administración Distrital podrá celebrar contratos de fiducia, encargo fiduciario y otros de naturaleza comparable, que tengan por objeto el cobro de las deudas fiscales.

Dichos convenios se celebrarán con entidades públicas o privadas autorizadas para efectuar esta clase de operaciones.

La Tesorería Distrital será una dependencia especial de la entidad encargada de la administración hacendaria […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

También se apoya en el artículo 59 del Decreto 714 de 15 de noviembre de 1996 que preceptúa que la SDH es responsable de la ejecución activa del presupuesto anual del Distrito Capital: “[…] Artículo 59º.- De la Ejecución Activa. Corresponde a la Secretaría de Hacienda Distrital efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital del Presupuesto Anual del Distrito Capital, por conducto de las oficinas de manejo de sus dependencias o de las Entidades de derecho público o privado delegadas para el efecto. Se exceptúan los recursos que son recaudados directamente por los Establecimientos Públicos del orden Distrital […]”.

El artículo 2º del Decreto 390 de 13 de noviembre de 2008, por su parte, establece la competencia de esa dependencia para recaudar los ingresos tributarios y no tributarios a favor del Distrito Capital de Bogotá: “[…] Artículo 2°. Recaudo y legalización de ingresos. La Secretaría Distrital de Hacienda, a través de la Dirección Distrital de Tesorería, recaudará, directamente o mediante contratos o convenios con entidades del sector financiero, los ingresos corrientes tributarios y no tributarios, los recursos de capital y las transferencias nacionales y territoriales, a favor del Distrito Capital […]”.

En concordancia con ello, el artículo 62 del Acuerdo Distrital núm. 257 de 2006, determinó que la SDH es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas hacendarias y de la planeación y programación fiscal para la operación sostenible del Distrito Capital y el financiamiento de los planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas. De igual forma, que dentro de sus funciones básicas están las de formular, orientar, coordinar y ejecutar las políticas tributarias, presupuestales, contables y de tesorería.

A su vez, el artículo 4º, literales c) e i) del Decreto Distrital 545 de 29 de diciembre de 2006, modificado por el artículo 2º del Decreto Distrital 499 de 12 de noviembre de 2009, que le atribuye a la SDH formular la política del Distrito Capital de Bogotá en materia fiscal, tributaria, presupuestal, contable, de tesorería y de crédito público, así como formular parámetros para la planeación y el control de las actividades relacionadas con la investigación, determinación, recaudación, cobro y discusión de los impuestos distritales y establecer las metas de recaudo.

De igual forma, el artículo 1º de la Ley 1066 prevé que, conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener la liquidez necesaria. En efecto, dicha norma superior establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones, lo que, por demás, impone a las autoridades administrativas el deber de coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Al respecto, la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 prevé:

“[…] Artículo 3.- Principios de la función administrativa. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.

Parágrafo.- Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular.

Artículo 4.- Finalidades de la función administrativa. La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política.

Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en la interpretación sistemática de las anteriores disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Sala encuentra que la SDH no solo estaba facultada sino que también estaba obligada, por mandato constitucional y legal, a procurar el restablecimiento de su statu quo presupuestal, mediante la declaratoria del referido crédito a su favor, luego de verificar, como en efecto ha quedado demostrado, que liquidó y transfirió recursos en exceso a la CAR que debían permanecer excluidos del porcentaje ambiental, durante las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, por la suma de $58.356.480.240. Por ello, después de advertir el error, no hizo otra cosa que actuar conforme a las normas presupuestales que regulan este funcionamiento de la SDH que le imponían la recuperación de tales recursos, los que nunca debieron abandonar las arcas del Distrito Capital de Bogotá y que, como tampoco pertenecen a la CAR, constituyen un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de esta última.

Consta asimismo que a través de comunicación núm. 2010EE171771 de 19 de mayo de 2010 y habiendo arribado a tales conclusiones, la SDH ofició a la CAR con el fin de presentarle la mencionada reliquidación de su porcentaje ambiental en el impuesto predial, para las vigencias 2005 a 2009, en el que le manifestó lo siguiente:

“[…] El Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 1º del Acuerdo Distrital No. 14 de 1996, ha venido transfiriendo a la CAR de manera oportuna la participación del impuesto predial señalada en dichas normas, tomando como base el valor total cancelado por el contribuyente, el cual incluye, además del impuesto, conceptos como las sanciones e intereses.

Como se puede establecer de las normas antes mencionadas, sustento legal del giro del Distrito Capital a la CAR, ninguna de ellas obliga a los municipios que hayan optado por el establecimiento de un porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, como es el caso del Distrito Capital, tal y como lo establece el Acuerdo 14 de 1996, a trasladar algo más de lo que se recauda por motivo del impuesto predial. En los casos donde establece la obligación de transferir lo recaudado por intereses de mora, es claro en señalar que esto ocurre únicamente cuando se opta por la modalidad de sobretasa, situación que no se presenta en el Distrito Capital, evidenciándose esto en el inciso final del artículo 3º del Decreto 1339 de 1994.

Esta interpretación resulta adecuada ya que, como lo determina el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, al optar por esta modalidad debe transferirse un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, de lo cual debe entenderse la concepción de impuesto en su definición como gravamen mediante el cual el Estado establece un hecho generador, sujetos activo y pasivo, base gravable y tarifa, donde los intereses, sanciones y demás, derivan de incumplimientos formales y sustanciales de la obligación tributaria pero no corresponden directamente con la concepción o concepto de impuesto señalado en la norma.
(…)
Lo anterior es consecuente con lo señalado por la Contaduría General de la Nación, en ejercicio de las funciones constitucionales que le fueron asignadas en el artículo 354 de la Carta Política, entre las cuales se encuentra la de determinar las normas contables que deben regir en el país conforme a la ley, quien determinó en el “Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública”, al referirse al tema, que los recursos recaudados correspondientes al porcentaje o sobretasa al impuesto predial, sin importar por cual se opte, deben mantenerse en cuenta separada.
(…)
Como se observa, el Distrito debe calcular el porcentaje únicamente sobre el impuesto predial recaudado sin incluir otro concepto, tal y como lo señala el artículo 44 de la Ley 99 de 1993.
(…)
De lo anterior se considera que el Distrito Capital ha girado mayores valores a la CAR, durante las vigencias 2005 a 2009, en cumplimiento del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, ya que esta norma de manera expresa ordena el giro del porcentaje sobre los valores recaudados por concepto del impuesto predial, sin involucrar otros conceptos, tales como intereses o sanciones por el incumplimiento de la obligación tributaria.

Por lo expuesto, en atención a la responsabilidad que recae sobre la Secretaría Distrital de Hacienda por el pago de lo debido, en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad legal vigente y a partir de la vigencia en curso, el Distrito Capital solo ordenará la entrega de los dineros correspondientes a la participación de la CAR sobre el recaudo del impuesto predial sin incluir recaudos por concepto de intereses y sanciones.

Por lo anterior, el Distrito Capital ha considerado efectuar el cruce de cuentas pertinente por concepto de mayores valores girados a la CAR del período 2005 a 2009 en la suma de ($57.705.799.539), para lo cual se propone suscribir y formalizar entre las partes un Acuerdo de Pagos, por lo que este Despacho sugiere los porcentajes señalados a continuación: 35% en el mes de julio, 10% en el mes de octubre, 5% en el mes de enero de 2011, 5% en abril de 2011, 35% en julio de 2011 y 10% en octubre de 2011.

En el caso de que se acepte nuestra propuesta de pago, el cruce de cuentas debería firmarse antes del 15 de julio, fecha en la cual debe efectuarse el giro del segundo trimestre a la Corporación.

Finalmente, manifiesto mi total disposición para llevar a feliz término esta negociación.

Cordialmente,

JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA […]”.

La Sala evidencia que una vez le fue expuesta a la CAR la sustentación legal que le imponía a la SDH tomar los correctivos presupuestales y le fue presentada la mencionada reliquidación de su porcentaje ambiental en el impuesto predial para las vigencias 2005 a 2009, la demandada, consecuente con ello:

(i) Le informó que a partir de la vigencia fiscal 2010, el Distrito Capital transferiría los dineros correspondientes a la participación de la CAR sobre el recaudo del impuesto predial pero sin incluir intereses y sanciones y (ii) le propuso firmar un acuerdo de pago el día 15 de julio de 2010, consistente en un cruce de cuentas entre los mayores valores girados -relativos a esos intereses moratorios y sanciones que no debieron haberse transferido-, y los próximos giros a efectuársele trimestralmente a esa Corporación Autónoma Regional, por concepto del porcentaje ambiental sobre el impuesto predial de los meses de julio y octubre de 2010, y enero, abril, julio y octubre de 2011, en las proporciones gradualmente allí sugeridas.

Sin embargo, de conformidad con el acervo probatorio que reposa en el expediente, la CAR omitió pronunciamiento alguno en torno a dicha propuesta que no se materializó y, por lo mismo, se mantuvo la irregularidad advertida por la Secretaría. Ante estas circunstancias la SDH resolvió declarar la acusada existencia del crédito referido a favor del Distrito Capital, a través de las resoluciones demandadas y le solicitó a la Corporación reintegrar o devolver los citados recursos, en el marco de sus legítimas facultades constitucionales y legales como la responsable de la hacienda distrital.

V.3.2.1.- “[…] Las resoluciones demandadas no fueron expedidas en ejercicio del cruce de cuentas, por lo cual no fue desconocido el Decreto 537 de 2009 […]”.

La Sala, a partir del recorrido pormenorizado de los antecedentes fácticos, normativos y judiciales que envuelven la expedición de los actos censurados, le halla razón a este argumento de la defensa, presentado desde la contestación de la demanda y ahora en la apelación, habida cuenta que las resoluciones núms. SDH-000323 de 13 de agosto de 2010 y SDH-000438 de 29 de octubre de 2010, no son, de lejos, el resultado de la aplicación del mecanismo del cruce de cuentas, -artículo 29 del Decreto 537 de 2009-, sino todo lo contrario, son actos producto de no haberse podido llegar, precisamente, al acuerdo que envuelve el cruce de cuentas inicial y previamente propuesto por la SDH a la CAR.

No es de recibo la consideración expuesta tanto en la demanda como en la sentencia apelada, según la cual en las resoluciones se resolvió aplicar un cruce de cuentas sin cumplir con los requisitos del consentimiento y acuerdo previo escrito acerca de las condiciones y términos que exige la norma, toda vez que en aquellas se dejó clara y expresa constancia del rotundo fracaso en la implementación de dicha figura y la consecuente declaratoria de existencia de un crédito a favor del Distrito Capital de Bogotá con la solicitud de reintegro del mismo. Es decir, en el presente asunto no fue aplicado cruce de cuenta alguno susceptible de escrutinio.

Concluir lo contrario, como sucede con la providencia impugnada, desconoce la realidad probatoria establecida en el presente proceso, en tanto no resultaron transgredidos los artículos 29 del Decreto 537 de 2009 y 29 de la Constitución Política, cargo de la demanda que será denegado al no tener vocación de prosperidad.

V.3.2.2.- “[…] El giro erróneo de recursos públicos en exceso a favor de la CAR no obedeció a ningún acto administrativo y en ningún caso generó una situación jurídica consolidada a favor de esa entidad, por lo cual no se desconoció el artículo 73 del CCA al declarar la existencia de una deuda a favor del Distrito […]”.

Este es el siguiente argumento de la apelación que resulta transversal a todos los cargos de la demanda en el que la Sala pudo constatar, en primera medida, que no se encuentra probado que las transferencias por concepto de porcentaje ambiental involucradas en el caso sub examine, efectuadas por la SDH a favor de la CAR, hubiesen sido consecuencia de la manifestación de la voluntad de la demandada mediante la expedición de un acto administrativo, así como tampoco se evidencia la previsión jurídica de requisito semejante.

En efecto, la SDH obró en cumplimiento de una obligación constitucional, legal y reglamentaria, fundada en lo ordenado por los reiterados artículos 317 de la Constitución Política, 44 de la Ley 99, 1º del Acuerdo Distrital núm. 14 de 1996, así como el Decreto 1339 de 1994, para lo cual no requería expedir acto administrativo alguno, tal como ocurrió. La esencia y naturaleza que envuelve este deber patrimonial, como atrás se explicó, permite que su ejecución fluya sin que medie un acto administrativo del operador tributario que así lo ratifique, ni es dable inferir que a tales giros le subyace alguno.

Se prohíjan, en este sentido, las precisas consideraciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación que, en Concepto de 12 de mayo de 2005, expresó:

“[…] De lo expuesto es entonces claro que se está en presencia de una "transferencia" que los municipios hacen a las corporaciones autónomas regionales, y no de un tributo u obligación fiscal a su cargo, y que por lo mismo estos recursos no les pertenecen, sino que son ingresos propios de las corporaciones autónomas regionales, sobre los cuales las entidades territoriales son meros recaudadores.

Utilizando el lenguaje del derecho civil para efectos de aclarar el concepto, se puede afirmar que estas rentas son de "propiedad" de las corporaciones, por lo que frente a ellos los municipios son "tenedores por cuenta ajena" y por lo mismo no existe, ni puede existir un "ánimo de señor y dueño" de estas entidades territoriales sobre los recursos cuyas características se analizan. En palabras del derecho administrativo se tiene entonces que estos recursos tienen origen en un impuesto cuyos sujetos pasivos son los propietarios o poseedores de los inmuebles, los sujetos activos son las corporaciones autónomas regionales quienes deben incluirlas en su presupuesto de ingresos, mientras que los municipios son recaudadores del mismo, de manera que no pueden presupuestarlos como ingresos municipales, sino como transferencias.
(…)

De lo expuesto anteriormente, se desprende claramente que la obligación de los municipios de efectuar las transferencias a las corporaciones autónomas regionales no es de carácter tributario, pues la actividad de los entes territoriales consiste en recaudar los dineros de un impuesto con destino a las entidades que manejan el medio ambiente. En consecuencia, esta relación no puede estar regulada por las normas especiales tributarias, pues, se insiste, los municipios no son sujetos pasivos del impuesto, sino recaudadores del que pagan los propietarios de los predios ubicados en la jurisdicción municipal. En esta relación jurídica entre entidades públicas, las corporaciones autónomas son titulares de un derecho derivado de la ley a percibir unos recursos públicos y, a su turno, los municipios tienen a su cargo la obligación correlativa de realizar la transferencia. Analizado el deber legal impuesto a los municipios, puede afirmarse que el contenido prestacional de la obligación consiste en desarrollar la actividad administrativa indispensable para hacer llegar los recursos recaudados a su destino, esto es, una obligación de hacer o de realizar una conducta.

La relación entre las corporaciones autónomas y los municipios o distritos se caracteriza por la colaboración entre estos organismos públicos, la cual consiste en la obligación de transferencia a cargo de la entidad territorial y el derecho de las corporaciones autónomas regionales a percibir sus ingresos patrimoniales, con el fin último de atender la protección del medio ambiente. Esta posición permite a las corporaciones esperar el cumplimiento del deber legal impuesto a los municipios.

Si bien esta relación jurídica no desconoce la condición de entidades públicas que ostentan tanto los municipios como las corporaciones autónomas regionales vinculadas por el cumplimiento concurrente de los fines generales del Estado y de las funciones concretas a ellas atribuidas, ninguna posee una preeminencia administrativa o la exclusividad de potestades públicas en esta relación y, en consecuencia, no resulta procedente la expedición de actos administrativos unilaterales que impongan la obligación de pago de las transferencias ambientales y, en ausencia de pago voluntario, la utilización del procedimiento coactivo […]”.

Lo anterior lleva a la Sala a descartar el argumento de la demandada según el cual hubo una violación del artículo 73 del CCA, relativo a la revocación de actos de carácter particular y concreto, por no haberse solicitado el supuesto consentimiento expreso de la CAR para expedir las resoluciones acusadas. Ello por cuanto, jurídicamente, la parte actora no puede alegar a su favor la presunta revocatoria de un acto administrativo que no tuvo presencia en el proceso, es inexistente y, por lo demás, no cabe predicar el interés particular debido a la presencia de dos entidades públicas.

La Corte Constitucional, al explicar el fundamento constitucional del artículo 73, ha sostenido que el requisito del consentimiento se establece en aras de preservar la seguridad jurídica de los asociados, como quiera que las autoridades no pueden disponer de los derechos adquiridos por los ciudadanos sin que medie una decisión judicial, o que se cuente con la autorización expresa de la persona de la cual se solicita dicha autorización, en los términos establecidos en la ley. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado: “[…] razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo […]”. La finalidad de esta norma es entonces equilibrar las relaciones entre la Administración y el particular, asegurándole a éste que aquella no modificará o desconocerá su situación, sin el agotamiento previo de ciertos requisitos, para que no aparezcan de manera abrupta decisiones que sorprendan al interesado y debiliten la seguridad jurídica.

Tanto la actora como el Tribunal se equivocan cuando asimilan la declaración de un crédito a favor del Distrito Capital de Bogotá, con el régimen de revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto, pues ni de las consideraciones ni de las decisiones adoptadas en las resoluciones núms. SDH-000323 de 13 de agosto de 2010 y SDH-000438 de 29 de octubre de 2010, se desprende la revocatoria de ningún acto particular y concreto en los términos expuestos por la parte actora.

Se reitera que la SDH estaba facultada para ir en procura del restablecimiento de su statu quo presupuestal, a partir de lo ordenado en los artículos 317 Constitucional, 44 de la Ley 99, 1º del Acuerdo distrital núm. 14 de 1996 y 161 del Decreto Ley 1421 de 1993, así como de lo determinado en los artículos 59 del Decreto 714 de 1996, que preceptúa que la SDH es responsable de la ejecución activa del presupuesto anual del Distrito Capital; 2º del Decreto 390 de 2008, que establece competencia de esa Dependencia para recaudar los ingresos tributarios y no tributarios a favor del Distrito Capital de Bogotá; 62 del Acuerdo distrital núm. 257 de 2006, que determinó dentro de sus funciones básicas las de formular, orientar, coordinar y ejecutar las políticas tributarias, presupuestales, contables y de tesorería; 4º, literal c) e i), del Decreto distrital 545 de 2006, modificado por el 2º del Decreto distrital 499 de 2009, que le impone la formulación de la política del Distrito Capital de Bogotá en materia fiscal, tributaria, presupuestal, contable, de tesorería y de crédito público, así como la formulación de parámetros para la planeación y el control de las actividades relacionadas con la investigación, determinación, recaudación, cobro y discusión de los impuestos distritales y establecer las metas de recaudo; y 1º de la Ley 1066, que prevé que, conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.

En este mismo sentido, tampoco deviene en procedente la supuesta violación al principio de confianza legítima-seguridad jurídica y buena fe de la CAR. Sobre el particular, la doctrina ha explicado que:

“[…] Habrá de entenderse que mediante la aplicación del principio de confianza legítima se quiere brindar protección jurídica a las expectativas razonables, ciertas y fundadas que pueden albergar los administrados con respecto a la estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, cuando ellas han sido promovidas, permitidas, propiciadas o toleradas por el propio Estado. En ese sentido, los ciudadanos que abrigan la confianza justificada de que sus expectativas y esperanzas no van a ser objeto de frustración, modificación o alteración, no tienen por qué resultar defraudados, sorprendidos o asaltados en su buena fe como consecuencia del cambio inesperado de los ofrecimientos, promesas, criterios y políticas previamente expresados o como resultado del actuar contradictorio y desleal de las autoridades que, a última hora, deciden modificar la orientación o el sentido de las decisiones y posturas suyas adoptadas anteriormente.

Como se puede apreciar, la noción de confianza legítima está estrechamente ligada a la preocupación de proteger a los particulares contra aquellas modificaciones normativas, de criterios y de posturas que, aun siendo legales, se tornan jurídicamente inadmisibles en razón de su carácter brutal y sorpresivo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En el marco de esa misma orientación, la Corporación ha considerado lo siguiente:

“[…] 1.1. Del principio de confianza legítima

Es importante considerar que la Constitución Política establece una serie de principios que propenden por la salvaguarda de los intereses de los asociados frente a las decisiones del Estado, que pudieren alterar significativamente las relaciones que surgen entre el Estado y los administrados. Dentro de esos principios la Sala destaca el de la confianza legítima.

Precisamente, la Corte Constitucional ha sido uno de los órganos que más ha recurrido a ese principio para proteger la integridad del ordenamiento constitucional o amparar derechos fundamentales de las personas. Sobre el principio de la confianza legítima, señaló:

“[…] Así pues, en esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en el cual pueda confiar. Para Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario.

Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación […]”.

Bajo esa perspectiva, la confianza legítima se erige como garantía del administrado frente a cambios bruscos e inesperados de las autoridades públicas -trátese de órgano legislativo, administración pública o autoridades judiciales- […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Como se aprecia, a la CAR, como entidad pública, no le resulta viable alegar el principio de confianza legítima porque precisamente su condición de Administración le impide invocar dicha protección diseñada exclusivamente para los ciudadanos, particulares y administrados en defensa de los abusos del Estado, más aun cuando en este caso, y solo en gracia de discusión, deviene en ilegítima la aspiración sobre la cual la actora pretende edificar confianza; o, lo que es igual, carece de cualquier respaldo legítimo -constitucional y legal-, la intención de mantener consigo unos recursos que no le pertenecen sino al Distrito Capital de Bogotá y sus contribuyentes, de conformidad con lo establecido por esta Corporación judicial, por lo que menos aún se logra constatar que ello sea atentatorio de la buena fe.
Por tales razones, se denegará este cargo en cuanto no se demostró la transgresión de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe con la expedición de los actos demandados.

De igual forma, la Sala advierte que carece de certeza alguna la afirmación de la parte actora en torno a que se adicionó un hecho novedoso en el acto que resolvió el recurso de reposición formulado contra el principal, habida cuenta que se trata de una mera referencia al Concepto núm. 016 de 3 de noviembre de 2003 para revalidar la postura jurídica asumida desde la resolución inicial, opinión suscrita por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO que fue materia de análisis en las consideraciones de esta providencia, tal cual lo fue en la pluricitada sentencia de 8 de octubre de 2015, proferida por la Sección Cuarta (número único de radicado 25000-23-27-000-2012-00456-01 (20345), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).

De conformidad con todo lo anterior, la Sala procederá a revocar la sentencia apelada y, en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda.

V.3.3. Por último, es preciso advertir que no se condenará en costas a la parte vencida como quiera que no se corroboró temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes del proceso; y lo cierto es que dicha condena solo procede cuando la parte vencida ha actuado de manera temeraria o abusiva, en virtud de lo establecido en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 392 y 393 del CPC, aplicables al caso por la remisión del artículo 168 del CCA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L LO:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 3 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” y, en su lugar, DENEGAR las súplicas de la demanda.

SEGUNDO: No se condena en costas, en esta instancia, a la parte vencida.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de julio de 2021.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-24-000-2011-00150-01

Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

Demandado: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

SALVAMENTO DE VOTO

De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 9 de julio de 2021, mediante la cual se revocó la providencia de 3 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B” y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. Sobre el particular señalo lo siguiente:

1.- La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, en adelante CAR, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. SDH-000323 de 13 de agosto de 2010, “[…] Por la cual se determina un crédito a favor de Bogotá Distrito Capital […]”, y SDH-000438 de 29 de octubre de 2010, “[…] Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución SDH-000323 del 13 de agosto de 2010 […]”, expedidas por el Secretario Distrital de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital.

A juicio de la parte actora, la entidad demandada, al expedir las resoluciones acusadas, violó lo previsto en los artículos 29 de la Constitución Política; 29 del Decreto 537 de 2009; 44 de la Ley 99; 3.º del Decreto 1339 de 1994, y 73 del CCA, dado que hubo falsa motivación, desconocimiento del principio de confianza legítima-seguridad jurídica, daño antijurídico, y una vía de hecho en su expedición; y que el cruce de cuentas al cual acudió la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá para la devolución de los eventuales pagos en exceso no es procedente, toda vez que la CAR no tiene ninguna deuda con esa entidad y la transferencia de los recursos constituyó una situación consolidada que no podía ser revocada sin su consentimiento.

2.- En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, declaró la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, determinó que la orden de reintegro o devolución establecida en éstos no podía exigírsele a la CAR.

Señaló que, al ordenarse la devolución de los referidos recursos, se dejó sin efectos parte del giro que, en aquellas oportunidades, en cumplimiento del deber legal, efectuó la entidad demandada a la CAR como parte de la transferencia ambiental; y que, en los actos acusados, lo que cuestionó la Secretaría de Hacienda Distrital fue la validez de las decisiones que ordenaron las transferencias en cuanto a los mayores valores girados, afectando así el derecho de la CAR a percibir tales recursos.

Consideró que, desde este punto de vista, lo que operó fue una revocatoria directa de los actos que sustentaron las transferencias correspondientes a las vigencias fiscales de los años 2005 a 2009, que por mandato legal ya formaban parte del patrimonio económico de la autoridad ambiental; y que la circunstancia de haberlas dejado parcialmente sin efectos, sin el consentimiento expreso y escrito de la CAR como titular de la situación jurídica surgida de la transferencia prevista en la Ley 99, significó el incumplimiento del mandato establecido en el artículo 73 del CCA.

Anotó que la ausencia de consentimiento resultó evidente, al punto que en el expediente aparece probado que la CAR no autorizó el cruce de cuentas dispuesto por la Secretaría de Hacienda Distrital, ni acogió el acuerdo de pagos propuesto en aplicación de este mecanismo; y que, aunque la primera resolución acusada no haya señalado en forma expresa los actos respecto de los cuales operaba la pretendida devolución, como lo expuso la entidad demandada en la contestación, es claro que la decisión dejó tácitamente sin efectos aquellos que respaldan el giro de las transferencias hechas durante las vigencias de los años 2005 a 2009.

Por lo tanto, indicó que, ante la inexistencia de consentimiento previo, expreso y escrito de la CAR, a la Secretaría de Hacienda Distrital le correspondía acudir ante la jurisdicción a demandar sus propios actos, si consideraba que parte de las transferencias fueron hechas indebidamente.

En tales condiciones, el a quo concluyó que el debido proceso establecido para el cruce de cuentas, a partir del artículo 29 de la Constitución Política y del artículo 29 del Decreto núm. 537 de 2009, no fue observado en la actuación seguida contra la CAR, por lo que declaró la nulidad de los actos acusados.

3.- En la sentencia de la cual me aparto, la mayoría consideró que: i) las transferencias por concepto de porcentaje ambiental involucradas en el caso sub examine, efectuadas por la Secretaría de Hacienda Distrital a favor de la CAR, no fueron consecuencia de la manifestación de la voluntad de la demandada mediante la expedición de un acto administrativo; y ii) las resoluciones demandadas no fueron expedidas en ejercicio del cruce de cuentas, por lo cual no fue desconocido el Decreto 537 de 2009. Sobre el particular se argumentó lo siguiente:

“[…] la Sala observa que en los actos acusados la SDH resolvió determinar un crédito a favor del Distrito Capital de Bogotá, que asciende a la suma de $58.356.480.240, por concepto de mayores valores girados a la CAR, durante las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, en tanto se percató que en esos años había estado liquidando erróneamente el referido porcentaje ambiental, esto es teniendo como base el total del valor del recaudo del impuesto predial, sumado los intereses moratorios, sanciones y otros conceptos, y no simplemente el valor del recaudo de ese tributo tal como correspondía.

[…]

Para ello, la SDH invocó, además de los conocidos artículos 317 constitucional, 44 de la Ley 99 y 1º del Acuerdo distrital núm. 14 de 1996, la disposición contenida en el artículo 161 del Decreto Ley 1421 de 21 de julio de 1993 que designa a dicha secretaría distrital, a través de su tesorería, como responsable de la administración hacendaria del Distrito Capital de Bogotá.

[…]

También se apoya en el artículo 59 del Decreto 714 de 15 de noviembre de 1996 que preceptúa que la SDH es responsable de la ejecución activa del presupuesto anual del Distrito Capital

[…]

Con fundamento en la interpretación sistemática de las anteriores disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Sala encuentra que la SDH no solo estaba facultada sino que también estaba obligada, por mandato constitucional y legal, a procurar el restablecimiento de su statu quo presupuestal, mediante la declaratoria del referido crédito a su favor, luego de verificar, como en efecto ha quedado demostrado, que liquidó y transfirió recursos en exceso a la CAR que debían permanecer excluidos del porcentaje ambiental, durante las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, por la suma de $58.356.480.240. Por ello, después de advertir el error, no hizo otra cosa que actuar conforme a las normas presupuestales que regulan este funcionamiento de la SDH que le imponían la recuperación de tales recursos, los que nunca debieron abandonar las arcas del Distrito Capital de Bogotá y que, como tampoco pertenecen a la CAR, constituyen un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de esta última.

[…]

No es de recibo la consideración expuesta tanto en la demanda como en la sentencia apelada, según la cual en las resoluciones se resolvió aplicar un cruce de cuentas sin cumplir con los requisitos del consentimiento y acuerdo previo escrito acerca de las condiciones y términos que exige la norma, toda vez que en aquellas se dejó clara y expresa constancia del rotundo fracaso en la implementación de dicha figura y la consecuente declaratoria de existencia de un crédito a favor del Distrito Capital de Bogotá con la solicitud de reintegro del mismo. Es decir, en el presente asunto no fue aplicado cruce de cuenta alguno susceptible de escrutinio.

Concluir lo contrario, como sucede con la providencia impugnada, desconoce la realidad probatoria establecida en el presente proceso, en tanto no resultaron transgredidos los artículos 29 del Decreto 537 de 2009 y 29 de la Constitución Política, cargo de la demanda que será denegado al no tener vocación de prosperidad.

[…]

La SHD obró en cumplimiento de una obligación constitucional, legal y reglamentaria, fundada en lo ordenado por los reiterados artículos 317 de la Constitución Política, 44 de la Ley 99, 1º del Acuerdo Distrital núm. 14 de 1996, así como el Decreto 1339 de 1994, para lo cual no requería expedir acto administrativo alguno, tal como ocurrió. La esencia y naturaleza que envuelve este deber patrimonial, como atrás se explicó, permite que su ejecución fluya sin que medie un acto administrativo del operador tributario que así lo ratifique, ni es dable inferir que a tales giros le subyace alguno.

[…]

Lo anterior lleva a la Sala a descartar el argumento de la demandada según el cual hubo una violación del artículo 73 del CCA, relativo a la revocación de actos de carácter particular y concreto, por no haberse solicitado el supuesto consentimiento expreso de la CAR para expedir las resoluciones acusadas. Ello por cuanto, jurídicamente, la parte actora no puede alegar a su favor la presunta revocatoria de un acto administrativo que no tuvo presencia en el proceso, es inexistente y, por lo demás, no cabe predicar el interés particular debido a la presencia de dos entidades públicas.

[…]

Tanto la actora como el Tribunal se equivocan cuando asimilan la declaración de un crédito a favor del Distrito Capital de Bogotá, con el régimen de revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto, pues ni de las consideraciones ni de las decisiones adoptadas en las resoluciones núms. SDH-000323 de 13 de agosto de 2010 y SDH-000438 de 29 de octubre de 2010, se desprende la revocatoria de ningún acto particular y concreto en los términos expuestos por la parte actora […]”.

4.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, por las siguientes razones:

i) La sentencia parte de la consideración según la cual la transferencia en sí misma no configura un acto administrativo, a mi juicio equivocada, comoquiera que esa decisión constituye una declaración unilateral de la administración que crea una situación jurídica particular y concreta a favor de la parte actora, convirtiéndose por ello en un acto administrativo de carácter particular.

Respecto al concepto de acto administrativo esta Sección ha sostenido lo siguiente: “[…] los actos administrativos constituyen la expresión unilateral de la voluntad de la administración por medio de la cual se crea, en forma obligatoria, una situación jurídica de carácter general, impersonal o abstracta, o bien de carácter subjetivo, individual y concreto, es decir que se trata de una decisión capaz de producir efectos jurídicos y, en consecuencia, de vincular a los administrados […]”

La anterior definición de forma clara encuadra la transferencia de los recursos en cuestión en una forma de acto administrativo. Bajo esa consideración, efectuada la transferencia, se consolida un derecho a favor de la parte demandante, contenido en el acto administrativo que se presume legal y válido.

ii) No es cierto que la Secretaría de Hacienda del Distrito de Bogotá tenga la facultad de expedir actos administrativos reconociendo créditos a su favor, derivados de pagos que considera indebidos; ello simplemente dejaría expuestas a las personas a encontrarse con una entidad que expide actos unilaterales mediante los cuales realiza cobros indiscriminados.

De la lectura de las disposiciones que cita la sentencia aprobada por la mayoría no advierto cuál de ellas le otorga esa facultad a la entidad demandada. Si bien se presenta en detalle el marco legal del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble, lo cierto es que ninguna de las normas establece de forma puntual esa competencia a la mencionada Secretaría.

A saber, se traen a colación: a) el artículo 317 de la Constitución Política; b) el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1339 de 1994; c) el artículo 46 de la Ley 99 de 1993; y d) el Acuerdo Distrital núm. 14 de 6 de septiembre de 1996. Sin embargo, insisto, ninguna de esas normas determina que la entidad demandada sea competente para expedir un acto administrativo creando créditos a su favor.

Pese a que la Secretaría en su defensa argumentó su función como responsable de la administración hacendaria del Distrito Capital de Bogotá, no se encuentra facultada para proceder de la forma en que efectivamente procedió.

En este caso, era de suma importancia tener en cuenta que, además de ser taxativa, toda vez que aparece señalada de manera expresa y precisa, la competencia viene dada a todo funcionario u organismo por parte del ordenamiento jurídico, de modo que a estos no les está permitido auto asignársela.

iii) La Secretaría de Hacienda Distrital expidió un acto administrativo para el cual no tenía competencia, haciéndose reembolsar lo que había transferido a la CAR, en su concepto, erróneamente.

Las transferencias de los recursos por concepto de porcentaje ambiental están respaldadas en actos administrativos de carácter particular y concreto, como lo son las correspondientes acciones de la tesorería que, en cumplimiento del deber legal, manifiesta unilateralmente su voluntad de transferir, creando una situación jurídica particular, mediante un acto de ejecución.

En ese orden, la Secretaría de Hacienda Distrital, al expedir un acto sin competencia, desconoció una situación jurídica consolidada y vició de nulidad el acto demandado, que, consecuentemente, debió ser declarado nulo, tal como lo consideró el Tribunal en la sentencia de primera instancia.

Si la entidad demandada quería corregir lo que juzgó era un pago de lo no debido, enriquecimiento sin causa, o un exceso de pago en las referidas transferencias, debía interponer la correspondiente demanda y no hacer justicia por mano propia, desconociendo que, para tales eventos, requiere del consentimiento del afectado.

En síntesis, a mi juicio, en este caso había lugar a considerar, en primer lugar, que la transferencia en sí misma constituye un acto administrativo, de ejecución, en la medida en que se trata de una declaración unilateral de la administración destinada a crear una situación jurídica particular y concreta. Y, en segundo lugar, se debía tener en cuenta que la administración distrital no tiene la facultad de emitir actos administrativos creando créditos a su favor, menos por transferencias que realiza y cuya legalidad es discutible, comoquiera que ello afecta la seguridad jurídica del administrado como deudor del crédito de esa forma declarado. Por tal motivo, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá debió acudir a la jurisdicción para reclamar la restitución del pago de lo no debido.

En estos términos me permito dejar sentado mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

(Firmado Electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

Folios 262 a 274. Folios 1 a 59.
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de enero de 1999, expediente núm. ACU-552, consejero ponente Daniel Suárez Hernández.
“Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010”. Folios 70 a 173. Folios 262 a 274. Folios 276 a 294.
“[…] Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones […]”. Folios 389 a 396, alegatos de la CAR. Folios 398 a 400, alegatos de la SDH. Folios 402 a 407. Folios 20 a 24. Folios 25 a 30. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 29 de mayo de 2014, número único de radicado 73001-23-31-000-2010-00391-01(18738), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Corte Constitucional, sentencia C-013 de 21 de enero de 1994, magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa
Corte Constitucional, sentencia C-305 de 13 de julio de 1995, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. Cit. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 29 de mayo de 2014, número único de radicado 73001-23-31-000-2010-00391-01(18738), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
“[…] Por el cual se fija un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto del Impuesto Predial con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables […]”. Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Disponible [en línea]:
[http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/mhcp_16_03.doc]
Este concepto establece: “[…] Diferente es el evento en el cual el municipio ha escogido la opción del porcentaje del impuesto predial unificado, caso en el cual consideramos que tanto la disposición constitucional, como el desarrollo legal de la misma, han sido claros al disponer que la destinación a las entidades encargadas del manejo y la conservación del ambiente y de los recursos naturales, se hará sobre un porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial unificado, y en consecuencia habrá lugar a transferir a la entidad ambiental solamente el porcentaje sobre el valor correspondiente a dicho rubro. A este respecto es preciso tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 111 de 1996:
“Art. 27.- Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas. Así mismo, es pertinente citar apartes de la obra “Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano” publicada por la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que en la página 31 señala: 1.1.1.1. Ingresos Tributarios
Conformados por pagos obligatorios al Gobierno, sin contraprestación, fijados en virtud de norma legal, provenientes de impuestos directos o indirectos. 1.1.1.2. Ingresos no Tributarios
Esta categoría incluye los ingresos del gobierno nacional que aunque son obligatorios dependen de las decisiones o actuaciones de los contribuyentes o provienen de la prestación de servicios del Estado”.

Este rubro incluye los ingresos originados por las tasas que son obligatorias pero que por su pago se recibe una contraprestación específica y cuyas tarifas se encuentran reguladas por el Gobierno Nacional, provenientes de pagos efectuados por concepto de sanciones pecuniarias impuestas por el Estado a personas naturales o jurídicas que incumplen algún mandato legal y aquellos otros que, constituyendo un ingreso corriente, no puede clasificarse en los ítems anteriores. En consecuencia, de acuerdo con estas definiciones, dado que la referencia legal está hecha en relación con el impuesto predial unificado, la base para la transferencia a la CAR será sobre los ingresos tributarios exclusivamente. Los intereses de mora, por definición hacen parte de los ingresos no tributarios. En estos términos se modifican las posiciones asumidas anteriormente por esta Dirección […]”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de agosto de 2008 [SC-084-2008], Expediente núm. 11001-3103-022-1997-14171-01, magistrado ponente William Namén Vargas: “[…] c) Los intereses moratorios, tienen un carácter eminentemente punitivo y resarcitorio, representan la indemnización de perjuicios por la mora, la presuponen, se causan ex lege desde ésta, sin ser menester pacto alguno -excepto en los préstamos de vivienda a largo plazo en los cuales no se presumen y requieren pacto expreso, art. 19, Ley 546 de 1999- ni probanza del daño presumido iuris et de iure (art. 1617 [2], Código Civil), son exigibles con la obligación principal y deben mientras perdure, sancionan el incumplimiento del deudor y cumplen función compensatoria del daño causado al acreedor mediante la fijación de una tasa tarifada por el legislador, la cual, si bien no es simétrica con la magnitud del daño, se establece en consideración a éste y no impide optar por la indemnización ordinaria de perjuicios ni reclamar el daño suplementario o adicional, acreditando su existencia y cuantía, con sujeción a las reglas generales. A partir de la mora respecto de idéntico período y la misma obligación, estos intereses no son acumulables ni pueden cobrarse de manera simultánea con los remuneratorios, con excepción de los causados y debidos con anterioridad. Producida la mora de la obligación principal sus efectos se extienden a la prestación de pagar intereses mientras no se cumpla lo debido […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 8 de octubre de 2015, número único de radicado 25000-23-27-000-2012-00456-01 (20345), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Se declaró la nulidad de la Resolución núm. 0797 de 22 de mayo de 2013, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, “[…] Por medio de la cual se ordena requerir al Distrito Capital para que cumpla con las transferencias a favor de la entidad por concepto de Porcentaje Ambiental y ejercer las acciones pertinentes tendientes a obtener el pago de los recursos […]”. Cit. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 8 de octubre de 2015, número único de radicado 25000-23-27-000-2012-00456-01 (20345), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de junio de 2019, número único de radicado 25000-23-37-000-2013-01574-03 (22828), consejero ponente Milton Chaves García. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de enero de 1999, expediente núm.

ACU-552, consejero ponente Daniel Suárez Hernández.
“[…] Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá […]”.
“[…] Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital […]”.
“[…] Por el cual se reglamentan los Acuerdos Orgánicos de Presupuesto 24 de 1995 y 20 de 1996, en materia de tesorería y crédito público y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones […]”.
“[…] Por el cual se adopta estructura interna y funcional de la Secretaría Distrital de Hacienda y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por el cual se modifican parcialmente los decretos 545 de 2006 y 616 de 2007 que adoptaron la estructura interna y funcional de la Secretaría Distrital de Hacienda […]”.
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”. Folios 1 a 3 (cuaderno anexo 1).
“[…] CAPÍTULO V
DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS
(…)
Artículo 29. Cruce de cuentas. Con el fin de promover el saneamiento económico, financiero y contable de todo orden, se autoriza a las entidades del Sector Central y Descentralizado para efectuar cruce de cuentas sobre las deudas que recíprocamente tengan. Para tal efecto, la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto - podrá descontar la suma correspondiente a dichas obligaciones de las transferencias que se giren por cualquier concepto a las respectivas entidades. Igualmente, podrá realizarse cruce de cuentas con la Nación, sus entidades descentralizadas, otras entidades territoriales y entidades privadas que cumplan funciones públicas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. En ambos casos, debe existir acuerdo previo escrito acerca de las condiciones y términos del cruce de cuentas. Estas operaciones deberán reflejarse en el Presupuesto conservando únicamente la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas y contablemente se regirán por lo señalado en el Manual Contable. Parágrafo. Para las obligaciones de origen legal que tengan el Distrito y sus entidades descentralizadas con otros órganos públicos deben tenerse en cuenta las transferencias, salvo las de destinación específica y aportes que a cualquier título las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Cuando se reúnan las calidades de acreedor y deudor en una misma entidad, como consecuencia de un proceso de liquidación de entidades del orden Distrital, se compensarán las cuentas automáticamente sin operación presupuestal alguna, sin perjuicio de los registros contables correspondientes […]”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 12 de mayo de 2005, radicación núm. 1637, consejero ponente Enrique José Arboleda Perdomo. Corte Constitucional, sentencia T-720 de 26 de noviembre de 1998, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra. Corte Constitucional, sentencia T-347 de 3 de agosto de 1994. magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencia T-816 de 11 de octubre de 2010, magistrado ponente Nilson Pinilla Pinilla. PUISSOCHET, Jean-Pierre , “Vous avez dit confiance légitime?": le principe de confiance légitime en droit communautaire. Francia, 1996. L'État de droit: mélanges en l'honneur de Guy Braibant, p. 581-596. VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel, “La defraudación de la confianza legítima. Aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado”, Universidad Externado de Colombia, 2008, Bogotá, D.C., página 153.

Corte Constitucional, sentencia C-131 de 19 de febrero de 2004, Magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 26 de septiembre de 2016, número único de radicado 11001-03-15-000-2016-00038-01, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. En la citada sentencia de 8 de octubre de 2015, Sección Cuarta, número único de radicación 25000-23-27-000-2012-00456-01 (20345), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, ya se había denegado este mismo cargo presentado por la CAR, a partir de las siguientes consideraciones: “[…] Finalmente, en relación con la violación de los principios de la buena fe y de la confianza legítima, que la CAR alega violados, la Sala se reafirma en lo dicho por el a quo, cuando sostuvo que la CAR sólo tenía una expectativa sobre los ingresos a recibir por concepto de sobretasa ambiental, no un derecho adquirido y menos en un porcentaje o valor determinado (…) Por lo anterior, se debe confirmar la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, toda vez que la interpretación dada en el Concepto No. 2009IE33476, del 19 de octubre de 2009, proferido por la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se ajustó a las normas superiores y no vulneró los principios de confianza legítima ni de la buena fe de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto). Correspondientes a los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de febrero de 2001, Expediente: 11001-03-24-000-1195-03531-01 (3531), C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, Actor: Susana Montes de Echeverry, Demandado: Ministerio de Comunicaciones.
“[…] Por el cual se fija un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto del Impuesto Predial con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables […]”.

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